El complicado panorama del sistema antilavado local se cobró una nueva víctima entre los funcionarios públicos abocados a la lucha contra el lavado. Esta vez fue el turno del coordinador y representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Alejandro Strega, cuyas tareas absorbió la Unidad de Información Financiera (UIF).
Strega siguió así el camino de salida que en enero de este año transitaron la presidenta y el vicepresidente de la UIF, Rosa Falduto y Alberto Rabinstein, y que un mes después transitaron los siete integrantes del Consejo de Asesores de la Unidad, en un intento del Gobierno por mostrar cambios frente al GAFI, el principal foro intergubernamental antilavado del mundo.
La salida de Strega también respondió a los deseos del actual titular de la UIF, José Sbattella, por concentrar la supervisión del sistema y la representación ante los organismos internacionales, competencias que obtuvo con el decreto 1936/10, el 14 de este mes.
El interés de Sbattella respondía a una de las críticas centrales del GAFI, que al igual que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la descoordinación entre las autoridades nacionales y provinciales en el país para prevenir y combatir el lavado. "Los gringos me preguntan quién es el jefe", les reportó el titular de la UIF al ministro de Justicia, Julio Alak, y a otros funcionarios, según reconstruyó La Nacion.
A partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la salida de Strega era casi un hecho, pero se demoró ante la organización esa misma semana en Buenos Aires del plenario regional del GAFI para América latina, Gafisud, en la que, de todos modos, Sbattella tomó las riendas de la representación local.
El propio Strega había dejado saber a distintos funcionarios locales e internacionales que evaluaba presentar su renuncia si el Gobierno no reaccionaba ante la pésima evaluación que aprobó el GAFI sobre la Argentina en su plenario de París, en octubre, y reafirmó el Gafisud en Buenos Aires.
Cinco pasos
La Argentina cuenta ahora con un par de semanas más para preparar un programa general de reformas sistémicas, que el GAFI revisará en su próximo plenario de febrero. Allí podría aprobar la emisión de una "declaración pública", el tercer paso de cinco posibles, que luego incluyen la suspensión y expulsión del país como integrante del Grupo.
Desde octubre, la Argentina ya afrontó los primeros dos pasos, el envío de una carta firmada por el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, en la que se expresó la "seria decepción" del Grupo ante las calificaciones del sistema local, y, luego, la visita de "alto nivel" que lideró el propio Urrutia junto con otros funcionarios, a mediados de este mes.
Hijo de un abogado de estrechos vínculos con el gremialismo y con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Strega llegó a ese cargo en enero de 2008 y ya en febrero pasado estuvo muy cerca de marcharse, cuando en otra reunión del GAFI sobrellevó un cortocircuito con la delegación de Ecuador, un país aliado del Gobierno en la región.
Con su voto, el GAFI colocó entonces a Ecuador en su lista de naciones de alto riesgo junto con Etiopía, Corea del Norte y Angola, lo que el gobierno de Rafael Correa le reclamó al entonces canciller Jorge Taiana, que anticipó su salida. Sobrevivió aquella vez, ahora no.
La Nacion:Hugo Alconada Mon
miércoles, 29 de diciembre de 2010
domingo, 26 de diciembre de 2010
ARGENTINA: Primera Condena por Lavado de Dinero
Una empleada de comercio, su marido desocupado y su cuñado son el trío protagónico de algo que parecía ya una utopía: la primera condena por lavado de dinero que se conoce en el país, una década después de la entrada en vigor de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos para ese delito.
Lejos de las complejas transferencias internacionales, los grandes operadores bursátiles, la corrupción política, las poderosas corporaciones o los paraísos fiscales, la condena para los lavadores llegó desde Córdoba por una trama de alcance barrial. Los otros actores son un dealer que trabajaba de colectivero y su mujer, que montó un local de venta de ropa "trucha". Con los fondos que blanquearon del trío que fue condenado compraron de todo: una casa, departamentos, autos y camionetas, un restaurante, televisores de plasma y hasta una mesa de pool.
La falta de condenas por actividades de lavado era uno de los argumentos más simples y contundentes que afrontó el país cada vez que fue evaluado durante los últimos años por el principal foro intergubernamental del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que volverá a reunirse a mediados de febrero para revisar la situación argentina.
El jefe de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, podrá exponer ahora la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, que condenó a la pareja de dealers (en ese caso, por el delito de narcotráfico) y al trío que se encargó de reintroducir el dinero en el circuito blanco (por lavado), según consta en la copia de la sentencia, dictada el 15 de este mes, que obtuvo La Nacion.
El trío de lavadores condenados abarca a María Eugenia Rodríguez, de 43 años, su marido Julio Guillermo Vallejo, un tucumano desocupado de 42 años, y el hermano de éste, Gonzalo Maximiliano Vallejo, un empleado cordobés, de 36 años, que se encargaron de blanquear el dinero obtenido por la venta de cocaína y marihuana en la capital cordobesa.
Los tres -no cumplirán penas de prisión efectiva por el monto de sus condenas- trabajaban para una banda de narcotraficantes que lideraba Jorge Guillermo Altamira -"el Gallo" o, más simple, "el Narco"-, y su mujer, Magalí Macarena Vallejo.
El vínculo entre los narcos y los lavadores era tanto familiar como laboral. Por un lado, porque Magalí Vallejo era hermana de Julio y de Guillermo; por otro, porque era la dueña de la tienda J&M, donde trabajaba su cuñada, María Eugenia Rodríguez. Repleto de ropa deportiva trucha y con ventas formales por 10.900 pesos durante 2005, 24.444 pesos al año siguiente y nada declarado hasta que lo cerró la policía en 2007, J&M sirvió para "dar apariencia de legalidad a la liquidez monetaria proveniente de la venta de estupefacientes", según el tribunal, "como así también utilizarlo de pantalla para esconder el verdadero negocio vinculado al narcotráfico".
El blanqueo fue sustancial, según corroboró la Justicia. Como dueña del local, Magalí Vallejo compró dos departamentos, una casa, dos autos, una camioneta, televisores plasma y equipos musicales.
A la par de ella, sus hermanos y su cuñada complementaron la reintroducción del dinero blanqueado, aun cuando los camaristas destacaron que "todos ellos [contaban] con un bajo nivel de ingresos y [eran] procedentes de sectores económicos carenciados". Por eso, concluyeron, actuaron como "testaferros" de "El Gallo" Altamira.
Bola negra
El blanqueo del trío incluyó la compra de "vehículos, bienes muebles e inmuebles y fondo de comercio". Es decir, un auto Volkswagen New Beetle, una camioneta Ford Ranger, el restaurante Como en Familia y hasta una mesa de pool por 5000 pesos.
"El fin de las actividades económicas que llevaron adelante los nombrados fue adquirir bienes con dinero proveniente del lavado de activos originado en el narcotráfico para, mediante su adquisición «legal»", destacó el camarista Carlos Julio Lascano, lo que refrendaron sus colegas José María Pérez Villalobo y José Vicente Muscará.
El jefe de la banda, Altamira, es un conocido delincuente cordobés. Entre otros motivos, porque ya arrastraba una condena previa por tenencia simple de estupefacientes, múltiples denuncias penales, dos investigaciones policiales simultáneas -una por la fuerza provincial y la otra por la Policía Federal-, y una larga lista de testimonios sobre él, su mujer y sus hijos, también detenidos.
Colectivero según su empleo formal, el tribunal concluyó que armó una asociación ilícita con su mujer, sus hijos Diego y José, un changarín conocido como "Boby"; un chapista ("Petiso"); un albañil ("Polvorita"); y una ama de casa a la que todos llamaban "la gorda Mary". Juntos vendieron kilos de cocaína y porros de marihuana en distintas casas y en la calle, y a través de mayores y menores de edad, incluido un chiquito al que apodaban "Pollito".
El tribunal convalidó el pedido del fiscal federal Carlos Gonella y terminó por condenar a Altamira a 6 años de prisión y a su mujer, Magalí Vallejo, a tres años en suspenso, mientras que el resto de la banda recibió entre 3 y 5 años de prisión cada uno, más multas, accesorias y costas.
Lo histórico ocurrió, sin embargo, cuando los camaristas también hallaron culpables a Julio y Gonzalo Vallejo y María Eugenia Rodríguez, y los convirtieron en los protagonistas de la primera condena por lavado de dinero en el país.
Les fijaron dos años de prisión y multas de $ 100.000 cada uno. Y ordenaron el decomiso de los autos, la camioneta, el restaurante, la casa, toda la ropa trucha... Y, sí, también la mesa de pool.
La Nacion Hugo Alconada Mon
Condena por lavado de dinero es de 2009
Fuentes de la Fiscalía Federal N° 2 de esta provincia afirmaron al medio La Manana de Cordoba que la condena por lavado de dinero a una familia de esta ciudad data de septiembre de 2009, aunque recién fue difundida ayer por el diario La Nación.
Según confirmaron desde la Fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a dos años de prisión a tres integrantes de una familia por lavado de dinero, en lo que sería la primera sentencia por este delito que se dicta en este país. La información rebotó incluso en las agencias de cables internacionales, aunque se trata de una noticia de cierta antigüedad, dato no aclarado por el mencionado periódico.
La falta de sentencias por lavado de dinero es una de las debilidades marcadas a Argentina por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas, que volverá a reunirse en febrero para evaluar el caso argentino.
Lejos de las complejas transferencias internacionales, los grandes operadores bursátiles, la corrupción política, las poderosas corporaciones o los paraísos fiscales, la condena para los lavadores llegó desde Córdoba por una trama de alcance barrial. Los otros actores son un dealer que trabajaba de colectivero y su mujer, que montó un local de venta de ropa "trucha". Con los fondos que blanquearon del trío que fue condenado compraron de todo: una casa, departamentos, autos y camionetas, un restaurante, televisores de plasma y hasta una mesa de pool.
La falta de condenas por actividades de lavado era uno de los argumentos más simples y contundentes que afrontó el país cada vez que fue evaluado durante los últimos años por el principal foro intergubernamental del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que volverá a reunirse a mediados de febrero para revisar la situación argentina.
El jefe de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, podrá exponer ahora la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, que condenó a la pareja de dealers (en ese caso, por el delito de narcotráfico) y al trío que se encargó de reintroducir el dinero en el circuito blanco (por lavado), según consta en la copia de la sentencia, dictada el 15 de este mes, que obtuvo La Nacion.
El trío de lavadores condenados abarca a María Eugenia Rodríguez, de 43 años, su marido Julio Guillermo Vallejo, un tucumano desocupado de 42 años, y el hermano de éste, Gonzalo Maximiliano Vallejo, un empleado cordobés, de 36 años, que se encargaron de blanquear el dinero obtenido por la venta de cocaína y marihuana en la capital cordobesa.
Los tres -no cumplirán penas de prisión efectiva por el monto de sus condenas- trabajaban para una banda de narcotraficantes que lideraba Jorge Guillermo Altamira -"el Gallo" o, más simple, "el Narco"-, y su mujer, Magalí Macarena Vallejo.
El vínculo entre los narcos y los lavadores era tanto familiar como laboral. Por un lado, porque Magalí Vallejo era hermana de Julio y de Guillermo; por otro, porque era la dueña de la tienda J&M, donde trabajaba su cuñada, María Eugenia Rodríguez. Repleto de ropa deportiva trucha y con ventas formales por 10.900 pesos durante 2005, 24.444 pesos al año siguiente y nada declarado hasta que lo cerró la policía en 2007, J&M sirvió para "dar apariencia de legalidad a la liquidez monetaria proveniente de la venta de estupefacientes", según el tribunal, "como así también utilizarlo de pantalla para esconder el verdadero negocio vinculado al narcotráfico".
El blanqueo fue sustancial, según corroboró la Justicia. Como dueña del local, Magalí Vallejo compró dos departamentos, una casa, dos autos, una camioneta, televisores plasma y equipos musicales.
A la par de ella, sus hermanos y su cuñada complementaron la reintroducción del dinero blanqueado, aun cuando los camaristas destacaron que "todos ellos [contaban] con un bajo nivel de ingresos y [eran] procedentes de sectores económicos carenciados". Por eso, concluyeron, actuaron como "testaferros" de "El Gallo" Altamira.
Bola negra
El blanqueo del trío incluyó la compra de "vehículos, bienes muebles e inmuebles y fondo de comercio". Es decir, un auto Volkswagen New Beetle, una camioneta Ford Ranger, el restaurante Como en Familia y hasta una mesa de pool por 5000 pesos.
"El fin de las actividades económicas que llevaron adelante los nombrados fue adquirir bienes con dinero proveniente del lavado de activos originado en el narcotráfico para, mediante su adquisición «legal»", destacó el camarista Carlos Julio Lascano, lo que refrendaron sus colegas José María Pérez Villalobo y José Vicente Muscará.
El jefe de la banda, Altamira, es un conocido delincuente cordobés. Entre otros motivos, porque ya arrastraba una condena previa por tenencia simple de estupefacientes, múltiples denuncias penales, dos investigaciones policiales simultáneas -una por la fuerza provincial y la otra por la Policía Federal-, y una larga lista de testimonios sobre él, su mujer y sus hijos, también detenidos.
Colectivero según su empleo formal, el tribunal concluyó que armó una asociación ilícita con su mujer, sus hijos Diego y José, un changarín conocido como "Boby"; un chapista ("Petiso"); un albañil ("Polvorita"); y una ama de casa a la que todos llamaban "la gorda Mary". Juntos vendieron kilos de cocaína y porros de marihuana en distintas casas y en la calle, y a través de mayores y menores de edad, incluido un chiquito al que apodaban "Pollito".
El tribunal convalidó el pedido del fiscal federal Carlos Gonella y terminó por condenar a Altamira a 6 años de prisión y a su mujer, Magalí Vallejo, a tres años en suspenso, mientras que el resto de la banda recibió entre 3 y 5 años de prisión cada uno, más multas, accesorias y costas.
Lo histórico ocurrió, sin embargo, cuando los camaristas también hallaron culpables a Julio y Gonzalo Vallejo y María Eugenia Rodríguez, y los convirtieron en los protagonistas de la primera condena por lavado de dinero en el país.
Les fijaron dos años de prisión y multas de $ 100.000 cada uno. Y ordenaron el decomiso de los autos, la camioneta, el restaurante, la casa, toda la ropa trucha... Y, sí, también la mesa de pool.
La Nacion Hugo Alconada Mon
Condena por lavado de dinero es de 2009
Fuentes de la Fiscalía Federal N° 2 de esta provincia afirmaron al medio La Manana de Cordoba que la condena por lavado de dinero a una familia de esta ciudad data de septiembre de 2009, aunque recién fue difundida ayer por el diario La Nación.
Según confirmaron desde la Fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a dos años de prisión a tres integrantes de una familia por lavado de dinero, en lo que sería la primera sentencia por este delito que se dicta en este país. La información rebotó incluso en las agencias de cables internacionales, aunque se trata de una noticia de cierta antigüedad, dato no aclarado por el mencionado periódico.
