miércoles, 30 de diciembre de 2015

Cártel de Sinaloa pretendía adquirir banco para lavar dinero en California

Las operaciones monetarias entre la entidad financiera y el cártel nunca se concretaron.
México.- El Cártel de Sinaloa tenía planeado adquirir un banco en California, Estados Unidos, donde buscaba lavar su dinero.
El plan se reveló en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denuncia que consultó Proceso e involucra a 16 personas.
El expediente CR-15-00662 de 109 páginas que fue presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla cómo los lavadores de dinero se acercaron al que fuera director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos.
La averiguación iniciada el martes 1 y que fue revelada por el tribunal el jueves 10, acusa al exdirector de SNB, Tu Chau Li, apodado 'William Lu'; a Tsung Wen Hung Peter, Edward Kim Eddie, John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos entre los que se incluye conspiración para lavar dinero, así como complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.
De 2011 a 2015,  Lu, Hernández y Herrera acordaron blanquear dinero que provenía e iba a México, de hecho en 2011, Lu le propuso una asociación a un informante encubierto, CS1, para que se asociara con gestores mexicanos que lavaban al mes 30 millones de dólares en bancos estadounidenses, dos millones de los cuales iban a parar al SNB.
En 2010, Lu, Hung y Kim acosejaron que los socios del informante adquirieran una porción de SNB para que el lavado fuera más fácil, además de explicar al mismo, la forma de obtener los valores sin aval regulatorio de las autoridades, así como la sugerencia de firmar un acuerdo de consultoría con la entidad bancaria a cambio de una cuota.
Lu le explicó al informante que los mexicanos tenían problemas para depositar dinero debido a que altos directivos del SNB le habían instruido a congelar su cuenta y por ende, no podían depositar 1 millón de dólares al día.
En agosto de 2011 Hernández y Herrera se reunieron con Lu y el informante para proponerles transferir dinero de clientes mexicanos, para que Lu lo lavase mediante cuota de por medio.
El 4 de octubre del mismo años, Kim advirtió al informante de que el grupo mexicano se encontraba dentro de una lista de vigilancia de Estados Unidos por transferir 35 millones de dólares mensuales a fondos ilícitos, lo cual derivó en un acuerdo de transferencias electrónicas o cheques en lugar de efectivo.
Kim también informó al informante y a un agente clandestino denominado 'UC2' que el grupo mexicano había intentado comprar el SNB, mediante Herrera, quien afirmó su interés por adquirir parte de la entidad para garantizar sus operaciones y lograr su objetivo.
En febrero de 2014, Hernández ofreció desplazar dinero originado en Canadá a México y en septiembre del mismo año, propuso lavar 30 millones de dólares de personal de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cambio de una comisión, aunque las operaciones no se materializaron.
El expediente no aclara el rol de las autoridades mexicanas o sobre intentos por frenar el flujo de efectivo, sin embargo, las transacciones del grupo criminal por 3 millones 700 mil dólares se concretaron a través de una red que pasa por Estados Unidos, México, China, Camboya, Liechtenstein y Suiza.
Fuente: Redacción SDPnoticias.com

lunes, 16 de noviembre de 2015

¿Cómo se financia el Estado Islámico?

Su principal fuente de ingresos es la venta de petróleo, por la que algunos expertos calculan que podrían conseguir unos dos millones de dólares cada día.
El Estado Islámico es un grupo terrorista con unas posibilidades de financiación muy superiores a las habituales de una organización con sus características: aparte de los cobros por rescates, los atracos a bancos, operaciones de contrabando y recaudación de impuestos, tiene acceso a infraestructuras estatales de las zonas que controlan en Siria e Irak.
También es cierto, sin embargo, que la organización tiene un nivel de gastos muy elevado, por lo que no existen datos concretos sobre la verdadera riqueza del grupo. Una de las principales fuentes de ingresos de la organización es la venta de petróleo extraído de los campos de Al Tanak y Al Omar al oeste de Siria. El grupo lo extrae también de pequeñas y arcaicas refinerías y luego los vende como contrabando a través de las fronteras turca y en la regíon kurda iraquí.
Expertos estadounidenses estiman que los ingresos del grupo por la venta de petróleo alcanzan casi dos millones de dólares al día. Este es el principal motivo por el que la Fuerza Aérea francesa fijó las refinerías como uno de los principales objetivos a golpear, para así cortar ingresos económicos.
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Además, el grupo recauda impuestos en su Califato, algo que los expertos estiman en otro millón de dólares al día. El Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (FATF), entre cuyos objetivos está ayudar a combatir la financiación de grupos terroristas, calificó el sistema de recaudación del grupo como una «extorsión sofisticada» a pequeños comerciantes y empresarios. Aquellos que no son musulmanes deben pagar un impuesto especial.
La organización terrorista ingresa unas cantidades enormes de dinero gracias a la venta de objetos y tesoros de la AntigüedadExpertos estadounidenses explicaron al Wall Street Journal que el grupo podría llegar a ingresar unos 100 millones de dólares al año con esta práctica.
Los rescates cobrados por secuestros, generan el ingreso de otras decenas de millones. Además, el grupo podría haber ingresado unos 318 millones de euros cuando tomó la ciudad de Mosul y accedió a su banco central. Esta cifra, sin embargo, no está confirmada.
El Estado Islámico recibe también donativos. Diferentes organizaciones islamistas almacenan cantidades monetarias para proyectos supuestamente humanitarios. Donantes privados de las monarquías del Golfo reunieron muchos millones de dólares en los comienzos de la organización. Actualmente no se sabe si ese dinero continúa fluyendo. Estados Unidos intenta seguir el rastro del dinero para identificar a los bancos involucrados en la trama y poder cortar los flujos financieros.
Fuente: La Voz de Galicia

domingo, 11 de octubre de 2015

MEXICO : El uso de tarjetas prende alertas de lavado de dinero

En menos de 2 años, el SAT ha recibido más de 55 mil alertas por transacciones sospechosas, la mayoría por uso de este medio de pago
El año pasado Ernesto llegó a una agencia de autos y tras un vistazo escogió un automóvil sin preguntar su costo al vendedor. Semanas después llegó a la misma agencia y tras un breve recorrido por el negocio compró otro coche. No le cuestionó al agente de ventas cuáles eran las características del auto y tampoco si lo tenía en otro color. Al poco tiempo volvió al mismo establecimiento e hizo una compra más sin inspeccionar el vehículo.
Eso ocasionó que el agente de ventas elaborara un “aviso con alerta”, y que lo enviara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT, informándole: “El cliente o usuario compró múltiples vehículos en un periodo muy corto, sin tener la preocupación sobre el costo, condiciones o tipo de vehículo”.
En México, cada 15 minutos se detecta un caso como éste que podría estar contribuyendo al lavado de dinero. Desde el 1 de septiembre de 2013, cuando entró en vigor el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hasta el 31 de mayo de 2015, la también llamada Ley Antilavado ocasionó que empresas y particulares enviaran 55 mil 117 “avisos con alerta” para reportar la realización de diversas transacciones sospechosas, de acuerdo con información obtenida por este medio vía la Ley de Transparencia.
Estos “avisos con alerta” los envían los sectores regulados por dicha ley cuando al momento de realizar una operación o transacción el vendedor tiene información adicional, “basada en hechos o indicios”, de la que se pudiera presumir que los recursos provienen o están destinados a favorecer o prestar ayudar a la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita. Éstos deben ser enviados dentro de las siguientes 24 horas a partir de que se conozca el caso.
La mayoría de estas notificaciones se generaron por el uso de tarjetas de servicio y de prepago, así como por tarjetas de crédito emitidas por entidades no financieras, como las que brindan las tiendas departamentales. En este rubro se han enviado cerca de 30 mil alertas a la autoridad hacendaria, porque “se observa que el cliente o usuario realiza operaciones de carga o recarga por montos por arriba del umbral de identificación utilizando diversas tarjetas”.
Las tarjetas prepagadas son aquellas en las que se dispone de una suma de dinero que después se puede utilizar para pagar productos y servicios; se pueden recargar por internet o en los establecimientos afiliados.
En el mercado, las tarjetas de prepago las ofrecen las compañías de juego y entretenimiento, comunicaciones, comercio electrónico, tiendas de conveniencia y los servicios de streaming, entre otros rubros. A diferencia de las tarjetas de débito o de nómina, las de prepago no están ligadas a una cuenta de cheques o de ahorro, y éstas pueden ser adquiridas en tiendas departamentales, de conveniencia y negocios de supermercados, entre otros establecimientos.
Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, explica que esta categoría de alerta se refiere a que en un mismo mes el cliente recargó varias tarjetas de prepago, cada una de ellas por una cantidad mayor a lo permitido según el umbral establecido en la ley, que es de 45 mil 215 pesos.
Estas tarjetas prepagadas no las expide el sector financiero, expone, sino que muchas veces las brindan diversas empresas a sus empleados para que paguen gasolina, supermercado o noches de hotel, y hay otras que se emiten para el público en general.
Otros “avisos con alerta” en este rubro se han generado porque “las operaciones realizadas con la tarjeta parecen estar fuera de su alcance”. Esto significa, abunda la especialista, que los gastos que realizó el cliente con este medio de pago no corresponden con su perfil económico. También pueden generar estas notificaciones los cheques de viajero y tarjetas de recompensa.
Los otros 25 mil 117 “avisos con alerta” generados no fueron desglosados por actividad o rubro en la información entregada a este medio, pero sí se detalla que se han producido, por ejemplo, debido a que los clientes se rehúsan a entregar documentos oficiales que los identifiquen o porque se proporcionan papeles falsos para realizar la operación.
También se han enviado “avisos con alerta” porque el vendedor detectó que las personas involucradas en la operación mostraron fuerte interés en que se llevara a cabo con rapidez, “sin que exista causa justificada”, intentaron sobornar o extorsionar para realizar la transacción de forma irregular, o llevaron a cabo múltiples operaciones en un periodo muy corto “sin razón aparente”.
En algunas de las notificaciones los empresarios escribieron: “Se conoce un historial criminal del cliente o usuario, de algún familiar directo o persona relacionada”, y en otros había indicios de que las donaciones en especie eran a favor de centros que brindaban ayuda a la comunidad, y se “sospechaba de que dichas organizaciones estarían vinculadas con actividades u organizaciones delictivas”.
Además, se registraron este tipo de alertas porque el cliente realizó transacciones de manera periódica en las que liquidó el total del monto del préstamo otorgado en efectivo al poco tiempo de haberlo adquirido.
Algunos de los motivos expuestos por la iniciativa privada en las transacciones de renta de bienes-inmuebles, es que el cliente acepta pagar un monto de arrendamiento significativamente mayor a los valores de mercado u ofrece liquidar por adelantado las rentas correspondientes a un largo periodo sin justificación lógica.
También se ha alertado a la autoridad porque el cliente no quiere ser relacionado con la operación de arrendamiento, se niega a dar información sobre el uso que se le dará al inmueble o porque el pago de las rentas lo realiza un tercero, el cual no tiene una relación aparente con el cliente.
Un ejemplo de esto es el caso de Jorge, quien rentó un inmueble con un valor mensual superior a 112 mil 500 pesos, y mientras cerraba el trato de arrendamiento levantó sospechas en la empresa con la que firmó el contrato. El agente inmobiliario decidió emitir una alerta a la UIF, por conducto del SAT.
En el aviso que recibió la UIF, la alerta decía: “Hay indicios o certeza de que el inmueble arrendado no está siendo utilizado para el propósito expresado por el cliente o usuario, sino para posibles actividades ilícitas”.

