La Cámara Federal denunció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que persigue el lavado de dinero, por una presunta "falta ética" en su actuación en la causa que investiga el desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que la UIF "tergiversó diametralmente" un fallo de ellos en este expediente: el que dispuso que el juez Norberto Oyarbide fundara mejor por qué no levantaba los embargos que había dictado sobre las cuentas de una serie de acusados.
La UIF pidió la nulidad de aquel fallo de la Cámara; según los camaristas, en un escrito reñido con la ética firmado por el presidente de la unidad, José Sbatella, y el abogado patrocinante Claudio Castelli. Por eso, el tribunal dispuso notificar de lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (que controla el desempeño de los abogados) y al ministro de Justicia, Julio Alak, de quien depende la UIF, según informaron fuentes del caso.
El planteo de Sbatella había caído muy mal en la Cámara. Los jueces lo interpretaron como un apoyo inesperado a Oyarbide, a quien ellos cuestionaron en durísimos términos por el "errado direccionamiento" y el "desorden" de su investigación. Ese fue el fallo que la UIF pidió anular.
En diálogo con LA NACION, Sbatella dijo anoche que no había sido notificado aún de la última decisión de la Cámara, pero que la intención de su organismo había sido evitar que desaparecieran los fondos que se presume provienen de un delito. "Nuestra experiencia indica que cuando se levanta el embargo, el dinero desaparece y cuando llega la sentencia ya no podemos recuperar los fondos", afirmó.
Para los camaristas, este argumento no tiene fundamento. No existe el daño que invoca la UIF porque el tribunal no levantó los embargos: lo que hizo fue ordenar que Oyarbide fundamentara por qué se negaba a liberar las cuentas. Mientras tanto, los embargos siguen vigentes.
Además, los jueces afirmaron que no estaban obligados a escuchar a la UIF antes de firmar su fallo, como sostiene el pedido de nulidad de Sbatella. Cuando el tribunal celebró la audiencia con las partes, la UIF todavía no era tal. Fue la propia Cámara la que habilitó al organismo a intervenir en el expediente: en contra de lo que había dispuesto Oyarbide, la reconoció como querellante.
Oyarbide le había negado este carácter porque pesa sobre Sbatella una denuncia vinculada con esta investigación. Está acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las demoras en que incurrió para elevar a la Justicia los expedientes que tenía la UIF contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Sbatella tardó varios meses en informar a los tribunales sobre tres reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Schoklender, de donde surgen desvíos de millones de pesos que había recibido la Fundación de las Madres para construir viviendas sociales.
La causa contra Sbatella está a cargo del juez Sergio Torres. En junio pasado, el fiscal Guillermo Marijuán presentó su requerimiento de instrucción. Según relataron fuentes judiciales, Torres está "recabando todos los documentos" para empezar a investigar el caso
Paz Rodriguez Niell | LA NACION
miércoles, 7 de diciembre de 2011
lunes, 28 de noviembre de 2011
Sospechas sobre la Argentina por lavado
En plena puja por el dólar entre la Casa Rosada y ahorristas, empresas y cuevas, la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) ubicó a la Argentina como el segundo país del mundo con más reportes de operaciones sospechosas en el mercado norteamericano. Más aún, también remitió una alerta para todo su sistema financiero sobre el país y otras naciones basada en las últimas evaluaciones internacionales.
La Argentina, según consta en un documento oficial de la FinCEN cuya copia obtuvo LA NACION, se ubica sólo por debajo de Venezuela en el ranking de países que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados "sistemas informales de transferencia de valores" (IVTS, en inglés), más conocidos como "cuevas" en nuestro país y hawalas en el mundo árabe.
"Cerca de un diez por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [reportadas por el sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local", detalló la FinCEN en su documento "Revisión de la actividad de los reportes de operaciones sospechosas".
Emitido a mediados de octubre, el informe expuso las "tendencias, consejos y cuestiones" por resolver en el mercado bancario y financiero norteamericano. Para eso, la FinCEN se basó en los datos aportados por 15.000 bancos, 45.000 negocios de servicios monetarios, 7000 mutuales, 1000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado .
Esos mismos informantes detallaron que la mayoría de las transferencias a través de esos sistemas informales o IVTS evidenciaron "actividades cambiarias sospechosas" destinadas a evitar "restricciones o controles". Ya fuera esconder al verdadero beneficiario a través de cuentas en otros países -como Uruguay y Panamá, en el caso de la Argentina -, o por medio de cuentas de sociedades, familiares o amigos.
La mayor presión de la FinCEN sobre las prácticas cambiarias y las transferencias originarias de la Argentina lleva ya un par de años. Al punto que sus mayores exigencias derivaron en el cierre de numerosas corresponsalías de casas de cambio locales en Estados Unidos, que concentraron sus operaciones, por ejemplo, en la sucursal del Banco Nación en Nueva York, confirmaron desde el sector a LA NACION.
En su informe, la FinCEN recordó además que dado el creciente abuso observado en los IVTS decidió emitir una alerta en septiembre de 2010, en la que pidió a todos los sujetos obligados que identificaran y categorizaran mejor las operaciones vinculadas a cuevas, hawalas y similares.
El resultado fue elocuente. En los diez meses previos a su alerta, la unidad antilavado había recibido sólo 80 reportes vinculados a los IVTS, pero en los diez meses posteriores recibió 527. Antes y después, la Argentina quedó segunda por cantidad de reportes, aunque los vinculados al Medio Oriente crecieron de manera exponencial.
Así, la Argentina fue el centro de 24 reportes por operaciones sospechosas que pasaron de un modo u otro por entidades norteamericanas antes de esa alerta de septiembre de 2010 y otros 36 tras esa fecha. Ante la disparada de reportes, su porción en la torta bajó del 30 al 7 por ciento del total, o un 10% del acumulado.
Según la FinCEN -que cortó relaciones con su contraparte local, la UIF, por fuga y utilización política de información confidencial, como reveló LA NACION, y admitió luego el Gobierno-, "expatriados e inmigrantes" suelen recurrir a estos sistemas informales para girar dinero desde y hacia sus países de origen. A menudo, son sólo remesas vitales para ayudar a sus familias. Aunque también destacó que dada "su versatilidad y anonimato, los IVTS son vulnerables al mal uso". Por ejemplo, para financiar eventuales atentados terroristas.
Esa no sería la motivación central para los argentinos, más concentrados en fugar divisas del sistema local, evadir impuestos y ocultar fondos corruptos, aunque la FinCEN ya había aludido a la Argentina en un informe similar de mayo de 2007. Aquella vez consignó dos operaciones detectadas en la Triple Frontera compartida con Paraguay y Brasil. Una por US$ 7 millones, la otra por 200.000 dólares.
Alerta por deficiencias
El martes 15 de este mes, además, la FinCEN emitió un "advisory" al sistema financiero norteamericano en la que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 países ubicados en las listas conocidas por los expertos como "gris" y "negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo para la prevención y lucha contra el lavado de activos.
Traducible como "alerta" o "recomendación", la FinCEN clarificó su posición ante la consulta de LA NACION. "Es una alerta, es decir, algo que las instituciones financieras [estadounidenses] deberían tener en cuenta cuando desarrollan sus análisis de riesgo", indicó un vocero desde Washington. "Trata sobre un riesgo para la institución financiera."
De ese modo, la FinCEN avanzó por la senda por la que antes transitaron la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bafin, por sus siglas en alemán) y su contraparte británica, la Autoridad de Servicios Financieros (RSA, en inglés).
Dirigido a bancos e instituciones financieras de su sistema, la FinCEN informó también sobre los avances observados en la Argentina según el GAFI, pero lo enmarcó entre las naciones con "riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados" por tener "deficiencias en sus regímenes" antilavado.
EL RANKING
El siguiente es el ranking elaborado por la FinCEN, unidad antilavado de Estados Unidos, entre noviembre de 2009 y junio de 2011.
• Venezuela : encabeza el listado con 397 reportes, el 39% del total.
• Argentina : ocupa el segundo lugar, con 85 informes sospechosos.
• México : con 74 reportes, es el tercer país reportado.
• Emiratos Arabes Unidos : primer país no americano que figura en el listado.
• Brasil : acumula 51 informes negativos, el 5% del total.
• Panamá : 49 reportes.
• Uruguay : 36 informes negativos.
• Hong Kong : con 30 informes, ocupa el octavo lugar.
• Afganistán : acumula el 3% de los reportes, con 28.
• Islas Vírgenes : décimo lugar del ranking, con 25 informes.
Fuente Hugo Alconada Mon LA NACION
La Argentina, según consta en un documento oficial de la FinCEN cuya copia obtuvo LA NACION, se ubica sólo por debajo de Venezuela en el ranking de países que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados "sistemas informales de transferencia de valores" (IVTS, en inglés), más conocidos como "cuevas" en nuestro país y hawalas en el mundo árabe.
"Cerca de un diez por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [reportadas por el sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local", detalló la FinCEN en su documento "Revisión de la actividad de los reportes de operaciones sospechosas".
Emitido a mediados de octubre, el informe expuso las "tendencias, consejos y cuestiones" por resolver en el mercado bancario y financiero norteamericano. Para eso, la FinCEN se basó en los datos aportados por 15.000 bancos, 45.000 negocios de servicios monetarios, 7000 mutuales, 1000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado .
Esos mismos informantes detallaron que la mayoría de las transferencias a través de esos sistemas informales o IVTS evidenciaron "actividades cambiarias sospechosas" destinadas a evitar "restricciones o controles". Ya fuera esconder al verdadero beneficiario a través de cuentas en otros países -como Uruguay y Panamá, en el caso de la Argentina -, o por medio de cuentas de sociedades, familiares o amigos.
La mayor presión de la FinCEN sobre las prácticas cambiarias y las transferencias originarias de la Argentina lleva ya un par de años. Al punto que sus mayores exigencias derivaron en el cierre de numerosas corresponsalías de casas de cambio locales en Estados Unidos, que concentraron sus operaciones, por ejemplo, en la sucursal del Banco Nación en Nueva York, confirmaron desde el sector a LA NACION.
En su informe, la FinCEN recordó además que dado el creciente abuso observado en los IVTS decidió emitir una alerta en septiembre de 2010, en la que pidió a todos los sujetos obligados que identificaran y categorizaran mejor las operaciones vinculadas a cuevas, hawalas y similares.
El resultado fue elocuente. En los diez meses previos a su alerta, la unidad antilavado había recibido sólo 80 reportes vinculados a los IVTS, pero en los diez meses posteriores recibió 527. Antes y después, la Argentina quedó segunda por cantidad de reportes, aunque los vinculados al Medio Oriente crecieron de manera exponencial.
Así, la Argentina fue el centro de 24 reportes por operaciones sospechosas que pasaron de un modo u otro por entidades norteamericanas antes de esa alerta de septiembre de 2010 y otros 36 tras esa fecha. Ante la disparada de reportes, su porción en la torta bajó del 30 al 7 por ciento del total, o un 10% del acumulado.
Según la FinCEN -que cortó relaciones con su contraparte local, la UIF, por fuga y utilización política de información confidencial, como reveló LA NACION, y admitió luego el Gobierno-, "expatriados e inmigrantes" suelen recurrir a estos sistemas informales para girar dinero desde y hacia sus países de origen. A menudo, son sólo remesas vitales para ayudar a sus familias. Aunque también destacó que dada "su versatilidad y anonimato, los IVTS son vulnerables al mal uso". Por ejemplo, para financiar eventuales atentados terroristas.
Esa no sería la motivación central para los argentinos, más concentrados en fugar divisas del sistema local, evadir impuestos y ocultar fondos corruptos, aunque la FinCEN ya había aludido a la Argentina en un informe similar de mayo de 2007. Aquella vez consignó dos operaciones detectadas en la Triple Frontera compartida con Paraguay y Brasil. Una por US$ 7 millones, la otra por 200.000 dólares.
Alerta por deficiencias
El martes 15 de este mes, además, la FinCEN emitió un "advisory" al sistema financiero norteamericano en la que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 países ubicados en las listas conocidas por los expertos como "gris" y "negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo para la prevención y lucha contra el lavado de activos.
Traducible como "alerta" o "recomendación", la FinCEN clarificó su posición ante la consulta de LA NACION. "Es una alerta, es decir, algo que las instituciones financieras [estadounidenses] deberían tener en cuenta cuando desarrollan sus análisis de riesgo", indicó un vocero desde Washington. "Trata sobre un riesgo para la institución financiera."
De ese modo, la FinCEN avanzó por la senda por la que antes transitaron la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bafin, por sus siglas en alemán) y su contraparte británica, la Autoridad de Servicios Financieros (RSA, en inglés).
Dirigido a bancos e instituciones financieras de su sistema, la FinCEN informó también sobre los avances observados en la Argentina según el GAFI, pero lo enmarcó entre las naciones con "riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados" por tener "deficiencias en sus regímenes" antilavado.
EL RANKING
El siguiente es el ranking elaborado por la FinCEN, unidad antilavado de Estados Unidos, entre noviembre de 2009 y junio de 2011.
• Venezuela : encabeza el listado con 397 reportes, el 39% del total.
• Argentina : ocupa el segundo lugar, con 85 informes sospechosos.
• México : con 74 reportes, es el tercer país reportado.
• Emiratos Arabes Unidos : primer país no americano que figura en el listado.
• Brasil : acumula 51 informes negativos, el 5% del total.
• Panamá : 49 reportes.
• Uruguay : 36 informes negativos.
• Hong Kong : con 30 informes, ocupa el octavo lugar.
• Afganistán : acumula el 3% de los reportes, con 28.
• Islas Vírgenes : décimo lugar del ranking, con 25 informes.
Fuente Hugo Alconada Mon LA NACION
viernes, 4 de noviembre de 2011
ARGENTINA:La AFIP creó una nueva Dirección de Investigación Financiera
Tendrá como objetivo "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones y bonos" así como "todo tipo de créditos". Además, controlará las operaciones en las que se sospeche de lavado de dinero para el financiamiento del terrorismo
Crédito foto: Charly Diaz Azcue
A horas de cumplirse una semana del anuncio de nuevas medidas de control cambiario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), creo una Dirección de Investigación Financiera, según se informa hoy en el Boletín Oficial.
Tendrá como objetivo la fiscalización "de personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".
De acuerdo con el texto de la Disposición 388/2011, la Dirección tendrá la responsabilidad de "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y otros títulos" así como "todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras".
Entre sus tareas, se encuentra la de realizar "relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias".
Además, estará encargada de "adoptar las medidas preventivas para evitar infracciones cambiarias" vinculadas con el lavado de activos para el "financiamiento del terrorismo".
Crédito foto: Charly Diaz Azcue
A horas de cumplirse una semana del anuncio de nuevas medidas de control cambiario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), creo una Dirección de Investigación Financiera, según se informa hoy en el Boletín Oficial.
Tendrá como objetivo la fiscalización "de personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, y aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos".
De acuerdo con el texto de la Disposición 388/2011, la Dirección tendrá la responsabilidad de "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y otros títulos" así como "todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras".
Entre sus tareas, se encuentra la de realizar "relevamientos y desarrollar acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias".
Además, estará encargada de "adoptar las medidas preventivas para evitar infracciones cambiarias" vinculadas con el lavado de activos para el "financiamiento del terrorismo".
jueves, 3 de noviembre de 2011
Argentina: Citan a indagatoria a dueños de casas de cambio por vender dólares a coleros
La jueza Servini de Cubría tomará declaración a más de una docena de operadores de la City y de empresas de turismo por darles divisas a los "arbolitos" que negocian en la informalidad
La jueza federal María Servini de Cubría citó a declaración indagatoria a más de una docena de dueños de casas de cambio y empresas de turismo por haberles vendido dólares a los denominados "coleros" sin reparar que ello podría contribuir al lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que la jueza ordenó citarlos a indagatorias, que fueron fijadas a partir de la próxima semana y se extenderán hasta fin de mes.
Entre los convocados está Alfredo Piano, dueño de Casa Piano, una de las más tradicionales y concurridas del microcentro porteño, en cuyas cercanías podían observarse hasta pocos días atrás a decenas de "coleros" esperando ser convocados para operaciones.
Además, fueron citados Carlos Mateu, presidente de "Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo"; Eduardo Dante Roig, de "Antonio Di Giogio S.A.C. y T."; Hugo Paz, de "Italtur S.A."; y Carlos Alberto Reynier, de "París cambio, agencia de cambio y Turismo".
La jueza federal María Servini de Cubría citó a declaración indagatoria a más de una docena de dueños de casas de cambio y empresas de turismo por haberles vendido dólares a los denominados "coleros" sin reparar que ello podría contribuir al lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que la jueza ordenó citarlos a indagatorias, que fueron fijadas a partir de la próxima semana y se extenderán hasta fin de mes.
Entre los convocados está Alfredo Piano, dueño de Casa Piano, una de las más tradicionales y concurridas del microcentro porteño, en cuyas cercanías podían observarse hasta pocos días atrás a decenas de "coleros" esperando ser convocados para operaciones.
Además, fueron citados Carlos Mateu, presidente de "Cambio Perseo S.A. Bolsa y Turismo"; Eduardo Dante Roig, de "Antonio Di Giogio S.A.C. y T."; Hugo Paz, de "Italtur S.A."; y Carlos Alberto Reynier, de "París cambio, agencia de cambio y Turismo".
viernes, 28 de octubre de 2011
Argentina:el Gobierno deberá seguir rindiendo examen cada tres meses
Argentina seguirá en la lista de países que, por sus deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, deben rendir examen cada tres meses y no una vez por año ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que volvió a evaluar esta semana al país en sus cuarteles centrales, en París. Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dijo tras exponer la posición oficial en el plenario que tuvo lugar en la capital francesa, que el GAFI había respaldado “los avances alcanzados por la Argentina” , en la tipificación y condenas para estos flagelos.
“Estos cambios cualitativos permitieron que la Argentina, en un muy corto plazo, registrara avances claros en cinco de las seis deficiencias clave en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación”, señaló ayer Alak en París. Otras fuentes no oficiales, afirman que los incumplimientos son de, al menos, nueve de las 40 recomendaciones del GAFI .
Efectivamente, en el último año, el Gobierno logró sortear los severos castigos que venían pidiendo determinados grupos de presión dentro del Grupo, que iban desde quitarle la membresía hasta llegar a la condición actual de país observado de manera trimestral. Pero al mismo tiempo, en su reunión de México, en junio pasado, el GAFI aceptó y reconoció la presentación por parte de Argentina de un Plan de Acción. Concretamente, antes de que tuviera lugar dicho plenario, el Congreso ayudó al gobierno al convertir en ley un proyecto sobre lavado de dinero que tipificó dicho delito en el Código Penal, en sintonía con los reclamos del GAFI. Para entonces, el Grupo insistía en otro tema, el financiamiento del terrorismo, que ahora también está en el foco del Gobierno.
A la reunión en París de esta semana, Alak llevó los dos proyectos de ley enviados recientemente por Cristina Kirchner al Congreso que endurecen las penas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y otras medidas relacionadas con el tema, y que fueron anunciadas hace dos semanas. Sobre la cuestión del terrorismo el Gobierno mantiene hasta diferencias conceptuales con el GAFI. Cuando presentó los proyectos de ley hace unos días, Alak recordó que a través de distintas legislaciones el financiamiento del terrorismo y los actos de terror estaban penados en la Argentina con anterioridad, y que por eso lo que se estaba haciendo para cumplir con las normativas del GAFI eran modificaciones al Código Penal argentino y no la creación de leyes nuevas en sí mismas.
Una fuente no oficial relacionada al GAFI evaluó que, de ahora en más, el Gobierno se concentrará en que “ saquen al país de la lista de jurisdicciones con deficiencias sistémicas en que se encuentra. Pero que las normativas per se no eran suficientes para subsanar las deficiencias estructurales que todavía seguía teniendo el país en esta materia”.
Antes “sólo se podía sancionar penalmente a quien lavaba activos si era encubridor del sujeto que hubiera cometido un delito” por lo que se impedía la persecución del autolavado”, dijo Alak ayer a manera de ejemplo y siguió. “El Código incorpora delitos contra el orden económico financiero, que se ve afectado por el lavado, lo que le otorga carácter plenamente autónomo respecto del encubrimiento y del encubrimiento y de cualquier otra figura delictiva”.
Clarin
“Estos cambios cualitativos permitieron que la Argentina, en un muy corto plazo, registrara avances claros en cinco de las seis deficiencias clave en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación”, señaló ayer Alak en París. Otras fuentes no oficiales, afirman que los incumplimientos son de, al menos, nueve de las 40 recomendaciones del GAFI .
