miércoles, 10 de octubre de 2018

LA INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN MULTIPLICAN LA CARGA DE TRABAJO PARA SUJETOS OBLIGADOS


En la disciplina económica existe un tema llamado variables nominales y variables reales, que cuando lo desarrollo en la Facultad con mis alumnos, suele suceder que dependiendo del contexto temporal en el que es tratado, por ejemplo: estabilidad económica vs inestabilidad, o según el auditorio: alumnos argentinos vs alumnos extranjeros, el nivel de comprensión es claramente influenciado por las vivencias personales del auditorio, es decir, mientras que un alumno argentino tiene mayor propensión a su entendimiento, no es así para un alumno extranjero acostumbrado a que los precios en la economía permanezcan sin cambios.

Claro está que la problemática que todos bien conocemos y padecemos en nuestro país llamada inflación tiene consecuencias en diversos campos y múltiples características.

En este artículo no pretendo explayarme en este aspecto pero sí focalizarme en su impacto en el marco normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Desde los inicios en que la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a regular las normas que regían la materia para los Sujetos Obligados hemos visto como ciertos controles se definían por umbrales medidos en términos de moneda local, es decir, recabar información o documentación si los montos superan un cierto valor, monitorear o no según se alcancen ciertos valores, o informar o no según esos valores, etc.

Esto es así, dado que la segmentación en base a umbrales apunta a concentrar los controles en aquello que se haya evaluado como significativo o que refleje una mayor exposición al riesgo de lavado de dinero.

En la medida que estas regulaciones se dan en contextos económicos estables, los umbrales establecidos no tendrán efecto distorsivo con respecto a los riesgos definidos, tampoco generarán modificaciones no deseadas en la carga de trabajo derivada del cumplimiento normativo, resultando en una ineficiente administración de recursos.

Volviendo al ámbito académico, la clave consiste en entender que existen variables llamadas nominales y otras reales, ¿la diferencia? Simple, las primeras no contemplan la variación de precios de bienes y servicios y las otras sí; por ello solemos decir que cuando queremos evaluar y concluir acerca de la conveniencia o sobre los resultados que se dan, en economía debemos regirnos por la medición en términos reales.

Múltiples ejemplos podemos encontrar en la realidad sobre este concepto, y todos nosotros sabemos muy bien qué sucede cuando queremos hacer rendir el salario de un trabajador en el supermercado, y de nada sirven los incrementos de salarios nominales si los mismos en términos reales disminuyen o en el mejor de los casos sólo alcanzan a igualarlos.

Otro ejemplo reciente con el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, donde según los números aportados por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el informe que brindó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados indican que sobre 1.939.994 retenciones de Ganancias, 1.638.433 son trabajadores en relación de dependencia. En este caso, son 85.000 menos que en 2017, pero 270.000 más que en 2016 y 560.000 más que en 2015.

Del informe se desprende que más trabajadores están alcanzados por el impuesto a las Ganancias que tres años atrás, a pesar que en términos reales los ingresos de los trabajadores, y también de los jubilados y pensionados, tuvieron una importante reducción por la vía de una mayor inflación.

Pues bien, si analizamos, el marco normativo de la UIF está plagado de referencias a valores nominales que se deben tener en cuenta para el armado y ejecución de los procedimientos de prevención con alcance a todos los Sujetos Obligados.

La última vez que la UIF se ocupó de esta problemática fue hace dos años, exactamente al emitir la Resolución 104/2016 publicada en el Boletín Oficial el 1/9/2016. Entre sus considerandos reza: “Que resulta oportuno actualizar los montos establecidos en las mencionadas resoluciones, cuando muchos de ellos no fueron modificados desde el año 2011” y, por consiguiente, se procedió a la actualización de los montos de todas las resoluciones vigentes a esa fecha.

Pasaron ya dos años y es hora que la UIF emita una nueva resolución ya que estamos en condiciones de afirmar que hoy también resulta oportuno actualizar los montos establecidos, por ejemplo, si tomamos el tipo de cambio, el dólar estadounidense cotizaba aproximadamente $ 15 al momento de emitirse la referida resolución frente a un valor hoy de casi $ 40, o sea, un incremento del orden del 166%. Si tomamos la variación del índice de precios al consumidor publicada por el INDEC entre diciembre 2016 y agosto del presente año, la variación de precios al consumidor supera el 50%, la cual sería mayor si la consideramos desde la fecha de publicación de la resolución.

Para entender de qué estamos hablando, tomemos a modo de ejemplo la Resolución UIF 21/2011 aplicable a los escribanos, el inciso k) del artículo 7° dispone: “Cuando las transacciones superasen la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir, podrá consistir en: 1) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra; 2) certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; 3) documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; 4) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; 5) cualquier otra documentación que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación. Los requisitos de identificación previstos en este inciso resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen operaciones vinculadas entre sí, que individualmente no hayan alcanzado el nivel mínimo establecido, pero que en su conjunto, alcancen o excedan dichos importes.”

Esto quiere decir que en el año 2016 los controles preventivos se disparaban a partir del valor de un inmueble equivalente a un departamento de 3 ambientes (aproximadamente, USD 200.000), y hoy se aplica a partir de un valor equivalente a un mono ambiente (aproximadamente USD 75.000), lo cual exhibe el nivel de distorsión en materia de regulaciones anti lavado.

