ARGENTINA: Unidad de Informacion Financiera defiende su gestion

Cuestionada dentro y fuera del país, la Unidad de Información Financiera (UIF) trata de defender los avances logrados en los últimos años en la lucha contra el lavado de dinero, al afirmar que la cooperación con la Justicia y dentro del Gobierno en esta materia tuvo importantes avances.

A pocas horas de la partida de la misión del grupo de acción financiera internacional (GAFI) que evaluó al país en este sensible tema, la presidenta de la UIF, Rosa Falduto, dijo en diálogo con LA NACION que "se triplicaron desde 2007 los reportes de operaciones sospechosas (ROS)".
La evaluación del GAFI fue particularmente puntillosa sobre la UIF -el organismo encargado de controlar los casos de lavado- y preparará un crítico informe respecto de la falta de recursos humanos y tecnológicos, la inexistencia de condenas judiciales y los continuos cambios normativos producidos durante el régimen de blanqueo de capitales.

Según pudo saber LA NACION, los evaluadores externos, que entregarán al Gobierno una versión preliminar del informe en febrero, se mostraron especialmente preocupados por la poca coordinación entre diferentes áreas del Gobierno ocupadas de combatir este delito.

El GAFI se reunió con funcionarios de casi todo el Poder Ejecutivo, jueces y fiscales y representantes del sector financiero (banqueros, abogados, escribanos, aseguradores y otros).

Pero como célula madre de la lucha contra el lavado, la labor de la UIF estuvo especialmente bajo la lupa, por lo que Falduto defendió los avances registrados por el organismo que conduce desde 2007.

"A diferencia de lo que ocurría hasta hace unos años, ahora hay buen diálogo con la AFIP, el Banco Central, la CNV [Comisión Nacional de valores] y otros organismos públicos. Y se ha trabajado para homogeneizar las normas con todos ellos, de modo de poder ponerlas en práctica con mayor rapidez", dijo en su despacho del centro porteño.

Una comisión que depende del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, emitió un informe con críticas a la UIF: el proceso que va desde que se denuncia un caso hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años. "Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento.

Al respecto, Falduto dijo que "se trabaja en mejoras tecnológicas para que todos los ROS sean electrónicos. Siempre se puede mejorar el valor agregado del material que va a la Justicia, pero estamos colaborando en 192 expedientes". Y aunque una de las recomendaciones de esa comisión integrada por jueces y especialistas es la reforma del organismo que conduce, Falduto dio a entender que recibió la bendición política para reforzar al organismo con mayores recursos. En ese sentido, como contrapartida, destacó los elogios recibidos de parte del gobierno de EE.UU., con el que "existe un permanente mecanismo de intercambio de información".

Falta de coordinación

En cuanto a la falta de condenas judiciales, la funcionaria prefirió responder con cautela, al sostener que "lo mismo ocurre en otros delitos complejos", aunque varios abogados creen que se debe a la falta de coordinación mencionada y a las dificultades para aplicar la figura penal del lavado.

En cuanto a las asignaturas pendientes, Falduto admitió que "hay que mejorar el acceso a las bases de datos de otros organismos, que, aunque es bueno, aún debe profundizarse". En sus estadísticas, la UIF destaca 751 reportes elevados al ministerio público, 787 bajo análisis, 34 que pasaron al Poder Judicial, 3698 en bases y 297 archivados.

Entre los ROS recibidos con más frecuencia en los últimos meses, hay 200 relacionados con la ley de blanqueo impulsada por el Gobierno e instrumentada por la AFIP, con un resultado no muy auspicioso.

5567 Reportes • Es la cantidad de reportes por probable lavado que recibió la Unidad de Información Financiera (UIF).

Fuente La Nacion Martín Kanenguiser

ARGENTINA: Le piden al GAFI que suavice su evaluación

El Gobierno no quiere un informe muy duro

La misión evaluadora del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recibió ayer un curioso pedido informal para que suavice el tono del reporte que debe elaborar sobre la cuestionada lucha contra el lavado de dinero en la Argentina.
En una reunión que mantuvieron con el coordinador nacional de lucha contra el lavado, Alejandro Strega, y el jefe de los fiscales, Raúl Plée, los funcionarios extranjeros sólo atinaron a responder que hasta febrero el Gobierno tiene plazo para poder hacer las reformas pendientes.
La otra cuestión que desvela a los evaluadores, que hoy se reunirán con representantes de bancos y que seguirán en el país hasta el próximo viernes, es la imposibilidad de dialogar con altas instancias de decisión oficial que les brinden pistas sobre dos cuestiones delicadas y entrelazadas: los juegos de azar y la corrupción.
Ambas cuestiones se encuentran entre las recomendaciones internacionales que el GAFI debe evaluar, al igual que las normas y su implementación de cada país. Si se encuentra una mayoría de asignaturas incumplidas, el país podría ser declarado "no cooperante", junto con Ecuador, Paraguay y Bolivia.
Según indicaron a LA NACION fuentes calificadas que siguen esta revisión, Strega confesó ante los delegados que si las críticas que se vuelcan en el informe que servirá para evaluar a la Argentina en 2010 son muy duras, "no habrá demasiado margen para que el poder político acepte sugerencias".
Shockeado por el informe publicado ayer en LA NACION con las tajantes conclusiones de una comisión que funciona en el área del Ministerio de Justicia, que señaló las fallas en la lucha contra este delito, Strega atinó a prometer reformas, pero pidió cierta piedad para no causar irritación en un gobierno poco acostumbrado a la crítica externa.
Una de las claves de estos cambios, según admiten en el Gobierno, es facilitar las condenas por lavado (hasta ahora no hay ninguna) con una simplificación de la ley, que implique reducir la cantidad de delitos precedentes a esa figura penal.
Entre ellos, se quitaría la de evasión fiscal, que es la que más denuncias genera ante la Justicia.
Al respecto, ayer, tres jueces en lo penal económico que se reunieron con la misión evaluadora opinaron que, tal como está, la ley es complicada de aplicar porque, además, no penaliza el autolavado.
La otra norma clave es la que permita disponer de bienes incautados en causas sobre lavado antes de que exista sentencia firme. El ministro Julio Alak expresó su apoyo a la iniciativa, elaborada por esta comisión de políticas públicas de prevención y control del tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y la corrupción.
En tanto, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), expresaron su satisfacción por el encuentro que mantuvieron con el GAFI, en el que se habría elogiado la gran cantidad de informes sospechosos elaborados y el control de divisas que realiza el organismo fiscal.
También estaban felices porque hubo pocas preguntas sobre el polémico blanqueo de capitales.

Fuente La Nacion Martín Kanenguiser

ARGENTINA: El Gobierno dice que quiere incautar bienes de corruptos

Ademas de mejorar el control y la represion del lavado de dinero, el Gobierno dice que quiere incautar bienes de corruptos
Lo dijo el ministro de Justicia al apoyar una propuesta de una comisión de expertos.
El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró "necesario" que la Justicia pueda disponer de bienes incautados en investigaciones judiciales sobre lavado de dinero antes de que exista sentencia firme como una forma de golpear los bolsillos de los narcotraficantes.Además, brindó un fuerte respaldo al anteproyecto de ley que, en ese sentido, elaboró la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.
Alak sostuvo que el Gobierno impulsa reformas normativas y reglamentarias que "aumentarán nuestra eficacia en la lucha contra el lavado del dinero que proviene del narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia económica y la corrupción".Agregó que "hay un vacío legal y compromisos internacionales que la Argentina asumió; por tanto, el Estado debe seguir mejorando su rendimiento en forma inteligente y con medidas concretas".También destacó que impulsa "un registro nacional de estos bienes, a fin de que los jueces puedan concentrar sus recursos y sus esfuerzos en la investigación de las causas complejas y no a administrar o consignar esos bienes".Consideró que "éste es un problema socioeconómico y sus soluciones son políticas; por eso necesitamos contar con la colaboración de todos los sectores, incluso el privado"."La Comisión ha podido realizar su trabajo libremente porque el Estado la ha provisto de todos los datos que ha requerido", sostuvo Alak, que se reunirá en los próximos días con el grupo de expertos que lidera la fiscal Mónica Cuñarro.El ministro señaló que los organismos financieros internacionales estiman entre 100 y 150 mil millones de dólares la ganancia en negro obtenida anualmente por el narcotráfico a nivel mundial. El proyecto señala que "la Fiscalización y el Control del Financiamiento de los denominados Delitos Complejos constituyen un compromiso internacional que la Argentina ha asumido desde la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".También existen compromisos por "por la Ley 24.072, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante Convención de Palermo de 2000) aprobada mediante la Ley N° 25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 26.097 y la Convención Interamericana contra la Corrupción", entre otras.La comisión sostuvo que "del análisis de las legislaciones penal y administrativa para la prevención y represión del lavado de activos, como de los informes recibidos, se desprende en primer lugar la imperiosa necesidad de fijar, coordinar, modificar y reforzar una política criminal, ajustada a la ley y a las necesidades del Estado".