La falta de sentencias por lavado de dinero es una de las debilidades marcadas a Argentina por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas, que volverá a reunirse en febrero para evaluar el caso argentino.
martes, 21 de diciembre de 2010
ARGENTINA: Lavado de Dinero, se posterga un acuerdo con EE.UU.
Durante por lo menos dos meses, todo seguirá como en el último año y medio: es decir, sin avances para el gobierno argentino. Ese es el saldo del silencioso paso por Buenos Aires de una misión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La delegación informó a las autoridades locales de la lucha contra el lavado de dinero que el restablecimiento del flujo de información financiera confidencial entre ambos países quedará para febrero próximo, como mínimo. Así lo expresaron a La Nacion fuentes argentinas y norteamericanas.
La decisión de Estados Unidos frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar el nuevo "memorando de entendimiento" la semana pasada, en simultáneo con del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mexicano Luis Urrutia Corral.
La abortada firma del nuevo acuerdo de cooperación con la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) le hubiera permitido a Sbattella presentarle a Urrutia Corral una señal del "compromiso político" del gobierno nacional con la lucha contra el lavado. Pero no llegó a plasmarse.
Liderada por una funcionaria del Tesoro, la delegación que viajó desde Washington invocó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".
Febrero resultará clave para el sistema antilavado local. El GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado, mientras que la Fincen definirá si rubrica el memorando o lo posterga una vez más.
"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió a La Nacion un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha. Aunque en Buenos Aires confían en que el decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el nuevo memorando.
Seminario a medida
La firma se concretará, según un segundo funcionario argentino, antes del plenario del GAFI en París entre el 21 y 25 de febrero próximo, aunque sólo luego de que se cumplan algunos pasos previos. Entre otros, un "seminario sobre confidencialidad" que funcionarios norteamericanos ofrecerían en Buenos Aires.
El énfasis de la Fincen en el manejo confidencial de la información es deliberado, dado que la interrupción del flujo bilateral de inteligencia en julio de 2009 respondió a la filtración y utilización política de datos que había enviado a Buenos Aires a pedido de las autoridades locales.
El cortocircuito tuvo como protagonista involuntario al entonces candidato a diputado opositor por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez, mientras que al frente de la UIF se encontraba Rosa Falduto, una contadora que continúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La Fincen cortó de manera unilateral su colaboración cuando verificó que los datos, que requerían su autorización previa para enviarse de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron a través del diario Página 12 , lo que vulneró la confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción.
El traspié argentino cuenta con pocos antecedentes. En 2004, la Fincen también suspendió el flujo bilateral de información con México por una filtración política. Pero el intercambio se renegoció en una semana, mientras que en el incidente local la interrupción lleva ya 18 meses.
La filtración política de datos confidenciales también incluyó como presuntos protagonistas a laderos del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. En especial, a uno de sus más antiguos colaboradores, Fernando Villaverde, según declaró un ex subdirector general de la propia AFIP ante la Justicia y confirmaron tres funcionarios y empleados del organismo a La Nacion.
La salida de Falduto de la UIF y el arribo de Sbattella en febrero último no revirtieron la situación, aunque a fines de septiembre la Fincen envió a Buenos Aires a dos funcionarios, uno nacido en la Argentina y otro en América Central, para analizar la situación. Luego se redactó el borrador de un nuevo y más estricto entendimiento, pero no se firmó por decisión de Washington, que quiere evaluar la gestión de Sbattella y esperar las decisiones del GAFI.
En esa línea, la Fincen dio otro paso. Al igual que las autoridades de supervisión financiera de Alemania y del Reino Unido, recomendó a todos los bancos y demás entidades bajo su jurisdicción que tomen nota de la "seria preocupación" del GAFI sobre el país, lo que comenzó a aumentar el costo de ciertas transacciones.
La Nacion: Hugo Alconada Mon
La decisión de Estados Unidos frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar el nuevo "memorando de entendimiento" la semana pasada, en simultáneo con del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mexicano Luis Urrutia Corral.
La abortada firma del nuevo acuerdo de cooperación con la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) le hubiera permitido a Sbattella presentarle a Urrutia Corral una señal del "compromiso político" del gobierno nacional con la lucha contra el lavado. Pero no llegó a plasmarse.
Liderada por una funcionaria del Tesoro, la delegación que viajó desde Washington invocó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".
Febrero resultará clave para el sistema antilavado local. El GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado, mientras que la Fincen definirá si rubrica el memorando o lo posterga una vez más.
"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió a La Nacion un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha. Aunque en Buenos Aires confían en que el decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el nuevo memorando.
Seminario a medida
La firma se concretará, según un segundo funcionario argentino, antes del plenario del GAFI en París entre el 21 y 25 de febrero próximo, aunque sólo luego de que se cumplan algunos pasos previos. Entre otros, un "seminario sobre confidencialidad" que funcionarios norteamericanos ofrecerían en Buenos Aires.
El énfasis de la Fincen en el manejo confidencial de la información es deliberado, dado que la interrupción del flujo bilateral de inteligencia en julio de 2009 respondió a la filtración y utilización política de datos que había enviado a Buenos Aires a pedido de las autoridades locales.
El cortocircuito tuvo como protagonista involuntario al entonces candidato a diputado opositor por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez, mientras que al frente de la UIF se encontraba Rosa Falduto, una contadora que continúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La Fincen cortó de manera unilateral su colaboración cuando verificó que los datos, que requerían su autorización previa para enviarse de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron a través del diario Página 12 , lo que vulneró la confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción.
El traspié argentino cuenta con pocos antecedentes. En 2004, la Fincen también suspendió el flujo bilateral de información con México por una filtración política. Pero el intercambio se renegoció en una semana, mientras que en el incidente local la interrupción lleva ya 18 meses.
La filtración política de datos confidenciales también incluyó como presuntos protagonistas a laderos del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. En especial, a uno de sus más antiguos colaboradores, Fernando Villaverde, según declaró un ex subdirector general de la propia AFIP ante la Justicia y confirmaron tres funcionarios y empleados del organismo a La Nacion.
La salida de Falduto de la UIF y el arribo de Sbattella en febrero último no revirtieron la situación, aunque a fines de septiembre la Fincen envió a Buenos Aires a dos funcionarios, uno nacido en la Argentina y otro en América Central, para analizar la situación. Luego se redactó el borrador de un nuevo y más estricto entendimiento, pero no se firmó por decisión de Washington, que quiere evaluar la gestión de Sbattella y esperar las decisiones del GAFI.
En esa línea, la Fincen dio otro paso. Al igual que las autoridades de supervisión financiera de Alemania y del Reino Unido, recomendó a todos los bancos y demás entidades bajo su jurisdicción que tomen nota de la "seria preocupación" del GAFI sobre el país, lo que comenzó a aumentar el costo de ciertas transacciones.
La Nacion: Hugo Alconada Mon
lunes, 20 de diciembre de 2010
ARGENTINA:Dialogo con el presidente de la Unidad de Informacion Financiera
Las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visitaron la semana pasada el país para realizar un diagnóstico pormenorizado de las acciones antilavado que lleva a cabo la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo había elevado serias críticas por la “falta de coordinación” que mostraban los principales organismos que controlan el sistema financiero y bursátil. En una entrevista con Página/12, el titular de la UIF, José Sbattella, reconoce que todavía existe riesgo de una sanción por parte del GAFI, pero aseguró que la publicación del decreto, el cual le da mayor poder de policía y coordinación a la UIF, permitió descomprimir la situación. Ahora la entidad tiene plazo de un año para diseñar un programa de lucha contra el lavado de dinero, y ponerlo en ejecución.
–¿A qué respondió la visita del GAFI?
–Vinieron para comprobar si en el país existe un compromiso político del Estado para recibir las observaciones del organismo para la lucha antilavado. Es por eso que encararon una serie de reuniones, que comenzó en la Jefatura de Gabinete, con el ministro de Justicia, luego con el Banco Central, Comisión Nacional de Valores (CNV) y la UIF.
–¿Quedaron conformes?
–El dictado del decreto para darle a la UIF mayores atribuciones ayudó para que se lleven la visión de que hay voluntad de la Argentina. Salió especialmente para ellos, para que vieran que lo que estábamos haciendo ahora tenía dictamen de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Justicia.
–¿Qué cambia el decreto?
–El decreto tuvo que ver con el diagnóstico de que el sistema no tiene cabeza. Estaba disminuida la capacidad de mando y no quedaba claro cómo iba a ser el flujo de datos ni quién ordenaba la bajada de atribuciones de la ley antilavado. Ahora la ley antilavado y las sanciones por su incumplimiento las aplica la UIF, con la supervisión del Banco Central y la CNV. Pero ellos nos tienen capacidad para multar por la ley antilavado, sino por incumplimiento de alguna de sus normativas legales.
–El decreto los pone por encima de los otros organismos.
–La ley pone como sujetos obligados al Banco Central y a la CNV, que tienen además supervisión sobre el sistema financiero y bursátil. En la aplicación de la ley anti-lavado la UIF está por encima del resto de los organismos, puede dirigir el proceso por ley y estipular una multa o entrar como querellante.
–¿No alcanza a la AFIP?
–Lamentablemente en el país no es delito precedente la evasión. El evasor paga una multa y sale libre, con lo cual el dinero del lavado se lo queda. La propuesta argentina es que el lavado sea delito precedente, en línea con el camino de lo que se está discutiendo en la cuarta ronda de evaluación del GAFI. Pero por ahora es un delito menor.
–¿Hubo riesgo real de penalización para la Argentina por parte del GAFI?
–No nos iban a penalizar ahora, tampoco significa que estemos salvados. Lo que esperan es un plan de acción. El GAFI tiene que creernos que estamos haciendo y demostrarles algunas imposibilidades reales, como que el Congreso no lo controlamos. Está lo que podemos demostrar, que es que hay una comisión técnica que empezó a trabajar. Los plazos que le planteamos son largos: octubre o noviembre. Ellos nos habían pedido febrero, pero ni siquiera funciona el Congreso, y no podremos discutir nuevas atribuciones de la UIF para ese entonces.
–España presentó una posición muy dura contra la Argentina.
–El representante español dijo que la Argentina no debería pertenecer al GAFI. No tenía sentido, cuando ya nos habían matado con críticas, vino a dar el tiro de gracia. No tenía necesidad. Fue uno de los observadores que no vinieron la semana pasada.
–Usted también discutió con los representantes del GAFI Sur.
–Sí. Los representantes de Brasil, Ecuador, Bolivia y México argumentan que las Unidades de Información Financiera de cada país son un organismo técnico que no debe tener influencias políticas. En la Argentina todo personal técnico de un organismo crítico no puede desvincularse por completo de las implicancias, dictámenes y resoluciones del Gobierno. De esa manera, intentaron meterse con la soberanía del país, como es la aplicación de una ley.
–¿Qué es lo que les molestó puntualmente?
–La crítica fue porque desde la UIF hablamos con algunos de los embajadores de los países que integran el GAFI. Surgió a partir de que el embajador en Perú se comunicó con los funcionarios del gobierno peruano para decirles que le parecía razonable que la Argentina estipulará plazos. Además, la Cancillería tiene un equipo que presentó en varios países una carpeta para mostrar cómo la Argentina está trabajando y ellos dicen que eso es injerencia del poder político.
–¿Cuál es el plan de acción que deben presentar?
–Tenemos que presentar un plan de acción de efectivo cumplimiento durante el año 2011, que sea creíble, y que además esté en ejecución. Por ejemplo, el GAFI solicitó algunas reglamentaciones que el Central no tiene resueltas, como la instrumentación para las remesadoras. En ese caso, no hay nadie que regule ese flujo de dinero. Lo regulaba el correo, pero se privatizó, con lo cual muchos mandan dinero por este medio. Ahora empezamos a inspeccionar eso como sujeto obligado. Lo mismo con las joyerías, ventas de cuadros y antigüedades en general.
–Usted dijo que el GAFI lo que espera es que haya casos concretos de procesamiento. ¿Pudo exhibir alguno?
–Sí. Este año se dispusieron las primeras multas, al Banco Galicia, Más Ventas y al Francés. El caso más claro fue el de la coima que se pagó en el Ministerio de Economía. El imputado movilizaba habitualmente en sus cuentas hasta un tope 10 mil pesos. Un día depositó un cheque del Banco Nación por 29 millones de pesos. El Francés argumentó que no le pareció extraño que recibiera un cheque por ese monto. Multamos al banco con 39 millones de pesos por no informar.
Por Cristian Carrillo/Pagina12
–¿A qué respondió la visita del GAFI?
–Vinieron para comprobar si en el país existe un compromiso político del Estado para recibir las observaciones del organismo para la lucha antilavado. Es por eso que encararon una serie de reuniones, que comenzó en la Jefatura de Gabinete, con el ministro de Justicia, luego con el Banco Central, Comisión Nacional de Valores (CNV) y la UIF.
–¿Quedaron conformes?
–El dictado del decreto para darle a la UIF mayores atribuciones ayudó para que se lleven la visión de que hay voluntad de la Argentina. Salió especialmente para ellos, para que vieran que lo que estábamos haciendo ahora tenía dictamen de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Justicia.
–¿Qué cambia el decreto?
–El decreto tuvo que ver con el diagnóstico de que el sistema no tiene cabeza. Estaba disminuida la capacidad de mando y no quedaba claro cómo iba a ser el flujo de datos ni quién ordenaba la bajada de atribuciones de la ley antilavado. Ahora la ley antilavado y las sanciones por su incumplimiento las aplica la UIF, con la supervisión del Banco Central y la CNV. Pero ellos nos tienen capacidad para multar por la ley antilavado, sino por incumplimiento de alguna de sus normativas legales.
–El decreto los pone por encima de los otros organismos.
–La ley pone como sujetos obligados al Banco Central y a la CNV, que tienen además supervisión sobre el sistema financiero y bursátil. En la aplicación de la ley anti-lavado la UIF está por encima del resto de los organismos, puede dirigir el proceso por ley y estipular una multa o entrar como querellante.
–¿No alcanza a la AFIP?
–Lamentablemente en el país no es delito precedente la evasión. El evasor paga una multa y sale libre, con lo cual el dinero del lavado se lo queda. La propuesta argentina es que el lavado sea delito precedente, en línea con el camino de lo que se está discutiendo en la cuarta ronda de evaluación del GAFI. Pero por ahora es un delito menor.
–¿Hubo riesgo real de penalización para la Argentina por parte del GAFI?
–No nos iban a penalizar ahora, tampoco significa que estemos salvados. Lo que esperan es un plan de acción. El GAFI tiene que creernos que estamos haciendo y demostrarles algunas imposibilidades reales, como que el Congreso no lo controlamos. Está lo que podemos demostrar, que es que hay una comisión técnica que empezó a trabajar. Los plazos que le planteamos son largos: octubre o noviembre. Ellos nos habían pedido febrero, pero ni siquiera funciona el Congreso, y no podremos discutir nuevas atribuciones de la UIF para ese entonces.