Efectivamente, en el último año, el Gobierno logró sortear los severos castigos que venían pidiendo determinados grupos de presión dentro del Grupo, que iban desde quitarle la membresía hasta llegar a la condición actual de país observado de manera trimestral. Pero al mismo tiempo, en su reunión de México, en junio pasado, el GAFI aceptó y reconoció la presentación por parte de Argentina de un Plan de Acción. Concretamente, antes de que tuviera lugar dicho plenario, el Congreso ayudó al gobierno al convertir en ley un proyecto sobre lavado de dinero que tipificó dicho delito en el Código Penal, en sintonía con los reclamos del GAFI. Para entonces, el Grupo insistía en otro tema, el financiamiento del terrorismo, que ahora también está en el foco del Gobierno.
A la reunión en París de esta semana, Alak llevó los dos proyectos de ley enviados recientemente por Cristina Kirchner al Congreso que endurecen las penas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y otras medidas relacionadas con el tema, y que fueron anunciadas hace dos semanas. Sobre la cuestión del terrorismo el Gobierno mantiene hasta diferencias conceptuales con el GAFI. Cuando presentó los proyectos de ley hace unos días, Alak recordó que a través de distintas legislaciones el financiamiento del terrorismo y los actos de terror estaban penados en la Argentina con anterioridad, y que por eso lo que se estaba haciendo para cumplir con las normativas del GAFI eran modificaciones al Código Penal argentino y no la creación de leyes nuevas en sí mismas.
Una fuente no oficial relacionada al GAFI evaluó que, de ahora en más, el Gobierno se concentrará en que “ saquen al país de la lista de jurisdicciones con deficiencias sistémicas en que se encuentra. Pero que las normativas per se no eran suficientes para subsanar las deficiencias estructurales que todavía seguía teniendo el país en esta materia”.
Antes “sólo se podía sancionar penalmente a quien lavaba activos si era encubridor del sujeto que hubiera cometido un delito” por lo que se impedía la persecución del autolavado”, dijo Alak ayer a manera de ejemplo y siguió. “El Código incorpora delitos contra el orden económico financiero, que se ve afectado por el lavado, lo que le otorga carácter plenamente autónomo respecto del encubrimiento y del encubrimiento y de cualquier otra figura delictiva”.
Clarin
jueves, 27 de octubre de 2011
La Argentina defendió ante el GAFI avances en lucha contra el lavado de dinero
El ministro de Justicia, Julio Alak, anticipó en París que el próximo paso será la sanción de una ley contra la financiación del terrorismo, en el encuentro del organismo intergubernamental creado por el G-7. Exigieron que en el plenario de febrero se "materialicen nuevos avances"
"La reunión fue muy positiva para Argentina. El plenario del GAFI reconoció los grandes avances logrados por el país (...) en la implementación de políticas de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo", dijo Alak a la prensa al término del encuentro.
La sesión plenaria celebrada miércoles y jueves en la sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental creado en 1989 por el G-7 para proteger al sistema financiero mundial del blanqueo ilegal de fondos, sucede a la efectuada en México en junio pasado, donde ese organismo aprobó el plan de acción presentado por el gobierno argentino.
En junio el Congreso argentino convirtió en ley un proyecto sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal en concordancia con los reclamos del GAFI, que en su tercera evaluación de noviembre de 2010 había considerado que Argentina no había hecho "progresos suficientes".
El GAFI señalaba entonces a Argentina la inexistencia de condenas judiciales por lavado de dinero y financiación del terrorismo. "Estamos en la etapa de implementación de normas y sanción de una nueva ley", sostuvo el titular argentino de Justicia y Derechos Humanos antes de puntualizar que "el próximo desafío es sancionar la ley contra el terrorismo y manipulación de mercado" que ya fue enviada al Congreso.
Indicó que el GAFI "destacó el alto compromiso político del país y exhortó a las autoridades argentinas a seguir trabajando" para que en el próximo plenario de febrero de 2012 se "materialicen nuevos avances".
Alak confía en que en junio del año próximo "esté cumplida la totalidad del plan de acción" que Argentina presentó al GAFI en 2010.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella, que acompañó a Alak junto a otros responsables destacó la "dinámica" generada por la "nueva estrategia" que está arrojando resultados concretos.
Ambos coincidieron en que estos avances dan mayor credibilidad a Argentina en el exterior: "Sí, en este tema tenemos una presencia muy fuerte y hay una voluntad política de la Presidente para que esto siga", dijo Alak, cuatro días después de la reelección de Cristina Kirchner en la primera vuelta de la presidencial con más del 53% de los votos.
Impulsado por los países del G-7 (EEUU, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), el GAFI está formado por 34 países
"La reunión fue muy positiva para Argentina. El plenario del GAFI reconoció los grandes avances logrados por el país (...) en la implementación de políticas de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo", dijo Alak a la prensa al término del encuentro.
La sesión plenaria celebrada miércoles y jueves en la sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental creado en 1989 por el G-7 para proteger al sistema financiero mundial del blanqueo ilegal de fondos, sucede a la efectuada en México en junio pasado, donde ese organismo aprobó el plan de acción presentado por el gobierno argentino.
En junio el Congreso argentino convirtió en ley un proyecto sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal en concordancia con los reclamos del GAFI, que en su tercera evaluación de noviembre de 2010 había considerado que Argentina no había hecho "progresos suficientes".
El GAFI señalaba entonces a Argentina la inexistencia de condenas judiciales por lavado de dinero y financiación del terrorismo. "Estamos en la etapa de implementación de normas y sanción de una nueva ley", sostuvo el titular argentino de Justicia y Derechos Humanos antes de puntualizar que "el próximo desafío es sancionar la ley contra el terrorismo y manipulación de mercado" que ya fue enviada al Congreso.
Indicó que el GAFI "destacó el alto compromiso político del país y exhortó a las autoridades argentinas a seguir trabajando" para que en el próximo plenario de febrero de 2012 se "materialicen nuevos avances".
Alak confía en que en junio del año próximo "esté cumplida la totalidad del plan de acción" que Argentina presentó al GAFI en 2010.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella, que acompañó a Alak junto a otros responsables destacó la "dinámica" generada por la "nueva estrategia" que está arrojando resultados concretos.
Ambos coincidieron en que estos avances dan mayor credibilidad a Argentina en el exterior: "Sí, en este tema tenemos una presencia muy fuerte y hay una voluntad política de la Presidente para que esto siga", dijo Alak, cuatro días después de la reelección de Cristina Kirchner en la primera vuelta de la presidencial con más del 53% de los votos.
Impulsado por los países del G-7 (EEUU, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), el GAFI está formado por 34 países
miércoles, 19 de octubre de 2011
Argentina: El Gobierno tiene a su primer detenido por lavado de dinero
Ibar Esteban Pérez Corradi, procesado por sus presuntos nexos con la mafia de los medicamentos, se convirtió ayer en el primer detenido por una causa caratulada como lavado de dinero que tiene a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.
Ayer, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi, procesado por “lavado de dinero agravado” desde diciembre de 2010. Al cierre de esta edición la UIF no había sido notificada formalmente de la resolución del magistrado.
La UIF llevará el caso Pérez Corradi en la carpeta que enseñará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la semana próxima, al someterse a la evaluación que realizará el organismo en París. La semana pasada, el Gobierno había presentado proyectos para penalizar con más dureza el terrorismo y su financiamiento e incorporar al Código Penal delitos vinculados al abuso de información en los mercados de capitales.
En los hechos que relató la UIF a Oyarbide, el organismo dijo haber corroborado que Pérez Corradi funcionaba como nexo entre quienes emitían los cheques y quienes los terminaban cobrando. En ocasiones, apuntaron fuentes oficiales, el dinero quedaba en su cuenta bancaria. En otras oportunidades, Pérez Corradi endosaba los documentos a terceros. “En el caso de Pérez Corradi, se logró determinar que depositaba en su cuenta cheques emitidos por la OSBA (Obra Social Bancaria Argentina) a favor de Droguería San Javier, y luego retiraba el efectivo”, se lee en el escrito.
Por esa causa están detenidos el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola, y Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier.
La causa de medicamentos truchos tiene implicancias políticas de importancia. Además de involucrar a referentes del sindicalismo –el procesamiento siempre merodea al titular de la CGT, Hugo Moyano–, se investiga si fondos derivados de esos negocios financiaron la campaña presidencial de Cristina Fernández en 2007.
Extradición
Pérez Corradi estaba detenido, pero sin prisión efectiva, a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos.
La justicia del estado de Maine lo reclamó para juzgarlo por haber introducido en ese país 80 pastillas de oxicodona, un analgésico empleado en el país para los pacientes terminales de cáncer que fue prohibido en los Estados Unidos por su poder opiáceo, por el que se lo emparienta con la heroína.
Pérez Corradi envió un paquete a los Estados Unidos con el medicamento y fue identificado porque sus huellas digitales estaban en el envío.
En marzo de este año, la Corte Suprema resolvió habilitar la extradición de Pérez Corradi y desde entonces el trámite quedó en manos de la Cancillería
Cronista ESTEBAN RAFELE
Ayer, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi, procesado por “lavado de dinero agravado” desde diciembre de 2010. Al cierre de esta edición la UIF no había sido notificada formalmente de la resolución del magistrado.
La UIF llevará el caso Pérez Corradi en la carpeta que enseñará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la semana próxima, al someterse a la evaluación que realizará el organismo en París. La semana pasada, el Gobierno había presentado proyectos para penalizar con más dureza el terrorismo y su financiamiento e incorporar al Código Penal delitos vinculados al abuso de información en los mercados de capitales.
En los hechos que relató la UIF a Oyarbide, el organismo dijo haber corroborado que Pérez Corradi funcionaba como nexo entre quienes emitían los cheques y quienes los terminaban cobrando. En ocasiones, apuntaron fuentes oficiales, el dinero quedaba en su cuenta bancaria. En otras oportunidades, Pérez Corradi endosaba los documentos a terceros. “En el caso de Pérez Corradi, se logró determinar que depositaba en su cuenta cheques emitidos por la OSBA (Obra Social Bancaria Argentina) a favor de Droguería San Javier, y luego retiraba el efectivo”, se lee en el escrito.
Por esa causa están detenidos el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola, y Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier.
La causa de medicamentos truchos tiene implicancias políticas de importancia. Además de involucrar a referentes del sindicalismo –el procesamiento siempre merodea al titular de la CGT, Hugo Moyano–, se investiga si fondos derivados de esos negocios financiaron la campaña presidencial de Cristina Fernández en 2007.
Extradición
Pérez Corradi estaba detenido, pero sin prisión efectiva, a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos.
La justicia del estado de Maine lo reclamó para juzgarlo por haber introducido en ese país 80 pastillas de oxicodona, un analgésico empleado en el país para los pacientes terminales de cáncer que fue prohibido en los Estados Unidos por su poder opiáceo, por el que se lo emparienta con la heroína.
Pérez Corradi envió un paquete a los Estados Unidos con el medicamento y fue identificado porque sus huellas digitales estaban en el envío.
En marzo de este año, la Corte Suprema resolvió habilitar la extradición de Pérez Corradi y desde entonces el trámite quedó en manos de la Cancillería
Cronista ESTEBAN RAFELE
martes, 18 de octubre de 2011
Argentina:el Gobierno potenciará las inspecciones sorpresa a las empresas
La Unidad de Información Financiera reforzó la reglamentación que habilita a los agentes a controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. El organismo puede aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción
En respuesta a los cuestionamientos elevados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional potenciará las inspecciones sorpresa, que apuntan a combatir el lavado de dinero en las empresas.En declaraciones exclusivas para iProfesional.com, José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó que "estamos cumpliendo con un plan de acción que se aprobó en junio de este año, que oficialmente fue aceptado por el GAFI y que incluía algunas obligaciones y actividades relacionadas con lo que se venía haciendo".
Es en este escenario en el que la UIF dio a conocer la flamante resolución 165/2011, publicada en el Boletín Oficial.
La nueva reglamentación complementa el inminente envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley que apunta a endurecer las penas.
Ampliar el seguimiento
En primer término, el organismo a cargo de Sbatella amplía el "ejército" de inspectores al obligar al Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a proporcionar toda la colaboración necesaria a fin de llevar adelante las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones "in situ".
Asimismo, la flamante resolución establece que las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones -sin importar al organismo que pertenezcan los agentes- deberán realizarse siguiendo las instrucciones y directivas impartidas por la UIF. De hecho, en todos los operativos podrán participar inspectores del organismo.
Por otra parte, tanto el BCRA como la CNV y la SSN deberán elaborar manuales de supervisión, fiscalización e inspección que incluyan el desarrollo de una matriz de riesgo referida al sector económico supervisado.
Los manuales y la matriz de riesgo tendrán que ser aprobados por el organismo a cargo de Sbatella. Asimismo, los manuales del BCRA, la CNV y la SSN tendrán que estar siempre a disposición de la UIF.
También deberán conformar un cuerpo de inspectores capacitados y especializados en prevención de lavado de dinero, quienes tendrán que tener dedicación exclusiva en la materia.
El plan por dentro
A fin de seguir de cerca las inminentes inspecciones, la nueva resolución también establece que el BCRA, la CNV y la SSN deberán elaborar un plan anual de supervisión, fiscalización e inspección. El documento tendrá que ser presentado ante la UIF 20 días antes del comienzo de cada año calendario.
Asimismo, se informará en forma trimestral la lista de empresas y particulares efectivamente inspeccionados; el estado de las acciones y el avance efectuado, conforme al plan presentado oportunamente.
Una vez entregados los planes de acción, el presidente de la UIF tendrá que aprobar la propuesta respectiva. Inclusive, podrá incluir las modificaciones que considere pertinentes.
Por otra parte, dentro de los 10 días de finalizada cada inspección in situ, el BCRA, la CNV y la SSN tendrán que presentar ante la UIF los informes finales.
El informe final -que no será vinculante para el Presidente de la UIF- deberá contener los antecedentes, las tareas realizadas, el análisis de la información y el resultado de la fiscalización "in situ".
Respecto a las pautas específicas del procedimiento, la reformulada reglamentación establece que, en primer lugar, el inicio del procedimiento será dispuesto por el Presidente de la UIF.
A tal fin, se tendrá que emitir la Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección "in situ" en donde se individualizará al sujeto obligado detallando su nombre y apellido o razón social, número de CUIT y domicilio, como así también el objeto de la supervisión y la normativa aplicable.
Durante el procedimiento, todo pedido de información se tendrá que dejar asentado en un acta o nota de requerimiento.
Las actas deberán labrarse, en forma clara y legible, por los inspectores. En ellas deberá consignarse:
•La respectiva Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección "in situ".
•La fecha y la hora de la actuación.
•La identificación del sujeto obligado de que se trate y el domicilio donde se desarrolla el operativo.
También deberá contar con el detalle de la información o documentación solicitada, y en su caso, indicar el lugar, día y horario en que el sujeto obligado deberá poner la misma a disposición de los agentes de la UIF.
Complementariamente, deberá quedar escrito, en forma detallada, la totalidad de las tareas desarrolladas por los agentes intervinientes y las manifestaciones efectuadas por la empresa o el responsable obligado.
Las actas deberán llevar la firma de los agentes actuantes y del sujeto obligado o el oficial de cumplimiento, según corresponda.
Los agentes en acción
A su vez la reglamentación detalla los deberes de los inspectores. Puntualmente, los agentes tendrán que:
•Llevar a cabo el procedimiento ante el sujeto obligado requiriendo la presencia del mismo.
•Cumplir con la inspección procurando concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que se tengan que realizar, con la mayor celeridad y economía procesal.
•Dejar constancia en las respectivas actas del cumplimiento o incumplimiento a los requerimientos efectuados; de la negativa del responsable a colaborar con las solicitudes que se le formulen; de la falta de atención por persona responsable alguna; o de cualquier otra circunstancia que consideren relevante para el trámite del procedimiento.
•Certificar las copias de la documentación original para su devolución al sujeto bajo la mira.
•Efectuar las notificaciones que sean necesarias.
•Elevar el informe final al Presidente de la UIF.
Además, los agentes también podrán supervisar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
•Inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).
•Designación de oficiales de cumplimiento.
•Presentación de Reportes Sistemáticos de Operaciones (RSO).
Conocidos los cambios en la reglamentación, Nicolás Yasi, consultor tributario, aseguró que "es importante establecer un procedimiento concreto y único para la actuación de los inspectores de la UIF".
"De esta manera, se despejan las dudas que podían suscitarse por el accionar de los supervisores ya que las inspecciones generan una ardua tarea para los sujetos obligados que, en la mayoría de los casos, recaen sobre los estudios contables de las empresas seleccionadas por el organismo", agregó Yasi.
Modificar el Código Penal
Bajo la misma línea de acción, el Gobierno ya anunció que en los próximos días llegará al Congreso un nuevo proyecto de ley que reforzará la lucha contra el lavado de dinero.
Al respecto, Sbattella afirmó que ésta era la medida que más reclamaba el organismo internacional. "Lo más importante era que tuviéramos un proyecto en discusión del financiamiento del terrorismo, que hemos cumplido la semana pasada", remarcó.
La iniciativa impulsará la creación de un agravante específico de las penas, con el objetivo de fortalecer las sanciones para quienes comentan actos de terrorismo o colaboren en ellos.
Según el texto al que pudo acceder iProfesional.com, las reformas incluirán, con el nuevo artículo 306, una sanción de "cinco a quince años prisión" y "una multa de dos a diez veces el monto de la operación", para quien "directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito".
A su vez, con la introducción del artículo 41 quinques, el Gobierno apunta a incrementar la escala penal "en el doble del mínimo y el máximo" cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal "hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población".
El mismo, también establece que "si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".
Más precisiones
Por otra parte, la iniciativa también tendrá como objeto penalizar la manipulación del mercado.
En este contexto, en el marco del Seminario sobre Políticas de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, organizado por la Sindicatura General de la Nación, el Vicepresidente de la CNV, Hernán Fardi, explicó cuáles son los lineamientos generales de la iniciativa enviada recientemente al Congreso en esta materia.
Con el claro objeto de reforzar las regulaciones y lograr imponer, no sólo sanciones administrativas y económicas sino también penales, el funcionario manifestó que el proyecto incorporará, en el Título XIII del Código Penal, las siguientes figuras:
•Delitos contra el orden económico y financiero.
•Mejorar los estándares en materia de lavado.
•Reforzar todas las sanciones administrativas y económicas previstas en el Decreto 677/2001 que es el que regula la transparencia en la oferta pública.
•Fortalecer la capacidad del Estado Nacional para proteger la economía dentro de contextos de crisis financieras.
Al respecto, Fardi remarcó que "hasta el momento, las sanciones solamente son administrativas y económicas. No tenemos sanciones penales".
Asimismo, el viceprecidente de la CNV explicó que las nuevas tipificaciones que se están planteando son:
•Delito de abuso de información privilegiada, con penas de prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación. "El objetivo es proteger la transparencia del mercado de valores y garantizar la igualdad de los inversores", detalló Fardi.
•Delito de manipulación de los valores negociables, todo lo que tiene que ver con la manipulación de precios dentro de los mercados.
•Captación clandestina de ahorro público. "En este caso, deberá sancionar toda actividad de intervención financiera que no esté bajo la órbita de alguno de los regularizadores, tanto financiera como bursátil. Acá también se plantean penas de 2 a 8 años, multa e inhabilitación", sostuvo el funcionario.
•El cohecho financiero, "esto tiene que ver con aquellos que realicen operaciones para recibir una comisión indebida o para fraguar operaciones que no se hayan realizado", indicó Fardi.
Con estas iniciativas presentadas en el Congreso, Sbattella manifestó: "Pensamos que la Argentina debería salir del sistema intensivo de evaluación y pasar a ser un país normal. En función de que tiene en funcionamiento una ley y un organismo".
Y advirtió que normativamente, aprobado el proyecto enviado al Congreso recientemente, no resta trabajar nada. "Lo que queda, es generar jurisprudencia de la ley y que se paguen las multas impuestas", enfatizó
Por Hernán Gilardo - Gonzalo Chicote
En respuesta a los cuestionamientos elevados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional potenciará las inspecciones sorpresa, que apuntan a combatir el lavado de dinero en las empresas.En declaraciones exclusivas para iProfesional.com, José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó que "estamos cumpliendo con un plan de acción que se aprobó en junio de este año, que oficialmente fue aceptado por el GAFI y que incluía algunas obligaciones y actividades relacionadas con lo que se venía haciendo".