Fuente Clarin

Buenos Aires: La venta de droga en la calle I Parte

Buenos Aires: La Venta de la droga en la calle II Parte

ARGENTINA: Banco Central establece mas controles para entidades financieras y cambiarias

Ponen más control para las remesas al exterior

Desde enero rigen nuevas normas (Com.A 5004)
Resultados de misión del GAFI (Grupo de Accion Financiera)

Los controles para evitar la fuga de capitales ingresan ahora en un nuevo capítulo. El Gobierno decidió seguir de cerca otra vía que también estaría escondiendo salida ilegal de divisas, como las remesas de dinero.A partir del 4 de enero, entra en vigencia una disposición del BCRA, por la cual los bancos se harán responsables de las operaciones de envío de fondos al exterior por más de 30.000 pesos cuando la transacción la realicen empresas transmisoras de fondos, del estilo Western Union o Moneygram, por ejemplo.La Comunicación «A» 5.004 sobre «prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas» obliga a los bancos a obtener de las compañías transmisoras de fondos «una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado».
También deberán pedirles «copia de los diseños de políticas o manuales relacionados con el principio básico de «conozca a su cliente».Desde el BCRA explicaron que «se trata de una manera indirecta de controlar a las remesadoras, que hacen operaciones similares a las de un banco pero que hasta ahora se mantenían totalmente fuera de control».Durante todo el año, una de las principales preocupaciones del Gobierno consistió en limitar la salida de capitales a través del mecanismo conocido como «contado con liquidación», por el cual se fugan fondos vía la compra de acciones o bonos en el mercado local y su posterior venta en plazas del exterior como Uruguay o Nueva York.Un dato central es que para cualquier transacción que implique giros al exterior deben pasar obligatoriamente por alguna institución del sistema financiero. Por lo tanto, la mejor manera de efectuar un seguimiento sobre estas operaciones es hacer responsable a los bancos de solicitar toda la información y de controlar los fondos que se giran.La sospecha es que muchas transacciones que involucran remesas escondan en realidad operaciones vinculadas con fuga de capitales, es decir un mecanismo para eludir el férreo control que sigue vigente.En el primer semestre salieron unos u$s 2.000 millones netos por mes, aunque la tendencia se fue revirtiendo en el segundo semestre. Ya en octubre la balanza se había volcado con un ingreso estimado en u$s 200 millones y la cifra por lo menos se mantendría también en noviembre.Un segundo paso de esta estrategia para un mayor monitoreo de las divisas que se fugan es modificar el estatus jurídico de las remesadoras de fondos. Hace varios meses que hay un decreto a la firma de la presidente Cristina de Kirchner para transformar a estas empresas en «subagencias de cambio», una nueva figura por la cual directamente quedarían bajo la órbita del Banco Central. Sin embargo, por ahora no se tomó la decisión política de realizar una modificación en esta dirección.El argumento es que el público que recibe dinero o envía fondos también realiza operaciones de cambio, por ejemplo, transformando pesos a dólares en sus propias monedas. Sin embargo, este tipo de transacciones no tienen control alguno como sí sucede con las sucursales bancarias o las agencias de cambio.Durante la semana pasada estuvo en Buenos Aires una delegación del GAFI, el organismo internacional que se encarga de supervisar el cumplimiento de cada país de la normativa relacionada con el lavado de dinero y la prevención del financiamiento del terrorismo. Mantuvieron una serie de reuniones en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los funcionarios argentinos confían en que los esfuerzos por cumplir con todos los estándares internacionales mantendrán a la Argentina con altas calificaciones.El problema, sin embargo, pasa por la actuación judicial. La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió desde que arrancó en 2002 un total de 4.300 reportes de operaciones sospechosas de lavado. Sin embargo, la Justicia aún no determinó condena alguna por este delito. De acuerdo con la información de la propia UIF, el 75% de los reportes provienen del sector financiero y cambiario, junto a escribanos públicos, mientras que un 25% de las denuncias llegan de parte del Central y de la AFIP.
Fuente Ambito Financiero Pablo Wende

ARGENTINA:Denuncian graves fallas en el control del lavado de dinero

Una comisión independiente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia acaba de emitir un informe que revela graves fallas en el combate del lavado de dinero y los delitos financieros complejos, como la evasión fiscal, los fraudes bancarios y la corrupción.
Demoras e ineficiencia en el órgano estatal encargado de investigar y perseguir el lavado, escaso uso y falta de coordinación de las bases de datos existentes, superposición de competencias y de normas entre los organismos involucrados y escasa operatividad de los tratados de cooperación internacional son las más graves fallas registradas.
El lavado de dinero es una maniobra que consiste en introducir en el circuito económico legal, mediante operaciones de apariencia lícita, bienes o recursos que son producto de delitos.
El informe, según trascendió en altas fuentes de la comisión, incluye un diagnóstico y una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción en la administración pública, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El trabajo fue elaborado por la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción. Es un equipo creado en abril de 2008, por iniciativa del entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Lo integran la fiscal Mónica Cuñarro (coordinadora), los camaristas Horacio Cattani, Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. Su presentación coincide con una nueva visita que realiza al país el GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las críticas del trabajo, que llevó casi un año de elaboración y se elevó a la Jefatura de Gabinete, también apuntan a la existencia de un vacío legal para el recupero de activos, a la falta de información sobre el tipo de crímenes que dan inicio a las maniobras de lavado y a la ausencia de un criterio para registrar los bienes investigados.
"De 1989 a la actualidad, la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficientes, con superposición de competencias, sin utilización de organismos y bases estatales de buena calidad", dice el informe. Y agrega: "[La política criminal también ha sido] poco efectiva en relación con el control de los bienes obtenidos de los delitos de contenido económico, tanto de aquellos provenientes del narcotráfico como de los que se cometen en perjuicio de la administración pública [...]".
Ayer, La Nacion intentó comunicarse con el jefe de Gabinete para tener su opinión sobre el informe pero sus voceros no respondieron.
Largas demoras
Uno de los puntos más destacados del informe es que revela graves demoras en la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano estatal encargado del combate del lavado de dinero, del que se pide su "urgente reformulación". El proceso que va desde el momento en que un sujeto obligado a reportar una operación sospechosa denuncia un caso ante la UIF hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años. "Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento.
Para los integrantes de la comisión, el dato es concluyente. "Si la investigación preliminar se demora tanto tiempo ?dijo a La Nacion Falcone, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata?, lo más probable es que se pierdan los bienes, el dinero y todos los datos que servirían para esclarecer la investigación. El ejercicio de la acción penal se vuelve prácticamente imposible."
De hecho, desde la sanción de la ley antilavado, en 2000, la Justicia no dictó condena alguna por ese delito.
Los especialistas destacaron también que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos. "Para combatir la corrupción en todas sus formas es necesario discutir una ley sobre bienes incautables y una coordinación eficiente de los registros de bienes y bases que tiene el Estado", dijo a La Nacion Cuñarro, la fiscal que investigó el caso de los ñoquis en el ex Concejo Deliberante.
En el informe se critica asimismo el dictado de normas contradictorias entre los organismos involucrados en la persecución de esta clase de delitos, como la UIF, el Banco Central y la AFIP. "Es urgente elaborar un digesto que reúna y organice todas las normas y crear un órgano administrativo que centralice esta cuestión. Si se decidiera que ese órgano debería ser la UIF, habría que dotarla de más recursos", opinó Falcone.
Las deficiencias en el combate de los delitos complejos son tales, según concluyó la comisión, que no se puede cuantificar el alcance de estos crímenes ni clarificar.

Fuente La Nacion Gabriel Sued

TIPOLOGIAS LAVADO DE DINERO: MERCADO NEGRO DEL PESO. Incautacion de 400 cuentas bancarias

Las autoridades estadounidenses anunciaron este jueves la incautación de más de 400 cuentas bancarias con aproximadamente 4,4 millones de dólares, como parte de una operación contra el blanqueo de dinero de supuestos narcotraficantes colombianos. La operación, denominada Limpieza del Mercado Negro del Peso, confiscó unas 375 cuentas bancarias en las últimas dos semanas, con 3,2 millones de dólares, y otras 35 previamente, con 1,2 millones, anunció el Departamento de Justicia estadounidense.
El Mercado Negro del Peso "es el principal método utilizado por narcotraficantes colombianos para lavar sus ingresos ilícitos", explicó el comunicado.
 Los narcotraficantes utilizan el dinero recolectado en Estados Unidos para comprar bienes que luego envían a Colombia. Los beneficiarios en Colombia pagan en pesos, que a su vez son enviados a los jefes locales. "El sistema permite a narcotraficantes lavar dólares a través del sistema financiero estadounidense mediante el uso de cuentas bancarias a nombre de negocios o individuos que hacen negocios" en dicho país, explicó el texto. Un equipo de funcionarios de distintas agencias gubernamentales denominado El Dorado, que se ocupa de la lucha contra el lavado de dinero, logró más de 2.000 detenciones y la incautación de unos 600 millones de dólares en ingresos ilegales desde su creación en 1992, explicó el Departamento de Justicia.
Fuente Globovision/afp