–España presentó una posición muy dura contra la Argentina.
–El representante español dijo que la Argentina no debería pertenecer al GAFI. No tenía sentido, cuando ya nos habían matado con críticas, vino a dar el tiro de gracia. No tenía necesidad. Fue uno de los observadores que no vinieron la semana pasada.
–Usted también discutió con los representantes del GAFI Sur.
–Sí. Los representantes de Brasil, Ecuador, Bolivia y México argumentan que las Unidades de Información Financiera de cada país son un organismo técnico que no debe tener influencias políticas. En la Argentina todo personal técnico de un organismo crítico no puede desvincularse por completo de las implicancias, dictámenes y resoluciones del Gobierno. De esa manera, intentaron meterse con la soberanía del país, como es la aplicación de una ley.
–¿Qué es lo que les molestó puntualmente?
–La crítica fue porque desde la UIF hablamos con algunos de los embajadores de los países que integran el GAFI. Surgió a partir de que el embajador en Perú se comunicó con los funcionarios del gobierno peruano para decirles que le parecía razonable que la Argentina estipulará plazos. Además, la Cancillería tiene un equipo que presentó en varios países una carpeta para mostrar cómo la Argentina está trabajando y ellos dicen que eso es injerencia del poder político.
–¿Cuál es el plan de acción que deben presentar?
–Tenemos que presentar un plan de acción de efectivo cumplimiento durante el año 2011, que sea creíble, y que además esté en ejecución. Por ejemplo, el GAFI solicitó algunas reglamentaciones que el Central no tiene resueltas, como la instrumentación para las remesadoras. En ese caso, no hay nadie que regule ese flujo de dinero. Lo regulaba el correo, pero se privatizó, con lo cual muchos mandan dinero por este medio. Ahora empezamos a inspeccionar eso como sujeto obligado. Lo mismo con las joyerías, ventas de cuadros y antigüedades en general.
–Usted dijo que el GAFI lo que espera es que haya casos concretos de procesamiento. ¿Pudo exhibir alguno?
–Sí. Este año se dispusieron las primeras multas, al Banco Galicia, Más Ventas y al Francés. El caso más claro fue el de la coima que se pagó en el Ministerio de Economía. El imputado movilizaba habitualmente en sus cuentas hasta un tope 10 mil pesos. Un día depositó un cheque del Banco Nación por 29 millones de pesos. El Francés argumentó que no le pareció extraño que recibiera un cheque por ese monto. Multamos al banco con 39 millones de pesos por no informar.
Por Cristian Carrillo/Pagina12
sábado, 18 de diciembre de 2010
ARGENTINA: MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS Procesan a la hermana de Solange Bellone por lavado de dinero
El juez federal Norberto Oyarbide dictó el procesamiento de Ana Bellone hermana de Solange y cuñada de Sebastián Forza. Es en el marco de la causa por el tráfico de medicamentos
El juez federal Norberto Oyarbide procesó sin prisión preventiva a Ana Bellone, hermana de Solange y cuñada de Sebastián Forza, por el delito de lavado de dinero, en el marco de la causa que investiga el tráfico de medicamentos adulterados.
Según da cuenta el Centro de Información Judicial, la mujer está acusada de haber facilitado su caja de ahorros entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 "para que en la misma se depositaran cheques a la orden de la firma Seacamp SA y que fuera librados por la firma Emprendimientos Farmacéuticos SA, para posteriormente ser retirados los importes en efectivo desde la entidad bancaria"
Con este accionar, Bellone buscaba "que los fondos adquirieran la apariencia de un origen lícito, cuando en rigor de verdad los mismos provendrían de actividades delictivas o presuntamente ilícitas como ser aquellas en que su hermana, Solange Marina, quien ostentaba el cargo de Presidente de la empresa Seacamp SA, resultara procesada o se encuentra siendo investigada".
El juez federal Norberto Oyarbide procesó sin prisión preventiva a Ana Bellone, hermana de Solange y cuñada de Sebastián Forza, por el delito de lavado de dinero, en el marco de la causa que investiga el tráfico de medicamentos adulterados.
Según da cuenta el Centro de Información Judicial, la mujer está acusada de haber facilitado su caja de ahorros entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 "para que en la misma se depositaran cheques a la orden de la firma Seacamp SA y que fuera librados por la firma Emprendimientos Farmacéuticos SA, para posteriormente ser retirados los importes en efectivo desde la entidad bancaria"
Con este accionar, Bellone buscaba "que los fondos adquirieran la apariencia de un origen lícito, cuando en rigor de verdad los mismos provendrían de actividades delictivas o presuntamente ilícitas como ser aquellas en que su hermana, Solange Marina, quien ostentaba el cargo de Presidente de la empresa Seacamp SA, resultara procesada o se encuentra siendo investigada".
viernes, 17 de diciembre de 2010
ARGENTINA:nuevo revés del Gobierno/América latina lo urgió a combatir el lavado de dinero
La Argentina sufrió ayer un durísimo revés en su intento contra reloj de mejorar las paupérrimas calificaciones internacionales que recibe por su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta vez fue América latina, como bloque, la que rechazó sus pedidos -con el protagonismo decisivo de los delegados de México, Brasil y Chile- y dispuso someterlo a un seguimiento especial.
La decisión del principal foro intergubernamental de la región (Gafisud) se tomó, por consenso de los restantes 11 países que lo integran, en un plenario celebrado en esta ciudad que fue calificado como "patético" y "vergonzoso" por seis fuentes de distintos organismos internacionales y gobiernos consultadas por La Nacion.
El centro de las críticas fue el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, que pidió más tiempo para las reformas pendientes, la revisión de algunos ejes de la evaluación y la inclusión extemporánea de algunas medidas que impulsó los últimos meses.
Sin embargo, sus pedidos carecían de precedente tanto en la región como en el resto de los foros antilavado que se rigen por las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La negativa ya le había sido comunicada anteayer por los jefes de delegación de los otros países.
Aun así, Sbattella decidió avanzar ayer y chocó con el rechazo en bloque de la región, que lo urgió a aplicar las reglas vigentes. Sólo recibió un tibio guiño de Colombia para "analizar" su posición, pero de inmediato se topó con el rechazo reconstruyó La Nacion de esas seis fuentes oficiales consultadas. El Gobierno quedó así aislado y desautorizado en su prédica cuando resta un mes para que deba presentar su "programa" de reformas ante el GAFI que celebrará un plenario decisivo para el país entre el 21 y 25 de febrero.
Reunidos en París, todos los países que integran el GAFI evaluarán si abren un proceso contra la Argentina que, además de un impacto inmediato en su operatoria comercial internacional, podría terminar en su inclusión desde octubre próximo en la "lista gris" de países que no manifiestan interés por combatir el lavado de activos.
Durante más de una hora de exposición improvisada, Sbattella solicitó 6 meses más de prórroga antes de aprobar la durísima evaluación sobre el país, en la que se exponen "deficiencias" en 43 de los 46 ejes bajo revisión. Les planteó que, de aprobarlo de ese modo, se expondría que la UIF carece de legitimidad para ordenar inspecciones y aplicar multas multimillonarias como lo hizo en los últimos meses bajo protesta de bancos y joyerías.
"Si fuera así, el presidente de la UIF debería estar preso", comentó, aludiendo a sí mismo en tercera persona, para luego criticar a lo que llamó la "GAFI central", en alusión al foro internacional que se reúne en París y que la Argentina integra junto a Brasil y México como únicos países de la región, en contraposición con el foro "periférico", por el Gafisud.
Picos de tensión
Su prédica no cosechó frutos entre sus ocho colegas sudamericanos, ni los de Costa Rica, Panamá y México, mientras tomaban nota los "observadores" de Estados Unidos Alemania, España, Francia, Portugal y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
El desaire al pedido argentino incluyó algunos picos de tensión, como cuando el presidente del Gafisud, el peruano Felipe Tam Fox, debió preguntarle tres veces a Sbattella cuáles eran sus pedidos y que los aclarara porque su exposición resultaba confusa y contradictoria.
El discurso de Sbattella ya había registrado un comienzo accidentado. Beneficiada por la ausencia de seguridad, una mujer se había colado en el salón de la Cancillería donde se celebró el encuentro y de viva voz denunció el secuestro de su hija argentina en Paraguay y el supuesto desinterés de las autoridades de ese país, incidente que se prolongó varios minutos hasta que guardias lograron retirarla.
En su rol de coordinador nacional del sistema antilavado argentino ante los organismos internacionales, Sbattella explicitó luego sus críticas contra otras áreas del Estado, entre ellas, el Banco Central (BCRA). Lo notable es que se trató de la institución oficial que más elogios cosechó del presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, de visita en Buenos Aires durante los últimos días y presente en el plenario de ayer.
La intervención de Sbattella registró otro momento incómodo cuando ante el consenso contrario a su pedido, reclamó entonces que por lo menos consignaran en la evaluación final que para el gobierno argentino, la UIF sí tiene legitimidad para inspeccionar y multar sujetos obligados.
Quien tomó la palabra entonces fue el secretario ejecutivo del Gafisud, el uruguayo Alejandro Montesdeoca, quien le informó que en el borrador impreso y a su disposición ya estaba consignada la posición argentina, lo que generó murmullos en el salón. Minutos después, con la posición argentina desairada, ordenó un cuarto intermedio. El agitado cónclave para la Argentina concluirá hoy.
EL CONFLICTO PASO A PASO
GAFI / OCTUBRE
Sistema deficiente
Tras una misión que evaluó al sistema antilavado local entre 2004 y 2009, el plenario del GAFI aprobó un durísimo reporte sobre la Argentina que marcó falencias en 46 de los 49 puntos.
GAFISUD/DICIEMBRE
Proceso de revisión especial
Pese a los pedidos del jefe antilavado argentino, José Sbattella (foto), el grupo regional (Gafisud) sometió ayer al país a un "seguimiento especial".
MEXICO
Elogios a la firmeza
Junto a la Argentina y Brasil, uno de los tres países de América latina que integran el GAFI, México elogió a las autoridades del Gafisud por su firmeza al rechazar los pedidos de clemencia del gobierno argentino.
BRASIL
Reglas claras para todos
Al contrario del pedido de Sbattella durante una reunión en el ámbito del Mercosur, la delegación brasileña fue la primera que explicitó su negativa y planteó que las reglas eran claras.
CHILE
Enroque por la Argentina
Sometido también a una evaluación, Chile rechazó el pedido de la Argentina, a la que también reemplazó en febrero cuando el entonces coordinador antilavado argentino, Alejandro Strega, debió renunciar a un cargo.
La Nacion, Hugo Alconada Mon
La cena en que se desató una rebelión
Varios referentes de América latina en el GAFI se quejaron al jefe de la UIF por anticipado
A solas con los jefes de las delegaciones de América latina, el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, les anticipó lo que pensaba hacer la mañana siguiente, cuando el foro intergubernamental de la región, el Gafisud, se reuniera para debatir la evaluación del sistema argentino de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Reunidos alrededor de una mesa, en lo que debía ser una cena de camaradería, Sbattella se encontró con una revuelta inesperada, según relataron a La Nacion tres fuentes al tanto de la discusión reservada que se desarrolló anteanoche.
Liderados por los representantes de Chile, Paraguay y Bolivia, los funcionarios le plantearon a Sbattella una queja informal por la manera en que se movió durante las últimas semanas previas al cónclave, cuando recurrió a la presión política sobre las embajadas en Buenos Aires para modificar el parecer técnico de las delegaciones.
"La presión generó malestar en las delegaciones, que consideran que su labor es estrictamente técnica y que los cálculos políticos deben quedar fuera de la discusión", comentó un informante extranjero a La Nacion. La decisión argentina de moverse por los canales diplomáticos, añadió, "revela cierta ignorancia sobre cómo se maneja el Gafisud".
La queja registra un solo antecedente cercano en el Gafisud. Ocurrió cuando Ecuador también afrontó serios problemas que desembocaron en un proceso de seguimiento especial y su posterior ingreso en la llamada "lista gris" de países que no demuestran su compromiso político en la prevención y lucha contra el lavado.
En el caso de Ecuador, la queja fue formal y se planteó por escrito a través de la secretaría ejecutiva del Gafisud; en el caso argentino, se optó por la vía informal, aunque resultó notable que una de las voces fuera la de Bolivia, que recibe la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) local para investigar cómo se financió el intento de magnicidio del presidente Evo Morales.
La mayor sorpresa, sin embargo, en la mañana de ayer, cuando a pesar del anticipo explícito de sus pares, Sbattella planteó de todos modos sus pedidos. Fue el momento en que Chile -cuya evaluación también se aprobó durante el plenario- reiteró su negativa de la noche anterior, pero entonces se sumaron Perú y los dos países de América latina que, junto a la Argentina, integran el GAFI: Brasil y México.
"Ya estaba decidido desde antes que no pasarían los pedidos de Sbatella y así fueron los mensajes que recibió", comentó otro informante. "No puede decir que no sabía", añadió.
EL "COMPROMISO" DE ANÍBAL FERNÁNDEZ
•Locuaz y directo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se llevó los laureles tras su reunión con el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Luis Urrutia Corral. Junto con el ministro de Justicia, Julio Alak, Fernández integró el binomio de funcionarios que explicitaron el "compromiso político" del Gobierno en la lucha contra el lavado. Pidieron ayuda y prometieron recursos, según coincidieron dos fuentes al tanto de las conversaciones que mantuvo la misión "de alto nivel" que envió el GAFI a Buenos Aires. "Salvaron la ropa; ahora les queda cumplir", resumió uno de los informantes.
Un duro golpe de realismo
La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a la Argentina es una advertencia grave: en un tema tan sensible para los países centrales, no se puede hacer las cosas mal, durante muchos años, y luego pedirles a los amigos que nos salven de sufrir las consecuencias.
Esta semana, le tocó a José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), poner la cara y dejar expuestas todas las flaquezas de nuestro sistema. Pero la situación no es sólo imputable a él.
¿Hizo las cosas mal la Argentina en los últimos años? Sí, no hay duda.
En 2000, se incorporó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sancionó la ley 25.246, contra el lavado de activos. Fue un primer avance, apenas formal. En 2003, el GAFI realizó la segunda evaluación y comprobó que la Argentina había dado el segundo paso, también formal: había creado la Unidad de Información Financiera.
El problema llegó cuando el GAFI quiso mirar bajo la superficie.
La UIF siempre fue ineficiente. En diez años, la Justicia no dictó ninguna condena. En septiembre de 2007, a instancias del ex coordinador de políticas nacionales, Juan Félix Marteau, el ex presidente Néstor Kircher adoptó la agenda nacional antilavado, pero en 2008 el tema cayó en el olvido. Ese año, el GAFI ya apuraba la evaluación, pero la Argentina se salvó de una mala nota porque el reemplazante de Marteau, Alejandro Strega, logró que se postergara la evaluación. Mientras, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, trataba de explicar que la ley de blanqueo de capitales no era contraria a la política antilavado.
