Como consecuencia del nuevo sistema de transferencias inmediatas en cajeros por hasta $ 10.000 y en Internet por hasta $ 50.000 que arrancó ayer, una decena de bancos comenzaron a implantar un doble sistema de seguridad más sofisticado que el actual con el fin de evitar posibles fraudes.
La plataforma de RedLink ya lo ofrece a sus 33 entidades afiliadas, diez de las cuales empezaron a probar el sistema. Si bien los nombres de los bancos se mantienen en confidencialidad, dado que están en un período de prueba hasta que se lance en forma oficial en el transcurso de esta semana, se pudo saber que se trata de los más grandes, que mueven el 80% de las transacciones. Entre los principales bancos adheridos se encuentran el Nación, el Provincia, el Ciudad, el Credicoop, el Hipotecario, el de Córdoba y los del Grupo Petersen.
Este segundo factor de seguridad es un elemento adicional para acceder a los servicios bancarios, que se suma al usuario y password. El sistema está embebido en el celular del cliente (a diferencia de lo que ocurría con los dispositivos utilizados hasta ahora) y está conectado a los servidores del banco. A través de un algoritmo, el sistema denominado soft token genera una clave temporal, que la persona debe ingresar en el sitio de su banco. Pasado cierto lapso, la clave pierde validez y el usuario debe activar otra.
Para contar con este sistema, RedLink adquirió la solución de Mobile Soft Token de Veritran, que desarrolla soluciones móviles para la industria financiera. La implementación ofrece a los bancos de la red de cajeros automáticos un segundo factor de seguridad para todas sus transacciones electrónicas.
Al tratarse de un software, la solución resulta un 90% más económica que la actual. Además ofrece la ventaja de integrarse con mayor dinamismo al resto de los canales electrónicos del banco.
Argentina se convierte, de esta manera, en el primer país de América del Sur en implementar este tipo de solución. Marcelo Fondacaro, director comercial de Veritran, explica cómo funciona: El sistema le permite al usuario tener un password nuevo cada vez que ingresa a operar en su home banking o cuando realiza una transferencia electrónica. Incluso para aumentar la seguridad, los bancos le puede pedir al cliente que responda a un desafío.
Según Gustavo Valdemoros, gerente comercial de RedLink, responde a una necesidad de mercado, que exige mayores niveles de seguridad. En nuestro caso, lo implementamos para aprovechar el bajo costo y la portabilidad, porque al no tenerlo en el llavero sino en el celular, es más fácil de usar
El cronista
martes, 26 de abril de 2011
ARGENTINA: ALAK REAFIRMA NECESIDAD DE UN NUEVO ORDEN JURIDICO SOBRE LAVADO
Buenos Aires, 26 de abril (Télam). El ministro de Justicia, Julio Alak, expresó hoy la "alta preocupación" del Poder Ejecutivo, por contar cuanto antes con un "nuevo ordenamiento jurídico" que condene el lavado de activos, y reclamó al Poder Judicial una mayor concientización en la sanción de esos ilícitos.
"Estamos ante una situación delicada, grave, porque debemos evitar una sanción internacional para Argentina, que puede perjudicar a las instituciones y a los argentinos", expresó Alak, al hablar hoy ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se refirió así a eventuales sanciones que la Argentina podría recibir el mes próximo de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si no cumple con algunos de los requisitos recomendados por ese organismo al país.
Entre las 49 recomendaciones que hizo el GAFI, aparece la que solicita que el lavado de activos esté tipificado por ley como un delito autónomo, lo que ya obtuvo respuesta en el Congreso a partir de la firma de dos dictámenes en la Cámara baja.
Casi dos semanas atrás las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas firmaron dos despachos que modifican el Código Penal y tipifican el lavado de activos como delito autónomo, y desde todas las bancadas se expresó la vocación de llevar el debate cuanto antes al recinto.
Alak inició su exposición con una defensa del proceso de designación de nuevas autoridades y vocales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realizado este año, y aseguró que estuvo "ajustado a las normas".
Dijo que los nuevos miembros de la UIF, entre ellos su titular José Sbatella, que también asistió a la comisión, son "idóneos, capaces y experimentados".
Cuentan con "legitimidad de origen y de acción", afirmó Alak e hizo hincapié en la "gran dinámica" desarrollada por la Unidad desde el recambio de integrantes, en febrero de este año.
Apuntó que en los últimos meses se registró la mayor cantidad de informes sobre actividades sospechosas de la historia, reflejado en el hecho de que "en 2003 hubo 94 reportes; en el 2004, 426; y en el 2010, 3.169 (un 94 por ciento más que en el 2009)".
Mencionó además los 1.268 casos resueltos dentro de la UIF en el 2010 y advirtió que una vez conseguida una "semiplena prueba" del hecho éste es elevado a la Justicia, que sólo aplicó una condena a un pequeño emprendimiento en Córdoba.
Por eso, reclamó "mayor concientización del Poder Judicial" en el seguimiento de esos delitos y advirtió que la UIF realiza un "gran trabajo" que recibe después "poca sanción penal" por la ausencia de un ordenamiento jurídico que habilite fácilmente la condena.
Los dos proyectos firmados, uno oficialista y otro opositor, difieren a la hora de establecer la autonomía y autarquía de la UIF.
En la reunión de hoy la oposición reiteró su reclamo para que la nueva ley le dé independencia económica al organismo.
La base del proyecto, enviado a mediados del año pasado por el Poder Ejecutivo, propone tipificar como delito autónomo el Lavado de Activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".
La iniciativa amplía, además, las facultades de la UIF y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley N° 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados, entre otras cuestiones. (Télam)
"Estamos ante una situación delicada, grave, porque debemos evitar una sanción internacional para Argentina, que puede perjudicar a las instituciones y a los argentinos", expresó Alak, al hablar hoy ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se refirió así a eventuales sanciones que la Argentina podría recibir el mes próximo de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si no cumple con algunos de los requisitos recomendados por ese organismo al país.
Entre las 49 recomendaciones que hizo el GAFI, aparece la que solicita que el lavado de activos esté tipificado por ley como un delito autónomo, lo que ya obtuvo respuesta en el Congreso a partir de la firma de dos dictámenes en la Cámara baja.
Casi dos semanas atrás las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas firmaron dos despachos que modifican el Código Penal y tipifican el lavado de activos como delito autónomo, y desde todas las bancadas se expresó la vocación de llevar el debate cuanto antes al recinto.
Alak inició su exposición con una defensa del proceso de designación de nuevas autoridades y vocales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) realizado este año, y aseguró que estuvo "ajustado a las normas".
Dijo que los nuevos miembros de la UIF, entre ellos su titular José Sbatella, que también asistió a la comisión, son "idóneos, capaces y experimentados".
Cuentan con "legitimidad de origen y de acción", afirmó Alak e hizo hincapié en la "gran dinámica" desarrollada por la Unidad desde el recambio de integrantes, en febrero de este año.
Apuntó que en los últimos meses se registró la mayor cantidad de informes sobre actividades sospechosas de la historia, reflejado en el hecho de que "en 2003 hubo 94 reportes; en el 2004, 426; y en el 2010, 3.169 (un 94 por ciento más que en el 2009)".
Mencionó además los 1.268 casos resueltos dentro de la UIF en el 2010 y advirtió que una vez conseguida una "semiplena prueba" del hecho éste es elevado a la Justicia, que sólo aplicó una condena a un pequeño emprendimiento en Córdoba.