Como podemos ver, la inflación es un flagelo que expande su impacto negativo a multiples campos y actividades con consecuencias no deseadas, motivo por el cual es imperiosamente necesario su corrección y al mismo tiempo efectuar los ajustes que sean necesarios para recuperar el concepto de medición en términos reales de las distintas variables que, como en el caso que nos ocupa, genera una clara distorsión en los procedimientos y controles anti lavado establecidos por las normas vigentes.

Asimismo, debemos recordar que a excepción de los Sujetos Obligados de la actividad financiera, valores y seguros, el resto de las actividades reguladas tiene pendiente a la fecha la adecuación de la normativa UIF que data del año 2011.
Dr. LA. Sergio Goldenberg
Fuente prevenciondelavado.com

Partidos políticos, campañas ¿y el origen de los fondos?

Una vez más los argentinos nos encontramos debatiendo acerca de una noticia escandalosa sobre el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. La denuncia sobre aportes a una campaña electoral a nombre de personas que no habrían realizado dichos aportes.

La clave de esta operatoria está en su instrumentación mediante el manejo de efectivo, es decir la posibilidad de registrar donaciones en efectivo que si bien no son anónimas es de muy difícil control y el caso que hoy se conoce en los medios periodísticos así lo expone.

Lo sugestivo en este caso es que la propia clase política es la que la que se ruboriza y escandaliza por la noticia, mientras que por otro lado no se ha ocupado seriamente de evitar que hechos como los denunciados en la justicia continúen sucediendo.

La hipocresía es la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, la clase política tiene muchos ejemplos en esta materia lamentablemente.

Claro está que el financiamiento de los partidos políticos es un tema muy delicado no sólo por la reciprocidad eventual ya en el poder, entre el político y el aportante, sino que fondos provenientes de actividades ilegales como el narcotráfico pueden ser filtrados hacia el financiamiento de la política corrompiendo y degradando los valores de una sociedad, ejemplos de esto lo hemos visto en Latinoamérica. Argentina no está exenta de esta problemática y algún antecedente en ese sentido está siendo investigado en la justicia.

Desde que en Argentina se comenzó a trabajar en la prevención del lavado de dinero, (allá por el 2000 se sancionó el tipo penal y se creó la Unidad de Información de Financiera), el manejo de efectivo se lo consideró como uno de los problemas que presentaban ciertas actividades ilegales ya que el alto volumen de efectivo manejado hacia dificultoso su inserción en el sistema formal de la economía y era necesario para las organizaciones delictivas buscar estrategias de estratificación y colocación que les permita darle apariencia de legalidad, o sea lavar el dinero obtenido de esas actividades ilegales.

Tanto el marco legal como las sucesivas resoluciones reglamentarias emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) tomaron cuenta de esta situación y es así como la circulación del dinero en efectivo estuvo presente en los procedimientos preventivos y los procesos de identificación y monitoreo de la operatoria en efectivo.

Actualmente, en el marco de la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, dentro de las políticas de prevención que los sujetos deben aplicar, la circulación del dinero en efectivo ocupa su lugar considerándose el riesgo derivado del mismo y su consideración en el diseño y confección de matrices de riesgo.

La Ley 26215 de financiamiento de los partidos políticos establece que los partidos políticos podrán obtener financiamiento del sector privado proveniente de:

a) de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas;

b) donaciones de otras personas físicas —no afiliados— y personas jurídicas;

c) de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades.

Asimismo esos aportes están sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;

b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires;

c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;

d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;

e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras;

f) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;

g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores;

h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Adicionalmente establece máximos para las donaciones según:

a) una persona jurídica, superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) del total de gastos permitidos;

b) una persona física, superiores al monto equivalente al dos por ciento (2%) del total de gastos permitidos.

Los porcentajes mencionados se computarán, sobre el límite de gastos establecido en el artículo 45.

Los legisladores en oportunidad de sancionar la ley antilavado incluyeron como sujetos obligados a informar a todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros y la Unidad de Información Financiera reglamentó en su Res UIF 30/2011 (actualizada por Res UIF 104/2016) las obligaciones para estos casos definiendo como Sujetos Obligados a las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 70.000 o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza); en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a $ 70.000 pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 30 días.

El marco legal y reglamentario si bien mencionan la recepción de donaciones por parte de personas jurídicas no hace mención explícita a los partidos políticos

La ley de financiamiento de los partidos políticos no hace referencia alguna a la modalidad de instrumentación de los aportes y donaciones o sea que no restringe o prohíbe la realización de aportes y donaciones en efectivo: omisión, olvido, cerrar la puerta y dejar la ventana abierta, cada uno de nosotros podremos sacar nuestras conclusiones.

Lo que no podemos dejar de advertir que en el conducto que drena los flujos del financiamiento de los partidos políticos pueden mezclarse fondos de cualquier tipo y origen, y el dinero en efectivo puede introducirse así sin un adecuado control potenciando el riesgo de lavado de dinero.