Es en este escenario en el que la UIF dio a conocer la flamante resolución 165/2011, publicada en el Boletín Oficial.
La nueva reglamentación complementa el inminente envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley que apunta a endurecer las penas.
Ampliar el seguimiento
En primer término, el organismo a cargo de Sbatella amplía el "ejército" de inspectores al obligar al Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a proporcionar toda la colaboración necesaria a fin de llevar adelante las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones "in situ".
Asimismo, la flamante resolución establece que las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones -sin importar al organismo que pertenezcan los agentes- deberán realizarse siguiendo las instrucciones y directivas impartidas por la UIF. De hecho, en todos los operativos podrán participar inspectores del organismo.
Por otra parte, tanto el BCRA como la CNV y la SSN deberán elaborar manuales de supervisión, fiscalización e inspección que incluyan el desarrollo de una matriz de riesgo referida al sector económico supervisado.
Los manuales y la matriz de riesgo tendrán que ser aprobados por el organismo a cargo de Sbatella. Asimismo, los manuales del BCRA, la CNV y la SSN tendrán que estar siempre a disposición de la UIF.
También deberán conformar un cuerpo de inspectores capacitados y especializados en prevención de lavado de dinero, quienes tendrán que tener dedicación exclusiva en la materia.
El plan por dentro
A fin de seguir de cerca las inminentes inspecciones, la nueva resolución también establece que el BCRA, la CNV y la SSN deberán elaborar un plan anual de supervisión, fiscalización e inspección. El documento tendrá que ser presentado ante la UIF 20 días antes del comienzo de cada año calendario.
Asimismo, se informará en forma trimestral la lista de empresas y particulares efectivamente inspeccionados; el estado de las acciones y el avance efectuado, conforme al plan presentado oportunamente.
Una vez entregados los planes de acción, el presidente de la UIF tendrá que aprobar la propuesta respectiva. Inclusive, podrá incluir las modificaciones que considere pertinentes.
Por otra parte, dentro de los 10 días de finalizada cada inspección in situ, el BCRA, la CNV y la SSN tendrán que presentar ante la UIF los informes finales.
El informe final -que no será vinculante para el Presidente de la UIF- deberá contener los antecedentes, las tareas realizadas, el análisis de la información y el resultado de la fiscalización "in situ".
Respecto a las pautas específicas del procedimiento, la reformulada reglamentación establece que, en primer lugar, el inicio del procedimiento será dispuesto por el Presidente de la UIF.
A tal fin, se tendrá que emitir la Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección "in situ" en donde se individualizará al sujeto obligado detallando su nombre y apellido o razón social, número de CUIT y domicilio, como así también el objeto de la supervisión y la normativa aplicable.
Durante el procedimiento, todo pedido de información se tendrá que dejar asentado en un acta o nota de requerimiento.
Las actas deberán labrarse, en forma clara y legible, por los inspectores. En ellas deberá consignarse:
•La respectiva Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección "in situ".
•La fecha y la hora de la actuación.
•La identificación del sujeto obligado de que se trate y el domicilio donde se desarrolla el operativo.
También deberá contar con el detalle de la información o documentación solicitada, y en su caso, indicar el lugar, día y horario en que el sujeto obligado deberá poner la misma a disposición de los agentes de la UIF.
Complementariamente, deberá quedar escrito, en forma detallada, la totalidad de las tareas desarrolladas por los agentes intervinientes y las manifestaciones efectuadas por la empresa o el responsable obligado.
Las actas deberán llevar la firma de los agentes actuantes y del sujeto obligado o el oficial de cumplimiento, según corresponda.
Los agentes en acción
A su vez la reglamentación detalla los deberes de los inspectores. Puntualmente, los agentes tendrán que:
•Llevar a cabo el procedimiento ante el sujeto obligado requiriendo la presencia del mismo.
•Cumplir con la inspección procurando concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que se tengan que realizar, con la mayor celeridad y economía procesal.
•Dejar constancia en las respectivas actas del cumplimiento o incumplimiento a los requerimientos efectuados; de la negativa del responsable a colaborar con las solicitudes que se le formulen; de la falta de atención por persona responsable alguna; o de cualquier otra circunstancia que consideren relevante para el trámite del procedimiento.
•Certificar las copias de la documentación original para su devolución al sujeto bajo la mira.
•Efectuar las notificaciones que sean necesarias.
•Elevar el informe final al Presidente de la UIF.
Además, los agentes también podrán supervisar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
•Inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).
•Designación de oficiales de cumplimiento.
•Presentación de Reportes Sistemáticos de Operaciones (RSO).
Conocidos los cambios en la reglamentación, Nicolás Yasi, consultor tributario, aseguró que "es importante establecer un procedimiento concreto y único para la actuación de los inspectores de la UIF".
"De esta manera, se despejan las dudas que podían suscitarse por el accionar de los supervisores ya que las inspecciones generan una ardua tarea para los sujetos obligados que, en la mayoría de los casos, recaen sobre los estudios contables de las empresas seleccionadas por el organismo", agregó Yasi.
Modificar el Código Penal
Bajo la misma línea de acción, el Gobierno ya anunció que en los próximos días llegará al Congreso un nuevo proyecto de ley que reforzará la lucha contra el lavado de dinero.
Al respecto, Sbattella afirmó que ésta era la medida que más reclamaba el organismo internacional. "Lo más importante era que tuviéramos un proyecto en discusión del financiamiento del terrorismo, que hemos cumplido la semana pasada", remarcó.
La iniciativa impulsará la creación de un agravante específico de las penas, con el objetivo de fortalecer las sanciones para quienes comentan actos de terrorismo o colaboren en ellos.
Según el texto al que pudo acceder iProfesional.com, las reformas incluirán, con el nuevo artículo 306, una sanción de "cinco a quince años prisión" y "una multa de dos a diez veces el monto de la operación", para quien "directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito".
A su vez, con la introducción del artículo 41 quinques, el Gobierno apunta a incrementar la escala penal "en el doble del mínimo y el máximo" cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal "hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población".
El mismo, también establece que "si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional".
Más precisiones
Por otra parte, la iniciativa también tendrá como objeto penalizar la manipulación del mercado.
En este contexto, en el marco del Seminario sobre Políticas de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, organizado por la Sindicatura General de la Nación, el Vicepresidente de la CNV, Hernán Fardi, explicó cuáles son los lineamientos generales de la iniciativa enviada recientemente al Congreso en esta materia.
Con el claro objeto de reforzar las regulaciones y lograr imponer, no sólo sanciones administrativas y económicas sino también penales, el funcionario manifestó que el proyecto incorporará, en el Título XIII del Código Penal, las siguientes figuras:
•Delitos contra el orden económico y financiero.
•Mejorar los estándares en materia de lavado.
•Reforzar todas las sanciones administrativas y económicas previstas en el Decreto 677/2001 que es el que regula la transparencia en la oferta pública.
•Fortalecer la capacidad del Estado Nacional para proteger la economía dentro de contextos de crisis financieras.
Al respecto, Fardi remarcó que "hasta el momento, las sanciones solamente son administrativas y económicas. No tenemos sanciones penales".
Asimismo, el viceprecidente de la CNV explicó que las nuevas tipificaciones que se están planteando son:
•Delito de abuso de información privilegiada, con penas de prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación. "El objetivo es proteger la transparencia del mercado de valores y garantizar la igualdad de los inversores", detalló Fardi.
•Delito de manipulación de los valores negociables, todo lo que tiene que ver con la manipulación de precios dentro de los mercados.
•Captación clandestina de ahorro público. "En este caso, deberá sancionar toda actividad de intervención financiera que no esté bajo la órbita de alguno de los regularizadores, tanto financiera como bursátil. Acá también se plantean penas de 2 a 8 años, multa e inhabilitación", sostuvo el funcionario.
•El cohecho financiero, "esto tiene que ver con aquellos que realicen operaciones para recibir una comisión indebida o para fraguar operaciones que no se hayan realizado", indicó Fardi.
Con estas iniciativas presentadas en el Congreso, Sbattella manifestó: "Pensamos que la Argentina debería salir del sistema intensivo de evaluación y pasar a ser un país normal. En función de que tiene en funcionamiento una ley y un organismo".
Y advirtió que normativamente, aprobado el proyecto enviado al Congreso recientemente, no resta trabajar nada. "Lo que queda, es generar jurisprudencia de la ley y que se paguen las multas impuestas", enfatizó
Por Hernán Gilardo - Gonzalo Chicote
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Argentina:La UIF multó a una galería de arte por no cumplir con las medidas antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó con $ 10.000 a los propietarios de la Galería Castagnino porque luego de las advertencias que el organismo hizo el año pasado el negocio no cumplió con las prácticas de antilavado.
El 13 de Junio, el presidente de la UIF, José Sbatella – mediante la resolución 75/2011- ordenó la apertura de un sumario administrativo a la Galería Castagnino, propiedad de Alvaro Castagnino, al "término del cual le aplicó una multa de $ 10.000 indica la información.
La galería se dedica a la compra y venta de cuadros y obras de artistas plásticos y, por ello, está obligada por la Ley 25.246 a cumplimentar ante la UIF una serie de requerimientos.
Esta es la primera sanción que la UIF aplica a un sujeto obligado a cumplir la ley 25.246 relacionada al sector de la compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica, numismática, o a la exportación e importación de joyas.
La UIF emitió en septiembre de 2010 una orden de supervisión a fin de que la Galería Castagnino acreditara el cumplimiento de las políticas y medidas que adoptaba en ocasión de efectuar operaciones de compra o venta de obras de arte, para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Vencidos los plazos legales, la Galería no acreditó el cumplimiento de esas obligaciones durante el proceso de supervisión ni durante el sumario administrativo, lo que le valió la aplicación de la sanción.
Fuente: Diario Infobae, ARGENTINA.
El 13 de Junio, el presidente de la UIF, José Sbatella – mediante la resolución 75/2011- ordenó la apertura de un sumario administrativo a la Galería Castagnino, propiedad de Alvaro Castagnino, al "término del cual le aplicó una multa de $ 10.000 indica la información.
La galería se dedica a la compra y venta de cuadros y obras de artistas plásticos y, por ello, está obligada por la Ley 25.246 a cumplimentar ante la UIF una serie de requerimientos.
Esta es la primera sanción que la UIF aplica a un sujeto obligado a cumplir la ley 25.246 relacionada al sector de la compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica, numismática, o a la exportación e importación de joyas.
La UIF emitió en septiembre de 2010 una orden de supervisión a fin de que la Galería Castagnino acreditara el cumplimiento de las políticas y medidas que adoptaba en ocasión de efectuar operaciones de compra o venta de obras de arte, para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Vencidos los plazos legales, la Galería no acreditó el cumplimiento de esas obligaciones durante el proceso de supervisión ni durante el sumario administrativo, lo que le valió la aplicación de la sanción.
Fuente: Diario Infobae, ARGENTINA.
Cayó una banda narco vinculada a Los Zetas que operaba en la Argentina
La organización internacional estaba conformada por un líder de la banda mexicana Los Zetas, un narcotraficante colombiano y uno de nacionalidad argentina. En C5N el gobernador bonaerense Daniel Scioli dijo que "es un nuevo golpe al narcotráfico internacional"
Según reveló Scioli, "es una nueva modalidad de narcotrafico". De acuerdo sobre sus políticas contra este delito, el funcionario dijo que "los resultados saltan a la vista".
"Estamos muy atentos de que estas organizaciones no hagan pie en nuestra provincia", dijo. Asimismo, reveló que la droga incautada rondaría en un valor cercano a los 20 millones de euros".
"Son mercaderes de la muerte que hacen mucho daño y a a estas organizaciones criminales hay que meterlos presos", añadió Scioli
Bajo el "Operativo Lisboa", las autoridades lograron la captura de varias personas que conformaban la banda narco. Se involucró a los sabuesos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires
Fuentes de la investigación informaron a Infobae.com que entre la tarde de ayer y esta madrugada hubo seis allanamientos en la localidad de La Plata y en el conurbano por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Patricio Santamaría.
La organización estaba compuesta, entre varios, por un narcotraficante colombiano que es miembro de la banda narco llamada Oficina de Envigado, así como por uno de los líderes del cartel mexicano de Los Zetas.
De acuerdo con las primeras informaciones, habían montado un centro de distribución en el centro platense. Traficaban cocaína en gel terapeútico y la exportaban a Europa.
Las fuentes señalaron que se secuestraron 50 kilogramos de cocaína de máxima pureza en panes y 3000 almohadillas terapéuticas, además de u$s5000, pasaportes adulterados y una estampadora.
Los traficantes habían planificado exportar la cocaína a Lisboa por medio de las almohadillas, donde la droga era diluida en un proceso bien cuidado.
La organización había montado un local comercial en calles 6 entre 43 y 44, en pleno centro de La Plata, donde comercializaban todo tipo de productos terapeúticos. Aparentemente, el comercio era una fachada que utilizaban para camuflar la droga que después enviaban a Europa.
Las fuentes explicaron que el grupo planeaba realizar una exposición de sus productos en un evento medicinal que se iba a llevar a cabo en Costa Salguero y luego exportar la droga a la capital portuguesa.
Los allanamientos tuvieron lugar en una casa de ortopedia en La Plata y en una fábrica de almohadillas en Banfield, entre otros lugares.
Los Zetas nacieron como un grupo de soldados mexicanos de élite retirados que ofrecían sus servicios como sicarios al cártel del Golfo, también mexicano.
Con el correr de los años fueron creciendo, en número de integrantes y poder, hasta que se escindieron. La división supuso el comienzo de una sanguinaria lucha por el control del tráfico de droga en varias zonas de México que, incluso, se trasladó a otras regiones de América Latina.
Según reveló Scioli, "es una nueva modalidad de narcotrafico". De acuerdo sobre sus políticas contra este delito, el funcionario dijo que "los resultados saltan a la vista".
"Estamos muy atentos de que estas organizaciones no hagan pie en nuestra provincia", dijo. Asimismo, reveló que la droga incautada rondaría en un valor cercano a los 20 millones de euros".
"Son mercaderes de la muerte que hacen mucho daño y a a estas organizaciones criminales hay que meterlos presos", añadió Scioli
Bajo el "Operativo Lisboa", las autoridades lograron la captura de varias personas que conformaban la banda narco. Se involucró a los sabuesos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires
Fuentes de la investigación informaron a Infobae.com que entre la tarde de ayer y esta madrugada hubo seis allanamientos en la localidad de La Plata y en el conurbano por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Patricio Santamaría.
La organización estaba compuesta, entre varios, por un narcotraficante colombiano que es miembro de la banda narco llamada Oficina de Envigado, así como por uno de los líderes del cartel mexicano de Los Zetas.
De acuerdo con las primeras informaciones, habían montado un centro de distribución en el centro platense. Traficaban cocaína en gel terapeútico y la exportaban a Europa.
Las fuentes señalaron que se secuestraron 50 kilogramos de cocaína de máxima pureza en panes y 3000 almohadillas terapéuticas, además de u$s5000, pasaportes adulterados y una estampadora.
Los traficantes habían planificado exportar la cocaína a Lisboa por medio de las almohadillas, donde la droga era diluida en un proceso bien cuidado.
La organización había montado un local comercial en calles 6 entre 43 y 44, en pleno centro de La Plata, donde comercializaban todo tipo de productos terapeúticos. Aparentemente, el comercio era una fachada que utilizaban para camuflar la droga que después enviaban a Europa.
Las fuentes explicaron que el grupo planeaba realizar una exposición de sus productos en un evento medicinal que se iba a llevar a cabo en Costa Salguero y luego exportar la droga a la capital portuguesa.
Los allanamientos tuvieron lugar en una casa de ortopedia en La Plata y en una fábrica de almohadillas en Banfield, entre otros lugares.
Los Zetas nacieron como un grupo de soldados mexicanos de élite retirados que ofrecían sus servicios como sicarios al cártel del Golfo, también mexicano.
Con el correr de los años fueron creciendo, en número de integrantes y poder, hasta que se escindieron. La división supuso el comienzo de una sanguinaria lucha por el control del tráfico de droga en varias zonas de México que, incluso, se trasladó a otras regiones de América Latina.
martes, 27 de septiembre de 2011
Argentina asumió la vicepresidencia del ente que controla el lavado de activos
La Unidad de Información Financiera que conduce José Sbatella (foto) fue elegida en el cargo clave del Grupo de Expertos de la OEA. Ratificaron compromiso en contra de ilícitos financieros
La Argentina asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos (LAVEX) perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), un puesto que ocupará José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El organismo tiene como finalidad evaluar y desarrollar medidas estratégicas para el combate contra el tráfico de drogas y la legitimación de capitales a través de acciones delictivas.
Al inicio de la XXXIII reunión del Grupo de Expertos, celebrada en Caracas, Venezuela asumió la Presidencia del LAVEX.
La comitiva argentina estuvo integrada por María Laura Gómez y Gustavo Oliva, ambos funcionarios de la UIF y Federico Zinni, integrante de la SEDRONAR.
Los funcionarios ratificaron que la "prevención y represión del delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo ocupa un lugar prioritario de la agenda política de la Nación".
La Argentina asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos (LAVEX) perteneciente a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), un puesto que ocupará José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El organismo tiene como finalidad evaluar y desarrollar medidas estratégicas para el combate contra el tráfico de drogas y la legitimación de capitales a través de acciones delictivas.
Al inicio de la XXXIII reunión del Grupo de Expertos, celebrada en Caracas, Venezuela asumió la Presidencia del LAVEX.
La comitiva argentina estuvo integrada por María Laura Gómez y Gustavo Oliva, ambos funcionarios de la UIF y Federico Zinni, integrante de la SEDRONAR.
Los funcionarios ratificaron que la "prevención y represión del delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo ocupa un lugar prioritario de la agenda política de la Nación".
Argentina: 29 reportes bancarios en la mira judicial
El fiscal federal Jorge Di Lello analiza 29 reportes de operaciones financieras sospechosas realizadas por bancos, aseguradoras, contadores y escribanos que involucran a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y mencionan a dos financistas acusados en la investigación.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo del Poder Ejecutivo que investiga asuntos de lavado de dinero, envió al juzgado de Norberto Oyarbide 52 cuerpos con los reportes.
Se llaman reportes de operaciones sospechosas (ROS) los informes secretos que envían los sujetos obligados por la ley a avisar de transacciones que consideren que podrían ocultar un posible lavado de activos. Sin embargo, el ROS no implica una acusación, sino que el que reporta no logró justificar el origen de esos fondos con la información en su poder. Los obligados a reportar son contadores, escribanos, bancos, casas de cambio, aseguradoras o la Inspección General de Justicia, entre otros.
En este caso, los aportes de los contadores fueron fundamentales, dijo una fuente judicial. En esta causa se investiga por supuesto lavado de dinero a empresarios y a dos financistas: Ferrando Caparrós Gómez, ligado a Monetización, que pertenece a Daniel Laurenti y Ricardo Falco, propietario de Trade Travel y hermano de Eugenio De Falco, que era uno de los principales empleados de la fundación.
En esas financieras se realizaban cambios de cheques oficiales, que habían sido pagados a las Madres por el Ministerio de Planificación Federal. Laurenti reconoció ante Oyarbide, en un escrito, que cambió cheques de las Madres, pero justamente como su origen era un organismo público, nunca sospechó que podían estar originados en un delito.
Los contadores intervinieron en operaciones en las que debían justificar el movimiento de fondos por más de 200.000 pesos y fueron ellos los que reportaron casos que les despertaron sospechas. Una de las financieras investigadas es Crédito Sur, una cooperativa de crédito reportada por el HSBC, vinculada con otra empresa que cambia cheques. Esa firma está mencionada en la causa de la mafia de los medicamentos como uno de los lugares donde se cambiaban cheques. Uno de los titulares era Daniel Fidalgo, quien fue socio hasta hace más de 10 años de Caparrós Gómez en valores negociables, otra de las empresas que están en la mira de la Justicia. "Mi cliente no tiene nada que ver con Crédito Sur y está desligado de Fidalgo desde hace años", dijo a La Nacion la abogada del financista, María Eugenia Tallarico.
De Falco tenía relación con la operación financiera de las Madres y con la economía personal de Schoklender, a tal punto que en sus oficinas se pagaban en efectivo compras que realizó el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, dijo a La Nacion uno de los que cobraron allí.