Por eso, reclamó "mayor concientización del Poder Judicial" en el seguimiento de esos delitos y advirtió que la UIF realiza un "gran trabajo" que recibe después "poca sanción penal" por la ausencia de un ordenamiento jurídico que habilite fácilmente la condena.
Los dos proyectos firmados, uno oficialista y otro opositor, difieren a la hora de establecer la autonomía y autarquía de la UIF.
En la reunión de hoy la oposición reiteró su reclamo para que la nueva ley le dé independencia económica al organismo.
La base del proyecto, enviado a mediados del año pasado por el Poder Ejecutivo, propone tipificar como delito autónomo el Lavado de Activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".
La iniciativa amplía, además, las facultades de la UIF y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley N° 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados, entre otras cuestiones. (Télam)
lunes, 25 de abril de 2011
Argentina: A pedido de los contadores, el Gobierno flexibiliza normas antilavado de dinero
Tras presentar amparos y reunirse con funcionarios de la UIF, los contadores lograron cambios. Elevan el límite para informar transacciones de $ 3 millones a $ 6 millones
El titular de la UIF, José Sbatella, accedió al pedido de los contadores
La batería de resoluciones que dictó la UIF en los primeros 45 días del año, para poner a la Argentina al día con el GAFI en su lucha contra el lavado de dinero, alcanzó a interrumpir la rutina de varios sectores de la economía real. En casi todos ellos, las nuevas medidas se recibieron como una engorrosa y novedosa regulación que debió empezar a cumplirse desde el mismo día de su sanción, aún cuando fuera contraria al desarrollo normal de la actividad. El motivo: por el apresuramiento para completar las resoluciones antes de mediados de febrero, muchas de ellas fueron elaboradas sin previa consulta a los principales actores de cada sector.
Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los contadores. Algunos consejos de profesionales del interior del país presentaron amparos judiciales ante la medida, y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) pidió atender una lista de reclamos en una reunión que mantuvo el 21 de marzo pasado con las autoridades oficiales en la sede de la UIF.
Con todos estos esfuerzos, el sector ya logró conmover a José Sbatella para que eleve, próximamente, el activo mínimo de los individuos o las empresas auditados por ellos a partir del cual deberán hacer reportes sistemáticos al organismo, desde los $ 3 millones hasta los $ 6 millones. Y también conceder una prórroga para la aplicación de la resolución, similar a la que fue otorgada a otros sujetos obligados.
Lo más lógico es que los umbrales sean más chicos y es probable que los modifiquemos. También se está estudiando una prórroga para los plazos de presentación de los informes sistemáticos. El problema de esto es que cuanto más grandes sean, más discrecionalidad les quedará a ellos, comentaron a este diario desde la UIF.
En su sitio oficial, la FACPCE cuenta que sus pedidos fueron tres: elevar el activo mínimo hasta ese monto, conceder una prórroga hasta el 1 de junio en la puesta en vigencia de la resolución para los preparadores de declaraciones juradas impositivas y eximir de la obligación de enviar informes sistemáticos a los Consejos Profesionales.
Lo cierto es que toda la profesión estuvo absolutamente movilizada por esta resolución, explica Carlos Srulevich, socio a cargo del área de auditoría de la industria financiera de Deloitte, que integró la Comisión Especial creada por la FACPCE. El problema es que el activo mínimo quedó demasiado desactualizado y reducido, y no parece tener mucho sentido hacer semejante trabajo para el kiosco de la esquina. Lo que pidió la Federación es que salga una norma modificando y aclarando algunos puntos, agregó.
Entre los contadores se cuestiona, también, otro artículo de la resolución: el que obliga a reportar operaciones sospechosas a los profesionales independientes que presten el servicio de preparación de las declaraciones juradas de impuestos de las siguientes personas físicas. El sector clama por una precisión. ¿Qué significa para la UIF preparar un impuesto?, se pregunta Srulevich. La norma, dice, muestra vacíos legales importantes que la UIF tendría que tener en cuenta.
Otro de los sectores que ya empezó a tener éxito en sus reclamos fue el de los exportadores, importadores, despachantes y agentes de carga de comercio exterior. La UIF concedió una prórroga de 6 meses en la aplicación de la resolución 39, que los consideraba sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de este delito, para elaborar una modificación en la ley. Se abrió un paréntesis de discusión con el organismo, porque para los empresarios del comercio exterior esto es absolutamente novedoso. Pedirle esta información a un cliente que no es de una actividad financiera abre un mundo completamente nuevo, comenta Claudio Fiorillo, socio de Deloitte.
En la UIF hicieron pública su concesión. Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente, afirmó José Sbatella, días atrás.
El Cronista IGNACIO OLIVERA DOLL
El titular de la UIF, José Sbatella, accedió al pedido de los contadores
La batería de resoluciones que dictó la UIF en los primeros 45 días del año, para poner a la Argentina al día con el GAFI en su lucha contra el lavado de dinero, alcanzó a interrumpir la rutina de varios sectores de la economía real. En casi todos ellos, las nuevas medidas se recibieron como una engorrosa y novedosa regulación que debió empezar a cumplirse desde el mismo día de su sanción, aún cuando fuera contraria al desarrollo normal de la actividad. El motivo: por el apresuramiento para completar las resoluciones antes de mediados de febrero, muchas de ellas fueron elaboradas sin previa consulta a los principales actores de cada sector.
Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los contadores. Algunos consejos de profesionales del interior del país presentaron amparos judiciales ante la medida, y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) pidió atender una lista de reclamos en una reunión que mantuvo el 21 de marzo pasado con las autoridades oficiales en la sede de la UIF.
Con todos estos esfuerzos, el sector ya logró conmover a José Sbatella para que eleve, próximamente, el activo mínimo de los individuos o las empresas auditados por ellos a partir del cual deberán hacer reportes sistemáticos al organismo, desde los $ 3 millones hasta los $ 6 millones. Y también conceder una prórroga para la aplicación de la resolución, similar a la que fue otorgada a otros sujetos obligados.
Lo más lógico es que los umbrales sean más chicos y es probable que los modifiquemos. También se está estudiando una prórroga para los plazos de presentación de los informes sistemáticos. El problema de esto es que cuanto más grandes sean, más discrecionalidad les quedará a ellos, comentaron a este diario desde la UIF.
En su sitio oficial, la FACPCE cuenta que sus pedidos fueron tres: elevar el activo mínimo hasta ese monto, conceder una prórroga hasta el 1 de junio en la puesta en vigencia de la resolución para los preparadores de declaraciones juradas impositivas y eximir de la obligación de enviar informes sistemáticos a los Consejos Profesionales.
Lo cierto es que toda la profesión estuvo absolutamente movilizada por esta resolución, explica Carlos Srulevich, socio a cargo del área de auditoría de la industria financiera de Deloitte, que integró la Comisión Especial creada por la FACPCE. El problema es que el activo mínimo quedó demasiado desactualizado y reducido, y no parece tener mucho sentido hacer semejante trabajo para el kiosco de la esquina. Lo que pidió la Federación es que salga una norma modificando y aclarando algunos puntos, agregó.
Entre los contadores se cuestiona, también, otro artículo de la resolución: el que obliga a reportar operaciones sospechosas a los profesionales independientes que presten el servicio de preparación de las declaraciones juradas de impuestos de las siguientes personas físicas. El sector clama por una precisión. ¿Qué significa para la UIF preparar un impuesto?, se pregunta Srulevich. La norma, dice, muestra vacíos legales importantes que la UIF tendría que tener en cuenta.