La clase política en su conjunto aquí debe rápidamente efectuar una autocrítica y rectificación del status quo en la materia, la bancarización de los fondos es ineludible y de la misma forma que todos los ciudadanos que trabajamos en este país debemos ajustarnos a las regulaciones de prevención del lavado de dinero, es hora que los mismos que mediante las leyes pretenden establecer marcos legales para la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, incluyan a los partidos políticos como sujetos que deben ser regulados y controlados en su manejo de fondos, evitando así los riesgos de que los mismos sean permeables a fondos de origen ilícito y corrompidos por organizaciones delictivas.

Los argentinos deseamos conductas y comportamientos trasparentes por parte de los políticos y nuestros representantes, este deseo es una necesidad sin condicionamientos para el país y su sociedad. La honestidad es un valor que no depende de una ley.
 
Dr.LA Sergio Goldenberg
Fuente prevenciondelavado.com

miércoles, 27 de diciembre de 2017

La instalación de la violencia, sus consecuencias y un recuerdo: la ley antiterrorista

Diciembre 2017, los argentinos nuevamente hemos vivido momentos de angustia y zozobra al ver como la violencia física y política organizada, atacaba el funcionamiento de las instituciones.

La excusa esta vez fue el tratamiento de una ley en el Congreso, que independientemente de su contenido el cual siempre es opinable y discutible, son las respectivas Cámaras de Senadores y Diputados, que mediante sus integrantes, los representantes del pueblo votados en democracia, deben debatir las propuestas legislativas con idoneidad y responsabilidad.

He tenido oportunidad de ver semejante atropello durante horas y no pude abstraerme de pensar y recordar lo que dice la Ley 26734 promulgada en diciembre del año 2011:

Artículo 41 quinquies: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

Quien haya visto la Plaza del Congreso convertida en un campo de batalla con muchísimas personas rompiendo todo lo que podían para lanzarlo contra las fuerzas de seguridad, provocando decenas de heridos, seguramente no le ha resultado indiferente y cada uno sabrá que sensación y sentimiento le ha provocado, más aún cuando el objetivo estaba orientado a impedir que la sesión de los diputados pueda llevarse a cabo e impedir por medio de la violencia la sanción de una ley.

Esto me llevó a repasar qué ha sido de la denominada Ley Antiterrorista durante estos últimos años y recordé cómo fue la primera vez que se intentó aplicar. A finales del año 2013, en medio de una serie de reclamos, entre ellos salariales, por parte de fuerzas policiales, en Santiago del Estero, Juan Pablo Suarez, periodista, decidió filmar la protesta y reclamo de un policía Nelson Villagrán (desarmado y sin generar actos violentos, acompañado de su esposa e hijas), lo detuvieron y acusaron de incitación a la violencia colectiva utilizando el agravante de la Ley Antiterrorista, aduciendo la intención de aterrorizar a la población. El fiscal federal Pedro Simón justificaba más tarde su decisión en que el policía y el periodista habían publicado informaciones que no se correspondían con hechos reales.

Recordemos que el ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, a días de sancionarse la ley, había advertido que los medios de comunicación podrían ser alcanzados por la ley antiterrorista.

Finalmente, en octubre de 2014 el periodista fue sobreseído por la Cámara de Apelaciones de Tucumán.

Otro intento de aplicación de la Ley Antiterrorista fue explicitado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en oportunidad de su discurso de fecha 14 de agosto 2014 donde se refirió a la empresa Donnelley acusándola de haber llevado a cabo una quiebra fraudulenta, aduciendo querer crear un clima de temor entre los trabajadores y junto a los medios crear pánico y terror en la población por el cierre de fábricas.

Durante su discurso la ex presidente concluye: "que se ha cometido el delito de defraudación y se ha creado un estado de quiebra que no es tal para crear temor en la población y por eso también haciendo uso por primera vez de la ley antiterrorista argumentando que han formulado denuncia penal por alteración al orden económico y financiero resaltando que estamos ante un autentico caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población acompañado por los medios y sus titulares"… "Tiran millones de dólares a la calle con tal de crear una situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas, Pues conmigo de rodillas no nos van a ver"…

Días después el gobierno se desdijo sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a dicha empresa alegando una confusión, ya que el artículo mencionado por la presidente correspondía a otra ley.

Claramente, en ninguno de los dos casos mencionados podría haberse aplicado la Ley Antiterrorista a pesar de su intento.

Volviendo a nuestra realidad de estos días donde se intentó por medio de la violencia impedir el tratamiento y sanción de una ley, también recordé otra frase de la ex presidente expresada en ese mismo discurso …"si alguna vez enviamos una ley mal hecha al Congreso tendrán que corregirla en el Parlamento que para eso está"…, evidentemente y lamentablemente muchos lo han olvidado.

Ahora me pregunto, si la Ley 26.734 contempla la penalización cuando se cometa un delito de los tipificados en el Código Penal y a su vez agrava la pena cuando "la finalidad sea aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", ¿no debería investigarse si algo de lo que dice esta ley en algún punto se conecta con los hechos ocurridos?

¿Cómo se financian estos hechos violentos organizados? ¿De dónde provienen los fondos? ¿Alguna vez se investigará?

Muchas veces escucho decir que los argentinos nos merecemos un país mejor y hasta puedo en parte compartirlo, pero estoy más convencido que es la Argentina quien necesita de mejores ciudadanos, políticos, jueces, funcionarios, empresarios, sindicalistas, etc, etc, etc, etc.