Avisos sin alertas: la sospecha es menor
Desde septiembre de 2013 la Ley Antilavado obliga a los empresarios y particulares que realizan 17 “actividades vulnerables” a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre transacciones sospechosas. Entre ellas están la venta de vehículos, obras de arte, juegos y sorteos; los servicios de traslado o custodia de valores, la comercialización de tarjetas de crédito, blindaje de autos y la compra-venta o el arrendamiento de inmuebles, entre otras.
El objetivo de la ley es proteger al sistema financiero con medidas que prevengan actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, recabar elementos útiles para perseguir estos delitos, y desarticular las estructuras económicas de las organizaciones delictivas para evitar que se financien con esos recursos.
Ortiz Dorantes, autora del libro El delito de lavado de dinero, afirma que esta ley “es muy dura y está haciendo sufrir mucho al sector comercial”, porque la autoridad lo ha sobrecargado con una serie de obligaciones que en algunos casos son inútiles y no ayudan a la prevención de blanqueo de capitales.
La experta apunta que mientras que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo intergubernamental contra el blanqueo de capitales, pide a los países elaborar una ley antilavado donde se regulen seis actividades comerciales, en México se establecieron 15.
“Nosotros tenemos actividades comerciales que el GAFI nunca nos pidió y que sí han causado al sector comercial una serie de trabajos, en algunos casos inútiles, que hacen que se empantane en un cumplimiento que es totalmente incorrecto, inequitativo y que en otros países no se da”, expone Ortiz Dorantes.
Esta ley, además de generar los avisos generales y los que son con alerta (estos últimos los que despiertan una mayor sospecha), también obliga a las entidades que realizan actividades vulnerables a presentar “informes en cero” a la UIF por conducto del SAT. En sus primeros 515 días de operación —periodo que pudo documentar este medio— esta ley generó 3.7 millones de avisos y 526 mil 360 reportes en cero.
Los “informes en cero” son las notificaciones que manda la iniciativa privada cuando no se realiza algún acto u operación que sea objeto de aviso por no considerarse de riesgo.
Los avisos son aquellos reportes que los empresarios deben enviar cuando el monto de la transacción supera el tope económico fijado por la ley para cada actividad. Por ejemplo, en el caso de la compra de una casa es de 562 mil 552.50 pesos y en el de un coche es de 450 mil pesos. En algunas actividades la notificación se presenta por la simple realización de la operación, como en ciertos servicios que prestan los notarios públicos. Estos avisos deben contener información sobre la operación, la actividad u ocupación del cliente, y datos de localización.
Quienes los elaboran tienen la facultad de emitir en los formatos oficiales la variación antes mencionada de “aviso con alerta”, que se utiliza cuando hay indicios de que el cliente pudiera estar relacionado con actividades de lavado de dinero.
Para Ortiz Dorantes, quien también participó en la implementación de la ley, los “avisos con alerta” pueden ser un foco especializado, una pista que se pone en el radar de la autoridad porque ya no se trata sólo del reporte de una compra normal, sino que es una transacción extraña. “Ese aviso con alerta significa que la forma en que se realizó la operación comercial no es muy común, puede ser que se pagó en efectivo o se pidió la entrega del bien inmediatamente”, explica.
Pero aclara que no necesariamente estas alertas están relacionadas con la delincuencia organizada, ya que a lo mejor a esa persona le urgía liquidar la compra de una camioneta porque necesitaba transportar alguna carga.
La especialista señala que las alertas se derivan de una interpretación subjetiva del vendedor, y así sucede en todo el sistema de prevención de lavado en el mundo.
Menciona que los avisos sin alerta producen una sobrecarga de trabajo para la UIF, que tiene que analizar y separar las notificaciones que pudieran estar relacionados con recursos de procedencia ilícita.
“Hay un gran trabajo para la autoridad, para poder separar la paja y el oro. La paja que va a ser la mayoría, porque resultarán muchas operaciones mercantiles normales que no están relacionadas con la delincuencia”, apunta.
La especialista considera que hay sectores donde la ley está jugando un papel relevante, como la venta de obras de arte, custodia y tras- lado de valores, y tarjetas prepagadas.
“Hay unos sectores donde sí es importante la ley, y otros en los que no, porque ya estaban regulados, como los notarios, el sector de exportación e importación, los llamados agentes aduanales. Todo lo que avisan no sirve para nada porque eso ya se avisaba por medio de otras leyes”, detalla Ortiz Dorantes.
Fuente: Zorayda Gallegos y Silber Meza  El Universal

lunes, 5 de octubre de 2015

Mexico: Instituciones financieras reprueban examen para prevenir lavado de dinero

Para obtener la certificación en la prevención del delito de lavado de dinero, de 503 evaluaciones, solamente aprobaron 170 instituciones crediticias, es decir el 66 por ciento, resultados que mantienen en alarma a las autoridades.
Las autoridades financieras se encuentran preocupadas ante el gran número de reprobados en el primer examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero realizada por los oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas.
De acuerdo con los resultados de la primera evaluación —de dos oportunidades que tienen para cumplir con este requisito— de 503 evaluaciones, sólo 170 aprobaron, es decir el 66 por ciento reprobó. Los resultados no fueron del todo satisfactorios, reconoció Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En la primera ronda, de los 47 bancos sólo 27 aprobaron, de 14 casas de bolsa que aplicaron sólo nueve aprobaron, de la banca de desarrollo sólo dos de los seis integrantes aprobaron, de las Sofomes reguladas de 18 que se presentaron únicamente cinco pasaron y los 21 empleados de la CNBV que se presentaron a la evaluación aprobaron.
Del sector de las uniones de crédito, de 16 uniones una pasó, pero en este caso, todavía tienen dos oportunidades, ya que en esa fecha no les correspondía ser evaluadas y se presentaron únicamente para medir sus conocimientos.
En esta evaluación, dos de cada tres reprobaron y tienen una segunda oportunidad el próximo 28 de noviembre para aprobar la certificación, además de que nuevos sectores tendrán la obligación de presentarse por primera vez a ser evaluados según el calendario establecido que concluye en 2016.
En el marco del Foro organizado por el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, indicó que en el sector bancario el tema de lavado de dinero no es exclusivo de ellos, por lo cual en México, es obligatorio que todos los oficiales de cumplimiento y auditores externos e internos en materia de prevención de ese delito deben cumplir con un estándar mínimo de cumplimiento.