Oyarbide allanó una veintena de locales y oficinas de financistas y empresarios investigados por supuesto lavado de dinero. El delito, según la redacción de la ley en el momento del hecho investigado, impide acusar al que comete fraude de blanqueo de su propio dinero sucio. Por eso la Justicia analiza si ampliar la imputación al delito de asociación ilícita, quiénes deben ser acusados de lavado y quién de fraude.
El fiscal Di Lello analiza los nuevos ROS para determinar si las acusaciones contra alguna de las personas involucradas deben agravarse aún más. En la fiscalía están trabajando en un pedido para que estas personas sean indagadas. Para eso se puntualizaron los hechos que se imputan a cada uno y los bienes que eventualmente hubieran comprado con dinero negro.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo del Poder Ejecutivo que investiga asuntos de lavado de dinero, envió al juzgado de Norberto Oyarbide 52 cuerpos con los reportes.
Se llaman reportes de operaciones sospechosas (ROS) los informes secretos que envían los sujetos obligados por la ley a avisar de transacciones que consideren que podrían ocultar un posible lavado de activos. Sin embargo, el ROS no implica una acusación, sino que el que reporta no logró justificar el origen de esos fondos con la información en su poder. Los obligados a reportar son contadores, escribanos, bancos, casas de cambio, aseguradoras o la Inspección General de Justicia, entre otros.
En este caso, los aportes de los contadores fueron fundamentales, dijo una fuente judicial. En esta causa se investiga por supuesto lavado de dinero a empresarios y a dos financistas: Ferrando Caparrós Gómez, ligado a Monetización, que pertenece a Daniel Laurenti y Ricardo Falco, propietario de Trade Travel y hermano de Eugenio De Falco, que era uno de los principales empleados de la fundación.
En esas financieras se realizaban cambios de cheques oficiales, que habían sido pagados a las Madres por el Ministerio de Planificación Federal. Laurenti reconoció ante Oyarbide, en un escrito, que cambió cheques de las Madres, pero justamente como su origen era un organismo público, nunca sospechó que podían estar originados en un delito.
Los contadores intervinieron en operaciones en las que debían justificar el movimiento de fondos por más de 200.000 pesos y fueron ellos los que reportaron casos que les despertaron sospechas. Una de las financieras investigadas es Crédito Sur, una cooperativa de crédito reportada por el HSBC, vinculada con otra empresa que cambia cheques. Esa firma está mencionada en la causa de la mafia de los medicamentos como uno de los lugares donde se cambiaban cheques. Uno de los titulares era Daniel Fidalgo, quien fue socio hasta hace más de 10 años de Caparrós Gómez en valores negociables, otra de las empresas que están en la mira de la Justicia. "Mi cliente no tiene nada que ver con Crédito Sur y está desligado de Fidalgo desde hace años", dijo a La Nacion la abogada del financista, María Eugenia Tallarico.
De Falco tenía relación con la operación financiera de las Madres y con la economía personal de Schoklender, a tal punto que en sus oficinas se pagaban en efectivo compras que realizó el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, dijo a La Nacion uno de los que cobraron allí.
Oyarbide allanó una veintena de locales y oficinas de financistas y empresarios investigados por supuesto lavado de dinero. El delito, según la redacción de la ley en el momento del hecho investigado, impide acusar al que comete fraude de blanqueo de su propio dinero sucio. Por eso la Justicia analiza si ampliar la imputación al delito de asociación ilícita, quiénes deben ser acusados de lavado y quién de fraude.
El fiscal Di Lello analiza los nuevos ROS para determinar si las acusaciones contra alguna de las personas involucradas deben agravarse aún más. En la fiscalía están trabajando en un pedido para que estas personas sean indagadas. Para eso se puntualizaron los hechos que se imputan a cada uno y los bienes que eventualmente hubieran comprado con dinero negro.
martes, 13 de septiembre de 2011
ARGENTINA:Vinculan a gobernador de Santa Cruz con propiedades en esta zona
La Coalición Cívica adjudicó al santacruceño Daniel Peralta y familiares la adquisición de una importante finca en Villa La Angostura y cabañas en San Martín de los Andes. Ayer realizaron la denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue denunciado ayer por presunto lavado de dinero ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La acusación fue realizada por la Coalición Cívica que lidera Lilita Carrió. Entre otras cosas, se le adjudica a Peralta y a familiares directos la adquisición de una extensa finca en las afueras de Villa La Angostura, que habría sido comprada en 2009 y que ahora estaría a la venta, probablemente como consecuencia de la crisis por las cenizas del volcán Puyehue.
También una operación con una propiedad de 4.000 metros cuadrados que incluye cabañas turísticas en la entrada de San Martín de los Andes.
La titular del ARI-CC de Santa Cruz, Mariana Zuvic, confirmó ayer que la Justicia ya tiene la denuncia.
Sostuvo la dirigente que alrededor de 56 empresas estarían vinculadas y asociadas al mandatario provincial con los negocios que habría llevado adelante Carolina Pochetti, sobrina del gobernador, junto a Daniel Omar y Stella Maris Blanco, cuñados de Peralta, y el contador Víctor "Polo" Manzanares , síndico del Banco de Santa Cruz y encargado de controlar todo el movimiento patrimonial de la familia presidencial. La denuncia también involucra al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Según la presentación, el cuñado del gobernador, Daniel Omar Blanco (hermano de la esposa de Peralta Blanca Blanco), se desempeñaba como gerente de los emprendimientos. También se le atribuyen playas de estacionamiento y empresa de servicios petroleros.
La sobrina del gobernador señalada en la denuncia es Carolina Pochetti, de 36 años, quien fue empleada de la gobernación santacruceña y tiempo atrás habría recibido una casa Fonavi. Sin embargo, ahora sería socia de las empresas que serán investigadas, según señaló el periódico Perfil.
La sobrina de Peralta está en pareja con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Según la denuncia, su hijo mayor, Franco Muñoz, se se habría asociado con ella en Cayuqueo SA, empresa de estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires.
En esa firma, también aparece Víctor Alejandro Manzanares, contador histórico de los Kirchner, que confecciona sus declaraciones patrimoniales y que lleva los números de la familia presidencial.
En Neuquén
Se aseguró que en los últimos años, edificaron negocios en la Patagonia. Concretamente, en Neuquén habrían registrado Patagon Adventure SRL, dedicada a brindar servicios a la industria petrolera, especialmente, transporte de cargas y que cuenta con una flota automotor.
Otro emprendimiento habría sido Patagon Experience SRL, un complejo de cabañas turísticas ubicado en la entrada a San Martín de los Andes. Tiene cuatro mil metros cuadrados de extensión y cabañas que pueden alojar hasta 25 turistas.
Al conocer las denuncias, el mandatario santacruceño denunció en una radio local una "campaña" en su contra. Y ante el diario Tiempo Sur, Peralta dijo: "Para lavar dinero hay que tenerlo, y la verdad que yo no lo tengo y nunca lo tuve en demasía como para involucrarme en una figura de esa naturaleza". Añadió que Zuvic "va a tener que probar palabra por palabra, letra por letra y coma por coma lo que se dijo y lo que se escribió, porque no solamente me involucró a mí sino a otras personas".
La diputada y titular del ARI-CC, Mariana Zuvic, confirmó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya tiene la denuncia. La investigación, que derivaría en una denuncia por enriquecimiento ilícito, es el resultado de una investigación que llevó a cabo durante siete meses. También fue anticipada por Jorge Lanata en la edición dominical de "Perfil".
Zuvic, en declaraciones a "FM Presencia" de Río Gallegos, dijo que "hay pruebas suficientes, irrefutables y extraordinarias" para efectuar la denuncia por lavado de dinero". Y agregó, sin vueltas: "Peralta tiene testaferros directos".
"Nos sorprendieron las vinculaciones. Manzanares está en casi todas las cosas que uno investiga de funcionarios provinciales y nacionales. Hay nombres recurrentes. Son 56 empresas en donde aparece Manzanares y las vinculaciones", explicó. "Daniel Peralta debe dar explicaciones. Ninguna presentación tuvo tantas pruebas", sostuvo.
Ayer, Zuvic fue entrevistada por María O´Donnell en el programa La Vuelta de Radio Continental y ratificó las sospechas y la presentación de la denuncia ante la UIF. Añadió que el propio gobernador se movilizó en un avión de la gobernación para llegar a Villa La Angostura e interesarse por la propiedad, supuestamente a nombre de su cuñado, con muelle incluido y cerca de El Messidor, la paradisíaca residencia oficial neuquina. También estimó que se habría erogado cerca de 1.800.000 dólares en 2009.
Rio Negro.com.ar(Redacción Central)
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue denunciado ayer por presunto lavado de dinero ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La acusación fue realizada por la Coalición Cívica que lidera Lilita Carrió. Entre otras cosas, se le adjudica a Peralta y a familiares directos la adquisición de una extensa finca en las afueras de Villa La Angostura, que habría sido comprada en 2009 y que ahora estaría a la venta, probablemente como consecuencia de la crisis por las cenizas del volcán Puyehue.
También una operación con una propiedad de 4.000 metros cuadrados que incluye cabañas turísticas en la entrada de San Martín de los Andes.
La titular del ARI-CC de Santa Cruz, Mariana Zuvic, confirmó ayer que la Justicia ya tiene la denuncia.
Sostuvo la dirigente que alrededor de 56 empresas estarían vinculadas y asociadas al mandatario provincial con los negocios que habría llevado adelante Carolina Pochetti, sobrina del gobernador, junto a Daniel Omar y Stella Maris Blanco, cuñados de Peralta, y el contador Víctor "Polo" Manzanares , síndico del Banco de Santa Cruz y encargado de controlar todo el movimiento patrimonial de la familia presidencial. La denuncia también involucra al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Según la presentación, el cuñado del gobernador, Daniel Omar Blanco (hermano de la esposa de Peralta Blanca Blanco), se desempeñaba como gerente de los emprendimientos. También se le atribuyen playas de estacionamiento y empresa de servicios petroleros.
La sobrina del gobernador señalada en la denuncia es Carolina Pochetti, de 36 años, quien fue empleada de la gobernación santacruceña y tiempo atrás habría recibido una casa Fonavi. Sin embargo, ahora sería socia de las empresas que serán investigadas, según señaló el periódico Perfil.
La sobrina de Peralta está en pareja con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Según la denuncia, su hijo mayor, Franco Muñoz, se se habría asociado con ella en Cayuqueo SA, empresa de estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires.
En esa firma, también aparece Víctor Alejandro Manzanares, contador histórico de los Kirchner, que confecciona sus declaraciones patrimoniales y que lleva los números de la familia presidencial.
En Neuquén
Se aseguró que en los últimos años, edificaron negocios en la Patagonia. Concretamente, en Neuquén habrían registrado Patagon Adventure SRL, dedicada a brindar servicios a la industria petrolera, especialmente, transporte de cargas y que cuenta con una flota automotor.
Otro emprendimiento habría sido Patagon Experience SRL, un complejo de cabañas turísticas ubicado en la entrada a San Martín de los Andes. Tiene cuatro mil metros cuadrados de extensión y cabañas que pueden alojar hasta 25 turistas.
Al conocer las denuncias, el mandatario santacruceño denunció en una radio local una "campaña" en su contra. Y ante el diario Tiempo Sur, Peralta dijo: "Para lavar dinero hay que tenerlo, y la verdad que yo no lo tengo y nunca lo tuve en demasía como para involucrarme en una figura de esa naturaleza". Añadió que Zuvic "va a tener que probar palabra por palabra, letra por letra y coma por coma lo que se dijo y lo que se escribió, porque no solamente me involucró a mí sino a otras personas".
La diputada y titular del ARI-CC, Mariana Zuvic, confirmó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya tiene la denuncia. La investigación, que derivaría en una denuncia por enriquecimiento ilícito, es el resultado de una investigación que llevó a cabo durante siete meses. También fue anticipada por Jorge Lanata en la edición dominical de "Perfil".
Zuvic, en declaraciones a "FM Presencia" de Río Gallegos, dijo que "hay pruebas suficientes, irrefutables y extraordinarias" para efectuar la denuncia por lavado de dinero". Y agregó, sin vueltas: "Peralta tiene testaferros directos".
"Nos sorprendieron las vinculaciones. Manzanares está en casi todas las cosas que uno investiga de funcionarios provinciales y nacionales. Hay nombres recurrentes. Son 56 empresas en donde aparece Manzanares y las vinculaciones", explicó. "Daniel Peralta debe dar explicaciones. Ninguna presentación tuvo tantas pruebas", sostuvo.
Ayer, Zuvic fue entrevistada por María O´Donnell en el programa La Vuelta de Radio Continental y ratificó las sospechas y la presentación de la denuncia ante la UIF. Añadió que el propio gobernador se movilizó en un avión de la gobernación para llegar a Villa La Angostura e interesarse por la propiedad, supuestamente a nombre de su cuñado, con muelle incluido y cerca de El Messidor, la paradisíaca residencia oficial neuquina. También estimó que se habría erogado cerca de 1.800.000 dólares en 2009.
Rio Negro.com.ar(Redacción Central)
ARGENTINA:Lavado de dinero: una carta a París revela el temor de los empresarios
Acaban de enviar una carta a la organización internacional que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, preocupados por la posibilidad de que la Argentina reciba otra amonestación severa.
PorAlcadio Oña
Banqueros, industriales, ruralistas y operadores bursátiles juran que no lo hicieron a pedido del Gobierno. Lo cierto es que acaban de enviar una carta al Gafi, la organización internacional que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, preocupados por la posibilidad de que la Argentina reciba, cuanto menos, otra amonestación severa .
Fue dirigida directamente al presidente del Gafi, el italiano Giancarlo Del Búfalo. Y tiene la firma de los titulares de ADEBA, la entidad que representa a los bancos privados nacionales, de la UIA, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa y la Cámara de la Construcción. Lo que aquí se llama el Grupo de los 6.
Prefirieron ese medio, en vez de viajar en bloque a París, la sede del organismo y el asiento de Del Búfalo. En sus cálculos, algo semejante podía ser interpretado como una intervención improcedente, que además metería mucho ruido en Buenos Aires. Sin embargo, el envío mismo de una nota revela el rango de sus temores .
Resumida, la carta pondera los avances que el Gobierno ha realizado en sus políticas contra el lavado de dinero, manifiesta la disposición del G 6 a dialogar y a esforzarse para canalizar las propuestas que sean necesarias. Suena evidente que apunta a un plenario de finales de octubre, en la capital francesa, donde será abordado el caso argentino.
El riesgo de lo que suceda entonces se mide en obstáculos a las operaciones financieras con el mundo, privadas y públicas, a las transacciones cambiarias, los seguros y el transporte.
En febrero pasado, el ministro de Justicia viajó a París para tratar de frenar una sanción a la Argentina que veía venir. Julio Alak llevó una ley sacada de apuro, bajo la presión de Cristina Kirchner y con el apoyo del arco opositor. Pese a todo, no consiguió evitar que el país fuese incluido en la incómoda lista gris .
Comparte ese espacio con otras 30 naciones, entre las cuales figuran Vietnam, Angola, Yemen, Paraguay y Venezuela. Que se diga, ningún lugar de privilegio. Así es, por más que, según especialistas locales, a menudo el organismo asuma posiciones arbitrarias y poco reflexivas .
Luego, se conoció el informe del Gafi que nos toca. Para empezar, advierte “deficiencias estratégicas”en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De seguido, juzga necesario confiscar bienes y aumentar la vigilancia sobre las transferencias financieras y las actividades sospechosas.
Pero si el lavado de dinero es un punto muy sensible en su mirada, otro ancla en el financiamiento del terrorismo. Opina que es necesario criminalizar ese delito, identificando y congelando activos dudosos.
En realidad, hace tiempo que el Gafi le reclama al Gobierno una ley específica y rigurosa . El kirchnerismo la elude por razones políticas y porque teme crear zonas en las que podrían entrar movimientos piqueteros y organizaciones consideradas sociales. O piensa, finalmente, que la norma no cubrirá las pretensiones de París.
Como tantas otras, la institución está gobernada de hecho por Estados Unidos y los grandes de Europa. Así se entiende por qué le dan tanta importancia al dinero que sostiene operaciones del terrorismo.
El final del reporte dice: “El Gafi insta a la Argentina a hacer frente a las deficiencias, sin demoras ”. En uno del año pasado había usado la palabra “decepción”. Y ambos representan críticas al modo como fueron tratadas sus demandas: allí hay una buena explicación para la seguidilla de medidas que, últimamente, ha sacado el kirchnerismo.
Dentro del G 6, el italiano Del Búfalo es visto como un hombre amplio y moderado. Pero saben de sobra que aun cuando presida la organización, ni remotamente lleva la voz cantante.
Ese papel está reservado a EE.UU. y a los europeos .
Especialmente dura es la posición que le atribuyen al gobierno de Obama, tras el episodio del avión militar y los cruces recurrentes con el kirchnerismo.
Clarín ya comentó el traspié que sufrió una gestión de Jorge Brito, un banquero cercano al poder, ante la embajadora en Buenos Aires.
Alemania es otro país que pisa fuerte, y tampoco manifiesta buena predisposición hacia el Gobierno. Existen varios más, en la propia Europa. Y el problema rebota en el Grupo de los 20, donde la Argentina comparte territorio, entre otros, con las potencias, Brasil y China: no faltan quienes quieren dejarla afuera del club .
Se dice que ahora hasta fue movilizado un ex director del Banco Central, de buenos vinculos en el Gafi y experiencia en encuentros como el que habrá a fines de octubre. Obvio, sería otra gestión.
Nada está sellado. Mucho menos, que vayan a ser vanos los esfuerzos en aumentar los controles sobre el lavado de dinero. Pero las inquietudes existen, tal cual lo refleja la carta del G 6 a Del Búfalo.
La apuesta mayor es a que la Argentina sea excluida de la lista gris . Justamente, José Sbatella, el jefe de la UIF, la repartición local adherida al Gafi, busca armar una estrategia común con otros países de la región que pasan por el mismo trance.
Así al organismo pueda recriminársele falta de objetividad, y con motivos, nunca se planteó una desafiliación. Estar adentro es juzgado un sello valioso, como cierta garantía de credibilidad: de la Argentina, no ya sólo del Gobierno
PorAlcadio Oña
Banqueros, industriales, ruralistas y operadores bursátiles juran que no lo hicieron a pedido del Gobierno. Lo cierto es que acaban de enviar una carta al Gafi, la organización internacional que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, preocupados por la posibilidad de que la Argentina reciba, cuanto menos, otra amonestación severa .
Fue dirigida directamente al presidente del Gafi, el italiano Giancarlo Del Búfalo. Y tiene la firma de los titulares de ADEBA, la entidad que representa a los bancos privados nacionales, de la UIA, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa y la Cámara de la Construcción. Lo que aquí se llama el Grupo de los 6.
Prefirieron ese medio, en vez de viajar en bloque a París, la sede del organismo y el asiento de Del Búfalo. En sus cálculos, algo semejante podía ser interpretado como una intervención improcedente, que además metería mucho ruido en Buenos Aires. Sin embargo, el envío mismo de una nota revela el rango de sus temores .
Resumida, la carta pondera los avances que el Gobierno ha realizado en sus políticas contra el lavado de dinero, manifiesta la disposición del G 6 a dialogar y a esforzarse para canalizar las propuestas que sean necesarias. Suena evidente que apunta a un plenario de finales de octubre, en la capital francesa, donde será abordado el caso argentino.
El riesgo de lo que suceda entonces se mide en obstáculos a las operaciones financieras con el mundo, privadas y públicas, a las transacciones cambiarias, los seguros y el transporte.
En febrero pasado, el ministro de Justicia viajó a París para tratar de frenar una sanción a la Argentina que veía venir. Julio Alak llevó una ley sacada de apuro, bajo la presión de Cristina Kirchner y con el apoyo del arco opositor. Pese a todo, no consiguió evitar que el país fuese incluido en la incómoda lista gris .
Comparte ese espacio con otras 30 naciones, entre las cuales figuran Vietnam, Angola, Yemen, Paraguay y Venezuela. Que se diga, ningún lugar de privilegio. Así es, por más que, según especialistas locales, a menudo el organismo asuma posiciones arbitrarias y poco reflexivas .
Luego, se conoció el informe del Gafi que nos toca. Para empezar, advierte “deficiencias estratégicas”en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De seguido, juzga necesario confiscar bienes y aumentar la vigilancia sobre las transferencias financieras y las actividades sospechosas.