GAFI :Argentina recibe la Mision Evaluadora del Grupo de Accion Financiera

El GAFI evalúa a las casas de cambio

Ya fueron sancionadas en EE.UU., al igual que el Banco Nación, por las dudas que generan sus controles
La misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ya aterrizó en el país comenzó a focalizarse en la falta de condenas por lavado de dinero y en los controles de las casas de cambio argentinas que operan con los Estados Unidos.
Los delegados del grupo encargado de velar por el cumplimiento de las normas contra el lavado recibirán algunas justificaciones por el hecho de que la Argentina -a diferencia de varios de sus vecinos- no tiene sentencias judiciales por este delito. Colombia lidera la estadística con 263, México tiene 25; Paraguay, 18; Chile, 3, y Uruguay, una.
La explicación de los fiscales y de los jueces, según anticiparon a LA NACION fuentes que participan de las consultas, es "la falta de claridad de la ley contra el lavado y de los reportes girados por el Gobierno a la Justicia".
El otro eje de controversia es la falta de controles rigurosos en los giros de casas de cambio de la Argentina al exterior. En ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos ya sancionó a la mayoría de las casas locales con el cierre de sus cuentas de corresponsalía en Nueva York.
De 2001 a 2005, esas cuentas para realizar transferencias pasaron de 61 a 25, en el caso de las casas de cambio, y de 324 a 250, en el de los bancos, según datos del Banco Central, que ha buscado acercar posiciones a través de diferentes reuniones.
El BCRA buscó ablandar la dureza del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal, que ya sancionó al Banco Nación porque, a través de su sucursal de Nueva York, actúa como puerta de entrada de las casas de cambio que no pueden operar por su cuenta en los Estados Unidos.
La Fed de Nueva York consideró que el Nación asumía "riesgos excesivos" al actuar como agente intermediario, también, de casas de cambio de Uruguay. Ante esa decisión, el principal banco público aceptó un plan de "encuadramiento", con mayores controles.
El punto de partida de estas sospechas fueron las polémicas leyes antiterroristas sancionadas por el gobierno de George Bush en 2001.
El presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Jorge Vattuone, adelantó a LA NACION que, en los próximos días, se encontrarán con la misión para "explicarles que [tienen] bastante más auditorías y regulaciones que en otros países de la región".
Operatoria afectada
"Han cerrado muchas cuentas y no aprueban muchas de las transferencias a Estados Unidos, tanto de casas de cambio como de bancos chicos, lo que afecta la operatoria formal porque no valoran los controles que nos hacen acá", expresó. Estas limitaciones suben el costo de las operaciones para este segmento del sistema financiero y "generan competencia desleal con las cuevas", concluyó.
Parte de estos argumentos serán escuchados por la delegación que integran Kevin Vandergrift (EE.UU.) y Stéphanie Talbot (Francia), por el GAFI, junto con Alejandro Montes de Oca (Uruguay) y Tomas Korch (Chile), por el Gafisud.
Los acompañan Fabio Contini (embajada de Italia), los expertos legales Mauricio Fernández (Chile) y Javier Martínez Sanchiz (Naciones Unidas), los especialistas financieros Mar Arias (España), María Rosa Longone (Uruguay) y Juliette van Doorn (Holanda).
Todos ellos deberán decidir si la Argentina cumple con los principios del GAFI o si pasa a estar con Ecuador, Paraguay y Bolivia como "país no cooperativo", por la cuestión de las casas de cambio, la falta de condenas y las fallas en la Unidad de Información Financiera (UIF).
La misión terminará el 25, tras reunirse con el coordinador nacional contra el lavado, Alejandro Strega; el jefe de los fiscales, Raúl Pleé; Rosa Falduto (UIF); Laura Capano (IGJ); Delia Corteletti (BCRA); Alva Quintana (CNV); Horacio Curien (AFIP), y Juan Guiñazú (Economía).
Luego verán a los jueces en lo penal económico Marcelo Aguinsky, Daniel Petrone y Alejandro Catania.
La semana próxima, será el turno del sector privado, con las tres asociaciones de bancos (ABA, Adeba y Abappra) y funcionarios del Standard, Santander, Macro y Credicoop; las sociedades de Bolsa Allaria Ledesma y Raymond James; las compañías de seguro MetLife y La Meridional, y la agencia de envío de dinero Western Union. Finalmente, se reunirán con contadores, escribanos, joyeros, propietarios de inmobiliarias y de casinos.

· Sanciones . EE.UU. ya cerró las cuentas de la mayoría de las casas de cambio argentinas en Nueva York, encareciendo costos y limitando las transferencias, que quedaron a cargo de la sucursal del Banco Nación.
· Otras dudas . Los 10 enviados del GAFI deberán evaluar también si la Argentina cumplió con las advertencias que recibió en 2003 por la falta de avance en la lucha contra el lavado. Cuestionarían la falta de condenas judiciales y las fallas en la UIF.
Fuente Martían Kanenguiser LA NACION

LAVADO DE DINERO EN INTERNET

Advierten del lavado de dinero en internet
Las personas que buscan empleo en internet podrían ser víctimas de engaños para hacerlas caer en lavado de dinero, advierten organismos policiales.
Se calcula que en el Reino Unido hay unos 100 sitios web que buscan mulas de dinero en este país.
La Agencia de Crimen Organizado Serio (SOCA) del Reino Unido afirma que hay páginas web que están siendo actualmente utilizadas para reclutar a "mulas de dinero".
Se trata de personas comunes que envían y reciben pagos en sus cuentas bancarias para facilitar el negocio.
Pero en realidad -dice SOCA- el efectivo está siendo "lavado" de actividades criminales, lo que deja a las mulas expuestas a un proceso judicial.
La advertencia surge en el inicio de una campaña anual, llamada Get Safe Online (Cuídese en Internet), organizada conjuntamente por el gobierno y bancos británicos para alertar al público sobre los peligros de fraude en internet.
Tal como dijo a la BBC el director de la campaña, Tony Neate, las "mulas de dinero" están siendo reclutadas en páginas web que se hacen pasar como páginas de búsqueda de empleo.
"Son sitios que se ven muy genuinos y es muy difícil identificar que el anuncio de empleo al que la persona está respondiendo es en realidad un criminal impostor", explica.
"Y lo que buscan es poder transportar dinero de manera legal desde este o desde cualquier otro país hacia el país del criminal".

Demasiado bueno
Para llevar a cabo este proceso, los impostores utilizan una variedad de canales de reclutamiento de personal tanto fraudulentos como genuinos para engañar a los buscadores de empleo y hacerlos pensar que se trata de un trabajo genuino.
Pero en cada caso el "empleo" requiere que la víctima reciba pequeñas cantidades de dinero en su cuenta bancaria y después las envíe a otras cuentas.
"En esta época de recesión, cuando mucha gente lleva ya tiempo sin trabajo, estos anuncios -o en algunos casos correos electrónicos enviados directamente a la víctima- parecen genuinos", dice Tony Neate.
"Se puede ganar más de US$350 dólares al mes en comisión y además se ofrecen beneficios como seguros de salud. Así que la gente no duda mucho en presentar su solicitud para estos anuncios de empleo".
"La principal preocupación, por supuesto, es que muchas de estas personas no saben que están cometiendo un delito y la policía podría pronto tocar a su puerta para someterlas posiblemente a una investigación criminal", agrega.
Según cifras oficiales del Reino Unido, en la primera mitad de 2009 hubo un aumento de 55% en fraude bancario cometido en internet, el equivalente a pérdidas de US$65 millones sólo en este país.
Se calcula que hay aproximadamente unos 100 sitios de reclutamiento de mulas de dinero en internet dirigidos al público del Reino Unido, y cada uno de estos podría tener unas 50 mulas activas.

Fraude global
El dinero procedente de actividades criminales inevitablemente termina siendo "lavado" en el sistema de forma que no puede ser vinculado a las redes que están detrás del crimen original.
El fraude de mulas de dinero es global y afecta a bancos e individuos en todo el mundo.
Sin embargo, tal como señala Tony Neate, un sondeo llevado a cabo por la organización encontró que 9 de cada 10 personas nunca habían escuchado hablar de estafas de mulas de dinero, a pesar del amplio uso que se da a internet para encontrar empleo.
"Éste no es sólo un problema del Reino Unido -dice el funcionario- porque está afectando a bancos e individuos en todo el mundo. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, ocurre en gran escala".
Aunque SOCA y Get Safe Online afirman que muchas mulas de dinero están conscientes de que están cometiendo un delito. Sin embargo, muchas otras personas podrían estar lavando dinero criminal sin saberlo.
Ambas organizaciones recomiendan al público "ser cauteloso con las oportunidades que se le presentan en un anuncio de empleo".
"Se debe tener cuidado con los correos electrónicos provenientes del extranjero que ofrecen mover sumas de dinero" expresa Tony Neate.
"La gente debe preguntarse ¿por qué una compañía extranjera desea colocar dinero en mi cuenta de banco? Puede tratarse de exención de impuestos o costos de transferencia. Lo importante es que la persona investigue de qué se trata antes de comprometerse en esta actividad".
"También se debe investigar de qué compañía se trata, si tiene una dirección válida, teléfono, sitio web, etc.".
"Y si sospecha que se trata de un impostor criminal debe avisar a su banco de inmediato" agrega el funcionario.

Fuente BBC ciencia

IMPACTO DE LA CRISIS EN EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN ESPANA