 Fuente: Prevenciondelavado.com

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Nuevas prestaciones en cajeros automáticos y sus riesgos LA/FT

Por Dr. Sergio Goldenberg | Una empresa radicada en Estados Unidos y fundada por un argentino ofrece la posibilidad de invertir en redes de cajeros automáticos prometiendo altas rentabilidades. Acá existe un proyecto para instalar alrededor de 300 cajeros automáticos bidireccionales en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, que puedan entregar y aceptar billetes como también criptomonedas. En ese marco, el autor analiza la probabilidad de este escenario y los riesgos que este tipo de vehículos puedan representar frente al lavado de dinero y especialmente a la financiación del terrorismo. | 

Asistimos en estos tiempos a muchas noticias sobre las llamadas criptomonedas, tales como su versión más popular el Bitcoin y muchas otras un poco menos conocidas como Ethereum y Litecoin.

Ya nos hemos ocupado del tema en esta columna (Opinión y Noticias, Monedas virtuales: más dudas que certezas) describiendo sus características, su utilización y riesgos que presentan tanto para el inversor, como también analizamos su rol en el marco del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.

La prensa argentina se ha hecho eco recientemente de la actividad de una empresa radicada en Estados Unidos y fundada en el 2013 por un argentino, la cual ofrece la posibilidad de invertir en redes de cajeros automáticos en el territorio estadounidense prometiendo rentabilidades del 12% durante el primer año llegando al 35% anual entre el segundo y tercer año con liquidez inmediata, tan solo con una inversión mínima de unos u$s 180.000 y, como frutilla del postre, la posibilidad de aplicar para una visa E2 que permite vivir en Estados Unidos.

Hasta aquí solo estamos refiriéndonos a oportunidades de inversión en Estados Unidos pero no es la única ofrecida por esta empresa sino que además brinda la alternativa de instalación de cajeros automáticos bidireccionales en Argentina, o sea, que puedan entregar y aceptar billetes como también criptomonedas.

La prensa recientemente ha informado que ya existe un proyecto para instalar alrededor de 300 cajeros automáticos bidireccionales en Argentina en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, a partir de los cambios regulatorios establecidos este año por el Banco Central de la Republica Argentina.

Las novedades no sólo serían que el mismo cajero permita operar tanto con billetes físicos como con criptomonedas sino que la tecnología de los mismos permitiría monetizar las monedas virtuales o sea extraer billetes físicos contra saldos en dichas monedas.

No cabe duda la probabilidad de que este escenario forme parte de nuestra realidad y abre una serie de interrogantes sobre los riesgos que este tipo de vehículos y operaciones puedan representar frente al lavado de dinero y especialmente a la financiación del terrorismo.

No existe actualmente marco legal ni reglamentario sobre las criptomonedas en Argentina, la Unidad de Información Financiera allá por el 2014 solamente había establecido un régimen de reporte sistemático para operaciones en monedas virtuales, no obstante, nunca se puso foco en los controles sobre aquellas plataformas de intercambio entre monedas de curso legal con monedas virtuales, donde el riesgo escala a partir de la monetización de las mismas.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), más allá de reconocer ciertas bondades que pueden presentar las monedas virtuales en el marco de la inclusión financiera y disminución de costos en las transacciones, ha advertido en sus publicaciones sobre los riesgos y vulnerabilidades que presentan frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, debido a características tales como mayor anonimato frente a los métodos tradicionales de pago que no involucran efectivo, la inexistencia de un organismo de control central y de un software ALD para monitorear e identificar patrones de transacciones sospechosas.

Entendemos que si bien la información con la que contamos es aún parcial e insuficiente para evaluar el impacto que pueda generar la instalación de estas terminales, es importante que junto a la flexibilización del marco regulatorio que el B.C.R.A. ha establecido no se pierda de vista la focalización y el debido tratamiento de los riesgos que puedan asociarse al uso de las monedas virtuales y su eventual monetización en un escenario carente de respaldo legislativo y reglamentario.
 
Fuente: prevenciondelavado.com

martes, 8 de agosto de 2017

Las normas pasan, el perfil del cliente queda

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor realza la importancia de una correcta definición de perfil de cliente en la lucha contra el lavado de activos y analiza las novedades que se aprobaron en este sentido en la Res UIF 30/2017. Así, concluye que el perfil del cliente ha sido ratificado en un marco de mayor profundidad de análisis requerido a los sujetos obligados. Fuente; Prevenciondelavado.com| 01/08/2017