Pero si el lavado de dinero es un punto muy sensible en su mirada, otro ancla en el financiamiento del terrorismo. Opina que es necesario criminalizar ese delito, identificando y congelando activos dudosos.
En realidad, hace tiempo que el Gafi le reclama al Gobierno una ley específica y rigurosa . El kirchnerismo la elude por razones políticas y porque teme crear zonas en las que podrían entrar movimientos piqueteros y organizaciones consideradas sociales. O piensa, finalmente, que la norma no cubrirá las pretensiones de París.
Como tantas otras, la institución está gobernada de hecho por Estados Unidos y los grandes de Europa. Así se entiende por qué le dan tanta importancia al dinero que sostiene operaciones del terrorismo.
El final del reporte dice: “El Gafi insta a la Argentina a hacer frente a las deficiencias, sin demoras ”. En uno del año pasado había usado la palabra “decepción”. Y ambos representan críticas al modo como fueron tratadas sus demandas: allí hay una buena explicación para la seguidilla de medidas que, últimamente, ha sacado el kirchnerismo.
Dentro del G 6, el italiano Del Búfalo es visto como un hombre amplio y moderado. Pero saben de sobra que aun cuando presida la organización, ni remotamente lleva la voz cantante.
Ese papel está reservado a EE.UU. y a los europeos .
Especialmente dura es la posición que le atribuyen al gobierno de Obama, tras el episodio del avión militar y los cruces recurrentes con el kirchnerismo.
Clarín ya comentó el traspié que sufrió una gestión de Jorge Brito, un banquero cercano al poder, ante la embajadora en Buenos Aires.
Alemania es otro país que pisa fuerte, y tampoco manifiesta buena predisposición hacia el Gobierno. Existen varios más, en la propia Europa. Y el problema rebota en el Grupo de los 20, donde la Argentina comparte territorio, entre otros, con las potencias, Brasil y China: no faltan quienes quieren dejarla afuera del club .
Se dice que ahora hasta fue movilizado un ex director del Banco Central, de buenos vinculos en el Gafi y experiencia en encuentros como el que habrá a fines de octubre. Obvio, sería otra gestión.
Nada está sellado. Mucho menos, que vayan a ser vanos los esfuerzos en aumentar los controles sobre el lavado de dinero. Pero las inquietudes existen, tal cual lo refleja la carta del G 6 a Del Búfalo.
La apuesta mayor es a que la Argentina sea excluida de la lista gris . Justamente, José Sbatella, el jefe de la UIF, la repartición local adherida al Gafi, busca armar una estrategia común con otros países de la región que pasan por el mismo trance.
Así al organismo pueda recriminársele falta de objetividad, y con motivos, nunca se planteó una desafiliación. Estar adentro es juzgado un sello valioso, como cierta garantía de credibilidad: de la Argentina, no ya sólo del Gobierno
martes, 9 de agosto de 2011
Argentina:Gobierno y empresas juntos ante el GAFI
El Grupo de los Seis (G-6) y el ministro de Justicia Julio Alak convinieron en armar una «agenda común» para tratar de evitar que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el órgano antilavado, aplique sanciones a la Argentina.
La posibilidad está pendiente desde junio, cuando el organismo puso al país -junto con un conjunto de naciones sospechadas de ser «laxas» en sus controles de dinero de dudoso origen o sospechoso de financiar el terrorismo- en el grupo «de seguimiento intensivo», que demanda inspecciones trimestrales y no anuales como al resto de los miembros.
Al encuentro fueron José Ignacio de Mendiguren y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial), Norberto Peruzzotti (ADEBA; el titular Jorge Brito, que fue el que organizó la reunión, faltó por enfermedad), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Carlos Wagner (Construcción) y Adelmo Gabbi (Bolsa porteña). El único ausente de los integrantes del G-6 fue Hugo Luis Biolcati, titular de la Sociedad Rural, quien -se sabe- limita sus contactos con el Gobierno a lo mínimo indispensable.
Al ministro lo acompañaron Miguel Pesce (Banco Central), Alejandro Vanoli (Comisión Nacional de Valores) y José Sbatella (presidente de la UIF, el órgano antilavado local).
El ministro abrió el encuentro con una afirmación al menos polémica: «Esto es un invento de varios grandes estudios de abogados que quieren sacudir el fantasma del GAFI para vender sus servicios con abonos mensuales a las empresas».
Los empresarios, al unísono, le respondieron que -independientemente de las razones- «sería lamentable para el país que el GAFI nos sancionara»; el ministro les respondió que la evaluación definitiva será en el plenario del organismo que se hará el 24 de octubre en Roma; agregó que habían ya dado cumplimiento a diez de las dieciséis recomendaciones extendidas por el GAFI, y les confió estar convencido de que «no quieren sacarnos del seguimiento intensivo ya para que hagamos todos los deberes». Sin dudas la fecha elegida para este cónclave del GAFI no deja de ser llamativa: se hará un día después de las elecciones presidenciales en la Argentina.
Los miembros del G-6 se comprometieron a conformar una comisión de expertos para que en la próxima reunión con el ministro -que se haría en un par de semanas- estén en condiciones de llevar propuestas para conformar la citada «agenda común».
La mayor sorpresa para el Gobierno fue que los empresarios se interesaran en el trámite ante el GAFI; la mayor sorpresa para los empresarios fue que el Gobierno se sorprendiera de ese interés. En diálogo con este diario, varios de los empresarios presentes ayer en el despacho de Alak remarcaron que «no somos lobbystas del Gobierno; simplemente estamos decididos a evitar que nos sancionen como país porque eso sería desastroso: no va a entrar una inversión más, no se va a poder hacer un giro de fondos...».
De hecho, uno de los invitados contó que «muchas inversiones se fueron a Brasil porque ahí las normas de control son más laxas que acá». El silencio pareció corroborar sus palabras. Para ilustrar la astringencia de algunas medidas contenidas en la ley antilavado, Gabbi repitió un gesto que había usado un par de semanas atrás cuando el G-6 se vio con la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez: blandiendo su celular dijo que «desde este teléfono puedo comprar y vender cuantas acciones quiera en la Bolsa de Nueva York, pero en nuestro mercado bursátil sólo se me permite comprar hasta u$s 200.000 vía telefónica». Alguno bromeó con que la de ayer no era precisamente la mejor de las jornadas para esa clase de transacciones bursátiles.
Finalmente, Alak anunció que está gestionando la realización el mes próximo de un seminario en Buenos Aires sobre legislación antilavado, del que participarían autoridades del GAFI. Los empresarios dijeron que aprovecharían esa oportunidad para tratar de entrevistarse con ellos para explicarles que la Argentina no es un país «lavador».
Ambito financiero Sergio Dattilo
La posibilidad está pendiente desde junio, cuando el organismo puso al país -junto con un conjunto de naciones sospechadas de ser «laxas» en sus controles de dinero de dudoso origen o sospechoso de financiar el terrorismo- en el grupo «de seguimiento intensivo», que demanda inspecciones trimestrales y no anuales como al resto de los miembros.
Al encuentro fueron José Ignacio de Mendiguren y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial), Norberto Peruzzotti (ADEBA; el titular Jorge Brito, que fue el que organizó la reunión, faltó por enfermedad), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Carlos Wagner (Construcción) y Adelmo Gabbi (Bolsa porteña). El único ausente de los integrantes del G-6 fue Hugo Luis Biolcati, titular de la Sociedad Rural, quien -se sabe- limita sus contactos con el Gobierno a lo mínimo indispensable.
Al ministro lo acompañaron Miguel Pesce (Banco Central), Alejandro Vanoli (Comisión Nacional de Valores) y José Sbatella (presidente de la UIF, el órgano antilavado local).
El ministro abrió el encuentro con una afirmación al menos polémica: «Esto es un invento de varios grandes estudios de abogados que quieren sacudir el fantasma del GAFI para vender sus servicios con abonos mensuales a las empresas».
Los empresarios, al unísono, le respondieron que -independientemente de las razones- «sería lamentable para el país que el GAFI nos sancionara»; el ministro les respondió que la evaluación definitiva será en el plenario del organismo que se hará el 24 de octubre en Roma; agregó que habían ya dado cumplimiento a diez de las dieciséis recomendaciones extendidas por el GAFI, y les confió estar convencido de que «no quieren sacarnos del seguimiento intensivo ya para que hagamos todos los deberes». Sin dudas la fecha elegida para este cónclave del GAFI no deja de ser llamativa: se hará un día después de las elecciones presidenciales en la Argentina.
Los miembros del G-6 se comprometieron a conformar una comisión de expertos para que en la próxima reunión con el ministro -que se haría en un par de semanas- estén en condiciones de llevar propuestas para conformar la citada «agenda común».
La mayor sorpresa para el Gobierno fue que los empresarios se interesaran en el trámite ante el GAFI; la mayor sorpresa para los empresarios fue que el Gobierno se sorprendiera de ese interés. En diálogo con este diario, varios de los empresarios presentes ayer en el despacho de Alak remarcaron que «no somos lobbystas del Gobierno; simplemente estamos decididos a evitar que nos sancionen como país porque eso sería desastroso: no va a entrar una inversión más, no se va a poder hacer un giro de fondos...».
De hecho, uno de los invitados contó que «muchas inversiones se fueron a Brasil porque ahí las normas de control son más laxas que acá». El silencio pareció corroborar sus palabras. Para ilustrar la astringencia de algunas medidas contenidas en la ley antilavado, Gabbi repitió un gesto que había usado un par de semanas atrás cuando el G-6 se vio con la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez: blandiendo su celular dijo que «desde este teléfono puedo comprar y vender cuantas acciones quiera en la Bolsa de Nueva York, pero en nuestro mercado bursátil sólo se me permite comprar hasta u$s 200.000 vía telefónica». Alguno bromeó con que la de ayer no era precisamente la mejor de las jornadas para esa clase de transacciones bursátiles.
Finalmente, Alak anunció que está gestionando la realización el mes próximo de un seminario en Buenos Aires sobre legislación antilavado, del que participarían autoridades del GAFI. Los empresarios dijeron que aprovecharían esa oportunidad para tratar de entrevistarse con ellos para explicarles que la Argentina no es un país «lavador».
Ambito financiero Sergio Dattilo
Argentina: operativos contra el lavado de dinero en Mendoza
Una delegación de la Unidad de Información Financiera visita joyerías y casinos locales. El objetivo es combatir el blanqueo de capitales de origen dudoso.
La Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo se sancionó hace 11 años. Su brazo ejecutor, la UIF (Unidad de Información Financiera), encargada de recoger y analizar datos para combatir el blanqueo de capitales dudosos, y que ha cobrado más poder en los dos últimos años a partir de sonados casos, desembarcó la última semana en Mendoza.
Joyerías y casinos fueron parte de las visitas de los inspectores del organismo, que establece la obligatoriedad de registrar operaciones a partir de umbrales que arrancan en los $ 50 mil, y que en el caso de automotores toma un piso de entre $ 350 y $ 400 mil.
"Las declaraciones forman una base de datos para las distintas investigaciones. No necesariamente los reportes son denuncias, sino datos que se emplean si se detecta un delito", explica José Sbatella, presidente de la UIF, quien se puso al frente de la primera ronda de recorridas.
El funcionario, luego de una jornada de capacitación a contadores de la provincia, remarcó el carácter confidencial de las declaraciones. "Es parte del sistema, y sirve para elevar la detección del nivel de riesgo de operaciones con dinero ilícito. Lo que se busca primero es el mayor nivel de riesgo, luego se comprobará el delito; en definitiva, correr a los operadores de ese dinero".
En tal sentido, el Sistema de Reporte de Operaciones Masivas (SROM) acumulaba más de 10 mil reportes al 31 de marzo último; a ese nivel, el sector financiero y cambiario, con 8.210 presentados, lidera el ranking por sujetos obligados a informar.
En lo que respecta a sanciones, el BBVA Francés fue el que más multas recibió, con un 45% del total el último año, seguido más atrás por el Galicia.
Sbatella asegura que, de cumplirse la proyección de 30 mil reportes on line, el 2011 puede convertirse en un año récord, sin contar las denuncias voluntarias.
La UIF ha adquirido relevancia en los últimos meses. Es que además de constituirse en fuente para causas judiciales, también le cabe ser querellante, como ocurrió con el mediático caso de la "mafia de los medicamentos". Allí inició una demanda contra la hermana de uno de los imputados, por una maniobra con varios cheques, que derivó en un embargo.
Sospechas
¿Cuándo puede considerarse sospechosa de lavado una operación comercial? Hay al menos 10 circunstancias, entre las que se pueden mencionar: operaciones que por tipo, frecuencia y naturaleza no estén relacionadas con la actividad económica del sujeto; montos inusualmente elevados; cuando la frecuencia y cuantía hace presumir una operación fraccionada.
A esto se suma la negativa a declarar datos o presentar documentación, o cuando se involucra a países o jurisdicciones considerados "paraísos fiscales".
Al analizar las modalidades de lavado más usuales, además de la ya conocida inclinación por el rubro de las alhajas, aparece una figura de los últimos tiempos: la "compra de premios", que empezó a traccionar la fiscalización de los casinos en Buenos Aires y ahora se trasladó a Mendoza.
Algunas joyerías consultadas por Los Andes ya habían sido visitadas e incluso tienen una serie de planillas que deberán llenar con datos del sujeto si una transacción genera sospechas o supera el monto del umbral permitido. Por lo pronto, hay coincidencia en que estos controles le vienen bien al mercado mendocino, aunque la plaza no registra transacciones que tipifiquen lavado de dinero.
Un caso especial es el de Vendemmia, la primera de las casas seleccionadas. "Se nos pidió un trabajo en conjunto y tendremos que informar mensualmente. Pero este tipo de operaciones habla de clientes ocasionales; quien puede invertir importes muy elevados y de esas características puede viajar y elige hacerlo en el exterior", consideró Victoria Vendemmia.
Si bien el de los últimos días fue el primer control formal realizado por la UIF en Mendoza, un grupo de inspectores del ente había detectado un caso de contrabando de divisas en abril, cuando junto a personal de Policía Aeronáutica fiscalizaron la salida de pasajeros desde el aeropuerto Gabrielli.
Cabe señalar que en ese ámbito la ley establece un límite de U$S10 mil por persona para portar al momento de viajar.
Paraísos fiscales preferidos
En los registros oficiales de la Unidad aparecen en total 88 destinos internacionales de "nula o baja tributación" para la radicación de fondos. Los comúnmente conocidos como "paraísos fiscales", entre los que están los siempre mencionados Islas Caimán o Bermudas, otros menos nombrados como Groenlandia, Andorra y varias islas del Pacífico Sur.
Pero, según Sbatella, los argentinos tienen sus propias preferencias al momento de elegir dónde girar sus fondos para abrir abultadas cuentas bancarias fuera del país: encabeza Uruguay, y le siguen, sorprendentemente, ¡Delaware! un estado norteamericano cuya legislación admite ciertas transacciones, además de ser el que más empresas por habitante ostenta.
La City londinense y, un poco más lejos, Islas Vírgenes, completan los destinos más elegidos.
Los Andes Miguel A Flores
La Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo se sancionó hace 11 años. Su brazo ejecutor, la UIF (Unidad de Información Financiera), encargada de recoger y analizar datos para combatir el blanqueo de capitales dudosos, y que ha cobrado más poder en los dos últimos años a partir de sonados casos, desembarcó la última semana en Mendoza.
Joyerías y casinos fueron parte de las visitas de los inspectores del organismo, que establece la obligatoriedad de registrar operaciones a partir de umbrales que arrancan en los $ 50 mil, y que en el caso de automotores toma un piso de entre $ 350 y $ 400 mil.
"Las declaraciones forman una base de datos para las distintas investigaciones. No necesariamente los reportes son denuncias, sino datos que se emplean si se detecta un delito", explica José Sbatella, presidente de la UIF, quien se puso al frente de la primera ronda de recorridas.
El funcionario, luego de una jornada de capacitación a contadores de la provincia, remarcó el carácter confidencial de las declaraciones. "Es parte del sistema, y sirve para elevar la detección del nivel de riesgo de operaciones con dinero ilícito. Lo que se busca primero es el mayor nivel de riesgo, luego se comprobará el delito; en definitiva, correr a los operadores de ese dinero".
En tal sentido, el Sistema de Reporte de Operaciones Masivas (SROM) acumulaba más de 10 mil reportes al 31 de marzo último; a ese nivel, el sector financiero y cambiario, con 8.210 presentados, lidera el ranking por sujetos obligados a informar.
En lo que respecta a sanciones, el BBVA Francés fue el que más multas recibió, con un 45% del total el último año, seguido más atrás por el Galicia.
Sbatella asegura que, de cumplirse la proyección de 30 mil reportes on line, el 2011 puede convertirse en un año récord, sin contar las denuncias voluntarias.
La UIF ha adquirido relevancia en los últimos meses. Es que además de constituirse en fuente para causas judiciales, también le cabe ser querellante, como ocurrió con el mediático caso de la "mafia de los medicamentos". Allí inició una demanda contra la hermana de uno de los imputados, por una maniobra con varios cheques, que derivó en un embargo.
Sospechas
¿Cuándo puede considerarse sospechosa de lavado una operación comercial? Hay al menos 10 circunstancias, entre las que se pueden mencionar: operaciones que por tipo, frecuencia y naturaleza no estén relacionadas con la actividad económica del sujeto; montos inusualmente elevados; cuando la frecuencia y cuantía hace presumir una operación fraccionada.
A esto se suma la negativa a declarar datos o presentar documentación, o cuando se involucra a países o jurisdicciones considerados "paraísos fiscales".
Al analizar las modalidades de lavado más usuales, además de la ya conocida inclinación por el rubro de las alhajas, aparece una figura de los últimos tiempos: la "compra de premios", que empezó a traccionar la fiscalización de los casinos en Buenos Aires y ahora se trasladó a Mendoza.
Algunas joyerías consultadas por Los Andes ya habían sido visitadas e incluso tienen una serie de planillas que deberán llenar con datos del sujeto si una transacción genera sospechas o supera el monto del umbral permitido. Por lo pronto, hay coincidencia en que estos controles le vienen bien al mercado mendocino, aunque la plaza no registra transacciones que tipifiquen lavado de dinero.
Un caso especial es el de Vendemmia, la primera de las casas seleccionadas. "Se nos pidió un trabajo en conjunto y tendremos que informar mensualmente. Pero este tipo de operaciones habla de clientes ocasionales; quien puede invertir importes muy elevados y de esas características puede viajar y elige hacerlo en el exterior", consideró Victoria Vendemmia.
Si bien el de los últimos días fue el primer control formal realizado por la UIF en Mendoza, un grupo de inspectores del ente había detectado un caso de contrabando de divisas en abril, cuando junto a personal de Policía Aeronáutica fiscalizaron la salida de pasajeros desde el aeropuerto Gabrielli.
Cabe señalar que en ese ámbito la ley establece un límite de U$S10 mil por persona para portar al momento de viajar.
Paraísos fiscales preferidos
En los registros oficiales de la Unidad aparecen en total 88 destinos internacionales de "nula o baja tributación" para la radicación de fondos. Los comúnmente conocidos como "paraísos fiscales", entre los que están los siempre mencionados Islas Caimán o Bermudas, otros menos nombrados como Groenlandia, Andorra y varias islas del Pacífico Sur.
Pero, según Sbatella, los argentinos tienen sus propias preferencias al momento de elegir dónde girar sus fondos para abrir abultadas cuentas bancarias fuera del país: encabeza Uruguay, y le siguen, sorprendentemente, ¡Delaware! un estado norteamericano cuya legislación admite ciertas transacciones, además de ser el que más empresas por habitante ostenta.
La City londinense y, un poco más lejos, Islas Vírgenes, completan los destinos más elegidos.
Los Andes Miguel A Flores
martes, 2 de agosto de 2011
Argentina: El Gobierno prepara un caso testigo para mostrarle al GAFI la ley antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) se constituyó ayer como querellante en la causa penal contra 23 personas imputadas por presunto lavado de dinero a través del banco BNP Paribas. La intención oficial es que esa causa se convierta en un caso testigo para mostrarle al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el funcionamiento de la nueva ley antilavado, afirmó un funcionario a El Cronista.
Una delegación de la UIF, el Ministerio de Justicia y el Banco Central que volvió la semana pasada de la sede central del GAFI en París con la certeza de que deberá demostrar avances en la aplicación de la ley antilavado de aquí a octubre.