Otro de los sectores que ya empezó a tener éxito en sus reclamos fue el de los exportadores, importadores, despachantes y agentes de carga de comercio exterior. La UIF concedió una prórroga de 6 meses en la aplicación de la resolución 39, que los consideraba sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de este delito, para elaborar una modificación en la ley. Se abrió un paréntesis de discusión con el organismo, porque para los empresarios del comercio exterior esto es absolutamente novedoso. Pedirle esta información a un cliente que no es de una actividad financiera abre un mundo completamente nuevo, comenta Claudio Fiorillo, socio de Deloitte.
En la UIF hicieron pública su concesión. Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente, afirmó José Sbatella, días atrás.
El Cronista IGNACIO OLIVERA DOLL
jueves, 14 de abril de 2011
Argentina:El oficialismo obtuvo dictamen en Diputados para su proyecto contra el lavado
Las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas emitieron un dictamen de mayoría para la iniciativa reclamada por el Ejecutivo nacional para cumplir con las recomendaciones del GAFI. En tanto, la oposición suscribió un dictamen alternativo
El oficialismo consiguió hoy sacar dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y del Finanzas de la Cámara de Diputados respecto de la modificación de la ley contra el lavado de activos para adecuarla a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En la comisión de Finanzas, que preside Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), el dictamen de mayoría fue firmado por once diputados oficialistas contra nueve opositores que suscribieron un dictamen alternativo.
En tanto, en la comisión de Legislación Penal, que conduce Juan Carlos Vega (CC), se impuso también la posición del Frente parala Victoria, pero no se había confirmado hasta la tarde con qué número.
La oposición fijó su posición firmando un dictamen que unificó proyectos de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Horacio Piemonte (CC) y Federico Pinedo (PRO).
En tanto, el dictamen del oficialismo se funda en el proyecto que el año pasado envió el Poder Ejecutivo a la Cámara para modificar la tipificación del delito de lavado de activos. La iniciativa apunta a la actualización de las condiciones objetivas de punibilidad, elevando a 200 mil pesos el límite para evitar que ilícitos de menor cuantía queden exentos de la normal penal.
Por otra parte, entre otros cambios propuestos por la ley, se faculta a la AFIP a revelar el secreto fiscal únicamente en los supuestos enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246 y, en los casos restantes, deberá recurrir a la Justicia federal para requerir el levantamiento del secreto fiscal.
También se incluye la facultad de la UIF para actuar como querellante en la investigación de los delitos consignados en la ley. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, que es más dura, y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero mayores facultades para actuar contra personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo.
El oficialismo consiguió hoy sacar dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y del Finanzas de la Cámara de Diputados respecto de la modificación de la ley contra el lavado de activos para adecuarla a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En la comisión de Finanzas, que preside Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), el dictamen de mayoría fue firmado por once diputados oficialistas contra nueve opositores que suscribieron un dictamen alternativo.
En tanto, en la comisión de Legislación Penal, que conduce Juan Carlos Vega (CC), se impuso también la posición del Frente parala Victoria, pero no se había confirmado hasta la tarde con qué número.
La oposición fijó su posición firmando un dictamen que unificó proyectos de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Horacio Piemonte (CC) y Federico Pinedo (PRO).
En tanto, el dictamen del oficialismo se funda en el proyecto que el año pasado envió el Poder Ejecutivo a la Cámara para modificar la tipificación del delito de lavado de activos. La iniciativa apunta a la actualización de las condiciones objetivas de punibilidad, elevando a 200 mil pesos el límite para evitar que ilícitos de menor cuantía queden exentos de la normal penal.
Por otra parte, entre otros cambios propuestos por la ley, se faculta a la AFIP a revelar el secreto fiscal únicamente en los supuestos enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246 y, en los casos restantes, deberá recurrir a la Justicia federal para requerir el levantamiento del secreto fiscal.
También se incluye la facultad de la UIF para actuar como querellante en la investigación de los delitos consignados en la ley. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, que es más dura, y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero mayores facultades para actuar contra personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo.
miércoles, 13 de abril de 2011
Argentina: controlarán a mutuales y a cooperativas por lavado de dinero
Además, la UIF fiscalizará las operaciones del fútbol y de los fideicomis
Las mutuales y cooperativas, que tienen una fuerte participación en el mercado de financiamiento especialmente con las pymes, se transformarán en sujetos obligados a informar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Así lo dispone el texto de ley que se encuentra en plena discusión en el Congreso y que sería tratado en pocas semanas.
Pero no son los únicos que en poco tiempo también quedarían alcanzados por la nueva normativa. En la lista aparece un sector que figura entre los más sospechosos no sólo en la Argentina, sino a nivel mundial: el fútbol. Según lo que establece el último borrador del proyecto, tanto los clubes de fútbol profesionales como la AFA deberán brindar toda la información relacionada con un tema tan delicado como es el de los pases de los jugadores, quiénes son los dueños de esos pases y de dónde sale la plata para las millonarias compras y ventas.
«En este caso, los clubes vendrían a ser los bancos, que deben dar cuenta de cada transacción, mientras que la AFA actuaría como el Banco Central, ya que es responsable de recabar toda la información y luego divulgarla», explicaron desde la Unidad de Información Financiera.
Otro de los sujetos que se incluyen en la ley con obligación de informar son los fideicomisos. En este caso, lo más delicado pasa por aquellos que se arman para operaciones inmobiliarias. Serán ellos, además de los escribanos, los que deberán informar y justificar a la UIF de dónde provienen los fondos que pusieron los inversores para llevar adelante el emprendimiento.
Las discusiones alrededor del nuevo proyecto que eleva las sanciones para las actividades relacionadas con lavado de activos tienen dos costados: uno de ellos pasa estrictamente por las discusiones políticas entre Gobierno y oposición, que planteó una larga lista de reparos al texto oficial. Pero además también hay una larga lista de cambios en relación con la legislación actual, que tardarán tiempo en ser asimilados no sólo por los actores de mercado, sino también por la Justicia.
La UIF emitió a lo largo de los dos primeros meses del año una extensa lista con nuevos requisitos para todas aquellas compañías que actúan como sujetos de información. Así, se amplió sustancialmente el listado de operaciones sospechosas que deben ser alertadas por los bancos, compañías de seguros, escribanos, inmobiliarias y hasta concesionarias de autos.
Sin embargo, no se incluyó a otros porque sencillamente no figuran en la ley vigente. Por lo tanto, lo que hace el nuevo proyecto es incluir una serie de instituciones que pasarán a estar alcanzadas. El caso de las mutuales y cooperativas resulta de especial interés, ya que inexplicablemente se encuentran con condiciones más ventajosas para operar que los bancos y otras entidades financieras que operan bajo la regulación del Central. El objetivo del Gobierno es en este caso combatir el alto porcentaje de informalidad en la que se mueve la economía argentina. Buena parte de las empresas que trabajan en negro termina consiguiendo financiamiento a través de este tipo de instituciones, que no sólo están fuera de la órbita del Central, sino que además tampoco debían reportar las operaciones sospechosas a la UIF, a cargo de José Sbatella.
Esta obligación generará, por otra parte, un fuerte aumento de costos de estructura, ya que los datos que solicita mensualmente la UIF requieren prácticamente tener un costoso departamento de contabilidad y auditoría. No contar con éste sería por demás riesgoso, ya que las multas por no informar operaciones sospechosas pueden ser millonarias, y la cooperativa o mutual podría quedar envuelta en el delito de «encubrimiento».