La crisis económica ha provocado un "frenazo" de las alertas por blanqueo de dinero y financiación del terrorismo comunicadas al Banco de España, según la Memoria Anual del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
De acuerdo con el informe del SEPBLAC, al que ha tenido acceso Efe, las operaciones de blanqueo de capitales o sospechosas de financiar el terrorismo aumentaron un 4,3 por ciento durante el año 2008, un incremento muy inferior al de 2007, que alcanzó el 23 por ciento, debido a la crisis económica que afecta también al lavado de dinero.
La citada memoria anual destaca un "frenazo" de las alertas a partir del segundo semestre de 2008, ralentización que se mantiene en los primeros meses de este año y que, según este informe, "puede estar relacionada, sin duda, con la caída de la actividad económica tanto a nivel internacional, como a nivel nacional".
De las 2.904 operaciones dudosas comunicadas el año pasado a la Unidad de Inteligencia Financiera encargada de investigar las fuentes de financiación del terrorismo y los mecanismos de blanqueo, casi el 75 por ciento fueron denunciadas por las entidades financieras, un 10 por ciento más que en 2007.
A pesar de que el peso de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es soportado en primer lugar por los bancos y las cajas de ahorros, el SEPBLAC sigue observando graves carencias en la operativa supervisora de las entidades de crédito.
Para el organismo dependiente del Banco de España, las entidades bancarias deben profundizar en la detección precoz de nuevas formas de blanqueo "sin conformarse con la aplicación de mecanismos de alerta circunscritos a operaciones ya conocidas".
El informe del SEPBLAC propone que los mecanismos de prevención no se apliquen sólo a posteriori, sino que también se activen en el momento de la toma de decisiones, incluidas las de carácter corporativo, como la compra-venta de activos.
"Sólo cuando sea posible aplicar los procedimientos en el momento previo a la realización de las operaciones será posible desarrollar una política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo plenamente eficaz", alerta.
Con el objetivo de mejorar los mecanismos de detección de las operaciones dudosas, el Banco de España ha creado un grupo de trabajo con un reducido número de entidades, con el que se ha elaborado un "mapa de riesgos de blanqueo", que recoge los nuevos métodos, cada vez más sofisticados, del lavado de dinero de procedencia ilícita.
Este proyecto, pionero a nivel internacional, comenzó a funcionar en abril de este año y se espera que comience a dar los primeros resultados a lo largo de 2010.
En cuanto a las alertas sobre operaciones dudosas emitidas por particulares, el 75 por ciento corresponde a los notarios -248 notificaciones-, seguidos a mucha distancia por los abogados -32 avisos- y las entidades de promoción inmobiliaria -30 notificaciones-.
Los joyeros, que en 2007 alertaron de una única operación sospechosa de blanqueo o financiación del terrorismo, cerraron el año pasado sin un solo aviso por estos delitos.
Los casinos, empleados históricamente en todo el mundo para el blanqueo de importantes cantidades de dinero de origen dudoso, se conformaron con comunicar dos operaciones sospechosas en 2008.
En su memoria anual, el SEPBLAC destaca el escaso nivel de colaboración de los abogados, "si se tiene en cuenta su número y el riesgo de que sean utilizados para el blanqueo de capitales".
Además de las comunicaciones sobre operaciones sospechosas emitidas por entidades o particulares, el Banco de España también recibe peticiones de información por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Agencia Tributaria, Aduanas y jueces y fiscales.
Especialmente activas estuvieron la Agencia Tributaria o Aduanas, con incrementos porcentuales entorno al 35 por ciento -85 peticiones de información- o la Policía y la Guardia Civil -283 investigaciones- con incrementos de un 25 por ciento.
Esta subida se neutraliza con las peticiones de información recibidas en el Banco de España por unidades de inteligencia financiera de otros países que cayeron un 17 por ciento en 2008.
Por contra, el SEPBLAC dobló las peticiones de información a las unidades de control del blanqueo de capitales extranjeras, hasta las 370 comunicaciones en el año 2008.
Fuente EFE

RIESGO OPERACIONAL: El Fraude en empresas crecio un 150% en la region del cono sur

El fraude en empresas creció 150% en la región A nivel mundial, el crecimiento de fraude corporativo se mantuvo estable: aumentó apenas 7 por ciento respecto a 2008, año en el que las pérdidas llegaron a sumar más de $8.200.000, de acuerdo a un informe privado.
Según los especialistas, la irrupción de la crisis financiera determinó un nuevo escenario para las empresas, aunque no modificó en demasía la cantidad de fraudes en las compañías. “El flujo se vio desminuido. Con la crisis creció la motivación para que se cometa un fraude, pero disminuyó la oportunidad”, explicó Matías Nahón, representante de Kroll Argentina.En ese sentido, advirtió que en épocas de recesión las empresas viven períodos de mayor vulnerabilidad, pero que también los riesgos se ven contrarrestados por el limitado ambiente de negocios donde la rotación de personal o la colaboración de las compañías son poco comunes. Es por ello que a nivel global no se vio tan modificado el escenario de fraude.En cuanto a América Latina, especificó: “El monto defraudado en comparación con el resto del mundo es más bajo, pero es uno de los que más creció”.De acuerdo al informe, los tipos de fraude más comunes en el Cono Sur tienen que ver con el robo de proveedores (afecta al área de compras y ventas), la ropa falsificada, el robo de propiedad intelectual (o piratería), robo de activos y robo o pérdida de información. Para Nahón, las causas pueden generarse en la “sensación de inestabilidad laboral” que lleva a muchos empleados no honestos a cometer el fraude.En cuanto a los motivos por los que la empresa no detecta el inicio de las operaciones fraudulentas se destaca la falta de supervisión por parte de las casas matrices, la ausencia de controles internos, una baja identificación de los empleados con la compañía y la falta de auditorias que están enfocadas en la detección de fraudes.Otro dato que surgió del estudio es el bajo porcentaje de compañías que llevan la situación de fraude a la Justicia. “No todas las empresas deciden llevar una denuncia; en cambio, sí quieren investigar”, explicó Diego Gottheil, abogado penalista con experiencia en conflictos y litigios judiciales generados por fraudes.Gottheil relató que para que la Justicia tome ciertas pruebas como válidas, deben estar comprendidas en un marco de legalidad, “sin vulnerar los limites de la privacidad de una persona”, y señaló que son considerados el testimonio de empleados, las cámaras ocultas y la información que pueda dar un disco rígido.Por último, apuntó que Argentina “se está actualizando en materia de leyes para prevenir los fraudes” y que las industrias más afectadas por el fraude fueron Retail y Servicios Financieros, siendo esta última la principal rama afectada en todo el mundo.Por empresa, las áreas más comprometidas en la Argentina fueron las de Compras, Logística y Marketing, mientras que como forma de fraude interno se destacaron el robo de información sensible y el robo de activos físicos.La encuesta es la tercera realizada a nivel global por Kroll, compañía líder en consultoría de riesgos, e involucró a 700 empresas del mundo
Fuente Telam

RIESGO OPERACIONAL: Un 30% de los fraudes que se cometen en las empresas españolas está relacionado con la fuga de datos confidenciales.

EL 77% DE LAS EMPRESAS MANEJAN DATOS CONFIDENCIALES EN ORDENADORES PORTÁTILES SIN NINGÚN TIPO DE SEGURIDAD

El 48% de las empresas reconoce que no dispone de ningún tipo de mecanismo para detectar y evitar fraudes corporativos tales como la competencia desleal, la fuga de información, el espionaje industrial, la segregación de funciones, etc. Así lo determina un estudio realizado por Grupo Paradell, Detectives Privados y Consultoría de Riesgos, basado en la información obtenida de entre 800 empresas a nivel nacional.

A pesar de la falta de prevención de fraudes por parte de las corporaciones, casi el 80% de los gerentes encuestados cree que la mejor estrategia para prevenirlos es a través de la función compliance (auditorías internas integrales en riesgos operacionales) y más del 90% de los mismos estarían dispuestos a aplicar fuertes medidas disciplinarias. De hecho, el 77% de organizaciones encuestadas reconoce que maneja datos confidenciales en equipos portátiles sin ningún tipo de seguridad lógica y desconoce las consecuencias que acarrearía que esta información llegara a terceras personas y el uso que se podría hacer de ella. Pero la realidad es que los fraudes internos suponen para las empresas importantes pérdidas económicas. El importe medio de los litigios es de 125.000 euros. A lo que hay que añadir además los daños no tangibles como el desgaste de la imagen corporativa, la pérdida de competitividad, etc. Un 30% de los fraudes que se cometen en las empresas españolas está relacionado con la fuga de datos confidenciales. La fuga de información de carácter confidencial es la tipología de fraude corporativo que más ha aumentado en España, hasta un 60% respecto al año pasado (datos extraídos del Informe Fraude elaborado por Grupo Paradell, basado en las aproximadamente 4.000 investigaciones anuales que realiza la firma a nivel nacional). La función compliance es el único modo de proteger la imagen de la empresa y/o la marca, de mejorar la relación con clientes, colaboradores y proveedores, de alinear a las personas y procesos con los objetivos estratégicos y de posibilitar negocios mejores y más seguros. En un entorno en constante evolución e internacionalización resulta vital para las organizaciones analizar los riesgos y el cumplimiento de las normas vigentes. A través de la función de compliance la empresa consigue identificar, asesorar y alertar del riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, de sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (“leyes, reglas y estándares”).Según la consultora AMR Research, se estima que en 2009 el cumplimiento de las normativas va a generar unas inversiones a nivel mundial de alrededor de 80 billones de dólares, de los cuales, un 30% irá destinado a adecuar las TI con el negocio. Asimismo, es importante señalar que el cumplimiento de la legislación vigente no sólo está permitiendo a las empresas no incurrir en errores contables, sino que ha demostrado que aquellas compañías que implantan correctamente estos procesos obtienen múltiples beneficios, como un ROI (Return of Investment: retorno de la inversión) un 40% mayor, un 20% más de beneficios y, en general, una importante reducción de costes.Teniendo en cuenta la constante evolución de las normativas y la legislación, es evidente que los servicios de auditoría compliance son cada vez más vitales para sentar unas bases sólidas donde asentar el éxito de nuestra organización. De esta manera, lo que empieza siendo un coste de gestión acaba por convertirse en un activo clave para la organización.