Uno de los principales cuestionamientos de los técnicos del GAFI a los funcionarios radica en la aplicación de la nueva ley. Los técnicos plantearon una serie de interrogantes sobre la figura del encubrimiento y cómo cuajan los nuevos tipos penales con los ya establecidos en la legislación. El Gobierno cree que debe demostrar resultados generando doctrina y jurisprudencia en los próximos meses.
Y aquí es donde entra la megacausa contra los clientes del banco BNP Paribas. La veintena de personas acusada de lavar dinero a través de la entidad financiera entre 2002 y 2007 en el exterior puede representar un golpe de efecto para la UIF.
Están investigados en la causa, entre otros, un juez de la Nación, José Luis Monti, un hombre de la AFIP, Andrés Vázquez y el secretario de gobierno de Lomas de Zamora, José Antonio Romero. El camarista Monti falló a favor del Grupo Clarín en una causa sobre Papel Prensa; Vázquez fue el funcionario de AFIP que lideró el recordado allanamiento a Clarín, hace dos años.
Sin embargo, la interpretación legal de la UIF traerá polémica. El organismo que preside José Sbattella interpreta el autolavado como un delito continuo. Esto es: el dinero sigue produciendo un daño a la sociedad, por lo que las personas imputadas serían punibles bajo la nueva ley, que castiga el autolavado como delito penal autónomo. Como la plata sigue en el sistema, “afecta al normal sistema capitalista porque compite con el dinero lícito y lleva a la ilegalidad al capital lícito”, justificaron en esa dependencia.
Ese artilugio legal permitiría, para el Gobierno, aplicar la nueva ley a hechos previos a julio, cuando empezó a regir.
Distintos abogados anticiparon que esa lectura traerá problemas. En el derecho penal rige constitucionalmente un principio por el que el reo debe ser castigado de acuerdo al tipo penal más benigno. Si se sube la pena, durante el proceso, ese cambio no será aplicable para el caso en cuestión, por ejemplo. La aplicación de un nuevo tipo penal a hechos previos a los de la sanción de la ley es inconstitucional.
De todas formas, el Gobierno dará un nuevo examen ante el GAFI en septiembre. Espera mostrar avances. El encuentro clave será el 24 de octubre, un día después de la elección presidencial
ESTEBAN RAFELE El Cronista
Una delegación de la UIF, el Ministerio de Justicia y el Banco Central que volvió la semana pasada de la sede central del GAFI en París con la certeza de que deberá demostrar avances en la aplicación de la ley antilavado de aquí a octubre.
Uno de los principales cuestionamientos de los técnicos del GAFI a los funcionarios radica en la aplicación de la nueva ley. Los técnicos plantearon una serie de interrogantes sobre la figura del encubrimiento y cómo cuajan los nuevos tipos penales con los ya establecidos en la legislación. El Gobierno cree que debe demostrar resultados generando doctrina y jurisprudencia en los próximos meses.
Y aquí es donde entra la megacausa contra los clientes del banco BNP Paribas. La veintena de personas acusada de lavar dinero a través de la entidad financiera entre 2002 y 2007 en el exterior puede representar un golpe de efecto para la UIF.
Están investigados en la causa, entre otros, un juez de la Nación, José Luis Monti, un hombre de la AFIP, Andrés Vázquez y el secretario de gobierno de Lomas de Zamora, José Antonio Romero. El camarista Monti falló a favor del Grupo Clarín en una causa sobre Papel Prensa; Vázquez fue el funcionario de AFIP que lideró el recordado allanamiento a Clarín, hace dos años.
Sin embargo, la interpretación legal de la UIF traerá polémica. El organismo que preside José Sbattella interpreta el autolavado como un delito continuo. Esto es: el dinero sigue produciendo un daño a la sociedad, por lo que las personas imputadas serían punibles bajo la nueva ley, que castiga el autolavado como delito penal autónomo. Como la plata sigue en el sistema, “afecta al normal sistema capitalista porque compite con el dinero lícito y lleva a la ilegalidad al capital lícito”, justificaron en esa dependencia.
Ese artilugio legal permitiría, para el Gobierno, aplicar la nueva ley a hechos previos a julio, cuando empezó a regir.
Distintos abogados anticiparon que esa lectura traerá problemas. En el derecho penal rige constitucionalmente un principio por el que el reo debe ser castigado de acuerdo al tipo penal más benigno. Si se sube la pena, durante el proceso, ese cambio no será aplicable para el caso en cuestión, por ejemplo. La aplicación de un nuevo tipo penal a hechos previos a los de la sanción de la ley es inconstitucional.
De todas formas, el Gobierno dará un nuevo examen ante el GAFI en septiembre. Espera mostrar avances. El encuentro clave será el 24 de octubre, un día después de la elección presidencial
ESTEBAN RAFELE El Cronista
sábado, 30 de julio de 2011
Argentina:Sin ayuda de EE.UU., crece el riesgo de sanciones por lavado
Una eventual condena del GAFI por el incumplimiento de normas sobre transparencia afectaría a la economía. Sería un costo de la mala relación del Gobierno con Washington.
Vilma Martinez, la embajadora de Estados Unidos, criticó a la Casa Rosada y rechazó la posibilidad de que Washington colabore para evitar sanciones financieras por los incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero en el sistema financiero local . Esto lo señaló en su embajada, frente a los poderosos titulares del Grupo de las 6 entidades del establishment argentino y después de que Adelmo Gabbi, jefe de la Bolsa de Comercio, se esforzó para explicar los avances que había realizado el Gobierno contra ese delito económico.
Gabbi dijo que “existe preocupación y hubo un esfuerzo concreto”. Jorge Brito avanzó con un análisis más dúctil e insinuó que había un problema político y que por eso los hombres de negocios buscaban un aval político de Estados Unidos a la Argentina en el Gafi. Brito afirmó: “Fuimos remolones, pero hubo avances y habrá más avances.
Necesitamos el apoyo de su país para evitar sanciones que afecten nuestra economía .” Fue ahí cuando Federico Nicholson ponderó el empeño del ministro Julio Alak para normalizar el trabajo atrasado de varios años.
Hasta ahora esa gestión evitó sanciones, pero los empresarios tienen la información de que en octubre, y en vísperas a las elecciones, el GAFI castigaría en forma definitiva a la Argentina.
Una sanción sería un golpe para el sistema financiero y el mercado de capitales de Argentina.
Hugo Biolcati, líder de la Sociedad Rural, explicó que el problema no era del kirchnerismo y que una sanción afectaría a todos los sectores económicos, independientemente de quien gane las elecciones en octubre.
La embajadora escuchó pacientemente los argumentos, pero fue inflexible a la hora definir la posición oficial de EE.UU.
Dijo: “Acá no hay un problema político. Acá hay un problema técnico, y consiste en que Argentina no cumple con las normas internacionales contra el lavado de dinero.
” La diplomática habló de la “falta de transparencia” e hizo una alusión a eventuales problemas de corrupción. Después volvió sobre la falta de transparencia y puso como ejemplo la manipulación del INDEC y reiteró que el problema no era político. Advirtió que existen 49 normas internacionales contra el lavado de dinero que aún no cumple la Argentina. Y concluyó diciendo que “EE.UU. es solo un miembro más del GAFI. No podemos hacer nada.” Los hombres del G-6 confirmaron así la pésima relación de Washington con la Cancillería . Héctor Timerman asumió prometiendo abrir un acuerdo trascendental con Barack Obama, pero sus múltiples desaciertos enfriaron hasta límites impensados la estratégica relación bilateral.
La absoluta inactividad en los últimos años de la Unidad de Información Financiera hace que ahora ese cuerpo sobreactúe las medidas y ponga trabas a los negocios . José Sbatella – hasta ahora – no corrigió la resolución 11, que fija controles sobre los directivos de todas las cámaras y entidades empresarias. En el G-6 insisten que esa medida solo busca tener un arma oficial para amenazar y presionar a entidades empresarias no conformes con la Casa Rosada. Sbatella tuvo que poner paños fríos y aclaró que esa resolución apunta a otra cuestión: controlar y hacer un seguimiento del dinero que manejan los sindicatos.
Pero los hombres de negocios tienen temor por el impacto de esas medidas en medio de la crisis internacional.
En el G-6 evaluaron el tema y sacaron una conclusión: un default de EE.UU. hará que el mundo entre en recesión y Argentina sufra el cimbronazo.
Hoy tratarán esta cuestión en el encuentro de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Luis Betnaza inaugurará, en la UIA, esa reunión con un objetivo: que los líderes empresarios de la región exijan al G-20 una “solución productiva” a la crisis financiera.
Ignacio de Mendiguren no estará en esa cumbre de Buenos Aires, porque anoche viajó con una decena de industriales a Brasilia. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner pondrán en marcha el Foro de Empresarios Argentina-Brasil.
El Foro fue pedido por los hombres de negocios de ambos países, ante la incapacidad de los gobierno de coordinar estrategias conjuntas en este mundo inestable. En la comitiva están dirigentes como Carlos Bulgheroni, Luis Pagani, Sebastián Eskenazi, Hugo Sigman, Jorge Brito y Cristiano Rattazzi.
El presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, firmará el acuerdo con Robson Braga de Andrade, el titular de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. Habrá una decena de los más fuertes empresarios de Brasil. Pero la cuestión central será el almuerzo que ambas delegaciones de industriales tendrán a solas con Dilma y Cristina. La intención es hablar de los desequilibrios bilaterales y de una estrategia común para enfrentar la turbulencia financiera internacional. La movida la trabajó Itamaraty directamente con negociador comercial argentino Luis Kreckler, de fluido diálogo con la Presidenta argentina. Se trata de dar una señal de distensión, pero los empresarios argentinos irían a fondo. El banquero Brito estaría encargado de hablar sobre un tema clave: la estabilidad de la paridad cambiaria brasileña.
Se trata de un tema que preocupa también a los industriales de San Pablo. Esos poderosos hombres de negocios presionan por un ajuste del tipo de cambio en Brasil y eso podría generar mayores tensiones en un comercio bilateral netamente negativo para Argentina.
Pero los hombres de negocios de Brasil también harán preguntas. La gente de Braga de Andrade quieren saber una cuestión: cómo y cuándo la Argentina ajustará su economía.
Por MARCELO BONELLI
Copyright Clarín, 2011.
Vilma Martinez, la embajadora de Estados Unidos, criticó a la Casa Rosada y rechazó la posibilidad de que Washington colabore para evitar sanciones financieras por los incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero en el sistema financiero local . Esto lo señaló en su embajada, frente a los poderosos titulares del Grupo de las 6 entidades del establishment argentino y después de que Adelmo Gabbi, jefe de la Bolsa de Comercio, se esforzó para explicar los avances que había realizado el Gobierno contra ese delito económico.
Gabbi dijo que “existe preocupación y hubo un esfuerzo concreto”. Jorge Brito avanzó con un análisis más dúctil e insinuó que había un problema político y que por eso los hombres de negocios buscaban un aval político de Estados Unidos a la Argentina en el Gafi. Brito afirmó: “Fuimos remolones, pero hubo avances y habrá más avances.
Necesitamos el apoyo de su país para evitar sanciones que afecten nuestra economía .” Fue ahí cuando Federico Nicholson ponderó el empeño del ministro Julio Alak para normalizar el trabajo atrasado de varios años.
Hasta ahora esa gestión evitó sanciones, pero los empresarios tienen la información de que en octubre, y en vísperas a las elecciones, el GAFI castigaría en forma definitiva a la Argentina.
Una sanción sería un golpe para el sistema financiero y el mercado de capitales de Argentina.
Hugo Biolcati, líder de la Sociedad Rural, explicó que el problema no era del kirchnerismo y que una sanción afectaría a todos los sectores económicos, independientemente de quien gane las elecciones en octubre.
La embajadora escuchó pacientemente los argumentos, pero fue inflexible a la hora definir la posición oficial de EE.UU.
Dijo: “Acá no hay un problema político. Acá hay un problema técnico, y consiste en que Argentina no cumple con las normas internacionales contra el lavado de dinero.
” La diplomática habló de la “falta de transparencia” e hizo una alusión a eventuales problemas de corrupción. Después volvió sobre la falta de transparencia y puso como ejemplo la manipulación del INDEC y reiteró que el problema no era político. Advirtió que existen 49 normas internacionales contra el lavado de dinero que aún no cumple la Argentina. Y concluyó diciendo que “EE.UU. es solo un miembro más del GAFI. No podemos hacer nada.” Los hombres del G-6 confirmaron así la pésima relación de Washington con la Cancillería . Héctor Timerman asumió prometiendo abrir un acuerdo trascendental con Barack Obama, pero sus múltiples desaciertos enfriaron hasta límites impensados la estratégica relación bilateral.
La absoluta inactividad en los últimos años de la Unidad de Información Financiera hace que ahora ese cuerpo sobreactúe las medidas y ponga trabas a los negocios . José Sbatella – hasta ahora – no corrigió la resolución 11, que fija controles sobre los directivos de todas las cámaras y entidades empresarias. En el G-6 insisten que esa medida solo busca tener un arma oficial para amenazar y presionar a entidades empresarias no conformes con la Casa Rosada. Sbatella tuvo que poner paños fríos y aclaró que esa resolución apunta a otra cuestión: controlar y hacer un seguimiento del dinero que manejan los sindicatos.
Pero los hombres de negocios tienen temor por el impacto de esas medidas en medio de la crisis internacional.
En el G-6 evaluaron el tema y sacaron una conclusión: un default de EE.UU. hará que el mundo entre en recesión y Argentina sufra el cimbronazo.
Hoy tratarán esta cuestión en el encuentro de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Luis Betnaza inaugurará, en la UIA, esa reunión con un objetivo: que los líderes empresarios de la región exijan al G-20 una “solución productiva” a la crisis financiera.
Ignacio de Mendiguren no estará en esa cumbre de Buenos Aires, porque anoche viajó con una decena de industriales a Brasilia. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner pondrán en marcha el Foro de Empresarios Argentina-Brasil.
El Foro fue pedido por los hombres de negocios de ambos países, ante la incapacidad de los gobierno de coordinar estrategias conjuntas en este mundo inestable. En la comitiva están dirigentes como Carlos Bulgheroni, Luis Pagani, Sebastián Eskenazi, Hugo Sigman, Jorge Brito y Cristiano Rattazzi.
El presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, firmará el acuerdo con Robson Braga de Andrade, el titular de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. Habrá una decena de los más fuertes empresarios de Brasil. Pero la cuestión central será el almuerzo que ambas delegaciones de industriales tendrán a solas con Dilma y Cristina. La intención es hablar de los desequilibrios bilaterales y de una estrategia común para enfrentar la turbulencia financiera internacional. La movida la trabajó Itamaraty directamente con negociador comercial argentino Luis Kreckler, de fluido diálogo con la Presidenta argentina. Se trata de dar una señal de distensión, pero los empresarios argentinos irían a fondo. El banquero Brito estaría encargado de hablar sobre un tema clave: la estabilidad de la paridad cambiaria brasileña.
Se trata de un tema que preocupa también a los industriales de San Pablo. Esos poderosos hombres de negocios presionan por un ajuste del tipo de cambio en Brasil y eso podría generar mayores tensiones en un comercio bilateral netamente negativo para Argentina.
Pero los hombres de negocios de Brasil también harán preguntas. La gente de Braga de Andrade quieren saber una cuestión: cómo y cuándo la Argentina ajustará su economía.
Por MARCELO BONELLI
Copyright Clarín, 2011.
martes, 26 de julio de 2011
Argentina: nuevas gestiones ante el GAFI para sacar al país de la lista gris
Una comitiva del Gobierno defenderá mañana ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la ley antilavado que rige desde junio, con la intención de sacar a la Argentina de la denominada lista gris del organismo, en la que se encuentran países que están bajo revisión intensiva por no cumplir con algunos preceptos internacionales.
La reunión había sido pactada durante la última asamblea del GAFI, en Acapulco, México. En ese entonces, a fines de junio, el organismo puso a la Argentina en el grupo de países cooperantes con deficiencias estratégicas, que están bajo revisión intensiva por incumplir algunas de las directivas del organismo pero muestran cierto compromiso en revertir esa situación. Ese listado es lo que se conoce informalmente como lista gris y lo integran naciones tan disímiles como Grecia y Tanzania.
En ese entonces, el Gobierno llegó a México con la ley 26.683 que introdujo la figura penal de lavado de dinero recién publicada en el Boletín Oficial. Fuentes oficiales adujeron que el GAFI incluyó a la Argentina en ese grupo de países por no haber tenido tiempo de analizar la ley. Y se pactó un encuentro, llamado en la jerga face to face, entre técnicos del país y del GAFI.
Esa reunión tendrá lugar mañana, indicó la Unidad de Información Financiera (UIF). El presidente de la UIF, José Sbattella, viajó a París con una delegación de técnicos del organismo y del ministerio de Justicia para defender la ley ante los representantes de los distintos países que integran el GAFI. Lo acompañó, entre otros, el subsecretario de Política Criminal y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, hombre de Julio Alak.
Sbattella, Mena y asesores legales recibieron ayer en la embajada una serie de preguntas de los técnicos del GAFI, en su mayoría abogados. Según contó una fuente a El Cronista, las consultas versan casi exclusivamente sobre la creación del nuevo tipo legal lavado de dinero, que antes era un delilto subsidiario. Cuesta explicar a expertos en el derecho anglosajón cómo aparece un nuevo delito independiente del encubrimiento, explicó una fuente.
La delegación argentina responderá esa serie de planteos mañana en la sede del GAFI, en París. Es probable que para la reunión se incorporen funcionarios del Banco Central. A México fue el vicepresidente Miguel Pesce.
En la reunión, los funcionarios buscarán satisfacer a los representantes del GAFI, de cara a la evaluación que tendrá lugar en octubre en París. El organismo mencionó siete puntos. Pidió adecuar la criminalización del lavado y la financiación del terrorismo, establecer procedimientos de confiscación de fondos relacionados con el lavado e identificar y congelar fondos terroristas, mejorar la transparencia, asegurar una UIF operativa y efectiva y garantizar el cumplimiento de operaciones sospechosas, implementar un programa de supervisión de todo el sector financiero, mejorar políticas de debida diligencia respecto de clientes y establecer canales apropiados para la cooperación internacional.
Según funcionarios, la nueva ley cumple con esos preceptos y la Argentina se comprometió a sancionar una ley antiterrorismo antes de junio de 2012. Diputados opositores son críticos con la norma porque la presidenta vetó el artículo que prohibía a la UIF constituirse como querellante.
El GAFI divide a los estados con alguna deficiencia en tres grupos. La Argentina integra el más benigno, que involucra a los países cooperantes con deficiencias estratégicas. También están los estados que cooperan pero demuestran pocos progresos y los no cooperantes.
El Cronista ESTEBAN RAFELE
La reunión había sido pactada durante la última asamblea del GAFI, en Acapulco, México. En ese entonces, a fines de junio, el organismo puso a la Argentina en el grupo de países cooperantes con deficiencias estratégicas, que están bajo revisión intensiva por incumplir algunas de las directivas del organismo pero muestran cierto compromiso en revertir esa situación. Ese listado es lo que se conoce informalmente como lista gris y lo integran naciones tan disímiles como Grecia y Tanzania.
En ese entonces, el Gobierno llegó a México con la ley 26.683 que introdujo la figura penal de lavado de dinero recién publicada en el Boletín Oficial. Fuentes oficiales adujeron que el GAFI incluyó a la Argentina en ese grupo de países por no haber tenido tiempo de analizar la ley. Y se pactó un encuentro, llamado en la jerga face to face, entre técnicos del país y del GAFI.
Esa reunión tendrá lugar mañana, indicó la Unidad de Información Financiera (UIF). El presidente de la UIF, José Sbattella, viajó a París con una delegación de técnicos del organismo y del ministerio de Justicia para defender la ley ante los representantes de los distintos países que integran el GAFI. Lo acompañó, entre otros, el subsecretario de Política Criminal y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, hombre de Julio Alak.
Sbattella, Mena y asesores legales recibieron ayer en la embajada una serie de preguntas de los técnicos del GAFI, en su mayoría abogados. Según contó una fuente a El Cronista, las consultas versan casi exclusivamente sobre la creación del nuevo tipo legal lavado de dinero, que antes era un delilto subsidiario. Cuesta explicar a expertos en el derecho anglosajón cómo aparece un nuevo delito independiente del encubrimiento, explicó una fuente.
La delegación argentina responderá esa serie de planteos mañana en la sede del GAFI, en París. Es probable que para la reunión se incorporen funcionarios del Banco Central. A México fue el vicepresidente Miguel Pesce.
