Argentina: Ultimátum del GAFI para la Argentina

Con alusiones explícitas a la impunidad de la corrupción local y al asilo de un terrorista chileno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió ayer reclamar a la Argentina que demuestre "con urgencia" su compromiso con la lucha antilavado en un plazo perentorio de poco más de 100 días.
De no hacerlo, ingresará en un proceso que podría llevarla a la lista "gris" de países bajo la lupa, con graves consecuencias financieras y bancarias.
La decisión del plenario del GAFI, confirmada por tres fuentes, terminó de darle forma al documento más crítico sobre un Estado miembro del grupo desde su creación, en 1989, ya que otros países que figuran dentro de su peor lista, la "negra" (es el caso de Irán), no lo integran.
El ministro de Justicia, Julio Alak, admitió en un comunicado que la Argentina "ha ingresado en un procedimiento de revisión y ha recibido recomendaciones para fortalecer el sistema de control y sanción de lavado".
El informe resultó mucho más duro de lo previsto por los funcionarios argentinos, que habían viajado a París -donde el plenario debatirá hasta hoy- con la esperanza de morigerar algunos de sus contenidos más negativos. Pero lejos de mejorar algunas calificaciones, el GAFI ratificó todas las notas de la misión de expertos internacionales que vino al país entre 2009 y principios de 2010, y que LA NACION anticipó en abril pasado. Incluso empeoró una de las evaluaciones.
Como adelantó LA NACION el domingo, el reclamo "involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado", según reconoció Alak.
Durante el debate en París del "caso argentino", la discusión abordó incluso ejes inesperados para la Casa Rosada. Entre otros, se aludió al reciente asilo político otorgado al guerrillero Galvarino Apablaza como prueba de la discutible cooperación de la Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional, otro eje bajo la órbita del GAFI.
"Los argentinos se hundieron solos", graficó una fuente. "La decisión del asilo fue muy criticada porque resultó poco inteligente. Al menos podrían haber esperado dos o tres semanas más y comunicarla después del plenario del GAFI", argumentó.
En el informe final sobre la Argentina, que podría difundirse hoy, se alude a otro frente abierto de la clase política y empresaria local: la corrupción. Apoyado en informes de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación remarca la impunidad existente en este tipo de delitos.
Tras la aprobación del reporte, el debate en París pasó a centrarse sobre qué medidas adoptar con la Argentina, con dos vertientes. La primera, someter sin más demoras al país al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional ("ICRG", en inglés) que podía desembocar en breve en su ingreso en la "lista gris".
La segunda opción -la que terminó por aprobarse-, consistió en darle plazo hasta febrero próximo para que el Estado argentino demuestre su voluntad de cambio y, si no, someterlo entonces a ese proceso más intenso y duro de revisión del ICRG.
"Con urgencia"
A cambio de adoptar el camino más largo, sin embargo, el coordinador nacional de la Argentina ante el GAFI, Alejandro Strega, aceptó que se envíe una carta a Buenos Aires -en rigor, un emplazamiento formal para ese proceso de revisión-, para que el Gobierno ajuste "con urgencia" el sistema local a las 49 recomendaciones del Grupo.
Ese acoplamiento de la Argentina a las exigencias del GAFI, sin embargo, representará un desafío mayúsculo para el país. Entre otros motivos, porque deberían negociarse y aprobarse en el Congreso varios proyectos de ley, por ejemplo, de reorganización de la polémica Unidad de Información Financiera (UIF).
Tanto Strega como el actual titular de la UIF, José Sbattella, sólo obtuvieron un pequeño logro: al analizar el cumplimiento de la "recomendación 29", la misión estimó que la UIF carece de facultades legales para llevar adelante inspecciones. Ante el planteo de que eso podría sustentar las impugnaciones de bancos u otros sujetos bajo revisión, el plenario aceptó cambiarla por una expresión más ambigua, sin concluir si la Unidad cuenta con esa facultad.
El saldo final, sin embargo, resultó peor, para la delegación argentina. Al llegar a París, el borrador sobre el país registraba dos recomendaciones como "cumplidas", dos "mayormente cumplidas", 22 "parcialmente cumplidas" y las 20 restantes "no cumplidas", según consta en el informe que obtuvo LA NACION. Pero tras el debate, el plenario bajó la calificación en la "recomendación N° 10", que aborda la "guarda de documentación". Pasó de "mayormente cumplida" a sólo "parcialmente cumplida".
"La Argentina quedó ahora como el país con peores calificaciones entre todos los miembros del GAFI", destacó el ex coordinador nacional, Juan Félix Marteau. "Esta es otra oportunidad perdida porque durante la gestión de Néstor Kirchner se había fijado una «agenda nacional» que ahora le reclaman al país. Se tiraron por la borda dos años", lamentó.
CONSECUENCIAS
Revisión . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio un ultimátum a la Argentina para que en 100 días demuestre su voluntad en la lucha contra el lavado de dinero.
Proceso . El Gobierno tendrá hasta febrero para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. En caso de no cumplir, podría ser considerado un país de riesgo.
Hugo Alconada Mon LA NACION