COLOMBIA TRANSPARENCIA INTERNACIONAL:Sectores del Estado de Colombia. Mexico y Guatemala son controlados por las mafias del narcotrafico

Una investigación impulsada por el capítulo colombiano de Transparencia Internacional concluye que las mafias del narcotráfico, de la mano de sectores políticos, han logrado controlar porciones del Estado en tres países de América Latina: Colombia, México y Guatemala.
Se trata de un fenómeno que los investigadores denominan “captura y reconfiguración cooptada del Estado” y que consiste en el control de cargos clave en el sistema judicial, ejecutivo y legislativo por parte de organizaciones legales e ilegales.
El economista colombiano Luis Jorge Garay, que lidera el grupo de investigadores, le dice a BBC Mundo que esos grupos, mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político.
Garay explica que esas organizaciones influyen en la “formación, interpretación y aplicación de reglas de juego y políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles en su propio provecho y buscar que sus intereses sean validados política y legalmente, y que sean legitimados socialmente”.
Según el investigador, entre los tres países estudiados esa práctica está mucho más avanzada en Colombia, donde el narcotráfico irrumpió con fuerza hace 30 años.
Garay señala que “en Colombia la reconfiguración cooptada del Estado tiene su expresión más reciente en la narcoparapolítica, mediante la formación de movimientos y partidos políticos para que se tramitaran intereses de los narcotraficantes y los paramilitares en las instancias más altas nacionales del Estado”.

Control político

La directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, anota que la dimensión del fenómeno se vio cuando los narcoparamilitares llegaron a controlar más del 30 por ciento del Congreso de este país, por lo cual varias decenas de legisladores están hoy tras las rejas.
Garay dice que aunque en México el proceso está menos desarrollado que en Colombia, en ese país norteamericano las alianzas de los narcotraficantes con los políticos ya están llegando a niveles nacionales.
“Hay que destacar que el proceso de aprendizaje de las organizaciones criminales y sus relaciones con la sociedad y los sectores políticos es muy rápido”, subraya.
Y destaca que “en los últimos cuatro años el caso mexicano está sufriendo una transformación fundamental”.

Red trasnacional
La democracia y los acuerdos de paz han sido saboteados por una oligarquía egoísta, políticos en general corruptos y redes criminales transnacionales, que están asociadas principalmente al narcotráfico Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala
El ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez dice que él no sabe qué futuro le espera a su país cuando le dicen que está a los niveles de Colombia a mediados de los años 80.
“Guatemala no pudo cristalizar un Estado democrático durante el siglo XX y luego de una guerra de 36 años, la democracia y los acuerdos de paz han sido saboteados por una oligarquía egoísta, políticos en general corruptos y redes criminales transnacionales, que están asociadas principalmente al narcotráfico”, concluye Gutiérrez.
Colombia produce el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, buena parte de la cual va al mercado de Estados Unidos, pero primero pasa a través de Guatemala y México, donde existen poderosas organizaciones de narcotraficantes
Fuente BBC Mundo Colombia por Hernando Zalazar

RIESGO OPERACIONAL: Fraude Empresario

Los CEOs se sumaron al batallón de quienes cometen delitos contra sus empleadores. Aumenta el robo de mercaderías, de propiedad intelectual y de información sensible.
Sobornos a empleados para beneficiar a un proveedor, robo de activos físicos, lavado de dinero, balances fraguados e incumplimientos normativos son algunas de las variantes que, según el Informe Global sobre Fraudes desarrollado por The Economist Intelligence Unit a pedido de la consultora Kroll, más aquejan a las empresas a nivel global.
En la Argentina, toman fuerza el fraude o robo interno, el robo de información crucial, los delitos contra la propiedad intelectual y una nueva estrella: el conflicto de intereses en la propia Dirección de las empresas. "Este año ha crecido la cantidad de gerentes de área y hasta gerentes generales que se han viso involucrados en este tipo de temas", dijo Matías Nahon, CEO de la consultora en la Argentina, al presentar el informe.De acuerdo con el estudio 2009/2010, el 85% de los encuestados (700 empresas de todo el mundo) ha sufrido un hecho de este tipo. La frecuencia resultó casi idéntica a la arrojada en la encuesta del último año, mientras que la pérdida promedio por compañía se incrementó al pasar de USD 8.2 millones en 2008 a USD 8,8 millones en este ejercicio."En general, en América Latina la ocurrencia de fraudes ha decrecido, pero a nivel montos ha aumentado un 250%. La pérdida promedio por compañía durante los últimos tres años, USD 5,8 millones, continuó muy por debajo de la norma, pero fue más de dos veces y media mayor que la cifra del año pasado, de USD 2,3 millones", afirmó Nahon.Truchada albicelesteEn la Argentina, el fraude más común está ligado al interno, al empleado desleal que por falta de controles encuentra la manera de defraudar a la compañía en beneficio propio."Los controles suelen ser muy precarios. Los diseños de seguridad quedan en manos de las empresas de seguridad y se produce, a veces, la connivencia entre la seguridad y los empleados que perpetran este tipo de actos", señaló el ejecutivo, para quien la palabra clave es prevención.Así las cosas, sólo una de cada diez empresas en nuestro país toma medidas en este sentido. El 90% restante simplemente se decide a reaccionar cuando el delito ya fue cometido.En esos casos, la recopilación de las pruebas aparece como "el temón". Escuchas telefónicas sin autorización judicial, coacciones para lograr autoincriminaciones, falta de consentimientos y afines, pueden hacer que una acción legal naufrague.Así lo explicó Diego Gottheil, name partner de Gottheil & Suriz, al analizar los cuidados que se deben tener en la materia. "Normalmente el cuestionamiento de la validez de estas pruebas es por haberlas obtenido por medio de un procedimiento ilícito o cuando fueron realizadas en violación de una garantía constitucional", dijo.En términos procesales, esto puede dar lugar al planteo de nulidad de la prueba y a que, en algunos casos, se frustre el avance de la causa.Gottheil recorrió algunos casos frecuentes de fraude corporativo. El del empleado del banco que desvía fondos de cuentas de clientes a la suya y el de quien paga con la tarjeta ajena sus servicios, no son extraños. Sin embargo, los más llamativos son los que, según Nahon, vienen creciendo en lo que va del año. "Nos han tocado casos en los que el fraude los ha cometido el propio presidente de la compañía, junto con un director. Esto se suele dar en situaciones en las que el control se hace a distancia", reconoció Gottheil.Tanto en uno como en otros casos, la prueba definirá el resultado de la acción legal que se encare.Hay pruebas en las que se buscan los rastros que dejó una actividad. En esos casos habrá que tener cuidado en cuanto a la forma de conseguirla. Existe también otro tipo de prueba que se produce al efecto. Por ejemplo: si se sabe que una persona quiere extorsionar a una empresa, se tiende a grabar el encuentro. En todo caso, si la prueba proviene de un hecho ilícito, como la escucha ilegal de una conversación telefónica, no será tomada en cuenta al momento de analizar la conducta cuestionada en el juicio, explicó el penalista.Asimismo, recordó que nadie está obligado a declarar contra si mismo y que no sólo está prohibido exigir la confesión de manera coactiva, sino también que se ha entendido que el imputado, frente a un requerimiento, tiene que conocer los alcances de lo que se le está pidiendo.En términos prácticos: si se le solicita el disco rígido a un empleado sospechado, que firmó un convenio que habilita al empleador a hacerlo, se le debería informar que la información que de allí se obtenga podría ser utilizada en su contra en un juicio penal.En materia de correo electrónico, la justicia tiene dicho de manera contundente que se lo asemeja a la correspondencia protegida por la propia Constitución Nacional. Lo mismo establece la reciente Ley de Delitos Informáticos, con lo cual habrá que tener autorización del empleado para ver, incluso, sus correos entrados y salidos a la casilla corporativa.Como siempre queda la posibilidad de traficar información a través de un webmail, Gottheil recomendó lograr un consentimiento general y amplio por parte de los empleados para poder analizar su disco rígido. Esto, tecnología mediante, permitiría ver todas las pantallas recorridas por el usuario, incluso aquellas correspondientes a correos o documentos borrados. "Filosóficamente, el Código Procesal data de la Italia fascista de 1930. Estamos en el año 2009. Evidentemente, la forma de recolectar la prueba legalmente en un proceso penal a la luz de la modernización del delito, es como perseguir a los delincuentes con un Fiat 600, cuando ellos van en una Ferrari. Se los agarra, sí, finalmente, cuando pinchan una rueda", graficó a estricto título personal Oscar Amirante, Juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la Capital Federal.Investigar, recordó Amirante, es recrear un hecho pasado en el presente, bajo ciertas normas de orden procesal y constitucional. Así las cosas, la celeridad y la verdad muchas veces quedan a un lado, mientras que lo malo termina por pelear codo a codo con lo peor.

Fuente El Cronista

PERU: Ex militares israelíes entrenarán a patrullas contra el terrorismo

Ex oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel entrenarán patrullas de elite peruanas con el objetivo de acabar con los remanentes terroristas que operan en zonas cocaleras del país, informó hoy el diario local La República

Según confirmaron fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) de Perú a dicho medio, el Estado peruano pagará 9 millones de dólares por un año de servicios de la empresa israelí Global CST, formada por oficiales de ese país en retiro y especializada en lucha contrasubversiva.
El objetivo es acabar con los remanentes de Sendero Luminoso que operan en alianza con las fuerzas del narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurimac y Ene (Vrae), y que en los últimos meses han protagonizado emboscadas y enfrentamientos con los militares presentes en la zona.
En el último año, 43 militares peruanos fallecieron como consecuencia de estos enfrentamientos.