Pero, finalmente, el momento de pasar la prueba llegó y al país le fue mal. En octubre pasado, el plenario del GAFI adoptó un duro informe contra la Argentina. El Congreso, sabiendo que el GAFI reclamaría nuevas leyes, no las sancionó. Y Sbattella, que había asumido en febrero, intentó evitarlo usando un camino sui géneris: realizó inspecciones ejerciendo atribuciones que la UIF dice tener, pero que la ley no le reconoce.
¿Podían Brasil, México y Chile, integrantes del Gafisud, haber apoyado ayer a la Argentina? No; ni siquiera tenían margen técnico.
Ante tanta despreocupación de años para mejorar el sistema antilavado, el país jugó dos cartas muy osadas: negoció a nivel diplomático para que Gafisud emitiera ayer un dictamen más favorable a la Argentina que el que emitió el organismo madre, el GAFI, y también le pidió al Gafisud que le pidiera al GAFI que postergara la evaluación de la Argentina. Los expertos internacionales dicen que nunca un país intentó una estrategia semejante, que podía haber enfrentado al Gafisud con el GAFI.
¿Puede Sbattella mejorar en apenas un mes el programa de acción de la Argentina, de modo de convencer al GAFI en febrero? La respuesta es que depende de dos factores. Primero, es posible que las delegaciones extranjeras crean que la Argentina tiene voluntad política de mejorar, pero intuyen que no hay conciencia de cómo hacerlo. Hay torpeza, improvisación y descontrol.
Y segundo, habrá que ver si el decreto que dictó la presidenta Cristina Kirchner el martes pasado, que busca transformar a Sbattella en titular de una super-UIF, alcanza para alinear a todos los operadores del sistema y actuar contra reloj.
La Nacion Adrian Ventura
La decisión del principal foro intergubernamental de la región (Gafisud) se tomó, por consenso de los restantes 11 países que lo integran, en un plenario celebrado en esta ciudad que fue calificado como "patético" y "vergonzoso" por seis fuentes de distintos organismos internacionales y gobiernos consultadas por La Nacion.
El centro de las críticas fue el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, que pidió más tiempo para las reformas pendientes, la revisión de algunos ejes de la evaluación y la inclusión extemporánea de algunas medidas que impulsó los últimos meses.
Sin embargo, sus pedidos carecían de precedente tanto en la región como en el resto de los foros antilavado que se rigen por las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La negativa ya le había sido comunicada anteayer por los jefes de delegación de los otros países.
Aun así, Sbattella decidió avanzar ayer y chocó con el rechazo en bloque de la región, que lo urgió a aplicar las reglas vigentes. Sólo recibió un tibio guiño de Colombia para "analizar" su posición, pero de inmediato se topó con el rechazo reconstruyó La Nacion de esas seis fuentes oficiales consultadas. El Gobierno quedó así aislado y desautorizado en su prédica cuando resta un mes para que deba presentar su "programa" de reformas ante el GAFI que celebrará un plenario decisivo para el país entre el 21 y 25 de febrero.
Reunidos en París, todos los países que integran el GAFI evaluarán si abren un proceso contra la Argentina que, además de un impacto inmediato en su operatoria comercial internacional, podría terminar en su inclusión desde octubre próximo en la "lista gris" de países que no manifiestan interés por combatir el lavado de activos.
Durante más de una hora de exposición improvisada, Sbattella solicitó 6 meses más de prórroga antes de aprobar la durísima evaluación sobre el país, en la que se exponen "deficiencias" en 43 de los 46 ejes bajo revisión. Les planteó que, de aprobarlo de ese modo, se expondría que la UIF carece de legitimidad para ordenar inspecciones y aplicar multas multimillonarias como lo hizo en los últimos meses bajo protesta de bancos y joyerías.
"Si fuera así, el presidente de la UIF debería estar preso", comentó, aludiendo a sí mismo en tercera persona, para luego criticar a lo que llamó la "GAFI central", en alusión al foro internacional que se reúne en París y que la Argentina integra junto a Brasil y México como únicos países de la región, en contraposición con el foro "periférico", por el Gafisud.
Picos de tensión
Su prédica no cosechó frutos entre sus ocho colegas sudamericanos, ni los de Costa Rica, Panamá y México, mientras tomaban nota los "observadores" de Estados Unidos Alemania, España, Francia, Portugal y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
El desaire al pedido argentino incluyó algunos picos de tensión, como cuando el presidente del Gafisud, el peruano Felipe Tam Fox, debió preguntarle tres veces a Sbattella cuáles eran sus pedidos y que los aclarara porque su exposición resultaba confusa y contradictoria.
El discurso de Sbattella ya había registrado un comienzo accidentado. Beneficiada por la ausencia de seguridad, una mujer se había colado en el salón de la Cancillería donde se celebró el encuentro y de viva voz denunció el secuestro de su hija argentina en Paraguay y el supuesto desinterés de las autoridades de ese país, incidente que se prolongó varios minutos hasta que guardias lograron retirarla.
En su rol de coordinador nacional del sistema antilavado argentino ante los organismos internacionales, Sbattella explicitó luego sus críticas contra otras áreas del Estado, entre ellas, el Banco Central (BCRA). Lo notable es que se trató de la institución oficial que más elogios cosechó del presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, de visita en Buenos Aires durante los últimos días y presente en el plenario de ayer.
La intervención de Sbattella registró otro momento incómodo cuando ante el consenso contrario a su pedido, reclamó entonces que por lo menos consignaran en la evaluación final que para el gobierno argentino, la UIF sí tiene legitimidad para inspeccionar y multar sujetos obligados.
Quien tomó la palabra entonces fue el secretario ejecutivo del Gafisud, el uruguayo Alejandro Montesdeoca, quien le informó que en el borrador impreso y a su disposición ya estaba consignada la posición argentina, lo que generó murmullos en el salón. Minutos después, con la posición argentina desairada, ordenó un cuarto intermedio. El agitado cónclave para la Argentina concluirá hoy.
EL CONFLICTO PASO A PASO
GAFI / OCTUBRE
Sistema deficiente
Tras una misión que evaluó al sistema antilavado local entre 2004 y 2009, el plenario del GAFI aprobó un durísimo reporte sobre la Argentina que marcó falencias en 46 de los 49 puntos.
GAFISUD/DICIEMBRE
Proceso de revisión especial
Pese a los pedidos del jefe antilavado argentino, José Sbattella (foto), el grupo regional (Gafisud) sometió ayer al país a un "seguimiento especial".
MEXICO
Elogios a la firmeza
Junto a la Argentina y Brasil, uno de los tres países de América latina que integran el GAFI, México elogió a las autoridades del Gafisud por su firmeza al rechazar los pedidos de clemencia del gobierno argentino.
BRASIL
Reglas claras para todos
Al contrario del pedido de Sbattella durante una reunión en el ámbito del Mercosur, la delegación brasileña fue la primera que explicitó su negativa y planteó que las reglas eran claras.
CHILE
Enroque por la Argentina
Sometido también a una evaluación, Chile rechazó el pedido de la Argentina, a la que también reemplazó en febrero cuando el entonces coordinador antilavado argentino, Alejandro Strega, debió renunciar a un cargo.
La Nacion, Hugo Alconada Mon
La cena en que se desató una rebelión
Varios referentes de América latina en el GAFI se quejaron al jefe de la UIF por anticipado
A solas con los jefes de las delegaciones de América latina, el jefe de la unidad antilavado local (UIF), José Sbattella, les anticipó lo que pensaba hacer la mañana siguiente, cuando el foro intergubernamental de la región, el Gafisud, se reuniera para debatir la evaluación del sistema argentino de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Reunidos alrededor de una mesa, en lo que debía ser una cena de camaradería, Sbattella se encontró con una revuelta inesperada, según relataron a La Nacion tres fuentes al tanto de la discusión reservada que se desarrolló anteanoche.
Liderados por los representantes de Chile, Paraguay y Bolivia, los funcionarios le plantearon a Sbattella una queja informal por la manera en que se movió durante las últimas semanas previas al cónclave, cuando recurrió a la presión política sobre las embajadas en Buenos Aires para modificar el parecer técnico de las delegaciones.
"La presión generó malestar en las delegaciones, que consideran que su labor es estrictamente técnica y que los cálculos políticos deben quedar fuera de la discusión", comentó un informante extranjero a La Nacion. La decisión argentina de moverse por los canales diplomáticos, añadió, "revela cierta ignorancia sobre cómo se maneja el Gafisud".
La queja registra un solo antecedente cercano en el Gafisud. Ocurrió cuando Ecuador también afrontó serios problemas que desembocaron en un proceso de seguimiento especial y su posterior ingreso en la llamada "lista gris" de países que no demuestran su compromiso político en la prevención y lucha contra el lavado.
En el caso de Ecuador, la queja fue formal y se planteó por escrito a través de la secretaría ejecutiva del Gafisud; en el caso argentino, se optó por la vía informal, aunque resultó notable que una de las voces fuera la de Bolivia, que recibe la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) local para investigar cómo se financió el intento de magnicidio del presidente Evo Morales.
La mayor sorpresa, sin embargo, en la mañana de ayer, cuando a pesar del anticipo explícito de sus pares, Sbattella planteó de todos modos sus pedidos. Fue el momento en que Chile -cuya evaluación también se aprobó durante el plenario- reiteró su negativa de la noche anterior, pero entonces se sumaron Perú y los dos países de América latina que, junto a la Argentina, integran el GAFI: Brasil y México.
"Ya estaba decidido desde antes que no pasarían los pedidos de Sbatella y así fueron los mensajes que recibió", comentó otro informante. "No puede decir que no sabía", añadió.
EL "COMPROMISO" DE ANÍBAL FERNÁNDEZ
•Locuaz y directo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se llevó los laureles tras su reunión con el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Luis Urrutia Corral. Junto con el ministro de Justicia, Julio Alak, Fernández integró el binomio de funcionarios que explicitaron el "compromiso político" del Gobierno en la lucha contra el lavado. Pidieron ayuda y prometieron recursos, según coincidieron dos fuentes al tanto de las conversaciones que mantuvo la misión "de alto nivel" que envió el GAFI a Buenos Aires. "Salvaron la ropa; ahora les queda cumplir", resumió uno de los informantes.
Un duro golpe de realismo
La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a la Argentina es una advertencia grave: en un tema tan sensible para los países centrales, no se puede hacer las cosas mal, durante muchos años, y luego pedirles a los amigos que nos salven de sufrir las consecuencias.
Esta semana, le tocó a José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), poner la cara y dejar expuestas todas las flaquezas de nuestro sistema. Pero la situación no es sólo imputable a él.
¿Hizo las cosas mal la Argentina en los últimos años? Sí, no hay duda.
En 2000, se incorporó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sancionó la ley 25.246, contra el lavado de activos. Fue un primer avance, apenas formal. En 2003, el GAFI realizó la segunda evaluación y comprobó que la Argentina había dado el segundo paso, también formal: había creado la Unidad de Información Financiera.
El problema llegó cuando el GAFI quiso mirar bajo la superficie.
La UIF siempre fue ineficiente. En diez años, la Justicia no dictó ninguna condena. En septiembre de 2007, a instancias del ex coordinador de políticas nacionales, Juan Félix Marteau, el ex presidente Néstor Kircher adoptó la agenda nacional antilavado, pero en 2008 el tema cayó en el olvido. Ese año, el GAFI ya apuraba la evaluación, pero la Argentina se salvó de una mala nota porque el reemplazante de Marteau, Alejandro Strega, logró que se postergara la evaluación. Mientras, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, trataba de explicar que la ley de blanqueo de capitales no era contraria a la política antilavado.
Pero, finalmente, el momento de pasar la prueba llegó y al país le fue mal. En octubre pasado, el plenario del GAFI adoptó un duro informe contra la Argentina. El Congreso, sabiendo que el GAFI reclamaría nuevas leyes, no las sancionó. Y Sbattella, que había asumido en febrero, intentó evitarlo usando un camino sui géneris: realizó inspecciones ejerciendo atribuciones que la UIF dice tener, pero que la ley no le reconoce.
¿Podían Brasil, México y Chile, integrantes del Gafisud, haber apoyado ayer a la Argentina? No; ni siquiera tenían margen técnico.
Ante tanta despreocupación de años para mejorar el sistema antilavado, el país jugó dos cartas muy osadas: negoció a nivel diplomático para que Gafisud emitiera ayer un dictamen más favorable a la Argentina que el que emitió el organismo madre, el GAFI, y también le pidió al Gafisud que le pidiera al GAFI que postergara la evaluación de la Argentina. Los expertos internacionales dicen que nunca un país intentó una estrategia semejante, que podía haber enfrentado al Gafisud con el GAFI.
¿Puede Sbattella mejorar en apenas un mes el programa de acción de la Argentina, de modo de convencer al GAFI en febrero? La respuesta es que depende de dos factores. Primero, es posible que las delegaciones extranjeras crean que la Argentina tiene voluntad política de mejorar, pero intuyen que no hay conciencia de cómo hacerlo. Hay torpeza, improvisación y descontrol.
Y segundo, habrá que ver si el decreto que dictó la presidenta Cristina Kirchner el martes pasado, que busca transformar a Sbattella en titular de una super-UIF, alcanza para alinear a todos los operadores del sistema y actuar contra reloj.
La Nacion Adrian Ventura
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Exigen a la Argentina mejorar su plan para combatir el lavado
"El plan de acción (que elaboró el Gobierno para luchar contra el lavado de dinero) no alcanza. Deben ajustarlo y mejorarlo."
Palabras más, palabras menos, ésa fue la esencia del mensaje que en tono cordial pero firme transmitió Luis Urrutia Corral, titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al ministro de Justicia, Julio Alak; al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y al vicecanciller Alberto D'Allotto. El nuevo programa de la Argentina para combatir el lavado sigue siendo insuficiente.
Tres fuentes independientes entre sí, presentes en las reuniones que protagonizó Urrutia Corral en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería, confirmaron a la La Nación el reproche. Dos de esas personas son muy importantes funcionarios de Gobierno y la otra, un asesor con una visión encontrada con la oficial, pero que también acompaña a la delegación del GAFI.
En la UIF aseguran que el decreto 1936 -publicado ayer en el Boletín Oficial y que convirtió a ese organismo, que preside Sbattella, en una suerte de súper UIF, con atribuciones de control incluso sobre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, los bancos y las aseguradoras- "es un primer paso muy importante para corregir el plan de acción". El desafío que tiene Sbattella es que debe elaborar el nuevo plan en sólo veinte días y enviarlo a París.