METODOLOGÍA
El temario que se aplica fue elaborado por el Banco Mundial, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Universidad del Valle de México y la Guía diseñada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Eduardo Apaéz, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, detalló que de los 47 bancos sólo 42 se inscribieron y de ellos 27 aprobaron, de las 35 casas de bolsa obligadas a realizar el examen se presentaron 14 y sólo 9 aprobaron.
“No es el resultado más benéfico, dentro de la estadística que estábamos esperando. Sí es una prueba difícil, los resultados consideramos que se dieron es porque un alto número de personas hizo la prueba para ver cómo estaban en conocimientos, hubo muchas Sofomes no reguladas y centros cambiarios que se presentaron y no aprobaron, además el número de oficiales de cumplimiento que consideraron que con su experiencia era suficiente para la prueba, pero no fue así, porque hay normativa nacional e internacional, y un módulo de auditoría y se tienen que aprobar los tres”.
El 30 de septiembre venció la fecha para inscribirse en la segunda evaluación, en donde se presentaron 603 solicitudes para ser certificados.
Hay 98 uniones de crédito en operación y 81 presentaron la solicitud para el examen en esta primera oportunidad.
Las instituciones que no aprueben en las dos oportunidades que tienen serán sujetas a multas de dos mil a 30 mil salarios mínimos.
Fuente: Jeanette Leyva - El Financiero

domingo, 27 de septiembre de 2015

ARGENTINA: La banda del narcoarroz, un cartel muy sofisticado

Cómo operaba el grupo de colombianos que tenía desde sicarios hasta profesionales
Williams Triana Peña, de 33 años, acompañado por un fornido custodio paraguayo, notó que alguien los seguía. El calor y la humedad asfixiaban en enero pasado en Puerto Iguazú, Misiones.
Uno de los presuntos jefes del cartel colombiano de los Urabeños, que se había alojado en el Iguazú Grand Hotel, estaba enfrascado desde diciembre en un problema: averiguar cómo le habían "mejicaneado" un cargamento de cocaína.Su cabeza valía mucho. Williams Triana Peña y su hermano Erman ocupaban, según la Justicia, la máxima jerarquía del cartel de los Urabeños. Pero debió ser descubierto el caso del "narcoarroz" para que se confirmara que habían trasladado su proceder a la Argentina.
La mudanza se produjo en 2012 y desde entonces el cartel operaba en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, con todos los eslabones, que cubrían desde el plano económico hasta el operativo. Y con escalafones definidos: jefes, sicarios y profesionales para lavar el dinero.El plan era exportar a Europa grandes cantidades de cocaína en cargamentos de arroz. Y blanquear aquí el dinero por medio de nueve empresas, manejadas por el abogado Guillermo Heisinger, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior en la primera gestión de Carlos Menem. Las firmas se crearon en un estudio jurídico que está vinculado a otras causas de narcos.
Williams Triana Peña debía moverse todo el tiempo. Según los registros oficiales, viajaba de manera frecuente a Chile y a Uruguay. Y desde allí volaba a Paraguay, por donde ingresaba por tierra a la Argentina. No era fácil seguirlo porque utilizaba pasaportes falsos.
Ese día caluroso de enero pasado, al darse cuenta de que estaban tras sus pasos, Williams Triana Peña descartó la salida más fácil, que era escapar. Estaba a unos metros de la ruta 12, en Misiones, y en sólo unos minutos podría llegar a Ciudad del Este, lugar que conocía como la palma de su mano.
Pero el presunto jefe narco prefirió ponerse cara a cara con quienes lo seguían desde hacía unos días. En una calle lateral al hotel los enfrentó. Los dos agentes encubiertos de Gendarmería sabían que el custodio del capo estaba fuertemente armado y prefirieron correr hacia un monte que separa las canchas de golf del Hilton. Y ahí se esfumaron. Se ocultaron para no entorpecer la investigación.
A pocos kilómetros, la propia banda tenía secuestrado a uno de sus miembros: Edilberto Vargas Fernández, alias "Mey". Había viajado a Paraguay por orden de Triana Peña para explicar qué había pasado con el cargamento de cocaína desaparecido en noviembre de un depósito en Monte Grande.
En tierra paraguaya, "Mey" sostuvo que la droga había sido robada por desconocidos, pero no pudo volver a Buenos Aires hasta que su jefe constató la versión con Germán Marín López y Henry Ibarra Ramírez, apodado "Costeño", en Puerto Iguazú.
"Esta organización no anda con vueltas. Si no hubieran creído la versión del robo, «Mey» terminaba asesinado", sostuvo a LA NACION un investigador judicial.
Se sospecha que Williams está radicado ahora en Paraguay y su hermano habría regresado a Colombia, pero supo estar en la Argentina, donde vive su hermana, Yoana.
El viernes de la semana pasada, la Gendarmería Nacional secuestró entre 20 y 30 kilos de droga en el depósito fiscal Binder, en Rosario, y otros cuatro kilos en la casa del médico oncólogo Gabriel Zilli, que sería el "químico", el encargado de desarrollar la compleja fórmula que aún no descubrieron los peritajes: cómo cristalizar la cocaína en el arroz.
El plan inicial era sólo una prueba. Debían chequear la ruta de la droga, que era Buenos Aires, Guinea-Bissau, Portugal. El operativo "Arroz africano" terminó con nueve colombianos y tres argentinos detenidos. Pero es sólo el comienzo para bucear en el funcionamiento y las redes del primer cartel internacional que funcionaba en la Argentina.

De Bolivia a Chaco
La sospecha de los detectives judiciales es que la droga llegaba a la Argentina desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en pequeños aviones que aterrizaban en pistas clandestinas en un monte chaqueño.
Esto se basa en que parte de los integrantes de la organización viajaban con frecuencia a esa región boliviana. Además, allí residía Diana Suárez Heredia, de 22 años. La joven es la mujer de "Mey" Vargas Fernández, que respondía a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, alias "Mono". Este ex policía colombiano, de 47 años, es la mano derecha de Williams Triana Peña, y fue detenido en los allanamientos de la semana pasada.
Suárez Heredia ya no está más en Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores creen que viajó con su marido, "Mey", a Colombia, donde también estaría el otro presunto capo del cartel: Erman Triana Peña.
En los operativos hechos en la ciudad pueblo de Nordelta, en Tigre, y también en Retiro, Palermo, Rosario, Mendoza, y Tucumán, los investigadores no sólo secuestraron droga, sino también 6.000.000 de pesos y documentación de las nueve empresas que habría utilizado el cartel para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
La causa que permitió poner al descubierto por primera vez el funcionamiento de un cartel colombiano radicado en la Argentina fue un trabajo en conjunto entre el juez federal Sergio Torres, su equipo de colaboradores, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, fuerzas federales de seguridad conducidas por Sergio Berni, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En los próximos días, el juez federal Torres deberá definir la situación de los 12 detenidos (nueve colombianos y tres argentinos). Además, en su despacho de Comodoro Py desde anteayer hay varias carpetas de otro expediente judicial donde nombran a los sospechosos colombianos y al abogado Heisinger: una causa por lavado de dinero que instruye la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
En la causa de Arroyo Salgado, informaron fuentes judiciales, hay incorporada una investigación preliminar de la Procunar donde se nombra a la pareja de Heisinger, un peluquero colombiano de 33 años, identificado como Jorge Jacome López.
Según los detectives judiciales, en su local de Recoleta solía haber visitas sospechosas de presuntos sicarios colombianos involucrados en ajustes de cuentas.
Fuente La Nación  