En la reunión, los funcionarios buscarán satisfacer a los representantes del GAFI, de cara a la evaluación que tendrá lugar en octubre en París. El organismo mencionó siete puntos. Pidió adecuar la criminalización del lavado y la financiación del terrorismo, establecer procedimientos de confiscación de fondos relacionados con el lavado e identificar y congelar fondos terroristas, mejorar la transparencia, asegurar una UIF operativa y efectiva y garantizar el cumplimiento de operaciones sospechosas, implementar un programa de supervisión de todo el sector financiero, mejorar políticas de debida diligencia respecto de clientes y establecer canales apropiados para la cooperación internacional.
Según funcionarios, la nueva ley cumple con esos preceptos y la Argentina se comprometió a sancionar una ley antiterrorismo antes de junio de 2012. Diputados opositores son críticos con la norma porque la presidenta vetó el artículo que prohibía a la UIF constituirse como querellante.
El GAFI divide a los estados con alguna deficiencia en tres grupos. La Argentina integra el más benigno, que involucra a los países cooperantes con deficiencias estratégicas. También están los estados que cooperan pero demuestran pocos progresos y los no cooperantes.
El Cronista ESTEBAN RAFELE
jueves, 21 de julio de 2011
ARGENTINA: Lanzaron el plan de radarización
La presidenta, Cristina Kirchner, puso en marcha ayer el plan "Escudo Norte" con la instalación del primero de un sistema de radares para controlar vuelos en la amplia zona de la frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay, por la que se trafican drogas, entre otros ilícitos.
• "Confiamos en que (las fuerzas de seguridad) puedan defender y cuidar algo tan importante como impedir que Argentina sea un país preso del narcotráfico como sucede lamentablemente en otros lugares de Latinoamérica", afirmó Cristina Kirchner al lanzar el programa.
• La mandataria inauguró el primer radar "3D" de este plan, fabricado por la empresa argentina Invap, de capital estatal y privado, en el aeropuerto de Santiago del Estero.
• El radar 3D estará destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimiento de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo, bajo supervisión de los ministerios de Defensa e Interior, además de las Fuerzas Armadas, que formarán parte del Escuadrón Norte.
"Este radar es un prototipo de radar primario argentino. Vamos a construir en total seis radares militares y veinte radares civiles especiales para aviación y control", sostuvo Fernández.
El flamante programa, que abarcará todas las provincias del norte del país, contará con un escuadrón de tres aviones Pucará, tres helicópteros y una dotación de 150 hombres de la Fuerza Aérea, que se dividirán en grupos para procesar la información del sistema de vigilancia aérea, pilotar los Pucará y realizar el mantenimiento de los aviones.
"En aquellos países presos del narcotráfico y de la lucha entre carteles, los ciudadanos terminan recibiendo de esos delincuentes lo que el Estado no les da", dijo Cristina durante el acto.
En este sentido, se refirió a Guatemala, donde el pasado 9 de julio fue asesinado el cantante Facundo Cabral cuando viajaba en un vehículo con el empresario nicaragüense Henry Fariña, asociado a clubes nocturnos y a quien iba dirigido el ataque.
"En la cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago (en 2009), el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, contó como el narcotráfico en la frontera con México construía escuelas, iglesias y carreteras. Donde el Estado no llegaba, llegaban (los narcotraficantes) y entonces se apoderaban del territorio", relató la presidenta.
En abril pasado, un grupo de diputados argentinos de la oposición presentó un proyecto de ley que habilita el derribo de aviones en vuelos clandestinos procedentes de países vecinos, en especial con cargamentos de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay.
"Al país ingresan por día entre 100 y 150 vuelos ilegales. Sin controles se permite que entren y salgan productos y hasta gente en forma ilegal", advirtió el diputado del Pro Julián Obiglio, autor del proyecto.
Desde hace meses, dirigentes de la oposición denuncian el crecimiento de vuelos clandestinos en el país con cargamentos de drogas que ingresaron, en su mayoría, por zonas del norte.
La mayor parte de los cargamentos de cocaína y marihuana que han sido incautados en los últimos años por las fuerzas de seguridad argentinas proviene de Bolivia y Paraguay.
Argentina comparte en su nordeste una frontera con Paraguay y Brasil, zona en la que las fuerzas de seguridad han detectado organizaciones criminales de todo tipo, por lo que los tres países han firmado acuerdos de cooperación para combatirlas.
En la llamada "triple frontera" actúan grupos vinculados con terroristas del integrismo islámico, según Estados Unidos.
Fuente TN
• "Confiamos en que (las fuerzas de seguridad) puedan defender y cuidar algo tan importante como impedir que Argentina sea un país preso del narcotráfico como sucede lamentablemente en otros lugares de Latinoamérica", afirmó Cristina Kirchner al lanzar el programa.
• La mandataria inauguró el primer radar "3D" de este plan, fabricado por la empresa argentina Invap, de capital estatal y privado, en el aeropuerto de Santiago del Estero.
• El radar 3D estará destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimiento de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo, bajo supervisión de los ministerios de Defensa e Interior, además de las Fuerzas Armadas, que formarán parte del Escuadrón Norte.
"Este radar es un prototipo de radar primario argentino. Vamos a construir en total seis radares militares y veinte radares civiles especiales para aviación y control", sostuvo Fernández.
El flamante programa, que abarcará todas las provincias del norte del país, contará con un escuadrón de tres aviones Pucará, tres helicópteros y una dotación de 150 hombres de la Fuerza Aérea, que se dividirán en grupos para procesar la información del sistema de vigilancia aérea, pilotar los Pucará y realizar el mantenimiento de los aviones.
"En aquellos países presos del narcotráfico y de la lucha entre carteles, los ciudadanos terminan recibiendo de esos delincuentes lo que el Estado no les da", dijo Cristina durante el acto.
En este sentido, se refirió a Guatemala, donde el pasado 9 de julio fue asesinado el cantante Facundo Cabral cuando viajaba en un vehículo con el empresario nicaragüense Henry Fariña, asociado a clubes nocturnos y a quien iba dirigido el ataque.
"En la cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago (en 2009), el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, contó como el narcotráfico en la frontera con México construía escuelas, iglesias y carreteras. Donde el Estado no llegaba, llegaban (los narcotraficantes) y entonces se apoderaban del territorio", relató la presidenta.
En abril pasado, un grupo de diputados argentinos de la oposición presentó un proyecto de ley que habilita el derribo de aviones en vuelos clandestinos procedentes de países vecinos, en especial con cargamentos de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay.
"Al país ingresan por día entre 100 y 150 vuelos ilegales. Sin controles se permite que entren y salgan productos y hasta gente en forma ilegal", advirtió el diputado del Pro Julián Obiglio, autor del proyecto.
Desde hace meses, dirigentes de la oposición denuncian el crecimiento de vuelos clandestinos en el país con cargamentos de drogas que ingresaron, en su mayoría, por zonas del norte.
La mayor parte de los cargamentos de cocaína y marihuana que han sido incautados en los últimos años por las fuerzas de seguridad argentinas proviene de Bolivia y Paraguay.
Argentina comparte en su nordeste una frontera con Paraguay y Brasil, zona en la que las fuerzas de seguridad han detectado organizaciones criminales de todo tipo, por lo que los tres países han firmado acuerdos de cooperación para combatirlas.
En la llamada "triple frontera" actúan grupos vinculados con terroristas del integrismo islámico, según Estados Unidos.
Fuente TN
miércoles, 20 de julio de 2011
ARGENTINA:Sbatella defendió el rol de la UIF en el caso Schoklender
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, defendió ayer la actuación de su organismo en la investigación sobre Sergio Schoklender, a pesar de la denuncia penal de que "cajoneó" la pesquisa dentro del organismo hasta que estalló el escándalo.
"Estamos con la conciencia tranquila", afirmó Sbatella. "Los tiempos de investigación fueron los normales para un caso en el que había indicios de un delito. Y todavía hoy no está claro si hubo una estafa al Estado, una estafa a la Fundación [Madres de Plaza de Mayo] o algún dinero extra de otras cosas que no sabíamos que [Schoklender] hacía", planteó.
Sbattella reconoció que la UIF había recibido reportes con "indicios de operaciones inexplicadas y que había fuga de dinero del sistema y que todo eso era una alerta de que algo raro estaba pasando", pero aclaró que con la ley de lavado vigente los tiempos para completar una investigación eran de entre "un año y medio y tres años".
Uso político
"Cuando se pierde la confidencialidad [de la UIF], como fue en el caso Schocklender, ahí nomás hubo que pasárselo al juez", explicó, antes de estimar que con la reforma legislativa el proceso de investigación dentro de la UIF "será más rápido".
A su lado, el presidente del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya, afirmó que con la nueva ley se abre "una nueva etapa" para combatir el lavado, "debilitar el accionar del narcotráfico y de las organizaciones criminales complejas", aunque "un desafío adicional es articular esfuerzos con todos los organismos".
Sbattella respondió, además, a las críticas sobre la UIF al remarcar la importancia de preservar el secreto de sus actuaciones. "Todo lo que se está discutiendo ahora, por ejemplo, sobre el uso político de un organismo de denuncia se evita con la confidencialidad", argumentó, antes de criticar a LA NACION por anticipar que la Argentina sería incluida en la "lista gris" del GAFI y pedir su renuncia en un editorial. "El resto de los medios se dio cuenta de que había una situación de Estado y no atacó", afirmó.
La Nacion
"Estamos con la conciencia tranquila", afirmó Sbatella. "Los tiempos de investigación fueron los normales para un caso en el que había indicios de un delito. Y todavía hoy no está claro si hubo una estafa al Estado, una estafa a la Fundación [Madres de Plaza de Mayo] o algún dinero extra de otras cosas que no sabíamos que [Schoklender] hacía", planteó.
Sbattella reconoció que la UIF había recibido reportes con "indicios de operaciones inexplicadas y que había fuga de dinero del sistema y que todo eso era una alerta de que algo raro estaba pasando", pero aclaró que con la ley de lavado vigente los tiempos para completar una investigación eran de entre "un año y medio y tres años".
Uso político
"Cuando se pierde la confidencialidad [de la UIF], como fue en el caso Schocklender, ahí nomás hubo que pasárselo al juez", explicó, antes de estimar que con la reforma legislativa el proceso de investigación dentro de la UIF "será más rápido".
A su lado, el presidente del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya, afirmó que con la nueva ley se abre "una nueva etapa" para combatir el lavado, "debilitar el accionar del narcotráfico y de las organizaciones criminales complejas", aunque "un desafío adicional es articular esfuerzos con todos los organismos".
Sbattella respondió, además, a las críticas sobre la UIF al remarcar la importancia de preservar el secreto de sus actuaciones. "Todo lo que se está discutiendo ahora, por ejemplo, sobre el uso político de un organismo de denuncia se evita con la confidencialidad", argumentó, antes de criticar a LA NACION por anticipar que la Argentina sería incluida en la "lista gris" del GAFI y pedir su renuncia en un editorial. "El resto de los medios se dio cuenta de que había una situación de Estado y no atacó", afirmó.
La Nacion
jueves, 30 de junio de 2011
Argentina: Por segunda vez se dictó una condena por blanqueo de dinero
En medio de las discusiones en organismos internacionales sobre el desempeño argentino en el combate del lavado de dinero, ayer se conoció la segunda sentencia en diez años de vigencia de la anterior ley modificada recientemente.
Se trata de dos jóvenes mexicanos detenidos hace seis años en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentaban ingresar al país, ocultos en su equipaje, 617.400 dólares.
La condena, a tres años de prisión en suspenso, fue dictada por el Tribunal Oral Penal Económico Nro. 2 en un juicio abreviado tras un acuerdo alcanzado por el fiscal Mariano Borinsky con la defensa de los imputados. La Fiscalía también había pedido condena por el delito de contrabando, pero el tribunal, por mayoría, sólo condenó por intento de lavado de activos.
El anterior caso de condena por este delito -como una modalidad dentro de una investigación por narcotráfico- había sido conocido el año pasado en Córdoba, pero fue dictado contra tres “prestanombres casi indigentes que fueron usados para la adquisición de propiedades.
El caso resuelto ayer es distinto porque el hecho investigado refiere claramente a un intento de lavado de dinero. Los dólares -decomisados por la Justicia- estaban escondidos en las mochilas y valijas con las que llegaron al país el 4 de octubre de 2005 la modelo Luz María Acosta Aguilera, de 33 años, y el músico Francisco Javier Guzmán Ramírez, de 26 años, ambos mexicanos. Los turistas no habían declarado el dinero ante la Aduana, lo que debiera haber ocurrido por superar la cifra de 10 mil dólares.
En el acuerdo firmado con el fiscal, los acusados admitieron el “origen delictivo” del dinero y que su fin era el de “hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”, según consta en la resolución judicial, a la que Clarín tuvo acceso. La sentencia fue firmada por los jueces Gustavo Losada, Claudio Gutiérrez de la Cárcova y Osiris Lemos. Los jueces mandaron copia de la sentencia al Congreso, adonde regresó la nueva ley antilavado por un veto parcial presidencial.
Se trata de dos jóvenes mexicanos detenidos hace seis años en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentaban ingresar al país, ocultos en su equipaje, 617.400 dólares.
La condena, a tres años de prisión en suspenso, fue dictada por el Tribunal Oral Penal Económico Nro. 2 en un juicio abreviado tras un acuerdo alcanzado por el fiscal Mariano Borinsky con la defensa de los imputados. La Fiscalía también había pedido condena por el delito de contrabando, pero el tribunal, por mayoría, sólo condenó por intento de lavado de activos.
El anterior caso de condena por este delito -como una modalidad dentro de una investigación por narcotráfico- había sido conocido el año pasado en Córdoba, pero fue dictado contra tres “prestanombres casi indigentes que fueron usados para la adquisición de propiedades.
El caso resuelto ayer es distinto porque el hecho investigado refiere claramente a un intento de lavado de dinero. Los dólares -decomisados por la Justicia- estaban escondidos en las mochilas y valijas con las que llegaron al país el 4 de octubre de 2005 la modelo Luz María Acosta Aguilera, de 33 años, y el músico Francisco Javier Guzmán Ramírez, de 26 años, ambos mexicanos. Los turistas no habían declarado el dinero ante la Aduana, lo que debiera haber ocurrido por superar la cifra de 10 mil dólares.
En el acuerdo firmado con el fiscal, los acusados admitieron el “origen delictivo” del dinero y que su fin era el de “hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”, según consta en la resolución judicial, a la que Clarín tuvo acceso. La sentencia fue firmada por los jueces Gustavo Losada, Claudio Gutiérrez de la Cárcova y Osiris Lemos. Los jueces mandaron copia de la sentencia al Congreso, adonde regresó la nueva ley antilavado por un veto parcial presidencial.
Argentina: El titular de la UIF aseguró que hay "muchos sectores poderosos que tienen algo que esconder"
José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, aseguró que con la entrada en vigencia de la nueva ley contra el lavado de dinero se cambiará "de manera muy radical" el panorama en la Argentina. "Todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito", advirtió
Sbatella remarcó que la ley antilavado que entra en vigencia este viernes "cambia de manera muy radical la forma de investigar y la posibilidad de demostrar el delito del lavado, no se necesita ya el delito precedente, eso genera que un gran espectro de actitudes que no estaban contempladas como delito entren, y muchos de los sectores más poderosos de la Argentina tienen en ese sentido algo que esconder, creo que por ese lado viene el ataque".
Dijo que Argentina inició en febrero de 2010 "un proceso de cambio que nos permite llegar ahora sin sanción y sin pérdida de membresía" en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este contexto, detalló que "un gran porcentaje de empresas tienen su subdidiaria offshore, durante mucho tiempo en los '90 el capital ganado en Argentina se deposita afuera y en ese momento la ley antilavado no se tomaba en cuenta porque había que tener un delito precedente, y después ese dinero vuelve a entrar como préstamo, o auto préstamo".
"Si se analizan las composiciones accionarias de la mayoría de las empresas, siempre aparece algo offshore que está afuera y en general es propiedad de los mismos dueños que están con un porcentaje accionario", agregó.
Sbatella ponderó que la nueva ley resolverá las situaciones delictivas de manera "rapidísima", y afirmó que "todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito, corresponden tres años de prisión y se les decomisa el dinero".
"Esa situación genera no sólo la cuestión política sino que hay un miedo objetivo a los hechos, les puede pasar a quienes no tienen de dónde explicar el origen de ese capital", concluyó.
Infobae
Sbatella remarcó que la ley antilavado que entra en vigencia este viernes "cambia de manera muy radical la forma de investigar y la posibilidad de demostrar el delito del lavado, no se necesita ya el delito precedente, eso genera que un gran espectro de actitudes que no estaban contempladas como delito entren, y muchos de los sectores más poderosos de la Argentina tienen en ese sentido algo que esconder, creo que por ese lado viene el ataque".
Dijo que Argentina inició en febrero de 2010 "un proceso de cambio que nos permite llegar ahora sin sanción y sin pérdida de membresía" en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este contexto, detalló que "un gran porcentaje de empresas tienen su subdidiaria offshore, durante mucho tiempo en los '90 el capital ganado en Argentina se deposita afuera y en ese momento la ley antilavado no se tomaba en cuenta porque había que tener un delito precedente, y después ese dinero vuelve a entrar como préstamo, o auto préstamo".
"Si se analizan las composiciones accionarias de la mayoría de las empresas, siempre aparece algo offshore que está afuera y en general es propiedad de los mismos dueños que están con un porcentaje accionario", agregó.
Sbatella ponderó que la nueva ley resolverá las situaciones delictivas de manera "rapidísima", y afirmó que "todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito, corresponden tres años de prisión y se les decomisa el dinero".
"Esa situación genera no sólo la cuestión política sino que hay un miedo objetivo a los hechos, les puede pasar a quienes no tienen de dónde explicar el origen de ese capital", concluyó.
Infobae
viernes, 24 de junio de 2011
GAFI no aplicó sanciones a la Argentina por lavado
El GAFI "reconoció el compromiso político y los progresos concretados por Argentina, especialmente los grandes avances normativos alcanzados con la sanción de la nueva ley de lucha contra el lavado de dinero. Y efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema", precisaron las mismas fuentes.
"El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. En tal sentido, la Argentina mantiene la membresía plena y se lo consideró país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La cartera conducida por el ministro Julio Alak -que estuvo al frente de la delegación argentina en la capital azteca- enfatizó que "institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio del GAFI listas negras o grises", sino países dentro de las categorías "no cooperantes" o de "bajo nivel de cumplimiento" de sus planes de acción.
"En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina", subrayaron a través de un contacto telefónico los integrantes de la comitiva oficial.
En ese sentido, "Argentina será solamente mencionada en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo".
Las fuentes consultadas explicaron que "un seguimiento intensivo no implica ningún tipo de sanción", sino que el país debe reportar los avances en la materia "cada tres meses, en vez de que las presentaciones sean anuales".
Asimismo, precisaron que el GAFI, si bien reconoció los avances y el compromiso del país para combatir el lavado de dinero, "no alcanzó a pronunciarse durante las deliberaciones sobre los detalles de los avances en los cambios normativos de la nueva ley, como lo esperaba la Argentina, y dejó esta tarea para la próxima reunión de octubre".
Quienes sí trataron la cuestión fueron los países de la región que integran el GAFISUD, quienes determinaron que "la Argentina cumplió con 5 de las 6 recomendaciones que le había hecho el organismo", recordaron las fuentes.
El comunicado del Ministerio de Justicia distribuido esta noche señala que "en el comité respectivo como en el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la ley 26.683, tarea que ya sí fue efectuada por el GAFISUD, que con ella dio por cumplidas 5 de las 6 recomendaciones relevantes auditadas por el foro regional".
"Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en el mes de octubre", agregaron.
La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la UFI, José Sbatella; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El plenario del GAFI en la capital azteca finalizó hoy, tras tres días de deliberaciones.
"El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. En tal sentido, la Argentina mantiene la membresía plena y se lo consideró país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La cartera conducida por el ministro Julio Alak -que estuvo al frente de la delegación argentina en la capital azteca- enfatizó que "institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio del GAFI listas negras o grises", sino países dentro de las categorías "no cooperantes" o de "bajo nivel de cumplimiento" de sus planes de acción.
"En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina", subrayaron a través de un contacto telefónico los integrantes de la comitiva oficial.
En ese sentido, "Argentina será solamente mencionada en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo".