Por último, también figuran como sujetos obligados a informar los abogados. Pero en este caso no deberán hacerlo por cualquier operación de sus clientes, ya que violaría el derecho profesional. Sólo tendrán que rendir cuentas a la UIF cuando actúen como un tercero en la compraventa de inmuebles o cualquier otro tipo de activo.
Ambito:Pablo Wende
Las mutuales y cooperativas, que tienen una fuerte participación en el mercado de financiamiento especialmente con las pymes, se transformarán en sujetos obligados a informar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Así lo dispone el texto de ley que se encuentra en plena discusión en el Congreso y que sería tratado en pocas semanas.
Pero no son los únicos que en poco tiempo también quedarían alcanzados por la nueva normativa. En la lista aparece un sector que figura entre los más sospechosos no sólo en la Argentina, sino a nivel mundial: el fútbol. Según lo que establece el último borrador del proyecto, tanto los clubes de fútbol profesionales como la AFA deberán brindar toda la información relacionada con un tema tan delicado como es el de los pases de los jugadores, quiénes son los dueños de esos pases y de dónde sale la plata para las millonarias compras y ventas.
«En este caso, los clubes vendrían a ser los bancos, que deben dar cuenta de cada transacción, mientras que la AFA actuaría como el Banco Central, ya que es responsable de recabar toda la información y luego divulgarla», explicaron desde la Unidad de Información Financiera.
Otro de los sujetos que se incluyen en la ley con obligación de informar son los fideicomisos. En este caso, lo más delicado pasa por aquellos que se arman para operaciones inmobiliarias. Serán ellos, además de los escribanos, los que deberán informar y justificar a la UIF de dónde provienen los fondos que pusieron los inversores para llevar adelante el emprendimiento.
Las discusiones alrededor del nuevo proyecto que eleva las sanciones para las actividades relacionadas con lavado de activos tienen dos costados: uno de ellos pasa estrictamente por las discusiones políticas entre Gobierno y oposición, que planteó una larga lista de reparos al texto oficial. Pero además también hay una larga lista de cambios en relación con la legislación actual, que tardarán tiempo en ser asimilados no sólo por los actores de mercado, sino también por la Justicia.
La UIF emitió a lo largo de los dos primeros meses del año una extensa lista con nuevos requisitos para todas aquellas compañías que actúan como sujetos de información. Así, se amplió sustancialmente el listado de operaciones sospechosas que deben ser alertadas por los bancos, compañías de seguros, escribanos, inmobiliarias y hasta concesionarias de autos.
Sin embargo, no se incluyó a otros porque sencillamente no figuran en la ley vigente. Por lo tanto, lo que hace el nuevo proyecto es incluir una serie de instituciones que pasarán a estar alcanzadas. El caso de las mutuales y cooperativas resulta de especial interés, ya que inexplicablemente se encuentran con condiciones más ventajosas para operar que los bancos y otras entidades financieras que operan bajo la regulación del Central. El objetivo del Gobierno es en este caso combatir el alto porcentaje de informalidad en la que se mueve la economía argentina. Buena parte de las empresas que trabajan en negro termina consiguiendo financiamiento a través de este tipo de instituciones, que no sólo están fuera de la órbita del Central, sino que además tampoco debían reportar las operaciones sospechosas a la UIF, a cargo de José Sbatella.
Esta obligación generará, por otra parte, un fuerte aumento de costos de estructura, ya que los datos que solicita mensualmente la UIF requieren prácticamente tener un costoso departamento de contabilidad y auditoría. No contar con éste sería por demás riesgoso, ya que las multas por no informar operaciones sospechosas pueden ser millonarias, y la cooperativa o mutual podría quedar envuelta en el delito de «encubrimiento».
Por último, también figuran como sujetos obligados a informar los abogados. Pero en este caso no deberán hacerlo por cualquier operación de sus clientes, ya que violaría el derecho profesional. Sólo tendrán que rendir cuentas a la UIF cuando actúen como un tercero en la compraventa de inmuebles o cualquier otro tipo de activo.
Ambito:Pablo Wende
lunes, 11 de abril de 2011
EEUU emite alerta antinarco: "Están mudándose al sur del país"
El Departamento de Justicia difundió una circular en la que advierte la incipiente llegada de los capos narcos y sus familias a territorio estadounidense
La alerta, publicada por El Universal, indica que "los esfuerzos de las organizaciones criminales mexicanas por expandir sus operaciones en los Estados Unidos han sido la causa del aumento de la violencia a través de la región suroeste". El centro de inteligencia estadounidense detalla que los cárteles de México están operando en, por lo menos, 1.286 ciudades en nueve regiones.
Del total de estas urbes, en 143 operaciones de tráfico de drogas son controladas directamente por los integrantes de los cárteles mexicanos. El documento afirma que el cártel de Sinaloa opera en por lo menos 75 ciudades de los Estados Unidos; los del Golfo y Los Zetas en por lo menos 37 ciudades; el de Juárez se ha establecido en 33 ciudades; el de los Beltrán Leyva en 30 ciudades; la Familia Michoacana en por lo menos 27 ciudades; y el de Tijuana, en 21 ciudades.
"No es extraño que la región suroeste de la frontera esté en llamas y que estemos tan preocupados por la violencia relacionada con los cárteles, y que nos preocupe que la violencia pueda crecer mientras los cárteles continúan la batalla por el control de las rutas del narcotráfico de México hacia los Estados Unidos, y el control (del tráfico de drogas) en su interior", se puede leer en la circular.
Las alertas son comunicaciones preventivas que el gobierno de los Estados Unidos emite para sus dependencias. En este caso, la agencia de seguridad de los Estados Unidos busca información para identificar a personas que se encuentran involucradas con organizaciones criminales o cárteles de México dentro de los Estados Unidos. El alerta que publicó El Universal está fechada el 27 de marzo y fue distribuido entre las sedes diplomáticas y puertos de entrada fronterizos el 4 de abril pasado.
El documento indica que los agentes deben considerar "revisiones especiales" para aquellos que usen cadenas con símbolos de los cárteles, chaquetas de cuero, tatuajes y otro tipo de joyería relacionada con los códigos que identifican a los miembros de las organizaciones criminales mexicanas.
La alerta, publicada por El Universal, indica que "los esfuerzos de las organizaciones criminales mexicanas por expandir sus operaciones en los Estados Unidos han sido la causa del aumento de la violencia a través de la región suroeste". El centro de inteligencia estadounidense detalla que los cárteles de México están operando en, por lo menos, 1.286 ciudades en nueve regiones.
Del total de estas urbes, en 143 operaciones de tráfico de drogas son controladas directamente por los integrantes de los cárteles mexicanos. El documento afirma que el cártel de Sinaloa opera en por lo menos 75 ciudades de los Estados Unidos; los del Golfo y Los Zetas en por lo menos 37 ciudades; el de Juárez se ha establecido en 33 ciudades; el de los Beltrán Leyva en 30 ciudades; la Familia Michoacana en por lo menos 27 ciudades; y el de Tijuana, en 21 ciudades.
"No es extraño que la región suroeste de la frontera esté en llamas y que estemos tan preocupados por la violencia relacionada con los cárteles, y que nos preocupe que la violencia pueda crecer mientras los cárteles continúan la batalla por el control de las rutas del narcotráfico de México hacia los Estados Unidos, y el control (del tráfico de drogas) en su interior", se puede leer en la circular.