El perfil del cliente es un concepto medular en todo sistema de prevención de lavado de activos. El mismo ha sido incorporado y tratado a lo largo del tiempo en las distintas resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera y ha dado motivo de variadas interpretaciones, enfoques y por qué no discusiones en el seno de los sujetos obligados.
A partir de la emisión de la Res UIF 30/2011 que reemplaza la Res UIF 121/2011 cabe preguntarse si se ha modificado el concepto de perfil del cliente o, en su caso, qué se deberá tener en cuenta de ahora en más para su confección.
Antes de comenzar con la comparación normativa, voy a plasmar lo que a mi juicio es la esencia del perfil de un cliente y qué sentido tiene su implementación. Por más de una década he predicado en los distintos cursos y seminarios que he dictado en la materia sobre las características básicas que debe aglutinar dicho concepto, fundamentalmente basadas en su utilización posterior. En otras palabras, el sistema de prevención de lavado de activos debe procurar la identificación de comportamientos inusuales de clientes, que se logrará a partir de la determinación de comportamientos esperados del cliente justificados por una actividad licita y su comparación con los comportamientos reales, de ser detectada una brecha entre ambos, su posterior análisis permitirá concluir si existe o no operaciones sospechosas.
Dicho esto, queda en evidencia que para poder concluir que algo es inusual, es necesario previamente definir con claridad que es lo usual, sin realizar este ejercicio será inútil cualquier procedimiento que se ejecute con el objeto de determinar operaciones sospechosas.
Todos nosotros en la vida diaria nos forjamos expectativas de distintas cosas, como por ejemplo, cómo se comportarán ciertas personas frente a distintas situaciones según la información que tengamos de ellos. En más de una ocasión hemos comentado que podemos esperar o no de un amigo, familiar etc., es decir, anticipamos en nuestra mente su conducta potencial basándonos en el conocimiento previo que tengamos de la persona y, como es lógico, cuanto mayor y profundo sea ese conocimiento menor será la probabilidad de equivocarnos.
Por lo tanto, podríamos aventurar que a nivel consciente o no todos nosotros aplicamos a diario el concepto del perfil como elemento descriptor de probables comportamientos.
El perfil del cliente debe conjugar elementos cuantitativos y cualitativos los cuales estaban previstos en la resolución 121/2011 cuando disponía que "…los Sujetos Obligados establecerán un monto anual estimado de operaciones, por año calendario, para cada cliente" y que "también deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el Cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria."
De los conceptos expuestos, queda evidenciado que no sólo se trata de establecer un monto anual de operaciones ya que si se cumpliera únicamente con esta parte de la norma, no se estaría identificando cómo es la modalidad operativa del cliente, la intensidad en el uso de los productos y servicios, frecuencias, etc.; solamente se estaría verificando que toda la operatoria del cliente se encuadre dentro del límite cuantitativo. Podemos decir que un sistema de monitoreo que sólo está basado en ese parámetro es ineficaz en su objetivo de identificar operatorias inusuales.
Un ejemplo que puede ilustrar muy bien lo expresado recientemente se podría resumir así: piense que Ud. es productor de café y quiere vender su producto en un supermercado, la información que le interesaría es saber cuánto podría vender en el mismo, basándose en el patrón de consumo de los clientes del comercio. Si el supermercado confeccionara el perfil de sus clientes sólo basado en los ingresos mensuales, Ud. probablemente podría sobreestimar sus ventas de café, aplicando en el mejor de los casos un aforo al ingreso mensual. La pregunta entonces sería si esa información es realmente útil, y la respuesta es que no o al menos no es suficiente, ya que la información que Ud. debería requerir es cuánto del ingreso mensual los clientes destinan para compra de café. De esa forma, segmentando el ingreso mensual del cliente por tipo de producto, Ud. llegaría a una estimación más realista de sus ventas futuras y así poder evaluar cualquier desvío sobre dicho comportamiento.
La Res UIF 30/2011 para definir el perfil del cliente realza su objetivo sobre las formas, es decir, establece que "Dicho perfil será determinado en base al análisis de riesgo de la Entidad de modo tal que permita la detección oportuna de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas realizadas por el Cliente" y "…estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional…"
Vemos aquí entonces que la nueva resolución ya no habla, por ejemplo, del horizonte temporal del perfil de un año sino que da mayor grado de libertad bajo el paraguas del análisis de riesgo.
Una aclaración que incorpora la nueva resolución, si bien a esta altura puede ya resultar obvia o redundante al menos para el sistema financiero, es la referida a la aclaración del carácter prospectivo del perfil, es decir, que si bien uno puede considerar la historia y antecedentes transaccionales, el mismo debe confeccionarse al inicio de la relación con el cliente de forma de anticipar la expectativa transaccional pero no sólo considerando su historial sino también considerando la proyección del negocio del cliente y el contexto económico, financiero y comercial en el que el mismo se desenvolverá. En otras palabras, no puedo basarme únicamente en el pasado para anticipar el futuro, sin validar las variables, condicionantes del comportamiento futuro, que pueden estar vigentes y ser distintas a las del pasado.
Un párrafo aparte merece la eliminación ya anticipada en otra norma anterior, sobre los requisitos de documentación relativa a la situación tributaria para la confección del perfil, quedando vigente aquella documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener la propia Entidad, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso.
Por todo lo expuesto, consideramos que mas allá de la redacción de la norma, palabras más palabras menos, en esencia el conocimiento del cliente a través de la confección de su perfil no ha sido alterado, sino más bien ratificado en un marco de mayor profundidad de análisis requerido a los sujetos obligados

martes, 4 de julio de 2017

Modificación de la normativa de la UIF: consideraciones preliminares

Por Dr. Sergio Goldenberg | En relación al flamante marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para el Sector Financiero, el autor analiza algunas de las novedades y modificaciones incorporadas por la Resolución 30/2017 de la UIF, que deroga lo previsto hasta ahora por la Resolución 121/2011. | 21/06/2017  Fuente Prevenciondelavado.com

El sistema financiero aguardaba expectante la emisión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) del nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Finalmente, fue publicada este 21/6/17 en el Boletín Oficial, a través de la Res UIF 30/2017. En diversas oportunidades las autoridades de la UIF han adelantado las directrices sobre las cuales se reformularían las resoluciones, procurando un marco más flexible y focalizado en la gestión de riesgos.