ARGENTINA:El GAFI pondrá a la Argentina bajo revisión especial por las fallas en la investigación de delitos financieros

La Argentina reprobará el examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, ya bajo un régimen de revisión especial, deberá demostrar de aquí a febrero su verdadero compromiso para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según consta en el borrador confidencial de esa evaluación cuya copia obtuvo LA NACION.
El reporte -cuya veracidad confirmaron tres fuentes oficiales, locales y extranjeras- plantea que todo el arco político, nacional y provincial, deberá explicitar ese compromiso antilavado si pretende evitar que se inicie la siguiente y más complicada fase, que podría terminar con la Argentina en la "lista gris" del GAFI en octubre de 2011.
Para eso, el Gobierno y la oposición deberán acordar una larga lista de leyes, y proveer de más y mejores recursos humanos y técnicos a la polémica Unidad de Información Financiera (UIF) y a otros organismos. Estos, a su vez, deberán coordinar esfuerzos, según consta en el reporte que redactó la misión de expertos que visitó y analizó al país, en vez de "compartimentalizar" sus datos.
El informe será sometido a su último debate y aprobación desde el lunes, cuando el plenario del GAFI se reúna en París. Algunas de sus aristas más duras pueden aligerarse, estimaron funcionarios argentinos abocados a este tema, aunque reconocieron que mantendrá su núcleo crítico.
La delegación oficial en París incluirá al coordinador nacional ante el GAFI, Alejandro Strega, al titular de la UIF, José Sbattella, y a funcionarios del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros.
Sin embargo, la comitiva mira más allá de París. Descuenta que el país será sometido a ese proceso de "revisión" especial, aunque en Francia buscarán modificar el tiempo verbal del informe para pasarlo del presente al pasado. El reporte se centraría así en lo ocurrido en el país hasta febrero de este año, cuando la entonces titular de la UIF, Rosa Falduto, dejó su lugar a Sbattella, quien aplicó las primeras multas a bancos y ordenó inspecciones a remesadoras, transportadoras de caudales y casinos.
"Aunque el GAFI no revisa lo ocurrido después de terminada su visita en el terreno, queremos mostrarle que cambió la lógica oficial, la actitud, ante el lavado", afirmó uno de los funcionarios a LA NACION. Ese "cambio de lógica", confían en el Gobierno, sí podría plantearse durante la revisión especial y, con eso, sortear el proceso de la "lista gris".
En esa línea, el Gobierno ya envió al Congreso un proyecto de ley para reformar y ampliar las facultades de la UIF. Su plan incluyó también mejorar su comunicación con algunos jugadores centrales del GAFI. Para eso, Sbattella se reunió en Buenos Aires con diplomáticos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, Italia y España.
La UIF concentra, sin embargo, las dudas internacionales. Entre otros motivos, por su ineficacia -el informe de la misión resalta que aún tiene investigaciones pendientes de 2003- y, en los últimos meses, su posible uso político contra el Grupo Clarín y opositores como Francisco de Narváez.