Las alertas son comunicaciones preventivas que el gobierno de los Estados Unidos emite para sus dependencias. En este caso, la agencia de seguridad de los Estados Unidos busca información para identificar a personas que se encuentran involucradas con organizaciones criminales o cárteles de México dentro de los Estados Unidos. El alerta que publicó El Universal está fechada el 27 de marzo y fue distribuido entre las sedes diplomáticas y puertos de entrada fronterizos el 4 de abril pasado.
El documento indica que los agentes deben considerar "revisiones especiales" para aquellos que usen cadenas con símbolos de los cárteles, chaquetas de cuero, tatuajes y otro tipo de joyería relacionada con los códigos que identifican a los miembros de las organizaciones criminales mexicanas.
domingo, 10 de abril de 2011
ECUADOR: Gobierno presenta resultados sobre lavado de activos al Gafisud
El Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (Concla) envió, el 31 de marzo pasado, la información sobre los avances del Ecuador en el proceso de “Evaluación del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Ecuador” que lleva adelante el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD).
La información remitida al GAFISUD contiene detalles importantes sobre las acciones que, dentro del marco de prevención, detección y sanción de lavado de activos y financiamiento de delitos, ha implementado el Ecuador, tales como: normativa secundaria y medidas institucionales para los diversos sectores controlados; controles de prevención a las instituciones financieras, negocios y profesiones no financieras; así como la cooperación nacional e internacional en cuanto a investigación, ejecución de órdenes y de sentencias judiciales, entre otros.
En el examen, el Consejo detalla los avances llevados a cabo en cumplimiento del Plan de Acción Continuo del Concla, que busca la Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), que se encuentra en plena ejecución y del que se puede destacar: la publicación en el Registro Oficial del 30 de diciembre de 2010, de las reformas a la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”.
El plan contempla la inclusión de nuevos sujetos obligados a informar (cooperativas, casinos y salas de juegos, sector inmobiliario y de construcción, compañías que realizan actividades de remesas o giros postales y couriers, entre otros), y tipifica –como delito autónomo– el financiamiento de los delitos de sabotaje y terrorismo, contemplados en el Código Penal.
Otro tema relevante, es la emisión de las resoluciones de la Junta Bancaria Nos. JB-2010-1683 y JB-2010-1767 de 12 de mayo y 21 de julio de 2010, respectivamente, que norman controles en materia de prevención de lavado de activos dirigidos a las instituciones del sistema financiero y de seguro privado, en su orden
Andes
La información remitida al GAFISUD contiene detalles importantes sobre las acciones que, dentro del marco de prevención, detección y sanción de lavado de activos y financiamiento de delitos, ha implementado el Ecuador, tales como: normativa secundaria y medidas institucionales para los diversos sectores controlados; controles de prevención a las instituciones financieras, negocios y profesiones no financieras; así como la cooperación nacional e internacional en cuanto a investigación, ejecución de órdenes y de sentencias judiciales, entre otros.
En el examen, el Consejo detalla los avances llevados a cabo en cumplimiento del Plan de Acción Continuo del Concla, que busca la Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), que se encuentra en plena ejecución y del que se puede destacar: la publicación en el Registro Oficial del 30 de diciembre de 2010, de las reformas a la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”.
El plan contempla la inclusión de nuevos sujetos obligados a informar (cooperativas, casinos y salas de juegos, sector inmobiliario y de construcción, compañías que realizan actividades de remesas o giros postales y couriers, entre otros), y tipifica –como delito autónomo– el financiamiento de los delitos de sabotaje y terrorismo, contemplados en el Código Penal.
Otro tema relevante, es la emisión de las resoluciones de la Junta Bancaria Nos. JB-2010-1683 y JB-2010-1767 de 12 de mayo y 21 de julio de 2010, respectivamente, que norman controles en materia de prevención de lavado de activos dirigidos a las instituciones del sistema financiero y de seguro privado, en su orden
Andes
sábado, 9 de abril de 2011
La UIF suspende por 180 días la aplicación de la resolución sobre lavado de dinero que alcanza a exportadores, importadores, despachantes y agentes de
El organismo decidió posponer la entrada en vigor de la resolución 39/2011, que alcanza a exportadores, importadores, despachantes y agentes de carga
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que la próxima semana se dictará una norma que suspenderá por 180 días hábiles la aplicación de la resolución Nº 39/2011 para exportadores e importadores, que fija obligaciones preventivas, informativas y de control para el comercio exterior respecto de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, según informó la CAME a través de un comunicado.
Detalles de la normativa
Según el especialista Martín Climent, en febrero de este año, con motivo de las recomendaciones recibidas por la República Argentina en el plano internacional, la UIF dictó la resolución Nº 39/2011 la que especificó los mecanismos y exigencias que los importadores, exportadores, despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero deben cumplir para encolumnarse con los objetivos de la mencionada Ley.
Ésta fue complementada luego por las Resoluciones UIF Nº 50/11 y 51/11. Estos sujetos quedan obligados a reportar las operaciones sospechosas y adoptar una política de prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esto es así sin importar los montos, habitualidad, la condición de nacional o extranjero de las personas incluidas en la definición de cliente u otras características de sus transacciones. La norma también establece una serie de sanciones y multas para quienes incumplan cualquiera de las obligaciones impuestas.
Estos agentes reaccionaron -con mayor o menor grado de organización- de forma corporativa, puesto que algunas de estas obligaciones les generan inconvenientes ciertos e incluso existen otras que son de imposible cumplimiento.
Por ejemplo, se les obliga a llevar un legajo de sus clientes en el que deberán registrar una serie de datos para identificar sus autoridades, representantes, apoderados o autorizados.
También a requerir la documentación que certifique sus designaciones y copia certificada del último balance, el que deberá actualizarse anualmente.
Golpe de timón
Al completar en el día de ayer su ronda de reuniones con las entidades representativas del Comercio Exterior, la desde la Cámara de Importadores (CIRA) emitieron un comunicado en el que detallaron que la UIF "nos ha comunicado oficialmente en el día de la fecha que su presidente, José Sbattella, hará publicar entre lunes y martes una resolución en el Boletín Oficial convocando a la CIRA (junto a otras entidades) a la formación de una Comisión Interdisciplinaria, con el objetivo de diseñar mecanismos que garanticen una instrumentación efectiva de la normativa específica, otorgando mientras tanto a importadores y exportadores una prórroga para la implementación de esas nuevas medidas".
Sbattella manifestó al respecto lo siguiente: "Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente".
La CIRA se mostró a favor de la decisión adoptada y comprometió "desde ya los mejores esfuerzos posibles del sector importador para colaborar en la tarea que lleva adelante la UIF, tendiente a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, objetivo de fondo que compartimos plenamente".
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que la próxima semana se dictará una norma que suspenderá por 180 días hábiles la aplicación de la resolución Nº 39/2011 para exportadores e importadores, que fija obligaciones preventivas, informativas y de control para el comercio exterior respecto de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, según informó la CAME a través de un comunicado.
Detalles de la normativa
Según el especialista Martín Climent, en febrero de este año, con motivo de las recomendaciones recibidas por la República Argentina en el plano internacional, la UIF dictó la resolución Nº 39/2011 la que especificó los mecanismos y exigencias que los importadores, exportadores, despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero deben cumplir para encolumnarse con los objetivos de la mencionada Ley.
Ésta fue complementada luego por las Resoluciones UIF Nº 50/11 y 51/11. Estos sujetos quedan obligados a reportar las operaciones sospechosas y adoptar una política de prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esto es así sin importar los montos, habitualidad, la condición de nacional o extranjero de las personas incluidas en la definición de cliente u otras características de sus transacciones. La norma también establece una serie de sanciones y multas para quienes incumplan cualquiera de las obligaciones impuestas.