domingo, 13 de septiembre de 2015

ARGENTINA : Aumenta el lavado de dinero de los narcos

Argentina blanca.En los primeros seis meses del año fueron al menos 2.000 millones de pesos, la tercera parte de las incautaciones por negocios ilícitos. En 2013 esa cifra había sido 14 veces menor. A nivel global los carteles lavan U$S 400.000 millones al año. Si no hay negocio, no hay narcotráfico. Esa es la convicción de los expertos en el tema. Por lo tanto, la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales que lucran con las drogas es desbaratando sus maniobras financieras y confiscando sus activos. Hay que entrometerse en el laberinto del lavado de dinero y conectar las innumerables cuentas y negocios en los que intentan blanquear los billetes más sucios del mercado. En esta guerra, es más efectivo un contador experto que un gendarme armado en un barrio duro dominado por el narco. Y hay que luchar contra una fuerza muy poderosa. De acuerdo al cálculo de un fiscal antilavado de Estados Unidos que estuvo la semana pasada en Buenos Aires, los grandes carteles “lavan” unos 400.000 millones de dólares por año a nivel global. Y de éstos se reservan un 5% como un “seguro” para “coimear” y corromper las instituciones y el Estado con el único propósito de hacer un gran negocio con el tráfico de estupefacientes. “Si el flujo anual de capitales provenientes del narcotráfico en todo el mundo está calculado en al menos 400.000 millones de dólares, quiere decir que cuentan con unos 20.000 millones para sobornos. Y esto hace que tengan cada día 55 millones de dólares para entregar en las manos de los que les van a facilitar sus crímenes”, explica Charles Intriago, ex fiscal del estado de Florida, que asistió en Buenos Aires al simposio sobre el tema organizado por OPRENAR con el auspicio del Papa Francisco. La oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la UNODC, dice que hay un “consenso general” de que el lavado de dinero llega a entre el 2% y el 5% del PBI global, lo que equivale a unos 2.100 billones de dólares.
Aquí, en Argentina, nadie arriesga una cifra exacta de lavado proveniente de los narcos locales e internacionales que operan en el país. Pero la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) embargó en lo que va del año más de 6.200 millones de pesos en todos sus procedimientos. Y de acuerdo a fuentes de la industria bancaria y de seguros, “al menos una tercera parte de ese total es lavado del narco”. Sumarían más de 2.000 millones de acuerdo a las cifras oficiales hasta julio de 2015. Un monto que sufrió un empuje muy importante en los últimos años si se tiene en cuenta que la cifra de embargos del 2013 fue de 473 millones de pesos. Esta tendencia también se puede comprobar en el embargo de pesos realizado por la UIF, la Unidad de Información Financiera, que pasó de 895.893 en 2010 a más de 2.200 millones en 2014. A todo esto hay que sumarle el dinero que entró por las dos normas de blanqueo de capitales adoptadas en 2008 y 2013 que permitieron la entrada de dólares sin que tengan una justificación de origen muy determinada y que, se sospecha, fue un mecanismo utilizado también por las organizaciones criminales.
En el Chaco se está desarrollando el juicio por el caso “Carbón Blanco” por el envío de cocaína a Portugal en contenedores con carbón vegetal que tiene una causa paralela por lavado de dinero, la más importante de su tipo en la historia judicial argentina. El principal implicado es el abogado Carlos Salvatore, que se hizo famoso por amenazar a la jueza del caso Zunilda Niremperge -“Yo pago este homicidio, pero ella se muere”, le dijo a su esposa en una conversación grabada y que forma parte de los expedientes del juicio. La organización, integrada por varios familiares de Salvatore y otros seudoempresarios, acumuló decenas de inmuebles en Buenos Aires, Miami, Uruguay y España, fideicomisos de construcción de edificios en Mar del Plata, varios automóviles de alta gama, compra y venta de jugadores de fútbol, casas de cambio y turismo y hasta habían fundado una empresa de producción cinematográfica que invirtió 700.000 dólares en la película de animación “Plumíferos”. El monto de la fianza impuesta por el juzgado a los implicados, de 1.600 millones de pesos, da una idea de la magnitud de las operaciones de lavado de esta organización. “Es una causa que muestra con claridad el imperio económico que puede armar una organización del crimen alrededor del narcotráfico”, explica la jueza Niremperge.
En el Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata se lleva a cabo una instrucción basada en un expediente de 30 mil fojas sobre la organización del capo colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, apresado en Ezeiza en marzo de 2011, cuando regresaba de unas vacaciones con su familia en Tahití. Meyendorff, famoso por armar una flota de pequeños submarinos en los que llevaba cocaína a Estados Unidos, se había instalado en Argentina en el 2005. En el expediente consta que con la complicidad de al menos otras 34 personas, el narco colombiano lavó unos 920 millones de pesos. De acuerdo al fiscal, abrieron cuatro empresas radicadas en Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles. Luego, a través del estudio contable de la doctora García Fernández de Kusnier –alias Mari Paqui, actualmente detenida en España por narcotráfico- compraron lotes y casas en los countries Abril, de Berazategui, y Nordelta, de Tigre, así como varios campos, entre ellos la Estancia Santa Clara sobre la ruta 51 en Chivilcoy. El cartel llegó a tener en Argentina 28 empresas interrelacionadas entre sí. Desde aquí, Meyendorff, junto a su hermano, también mantenía las operaciones en Colombia. Allí le confiscaron 331 inmuebles en más de 20 ciudades por un valor de 700 millones de dólares y 28 sociedades con otros 200 millones de dólares. El fiscal Julián Quintana, el jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y el Lavado de Dinero de Colombia dijo que se trataba del “operativo más grande de incautación de bienes del narcotráfico”.
Otro colombiano, Alejandro Gracia Álvarez, alias “Gato Seco”, fue el “cerebro” detrás de las operaciones de Meyendorff y otros 12 capos del cartel del Valle del Norte en la Argentina. Desde 2003 y hasta principios de este año, cuando fue apresado en Bogotá, de acuerdo a la fiscalía colombiana, había trasladado y lavado al menos 900 millones de dólares en la economía argentina. Gato Seco contó al fiscal de la causa que todo había comenzado hace doce años cuando su cuñado y capo del cartel, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, lo mandó a Buenos Aires para crear empresas de fachada y comprar propiedades. Fue uno de los primeros colombianos en invertir e instalarse en varios countries de la zona norte del Gran Buenos Aires.
A fines de junio se presentó ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Comodoro Py el abogado Germán Fliess Maurer a reclamar una camioneta Honda CRV que había pertenecido al jefe de los sicarios colombianos Jairo “Mojarro” Saldarriaga, asesinado en abril de 2012 en Barrio Norte por orden del capo “El Loco” Barrera. Fue cuando comenzó otra investigación sobre los bienes manejados por Mojarro y aparecieron campos en Concepción del Uruguay y varias empresas “fantasma” manejadas por un misterioso secretario de la organización de apodo “José” y que sería el encargado de “lavar” millones de dólares triangulados entre Buenos Aires, Bogotá y Montevideo.
En Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en junio como querellante de 40 personas involucradas en el lavado de dinero de tres grupos narcos. Luis Medina, acribillado en diciembre de 2013 en el acceso a Rosario junto a la modelo Justina Castelli, manejaba cuatro sociedades comerciales. Convertía en “legal” el dinero que obtenía de la venta de cocaína a través de una financiera y dos importantes concesionarias de autos (de una de ellas desaparecieron un día después de su asesinato 40 autos que estaban en exhibición). Mientras tanto, de acuerdo al informe de la UIF, figuraba desde 2008 en la AFIP como “deudor irrecuperable”. Otro investigado es Delfín Zacarías que fue detenido en septiembre de 2013 junto a su familia en una casa de la localidad de Funes donde tenían la “cocina” de pasta base de cocaína más importante de las descubiertas en el país. Junto a su mujer y sus hijos son los dueños de más de 30 inmuebles y 50 vehículos. Se cree que tiene una fortuna escondida en bancos de Paraguay. Figuraba en la AFIP como monotributista y un ingreso de 15.000 pesos mensuales. Y alrededor de la famosa banda de Los Monos, liderada por la familia Cantero del barrio Las Flores, hay 23 procesados por ser testaferros de campos, casas y 46 autos.
La sospecha de lavado de dinero del narcotráfico alcanzó hasta a Lionel Messi. La DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense dijo que un testigo protegido había confirmado que en los partidos amistosos y benéficos en los que se presentó el equipo de “Los amigos de Messi” en 2012 y 2013 se había lavado dinero del cartel mexicano de Los Valencia. Este grupo criminal, también conocido como cartel del Milenio, blanqueaba parte de la fortuna que logra con el paso de drogas a Estados Unidos a través de la compra ficticia de entradas. En el caso que se instruye en el Juzgado 51 de Madrid ya desvincularon a Messi del asunto y sólo apuntan a la firma mexicana que sería una pantalla para “blanquear” dinero a través de este tipo de eventos deportivos y la compra y venta de jugadores de fútbol. En ese sentido, se investiga el pase de varios otros jugadores argentinos al fútbol mexicano.
Adela Parra González, ex funcionaria y experta en temas de narcotráfico del gobierno colombiano, cree que todas las organizaciones de narcotráfico “llegan a un momento en que acumulan tanto dinero que tienen que armar un entramado para convertirlo en legal y para eso fundan grupos conexos de su confianza sólo con ese propósito”. Y Mayolo Medina Linares, ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, asegura que “sin corrupción a todos los niveles el lavado de dinero sería mucho más difícil. Es posible sólo porque hay gente que mira hacia otro lado en los bancos, en la compra y venta de inmuebles, en las concesionarias de autos, en hoteles y en tantos otros lugares”. De acuerdo a un informe presentado en el “Seminario Internacional de Cumplimiento” -que se realizó recientemente en Buenos Aires-, por el profesor Martín de Simone de la Universidad de San Andrés, en Rosario, basado en el estudio de los informes judiciales, el dinero de los narcotraficantes se invirtió en primer lugar en la compra de departamentos –como en los nuevos desarrollos de Puerto Norte- y luego en la construcción (íntimamente ligado uno y otro), los clubes nocturnos y los autos lujosos. “Para perseguir estos delitos ya no basta con un tribunal local. Son organizaciones globales las que actúan y hay que cruzar los datos a nivel global para descubrirlos”, dice De Simone.
Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, cree que todo tiene que ver con la reacción de las instituciones y de la sociedad ante el delito. Y pone el ejemplo del llamado “efecto Toblerone”: la viceprimer ministro sueca Mona Sahlin compró con su tarjeta de crédito oficial dos chocolates de esa marca por 35,12 dólares que no estaban previstos en el presupuesto y pocos días más tarde fue obligada a renunciar. “El bajo respeto de la legalidad es el caldo de cultivo del crimen organizado. En Argentina, un proceso por corrupción se extiende en un promedio de entre 15 y 20 años y se encuentra a muy pocos culpables”.
Fuente: Clarín Gustavo Sierra

domingo, 12 de julio de 2015

Argentina: Caballos, edificios y jugadores de fútbol, las inversiones de los narcos

