El freno al blanqueo de capitales se ha convertido desde hace algunos años en una prioridad para los cuerpos policiales encargados de combatir el crimen organizado. Una práctica especialmente preocupante, por extendida, en España, y que a nivel mundial supone -según los datos ofrecidos por el Gobierno- «entre el tres y el cinco por ciento del PIB mundial».
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, cifró ayer en 1.000 millones de euros el valor de los bienes de mafias internacionales localizados en España en 2008 por jueces de otros países de la Unión Europea. Este patrimonio -desde coches de lujo a viviendas y activos financieros- estaba a nombre de 900 personas y empresas, y será embargado por la Justicia.
«Nada hay más simbólico que utilizar los bienes obtenidos de forma ilícita por los delincuentes, para combatir la delincuencia», señaló ayer Camacho en Alicante, durante la inauguración de un seminario sobre el crimen organizado que se enmarca en el semestre de presidencia española de la Unión Europea.
Entre las propuestas que se están analizando en estas jornadas se encuentra la creación de un Centro de Excelencia Europeo para formar a investigadores sobre delincuencia económica y la redacción de un Libro Blanco para armonizar criterios sobre la confiscación de bienes.
Las viejas recetas no sirven
Durante su intervención, Camacho destacó que España es uno de los países de la Unión Europea que tramita más solicitudes europeas de investigación sobre el patrimonio de grupos organizados, dada la fuerte presencia de mafias internacionales en regiones como la Costa del Sol, el Levante y las Islas Canarias.
Al respecto, el secretario de Estado de Seguridad destacó ayer que las redes criminales disponen de «muy sofisticados sistemas» para «lavar el dinero sucio, ocultar su origen criminal e introducirlo en el sistema legal para seguir financiándose y delinquiendo».
«No podemos permanecer impasibles», añadió, «ni aplicar viejas recetas; de nada sirve mejorar las estructuras de un país para combatir los beneficios económicos del crimen organizado, si el resto no lo hace o no intercambia información», afirmó Camacho en alusión a la colaboración internacional.
Un centenar de policías, jueces y fiscales de Europa y Suramérica asisten a este encuentro, que se enmarca en un proyecto europeo denominado «Centro de Excelencia para la Recuperación de Activos y Formación de Especialistas en Delincuencia Económica (CEART)», impulsado por la Policía Nacional y la Universidad Rey Juan Carlos.
La Comisaría General de Policía Judicial creó en 2008 la Oficina de Localización de Activos (OLA) para llevar a cabo las investigaciones sobre los activos de delincuentes requeridas por otros países a España y centralizar las peticiones de policías, jueces y fiscales españoles a otros países.
Por otro lado, Antonio Camacho apuntó ayer que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantendrá «probablemente» un encuentro de trabajo en las próximas semanas con su homólogo portugués, Rui Pereira, tras la última operación policial desarrollada contra ETA en territorio luso. «Seguimos trabajando con las autoridades portuguesas y de momento no hay novedad», señaló.
Fuente:abc.es
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