El reporte expone, también, falencias en el BCRA, la CNV y la Superintendencia de Seguros. Tras decir que el país no registra aún ninguna condena por lavado de dinero en 10 años, sugiere un "plan de acción". Entre las medidas prioritarias, figura una que debería darse por descontada, pero que para los observadores internacionales aún está por verse: "Las autoridades argentinas deberían perseguir más proactivamente las actividades de lavado de dinero y los ingresos derivados de ese delito".
Hugo Alconada Mon
Una larga lista de reclamos incumplidos
La misión extranjera cuestionó casi todo
El reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina señala una larga lista de falencias en el control del lavado de dinero. Muchos de esos reclamos son resistidos por las autoridades y los expertos locales, pero la potencia de la enumeración preocupa a las autoridades argentinas.
Entre los cambios que pide el organismo internacional figuran:
· Reforma legal para fortalecer y ampliar la figura penal del lavado de dinero, y las inclusiones del autolavado, del insider trading y la manipulación del mercado en este campo.
· Los jueces deberían contar con facultades más amplias para congelar de manera discrecional activos de la persona investigada por el "valor correspondiente" al monto sospechado.
· Reforma legal de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que pueda supervisar e imponer las normas antilavado a más sectores y no sólo entre los bancos y otros pocos sujetos obligados.
· Remoción del secreto profesional para abogados y escribanos para que provean de información confidencial ante el pedido de las autoridades.
· Adopción de "mecanismos más efectivos" para que la UIF, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros, reduzcan su "compartimentalización de la información" y la intercambien.
· Ampliación de la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF por lavado o financiación del terrorismo.
· Unificación -o, por lo menos, coordinación- de los registros inmuebles y de personas jurídicas provinciales y de la Capital.
El reporte incluye otro punto sustancial, en línea con las dudas internacionales sobre la veracidad de las estadísticas que difunde el Indec. La misión del GAFI cargó contra las cifras que provee la UIF, que "deberían mejorar significativamente", ya que "la falta de información importante tiene un impacto negativo" en sus informes y actividades.
La misión al país de los expertos del GAFI evaluó 49 ejes. A la Argentina no le fue bien en la vasta mayoría. Sólo dos recomendaciones figuran "cumplidas", 2 como "mayormente cumplidas", 22 como "parcialmente cumplidas" y las 20 restantes como "no cumplidas", según consta en el reporte.
A modo de comparación, Brasil salió mejor parado de su última revisión, difundida el 25 de junio. De las 40 "recomendaciones" generales y 9 "especiales" -tal su nombre oficial-, acumuló 3 "cumplidas", 20 "mayormente cumplidas", 17 "parcialmente" y sólo 7 como "no cumplidas", en tanto que no evaluaron los 2 ejes restantes.
Si en vez de las 49 recomendaciones se toman sólo las 16 más relevantes -conocidas como "core" y "key"-, a la Argentina no le fue mejor. De esas 16 recomendaciones "clave", ninguna figura como "cumplida", sólo una como "mayormente cumplida" (Brasil registró 7), 10 "parcialmente" (el país vecino, 6) y las 5 restantes como "no cumplidas" (contra 3).
Fuente: La Nacion