Escriben: Waldo Cebrero y Sebastián Ortega
En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. El fiscal Carlos Gonella, a cargo de Procelac, explicó cómo se investiga la ruta del dinero de las drogas.En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. En Chaco, mientras un Tribunal Oral juzga a la banda que envió más de mil kilos de cocaína a Europa camuflada en cargamentos de carbón vegetal, se abrió otro expediente conocido Carbón Blanco II, para seguir las maniobras de lavado. En estos y otros casos no solo se sigue la ruta de la droga; también la del dinero, que es el objetivo final de los delitos a gran escala. Las causas surgieron a partir de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.
“Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación”, explica Gonella. En la entrevista con Infojus Noticias, el fiscal cuenta cual es el rol de los profesionales y de los bancos, detalla en qué gastan el dinero los traficantes y como se inician las investigaciones por lavado. “Después de mucho trabajo, hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran”, explica.
En Argentina no abundan las condenas por lavado de dinero contra organizaciones narcocriminales. La primera fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, en 2010, contra una organización de alcance barrial. La segunda, en 2014, un Tribunal Oral de Corrientes condenó a una banda que introducía marihuana desde Paraguay. Además de las que se instruyen, hay varias elevadas a juicio.
-¿Por dónde se puede empezar a investigar el narcolavado?
- Hay dos maneras. Una de ellas sería a través de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que las empresas están obligadas a confeccionar a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que analiza el reporte. Si se detecta actividad financiera irregular, el director de la UIF puede decidir pasar al siguiente nivel, en este caso es el Ministerio Público Fiscal, de dónde depende la Procelac. Esta Procuraduría tiene seis  áreas de trabajo, una de ellas es Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Ahí se analiza el reporte y se fortalece desde el punto de vista probatorio, antes de judicializarla.
El otro camino para iniciar una causa es por un delito precedente ya judicializado: secuestros, trata, narcotráfico. En ese caso, el juez o el fiscal a cargo piden la colaboración.
-Por ejemplo, el caso Carbón Blanco.
- Esa causa estaba a punto de elevarse a juicio cuando se creó la Procelac, en 2012. El tráfico de más de mil kilos de cocaína tenía un valor de mercado aproximado de 80 millones de euros. ¿A dónde estaba ese capital? ¿Quién estaba detrás? Nosotros tomamos el caso, cruzamos datos y el estándar de sospecha se fue alimentando hasta reconstruir que el principal sospechoso era el abogado Carlos Salvatore. Tenía un poderoso entramado económico, conformado por cincuenta empresas, bienes, muebles de lujo, inmuebles en cinco provincias, principalmente en la costa, inversiones en proyectos cinematográficos, todo eso para lavar el dinero.
-¿Cuáles son las características del narcolavado? ¿Se dan casos de empresas que facturan pero no tiene empleados, por ejemplo?
- Uno de los rasgos típicos en una operación de narcolavado a través de estructuras jurídicas en una operación nacional o trasnacional, es justamente esta. Una empresa que tiene un objeto social que no gira, o que no puede comprobar fácticamente que opere, una empresa que no tuvo movimiento, una empresa con un capital declarado ínfimo, pero que empieza a tener bienes a su nombre. Generalmente las sociedades offshore funcionan con esta lógica, enquistadas en paraísos fiscales y se utilizan como pantalla para poner bajo su nombre activos financieros o bienes.
-¿Cuáles son los mecanismos más habituales para el lavado?
-Dentro de las tipologías que define el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), están las inversiones inmobiliarias. Los famosos fideicomisos, que son estructuras jurídicas que no están debidamente reguladas en Argentina y en ningún lugar del mundo. En los plenarios del GAFI se debate si es necesario regularlos o no. Pero de todos modos los Estados tienen que tomar medidas de prevención porque se ha detectado a nivel mundial que los fideicomisos son estructuras jurídicas para lavar dinero. Por ejemplo, actualmente hay grupos económicos que publicitan en Argentina invitando a los inversores a poner su dinero en bienes inmobiliarios en la isla de Manhattan. Los estamos investigando. Esa estrategia de marketing está montada sobre fideicomisos. Estados Unidos alertó mediante una carta sobre el riesgo económico que supone la inversión inmobiliaria en Manhattan. Esos negocios inmobiliarios se promueven en publicidades y luego se organizan reuniones informativas en lujosos hoteles de la ciudad. Una oferta de esa naturaleza, necesariamente tiene que estar inscripta en los organismos públicos argentinos.
-¿Cómo se aprovecha la estructura del fideicomiso para lavar dinero?
-A partir de la lógica propia del fideicomiso, que es muy compleja, porque tiene tres actores. Fideicomitente, fideicomisario y beneficiario final. La lógica es la misma que la de las llamadas “sociedades pantalla”. Este tipo de estructura se usa para lavar dinero donde hay mucha comercialización de grano, que es una actividad de altísimo riesgo de evasión, por ejemplo en provincias como la de Córdoba, o Santa Fe, también en la costa con las inversiones inmobiliarias. Y otra vez volvemos al caso Carbón Blanco, donde se valen de las figuras de fideicomisos para lavar dinero del narcotráfico.
-¿En qué otros negocios invierten su dinero los narcotraficantes?
- Hay otras tipologías. La compra de caballos de carrera, por ejemplo. Lo detectamos en el caso del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, también el “Mono” Ale, en Tucumán, era propietario de caballos. Otro canal para lavar es la compraventa de bienes culturales, pinturas, aunque no parezca, es una zona de riesgo para el lavado de activos. La compra de pases de jugadores de fútbol aparece mucho también, siempre con maniobras de triangulación, donde se hace constar en el contrato un valor que en realidad después es mucho más alto, y así se logra evadir impuestos.
- ¿En el caso de un narcotraficante, de qué le sirve invertir en esos negocios?
- Es la forma de introducir al mercado formal inversiones a bajo riesgo. El lavado de activos tiene tres fases, la última es la integración del bien espurio a la actividad económica formal. Es una manera de mediatizar o de distanciar el flujo de dinero de la actividad ilícita precedente. Justamente el lavado de activos es altamente pernicioso, porque desactiva la actividad económica legítima. Lo podemos medir en el caso “carbón blanco”. Hoy, en ese caso, tenemos a 200 familias que compraron sus inmuebles y que están en distintas etapas; algunos tiene la casa y les falta la escritura, otros pusieron la plata en pozo. Esas actividades se canalizaron a través de empresas vinculadas con los narcos y tenemos familias que no tienen nada que ver con la actividad criminal, pero que están perjudicadas. La Procelac se reunió con ellos para despejar sus dudas y también para sumar pruebas a la investigación. Ahora todas las empresas de Salvatore están inhibidas.
- ¿Cómo es el rol de los profesionales en las maniobras de lavado? ¿Hay nombres que se repiten de una causa a otra?
- Sí, hay personas que aparecen en varios casos. Estamos empezando a trabajar en Rosario con ese tema, con el caso de las tres grandes bandas narcos. El rasgo característico de la ilegalidad económico son las prestaciones profesionales. Empresarios que tienen dinero vinculado al narcotráfico, o a la evasión, que utilizan los servicios de un asesor contable, o de un Banco, para sacar la plata al exterior. Así funciona el mecanismo de fuga de divisas, el mercado de capitales.
- ¿Y los bancos como interviene en ese engranaje?
-En algunos casos los bancos son proactivos en detectar riquezas no declarada y ofrecer una especie de servicio. El banco HSBC es un caso. La rentabilidad de los bancos no es el interés que le genera el depósito, sino la comisión por las transferencias internacionales. Algunos bancos buscan los lugares donde desarrollar esta actividad porque detectan que los sistemas no están fortalecidos.
-¿Cuál es la situación de los sistemas argentinos?
-En Argentina, tenemos que reconocerlo, hasta que no nos pusimos a trabajar estratégicamente en adecuar los estándares GAFI, teníamos esa realidad. Hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran. En octubre del año pasado el GAFI finalmente sacó a la Argentina de la conocida y temida "lista gris" de países que, a su juicio, incumplen con los preceptos de lucha contra el lavado de activos. Estar en esa lista no te suma en términos de transparencia internacional. Eso sin perjuicio de lo que nosotros consideramos que es el GAFI, un ámbito dónde hay mucha hipocresía y donde discuten las políticas económicas los grupos hegemónicos en detrimento de los países emergentes. Hoy estamos equiparados a países que no tiene déficit dentro del sistema.
-¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la Justicia para pasar de investigar la ruta del dinero del narcotráfico?
-Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación. El Ministerio Público, a través de Procelac, cuenta con 70 profesionales entre abogados, contadores, pero también hay antropólogos, criminólogos, sociólogos. Eso es porque el Ministerio Público cuenta con una política clara en apostar a la formación para investigar esto. Ahora, con la experiencia de los casos, confeccionamos un protocolo para el manejo de casos en torno al contrabando de divisas y fenómenos ilícitos asociados, que llega a los juzgados y fiscalías del país. En el Poder Judicial hay un hueco en ese sentido. No hay formación. Tenemos muy buenas experiencias con jueces predispuestos a investigar estos delitos, que piden la colaboración de Procelac. Pero todavía hay jueces que son más reacios a coordinar.
Fuente: Infojus Noticias

El "Chapo" Guzmán se escapó por un túnel de la cárcel de máxima seguridad de México

Las autoridades mexicanas detallaron cómo fue la fuga del capo líder del Cártel de Sinaloa. El pasadizo medía más de 1.500 metros de largo. Tenía ventilación, alumbrado y desembocaba en una casa
El Comisionado Nacional de Seguridad mexicano, Monte Alejandro Rubido, señaló que "el sábado había transcurrido de manera normal, Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se encontraba en el área de tratamientos especiales e incluso cerca de las 20 se le dio su dosis diaria de medicamentos".
"Pero tras detectar su ausencia se activó la alarma por la evasión, y tras esto se descubrió en su celda una boca de túnel en el área de las regaderas (duchas) de 50 x 50 centímetros y un metro y medio de profundidad, que tenía ventilación, alumbrado y hasta una motoneta. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de 10 metros de profundidad habilitado con una escalera".
Así, se llega hasta un túnel de unos 1,7 metros de altura por 80 centímetros de ancho, "que se extiende por una longitud aún indeterminada pero que en línea recta, de punto a punto, representa más de 1.500 metros", añadió el funcionario, que no atendió preguntas de los medios.
El comisionado informó además que "dentro del túnel por el cual huyó Guzmán Loera también se hallaron tanques de oxígeno e instrumentos para la construcción y recipientes con combustible, entre otros objetos".
Rubido también reveló que "el pasadizo desemboca en un inmueble en la colonia Santa Juanita, donde se hallaron objetos que confirman que hubo presencia de personas que trabajaron en el preparativo de la fuga del 'Chapo' Guzmán".
El comisionado añadió que "la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia del 'Chapo' Guzmán y tras esto se suspendió la entrada y salida de personas; se reforzó la seguridad perimetral; se iniciaron operativos en los estados vecinos al Estado de México; se aplicaron revisiones a los vehículos que andaban por la zona; y se suspendieron operaciones aéreas no revisadas en el aeropuerto de Toluca".
"Al momento se continúan las operaciones para encontrar al Chapo, e incluso yo me trasladé personalmente hasta el lugar. Y además 18 personas que se encontraban detenidas en diversas áreas del penal están siendo trasladadas a la Ciudad de México, para ser interrogadas por la fuga", indicó Rubido.
El funcionario nacional concluyó asegurando que "la Policía Federal ha tomado el control del penal de Almoloya, y el personal que estaba trabajando allí al momento de la fuga no podrá abandonar el lugar hasta tanto los investigadores no se lo permitan. Y los empleados que relevarían a este turno no podrán ingresar al centro de detención".
Su otra fuga
El Chapo" ya se había fugado a principios de 2001 de otra prisión de máxima seguridad localizada en el estado occidental de Jalisco. Guzmán fue recapturado en febrero de 2014. Está acusado de varios cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos y estaba en la lista de los más buscados de la agencia antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).
Originalmente fue atrapado en 1993 en Guatemala, extraditado y condenado a 20 años de cárcel en México por asesinato y tráfico de drogas. En 2001 escapó de otra prisión de máxima seguridad "Puente Grande", en el estado occidental de Jalisco, con la ayuda de guardias de la prisión.
El cartel de Sinaloa opera en toda Norteamérica, con ramificaciones en Europa y Australia. El grupo ha participado de lleno en la sanguinaria guerra de la droga que ha golpeado algunas partes de México en los últimos años. Se cree que este cartel controla en la actualidad la mayor parte de los puntos de paso de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México.
 