En un proceso de diálogo entablado entre el órgano de contralor y las entidades que agrupan a los sujetos obligados, se ha presentado un proyecto normativo a efectos de que las entidades puedan hacer sus comentarios. Tras ello, como se dijo, la norma ya es oficial.

Dado que la misma es amplia y abarca diversos tópicos, nos proponemos en este artículo identificar algunas novedades y modificaciones incorporadas. Esta Resolución introduce algunos conceptos nuevos como así también modificaciones a los existentes.

Con relación a la definición de cliente, mantiene el concepto de que serán clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas o estructura legal sin personería jurídica, con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económica o comercial y que en ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.

Como novedad, ahora se agrega una aclaración estableciéndose que: Los meros proveedores de bienes y/o servicios no serán en ningún caso calificados como clientes, salvo que mantengan con la Entidad relaciones de negocio ordinarias diferentes de la mera proveeduría.

Es decir que se descarta explícitamente el encuadre como cliente a quienes sólo sean proveedores de la Entidad Financiera.

Asimismo al concepto de personas físicas y jurídicas agrega el de "estructura legal sin personería jurídica".

Por otro lado, no se diferencia el concepto de cliente habitual y ocasional con la parametría asociada tal como lo definía la Res UIF 121/2011, esta situación entendemos se ve reforzada bajo la implementación de la identificación y evaluación de riesgos del cliente donde la habitualidad o no de la transacción del cliente estaría considerada.

Cuando se define el concepto de Propietario/Beneficiario: se mantiene el umbral de la tenencia por parte de una persona humana del 20% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o acuerdo legal sin personería jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, en forma directa o indirecta.

La norma recoge la experiencia y realidad en la que se encuentran los Sujetos Obligados a la hora de dar cumplimiento a este requisito e incorpora en su texto que "cuando no sea posible identificar a una persona humana deberá identificarse y verificarse la identidad del Presidente o la máxima autoridad que correspondiere", requisito que por otra parte ya era mandatorio en la Res. UIF 121/2011 cuando se refería a la identificación de sus autoridades.

Complementariamente se ejemplifica que a los a los fines de identificar a los Propietarios/Beneficiarios finales de la persona jurídica, se podrán utilizar declaraciones juradas del Cliente, copias de los registros de accionistas proporcionados por el Cliente u obtenidos por el Sujeto Obligado, o toda otra documentación o información pública que identifique la estructura de control del Cliente. Asimismo la norma exceptúa del requisito de identificación previsto "cuando la participación mayoritaria de los Clientes personas jurídicas corresponda a una sociedad que cotiza en una bolsa o mercado regulado y esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información".

Con relación a la gestión de riesgo, la norma introduce algunos conceptos relacionados como la definición del riesgo de LA/FT, la autoevaluación que deben realizar las entidades y su formalización ante el órgano de contralor.

En ese sentido, se define Riesgo de LA/FT como la medida prospectiva que aproxima la posibilidad (en caso de existir métricas probadas, la probabilidad ponderada por el tamaño de la operación) de que una operación ejecutada o tentada a través de un canal de distribución, producto o servicio ofertado por ella, sea utilizado por terceros con propósitos criminales de LA/FT.

Asimismo, la norma requiere Autoevaluación de Riesgos por parte de las entidades financieras, definiéndose a la misma como: el ejercicio de evaluación interna de Riesgos de LA/FT realizado por la Entidad para cada una de sus líneas de negocio, a fin de determinar el perfil de riesgo de la Entidad, el nivel de exposición inherente y evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en relación, como mínimo, a sus Clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas. La Autoevaluación de Riesgos incluirá, asimismo, la suficiencia de los recursos asignados, sumado a otros factores que integran el sistema en su conjunto como la cultura de cumplimiento, la efectividad preventiva demostrable y la adecuación, en su caso, de las auditorías y planes formativos.

Aquí el Oficial de Cumplimiento deberá elaborar un informe técnico con los resultados sobre la identificación y evaluación de los riesgos con una actualización anual, aprobación  del órgano de administración o máxima autoridad de la Entidad, conservarse con su documentación respaldatoria en el domicilio declarado ante la UIF y enviarse a este organismo una vez aprobado.

La autoevaluación de riesgos podríamos decir que representa una tarea más profunda y una mayor responsabilidad por parte de los sujetos obligados respecto de la normativa vigente, en tanto y en cuanto, no sólo se pone foco en la relación con los clientes sino que requiere una mirada hacia adentro de la entidad donde se debe evaluar su riesgo integral, su cultura de cumplimiento y cuan efectiva es la entidad en materia preventiva.

A este nuevo escenario, se le adiciona que las entidades deberán definir y aprobar el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir, dado que la norma incorpora el concepto de Tolerancia al Riesgo LA/FT como el nivel agregado de riesgo de LA/FT que el órgano de administración o máxima autoridad de la Entidad está dispuesto a asumir, decidido con carácter previo a su real exposición y de acuerdo con su capacidad de gestión de riesgo, con la finalidad de alcanzar  sus objetivos estratégicos y su plan de negocios, considerando las reglas legales de obligado cumplimiento.