El CCFFAA lleva casi medio año negociando la contratación de servicios de Global CST pero el acuerdo, subscrito bajo el concepto de "secreto militar", no se firmó hasta después del 2 de septiembre, cuando una emboscada terrorista dejó 3 militares muertos y otros cinco heridos.
Según La República, el general Israel Baruch Ziv, dueño de Global CST y que ya se encuentra en Perú seleccionando a los primeros efectivos que recibirán entrenamiento, se comprometió a "desactivar cualquier actividad terrorista en el Vrae en el más breve plazo".
"Los mejores hombres del Ejército, de la Marina y de la FAP (Fuerza Aérea Peruana) recibirán entrenamiento", afirmaron las fuentes del diario.
Además de los programas de entrenamiento para crear patrullas especiales, Ziv es el encargado de programar operaciones conjuntas de todas las fuerzas peruanas en el Vrae.
También construirá redes de inteligencia en dicha zona y ha recomendado la adquisición de equipos para desarrollar una "guerra electrónica".
Global CST ya realizó un trabajo similar con las Fuerzas Armadas de Colombia, a las que entrenaron y con las que al parecer colaboraron en el rescate de Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según desveló un diario israelí en su día.
Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Perú es el segundo productor mundial de hoja de coca, después de Colombia, con 56.100 hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta, y algunos analistas sostienen que puede convertirse en el primer productor en 2011.
En cuanto a Sendero Luminoso, reducido a dos centenares de militantes que operan en el Vrae y en zonas de ceja de selva, nadie pone en duda que se ha aliado con grupos narcotraficantes, pero hay discrepancias sobre si se debe atribuir a la agrupación todos los ataques contra la policía y las Fuerzas Armadas.
Fuentes militares citadas el pasado mayo por el diario La República aseguraron que Sendero había duplicado su capacidad de fuego con armamento sofisticado (lanzacohetes RPG-7, fusiles Galil y ametralladoras AK-47, entre otros), a veces robado a los militares y otras obtenido por medio del contrabando.

Fuente EFE

TRAFICO DE DIVISAS: investigan trafico entre Argentina,Brasil y Uruguay

Se desplegó un importante operativo en ciudades de Brasil que limitan con suelo argentino y uruguayo y hubo varios detenidos. Hay al menos seis grupos delictivos "multinacionales" que trafican divisas en forma ilegal a través de las fronteras entre los tres países.
Al menos seis grupos delictivos "multinacionales" constituidos por cambistas brasileños, de Argentina y de Uruguay traficaban con divisas en forma ilegal a través de las fronteras entre los tres países. Según la agencia oficial de noticias brasileña, la Policía Federal local investigó durante 6 meses el "modus operandi" de las bandas, lo que le permitió establecer qué canales utilizaban para comerciar dólares por fuera del sistema financiero. Uno de estos viaductos es el Puente de la Integración que une Santo Tomé en Corrientes con Sao Borja del lado brasileño. El operativo fue lanzado el miércoles por la mañana en otras localidades limítrofes con Argentina. Es el caso de Porto Xavier en Río Grande del Sur que despliega un intenso intercambio comercial con Puerto Javier en Misiones. De un lado y de otro, se embarcan mercaderías y personas que atraviesan el río Uruguay a esa altura para luego seguir por las respectivas rutas nacionales. Los agentes policiales allanaron también locales de otros cambistas en Puerto Mauá, que une mediante un puente a Río Grande del Sur unida con Uruguay. Por todas estas características, la operación fue bautizada "Costera". Involucra a los tres países que, en conjunto, cubren prácticamente todo el litoral atlántico sudamericano. El monto total de las operaciones realizadas por los "cambistas" asciende a 2,5 millones de dólares, pero fuentes policiales estimaron que el valor puede ser superior. Según la prensa local, fueron desplazados 23 equipos entre policías federales y agentes civiles que detuvieron según las primeras indicaciones a 19 personas, pero sus nombres y nacionalidades no trascendieron. Todas las detenciones fueron realizadas del lado brasileño y el operativo involucró a más de 100 agentes policiales. No se sabe si ese operativo contra el fraude financiero, que demandó medio año de investigación a la PF brasileña a través de escuchas telefónicas y acciones de inteligencia, contó con la colaboración de Argentina y Uruguay. El comisario Mario Luis Oliveira dos Santos, jefe del grupo policial que actuó en uno de los puntos fronterizos con el lado argentino, sostuvo que las bandas actuaban desde hacía mucho tiempo y eran conocidos en las respectivas ciudades, por contar con abultadas carteras de clientes. "Sabemos que empresas que actuaban en el comercio internacional contrataban operaciones de cambio con estos doleros (como se llama en Brasil a quienes operan ilegalmente con divisas). También tenían como clientes a personas que buscaban operar a través del mercado paralelo, con frecuencia para realizar depósitos o ingresar divisas procedentes de cuentas en el exterior" sostuvo el alto oficial de la Federal. Ese mecanismo está muy extendido tanto en el mercado financiero brasileño como en el argentino. El jefe policial admitió que hay otros pasos previstos para desmontar todo el esquema. Entre ellos, investigar a empresas que estarían comprometidas. La historia es que los canales de operaciones ilegales de divisas entre los tres países del Mercosur remiten al lavado de dinero y al tráfico de armas. Las regiones que fueron allanadas ayer son las mismas que hace 4 años atrás, en 2005, fueron investigadas por el Congreso brasileño por fuertes sospechas de contrabando de armamento procedente de Argentina y de Uruguay.

Fuente Clarin Eleonora Grosman

PERU: esfuerzos para evitar infiltracion narco en las proximas elecciones municipales y regionales 2010

Las autoridades peruanas han concluido la redacción de un acuerdo que firmarán partidos políticos y movimientos regionales de Perú para evitar que el narcotráfico les infiltre, de cara a las elecciones municipales y regionales de 2010, y se firmará antes de 30 días, dijo hoy a Efe una fuente oficial. El pacto tratará de "blindar a los partidos políticos en la selección de sus candidatos para evitar la infiltración del narco", agregó, al señalar que el acuerdo fue una propuesta de Devida y que los partidos políticos peruanos ya se han pronunciado a favor de este convenio.
El funcionario dijo que en Perú, segundo productor mundial de cocaína con unas 300 toneladas anuales, "un porcentaje importante" de esa droga es comercializada por los carteles mexicanos que envían mayormente hacia Europa.
El narcotráfico genera corrupción y violencia, y "hemos notado un crecimiento de algunas acciones comunes con cargo a la delincuencia no tradicional", además de que ha aumentado la detección de lavado de dinero, dijo Pizarro.También alertó que Perú ha dejado de ser solo un país productor de cocaína para convertirse también en un consumidor de drogas, lo cual se ha convertido en "una de las mayores preocupaciones", porque afecta a la juventud

Fuente EFE

MEXICO: Se paga u$s 4 la jornada de cosecha de tomates vs. u$s 37 y alimentos para la cosecha de marihuana

Hace unos meses un grupo de personas armadas llegó a varios campos agrícolas en Mocorito (Sinaloa), al noroeste del país, y secuestró a decenas de campesinos.

Durante algunos días los agricultores trabajaron en un sitio desconocido y aislado. Sus captores les dieron alimentos calientes, bebidas y un sitio para descansar, según contaron a las autoridades y medios locales cuando fueron liberados.
La cosecha que levantaron era de marihuana.
Estos casos ocurren con frecuencia en México, donde según ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a diputados federales, cada año unas 300.000 personas se dedican a sembrar droga.
Los secuestros de trabajadores agrícolas suelen ocurrir en la época de producción de amapola y marihuana, que según la Procuraduría General de la República (PGR) es entre abril y noviembre.
En esa época la mano de obra es insuficiente para cubrir la demanda de los traficantes, y entonces ocurren los plagios, explicó Cresencio Ramírez, líder de la Red Democrática de Pueblos Indígenas de Sinaloa.
"Cada año sucede y todo mundo lo sabe: campesinos, propietarios de campos agrícolas, autoridades, pero tienen miedo de decirlo", dijo Ramírez en conversación con BBC Mundo.
Buen salario
Muchos campesinos que trabajan para los carteles provienen de comunidades indígenas en estados del sureste, como Oaxaca y Guerrero, aseguró el líder de la Red.
La mayoría se entera de que cosechará marihuana o amapola cuando llegan a las zonas de cultivo.
Los llevan a lugares que no son los que les habían dicho, lugares donde hay problemas legales. La gente es amenazada, algunos agredidos o privados de su libertad
Abel Barrera, activista
"Los enganchadores (contratistas) recorren los pueblos de las montañas, dicen que les van a pagar bien y muchos aceptan", explicó.
La diferencia económica es importante. En los cultivos de tomate, por ejemplo, el sueldo es de US$4 por jornada, mientras que en la cosecha de marihuana el pago supera los US$37 diarios, con alimentos incluidos.
Además, muchos indígenas son engañados por los contratistas, explicó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de Guerrero.
"Los llevan a lugares que no son los que les habían dicho, lugares donde hay problemas legales. La gente es amenazada, algunos agredidos o privados de su libertad".
El gobierno mexicano ofrece subsidios a trabajadores agrícolas, pero no han alejado a los campesinos de los carteles, dijo Ramírez.
BBC Mundo solicitó al ministerio del Trabajo información sobre estos programas, pero no obtuvo respuesta.
Sembrar a la fuerza

Mientras, cada vez más campesinos se ven obligados a trabajar para los narcotraficantes, le dijo a BBC Mundo Cruz López, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Este año el problema se agravó al disminuir el monto de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Muchos rentaron sus tierras a los carteles, que con frecuencia les contratan para cuidar los cultivos ubicados en comunidades aisladas a donde pocas veces llegan los subsidios gubernamentales, afirmó el líder de la CNC.
Pero muchos campesinos no siembran droga por gusto o negocio.
Según Cruz López, para cultivar marihuana o amapola se requiere mucho dinero, pues en ocasiones es necesario bombear agua a lo alto de montañas, establecer sistemas eficientes de riego y aplicar fertilizantes.
"Por cada hectárea se gastan mínimo US$3.000, y no los tiene un campesino pobre, sin apoyo del gobierno ni remesas".
Abel Barrera dice que muchos campesinos, sobre todo indígenas de Guerrero, están en el peor de los mundos: los carteles les obligan a cultivar droga, y en las acciones militares contra el tráfico son los primeros en ser detenidos.
"Son víctima de violencia por ambas partes, representan el eslabón más débil en la cadena del crimen