ARGENTINA:La UIF impuso una multa de casi $40 millones al Banco Francés

La entidad fue sancionada por la Unidad de Información Financiera por haber incumplido las normas antilavado, ya que habría omitido reportar una transferencia realizada por un empresario en el marco de supuestas maniobras fraudulentas
Se trata de una transferencia realizada por el empresario Jorge Pallavicino en la que se investigan posibles maniobras fraudulentas por las que el Ministerio de Economía pagó, en reconocimiento de una deuda inexistente, 53.963.112,50 pesos al grupo de aseguradoras extranjeras Accolade Pool, según una resolución de la UIF a la que tuvo acceso Infobae.comEl BBVA Banco Francés S.A "nunca reportó a esta Unidad el acontecimiento de la operación efectuada por Pallavicino el día 22 de Noviembre de 2007. Esto es, el depósito en su cuenta de caja de ahorros ( ... ) de la suma de 39.393.072,12 pesos", refiere la resolución de la UIF, que señala que el dinero, casi en su totalidad, fue transferido de inmediato al Banco de Valores S.A.La multa impuesta ahora al Banco Francés involucra el mismo monto que la operación no reportada al Estado y, con una suma equivalente, fue sancionado también el Oficial de Cumplimiento de la entidad financiera responsable de la aplicación de las normas antilavado.El mes pasado, la UIF ya había multado al banco por un total de 9.173.729,12 pesos, a raíz de la omisión en el reporte de una transacción sospechosa por idéntico monto, realizada por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez, quien al igual que Pallavicino fue procesado en la causa que instruye el juez federal Sergio Torres por un fraude al Estado por casi 54 millones de pesos. La Unidad es querellante en ese proceso.La obligación de los bancos de informar operaciones sospechosas figura en el artículo 21 de la ley nro. 25. 246, sobre lavado de activos de procedencia ilegal y financiamiento del terrorismo; se trata de la norma que hace diez años creó la UIF como agencia especializada del Estado en la prevención del blanqueo de fondos de origen ilícito. Los dos incumplimientos reprochados por la UIF al Banco Francés consistieron en la falta de emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que diera cuenta de las transferencias realizadas en noviembre de 2007 por Jorge Rodríguez y Jorge Pallavicino, para canalizar fondos derivados de los pagos a Accolade Pool.En noviembre de 2007, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la cartera económica, que estaba a cargo de Juan Cayetano Intelisano, efectuó pagos presuntamente indebidos a ACCOLADE POOL, los cuales fueron realizados mediante transferencias del Tesoro Nacional a cuentas bancarias de Pallavicino, Rodríguez y Darío Morresi, en el marco de un “acuerdo de conmutación” fechado el 23 de octubre de 2007.Se reconocieron deudas de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro con las aseguradoras extranjeras, por supuestos contratos de reaseguros que se habrían celebrado entre los años 1977 y 1982, y se dispuso ejecutar una sentencia dictada por Alta Corte de Justicia, División del Tribunal Superior, Tribunal de Comercio de Inglaterra, contra la ex Caja de Ahorros.El entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, que denunció el hecho ante la Justicia el 17 de diciembre de 2008, subrayó que “nadie aportó” los contratos en cuestión y destacó que la parte demandante había perdido en 2003 y 2005 la batalla legal entablada ante la Justicia comercial de Argentina para cobrar las sumas que reclamaba al Estado.El 3 de junio último, el juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento de Pallavicino y otros doce imputados, por presunto fraude al Estado. Asimismo, el magistrado dispuso embargos por montos que oscilan entre los 20 y los 30 millones de pesos.

Argentina:Nuevo Seminario eminentemente practico sobre prevencion del lavado, reunió al sistema financiero.

Como un paso más hacia la efectiva adopción de procedimientos prácticos para la prevención del lavado de activos, NOP organizó el 23 de setiembre un seminario sobre gestión y evaluación del cliente frente a la problemática del antilavado.La capacitación estuvo a cargo del Dr. Sergio Goldemberg, consultor en AML, profesor universitario y ex-oficial de cumplimiento en diversas entidades financieras locales. La moderación estuvo a cargo del Dr. Marcelo Massip, socio y director de NOP.
La novedad consistió en superar los aspectos teóricos y avanzar sobre el análisis del cliente aplicando un enfoque basado, predominantemente, en los riesgos asumidos. Se desarrollaron matrices de riesgo del cliente, evaluación de flujos de fondos y ponderación de los riesgos operativos del sector de prevención de lavado.
El resultado de las encuestas realizadas a los asistentes manifestaron su satisfacción por haberse expuesto los contenidos desde un plano eminentemente práctico.
El éxito de la actividad nos motiva a continuar con capacitaciones sobre el tema antilavado con una óptica similar a la desarrollada, manifestó Daniel Damiano, Director Comercial de NOP.