La UIF podrá revisar la lógica, coherencia y razonabilidad de la metodología implementada, y el informe resultante, pudiendo formular objeciones o exigir modificaciones a la autoevaluación de riesgos, no debiendo interpretarse como su aceptación u aprobación tacita la falta de revisión por parte de la UIF.

Los resultados de este estudio y análisis deberán formalizarse mediante lo que se define como Declaración de la Tolerancia al riesgo LA/FT: manifestación escrita de la tolerancia al riesgo LA/FT aprobada por la Entidad, en relación a los clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas con los que se está dispuesto a operar y aquellos con los que no lo hará en virtud del nivel de riesgo inherente a los mismos y la eficacia de los controles mitigantes.

La norma establece conceptos y requisitos de debida diligencia para clientes de riesgo medio, bajo y alto.

La Resolución si bien mantiene básicamente los conceptos de operación inusual y operación sospechosa, introduce algunas modificaciones tales como las resaltadas en negrita:

Operaciones inusuales: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, con independencia del monto, que carecen de justificación económica y/o jurídica, no guardan relación con el nivel de riesgo del Cliente o su Perfil Transaccional, o que, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/u otras características particulares, se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado.

Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realizadas que ocasionan sospecha de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo, o que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permiten justificar su inusualidad.

En este caso entendemos que el reemplazo de la condición anterior, de que las operaciones exhiben dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, en relación con su actividad por el de que no permiten justificar su inusualidad es más claro para su aplicación.

Con relación al Perfil del Cliente, la UIF ya había establecido cambios en oportunidad de reglamentar las operaciones encuadradas dentro de la Ley de Sinceramiento Fiscal.

Mediante la norma se establece que los sujetos obligados deberán definir  un "perfil transaccional" basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el cliente o que hubiera podido obtener la propia Entidad.

La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante) sin perjuicio de las calibraciones u ajustes posteriores de acuerdo con las transacciones efectivamente realizadas.

En los casos de clientes de alto riesgo el perfil transaccional deberá estar respaldado por documentación establecida para una debida diligencia reforzada como por ejemplo:

  • Copia de facturas, títulos u otras constancias que acrediten fehacientemente el domicilio.
  • Copia de los documentos que acrediten el origen de los fondos, el patrimonio u otros documentos que acrediten ingresos o renta percibida (estados contables, contratos de trabajo, recibos de sueldo).
  • Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades
  • Copia de otros documentos que permitan conocer y gestionar adecuadamente el riesgo de este tipo de Clientes
  • Corroborar posibles antecedentes relacionados a LA/FT y sanciones aplicadas por la UIF, el órgano de control o el Poder Judicial (bases públicas, internet, y otros medios adecuados a tal fin).
  • Todo otro documento que la entidad entienda corresponder

Mientras que en el caso de clientes de riesgo medio, en forma adicional a los datos de identificación se deberá requerir el debido respaldo documental en relación a:

  •  La actividad económica del Cliente.
  •  El origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del Cliente.

También se podrán solicitar otros datos que a juicio de la Entidad permitan identificar y conocer adecuadamente a sus Clientes, incluso solicitando copias de documentos que permitan entender y gestionar adecuadamente el riesgo de este tipo de Clientes, de acuerdo con los Sistemas de Gestión de Riesgo de la Entidad.

Dicho perfil será determinado en base al análisis de riesgo de la Entidad de modo tal que permita la detección oportuna de operaciones inusuales y operaciones sospechosas realizadas por el cliente.

Como podemos apreciar en este breve adelanto de los cambios y novedades normativas, la implementación de la gestión de riesgos, si bien otorga un mayor grado de libertad en cuanto a los procedimientos y requisitos que las entidades podrán adoptar en su sistema preventivo, requiere de un mayor esfuerzo en el análisis y evaluación de los riesgos por parte de los sujetos obligados, acompañado por un compromiso mayor de parte de sus autoridades a la hora de definir explícitamente el riesgo de la entidad en materia de LA/FT como así también los niveles de riesgo a asumir y su correspondiente justificación.

viernes, 12 de mayo de 2017

Atributos de la información en el Sistema de Prevención

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor establece pautas para la consideración de la información de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) como eslabón del proceso de prevención de lavado de activos. Fuente: prevenciondelavado.com

Desde esta columna de opinión, en otras oportunidades, me he referido al Reporte de Operación Sospechosa, sus características y requisitos a efectos de su elaboración.

Asimismo, no escapa a nuestro conocimiento la necesidad de que este reporte sea de calidad, en términos de su valor agregado al proceso de prevención de lavado de activos, y el feedback requerido para su mejora continua.

No obstante lo dicho, este es un tema que aún mantiene aspectos a mejorar tanto en el ámbito nacional como también en el internacional, conforme surge de mi experiencia profesional y contacto con colegas de otros países.

Producto de ello, he reflexionado sobre qué características debería tener la información de un Reporte de Operación Sospechosa, más allá de los datos a ser incluidos, focalizando así sus atributos genéricos más que particulares.

En ese camino reflexivo, encontré un paralelo interesante entre los atributos de la información contable considerados por la profesión mediante su descripción en la Resolución Técnica N° 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

A continuación nos referiremos a ellos y su aplicabilidad como guía y pauta para la consideración de la información de los reportes de operaciones sospechosas como eslabón del proceso de prevención.