Estos agentes reaccionaron -con mayor o menor grado de organización- de forma corporativa, puesto que algunas de estas obligaciones les generan inconvenientes ciertos e incluso existen otras que son de imposible cumplimiento.
Por ejemplo, se les obliga a llevar un legajo de sus clientes en el que deberán registrar una serie de datos para identificar sus autoridades, representantes, apoderados o autorizados.
También a requerir la documentación que certifique sus designaciones y copia certificada del último balance, el que deberá actualizarse anualmente.
Golpe de timón
Al completar en el día de ayer su ronda de reuniones con las entidades representativas del Comercio Exterior, la desde la Cámara de Importadores (CIRA) emitieron un comunicado en el que detallaron que la UIF "nos ha comunicado oficialmente en el día de la fecha que su presidente, José Sbattella, hará publicar entre lunes y martes una resolución en el Boletín Oficial convocando a la CIRA (junto a otras entidades) a la formación de una Comisión Interdisciplinaria, con el objetivo de diseñar mecanismos que garanticen una instrumentación efectiva de la normativa específica, otorgando mientras tanto a importadores y exportadores una prórroga para la implementación de esas nuevas medidas".
Sbattella manifestó al respecto lo siguiente: "Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente".
La CIRA se mostró a favor de la decisión adoptada y comprometió "desde ya los mejores esfuerzos posibles del sector importador para colaborar en la tarea que lleva adelante la UIF, tendiente a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, objetivo de fondo que compartimos plenamente".
jueves, 7 de abril de 2011
Argentina:La oposición rechazó el proyecto contra el lavado de dinero del Gobierno
Representantes de la Coalición Cívica, PRO, UCR y el Peronismo Federal manifestaron esta tarde en una conferencia de prensa que quieren evitar la reforma "cosmética" de la ley propuesta por el oficialismo. Confirmaron que las comisiones tratarán el tema la próxima semana
Los bloques opositores de la Cámara baja salieron hoy a responderle al Gobierno por su reclamo de que se trate en breve el proyecto de ley antilavado de dinero y anunciaron que la semana próxima está prevista la realización de una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal para analizar las iniciativas presentadas al respecto.
En ese sentido, marcaron diferencias con el proyecto oficialista de lavado de dinero al sostener que quieren evitar una reforma "cosmética" de la normativa, durante una rueda de prensa que brindaron el titular de la comisión de Finanzas, el cívico Alfonso Prat Gay, el macrista Federico Pinedo, el radical Ricardo Gil Lavedra y Gustavo Ferrari (PJ Federal), en el salón Cabezas de Diputados.
Existe un proyecto consensuado hasta ahora por el radicalismo, el Peronismo Federal y el PRO sobre el que la Coalición Cívica, después de una reunión mantenida hoy con representantes de las otras bancadas mencionadas, parece haber esclarecido sus dudas, según indicó Prat Gay.
Al respecto, el ex presidente del BCRA dijo que el pedido efectuado ayer por el Gobierno "fue una puesta en escena" y recordó que la oposición viene trabajando en el tema desde diciembre pasado. Dijo, además, que, de acuerdo con el cronograma pautado con su par de Legislación Penal, el también cívico Juan Carlos Vega, "la semana próxima" está previsto convocar a una reunión conjunta de ambas comisiones (un reclamo efectuado ayer mediante nota a ambos diputados por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner).
Pinedo, a su turno, señaló que el arco opositor quiere que el proyecto de ley establezca "la figura de lavado de dinero como delito" y que garantice "una UIF, como organismo de control, confiable para los argentinos y para todo el mundo, y que no se convierta en una herramienta de persecución política".
En sintonía, Gil Lavedra criticó el funcionamiento de la UIF, lo calificó de "absolutamente deplorable" y afirmó que los bloques opositores están "dispuestos a discutir un proyecto de ley que cumpla con las expectativas" reclamadas por la GAFI (el organismo internacional de combate contra el lavado de dinero).
Ferrari, en tanto, recordó que el oficialismo participó al comienzo de las reuniones de comisiones donde se abordó el tema, pero, luego de que la Presidente anunciara el 1º de marzo que enviaría un proyecto propio del Poder Ejecutivo, se retiró.
También reseñó que hasta se convocó a una comisión de expertos para que analicen los proyectos y advirtió que la oposición no quiere que "ocurra lo mismo que pasó cuando se trató el Presupuesto, que el oficialismo no aceptó discutir ni una coma".
infobae
Los bloques opositores de la Cámara baja salieron hoy a responderle al Gobierno por su reclamo de que se trate en breve el proyecto de ley antilavado de dinero y anunciaron que la semana próxima está prevista la realización de una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal para analizar las iniciativas presentadas al respecto.
En ese sentido, marcaron diferencias con el proyecto oficialista de lavado de dinero al sostener que quieren evitar una reforma "cosmética" de la normativa, durante una rueda de prensa que brindaron el titular de la comisión de Finanzas, el cívico Alfonso Prat Gay, el macrista Federico Pinedo, el radical Ricardo Gil Lavedra y Gustavo Ferrari (PJ Federal), en el salón Cabezas de Diputados.
Existe un proyecto consensuado hasta ahora por el radicalismo, el Peronismo Federal y el PRO sobre el que la Coalición Cívica, después de una reunión mantenida hoy con representantes de las otras bancadas mencionadas, parece haber esclarecido sus dudas, según indicó Prat Gay.
Al respecto, el ex presidente del BCRA dijo que el pedido efectuado ayer por el Gobierno "fue una puesta en escena" y recordó que la oposición viene trabajando en el tema desde diciembre pasado. Dijo, además, que, de acuerdo con el cronograma pautado con su par de Legislación Penal, el también cívico Juan Carlos Vega, "la semana próxima" está previsto convocar a una reunión conjunta de ambas comisiones (un reclamo efectuado ayer mediante nota a ambos diputados por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner).
Pinedo, a su turno, señaló que el arco opositor quiere que el proyecto de ley establezca "la figura de lavado de dinero como delito" y que garantice "una UIF, como organismo de control, confiable para los argentinos y para todo el mundo, y que no se convierta en una herramienta de persecución política".
En sintonía, Gil Lavedra criticó el funcionamiento de la UIF, lo calificó de "absolutamente deplorable" y afirmó que los bloques opositores están "dispuestos a discutir un proyecto de ley que cumpla con las expectativas" reclamadas por la GAFI (el organismo internacional de combate contra el lavado de dinero).
Ferrari, en tanto, recordó que el oficialismo participó al comienzo de las reuniones de comisiones donde se abordó el tema, pero, luego de que la Presidente anunciara el 1º de marzo que enviaría un proyecto propio del Poder Ejecutivo, se retiró.
También reseñó que hasta se convocó a una comisión de expertos para que analicen los proyectos y advirtió que la oposición no quiere que "ocurra lo mismo que pasó cuando se trató el Presupuesto, que el oficialismo no aceptó discutir ni una coma".
infobae
miércoles, 6 de abril de 2011
ARGENTINA:La Unidad de Informacion Financiera otorga al BCRA una prorroga para implementar normas antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) otorgó una prórroga de 30 días al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adaptar la normativa sobre lavado de dinero en el marco de un grupo de trabajo.
La medida se adoptó mediante la Resolución 52/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial, a solicitud del ex superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de la autoridad monetaria, Carlos Sánchez.
Esta solicitud se fundamentó por la necesidad de "asimilar la normativa emitida por la UIF, emitir una nueva y complementar en los textos normativos del Banco Central vigentes los aspectos referidos a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional".
