Por Dr. Sergio
Goldenberg | El autor detalla los elementos que ponen en evidencia el
deficiente accionar de la UIF en el caso y señala las nuevas líneas de trabajo
que se ha impuesto la flamante dirigencia del organismo, resaltando la necesidad
de mejora de un sistema cuya directriz refuerce los atributos de racionalidad,
inteligencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo
gobierno. | 29/03/2016 Fuente: Prevenciondelavado.com
En esta columna de opinión, el mes pasado habíamos desarrollado una visión desde la óptica de las normas antilavado sobre los hechos conocidos a partir de la investigación de la justicia de Jujuy en el manejo de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por la agrupación Tupac Amaru liderada por Milagro Sala.
Entre algunos de los procedimientos expuestos en esa
oportunidad (Opinión y Noticias, El caso Milagro Sala: una mirada desde las
normas sobre prevención del lavado de activos), y a la luz de lo informado
por la Auditoria General de la Nación, planteábamos que la normativa del BCRA no
habría sido cumplida con eficacia, y la modalidad operativa implementada sería
al menos considerable como indicio para elevar algún reporte a la Unidad de
Información Financiera (UIF) por parte de los Sujetos Obligados.
También nos preguntábamos qué rol pudo haber cumplido el
sistema de prevención en su conjunto y si su funcionamiento pudo resultar eficaz
frente a casos como el que hoy nos ocupa y en particular el nivel de
participación que le tocó a la gestión anterior de la UIF, como el organismo
encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos. Con relación a
estos interrogantes comenzamos estos días a tomar conocimiento sobre algunas
noticias que bien podrían alimentar el camino hacia las respuestas que
buscamos.
De la información solicitada por la fiscal de instrucción de
Jujuy Liliana Fernandez de Montiel a la UIF, surgen Reportes de Operaciones
Sospechosas realizados por la adquisición de vehículos que realizó Milagro Sala.
Asimismo, esos reportes fueron originados desde entidades financieras,
aseguradoras y la misma AFIP. Estos hechos, en parte, muestran que el sistema
generó alertas necesarias para la tarea de análisis que luego debe llevar a cabo
la UIF.
No obstante y en contraposición a lo mencionado,
recientemente se ha dado a conocer en medios periodísticos (La Nación) que una
delegación de inspectores de la AFIP, del BCRA y de la UIF, luego de que en
algunos programas televisivos se mostraran imágenes donde colaboradores de
Milagro Sala cobraban por ventanilla $ 14 millones en efectivo y salían de las
sucursales con ese dinero en bolsos que eran trasladados en camionetas,
auditaron durante cinco días las sucursales del Banco Nación en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, en la localidad jujeña de San Pedro, y comprobaron que
incumplían normas para combatir el lavado de activos; en particular, no se
habrían elevado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre la operatoria
investigada y se incumpliría con la obligación de tener los legajos de clientes
con la información sobre el giro comercial de éstos, en línea con la política de
conocimiento del cliente.
Es importante destacar la relevancia que tiene para nuestro
sistema financiero el grado de cumplimiento de la normativa de prevención de
lavado de activos por parte de los Bancos, y en especial cuando se trata de una
entidad de la envergadura del Banco Nación, donde su presencia en localidades
del interior del país concentra la actividad financiera de sus actores
económicos, mientras es mínima la participación del sector financiero
privado.
Una anécdota que me ha tocado vivenciar como oficial de
cumplimiento en Bancos y que compartimos con varios colegas en su momento viene
a ilustrar como esta situación es importante en términos de trasparencia del
mercado. Durante muchos años, en localidades del interior del país cuando desde
los bancos privados se solicitaba a los clientes información y documentación
para cumplimentar las normas de la UIF, se recibía como respuesta que el Banco
Nación no la solicitaba, respuesta que lógicamente corría por cuenta del cliente
y resultaba de difícil comprobación por parte de la entidad financiera. Más allá
de la veracidad o no de la respuesta del cliente, esta situación le aportaba
opacidad al sistema y alteraba el equilibrio entre el cumplimiento de las normas
antilavado y los objetivos comerciales de la banca al percibirse distintos
umbrales de cumplimiento entre los Bancos.
Un dato no menor es que la capacitación de los Sujetos
Obligados en esta temática es de suma importancia en la lucha contra el lavado
de activos y, de hecho, la propia norma la establece como actividad obligatoria.
En ese sentido, el Banco Nación, habiendo definido la necesidad de actualización
y perfeccionamiento en la materia, en el año 2015 firmó un Convenio Marco con la
UIF, la Sindicatura General de la Nación y su Instituto Superior de Control de
la Gestión Pública, el Banco Central de la República Argentina y la Universidad
Nacional de San Martin. Este Programa de Capacitación y Fortalecimiento
Institucional en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo fue diseñado especialmente para los agentes del Banco Nación y entre
sus instructores participaron los funcionarios de la UIF.
Vemos entonces que si bien el sistema antilavado generó
respuestas dentro del marco regulatorio por parte de los Sujetos Obligados, al
menos esa reacción fue parcial e insuficiente, cuando vemos que el principal
Banco Público pudo haber incumplido con esas normas, que mediante el programa de
inspecciones del órgano de contralor no se haya logrado superar algunas
deficiencias históricas en la gestión de cumplimiento de los Sujetos Obligados y
que la UIF no haya profundizado su análisis en línea con el objetivo para el
cual fue creada.
Esta semana el fiscal Guillermo Marijuán denunció penalmente
al ex titular de la UIF, José Sbattella, por haber omitido dar curso a Reportes
de Operaciones Sospechosas (ROS) referidos a movimientos de Milagro Sala y pone
foco en la demora de la UIF en dar curso a alertas que habrían sido enviadas por
la AFIP en relación a dichos movimientos.
El actual presidente de la UIF, Mariano Federici, en su
mirada sobre la gestión anterior dijo:
"Creo que se trabajó sin una planificación adecuada y que la
herramienta ha sido utilizada para fines políticos que no correspondían…"
En esta etapa se pondrá el énfasis:
- en la importancia de la relación colaborativa entre la UIF y los Sujetos Obligados, que son las principales fuentes de información
- en la necesidad de recalibrar el sistema, aplicando un enfoque basado en riesgos, que contemple las particularidades propias en función de las amenazas a las que cada sistema se encuentra expuesto
- en la efectividad, modificando la metodología de evaluación y separando lo que es el cumplimiento técnico de las formalidades, de la evaluación de los resultados.
Advertimos así, como la toma de conocimiento de los hechos
investigados en este caso y en otros, pone a prueba el funcionamiento del
sistema de prevención en lavado de activos, la efectividad de sus resultados y
las asignaturas pendientes, todo lo cual nos lleva a reflexionar en la necesidad
de mejora de un sistema cuya directriz refuerce los atributos de racionalidad,
inteligencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo
gobierno.
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