En octubre último, el plenario del GAFI emitió un dictamen lapidario sobre la Argentina: señaló que el país no cumple con 47 de las 49 normas para combatir el lavado de dinero y colocó al país bajo un proceso de seguimiento "riguroso e intensivo".
Como consecuencia de ello, el hasta ayer coordinador nacional de políticas contra el lavado, Alejandro Strega, alertó que, en febrero próximo, el GAFI podría sancionar a la Argentina. Y la UIF elaboró un plan de acción que le asegura al GAFI que el país está tomando algunas medidas, mientras que le promete que las leyes más importantes estarán sancionadas para un lejano noviembre de 2011.
Ese plan, elaborado contra reloj, adolece de muchas falencias. Incluso en el BCRA se escuchaban ayer fuertes quejas con la UIF, porque no había reflejado los esfuerzos de la entidad rectora de los bancos.
Poder para la UIF
Para salir de esa situación, el Gobierno dictó el decreto 1936, por el que le entrega a Sbattella la coordinación nacional de políticas contra el lavado, por lo cual, de un plumazo, le quitó a Strega las funciones que ejercía.
Además, la ley antilavado, número 25.246, siempre le dio a la UIF facultades de supervisión y control sobre las entidades rectoras del sistema -BCRA, CNV, Superintendencia de Seguros- y sobre los sujetos que están obligados a informar operaciones sospechosas, como bancos, inmobiliarias, aseguradoras, casinos, abogados y escribanos.
Pero ahora el decreto le da atribuciones más fuertes: la UIF podrá "inspeccionar" a todas esas entidades e, incluso, pedirles información sobre sus clientes. Por ejemplo, podrá pedirle a un banco que le dé documentos sobre un cliente suyo -si cree que hizo una operación sospechosa de lavado-, e incluso podrá inspeccionar a ese banco, escribano o al mismo BCRA.
"Es una atribución muy peligrosa, que puede ser usada con fines políticos", dice el especialista Félix Marteau.
"El decreto está bien redactado y no es malo que la UIF coordine todo el sistema. Depende cómo use sus atribuciones", dice otro especialista, Francisco D'Albora.
LOS DETALLES
• Advertencia . Luis Urrutia Corral, titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reunió con referentes del Gobierno y les dijo que el plan de acción que se hizo contra el lavado no alcanza.
• Respuesta . En la UIF aseguran que el decreto 1936 -publicado ayer en el Boletín Oficial- le otorga un gran poder a la UIF para controlar incluso al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a las aseguradoras.
• Antecedentes . En octubre último, el plenario del GAFI emitió un dictamen lapidario sobre la Argentina: señaló que el país no cumple con 47 de las 49 normas para combatir el lavado de dinero y colocó al país bajo un proceso de seguimiento "riguroso e intensivo".
La Nacion Adrian Ventura
Palabras más, palabras menos, ésa fue la esencia del mensaje que en tono cordial pero firme transmitió Luis Urrutia Corral, titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al ministro de Justicia, Julio Alak; al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y al vicecanciller Alberto D'Allotto. El nuevo programa de la Argentina para combatir el lavado sigue siendo insuficiente.
Tres fuentes independientes entre sí, presentes en las reuniones que protagonizó Urrutia Corral en el Ministerio de Justicia y en la Cancillería, confirmaron a la La Nación el reproche. Dos de esas personas son muy importantes funcionarios de Gobierno y la otra, un asesor con una visión encontrada con la oficial, pero que también acompaña a la delegación del GAFI.
En la UIF aseguran que el decreto 1936 -publicado ayer en el Boletín Oficial y que convirtió a ese organismo, que preside Sbattella, en una suerte de súper UIF, con atribuciones de control incluso sobre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, los bancos y las aseguradoras- "es un primer paso muy importante para corregir el plan de acción". El desafío que tiene Sbattella es que debe elaborar el nuevo plan en sólo veinte días y enviarlo a París.
En octubre último, el plenario del GAFI emitió un dictamen lapidario sobre la Argentina: señaló que el país no cumple con 47 de las 49 normas para combatir el lavado de dinero y colocó al país bajo un proceso de seguimiento "riguroso e intensivo".
Como consecuencia de ello, el hasta ayer coordinador nacional de políticas contra el lavado, Alejandro Strega, alertó que, en febrero próximo, el GAFI podría sancionar a la Argentina. Y la UIF elaboró un plan de acción que le asegura al GAFI que el país está tomando algunas medidas, mientras que le promete que las leyes más importantes estarán sancionadas para un lejano noviembre de 2011.
Ese plan, elaborado contra reloj, adolece de muchas falencias. Incluso en el BCRA se escuchaban ayer fuertes quejas con la UIF, porque no había reflejado los esfuerzos de la entidad rectora de los bancos.
Poder para la UIF
Para salir de esa situación, el Gobierno dictó el decreto 1936, por el que le entrega a Sbattella la coordinación nacional de políticas contra el lavado, por lo cual, de un plumazo, le quitó a Strega las funciones que ejercía.
Además, la ley antilavado, número 25.246, siempre le dio a la UIF facultades de supervisión y control sobre las entidades rectoras del sistema -BCRA, CNV, Superintendencia de Seguros- y sobre los sujetos que están obligados a informar operaciones sospechosas, como bancos, inmobiliarias, aseguradoras, casinos, abogados y escribanos.
Pero ahora el decreto le da atribuciones más fuertes: la UIF podrá "inspeccionar" a todas esas entidades e, incluso, pedirles información sobre sus clientes. Por ejemplo, podrá pedirle a un banco que le dé documentos sobre un cliente suyo -si cree que hizo una operación sospechosa de lavado-, e incluso podrá inspeccionar a ese banco, escribano o al mismo BCRA.
"Es una atribución muy peligrosa, que puede ser usada con fines políticos", dice el especialista Félix Marteau.
"El decreto está bien redactado y no es malo que la UIF coordine todo el sistema. Depende cómo use sus atribuciones", dice otro especialista, Francisco D'Albora.
LOS DETALLES
• Advertencia . Luis Urrutia Corral, titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reunió con referentes del Gobierno y les dijo que el plan de acción que se hizo contra el lavado no alcanza.
• Respuesta . En la UIF aseguran que el decreto 1936 -publicado ayer en el Boletín Oficial- le otorga un gran poder a la UIF para controlar incluso al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a las aseguradoras.
• Antecedentes . En octubre último, el plenario del GAFI emitió un dictamen lapidario sobre la Argentina: señaló que el país no cumple con 47 de las 49 normas para combatir el lavado de dinero y colocó al país bajo un proceso de seguimiento "riguroso e intensivo".
La Nacion Adrian Ventura
martes, 14 de diciembre de 2010
ARGENTINA :El Gobierno reforzó los controles contra el lavado de dinero
A través del decreto presidencial 1936/2010 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió endurecer los controles contra el lavado de dinero.
La implementación de la norma es el primer paso concreto en respuesta a un duro informe emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En primer término, la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fija que la Unidad de Información Finaciera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de los mecanismos para detectar las maniobras de lavado de dinero.
El decreto agrega que el sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la UIF, José Sbatella, quien dispondrá la sustanciación del procedimiento.
Ante la negativa de la empresa sospechada, la UIF podrá solicitar al Ministerio Público la orden de allanamiento para el ingreso al domicilio con la finalidad de efectivizar la inspección y obtener la documentación necesarioa para llevar adelante la investigación.Asimismo, se deja en claró que los sujetos obligados -bancos y joyerías entre otros- deben informar ante la UIF las "conductas o actividades, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa".
Las sociedades regularmente constituidas que se encuentran bajo la mira de la UIF, deberán designar un oficial de cumplimiento que será el encargado de formalizar las presentaciones que deban efectuarse ante el organismo conducido por Sbatella.
De tratarse de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.
A fin de determinar a quienes deberán informar las sociedades y los sujetos obligados, la norma establece que "se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial".
"En tal sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados", agrega la norma.
La información mínima a requerir a los clientes abarcará:
• Personas físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad;
sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad; CUIT/CUIL/CDI; domicilio; número de teléfono y profesión
"Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante", agrega la norma.
• Personas jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado; domicilio; número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada.
"Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica", agrega la norma.
A su vez, cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados tendrán que adoptar medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.
Por otra parte, los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones.
En igual sentido, el decreto fija que "los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento".
"La información recabada deberá conservarse como mínimo durante 5 años", agrega el decreto.
También da un listado de hechos u operaciones sospechosas:
• Los servicios postales, por montos o condiciones, que pudieran exceder manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de la operación.
• El comercio de metales o piedras preciosas, el transporte de dinero en efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual del comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad.
• La realización de operaciones secuenciales o transferencias electrónicas simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente.
• La constitución de sociedades que realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles; contratos de compraventa, facturas de importación o exportación, o préstamos, sin contar con una evolución patrimonial adecuada.
• Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado.
• Las contrataciones de transporte de caudales, que por su magnitud y habitualidad, revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal de las personas jurídicas contratantes.
• Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de anormalidad con relación al mercado habitual del seguro.
• Las actividades realizadas por escribanos, contadores y otros profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas usuales del mercado.
"El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas del lavado de activos, será de 30 días a partir de la operación realizada", especifica el flamante decreto.
De tratarse de hechos u operaciones sospechosas de financiación del terrorismo será de 48 horas a partir de la operación realizada
La implementación de la norma es el primer paso concreto en respuesta a un duro informe emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En primer término, la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fija que la Unidad de Información Finaciera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de los mecanismos para detectar las maniobras de lavado de dinero.
El decreto agrega que el sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la UIF, José Sbatella, quien dispondrá la sustanciación del procedimiento.
Ante la negativa de la empresa sospechada, la UIF podrá solicitar al Ministerio Público la orden de allanamiento para el ingreso al domicilio con la finalidad de efectivizar la inspección y obtener la documentación necesarioa para llevar adelante la investigación.Asimismo, se deja en claró que los sujetos obligados -bancos y joyerías entre otros- deben informar ante la UIF las "conductas o actividades, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa".
Las sociedades regularmente constituidas que se encuentran bajo la mira de la UIF, deberán designar un oficial de cumplimiento que será el encargado de formalizar las presentaciones que deban efectuarse ante el organismo conducido por Sbatella.
De tratarse de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.
A fin de determinar a quienes deberán informar las sociedades y los sujetos obligados, la norma establece que "se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial".
"En tal sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados", agrega la norma.
La información mínima a requerir a los clientes abarcará:
• Personas físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad;
sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad; CUIT/CUIL/CDI; domicilio; número de teléfono y profesión
"Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante", agrega la norma.
• Personas jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado; domicilio; número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada.
"Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica", agrega la norma.
A su vez, cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados tendrán que adoptar medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.
Por otra parte, los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones.
En igual sentido, el decreto fija que "los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento".
"La información recabada deberá conservarse como mínimo durante 5 años", agrega el decreto.
También da un listado de hechos u operaciones sospechosas:
• Los servicios postales, por montos o condiciones, que pudieran exceder manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de la operación.
• El comercio de metales o piedras preciosas, el transporte de dinero en efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual del comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad.
• La realización de operaciones secuenciales o transferencias electrónicas simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente.
• La constitución de sociedades que realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles; contratos de compraventa, facturas de importación o exportación, o préstamos, sin contar con una evolución patrimonial adecuada.
• Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado.
• Las contrataciones de transporte de caudales, que por su magnitud y habitualidad, revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal de las personas jurídicas contratantes.
• Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de anormalidad con relación al mercado habitual del seguro.
• Las actividades realizadas por escribanos, contadores y otros profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas usuales del mercado.
"El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas del lavado de activos, será de 30 días a partir de la operación realizada", especifica el flamante decreto.
De tratarse de hechos u operaciones sospechosas de financiación del terrorismo será de 48 horas a partir de la operación realizada
lunes, 13 de diciembre de 2010
Argentina: el Gobierno busca evitar sanciones del GAFI
Hoy llega el titular del organismo para una visita de alto nivel
El Gobierno desarrollará a partir de hoy una estrategia audaz y riesgosa luego del severo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que no combate el lavado de dinero: intentará convencer al presidente del organismo, Luis Urrutia Corral, de que elaboró un plan de acción para corregir las enormes deficiencias. Pretende usar al GAFI-Sud, un organismo regional, para descolocar al GAFI y dictará un decreto para concentrar atribuciones en la Unidad de Información Financiera (UIF).
En su última reunión plenaria en París, el GAFI emitió un dictamen donde dejó constancia que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas (recomendaciones) que guían la lucha contra el lavado de dinero; señaló 250 deficiencias y colocó al país bajo un "proceso de seguimiento riguroso e intensivo".
Ante la posibilidad de que la Argentina sea sancionada por el GAFI en la reunión plenaria de febrero -cuando venzan los 100 días que el organismo dio para poner las cosas en orden-, el coordinador nacional de políticas antilavado, Alejandro Strega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, en forma urgente, elaborar un plan de acción. Una sanción podría tener consecuencias graves para las transacciones financieras y comerciales con el exterior.
Dada la delicada situación de la Argentina, Luis Urrutia Corral, titular del organismo internacional, iniciará hoy una visita de alto nivel. Cuando comience los contactos con el Gobierno, la UIF, directores del Banco Central, Comisión Nacional de Valores y diputados y senadores, observará que hay una estrategia a tres puntas:
• Leerá un decreto, elaborado contra reloj, para concentrar en la UIF muchas atribuciones. Hasta ahora, la UIF fue un organismo ineficiente y Sbatella pretende mostrar que desde que asumió, en enero, le dio mayor dinamismo, aunque todavía no esté claro con qué resultados (hubo inspecciones y multas a dos bancos que la Justicia podría revocar y, además, inspeccionó varias escribanías, joyerías y dos casinos). "En realidad, se trata de poner en claro atribuciones que el organismo ya tiene", confirmaron altas fuentes del Ministerio de Justicia y de la propia UIF.
• El Gobierno envió al GAFI un plan de acción en el que asegura que algunas de las 250 deficiencias se están corrigiendo ahora, pero que para las más importantes sólo tienen una promesa: las corregirá el Congreso para noviembre de 2011.
• El tercer paso de la estrategia es, quizás, el más riesgoso y controvertido. Desde el mes último, cuando entró en contacto en Brasilia con los representantes del Mercosur, Sbatella siguió negociando contra reloj para que algunos de los doce países que integran GAFI-Sud, organismo regional similar al GAFI, emitan este jueves una declaración sobre la Argentina mucho más favorable de la realizada por el GAFI hace dos meses.
Esta tercera carta tiene pocas chances de triunfar, porque México fue duro con la Argentina en el organismo internacional (Urrutia Corral es mexicano) y Brasil tal vez opte por callarse. Por eso, Sbatella trabaja sobre Chile y Perú. "Pero es muy difícil imaginar que el GAFI-Sud vaya a dejar descolocado al organismo madre, el GAFI. Habría dictámenes contradictorios", dijeron a La Nacion fuentes de ese organismo.