Pertinencia: La información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios. En general, esto ocurre con la información que:

  1. permite a los usuarios confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente (tiene un valor confirmatorio) o bien:
  2. ayuda a los usuarios a aumentar la probabilidad de pronosticar correctamente las consecuencias futuras de los hechos pasados o presentes (tiene un valor predictivo).

Vemos en este caso que se resalta el hecho de que la información debe satisfacer la necesidad de los usuarios, por lo tanto, cuando trasladamos este concepto al deber de reportar por parte de los Sujetos Obligados debe primar el sentido de que la información que se suministre debe satisfacer las necesidades de la Unidad de Información Financiera que deberá, a partir de la información recibida y un posterior análisis, establecer si se podrá definir una hipótesis de delito que amerite su elevación a la Justicia.

Asimismo, el contenido de los reportes recibidos por la Unidad de Información Financiera deberá ser de utilidad para confirmar información ya recibida por otras fuentes, como así también la probabilidad de existencia de delito.

Confiabilidad: La información debe ser creíble para sus usuarios, de manera que éstos la acepten para tomar sus decisiones. Para que la información sea confiable, debe reunir los requisitos de aproximación a la realidad y verificabilidad.

En este caso, queda claro que para que la información del Reporte de Operación Sospechosa sea confiable, deberá estar sustentada en la idoneidad del reportante y su cabal cumplimiento a una metodología y procedimiento, conforme lo establezca la ley y resoluciones reglamentarias.

Por ello, la elaboración del reporte deberá considerar que el hecho reportado guarde una correspondencia razonable con el comportamiento inusual que pretenda describir y la información suministrada no se encuentre afectada por errores u omisiones importantes ni por deformaciones que distorsionen su esencia.

Neutralidad: Para que los estados contables sean neutrales, sus preparadores deben actuar con objetividad. Se considera que una medición de un fenómeno es objetiva cuando varios observadores que tienen similar independencia de criterio y que aplican diligentemente las mismas normas contables, arriban a medidas que difieren poco o nada entre sí.

El objetivo de neutralidad en la información no siempre resulta fácil en la práctica, y muchas veces observamos dicha dificultad cuando asistimos a las reuniones de un Comité de Prevención de Sujetos Obligados, donde se pone en juego la diversidad de opiniones y no siempre hay consenso y objetividad respecto al comportamiento de un cliente pasible de ser reportado. Esto pone de manifiesto la importancia que tiene la calidad profesional e independencia de criterio de los integrantes del referido Comité.

Integridad: La información contenida en los estados contables debe ser completa.

Si pensamos aquí en la confección de un Reporte de Operación Sospechosa, es fundamental dotar al mismo de toda aquella información que haya sido puesta en consideración por parte del Sujeto Obligado sin omitir partes de ella que resulten necesarias para entender la procedencia del mismo.

Verificabilidad: Para que la información contable sea confiable, su representatividad debería ser susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente.

Sabemos la importancia de la documentación de todo el proceso de prevención y respecto de la identidad y actividad del cliente, por lo tanto, la verificabilidad de la misma frente a un proceso de prueba en la justicia podrá resultar ineludible.

Claridad: La información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, que evite las ambigüedades, y que sea inteligible y fácil de comprender por los usuarios que estén dispuestos a estudiarla diligentemente y que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de los negocios y de la terminología propia de los estados contables.

Los estados contables no deben excluir información pertinente a las necesidades de sus usuarios tipo por el mero hecho de que su complejidad la haga de difícil comprensión para alguno o algunos de ellos.

Podemos apreciar que este concepto de claridad es sumamente importante tenerlo en cuenta al momento de confeccionar un Reporte de Operación Sospechosa, ya que de su lectura por parte de la Unidad de Información Financiera debería surgir su cabal comprensión, minimizando así la necesidad de recurrir a pedidos de información adicionales al Sujeto Obligado.

Oportunidad: La información debe suministrarse en tiempo conveniente para los usuarios, de modo tal que tenga la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Un retraso indebido en la presentación de la información puede hacerle perder su pertinencia.

En materia de oportunidad ya hay cierta experiencia por parte del Órgano de Contralor, la cual ha llevado a reglamentar plazos para efectuar un Reporte de Operación Sospechosa, procurando que el tiempo que media entre el hecho reportado y su comunicación al mismo resulte adecuado, de forma tal que el Sujeto Obligado cuente con una ventana temporal suficiente para su detección y análisis y a la vez no afecte su utilidad, en tanto y en cuanto permita al sistema en su conjunto actuar diligentemente tomando las acciones que correspondan en tiempo y forma.

Finalmente, podemos concluir que estos atributos para la información contable son de plena aplicabilidad a la información que debe gestionar y administrar el sistema de prevención de lavado en su conjunto, pudiendo además servir de guía y pauta profesional tanto para la elaboración de normas como para su debido cumplimiento.

Carteles de la droga mexicanos "se propagan en EE.UU."

PRESENTACION Correspondiente al Curso El Rol del Profesional en la Prevencion del Lavado de Activos

EE.UU. crea "policía" financiera

Golpe a la Familia Michoacana en EE.UU.

FUGA DE CAPITALES POR CARLOS MELCONIAN 03/09/09