EEUU: La Reserva Federal ordena mejores controles a HSBC

La autoridad le pidió mejorar prácticas anti-lavado de dinero y contra financiamiento terrorista; la orden no impide evaluar una pena civil monetaria contra el banco por parte de la Reserva Federal.
NUEVA YORK/WASHINGTON (Reuters) — La Reserva Federal de Estados Unidos emitió el jueves una orden en la que pide al banco HSBC North American Holdings Inc. mejorar sus prácticas, para evitar que sus clientes laven dinero o ayuden a financiar a los terroristas.
La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) emitió una orden relacionada contra la subsidiaria estadounidense del HSBC, por violar una legislación que regula cómo la compañía informa y evalúa actividades sospechosas relacionadas con sus cuentas, incluyendo transferencias internacionales y grandes retiros de efectivo. HSBC es el banco más grande de Europa.
Los reguladores no han multado a HSBC por las violaciones, pero pueden hacerlo en el futuro. La OCC dijo que su orden "no le impide" el evaluar una pena civil monetaria contra el banco.
La medida se conoce en momentos en que el Gobierno estadounidense pone más atención a cómo los principales bancos supervisan e informan de las actividades sospechosas, incluyendo señales de lavado de dinero.
En agosto, Barclays Bank Plc acordó pagar 298 millones de dólares para levantar cargos criminales por haber violado sanciones estadounidenses a través de acuerdos con bancos en Cuba, Irán, Libia, Sudan y Myanmar, según documentos de la corte.
El regulador citó insuficiente dotación de personal, exámenes incompletos y un monitoreo inadecuado de las transferencias de fondos y actividades financieras de los clientes "de alto riesgo" del banco.

ARGENTINA: El Gobierno presenta plan para luchar contra el lavado de dinero

Se busca que el GAFI postergue la fecha de evaluación hasta febrero próximo. Eso permitirá mostrar ciertos logros para evitar calificaciones perjudiciales
El Gobierno nacional presentará ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el plan para luchar contra el lavado de dinero.
La presentación se llevará adelante entre el 17 al 22 de octubre en París. El plan de acción se apoya en la constitución de un nuevo marco legal y un mayor control sobre el sistema financiero.
“Diseñamos un plan y un informe muy complejo de cómo se está combatiendo el presunto lavado de dinero y cómo se lo enfrentará en el futuro. Si bien el GAFI va a emitir un juicio sobre cómo actuó la UIF el año pasado, queremos que la sentencia final quede postergada hasta febrero próximo porque hemos cambiado la imagen en varios aspectos”, señaló el presidente de la UIF, José Sbattella, al matutino Buenos Aires Económico.
El programa de acción, compartido con el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Nacional de Valores y difundido por el matutino consta básicamente de cinco ejes:
La demostración ante las máximas autoridades del GAFI de que existe un proyecto de ley que –por primera vez– apunta a castigar el lavado de dinero en sí mismo y ya no dependiendo de delitos preexistentes;
La investigación sobre entidades financieras con multas nunca antes aplicadas;
Inspecciones in situ a todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, sean bancos, estudios contables, financieras, escribanías, casas de cambio, entre otros.
Los pedidos a diversos jueces para que el Estado ingrese como querellante en causas de posible lavado de dinero.
La capacitación internacional de los agentes de la UIF, tal como pidió el GAFI en la cumbre entre ambos organismos realizada en julio pasado en París.
Sbattella agregó que la delegación nacional destacará el proyecto de ley que hoy está en manos de la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Los nuevos sujetos que serán informados serán los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades administradas por ellos; las asociaciones mutuales y cooperativas; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de vehículos de toda clase, y maquinaria agrícola, y las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios. El plan también prevé que los jueces empleen técnicas de investigación especiales como operaciones encubiertas, entre otras.
iprofesional.