Asimismo, según el BCRA, "resulta necesario que la implementación de tales modificaciones se realice en el marco del Grupo de Trabajo" a conformarse por funcionarios de ambas instituciones.
La medida se adoptó mediante la Resolución 52/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial, a solicitud del ex superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de la autoridad monetaria, Carlos Sánchez.
Esta solicitud se fundamentó por la necesidad de "asimilar la normativa emitida por la UIF, emitir una nueva y complementar en los textos normativos del Banco Central vigentes los aspectos referidos a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional".
Asimismo, según el BCRA, "resulta necesario que la implementación de tales modificaciones se realice en el marco del Grupo de Trabajo" a conformarse por funcionarios de ambas instituciones.
ARGENTINA:El ministro de Justicia, precisó la ley Antilavado tiene que ser sancionada antes de junio para evitar ser considerado pais no cooperador
En una conferencia de prensa conjunta y sin posibilidad a preguntas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, reiteraron el pedido de la sanción de las leyes antilavado que reclama el GAFI al Congreso, principalmente a los bloques de la oposición. Además, exigieron al Poder Judicial que acelere el trámite de las causas vinculadas al lavado de dinero.
En Casa Rosada, Fernández y Alak trasmitieron las palabras que la presidente Cristina de Kirchner esgrimió horas antes durante un encuentro en la Quinta de Olivos con esos funcionarios y los jefes de las bancadas oficialistas de Diputados, Agustín Rossi, y de Senadores, Miguel Ángel Pichetto.
"Cristina nos trasmitió su deseo que este proyecto se sancione para evitar que la Argentina sea incorporada a la lista de países no cooperantes", expresó el titular de la cartera de Justicia y quien lleva adelante los contactos con los funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI es un organismo intergubernamental que se ocupa de promover acciones políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Alak explicó que en octubre de 2010 y, a pedido del GAFI, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para adecuar la legislación argentina a los requerimientos internacionales. "Tiene que adecuarse a condenar las nuevas acciones delictivas y fortalecer la estructura que tiene el Estado argentino para la lucha del lavado de activos", afirmó el ministro.
Esa norma "actualiza" la estructura de la Unidad de Información Financiera que dirige José Sbatella y tipifica el "autolavado" como delito autónomo, eliminando su actual dependencia de la figura de "encubrimiento", además de ampliar el tipo atinente al terrorismo y su financiación.
Escoltado por Rossi y Piechetto, Alak reiteró que los bloques del Frente para la Victoria tiene la voluntad de aprobar las leyes requeridas e instó a la oposición a seguir los mismos pasos. "Ratificamos la posición unívoca del oficialismo. Lo que necesitamos es que la oposición nos acompañe con su votos por que el que va a ser sancionado es el Estado argentino, no el Gobierno", advirtió.
"La legislación local debe ir adecuándose. Es indispensable que se sancione positivamente", repitió Alak. Antes de cerrar la conferencia, dio el plazo máximo para contar con esas leyes. "Deben ser sancionadas antes de junio". En ese mes está previsto que se reúna la asamblea general del GAFI en México. Allí, será evaluado si la Argentina cumplió con las adecuaciones que prometió.
El principal obstáculo del Gobierno para reformar el Código Penal y contar con la ley contra lavado de dinero es que la oposición propone un recorte en las atribuciones de la UIF, como la posibilidad de presentarse como querellante en las causas penales o que esa Unidad sea la representante del país ante el GAFI.
Pero en Balcarce 50 defienden a capa y espada las facultades que actualmente posee Sbatella. En marzo pasado, Aníbal Fernández dijo a ámbito.com que "no es un toma y daca, esos temas no se negocian" e instó a los diputados y senadores a sacar la ley.
Si el dictamen es negativo, Argentina se sumará a la lista gris que ya integran Venezuela, Ecuador, Paraguay, Honduras, Grecia, Angola y Tanzania, entre otros países.
Pero Alak también dirigió sus cuestionamiento al Poder Judicial, que también tiene el compromiso ante el GAFI de acelerar los juicios por lavado. "De los 10.300 reportes de operaciones sospechosas se pidió que se investigue a 1.000, pero solamente tuvimos una condena en la justicia y no contra un gran narcotraficante. Es un parillero de la ciudad de Córdoba", lanzó el ministro.
Aunque no especificó qué tipo de consecuencias traerá aparejado una eventual sanción, Alak dijo que los incumplimientos del Poder Judicial también "atentan contra la situación del país como miembro permanente del GAFI".
En Casa Rosada, Fernández y Alak trasmitieron las palabras que la presidente Cristina de Kirchner esgrimió horas antes durante un encuentro en la Quinta de Olivos con esos funcionarios y los jefes de las bancadas oficialistas de Diputados, Agustín Rossi, y de Senadores, Miguel Ángel Pichetto.
"Cristina nos trasmitió su deseo que este proyecto se sancione para evitar que la Argentina sea incorporada a la lista de países no cooperantes", expresó el titular de la cartera de Justicia y quien lleva adelante los contactos con los funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI es un organismo intergubernamental que se ocupa de promover acciones políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Alak explicó que en octubre de 2010 y, a pedido del GAFI, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para adecuar la legislación argentina a los requerimientos internacionales. "Tiene que adecuarse a condenar las nuevas acciones delictivas y fortalecer la estructura que tiene el Estado argentino para la lucha del lavado de activos", afirmó el ministro.
Esa norma "actualiza" la estructura de la Unidad de Información Financiera que dirige José Sbatella y tipifica el "autolavado" como delito autónomo, eliminando su actual dependencia de la figura de "encubrimiento", además de ampliar el tipo atinente al terrorismo y su financiación.
Escoltado por Rossi y Piechetto, Alak reiteró que los bloques del Frente para la Victoria tiene la voluntad de aprobar las leyes requeridas e instó a la oposición a seguir los mismos pasos. "Ratificamos la posición unívoca del oficialismo. Lo que necesitamos es que la oposición nos acompañe con su votos por que el que va a ser sancionado es el Estado argentino, no el Gobierno", advirtió.
"La legislación local debe ir adecuándose. Es indispensable que se sancione positivamente", repitió Alak. Antes de cerrar la conferencia, dio el plazo máximo para contar con esas leyes. "Deben ser sancionadas antes de junio". En ese mes está previsto que se reúna la asamblea general del GAFI en México. Allí, será evaluado si la Argentina cumplió con las adecuaciones que prometió.
El principal obstáculo del Gobierno para reformar el Código Penal y contar con la ley contra lavado de dinero es que la oposición propone un recorte en las atribuciones de la UIF, como la posibilidad de presentarse como querellante en las causas penales o que esa Unidad sea la representante del país ante el GAFI.
Pero en Balcarce 50 defienden a capa y espada las facultades que actualmente posee Sbatella. En marzo pasado, Aníbal Fernández dijo a ámbito.com que "no es un toma y daca, esos temas no se negocian" e instó a los diputados y senadores a sacar la ley.
Si el dictamen es negativo, Argentina se sumará a la lista gris que ya integran Venezuela, Ecuador, Paraguay, Honduras, Grecia, Angola y Tanzania, entre otros países.
Pero Alak también dirigió sus cuestionamiento al Poder Judicial, que también tiene el compromiso ante el GAFI de acelerar los juicios por lavado. "De los 10.300 reportes de operaciones sospechosas se pidió que se investigue a 1.000, pero solamente tuvimos una condena en la justicia y no contra un gran narcotraficante. Es un parillero de la ciudad de Córdoba", lanzó el ministro.