lunes, 25 de mayo de 2015

“No lo aprobaría”, dice una ex jefa de la UIF

Sbatella si dio el visto bueno  
OTROS DIAS. López fue titular de la UIF entre 2001 y 2005.
La compra del Banco Finansur por parte del empresario Cristóbal López, dueño de Casino Club y Grupo Indalo, no está exenta de polémica, pese a que fue aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbatella. Alicia López, presidenta de ese ente, máximo organismo en el combate del lavado dinero, entre 2001 y 2005, advierte que ella no la habría aprobado.
—¿Qué dicen las normas de prevención de lavado sobre la unión de grupos de casinos y bancos?
—No hay una norma que en forma expresa prohíba que un grupo económico de juegos de azar compre un banco, pero es importante destacar que tanto los casinos como las entidades financieras son dos grupos señalados como de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Al unirse estas dos actividades bajo una misma dirección, el riesgo de que se cometan delitos se potencia. Esto se explica principalmente porque en el mundo son dos actividades usadas para cometer este tipo de delitos.
—¿De qué manera una alianza de este tipo podría potenciar esos riesgos?
—Si pensamos que en un casino una persona entra y compra fichas, luego juega o no y sale del lugar con un cheque o el efectivo de sus ganancias, hayan sido reales o no, también tenemos que pensar que el mayor riesgo es que para blanquear una suma de dinero se necesita de una actividad financiera. Y el mayor riesgo es que se traslade ese dinero negro al sistema financiero.
—¿Qué organismo debería llevar adelante el control de las operaciones del grupo económico?
—El Banco Central, que es el organismo que autorizó la compra y según lo establece la Ley de Entidades Financieras es también responsable por la legalidad de las operaciones. Por tratarse de dos actividades de alto riesgo según numerosos organismos, debería establecer un seguimiento intensivo de las operaciones de ambos.
—¿Si de usted dependiera, hubiera aprobado la compra del Finansur por Cristóbal López?
—No, es de altísimo riesgo. Más allá de estudiar al management, hacer un profundo seguimiento de cada operación y tener garantías del cumplimiento de las normas, es una operación que no está recomendada por ningún organismo internacional

Fuente Perfil Por Paola Quain                     

viernes, 22 de mayo de 2015

ARGENTINA ¡Bingo! Con ayuda amiga, el juego obtuvo un banco

Es un comentario muy extendido en el mercado que Cristina Kirchner intervino directamente para que el Banco Central autorice la inusual y polémica compra del banco Finansur por parte del empresario del juego Cristóbal López. Así se consolida el poder económico del empresario kirchnerista.
Según el trascendido, la Presidenta dio instrucciones a cuatro funcionarios para llevar adelante la transacción: Axel Kicillof, Enrique Vanoli, José Sbatella y Carlos Zannini. Ninguno de los cuatro podría haber destrabado por decisión propia una operación que favorece a López, frenada, encima, durante tres años en el Central.
Durante ese período los funcionarios del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras se opusieron en forma sistemática porque –decían– existe una evidente incompatibilidad entre ser banquero y a la vez empresario del juego.
El operativo avanzó para que las actuales autoridades de Superintendencia omitieran los informes y documentos que desaconsejaban la transacción.
Los últimos cambios en el directorio del Central –por decreto de la Presidenta– contribuyeron a aceitar la movida. Hubo, también, una orden para que la Unidad de Información Financiera emitiera un dictamen que ablandara la intransigencia de los funcionarios de línea de la entidad.
El informe de José Sbatella fue forzado con el objetivo de vencer las últimas resistencias que existían en el área de Legales del BCRA. Varios funcionarios exigieron ese documento para “deslindar responsabilidades” y cubrirse de futuros sumarios o eventuales acciones judiciales por una decisión que no compartían. Consideraron imprescindible esa cobertura, porque era evidente que a lo largo de los últimos tres años se opusieron sistemáticamente a la aprobación de compra del banco por parte de Cristóbal López.
La resistencia obedeció a que juzgaban incompatible que el máximo empresario del juego de la Argentina esté autorizado a operar en el sistema financiero local. “Eso facilita movimientos cruzados”, dicen en el mercado.
Según fuentes del propio BCRA, no existe en el sistema financiero internacional antecedentes de un caso semejante.
En la mayoría de los países no hay regulaciones especificas, pero en los sistema bancarios desarrollados existen códigos de conducta para evitar que se mezcle el negocios del juego con los de la banca. Las resistencias internacionales obedece a un temor: que la convivencia entre la banca y los negocios del juego faciliten eventuales acciones ilegales de lavado de dinero.
La decisión de vulnerar los reparos domésticos e impulsar el beneficio a Cristóbal López, impactó en el sistema bancario local. Hubo encuentros entre directivos donde se trató la anomalía.
En la extranjera Asociación de Bancos Argentinos que lidera Claudio Cesario y en la ADEBA de Jorge Brito cayó por sorpresa el cambio de posición del BCRA y la habilitación al “zar del juego.”
Un calificado vocero de los banqueros explicó: “Esto no ocurre en ningún sistema y va a generar problemas con el GAFI.”
El “cristinismo” tuvo una larga pelea con el organismo mundial que controla las operaciones oscuras: una paciente negociación de Julio Alak permitió zanjarla después de años de idas y vueltas. Ahora la Casa Rosada intentó una tibia consulta al GAFI para cubrir las formas.
Kicillof dejó trascender –por la cadena de medios oficialistas– que el Grupo de Acción Financiera Internacional había bendecido a Cristóbal López. Pero según fuentes de ABA y ADEBA ese promocionado apoyo del GAFI nunca existió.
En el G7, las naciones industrializadas que manejan el GAFI, se censura la vinculación de empresarios del juego con la banca. El punto es que se presume que a través de ese mecanismo es posible “legalizar” fondos de cualquier origen.
El país es miembro del GAFI. Pero Cristina adecúa las normas a su conveniencia: Argentina también es el único país del mundo que tiene abierto un blanqueo de capitales desde hace dos años, cosa que afuera llaman “una posible puerta de entrada a dineros del narcotráfico y de la corrupción”.
A Kicillof se le atribuye un papel activo para facilitar el ingreso al negocio financiero del empresario del juego vinculado a la familia presidencial.
Dicen que operó para despejar las últimas resistencias en la Superintendencia de Bancos y trabajó ahí con sus hombres de confianza: Germán Feldman y Pedro Biscay. Más aún: que su principal acción fue la orden taxativa que dio a los tres directores que impuso en el BCRA para que aprueben a libro cerrado los beneficios al “rey de las tragamonedas”.
De hecho, Cristina le facilitó las cosas al nombrar al trio por decreto: así, Kicillof tomó el control de la cúpula.
En su primera reunión de directorio, y sin poder leer ni evaluar el expediente interno, los recién llegados –Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Domatto Conti– votaron a favor de la operación que López esperaba.
De esta manera forzaron un giro en el Central. Hasta ese momento, los integrantes del directorio, incluso los llegados de Santa Cruz, siempre habían frenado las aspiraciones de López. Se ampararon en las dudas legales que alimentaba la línea del BCRA contra la “operación Finansur”. Ninguno quería quedar pegado.
Kicillof se siente fuerte y por eso se animó a involucrarse en una movida complicada. El miércoles, Cristina lo premió con un sonoro apoyo público.
Pero el martes, y en privado, ocurrió algo más trascendente: un encuentro de la Presidenta y Daniel Scioli, donde se habló del futuro político del ministro en un eventual nuevo gobierno del FPV.
Fuente Clarín por Marcelo Bonelli