Fuente BBC Mundo Mexico Alberto Najar

MEXICO: 300 Funcionarios publicos despedidos por presuntos vinculos con el Narcotrafico

Un guardia del presidente Felipe Calderón, elementos de inteligencia de la policía Federal, de la Interpol, subprocuradores, alcaldes y policías se encuentran entre los 380 funcionarios públicos que fueron expulsados de sus cargos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Servían a los seis principales cárteles de la droga en México: unos a La Familia, otros al de Sinaloa o al de Tijuana; ora a los Beltrán Leyva, ora al del Golfo y sus sicarios, los Zetas, según una investigación de los últimos tres años realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).
El reporte ubica a 215 detenidos que rendían informes de manera directa a estos dos últimos; sin embargo, fueron los Beltrán Leyva quienes llegaron penetrar en los niveles más altos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO) hasta el zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano detenido hace un año.
El mayor del Ejército Arturo González, acusado de vender información de las secciones de Inteligencia y Planeación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Presidencia de la República, donde estaba adscrito dentro del cuerpo de guardias. Asimismo destaca la detención de dos ex directores de la Interpol México y 20 funcionarios que daban protección al cártel de Sinaloa, encabezada por el prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Corrompidos por la organización del Golfo, los dos supuestos asesinos del general retirado Enrique Tello, trabajaron uno como policía del ayuntamiento del balneario de Cancún, Quintana Roo, al sureste del país, y otro como colaborador del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Entre las acciones de mayor fuerza contra políticos en activos fue en junio pasado cuando en acciones simultáneas en el estado de Michoacán, oeste del país, fueron detenidos diez alcaldes y veinte funcionarios por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia, uno de los más sanguinarios.
Destacan también el cese masivo de agentes aduanales, donde 1,470 nuevos agentes aduanales asumieron funciones en sustitución de los 700 que laboraban antes y cuyos contratos expiraron y no fueron renovados por conductas sospechosas.
En las diferentes corporaciones de las policías estatales también destacan ceses en grupo. En el más reciente ocurrido en agosto cuando 70 elementos de seguridad fueron despedidos.
"Las policías se constituyeron en aliados, cómplices del crimen organizado", afirmó el General Jorge Justiniano González Betancourt, quien fuera presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. “El crimen organizado se ha apropiado de las ciudades más importantes del país ".
Fuente Gardenia Mendoza Aguilar La Opinion Mexico

CHILE: Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero aumentaron al doble

La Unidad de Análisis Financiero informó en Santiago que recibió 601 Reportes de Operaciones Sospechosas, en Chile, entre enero y septiembre de 2009, cifra que muestra un aumento a casi el doble respecto al mismo período en el 2008.

El organismo encargado de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, muestra que el sector bancario es el que reporta mayor cantidad de operaciones sospechosas (45%), seguido de las casas de cambio (15%), y por las empresas emisoras de tarjetas de crédito (14%) que incorporaron un software antilavado de dinero.
La directora de la UAF, Tamara Agnic, precisó que la tendencia al alza es muy positiva y revela la importancia que varios sectores le están dando a la función que cumplen en la prevención del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
“Estamos seguros que en el futuro seguirá creciendo la cantidad de reportes de operaciones sospechosas” pronosticó.
Agnic hizo presente que internacionalmente los ROS no son suficientes para prevenir el lavado de activo, en especial cuando se está frente a sectores que carecen de un organismo regulador y fiscalizador especializado, como ocurre con los gestores inmobiliarios, los usuarios de zona franca y las casas de cambio.
Para profundizar la función preventiva, la directora de la UAF señaló que los ejes de acción deben ser: aumentar la fiscalización de los sujetos obligados; la colaboración con otros organismos públicos y privados, principalmente en los sectores que no cuentan con regulación especializada; y aplicar en Chile estándares internacionales en cuanto a normas y procedimientos preventivos del delito de lavado de dinero, tales como la capacitación de sujetos obligados, difusión de conocimiento e información, y transparencia con la información que es de carácter público.

por Salvador Schwartzmann

MAFIA RUSA Comienza en España el Juicio a Zaklar Kalashov

Anticorrupción pide más de 12 años de cárcel para Zakhar Kalashov, «capo» de los georgianos y socio de Lukoil
Sin apenas ruido mediático, después de años de intenso trabajo de las Fuerzas de Seguridad, del juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y de la Fiscalía Anticorrupción, se sientan en el banquillo de los acusados, por primera vez en España, importantes jefes de la mafia rusa. Zakhar Kalashov, número uno de la mafia georgiana, sin duda uno de los capos más poderosos de la ex Unión Soviética y al que informes policiales de Suiza lo sitúan como uno de los principales propietarios de Lukoil, la petrolera que hace unos meses quiso comprar un 20 por ciento de Repsol. Kalashov se enfrenta a una petición de condena de más de doce años de prisión, en un proceso en el que junto a él se sentarán en el banquillo once de sus más cercanos colaboradores.
El juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional no es sólo importante para España.
 En Europa el proceso es seguido minuto a minuto por las autoridades policiales y judiciales de buena parte de los países, ya que de su resultado dependerá en buena medida el devenir de la lucha contra el crimen organizado ruso en el Viejo Continente. Lo que aquí se declare como probado por el tribunal podrá ser utilizado luego como prueba en otras naciones de nuestro entorno que también tienen abiertos procesos contra estas tramas. Sólo en Alemania se sigue un juicio de una trascendencia comparable, y aún le quedan algunos meses de recorrido.
En un ámbito más doméstico, la sentencia que se dicte en su momento marcará el futuro del resto de los procesos abiertos contra los «grupos criminales procedentes de países del Este», como los expertos prefieren denominar a las redes que, periodísticamente, se denominan como mafias rusas. El horizonte penal de capos como Gennadios Petrov, Alexander Malyshev o Vitali Izgilov depende de la misma.
La estrategia de la Fiscalía consiste en demostrar que Kalashov había montado en España una organización para blanquear los gigantescos beneficios económicos que le proporcionaban sus actividades delictivas -el delito subyacente-, que sin embargo cometía en otros países. Por ello, primero tendrá que acreditar que su red cometió en el extranjero esos delitos de los que se le acusa -los documentos que se han obtenido de otras policías serán claves para conseguirlo-, y posteriormente que trajo el dinero a España para lavarlo, para lo que era indispensable la colaboración de sus hombres, que se repartían los papeles con el objetivo de evitar ser descubiertos por las autoridades.
Muestrario del crimen
El escrito de acusación, de 51 folios, recoge que aproximadamente desde 2002 Kalashov «es considerado como el jefe de las distintas organizaciones criminales georgianas» asentadas en ese país y también «de las trasladadas a Rusia». Su poder «se extiende prácticamente por todo el territorio de la Federación Rusa» y se dedica al tráfico de armas, asesinatos por encargo y contrabando, entre otros delitos, mientras que en el ámbito económico blanquea sus gigantescas ganancias con el control del juego y los casinos de la Federación Rusa (a través de Leon Lann y Konstantin Manukyan, declarados en rebeldía en esta causa). Al menos desde 2003, el «capo» da órdenes para formar una estructura estable en España para blanquear.
Fuente ABC.es Cruz Morcillo/Pablo Munoz

RIESGO OPERACIONAL :FRAUDE INTERNO Encuesta de Ernst & Young

El fraude interno afecta al 20% de las empresas. Casi 90% de empresas argentinas piensan que pueden ser víctimas
La consultora Ernst & Young presentó la cuarta edición de la encuesta que se realiza en la Argentina sobre el impacto del fraude en las organizaciones