Las fuentes consultadas explicaron que "un seguimiento intensivo no implica ningún tipo de sanción", sino que el país debe reportar los avances en la materia "cada tres meses, en vez de que las presentaciones sean anuales".
Asimismo, precisaron que el GAFI, si bien reconoció los avances y el compromiso del país para combatir el lavado de dinero, "no alcanzó a pronunciarse durante las deliberaciones sobre los detalles de los avances en los cambios normativos de la nueva ley, como lo esperaba la Argentina, y dejó esta tarea para la próxima reunión de octubre".
Quienes sí trataron la cuestión fueron los países de la región que integran el GAFISUD, quienes determinaron que "la Argentina cumplió con 5 de las 6 recomendaciones que le había hecho el organismo", recordaron las fuentes.
El comunicado del Ministerio de Justicia distribuido esta noche señala que "en el comité respectivo como en el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la ley 26.683, tarea que ya sí fue efectuada por el GAFISUD, que con ella dio por cumplidas 5 de las 6 recomendaciones relevantes auditadas por el foro regional".
"Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en el mes de octubre", agregaron.
La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la UFI, José Sbatella; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El plenario del GAFI en la capital azteca finalizó hoy, tras tres días de deliberaciones.
jueves, 23 de junio de 2011
Argentina: El Gobierno da más poder a la UIF y la oposición teme una caza de brujas
Un día antes del inicio del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tendrá lugar desde hoy hasta el viernes en México, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial la promulgación de la ley que tipifica en el Código Penal el lavado de dinero. Lo hizo en medio de versiones de que fuertes grupos en países como Estados Unidos presionan para que el país sea ubicado en la lista de los que incumplen con preceptos básicos del Grupo. La misma sanción de la ley en el Congreso, el primero de junio pasado fue fruto de un pedido de urgencia del gobierno a la oposición parlamentaria, buscando evitar así sanciones del GAFI, que viene cuestionando al país desde hace tiempo por incumplimiento de varias de sus 49 recomendaciones.
La promulgación de la ley 26.683 no careció de críticas. Desde la oposición se objetó la decisión a último momento de Cristina Kirchner de habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ejecutivo y que en el último tiempo ha sido acusada de manejarse de manera arbitraria; para actuar como querellante en causas de lavado de dinero.
Concretamente, lo que hizo la Presidenta fue, al tiempo en que promulgó la ley, observó su artículo 25, lo que es algo así como vetarlo. Hasta ayer, el texto de la ley sancionada por el Congreso indicaba que la UIF no podía constituirse como parte querellante en procesos penales. El último cuestionamiento contra la actuación de la UIF --por cierto muy criticada por funcionarios de EE.UU. según las filtraciones de WikiLeaks-- es el escándalo en torno a Sergio Schoklender, ya que el presidente de la UIF, José Sbatella demoró un año en denunciar al ahora ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.
En otros casos la UIF fue acusada de atacar a opositores políticos o sectores no oficialistas .
Ayer, el diputado nacional Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) emitió un comunicado contra el veto del artículo 25. Consideró que ahora quedaba “confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del poder”.
En diálogo con Clarín , Ferrari también cuestionó el hecho de que Cristina sorprendiera a los legisladores con una modificación del artículo 25 por decreto, sin hacerlo pasar por el Congreso. Y recordó que los mismos antecedentes en los nombramientos de las autoridades de la UIF --empezando por Sbatella, que no entró por concurso-- mostraban una fuerte tendencia a politizar este instrumento financiero .
Ayer, analistas consultados dijeron que la facultad de querellar de la UIF no era “ni buena ni mala”, y que ni siquiera era necesaria, considerando que el ministerio público cuenta con fiscales. Y que el punto es habérsela dado en momentos de grandes cuestionamientos hacia la misma.
La ley 26.683
La ley 26.683 criminaliza el lavado de activos como una ofensa autónoma y facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita.
Aumenta el monto mínimo para la configuración del delito de lavado de activos hasta los $300.000.
Impone la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y sanciones a empresas que reciclen fondos o financien el terrorismo.
Incorpora nuevos sujetos obligados y nuevos mecanismos procedimentales para investigar el lavado de activos, entre otras cuestiones.
La promulgación de la ley 26.683 no careció de críticas. Desde la oposición se objetó la decisión a último momento de Cristina Kirchner de habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ejecutivo y que en el último tiempo ha sido acusada de manejarse de manera arbitraria; para actuar como querellante en causas de lavado de dinero.
Concretamente, lo que hizo la Presidenta fue, al tiempo en que promulgó la ley, observó su artículo 25, lo que es algo así como vetarlo. Hasta ayer, el texto de la ley sancionada por el Congreso indicaba que la UIF no podía constituirse como parte querellante en procesos penales. El último cuestionamiento contra la actuación de la UIF --por cierto muy criticada por funcionarios de EE.UU. según las filtraciones de WikiLeaks-- es el escándalo en torno a Sergio Schoklender, ya que el presidente de la UIF, José Sbatella demoró un año en denunciar al ahora ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.
En otros casos la UIF fue acusada de atacar a opositores políticos o sectores no oficialistas .
Ayer, el diputado nacional Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) emitió un comunicado contra el veto del artículo 25. Consideró que ahora quedaba “confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del poder”.
En diálogo con Clarín , Ferrari también cuestionó el hecho de que Cristina sorprendiera a los legisladores con una modificación del artículo 25 por decreto, sin hacerlo pasar por el Congreso. Y recordó que los mismos antecedentes en los nombramientos de las autoridades de la UIF --empezando por Sbatella, que no entró por concurso-- mostraban una fuerte tendencia a politizar este instrumento financiero .
Ayer, analistas consultados dijeron que la facultad de querellar de la UIF no era “ni buena ni mala”, y que ni siquiera era necesaria, considerando que el ministerio público cuenta con fiscales. Y que el punto es habérsela dado en momentos de grandes cuestionamientos hacia la misma.
La ley 26.683
La ley 26.683 criminaliza el lavado de activos como una ofensa autónoma y facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita.
Aumenta el monto mínimo para la configuración del delito de lavado de activos hasta los $300.000.
Impone la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y sanciones a empresas que reciclen fondos o financien el terrorismo.
Incorpora nuevos sujetos obligados y nuevos mecanismos procedimentales para investigar el lavado de activos, entre otras cuestiones.
Argentina: Imputaron al jefe antilavado José Sbatella por no investigar a Schoklender
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, se convirtió ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el escándalo de los fondos públicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.
El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que el titular de la UIF, actualmente en México, debe ser investigado en una causa penal para determinar si cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por la demora de casi un año que tuvo el organismo a su cargo en elevar a la Justicia una investigación administrativa abierta en ese ámbito sobre Schoklender y revelada por Clarín el mes pasado.
Entre otras medidas de prueba, Marijuán le pidió al juez federal Sergio Torres que cite a declarar como testigo a la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elsa Quiroz. Esta legisladora, junto con la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, también de la CC, habían denunciado el 18 de junio de 2010 ante la UIF un presunto caso de lavado de dinero a partir de información reservada que llegó a sus manos sobre la adquisición de terrenos en San Miguel por parte de Schoklender.
La información fue verificada por las legisladoras en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de ser llevada ante la UIF, el organismo antilavado ahora en la mira de organismos internacionales.
Sin embargo, la UIF se tomó casi un año para elevar el asunto a la Justicia. Lo hizo el 1° de junio. Pero, lo más grave, fue que la denuncia se hizo una vez que tomó estado público el escándalo sobre Schoklender y sus manejos de dineros públicos. Además, despertó sospechas que el día anterior el propio Sbatella afirmara que no existían elementos todavía como para formular una denuncia penal.
Lo concreto es que al día siguiente llegaban a Tribunales las 4 mil fojas de la investigación llevada adelante en silencio por la UIF tras la denuncia de las legisladoras. A ella se sumó dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) elevados por dos entidades bancarias en torno a cuentas relacionadas con Schoklender y las firmas en las que aparece involucrado.
Los documentos llegaron a manos del fiscal antilavado, Raúl Pleé, quien inmediatamente hizo la denuncia penal y así nació la causa principal en que se investiga al ex apoderado de la Fundación Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta es la causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide con la intervención del fiscal Jorge Di Lello.
Además de esta nueva causa que se abrirá con el dictamen de Marijuán sobre la actuación de Sbatella, existe un tercer expediente penal que investiga la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en cuanto al control de los fondos administrados por Schoklender. Esta causa está a cargo del juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Miguel Angel Osorio. Aquí están denunciados desde el ministro de Planificación Julio De Vido hasta la titular de la Asociación, Hebe de Bonafini. Quiroz dijo anoche a Clarín que en caso de ser citada por el juez Torres ratificará “todo” lo que dijo en las últimas semanas. Quiroz recordó que Schoklender intentó saldar la deuda por la compra de los terrenos -en el marco de dos juicios que le habían hecho- luego de que lo denunciara ante la UIF.
Perfil
NOMBRE: JOSE SBATELLA
CARGO: TITULAR DE LA UIF
Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, este economista fue asesor del Partido Justicialista y de la CGT. A principios de la década pasada estuvo al frente de la Aduana, de la que se fue tras una pelea con el jefe de la AFIP, Alberto Abad. Hace dos años fue designado al frente de la UIF, el cuestionado organismo antilavado.
Denunciante
La diputada Elsa Quiroz había denunciado a Sergio Schoklender por lavado de dinero pero Sbatella se tomó un año para llevar el caso a la Justicia. “Si me citan voy a decir todo lo que dije estos días. Llevamos las pruebas a la UIF.”
Fuente: Lucio Fernández Moores
El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que el titular de la UIF, actualmente en México, debe ser investigado en una causa penal para determinar si cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por la demora de casi un año que tuvo el organismo a su cargo en elevar a la Justicia una investigación administrativa abierta en ese ámbito sobre Schoklender y revelada por Clarín el mes pasado.
Entre otras medidas de prueba, Marijuán le pidió al juez federal Sergio Torres que cite a declarar como testigo a la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elsa Quiroz. Esta legisladora, junto con la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, también de la CC, habían denunciado el 18 de junio de 2010 ante la UIF un presunto caso de lavado de dinero a partir de información reservada que llegó a sus manos sobre la adquisición de terrenos en San Miguel por parte de Schoklender.
La información fue verificada por las legisladoras en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de ser llevada ante la UIF, el organismo antilavado ahora en la mira de organismos internacionales.
Sin embargo, la UIF se tomó casi un año para elevar el asunto a la Justicia. Lo hizo el 1° de junio. Pero, lo más grave, fue que la denuncia se hizo una vez que tomó estado público el escándalo sobre Schoklender y sus manejos de dineros públicos. Además, despertó sospechas que el día anterior el propio Sbatella afirmara que no existían elementos todavía como para formular una denuncia penal.
Lo concreto es que al día siguiente llegaban a Tribunales las 4 mil fojas de la investigación llevada adelante en silencio por la UIF tras la denuncia de las legisladoras. A ella se sumó dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) elevados por dos entidades bancarias en torno a cuentas relacionadas con Schoklender y las firmas en las que aparece involucrado.
Los documentos llegaron a manos del fiscal antilavado, Raúl Pleé, quien inmediatamente hizo la denuncia penal y así nació la causa principal en que se investiga al ex apoderado de la Fundación Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta es la causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide con la intervención del fiscal Jorge Di Lello.
Además de esta nueva causa que se abrirá con el dictamen de Marijuán sobre la actuación de Sbatella, existe un tercer expediente penal que investiga la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en cuanto al control de los fondos administrados por Schoklender. Esta causa está a cargo del juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Miguel Angel Osorio. Aquí están denunciados desde el ministro de Planificación Julio De Vido hasta la titular de la Asociación, Hebe de Bonafini. Quiroz dijo anoche a Clarín que en caso de ser citada por el juez Torres ratificará “todo” lo que dijo en las últimas semanas. Quiroz recordó que Schoklender intentó saldar la deuda por la compra de los terrenos -en el marco de dos juicios que le habían hecho- luego de que lo denunciara ante la UIF.
Perfil
NOMBRE: JOSE SBATELLA
CARGO: TITULAR DE LA UIF
Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, este economista fue asesor del Partido Justicialista y de la CGT. A principios de la década pasada estuvo al frente de la Aduana, de la que se fue tras una pelea con el jefe de la AFIP, Alberto Abad. Hace dos años fue designado al frente de la UIF, el cuestionado organismo antilavado.
Denunciante
La diputada Elsa Quiroz había denunciado a Sergio Schoklender por lavado de dinero pero Sbatella se tomó un año para llevar el caso a la Justicia. “Si me citan voy a decir todo lo que dije estos días. Llevamos las pruebas a la UIF.”
Fuente: Lucio Fernández Moores
sábado, 18 de junio de 2011
Argentina: Acusan a Schoklender de liderar una red de lavado
Unas 50 personas quedaron ayer acusadas de integrar la red supuestamente usada por Sergio Schoklender y su hermano, Pablo, para lavar dinero proveniente de fondos desviados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La lista, que incluye a socios de los Schoklender, parientes, amigos y sus esposas, ex empleados de la fundación, financistas y empresarios de la City, está contenida en el dictamen que presentó ayer el fiscal federal Jorge Di Lello al juez federal Norberto Oyarbide, en el que imputa en la causa a los responsables de una telaraña de empresas directa o indirectamente ligadas con los ex apoderados de las Madres.
El mapa de las sociedades y los bienes registrados a nombre de cada una de ellas y sus propietarios fue efectuado por el fiscal antilavado Raúl Pleé. La hipótesis de la acusación es que el dinero supuestamente defraudado a las Madres -proveniente de fondos públicos- se transformó en casas, departamentos, autos de lujo, yates y aviones, como los que el fiscal Pleé detectó a nombre de las sociedades y sus socios.
Oyarbide deberá decidir si acepta los pedidos del fiscal y ahonda en las finanzas de esas compañías cuando termine de chequear informes financieros y cheques de la fundación que está investigando, encontrados en los allanamientos realizados esta semana.
Hasta ahora está acreditado que existieron cheques por unos 4 millones de pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica, una empresa dirigida por Alejandro Gotkin, director de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender. Esa plata luego era retirada en efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .
También se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar sueldos.
El fiscal Di Lello firmó ayer las 40 páginas de su requerimiento, en el que amplió la acusación original a medio centenar de personas, pero mantuvo los delitos por los que se los debe investigar: defraudación y lavado de dinero. Aunque menciona a los intervinientes no los considera integrantes de una asociación ilícita.
Entre las personas imputadas por el fiscal están los Schoklender, el presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
También está siendo investigado el financista José Fernando Caparrós Gómez, quien controlaba Meldorek antes de que pasara a manos de Schokender y que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero donde se cambiaron cheques de las Madres.
Las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin denunciaron además que Meldorek es una de las empresas que el ex presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que compraron dólares en 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Meldorek SA habría comprado 1.996.150 dólares, dice la denuncia.
Otra empresa financiera investigada es Travel Trade, una casa de cambios que funciona en Hipólito Yrigoyen 1321, propiedad de Ricardo Mario De Falco, que tiene domicilio allí y que es hermano de uno de los principales empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eugenio De Falco, que quedó en lugar del director técnico de Madres, Eduardo González Fernández, cuando Hebe de Bonafini hizo su última purga en la entidad.
La lista de las sociedades investigadas, alimentada por la denuncia de las legisladoras Quiroz y Etchecoin, se completa con las firmas Construyendo el Futuro, que realizó obras en el Colegio Jean Piaget, Setek, Partner Human Resources, Iturnet, entre otras firmadas ligadas a Gotkin. También está incluida la ex esposa de Sergio Schoklender Viviana Sala.
Entre los bienes investigados hay una camioneta Hummer, adquirida por una de las firmas vinculadas a Gotkin, Eagle Security, que fue inmovilizada mientras se investiga el escándalo de los autos importados para ser usados por diplomáticos extranjeros, que eran vendidos aquí sin pagar impuestos.
El fiscal Pleé descubrió a nombre de algunas de las sociedades investigadas los dos aviones supuestamente comprados por Schoklender, dos autos Ferrari, dos yates, casas y departamentos.
Además pidió el fiscal Di Lelo interrogar como testigos a escribanos que intervinieron en la constitución de las sociedades y recabar a través de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre sus contadores y proveedores.
El entramado
•Bienes fastuosos. De la investigación judicial surge que los hermanos Schoklender y un grupo de unas 50 personas poseían autos, casas, aviones y yates cuyo origen es sospechoso.
Financieras. Aparecen varias cuevas en las que se cambiaban por dinero en efectivo cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (cobrados por las obras públicas que hacían).
Las empresas. Entre las firmas investigadas hay constructoras, agencias de seguridad y financieras ligadas a los Schoklender a partir de sus accionistas y directores.
La Nacion
La lista, que incluye a socios de los Schoklender, parientes, amigos y sus esposas, ex empleados de la fundación, financistas y empresarios de la City, está contenida en el dictamen que presentó ayer el fiscal federal Jorge Di Lello al juez federal Norberto Oyarbide, en el que imputa en la causa a los responsables de una telaraña de empresas directa o indirectamente ligadas con los ex apoderados de las Madres.
El mapa de las sociedades y los bienes registrados a nombre de cada una de ellas y sus propietarios fue efectuado por el fiscal antilavado Raúl Pleé. La hipótesis de la acusación es que el dinero supuestamente defraudado a las Madres -proveniente de fondos públicos- se transformó en casas, departamentos, autos de lujo, yates y aviones, como los que el fiscal Pleé detectó a nombre de las sociedades y sus socios.
Oyarbide deberá decidir si acepta los pedidos del fiscal y ahonda en las finanzas de esas compañías cuando termine de chequear informes financieros y cheques de la fundación que está investigando, encontrados en los allanamientos realizados esta semana.
Hasta ahora está acreditado que existieron cheques por unos 4 millones de pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica, una empresa dirigida por Alejandro Gotkin, director de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender. Esa plata luego era retirada en efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .
También se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar sueldos.
El fiscal Di Lello firmó ayer las 40 páginas de su requerimiento, en el que amplió la acusación original a medio centenar de personas, pero mantuvo los delitos por los que se los debe investigar: defraudación y lavado de dinero. Aunque menciona a los intervinientes no los considera integrantes de una asociación ilícita.
Entre las personas imputadas por el fiscal están los Schoklender, el presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
También está siendo investigado el financista José Fernando Caparrós Gómez, quien controlaba Meldorek antes de que pasara a manos de Schokender y que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero donde se cambiaron cheques de las Madres.
Las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin denunciaron además que Meldorek es una de las empresas que el ex presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que compraron dólares en 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Meldorek SA habría comprado 1.996.150 dólares, dice la denuncia.
Otra empresa financiera investigada es Travel Trade, una casa de cambios que funciona en Hipólito Yrigoyen 1321, propiedad de Ricardo Mario De Falco, que tiene domicilio allí y que es hermano de uno de los principales empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eugenio De Falco, que quedó en lugar del director técnico de Madres, Eduardo González Fernández, cuando Hebe de Bonafini hizo su última purga en la entidad.
La lista de las sociedades investigadas, alimentada por la denuncia de las legisladoras Quiroz y Etchecoin, se completa con las firmas Construyendo el Futuro, que realizó obras en el Colegio Jean Piaget, Setek, Partner Human Resources, Iturnet, entre otras firmadas ligadas a Gotkin. También está incluida la ex esposa de Sergio Schoklender Viviana Sala.
Entre los bienes investigados hay una camioneta Hummer, adquirida por una de las firmas vinculadas a Gotkin, Eagle Security, que fue inmovilizada mientras se investiga el escándalo de los autos importados para ser usados por diplomáticos extranjeros, que eran vendidos aquí sin pagar impuestos.
El fiscal Pleé descubrió a nombre de algunas de las sociedades investigadas los dos aviones supuestamente comprados por Schoklender, dos autos Ferrari, dos yates, casas y departamentos.
Además pidió el fiscal Di Lelo interrogar como testigos a escribanos que intervinieron en la constitución de las sociedades y recabar a través de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre sus contadores y proveedores.
El entramado
•Bienes fastuosos. De la investigación judicial surge que los hermanos Schoklender y un grupo de unas 50 personas poseían autos, casas, aviones y yates cuyo origen es sospechoso.
Financieras. Aparecen varias cuevas en las que se cambiaban por dinero en efectivo cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (cobrados por las obras públicas que hacían).
Las empresas. Entre las firmas investigadas hay constructoras, agencias de seguridad y financieras ligadas a los Schoklender a partir de sus accionistas y directores.
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