El Gobierno no repara en estas contradicciones. Frente al informe adverso de octubre último, lo que busca ahora es tener elementos para evitar sanciones.
Urrutia Corral tiene previsto reunirse hoy con Sbatella -que también aspira a absorber la coordinación nacional, que ejerce Strega, quien renunciaría en breve-; con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, más debilitado después de los hechos de Villa Soldati, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. No tomará ninguna decisión, simplemente escuchará, para ver si realmente el Gobierno tiene voluntad política de cambiar las cosas.
El plan de acción dice que algunas reformas, que pueden introducirse por vía de decretos o resoluciones, estarán listas entre este mes y febrero próximo. Pero el período de un año que propone la Argentina para las reformas más complejas, en rigor, excede en mucho el plazo dado por el GAFI, que vence cuando el organismo vuelva a sesionar en París en febrero próximo.
Entre las deficiencias que la Argentina debe corregir, según el organismo con sede en París, figuran la falta de condenas por lavado; que la legislación no penaliza los delitos de autolavado ni el de conspiración; que algunas de las sanciones previstas para el lavado son leves y que tampoco existe un régimen de confiscación de bienes.
Según el GAFI, hay grandes sectores económicos, por ejemplo, inmobiliarias, compraventa de metales o piedras preciosas, casinos, algunas operaciones de aseguradoras y tarjetas de crédito que directamente están fuera del sistema.
El plan de acción del Gobierno explica que varios proyectos de ley incluyen la corrección de algunas de esas deficiencias para noviembre de 2011, pero, curiosamente, no se dice nada respecto de casinos y otros sectores sensibles.
Por otra parte, la lupa internacional se posó en el Banco Central y en la Comisión Nacional de Valores. El GAFI sostuvo que no ha realizado inspecciones amplias ni eficientes sobre los respectivos sectores en los que operan. Además, se destacó que cuando se reportan operaciones sospechosas, la UIF, el BCRA, la CNV y la AFIP tienen restricciones para compartir información entre sí o a requerimiento del exterior.
Las observaciones
• Advertencia. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) cuestionó en su último informe la falta de compromiso de la Argentina en la lucha contra el lavado.
• Deficiencias. El organismo con sede en París destacó que en la Argentina no hay condenas por lavado y que sólo el 10% de los 738 casos de posible lavado derivó en una denuncia penal.
• Información. Entre las deficiencias, se marcó la existencia de restricciones en el BCRA, la UIF, la CNV y la AFIP para compartir información cuando se reportan operaciones sospechosas.
• Cooperación. El organismo destacó graves deficiencias en la cooperación internacional y que el BCRA y la CNV no han hecho inspecciones eficientes en los sectores que operan
El Gobierno desarrollará a partir de hoy una estrategia audaz y riesgosa luego del severo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que no combate el lavado de dinero: intentará convencer al presidente del organismo, Luis Urrutia Corral, de que elaboró un plan de acción para corregir las enormes deficiencias. Pretende usar al GAFI-Sud, un organismo regional, para descolocar al GAFI y dictará un decreto para concentrar atribuciones en la Unidad de Información Financiera (UIF).
En su última reunión plenaria en París, el GAFI emitió un dictamen donde dejó constancia que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas (recomendaciones) que guían la lucha contra el lavado de dinero; señaló 250 deficiencias y colocó al país bajo un "proceso de seguimiento riguroso e intensivo".
Ante la posibilidad de que la Argentina sea sancionada por el GAFI en la reunión plenaria de febrero -cuando venzan los 100 días que el organismo dio para poner las cosas en orden-, el coordinador nacional de políticas antilavado, Alejandro Strega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, en forma urgente, elaborar un plan de acción. Una sanción podría tener consecuencias graves para las transacciones financieras y comerciales con el exterior.
Dada la delicada situación de la Argentina, Luis Urrutia Corral, titular del organismo internacional, iniciará hoy una visita de alto nivel. Cuando comience los contactos con el Gobierno, la UIF, directores del Banco Central, Comisión Nacional de Valores y diputados y senadores, observará que hay una estrategia a tres puntas:
• Leerá un decreto, elaborado contra reloj, para concentrar en la UIF muchas atribuciones. Hasta ahora, la UIF fue un organismo ineficiente y Sbatella pretende mostrar que desde que asumió, en enero, le dio mayor dinamismo, aunque todavía no esté claro con qué resultados (hubo inspecciones y multas a dos bancos que la Justicia podría revocar y, además, inspeccionó varias escribanías, joyerías y dos casinos). "En realidad, se trata de poner en claro atribuciones que el organismo ya tiene", confirmaron altas fuentes del Ministerio de Justicia y de la propia UIF.
• El Gobierno envió al GAFI un plan de acción en el que asegura que algunas de las 250 deficiencias se están corrigiendo ahora, pero que para las más importantes sólo tienen una promesa: las corregirá el Congreso para noviembre de 2011.
• El tercer paso de la estrategia es, quizás, el más riesgoso y controvertido. Desde el mes último, cuando entró en contacto en Brasilia con los representantes del Mercosur, Sbatella siguió negociando contra reloj para que algunos de los doce países que integran GAFI-Sud, organismo regional similar al GAFI, emitan este jueves una declaración sobre la Argentina mucho más favorable de la realizada por el GAFI hace dos meses.
Esta tercera carta tiene pocas chances de triunfar, porque México fue duro con la Argentina en el organismo internacional (Urrutia Corral es mexicano) y Brasil tal vez opte por callarse. Por eso, Sbatella trabaja sobre Chile y Perú. "Pero es muy difícil imaginar que el GAFI-Sud vaya a dejar descolocado al organismo madre, el GAFI. Habría dictámenes contradictorios", dijeron a La Nacion fuentes de ese organismo.
El Gobierno no repara en estas contradicciones. Frente al informe adverso de octubre último, lo que busca ahora es tener elementos para evitar sanciones.
Urrutia Corral tiene previsto reunirse hoy con Sbatella -que también aspira a absorber la coordinación nacional, que ejerce Strega, quien renunciaría en breve-; con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, más debilitado después de los hechos de Villa Soldati, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. No tomará ninguna decisión, simplemente escuchará, para ver si realmente el Gobierno tiene voluntad política de cambiar las cosas.
El plan de acción dice que algunas reformas, que pueden introducirse por vía de decretos o resoluciones, estarán listas entre este mes y febrero próximo. Pero el período de un año que propone la Argentina para las reformas más complejas, en rigor, excede en mucho el plazo dado por el GAFI, que vence cuando el organismo vuelva a sesionar en París en febrero próximo.
Entre las deficiencias que la Argentina debe corregir, según el organismo con sede en París, figuran la falta de condenas por lavado; que la legislación no penaliza los delitos de autolavado ni el de conspiración; que algunas de las sanciones previstas para el lavado son leves y que tampoco existe un régimen de confiscación de bienes.
Según el GAFI, hay grandes sectores económicos, por ejemplo, inmobiliarias, compraventa de metales o piedras preciosas, casinos, algunas operaciones de aseguradoras y tarjetas de crédito que directamente están fuera del sistema.
El plan de acción del Gobierno explica que varios proyectos de ley incluyen la corrección de algunas de esas deficiencias para noviembre de 2011, pero, curiosamente, no se dice nada respecto de casinos y otros sectores sensibles.
Por otra parte, la lupa internacional se posó en el Banco Central y en la Comisión Nacional de Valores. El GAFI sostuvo que no ha realizado inspecciones amplias ni eficientes sobre los respectivos sectores en los que operan. Además, se destacó que cuando se reportan operaciones sospechosas, la UIF, el BCRA, la CNV y la AFIP tienen restricciones para compartir información entre sí o a requerimiento del exterior.
Las observaciones
• Advertencia. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) cuestionó en su último informe la falta de compromiso de la Argentina en la lucha contra el lavado.
• Deficiencias. El organismo con sede en París destacó que en la Argentina no hay condenas por lavado y que sólo el 10% de los 738 casos de posible lavado derivó en una denuncia penal.
• Información. Entre las deficiencias, se marcó la existencia de restricciones en el BCRA, la UIF, la CNV y la AFIP para compartir información cuando se reportan operaciones sospechosas.
• Cooperación. El organismo destacó graves deficiencias en la cooperación internacional y que el BCRA y la CNV no han hecho inspecciones eficientes en los sectores que operan
jueves, 9 de diciembre de 2010
Un software que encuentra “máquinas” de lavar dinero de los narcotraficantes
Empresas pequeñas y medianas, con sede en San Pablo y Paraná, son las principales “máquinas de lavar” dinero de los jefes del tráfico de drogas de Río de Janeiro. La información apareció después de los primeros cruzamientos de datos obtenidos a través de una nueva tecnología, que está ayudando en las investigaciones policiales de Río y otros Estados.
Se trata del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (Lab-LD), un sistema lanzado en 2007, resultado de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Civil del Estado, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (Enccla).
Río recibió dos unidades de Lab-LD, una para la Policía Civil y otra para el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Es una estructura simple, con un equipo reducido -seis personas en la policía y diez en la Fiscalía-, que ocupan dos o tres salas pequeñas. Patricia Alemany, coordinadora del laboratorio en la policía, definió el sistema como un conjunto de software, técnicas y profesionales especializados (contadores, economistas, estadísticos) que trabajan en el análisis de los datos.
El software lee y conecta las informaciones obtenidas por los investigadores en extractos bancarios, cuentas de teléfono e informes fiscales. El programa genera gráficos y organigramas, que apuntan visualmente las conexiones entre las personas investigadas y el camino del movimiento del dinero entre los implicados en la investigación.
El programa puede también revelar a las personas implicadas en esquemas, que ni siquiera eran sospechosas. “Antes, no se podía probar que dos individuos hablaban a través de terceros, ahora se puede”, dijo Alemany. El Lab-LD está disminuyendo drásticamente el tiempo de investigación. “Antes los datos se analizaban manualmente”, afirmó Reinaldo Lomba, fiscal y director del departamento de combate al lavado de dinero del MPRJ.
Sin embargo, por la imposibilidad de analizarlos muchos datos terminan perdiéndose. Por ejemplo, los bancos cuando reciben pedidos por parte de la Justicia, envían extractos en papel o en sistemas de diferentes modelos, prácticamente inviabilizando la compilación. “Con el laboratorio, un análisis que llevaba de uno a dos años, ahora demora dos meses”, dijo Lomba, recordando que, en casos complejos, que implican análisis muy extensos, el resultado termina atrasando los procesos judiciales y hasta llevando a la prescripción de los crímenes.
El Lab-LD de Río comenzó a dar sus primeros resultados en agosto, cuando la Policía Civil consiguió arrestar a una pandilla de traficantes en la favela de Manguinhos, secuestrando diversos cuadernos que contenían la contabilidad del narcotráfico. Al analizar el material, se descubrió que la banda movía más de R$ 17 millones por año.
Según Alemany, a pesar de que muchas personas físicas (familiares, vecinos, amigos, clientes) ayudan a lavar dinero de los traficantes, los análisis de laboratorio muestran que ellos prefieren mezclar el dinero de las drogas con la contabilidad de personas jurídicas, a través de facturas frías, que dificultan el rastreo por parte de los organismos de control del lavado de dinero. La transacción interesa a los empresarios, socios de esas firmas, que registran mayor movimiento financiero y obtienen más ventajas con los bancos.
El Lab-LD ayudó a comprobar que Viviane Sampaio da Silva, compañera de Polegar, uno de los traficantes más buscados de Río, a pesar de declarar una renta de R$ 3.000 mensuales, vivía con sus hijos en un lujoso departamento en Barra de Tijuca, tenía un Audi A3 a su nombre y gastaba R$ 8.000 por mes. Con la investigación, Sampaio da Silva fue detenida el 28 de noviembre, el primer día de la ofensiva militar en el Complejo del Alemán.
“El objetivo del laboratorio es facilitar el análisis financiero de esas investigaciones permitiendo observar el camino que sigue el dinero”‘, afirmó el fiscal Francisco de Assis Cardoso, uno de los dos representantes del MP en Enccla.
Se trata del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (Lab-LD), un sistema lanzado en 2007, resultado de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Civil del Estado, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (Enccla).
Río recibió dos unidades de Lab-LD, una para la Policía Civil y otra para el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Es una estructura simple, con un equipo reducido -seis personas en la policía y diez en la Fiscalía-, que ocupan dos o tres salas pequeñas. Patricia Alemany, coordinadora del laboratorio en la policía, definió el sistema como un conjunto de software, técnicas y profesionales especializados (contadores, economistas, estadísticos) que trabajan en el análisis de los datos.
El software lee y conecta las informaciones obtenidas por los investigadores en extractos bancarios, cuentas de teléfono e informes fiscales. El programa genera gráficos y organigramas, que apuntan visualmente las conexiones entre las personas investigadas y el camino del movimiento del dinero entre los implicados en la investigación.
El programa puede también revelar a las personas implicadas en esquemas, que ni siquiera eran sospechosas. “Antes, no se podía probar que dos individuos hablaban a través de terceros, ahora se puede”, dijo Alemany. El Lab-LD está disminuyendo drásticamente el tiempo de investigación. “Antes los datos se analizaban manualmente”, afirmó Reinaldo Lomba, fiscal y director del departamento de combate al lavado de dinero del MPRJ.
Sin embargo, por la imposibilidad de analizarlos muchos datos terminan perdiéndose. Por ejemplo, los bancos cuando reciben pedidos por parte de la Justicia, envían extractos en papel o en sistemas de diferentes modelos, prácticamente inviabilizando la compilación. “Con el laboratorio, un análisis que llevaba de uno a dos años, ahora demora dos meses”, dijo Lomba, recordando que, en casos complejos, que implican análisis muy extensos, el resultado termina atrasando los procesos judiciales y hasta llevando a la prescripción de los crímenes.
El Lab-LD de Río comenzó a dar sus primeros resultados en agosto, cuando la Policía Civil consiguió arrestar a una pandilla de traficantes en la favela de Manguinhos, secuestrando diversos cuadernos que contenían la contabilidad del narcotráfico. Al analizar el material, se descubrió que la banda movía más de R$ 17 millones por año.
Según Alemany, a pesar de que muchas personas físicas (familiares, vecinos, amigos, clientes) ayudan a lavar dinero de los traficantes, los análisis de laboratorio muestran que ellos prefieren mezclar el dinero de las drogas con la contabilidad de personas jurídicas, a través de facturas frías, que dificultan el rastreo por parte de los organismos de control del lavado de dinero. La transacción interesa a los empresarios, socios de esas firmas, que registran mayor movimiento financiero y obtienen más ventajas con los bancos.
El Lab-LD ayudó a comprobar que Viviane Sampaio da Silva, compañera de Polegar, uno de los traficantes más buscados de Río, a pesar de declarar una renta de R$ 3.000 mensuales, vivía con sus hijos en un lujoso departamento en Barra de Tijuca, tenía un Audi A3 a su nombre y gastaba R$ 8.000 por mes. Con la investigación, Sampaio da Silva fue detenida el 28 de noviembre, el primer día de la ofensiva militar en el Complejo del Alemán.