, en el último año el 20,5% de las empresas relevadas fue víctima de un fraude, el 88,9% considera que su empresa está expuesta a un ilícito y el 65,1% no cuenta con una metodología específica que permita realizar una prevención en forma sistemática durante todo el año. "Comparando los resultados actuales con los de la encuesta anterior, se observa que ha aumentado la cantidad de empresas que sufrieron algún tipo de fraude en el último año y sigue siendo la colusión entre empleados y terceros uno de los tipos de fraude más perpetrados (66,6%). Paralelamente, también se puede destacar que las compañías han reforzado sus procesos de auditoría interna y controles internos junto con la implementación de canales anónimos de denuncias ya que la identificación de los hechos de fraude mencionados, fue logrado principalmente por estas vías. Por otra parte se mantiene la tendencia preocupante de años anteriores, en donde los montos involucrados de acuerdo a la percepción de los encuestados, estaría alcanzando el 5% del total de su facturación", sostiene el estudio.Y añade: "Como se expone anteriormente, la mayor cantidad de hechos de tipo delictivo, es cometido por medio de la colusión de empleados y terceros, en donde se destaca la participación del personal con antigüedad en la compañía (el 44% tienen más de 5 años), lo que refleja que el conocimiento sobre los negocios, estructura, relaciones informales, procesos y controles de la empresa, permiten la existencia de fraude con mayor facilidad. El área de Compras sigue siendo el sector mas débil y susceptible de sufrir fraudes, seguido por Depósito, Logística y Almacenes y en tercer lugar el área de Finanzas. Uno de los resultados para destacar con optimismo, es que ha aumentado significativamente el porcentaje de aquellos casos en donde se llevó a juicio a el/los autores del fraude, pasando de un 17% de la encuesta anterior a un 33% en la actualidad".También se menciona, no con poca preocupación, que casi el 90% de los encuestados considera que existe una alta probabilidad de que ocurra un nuevo fraude, lo que evidencia la falta de confianza en el ambiente de control de sus compañías. Si bien se va incrementando las discusiones en las empresas sobre riesgos de fraude y controles anti-fraude, no existe una claridad en las mismas respecto de cómo avanzar en estos temas, ni la importancia relativa que tienen a nivel de la entidad. Al respecto, Aldo Pelesson, Socio de la división Advisory Services de Ernst & Young, señala que: "Compañías que no mejoran sus controles internos direccionados a los fraudes ocurridos, más probablemente sufran la posibilidad del mismo fraude en el futuro. La determinación de un programa Anti-fraude les permitirá no solamente evaluar el riesgo de fraude, sino también analizar la estructura de control en relación con estos riesgos específicos. Claramente al no existir un esquema definido como un programa anti-fraude, tampoco se cuenta con herramientas en las compañías que permitan la identificación y prevención por medio de analíticos de posibles hechos de fraude. Se tiene una falsa creencia, que el fraude sólo puede ser detectado por medio de investigaciones de hechos ya sucedidos (planes de tipo "reactivo"), sin considerar la posibilidad de brindar un marco preventivo, por medio de la identificación de alertas tempranas de fraude al realizar pruebas específicas con herramientas tecnológicas".Un alto porcentaje de los procedimientos utilizados por las empresas encuestadas para combatir el fraude (casi el 80%) se centran en la Auditoría Interna y Externa, (procesos convencionales). Sin embargo, también agrega Alejandro Menzani, Gerente de la misma división, "El desarrollo de un proceso de Prevención de Fraudes, que sería el más acertado para detección de fraudes, dista bastante de los criterios utilizados para una Auditoría Interna y/o Externa. Este tipo de auditorías implica la familiarización con muchos elementos: el humano, el comportamiento organizacional, el conocimiento de planes de fraude comunes, la evidencia y sus fuentes, los estándares de prueba, y la sensibilidad en la identificación y determinación de alertas"."Mas allá de la implementación de controles anti-fraude, un sistema efectivo de prevención también requiere de sistemas y procedimientos específicamente establecidos y operados para prevenir y detectar posibles fraudes. Estos procesos van más allá del control interno y están enfocados primordialmente a identificar alertas lo antes posible para mitigar el efecto de un posible fraude sobre la Compañía. Estos pueden incluir, entre otros y a modo ejemplificativo, los siguientes: líneas de denuncias anónimas; desarrollo, monitoreo, y análisis de indicadores de fraude; análisis de datos; desarrollo y monitoreo de reportes de excepción; monitoreo de cambios a sistemas y accesos; entrevistas con empleados clientes, y proveedores; monitoreo de Comunicaciones Internas", señala finalmente Aldo Pelesson.Más del la mitad de los encuestados (52%) expresaron que no existen políticas de concientización de fraude dentro de la organización, por lo cual se puede observar que el concepto de concientización de políticas de fraude se encuentra muy polarizado. Asimismo, desde el punto de vista de aquellas que sí tienen desarrolladas este tipo de políticas (48%), se observa una buena implementación tanto de planes de tipo "proactivo" como de tipo "reactivo", ya que ellas consideran que la implementación de un plan de prevención de fraudes y de respuesta frente éstos, son las acciones con las cuales mejores resultados se obtienen. Este tema cobra significativa relevancia si se analiza que el 95% de los encuestados creen que la regulación y leyes vigentes no ayudan a combatir el fraude, o solamente son una relativa barrera de disuasión, por lo que la "ecuación costo beneficio" sigue a favor del perpetrador.Casi el 85% de las compañías no cuenta con especialistas en revisión de fraudes ni con metodologías específicas que permitan realizar una prevención en forma sistemática (65%), por lo que siguen atadas al desarrollo de controles tradicionales, debiendo acudir a profesionales entrenados cada vez que los necesitan.La encuesta fue realizada entre más de 160 CEO's, Gerentes de Marketing/Comercial, CFO, Gerentes Generales, de Riesgo y otras posiciones. El 32,1% de las empresas consultadas corresponden al área de servicios informáticos y consultoría, 17,9% de consumo masivo, 17,9% al sector financiero y asegurador, 10,7% inmobiliarias y constructoras, 7,1% energéticas, químicas y de servicios públicos, 7,1% áreas de gobierno, 3,6% telecomunicaciones y 3,6% agro

Fuento Ambito Financiero

ARGENTINA No hay avances en las causas por lavado.Sólo se resolvió el 20% de las denuncias

El órgano del Gobierno especializado en la lucha contra el lavado de dinero apenas resolvió el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas presentadas entre 2003 y 2008, los primeros cinco años del kirchnerismo.
Esto se desprende de un informe privado, basado en datos oficiales, sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). La noticia se conoce días antes de la llegada al país de una nueva misión del GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Entre 2003 y 2008, la UIF resolvió 929 de los 4664 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e Informaciones de Otras Fuentes (IOF), acumulados en el organismo, según el estudio elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), elaborado sobre la base de datos oficiales. Los números actualizados hasta el mes pasado indican que la situación se mantiene sin cambios.
Entre los casos resueltos por la UIF, se incluyen los 325 que se archivaron y los 604 que se denunciaron ante la Justicia (13 por ciento del total). Esto quiere decir que más del 80 por ciento de los casos abiertos desde 2003 -originados en situaciones sospechosas denunciadas por sujetos obligados, como bancos, escribanías y casinos- aún no tuvo ningún tipo de resolución.
En los tribunales, la respuesta tampoco fue la esperada: más de nueve años y medio después de la sanción de la ley antilavado, todavía no se dictó ninguna condena por ese delito.
La cantidad de casos resueltos aumentó de 274 a 929 desde 2007, luego de que el Gobierno reformó la UIF y designó en la dirección del organismo a Rosa Falduto. Pero el problema se mantiene. De hecho, durante 2008, sólo se resolvieron 406 de 1182 reportes, lo que equivale al 34 por ciento.
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluye el informe del Cipce, dirigido por Pedro Biscay. "Existen elementos objetivos -concluye el estudio- que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado."
En diálogo con LA NACION, Falduto rechazó las conclusiones del informe, pero reconoció que la acumulación de casos es un problema. Sostuvo que, para resolverlo, hacía falta una mejora tecnológica que agilizara el tratamiento de las denuncias, y una modificación legal, que le permitiera a la UIF aplicar un criterio de selección de los casos por resolver. "El cambio en la ley nos permitiría decidir en qué casos profundizar el análisis y en cuáles disponer un archivo más rápido", explicó.
Para ello, la UIF trabaja en la elaboración de una "matriz de riesgo" que derivará en un criterio de selección y, a mediano plazo, en una propuesta de reforma legal, informó Falduto. La funcionaria afirmó, además, que la acumulación de casos también respondía al aumento de la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas, que, a su vez, era producto, del mayor tratamiento de casos registrados desde 2007.
Pero el informe del Cipce revela también graves deficiencias en los reportes que recibe la UIF.
De 2185 casos analizados hasta diciembre de 2006, sólo 483 (22 por ciento) llegaron al organismo con una demora de menos de 30 días desde el momento de la operación, mientras que otros 719 (33 por ciento) registraron una tardanza de entre uno y seis meses. De los restantes, 338 (15 por ciento) tardaron entre seis meses y un año, y 645 (30 por ciento), más de un año.
"En todas las resoluciones que sacamos desde que empezó nuestra gestión, fijamos un plazo de seis meses, mientras que antes no había ningún plazo", respondió la jefa de la UIF.
El estudio de Cipce detalló, además, que sólo el 22 por ciento de los ROS analizados contenía toda la información necesaria para iniciar una investigación y que sólo el 9 por ciento incluía información de calidad.
Esa situación se torna más llamativa si se tiene en cuenta que desde su creación, en 2002, hasta agosto de 2008, la UIF no había impuesto sanciones, "pese a que la ley le otorga esa facultad como una herramienta prudencial y adecuada para exigir a los sujetos obligados a cumplir los deberes de información que tienen asignados por ley", dice el informe del Cipce.
La ausencia de sanciones se mantiene en la actualidad, confirmó Falduto. Pero por primera vez, informó la funcionaria, se creó un grupo de abogados sumariantes y, este año, se abrieron cuatro sumarios que podrían derivar en castigos a sujetos obligados. "Una vez que terminemos esos casos, vamos a tener una estrategia legal resuelta para encarar el resto", dijo Falduto.
Otro punto señalado en el informe del Cipce es la escasa cantidad de tratados de cooperación firmados entre la UIF y sus equivalentes en otros países: 17 desde 2003.
De hecho, en los últimos dos años sólo se suscribieron convenios con Ecuador y con Polonia. "No se puede medir la cooperación internacional por la firma de tratados", respondió Falduto. La funcionaria detalló que desde su asunción, en 2007, las solicitudes de información recibidas y enviadas habían superado las registradas en los cuatro años anteriores.

Algunos casos emblemáticos
-La valija de Antonini. El venezolano que entró en Aeroparque una valija con 800.000 dólares en un avión pagado por el Gobierno enfrenta en la Argentina un proceso por lavado. No prosperaron los intentos judiciales para extraditarlo.
-El caso Rohm. Carlos Rohm, gerente del Banco General de Negocios, fue detenido en una investigación por lavado en 2002. Fue liberado dos años después.
-La viuda de Escobar. Victoria Henao, viuda del narco colombiano, estuvo presa en la Argentina por presunto lavado. Fue excarcelada. La enjuician en Colombia.

Fuente La Nacion por Gabriel Sued