ARGENTINA: CNV: Nuevas medidas contra el lavado de dinero

La Comisión Nacional de Valores (CNV), aprobó una resolución que busca reforzar la prevención del lavado de dinero y aumentar la seguridad en operaciones del mercado de capitales.
La norma que lleva el número 580, “reglamenta las modalidades admitidas para la recepción y entrega de fondos de clientes.
La nueva medida deberá ser cumplida por todos los que intervienen en la apertura o el mantenimiento de cuentas de terceros, ya sean “intermediarios, colocadores de fondos comunes de inversión, de fideicomisos financieros y de emisiones primarias”.Estos agentes sólo podrán, recibir y entregar fondos en efectivo por un importe que no exceda los $ 1.000 “por cliente y por día”, no podrán realizar más de dos pagos diarios, y en caso de utilizar cheques, éstos deberán estar librados a favor del usuario con la cláusula “no a la orden”.A continuacion transcribimos el art 9 de dicha resolucion
ARTÍCULO 9º.- Los sujetos indicados en el artículo 1º del presente Capítulo (SUJETOS)sólo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un importe que no exceda los PESOS UN MIL ($ 1.000) (artículo 1º de la Ley Nº 25.345). Cuando por cliente y por día los fondos recibidos por los SUJETOS excedan el importe indicado precedentemente, la entrega por el cliente deberá ajustarse a alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1º de la Ley Nº 25.345. En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país de titularidad o co-titularidad del cliente. En el caso de utilizarse transferencias bancarias a los SUJETOS, éstas deberán efectuarse desde cuentas bancarias a la vista de titularidad o co-titularidad del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA.
Por su parte, los SUJETOS -por día y por cliente- no podrán efectuar más de DOS (2) pagos de fondos ni emitir más de DOS (2) cheques. En ningún caso los SUJETOS podrán efectuar pagos en efectivo por día y por cliente por un importe superior a PESOS UN MIL ($1.000) (artículo 1° de la Ley N° 25.345). Los pagos por importes superiores a dicha suma deberán efectuarse mediante alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1º de la Ley Nº 25.345. En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados a favor del cliente con cláusula no a la orden, y en el caso de utilizarse transferencias bancarias, éstas deberán tener como destino cuentas bancarias de titularidad o co-titularidad del cliente abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA.”

MEXICO:Vamos por el dinero de los cárteles

El Departamento de Justicia está reorganizando su unidad contra lavado de dinero para frenar el flujo a los cárteles de la droga mexicanos y confiscar activos de gobernantes corruptos en el mundo, informó hoy The Wall Street Journal.
La Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero, que forma parte de la División Penal del Departamento de Justicia, ha empezado discretamente la contratación de 10 fiscales y abogados para dos grupos que se centrarán en estos esfuerzos.
En declaraciones hechas al diario neoyorquino, Jennifer Shasky, jefa de la Sección dijo: "Una prioridad son los cárteles mexicanos. Vamos por su dinero de forma agresiva".
Añadió que las contrataciones señalan una escalada en la misión de lucha contra la corrupción del Departamento, y se enmarcan en las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.
Dicha convención obliga a los Estados miembros a adoptar leyes y políticas estrictas contra la corrupción, incluyendo la localización y confiscación del producto de los delitos cometidos en el extranjero, agregó el rotativo.
Según el rotativo, las medidas también representan un cambio estratégico en el papel del Departamento en la guerra contra las drogas de México.
Funcionarios de agencias del orden han reconocido que se necesitan más recursos para actuar contra instituciones financieras estadounidenses y criminales profesionales que movilizan el dinero de los cárteles de la droga.