“El objetivo del laboratorio es facilitar el análisis financiero de esas investigaciones permitiendo observar el camino que sigue el dinero”‘, afirmó el fiscal Francisco de Assis Cardoso, uno de los dos representantes del MP en Enccla.
sábado, 4 de diciembre de 2010
ARGENTINA: Mafia de los Medicamentos Procesaron por Lavado de Dinero a Ibar Perez Corradi
Se trata de Ibar Pérez Corradi, acusado de “lavado de dinero” y apuntado por la viuda de Sebastián Forza, una de los empresarios hallados asesinados en General Rodríguez. La misma medida fue tomada por el juez Oyarbide sobre 17 empresarios farmacéuticos por “asociación ilícita”
El empresario Ibar Pérez Corradi, a quien se vinculó con el triple crimen de General Rodríguez y quien se encuentra detenido a pedido de los Estados Unidos, quedó procesado por "lavado de dinero" en la megacausa de la llamada "mafia de los medicamentos".
Por otra parte, 17 empresarios fueron procesaron por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, cinco de los procesados ya se encontraban detenidos con prisión preventiva. Entre ellos se encuentra Ricardo Bruno, sindicado como el jefe de la organización. Todos los involucrados tienen algún tipo de vinculación con la Droguería Arcasel, acusada por vender remedios adulterados y por asociación ilícita. También contaban con prisión preventiva Vanina Postigo, Rosendo Torrent, José Sraer y Fabio Ferreyra.
Así lo resolvió el juez federal Norberto Oyarbide, quien acusó a Pérez Corradi de "blanquear" plata proveniente de las "actividades ilícitas" -dijo- del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, ambos presos y procesados en la causa.
El juez estableció que en ese marco Pérez Corradi cambió cheques por algo más de 300 mil pesos. En su resolución Oyarbide reforzó las sospechas que unieron a esa supuesta organización con el aún irresuelto crimen del empresario Sebastián Forza, asesinado junto a Leopoldo Bina y Daniel Ferrón en agosto de 2008.
Cuando los cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez, la viuda de Forza, Solange Bellone, apuntó a Pérez Corradi, porque el joven empresario lo había denunciado por amenazas. Según esa hipótesis, Pérez Corradi estaba involucrado en la venta de efedrina y habría temido que Forza, un ex socio que también se había introducido en el negocio, lo terminara denunciando penalmente para sacarlo de competencia.
Si bien Pérez Corradi nunca fue indagado en la investigación del triple homicidio, el empresario está detenido desde 2008 a pedido de Estados Unidos, sospechado de confabulación y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a enviar estupefacientes. Y el 11 de noviembre pasado fue llamado a declarar como sospechoso en la megacausa de los medicamentos.
Cuando habló ante Oyarbide, Pérez Corradi dijo que no había cometido "actividad ilícita alguna", que se dedicaba simplemente "al cambio de cheques en una mesa de dinero" y que fue así como canjeó cheques de la droguería "San Javier", de Lorenzo, principal proveedor de la Bancaria, según la declaración a la que accedió DyN.
Pero Oyarbide decidió procesarlo por "lavado de dinero agravado", ya que -estableció- "blanqueó" activos recaudados ilegalmente "en distintos negocios vinculados a medicamentos adulterados" para Lorenzo y Zanola.
En su resolución el juez también vincula en este tipo de maniobras a Pérez Corradi con el empresario del rubro Carlos Torres, también procesado en la causa. No obstante, el juez no dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi para no entorpecer el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos para juzgar al empresario en ese país.
De acuerdo al fallo, la larga trayectoria del imputado en el mercado farmacéutico -donde supo ser socio de Forza y manejar una sociedad de Lorenzo- "no puede dejar de generar la convicción de que Pérez Corradi conocía perfectamente cómo se movía el mercado de comercialización de sustancias medicinales".
Y ello, añadió el juez, "no solo en sus aspectos lícitos, sino también en aquellos aspectos delictuales relacionados con la venta de medicamentos adulterados, falsificados, vencidos, extraídos de sus canales habituales de distribución por corresponder a programas gratuitos de distribución cuyo fomento venía dado por el Estado en diversas esferas".
"Tan es así -añadió Oyarbide- que el justiciable (Pérez Corradi) conocía perfectamente las aristas ilícitas del mercado de los medicamentos, que no resta más que reparar que los inicios de la relación que tuvieron el encausado y Sebastián Forza allá por el año 2001 era de compra y venta de medicamentos y se extendió durante varios años".
Forza y su esposa Solange Bellone -procesada en la causa de los medicamentos, actualmente excarcelada- eran titulares de la droguería Seacamp, sospechada de haber emitido medicamentos oncológicos falsos. Pérez Corradi, recuerda el fallo, "tomó intervención directa en la contabilidad y facturación de la firma Bairesmed de Seacamp SA" y por ello "no pudo dejar de conocer las diversas irregularidades que allí se desarrollaban".
En la causa, el empresario Gabriel Brito, también procesado en la causa de los medicamentos, dijo en su indagatoria de mayo pasado que "el gran proveedor de Lorenzo era Forza" y añadió que "no en vano Forza tenía casi 3 millones de cheques de Lorenzo al momento que lo matan y unos meses antes".
Los empresarios farmacéuticos Forza y Ferrón y el publicista Bina fueron secuestrados el 7 de agosto de 2008; una semana después sus cadáveres aparecieron baleados en un descampado en General Rodríguez, en clara clave mafiosa.
El empresario Ibar Pérez Corradi, a quien se vinculó con el triple crimen de General Rodríguez y quien se encuentra detenido a pedido de los Estados Unidos, quedó procesado por "lavado de dinero" en la megacausa de la llamada "mafia de los medicamentos".
Por otra parte, 17 empresarios fueron procesaron por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, cinco de los procesados ya se encontraban detenidos con prisión preventiva. Entre ellos se encuentra Ricardo Bruno, sindicado como el jefe de la organización. Todos los involucrados tienen algún tipo de vinculación con la Droguería Arcasel, acusada por vender remedios adulterados y por asociación ilícita. También contaban con prisión preventiva Vanina Postigo, Rosendo Torrent, José Sraer y Fabio Ferreyra.
Así lo resolvió el juez federal Norberto Oyarbide, quien acusó a Pérez Corradi de "blanquear" plata proveniente de las "actividades ilícitas" -dijo- del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, ambos presos y procesados en la causa.
El juez estableció que en ese marco Pérez Corradi cambió cheques por algo más de 300 mil pesos. En su resolución Oyarbide reforzó las sospechas que unieron a esa supuesta organización con el aún irresuelto crimen del empresario Sebastián Forza, asesinado junto a Leopoldo Bina y Daniel Ferrón en agosto de 2008.
Cuando los cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez, la viuda de Forza, Solange Bellone, apuntó a Pérez Corradi, porque el joven empresario lo había denunciado por amenazas. Según esa hipótesis, Pérez Corradi estaba involucrado en la venta de efedrina y habría temido que Forza, un ex socio que también se había introducido en el negocio, lo terminara denunciando penalmente para sacarlo de competencia.
Si bien Pérez Corradi nunca fue indagado en la investigación del triple homicidio, el empresario está detenido desde 2008 a pedido de Estados Unidos, sospechado de confabulación y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a enviar estupefacientes. Y el 11 de noviembre pasado fue llamado a declarar como sospechoso en la megacausa de los medicamentos.
Cuando habló ante Oyarbide, Pérez Corradi dijo que no había cometido "actividad ilícita alguna", que se dedicaba simplemente "al cambio de cheques en una mesa de dinero" y que fue así como canjeó cheques de la droguería "San Javier", de Lorenzo, principal proveedor de la Bancaria, según la declaración a la que accedió DyN.
Pero Oyarbide decidió procesarlo por "lavado de dinero agravado", ya que -estableció- "blanqueó" activos recaudados ilegalmente "en distintos negocios vinculados a medicamentos adulterados" para Lorenzo y Zanola.
En su resolución el juez también vincula en este tipo de maniobras a Pérez Corradi con el empresario del rubro Carlos Torres, también procesado en la causa. No obstante, el juez no dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi para no entorpecer el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos para juzgar al empresario en ese país.
De acuerdo al fallo, la larga trayectoria del imputado en el mercado farmacéutico -donde supo ser socio de Forza y manejar una sociedad de Lorenzo- "no puede dejar de generar la convicción de que Pérez Corradi conocía perfectamente cómo se movía el mercado de comercialización de sustancias medicinales".
Y ello, añadió el juez, "no solo en sus aspectos lícitos, sino también en aquellos aspectos delictuales relacionados con la venta de medicamentos adulterados, falsificados, vencidos, extraídos de sus canales habituales de distribución por corresponder a programas gratuitos de distribución cuyo fomento venía dado por el Estado en diversas esferas".
"Tan es así -añadió Oyarbide- que el justiciable (Pérez Corradi) conocía perfectamente las aristas ilícitas del mercado de los medicamentos, que no resta más que reparar que los inicios de la relación que tuvieron el encausado y Sebastián Forza allá por el año 2001 era de compra y venta de medicamentos y se extendió durante varios años".
Forza y su esposa Solange Bellone -procesada en la causa de los medicamentos, actualmente excarcelada- eran titulares de la droguería Seacamp, sospechada de haber emitido medicamentos oncológicos falsos. Pérez Corradi, recuerda el fallo, "tomó intervención directa en la contabilidad y facturación de la firma Bairesmed de Seacamp SA" y por ello "no pudo dejar de conocer las diversas irregularidades que allí se desarrollaban".
En la causa, el empresario Gabriel Brito, también procesado en la causa de los medicamentos, dijo en su indagatoria de mayo pasado que "el gran proveedor de Lorenzo era Forza" y añadió que "no en vano Forza tenía casi 3 millones de cheques de Lorenzo al momento que lo matan y unos meses antes".
Los empresarios farmacéuticos Forza y Ferrón y el publicista Bina fueron secuestrados el 7 de agosto de 2008; una semana después sus cadáveres aparecieron baleados en un descampado en General Rodríguez, en clara clave mafiosa.
jueves, 2 de diciembre de 2010
ARGENTINA:Desde la UIF, aseguran que “hay una acción muy fuerte” de Cristina contra el lavado
El titular del organismo, José Sbatella, rechazó las acusaciones de la embajada estadounidense que hablaban de una falta de voluntad del Gobierno para implementar políticas contra el crimen organizado. Además, negó que se retengan reportes sobre operaciones que complicarían a los Kirchner."No buscamos explicaciones hacia atrás" le dijo a la Politica online
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desestimó las acusaciones de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que indicaban que el Gobierno, desde 2003, se mantenía “laxo" en los controles antilavado y remarcó que “la Presidenta mostró una acción muy fuerte” al respecto.
“No queremos buscar explicaciones hacia atrás pero nos pusimos en acción. En realidad estamos en un proceso de jerarquización de la UIF que significó asumir todas las atribuciones que no se usaban con anterioridad. Además, en los cables están las valuaciones que se hicieron en 2009 hasta noviembre cuando hay una serie de elementos que recién los vamos a poder presentar en febrero”, apuntó Sbatella en declaraciones a LPO.
José Sbatella
Hoy surgieron nuevos cables de la Embajada relacionados al escándalo de Wikileaks en el que señala que “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado y puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas”.
“Si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”, indica uno de los cables firmado por la embajadora norteamericana en Buenos Aires. La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
En ese marco, Sbatella deslindó responsabilidades de su gestión al señalar que los términos usados por la embajada estadounidense correspondieron a los meses en los que la UIF estaba dirigida por Rosa Falduto.
“En el cable sale lo que se hizo hasta ese momento. Nosotros no pudimos mostrar las multas a los bancos, las supervisiones que estamos haciendo a las joyerías, a los casinos, a las transportadoras de caudales. Esas inspecciones están previstas pero no se habían iniciado porque no teníamos las atribuciones”, indicó Sbatella, que aseguró que el panorama cambiará con la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará en febrero.
Además, también echó culpas en la Justicia al señalar que “en la estructura institucional, la UIF no era contemplada como un actor” y al recalcar que “los jueces buscan el delito precedente pero luego se olvidan del camino del dinero, y se olvidan de que la ley pude decomisar el dinero”.
Además, también rechazó la acusación de que las autoridades argentinas retuvieran un reporte con operaciones sospechosas que afectaban “al círculo íntimo” de los Kirchner.
“No me consta que haya sucedido eso. De todos modos, tampoco sería irracional que surjan reportes. Lo que sucede es que eso no implica delito, sino movimientos de fondos. Pasó lo mismo con el caso de De Narváez. Ahí –el diputado- tenía que explicar de dónde sacó la plata, y no implicaba ningún delito”, cerró Sbatella.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desestimó las acusaciones de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que indicaban que el Gobierno, desde 2003, se mantenía “laxo" en los controles antilavado y remarcó que “la Presidenta mostró una acción muy fuerte” al respecto.
“No queremos buscar explicaciones hacia atrás pero nos pusimos en acción. En realidad estamos en un proceso de jerarquización de la UIF que significó asumir todas las atribuciones que no se usaban con anterioridad. Además, en los cables están las valuaciones que se hicieron en 2009 hasta noviembre cuando hay una serie de elementos que recién los vamos a poder presentar en febrero”, apuntó Sbatella en declaraciones a LPO.
José Sbatella
Hoy surgieron nuevos cables de la Embajada relacionados al escándalo de Wikileaks en el que señala que “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado y puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas”.
“Si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”, indica uno de los cables firmado por la embajadora norteamericana en Buenos Aires. La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
En ese marco, Sbatella deslindó responsabilidades de su gestión al señalar que los términos usados por la embajada estadounidense correspondieron a los meses en los que la UIF estaba dirigida por Rosa Falduto.
“En el cable sale lo que se hizo hasta ese momento. Nosotros no pudimos mostrar las multas a los bancos, las supervisiones que estamos haciendo a las joyerías, a los casinos, a las transportadoras de caudales. Esas inspecciones están previstas pero no se habían iniciado porque no teníamos las atribuciones”, indicó Sbatella, que aseguró que el panorama cambiará con la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará en febrero.
Además, también echó culpas en la Justicia al señalar que “en la estructura institucional, la UIF no era contemplada como un actor” y al recalcar que “los jueces buscan el delito precedente pero luego se olvidan del camino del dinero, y se olvidan de que la ley pude decomisar el dinero”.
Además, también rechazó la acusación de que las autoridades argentinas retuvieran un reporte con operaciones sospechosas que afectaban “al círculo íntimo” de los Kirchner.
“No me consta que haya sucedido eso. De todos modos, tampoco sería irracional que surjan reportes. Lo que sucede es que eso no implica delito, sino movimientos de fondos. Pasó lo mismo con el caso de De Narváez. Ahí –el diputado- tenía que explicar de dónde sacó la plata, y no implicaba ningún delito”, cerró Sbatella.
