Sociedad, Autoridad y Delito
Sergio Goldenberg | De cara al cierre de 2018, esta columna analiza la relación de la sociedad argentina con la autoridad. A su vez, plantea una serie de preguntas y desafíos respecto de ese tema a fin de llamar a la reflexión y análisis. | 18/12/2018 fUENTE www.prevenciondelavado.com
Estamos llegando a final del año y podríamos referirnos a los cambios o novedades normativas que se han registrado y su impacto en el ámbito de los Sujetos Obligados, actividad que en alguna medida hemos desarrollado en el período, pero en estos días que transcurren hay un tema que me preocupa y tiene que ver en la relación que la sociedad tiene con la autoridad. No podemos escindir en este marco la relación que mantienen los agentes económicos con sus Órganos de regulación y supervisión.
El reconocimiento, respeto, credibilidad y confianza en las relaciones es vital para una convivencia sana, armoniosa y proactiva, que dé sustento al desarrollo social y económico de una sociedad.
La pregunta que nos hacemos es si se puede esperar resultados positivos en la prevención de delitos como son el lavado de activos o la financiación del terrorismo en escenarios donde advertimos que la sospecha y desconfianza en la autoridad, que obviamente debe ser ejercida por los distintos niveles del Estado en su conjunto, se pone de manifiesto en diversos comportamientos de la sociedad.
Vivimos una etapa donde la figura de la autoridad está cuestionada no importa dónde o quien la ejerza, desde la familia donde los padres a veces presentan dificultades en su ejercicio, en la escuela y la universidad donde el maestro y el profesor ya no tienen la autoridad que se deriva de su rol en la educación, en la faz laboral se plantean situaciones análogas, en fin podemos extender este fenómeno a distintos campos de acción y veremos que la autoridad está resentida en su ejercicio y seriamente cuestionada.
Sin pretender hacer un análisis sociológico sobre el tema, para el cual deberíamos recurrir a los profesionales en la materia, resulta claro advertir sobre los efectos negativos y nuevos desafíos a los cuales nos expone esta realidad.
Uno de los ejemplos que en estos días ilustra este planteo surgió a raíz del nuevo protocolo que dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas de seguridad, donde fue valorado por un sector de la sociedad y cuestionado por otro, y en este sentido hemos escuchado entre los argumentos de crítica, si la gente podría confiar su aplicación a la policía, basándose en su falta de capacitación o participación en actos de corrupción de algunos de sus integrantes, pero si no es esta fuerza la que lo deba aplicar ¿quién entonces? Es obvio que siempre debemos tener capacitados a sus integrantes en forma adecuada; en consecuencia, como cuestionamos la autoridad y desconfiamos y sospechamos de la policía, condicionamos y debilitamos una de las herramientas naturales y básicas para brindar seguridad en la sociedad.
Este criterio, discutible, opinable, conlleva sus riesgos si deja de ser concebido en un hecho aislado y se convierte en una forma de mirar la realidad.
Por ejemplo, podríamos pensar y hacernos la misma pregunta en los siguientes casos:
- ¿Podemos confiar la elaboración de las leyes en diputados y senadores? Cuestionables en algunos casos, de relativa idoneidad para el tratamiento de ciertos temas, asociados a entramados de corrupción en otros (recordemos el conocido caso "Banelco").
- ¿Podríamos dejar la administración de justicia en manos de los jueces que tenemos? Con innumerables denuncias sobre algunos, sospechados de su politización, niveles de vida inconsistentes con sus ingresos, etc.
- ¿Podríamos dejar la regulación, supervisión y sanción en organismos del Estado, cuyos funcionarios en algunos casos terminan siendo cuestionados, imputados, sancionados y condenados por su desempeño en la función pública? Recordemos, por ejemplo, que ha pasado con la gestión anterior de la UIF y su impacto en los Sujetos Obligados, donde ha sido criticada por su direccionamiento político, falta de profesionalismo y las sanciones aplicadas en su oportunidad, algunas de las cuales hoy quedaron sin efecto.
- ¿Podríamos confiar el manejo de un país a los políticos? Cuando en muchos casos hemos conocido de su falta de honestidad, asociados a entramados de corrupción intolerable.
Como vemos, si aplicamos el criterio de desconfianza, sospecha y cuestionamiento de la autoridad, su resultado es la anarquía y una degradación de los valores que deberíamos cultivar y respetar.
Si nos remontamos a principios de los años 2000, cuando se comienza a trabajar con una ley antilavado, surgen los tipos penales y las responsabilidades para los denominados Sujetos Obligados, en los seminarios sobre la temática, se solía escuchar a abogados de prestigio comentar que se podía volver de distintas situaciones o delitos pero que del Lavado de Dinero no había retorno, dicho en otras palabras quien fuese condenado por este delito sería como un muerto en vida, el desprecio y rechazo de la sociedad haría que esa persona no pueda tener lugar en la misma.
Cuando volvemos a la actualidad y reflexionamos sobre lo mismo, tenemos la percepción que no sólo se vuelve sin verse afectada en demasía su reputación en el reconocimiento social, sino que se ha naturalizado este tipo de delito y hasta diría que forma parte del combo en las imputaciones de los juzgados, como las papas y gaseosa a las hamburguesas.
Los argentinos nos debemos una importante y profunda tarea que debe focalizarse en recomponer los valores de una sociedad, el respeto mutuo, y la autoridad. No tendremos destino como país si bajamos los brazos y naturalizamos la desesperanza, impotencia y la frustración como forma de vivir la vida.
Dr. LA. Sergio Goldenberg
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