Crecen controles de la UIF a quienes compran dólar ahorro y lo revenden

Muchos ‘purecistas’ adeptos a la bicicleta financiera de comprar dólares al oficial y revenderlos al informal, luego depositan la ganancia en su cuenta bancaria para pagar cuentas. Pero ese dinero no está justificado y, por prevención de lavado, los bancos deben exigir a los clientes documentación que respalde sus depósitos, en especial sin se hacen en forma recurrente
La normativa 5378 del BCRA es muy clara y exigente, y tiene un control exhaustivo por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF): cualquier operación sospechosa debe ser reportada, y especialmente cuando se realiza en forma recurrente, todos los meses.
Sucede con muchos ‘purecistas’ adeptos al nuevo deporte nacional de la bicicleta financiera de comprar dólar ahorro, revenderlo en el blue, y luego depositarlo en efectivo en su caja de ahorro para poder pagar cuentas, en especial las tarjetas de crédito. Según confiesan en las entidades, se trata de un ‘rulo’ muy evidente, donde el cliente no puede justificar el origen de los fondos, porque fue a través de una operación ilegal. "Lo que resulta generalmente sospechoso es cuando se efectúan pagos o depósitos con efectivo y no a través del giro de fondos desde una cuenta a la otra. A su vez, se pone énfasis en el control de aquellos que compran dólares ahorro, venden en el circuito paralelo y luego quieren ingresar esos fondos nuevamente al sistema", advierte Alejandro Banzas, economista jefe de Reporte Económico. Entre sus obligaciones, los bancos tienen que hacer un perfil por cada cliente y, cuando se dan operaciones que están por fuera de su perfil, deben requerirles información complementaria para aclarar la situación. "Los bancos deben desarrollar tareas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque han sido instituidos como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas", señala José Maria Salinas, director de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA). Además, si esa operación inhabitual el cliente no la llega a clarificar, el banco está obligado a hacer el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF dentro de los 150 días corridos contados a partir de la transacción.
"Muchos bancos han sido sancionados por no cumplir con estas normas y son inspeccionados permanentemente por el Banco Central, que debe informar a la UIF los incumplimientos que detecte", subraya Salinas. Mariano Sardáns, presidente de FDI, coincide en que "la normativa internacional sobre lavado de dinero requiere a las entidades financieras tomar todos los resguardos que están a su alcance antes de convalidar o autorizar la entrada o salida de fondos de las cuentas de sus clientes".

Congelamiento de fondos

Hoy en día, si no se justifican correctamente los movimientos en las cuentas, la consecuencia menos grave es su cierre: "Las peores podrían ser la emisión de un ROS y hasta el congelamiento de los fondos con posibles consecuencias penales. A su vez, las multas por irregularidades que vienen recibiendo las entidades financieras de parte de los organismos de control son cada vez más elevadas", completa Sardáns. Cualquier operación sospechosa debe ser reportada, excepto que el cliente pueda demostrar fehacientemente con documentación respaldatoria que la operación se encuentra dentro del margen razonable. "Asimismo, se debe considerar a todos los clientes, pero con mayor énfasis a los que recién ingresan al sistema financiero, ya que se debe tener el máximo conocimiento del cliente", afirma Banzas. Gustavo Perilli, socio de AMF Economía, hace esta comparación: "Si se vende un automóvil, por ejemplo, y se recibe dinero en efectivo y se lo trata de depositar por ventanilla en un banco, el cajero le pedirá al vendedor información sobre el origen de los fondos vía declaración jurada para confirmar que no provienen de actividades ilegales".
Fuente El Cronista por MARIANO GORODISCH

lunes, 11 de mayo de 2015

Los contadores ante el lavado de dinero, mal informados y con pocos reportes emitidos

Las responsabilidades de los contadores en materia de lavado es amplia y todavía poco conocida entre estos profesionales, por lo que no hay excesivos reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos en el sector. Cuáles son las medidas que se pueden adoptar para minimizar riesgos de incumplimientos que tiene graves sanciones. Los contadores públicos matriculados que actúan como auditores y síndicos y cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas revisten el carácter de "Sujetos Obligados" a implementar controles especiales vinculados con la actividad de lavado de dinero y, de esta forma, cuando detecten operaciones sospechosas en sus tareas de control deberán informarlas a la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó Martín Ghirardotti, del estudio Lisicki, Litvin y Asoc. Los procedimientos a los que los contadores están obligados son los siguientes: - Conocimiento del cliente: se refiere al análisis acabado del cliente a través de la verificación de datos tales como los nombres de los accionistas, origen del capital, tipo de explotación, tipo de negocio, entre otros.
- Determinación de perfil económico del cliente: una vez conocido el cliente se debe determinar un rango medio de operaciones a efecto de mantener un parámetro operativo posterior.
- Análisis de operaciones: esto conlleva la verificación de las operaciones del período analizado por parte del auditor o el síndico, las cuales deberán coincidir con el rango medio operativo determinado oportunamente.
- Detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas: este es el punto más importante de la normativa, básicamente porque todo el esquema de control que establece la UIF está destinado a que los profesionales, en cuanto sean "sujetos obligados", detecten y reporten operaciones sospechosas de lavado de dinero a este organismo de control. "Los profesionales que detecten operaciones que no se condicen con la realidad económica del cliente, y que salen de los parámetros establecidos primeramente, deberán ser caracterizados como inusuales y posteriormente si las mismas tienen vinculación con el delito de lavado de dinero, deberán reportar tales operaciones a la UIF", comentó Ghirardotti. Pero el especialista de Lisicki, Litvin y Asoc reconoció que "debido a la escasez de presupuesto, tiempo y en algunos casos, falta de conocimientos", junto a "la difícil posición de informar la operación sospechosa sin comunicarle tal situación a su cliente, a la fecha, las operaciones sospechosas reportadas por los profesionales en ciencias económicas son bajas en relación con el total de reportes de operaciones sospechosas que recibe la UIF". Para disminuir el riesgo Para Ghirardotti, "existen ciertas formas de prestar servicios profesionales que permiten bajar el nivel de responsabilidad del contador". Y puso como ejemplo que, los contadores opten, cuando es posible, por no actuar como auditor, sino realizar informes de revisión limitada donde no se opina y por ende el profesional no está obligado a actuar como sujeto obligado de la ley de lavado de dinero.
Uno de los casos en que la normativa avala la posibilidad de esquivar la actuación como auditor, aunque se revise el balance, es el de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) cuyo capital no sea mayor a $ 10 millones. Esta opción puede ser ejercida también en el caso de la auditoria de un fideicomiso, ya que este tipo de estructura jurídica tiene la obligación de rendir cuentas pero nada se dice de que deba existir un balance con opinión de contador público. En el caso de los fideicomisos que reciben dinero de inversores, la posibilidad de emitir estados contables con informes de revisión limitada acota la responsabilidad del contador ante posibles situaciones de lavado de dinero, indicó Ghirardotti. Las cifras de las multas Los contadores que revistan el carácter de sujetos obligados y que incumplan con la obligación de realizar un ROS serán sancionados con pena de multa de 1 a 10 veces del valor total de los bienes u operaciones a los que se refiera la infracción. Cuando no se pueda establecer un valor, la multa será de entre $ 10.000 y $ 100.000. Fuente: El Cronista Dolores Oliveira

Hezbollah en América Latina: el narcotráfico, su principal fuente de financiamiento

Sólo desde la Triple Frontera se envían 10 millones de dólares al año al Líbano para financiar al grupo terrorista. El tráfico de armas, drogas y dinero crece. Nicolás Maduro, socio estratégico y puerta de entrada.
Las actividades delictivas del grupo terrorista Hezbollah en la región continúan su ascenso sin que ninguna alarma se encienda en los Gobiernos de América Latina. Incluso en muchos casos, las autoridades de algunas administraciones regionales son cómplices de sus movimientos. Tráfico de drogas, de armas, de influencias, lavado de dinero y otras maniobras ilícitas son las elegidas por las células que la agrupación libanesa mantiene a lo largo de esta parte del mundo.