WIKILEAKS:Para EE.UU., la Argentina no hace nada por combatir el lavado de dinero
Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez
La diplomacia estadounidense es “escéptica” con respecto a las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Advirtió también sobre el crecimiento del narcotráfico en el país y la ineficiencia y corrupción enquistadas en las instituciones argentinas que deben controlar las operaciones ilícitas. Estos conceptos surgen de nuevos cables secretos de la diplomacia estadounidense difundidos ayer por el sitio web WikiLeaks.
“El equipo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es escéptico sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, reza uno de los cables divulgados. “Mientras la mayor parte de las operaciones de lavado de dinero en la Argentina tienen que ver con la evasión impositiva y la corrupción, los fondos derivados del narcotráfico está creciendo problemáticamente. La burocracia y la falta de recursos” en el Estado deteriora el panorama, indica el informe.
Sin vueltas, el documento oficial de Estados Unidos asegura: “La casi completa ausencia de regulaciones junto a una cultura de impunidad y corrupción hacen de la Argentina un campo para ser explotado por narcotraficantes y células terroristas”. Acto seguido, desliza un elogio para Julio Alak. “Por ahora, la mayor esperanza para comprometer al Gobierno (en la lucha contra el lavado) parece ser el nuevo Ministro de Justicia, con quien hemos desarrollado una positiva relación de trabajo”.
En otro pasaje del cable se critica con dureza el accionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) que actualmente conduce el kirchnerista José Sbatella. Cabe recordar que recientemente el GAFI emitió un informe internacional en el cual calificó a la Argentina entre los países con las notas más bajas de la región, por sus pobres avances en la lucha contra el lavado de dinero.
De todas formas, al momento de redactarse el cable (el 1 de diciembre de 2009) la titular de la UIF era Rosa Falduto, quien –según afirma el documento diplomático– “ganó el puesto gracias al padrinazgo de la jueza que supervisa el proceso electoral, María Romilda Servini de Cubría”. “Numerosos contactos de la Embajada y reportes de prensa han calificado a la UIF como el principal agente de las fallas” en la regulación de fondos en la Argentina, se afirma. Además, el cable asegura que “Falduto personalmente filtró información que la UIF había pedido a la FINCEN (el órgano de EE.UU. encargado de combatir el lavado) sobre Francisco de Narváez, rival de Néstor Kirchner. Y agrega: “Falduto hizo esto para premeditadamente dañar la reputación de esta importante figura de la oposición”.
La diplomacia estadounidense es “escéptica” con respecto a las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Advirtió también sobre el crecimiento del narcotráfico en el país y la ineficiencia y corrupción enquistadas en las instituciones argentinas que deben controlar las operaciones ilícitas. Estos conceptos surgen de nuevos cables secretos de la diplomacia estadounidense difundidos ayer por el sitio web WikiLeaks.
“El equipo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es escéptico sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, reza uno de los cables divulgados. “Mientras la mayor parte de las operaciones de lavado de dinero en la Argentina tienen que ver con la evasión impositiva y la corrupción, los fondos derivados del narcotráfico está creciendo problemáticamente. La burocracia y la falta de recursos” en el Estado deteriora el panorama, indica el informe.
Sin vueltas, el documento oficial de Estados Unidos asegura: “La casi completa ausencia de regulaciones junto a una cultura de impunidad y corrupción hacen de la Argentina un campo para ser explotado por narcotraficantes y células terroristas”. Acto seguido, desliza un elogio para Julio Alak. “Por ahora, la mayor esperanza para comprometer al Gobierno (en la lucha contra el lavado) parece ser el nuevo Ministro de Justicia, con quien hemos desarrollado una positiva relación de trabajo”.
En otro pasaje del cable se critica con dureza el accionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) que actualmente conduce el kirchnerista José Sbatella. Cabe recordar que recientemente el GAFI emitió un informe internacional en el cual calificó a la Argentina entre los países con las notas más bajas de la región, por sus pobres avances en la lucha contra el lavado de dinero.
De todas formas, al momento de redactarse el cable (el 1 de diciembre de 2009) la titular de la UIF era Rosa Falduto, quien –según afirma el documento diplomático– “ganó el puesto gracias al padrinazgo de la jueza que supervisa el proceso electoral, María Romilda Servini de Cubría”. “Numerosos contactos de la Embajada y reportes de prensa han calificado a la UIF como el principal agente de las fallas” en la regulación de fondos en la Argentina, se afirma. Además, el cable asegura que “Falduto personalmente filtró información que la UIF había pedido a la FINCEN (el órgano de EE.UU. encargado de combatir el lavado) sobre Francisco de Narváez, rival de Néstor Kirchner. Y agrega: “Falduto hizo esto para premeditadamente dañar la reputación de esta importante figura de la oposición”.
WIKILEAKS:EE.UU. expuso sospechas sobre manejos financieros de los Kirchner
En un informe secreto, la embajadora Vilma Martínez reportó el año pasado que el Gobierno se habría negado a responder consultas de Suiza y otros dos países sobre operaciones dudosas con su dinero. Y alertó sobre la "falta de voluntad política" para combatir el lavado
En uno de los cables del Departamento de Estado difundidos por el sitio de Internet WikiLeaks, la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez, acusó con durísimos términos al gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y reportó a Washington sospechas sobre operaciones financieras del matrimonio Kirchner.
En un cable secreto de diciembre del año pasado, Martínez afirmó que las autoridades argentinas retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban al "círculo íntimo" de los Kirchner y rechazaron contestar reportes similares sobre el propio matrimonio presidencial enviados por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
La embajadora basó esas afirmaciones en un dato que, según dejó por escrito, le había proporcionado el representante legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.
El envío desde la misión diplomática norteamericana en Buenos Aires lleva la firma de Martínez y está dirigido al Departamento de Estado, con copia al Departamento de Justicia, al de Seguridad Interior, al FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro.
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos" los controles antilavado, escribió Martínez. Y advirtió que si "el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror".
El fuerte tono de ese mensaje se destaca entre la docena de cables emitidos desde la Argentina, que ya publicaron WikiLeaks, cuatro diarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España, y una revista de Alemania, como parte de la megafiltración de documentos del Departamento de Estado norteamericano que sacude al mundo.
En otros documentos enviados desde Buenos Aires hay referencias críticas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (a quien recomiendan "tratar con cautela"), y se hace mención a la inquietud que tuvo el año pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre una posible escalada bélica en las Malvinas.
Pero el cable sobre lavado de dinero y manejos financieros resulta hasta ahora el más comprometedor para el kirchnerismo. Ese texto destroza las políticas antilavado del Gobierno y plantea desconfianza ante los anuncios realizados en el área, aunque apuestan a que la designación de Julio Alak, como ministro de Justicia, podía revertir esta idea. En diciembre de 2009 Alak había hecho declaraciones en las que se comprometía a impulsar medidas antilavado y eso había caído bien en la embajada de Estados Unidos.
Esta idea, de todos modos, se pondrá a prueba en febrero próximo, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional para la lucha contra el lavado de dinero, vuelva a evaluar al país.
El cable diplomático reseña que los técnicos antilavado son escépticos sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el blanqueo de dinero y creen que, por el contrario, el lavado de capitales de la evasión fiscal, la corrupción, son un problema. Y añade que las operaciones financieras del narcotráfico son una preocupación creciente.
El cable señala que la Argentina fue examinada por lo realizado durante 2008 y que en ese lapso se aprobó la ley que permitió el blanqueo de capitales del exterior, sin pagar impuestos.
El informe del grupo internacional se basa en lo expresado por el jefe del equipo, Fabio Contini, consejero económico de la embajada de Italia en el país, que estuvo aquí más de un año y está casado con una argentina. Expresó Contini -según escribió Martínez- que las medidas antilavado están pensadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y "no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero".
Rescata la fortaleza de la legislación, pero, en cambio, dice que la aplicación de la ley es laxa, con inspecciones deficientes. Y critica a jueces y fiscales porque parecen indiferentes a la hora de impulsar investigaciones sobre este delito. También cuestiona con fuerza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dijo que frustra los avances en cuestiones de política antilavado.
El cable relata que el ex jefe de la oficina local del grupo de Acción Financiera, Juan Félix Marteau, bien visto por la diplomacia norteamericana, fue reemplazado por influencia de Fernández. Asumió en su lugar Alejandro Strega, hijo de un abogado laboralista cercano al jefe de Gabinete, desde sus tiempos de intendente de Quilmes. Las fuentes citadas por Martínez le sugirieron que el alejamiento de Marteau se debió a su insistencia en investigar los casinos donde tenían intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
La embajadora menciona que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo argentino antilavado, estaba a cargo de Rosa Falduto, una funcionaria, dice el cable, sostenida entonces por la jueza María Servini de Cubría y por Aníbal Fernández. "La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
Según ese informante, la embajadora señala que Falduto se mantenía en esa posición porque le resultaba útil a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner.
Y en el párrafo más sensible, escribe que el funcionario del FMI le relató que "Falduto está reteniendo personalmente reportes de transacciones sospechosas sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los reportes de operaciones sospechosas sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Falduto no está más a cargo de la UIF (la reemplazó José Sbattella).
El cable secreto de Vilma Martínez
"Falduto se negó a responder requerimiento sobre operaciones sospechosas de los Kirchner en Suiza"
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar con la continuidad de los controles laxos [del lavado de dinero]"
"El Gobierno (...) puede hallar pronto su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y el terrorismo"
Lavado de dinero
"La UIF [Unidad de Información Financiera] es una institución inepta y políticamente comprometida, según [Mariano] Federici. Está encabezada por Rosa Falduto, quien consiguió su cargo por el patrocinio de la jueza Servini de Cubría. Desde entonces se dice que se ha peleado con Servini. Se dice que su otro benefactor es Aníbal Fernández (...). Falduto está reteniendo información financiera sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los pedidos de información patrimonial sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo " VILMA MARTINEZ (embajadora de EE.UU.)
En uno de los cables del Departamento de Estado difundidos por el sitio de Internet WikiLeaks, la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez, acusó con durísimos términos al gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y reportó a Washington sospechas sobre operaciones financieras del matrimonio Kirchner.
En un cable secreto de diciembre del año pasado, Martínez afirmó que las autoridades argentinas retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban al "círculo íntimo" de los Kirchner y rechazaron contestar reportes similares sobre el propio matrimonio presidencial enviados por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
La embajadora basó esas afirmaciones en un dato que, según dejó por escrito, le había proporcionado el representante legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.
El envío desde la misión diplomática norteamericana en Buenos Aires lleva la firma de Martínez y está dirigido al Departamento de Estado, con copia al Departamento de Justicia, al de Seguridad Interior, al FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro.
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos" los controles antilavado, escribió Martínez. Y advirtió que si "el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror".
El fuerte tono de ese mensaje se destaca entre la docena de cables emitidos desde la Argentina, que ya publicaron WikiLeaks, cuatro diarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España, y una revista de Alemania, como parte de la megafiltración de documentos del Departamento de Estado norteamericano que sacude al mundo.
En otros documentos enviados desde Buenos Aires hay referencias críticas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (a quien recomiendan "tratar con cautela"), y se hace mención a la inquietud que tuvo el año pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre una posible escalada bélica en las Malvinas.
Pero el cable sobre lavado de dinero y manejos financieros resulta hasta ahora el más comprometedor para el kirchnerismo. Ese texto destroza las políticas antilavado del Gobierno y plantea desconfianza ante los anuncios realizados en el área, aunque apuestan a que la designación de Julio Alak, como ministro de Justicia, podía revertir esta idea. En diciembre de 2009 Alak había hecho declaraciones en las que se comprometía a impulsar medidas antilavado y eso había caído bien en la embajada de Estados Unidos.
Esta idea, de todos modos, se pondrá a prueba en febrero próximo, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional para la lucha contra el lavado de dinero, vuelva a evaluar al país.
El cable diplomático reseña que los técnicos antilavado son escépticos sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el blanqueo de dinero y creen que, por el contrario, el lavado de capitales de la evasión fiscal, la corrupción, son un problema. Y añade que las operaciones financieras del narcotráfico son una preocupación creciente.
El cable señala que la Argentina fue examinada por lo realizado durante 2008 y que en ese lapso se aprobó la ley que permitió el blanqueo de capitales del exterior, sin pagar impuestos.
El informe del grupo internacional se basa en lo expresado por el jefe del equipo, Fabio Contini, consejero económico de la embajada de Italia en el país, que estuvo aquí más de un año y está casado con una argentina. Expresó Contini -según escribió Martínez- que las medidas antilavado están pensadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y "no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero".
Rescata la fortaleza de la legislación, pero, en cambio, dice que la aplicación de la ley es laxa, con inspecciones deficientes. Y critica a jueces y fiscales porque parecen indiferentes a la hora de impulsar investigaciones sobre este delito. También cuestiona con fuerza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dijo que frustra los avances en cuestiones de política antilavado.
El cable relata que el ex jefe de la oficina local del grupo de Acción Financiera, Juan Félix Marteau, bien visto por la diplomacia norteamericana, fue reemplazado por influencia de Fernández. Asumió en su lugar Alejandro Strega, hijo de un abogado laboralista cercano al jefe de Gabinete, desde sus tiempos de intendente de Quilmes. Las fuentes citadas por Martínez le sugirieron que el alejamiento de Marteau se debió a su insistencia en investigar los casinos donde tenían intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
La embajadora menciona que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo argentino antilavado, estaba a cargo de Rosa Falduto, una funcionaria, dice el cable, sostenida entonces por la jueza María Servini de Cubría y por Aníbal Fernández. "La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
Según ese informante, la embajadora señala que Falduto se mantenía en esa posición porque le resultaba útil a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner.
Y en el párrafo más sensible, escribe que el funcionario del FMI le relató que "Falduto está reteniendo personalmente reportes de transacciones sospechosas sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los reportes de operaciones sospechosas sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Falduto no está más a cargo de la UIF (la reemplazó José Sbattella).
El cable secreto de Vilma Martínez
"Falduto se negó a responder requerimiento sobre operaciones sospechosas de los Kirchner en Suiza"
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar con la continuidad de los controles laxos [del lavado de dinero]"
"El Gobierno (...) puede hallar pronto su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y el terrorismo"
Lavado de dinero
"La UIF [Unidad de Información Financiera] es una institución inepta y políticamente comprometida, según [Mariano] Federici. Está encabezada por Rosa Falduto, quien consiguió su cargo por el patrocinio de la jueza Servini de Cubría. Desde entonces se dice que se ha peleado con Servini. Se dice que su otro benefactor es Aníbal Fernández (...). Falduto está reteniendo información financiera sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los pedidos de información patrimonial sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo " VILMA MARTINEZ (embajadora de EE.UU.)
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