Desde 2006 a la fecha, fue sobre todo el narcotráfico la vía que más dinero aportó al financiamiento de Hezbollah. Bajo diferentes fachadas, jefes regionales del grupo terrorista se instalaron en diferentes ciudades latinoamericanas para tapar sus verdaderos propósitos. Mezquitas, centros culturales islámicos, comercios y otras organizaciones sin apariencia política reúnen a cientos de fieles, quienes en muchos casos son "utilizados" por la agrupación extremista.
Es la Triple Frontera (conformada por Paraguay, Brasil y la Argentina) la "capital" de Hezbollah en la región. Es allí donde más actividad ilegal puede observarse. Según fuentes de la inteligencia francesa, alrededor de 10 millones de dólares parten anualmente hacia Beirut para financiar al grupo comandado por el temible Hassan Nasrhallah.
Uno de los delegados clave en esta zona fue identificado como Hassan Barakat, pieza fundamental en el rompecabezas extremista. Su comandante militar es Sobhi Mahmoud Fayad, un ex profesional operativo de Hezbollah, quien actúa de enlace en esa parte de América Latina entre Irán y el grupo terrorista. Era también el encargado de las triangulaciones de dinero con el Líbano, mediante la fachada de entidades de beneficencia.
Entre los lugares que sirven como fuentes de financiación figuraría la Galería Page, un centro comercial en Ciudad del Este donde se recaudan fondos para Hezbollah. Este paseo de compras -caótico por la muchedumbre que se agolpa ante sus "ofertas inigualables" de falsificaciones- está bajo el control de la milicia chiíta. Incluso forma parte de la red Barakat, conformada por Hassan, Hatim y Hamzi. Muhammad Yusif Abdallah, gerente del rudimentario pero visitado mall, abonaría una contribución regular a la agrupación terrorista.
Pero fue gracias a la "generosidad" de Hugo Chávez que los extremistas islámicos pudieron expandirse cómodamente por la región. El ex militar caribeño fue quien abrió las puertas de América Latina a Irán y su filial Hezbollah con mayores garantías de impunidad que las que contaban en el pasado: el pacto continúa y crece con Nicolás Maduro.
Con la complicidad de Caracas, la ramificación fue más fácil: Colombia, Chile y México, donde la inmigración libanesa era importante, fueron países ideales para el financiamiento del grupo terrorista. El nombre clave de esta historia es el de Tarek El Ayssami. Isla Margarita, un paraíso romántico para muchos, es además un paraíso fiscal para tantos otros. El lugar ideal para enamorarse de las triangulaciones de dinero, fundamental para el lavado de capitales que necesita la milicia chiíta. También allí actuaría una base dedicada a la falsificación de dólares.
Las delegaciones iraníes a lo largo de toda la región son esenciales en el crecimiento de los terroristas. Estas misiones diplomáticas ante las naciones de la región son muchas veces las principales portavoces de las necesidades del grupo.
Una parte del tráfico de cocaína en la región ha sido puesto a disposición de la milicia libanesa. En octubre de 2008, al menos 36 personas fueron detenidas acusadas de narcotráfico sólo en Colombia. El constante viaje de los estupefacientes se hacen vía África, la ruta más segura para que la mercadería llegue a destino y con ella sus jugosos millones de dólares. Chekry Harb, sindicado como miembro de Hezbollah, habría sido el responsable del lavado de dinero proveniente de esta actividad. Era el encargado de realizar la triangulación desde Panamá, vía Hong Kong: Beirut era su destino final.
En México Hezbollah está en contacto permanente con los más sangrientos cárteles de droga. Sus relaciones crecen a diario. Desde allí introducen mercadería ilegal a los Estados Unidos: la sociedad crece, y el dinero fluye para ambos socios. Pero no sólo es dinero y drogas. El grupo terrorista chiíta se sirve de este enlace para intentar introducir extremistas en territorio norteamericano. La milicia de Medio Oriente también paga de otra forma: las armas que consigue gracias al padrinazgo de Irán, quien no está fuera de esta red.
En Chile, la zona de Iquique fue la elegida por Hezbollah para lograr enviar su dinero sucio a los extremistas islámicos. Es también una zona de libre comercio en el norte del país. Las compañías que sirven para esas triangulaciones son: Kalmiar Ltd., Bahamas Ltd., Las Vegas Nevada Ltd., San Francisco Ltd., Saleh Trading Ltd., Frankfurter Ltd., Guanary Ltd., Teen Child Ltd. y Lucky Crown Ltd.
Todas las actividades de Hezbollah se basan en una ventaja comparativa con otros grupos terroristas. Al ser de origen libanés, el grupo capta y alude a los inmigrantes que viven fronteras afuera del Líbano. Los descendientes de esta nación -que se calculan en 12 millones de habitantes alrededor del mundo- mantienen un gran arraigo con su tierra natal y muchas veces son engañados y terminan contribuyendo con la milicia chiíta, aún sin saberlo.
Fuentes de la inteligencia francesa calculan que el dinero que fluye desde América Latina para Hezbollah es de entre 60 y 100 millones de dólares cada año. El deseo de diversificar sus actividades es mayor a medida que crecen las arcas de la milicia islámica gracias a esta región empobrecida. Desde la propia agrupación calculan que en los próximos tiempos ese dinero podría duplicarse.
Fuente; INFOBAE

viernes, 20 de marzo de 2015

ARGENTINA Alertó EE.UU. por el lavado de dinero y el narcotráfico

Un informe del Departamento de Estado dice que la Argentina puede ser usada para financiar el terrorismo
WASHINGTON.- La producción de droga y el lavado de dinero asociado a su tráfico son un problema en aumento en la Argentina. Ésa es una de las definiciones de un informe temático elaborado por el Departamento de Estado. En él también se advierte, una vez más, sobre el "mercado negro de dólares" existente en el país como consecuencia de las "restricciones oficiales" para acceder al mercado normal de divisas y a la "preferencia" de la sociedad para buscar en el dólar un refugio contra la "inflación y la devaluación".

El fenómeno se señala en la convicción de que ese mercado negro "contribuye al lavado de dinero", así como el uso preferente de dinero en efectivo.
En forma paralela, marchan las "vulnerabilidades" que se detectan en el sistema financiero para prevenir ese delito, que suele asociarse tanto al tráfico de drogas como al financiamiento de actividades terroristas. En conjunto, dice el documento, esos puntos débiles pueden llevar a que el país esté "en riesgo" de ser usado para "financiar actividades terroristas".
Esas consideraciones sobre la situación en el país, así como la ausencia de medidas, de política y de recursos para superarla forman parte del informe sobre "Narcotráfico y lavado de dinero", que acaba de publicar el Departamento de Estado.
El documento constituye uno de los diagnósticos temáticos habituales de la administración norteamericana.
En los últimos años, sin embargo, sus consideraciones han generado reacciones de malestar en el gobierno de Cristina Kirchner, que suele reprochar que no haya allí consideraciones "contra los buitres", en alusión a los fondos especulativos que litigan contra el país y lo llevaron al default selectivo.
Entre las novedades de esta nueva edición figura la calificación de la Argentina como el "mayor productor de químicos precursores de droga", una cuestión que, sin embargo, "no fue declarada como prioridad" por las autoridades gubernamentales en la materia.

Sistema vulnerable
Apunta igualmente que "el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas" se canaliza por distintas vías en el país. Señala en ese sentido al "sistema financiero", que es "vulnerable" a su penetración, así como lo es también, dice, al contrabando, a la evasión de impuestos y a la corrupción asociada al negocio de las drogas ilegales.También apunta al lavado "fuera del sistema financiero", en el que se involucran particulares y, generalmente, alguna organización offshore y diversos negocios, entre ellos, el inmobiliario.
Un dato adicional para la "vulnerabilidad" de la economía al lavado de dinero se finca, para los autores del informe, en la combinación de una serie de factores.
Entre ellos, el mercado negro de dólares que existe en el país, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el de ese mercado, las "restricciones" para acceder a divisas y la preferencia de los argentinos por guarecerse en moneda extranjera para "protegerse de la inflación y de la devaluación" del peso.
Apunta que el país tiene "una larga tradición" de flujos de capital y evasión de impuestos y que ambos, en conjunto, son básicos para el lavado de dinero. En conjunto, advierte que "todas las vulnerabilidades" del sistema hacen que el país sea potencialmente apto para "financiar actividades terroristas".

Diagnóstico negativo
  • Según el capítulo dedicado a la Argentina en el nuevo informe sobre "Narcotráfico y lavado de dinero", el país muestra "vulnerabilidades" que dificultan la resolución de estos problemas
  • Cuestiona las restricciones oficiales al acceso al dólar de manera legal, lo que fomenta un mercado negro de divisas que contribuye al "lavado de dinero"
  • Sostiene además que, por las debilidades que muestra, el sistema financiero del país es, potencialmente, susceptible de ser utilizado para financiar actividades terroristas
Fuente;
Por Silvia Pisani  | LA NACION

 

jueves, 5 de marzo de 2015

Para evitar lavado de dinero, agentes de bolsa se ponen más estrictos con clientes

Para eludir posibles multas por no conocer al cliente, sociedades de bolsa piden última declaración de ganancias, de bienes personales y últimos tres recibos de sueldo
Para evitar lavado de dinero, agentes de bolsa se ponen más estrictos con clientes
Los agentes de bolsa están temerosos por todos los controles que reciben de la Comisión Nacional de Valores y de la Unidad de Información Financiera. Para evitar multas que pueden llegar a ser multimillonarias, comenzaron a solicitar a sus clientes que les envíen información fiscal y patrimonial actualizada, a fin de mantener al día sus legajos.
Si el titular de la cuenta es una persona física, exigen que se presente los últimos tres recibos de sueldo o, de corresponder, constancia de inscripción en AFIP, constancia de inscripción de monotributo, últimas tres constancias de pago y últimas tres constancias de pago de IVA. Además, de corresponder, se debe enviar la última declaración jurada de impuesto a las ganancias y a los bienes personales. Si el titular de la cuenta es una persona jurídica, debe presentar el último balance auditado certificado por el Colegio de Ciencias Económicas, la declaración de impuesto a las ganancias y de bienes personales, la reforma del estatuto (de corresponder) y la última designación de autoridades completa. "Es necesario tener cierto respaldo de documentación por si vienen los inspectores a preguntarnos por alguna operación. De hecho, antes muchos venían con pequeños montos de plata en efectivo a nuestras oficinas, que no recibimos más. Todo debe estar bancarizado, porque sino sabés que vendrán del gobierno a preguntarte. Por eso nos preocupamos mucho en saber que toda la plata del cliente sea blanca, aunque resulta paradójico que este mismo gobierno sea el que esté incentivando el blanqueo de capitales a través del Cedin. O sea, al mismo tiempo te invitan gentilmente a traer toda la plata negra que tengas", revela un agente. En el sector se quejan que la carga regulatoria resulte cada vez más exagerada, en un contexto donde los ingresos caen por la mitad, pero los costos se multiplican por dos, no sólo por la inflación, sino por los recursos que deben destinar para "conocer al cliente". "Debido a las exigencias de los organismos de control, el trabajo administrativo y de back office se multiplicó por tres, pero los negocios no sólo que no se multiplicaron, sino que encima cayeron", se quejan en la plaza.

Fuente Cronista por MARIANO GORODISCH Buenos Aires

Carteles de la droga mexicanos "se propagan en EE.UU."

PRESENTACION Correspondiente al Curso El Rol del Profesional en la Prevencion del Lavado de Activos

EE.UU. crea "policía" financiera

Golpe a la Familia Michoacana en EE.UU.

FUGA DE CAPITALES POR CARLOS MELCONIAN 03/09/09