Aunque no especificó qué tipo de consecuencias traerá aparejado una eventual sanción, Alak dijo que los incumplimientos del Poder Judicial también "atentan contra la situación del país como miembro permanente del GAFI".
Argentina: Gobierno busca contrarreloj que el Congreso vote la ley contra el lavado de activos
El titular de la UIF, José Sbattella, y miembros del Gafisud se entrevistaron con legisladores y con el ministro Alak. Todavía no hay acuerdo con la oposición en Diputados
Con apenas un mes de plazo para mostrar resultados, el Gobierno inició ayer la última cruzada en su intento de que el Congreso apruebe la ley para prevenir y penar el lavado de dinero que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no castigar a la Argentina en su próximo encuentro, que se realizará en mayo.
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, recibieron ayer a una delegación del Gafisud, la pata regional del grupo internacional, presidida por el paraguayo Benigno López Benítez. Los visitantes también mantuvieron contactos con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el superintendente de Seguros, Francisco Durañona, entre otros.
Por la tarde, Sbattella y la comitiva del Gafisud fueron al Congreso, donde oficialismo y oposición no terminan de acordar un proyecto de ley para prevenir el lavado de activos. Allí, mantuvieron reuniones con diputados que integran la comisión de Finanzas, como Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) y Carlos Heller (Nuevo Encuentro).
La visita del Gafisud al Congreso tuvo como objetivo apurar los procesos. Finanzas es una de las cuatro comisiones que deben emitir dictamen sobre el proyecto de ley antilavado y las opiniones están divididas.
Parte de la oposición, liderada por la Coalición Cívica, quiere tratar el tema junto con otros, quitarle al Ejecutivo la facultad de designar al presidente de la UIF y sacarle al organismo el poder de policía que le permite, entre otras cosas, ser querellante en juicios sobre la materia. “Sería desandar los avances que hemos conseguido en los últimos meses y gracias a los que evitamos una sanción del GAFI” en febrero último, dijo a El Cronista Sbattella.
El presidente de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), afirmó: “No existe la posibilidad de dictaminar de forma independiente sobre lavado, en la medida que no dictaminemos simultáneamente sobre corrupción, los cambios en el Código Procesal Penal en materia de delitos complejos y la evasión fiscal”.
La comisión que preside Vega estaría lista para sesionar en dos semanas, lo cual acortaría todavía más los tiempos del Ejecutivo para evitar una sanción del GAFI.
El organismo internacional había puesto a Argentina en una zona gris a fines de 2010 por no mostrar avances en materia de lavado de dinero. Después de una serie de resoluciones que dieron poder de policía a la UIF en distintas situaciones, el GAFI saludó el refuerzo en los controles, que obliga a bancos, casas de cambio, escribanos, contadores y otros organismos y sectores a reportar operaciones sospechosas. Pero exigió la ley.
Además, el proyecto de ley debe contar con la venia de las comisiones de Justicia y de Peticiones, poderes y reglamentos. Los legisladores y sus equipos técnicos buscan aunar posiciones para emitir un solo dictamen, votarlo en el recinto y pasar el proyecto con media sanción al Senado.
Hoy, la delegación del Gafisud visitará la UIF y se entrevistará con el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Luego, se reunirá con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
ESTEBAN RAFELE El cronista
Con apenas un mes de plazo para mostrar resultados, el Gobierno inició ayer la última cruzada en su intento de que el Congreso apruebe la ley para prevenir y penar el lavado de dinero que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no castigar a la Argentina en su próximo encuentro, que se realizará en mayo.
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, recibieron ayer a una delegación del Gafisud, la pata regional del grupo internacional, presidida por el paraguayo Benigno López Benítez. Los visitantes también mantuvieron contactos con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el superintendente de Seguros, Francisco Durañona, entre otros.
Por la tarde, Sbattella y la comitiva del Gafisud fueron al Congreso, donde oficialismo y oposición no terminan de acordar un proyecto de ley para prevenir el lavado de activos. Allí, mantuvieron reuniones con diputados que integran la comisión de Finanzas, como Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica) y Carlos Heller (Nuevo Encuentro).
La visita del Gafisud al Congreso tuvo como objetivo apurar los procesos. Finanzas es una de las cuatro comisiones que deben emitir dictamen sobre el proyecto de ley antilavado y las opiniones están divididas.
Parte de la oposición, liderada por la Coalición Cívica, quiere tratar el tema junto con otros, quitarle al Ejecutivo la facultad de designar al presidente de la UIF y sacarle al organismo el poder de policía que le permite, entre otras cosas, ser querellante en juicios sobre la materia. “Sería desandar los avances que hemos conseguido en los últimos meses y gracias a los que evitamos una sanción del GAFI” en febrero último, dijo a El Cronista Sbattella.
El presidente de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), afirmó: “No existe la posibilidad de dictaminar de forma independiente sobre lavado, en la medida que no dictaminemos simultáneamente sobre corrupción, los cambios en el Código Procesal Penal en materia de delitos complejos y la evasión fiscal”.
La comisión que preside Vega estaría lista para sesionar en dos semanas, lo cual acortaría todavía más los tiempos del Ejecutivo para evitar una sanción del GAFI.
El organismo internacional había puesto a Argentina en una zona gris a fines de 2010 por no mostrar avances en materia de lavado de dinero. Después de una serie de resoluciones que dieron poder de policía a la UIF en distintas situaciones, el GAFI saludó el refuerzo en los controles, que obliga a bancos, casas de cambio, escribanos, contadores y otros organismos y sectores a reportar operaciones sospechosas. Pero exigió la ley.
Además, el proyecto de ley debe contar con la venia de las comisiones de Justicia y de Peticiones, poderes y reglamentos. Los legisladores y sus equipos técnicos buscan aunar posiciones para emitir un solo dictamen, votarlo en el recinto y pasar el proyecto con media sanción al Senado.
Hoy, la delegación del Gafisud visitará la UIF y se entrevistará con el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Luego, se reunirá con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
ESTEBAN RAFELE El cronista
martes, 5 de abril de 2011
Qué trámites hay que completar para comprar un auto de lujo en Argentina
Cuando se compra un vehículo de valor inferior a $200 mil hay que realizar una declaración jurada, pero cuando el valor de la unidad supera ese monto, toma intervención la Unidad de Información Financiera
El Director Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, Miguel Ángel Gallardo, se refirió por Radio10 a los detalles del procedimiento para adquirir un automóvil de lujo.
Gallardo manifestó que en lo referido a vehículos de monto inferior a $200 mil, "lo único que hay que hacer es una declaración jurada, de que tienen un origen lícito los fondos, poniendo muy brevemente que los fondos viene de su actividad de trabajo o herencia, etcétera".
"A partir de los $200 mil, mediante una serie de medidas que nos ha indicado la UIF y que hemos instrumentado mediante a una disposición, por la cual una personas debe justificar los fondos mediante copia autenticada de la escritura que justifique de dónde vienen los fondos, certificación de escribano público, documentación bancaria que justifique la misma. Algo muy parecido a los inmuebles" refirió Gallardo.
Gallardo entendió que también pueden presentarse recibos de sueldo como documento de respaldo de la operación, "si el último año juntó todo ese dinero o cualquier otra documentación que respalde la operación".
"Es todo informático. Yo tengo todos los registros, que se derivan a una unidad informática de la UIF, en cumplimiento de la Ley 25.246 en cumplimiento de normas internacionales sobre lavado de dinero", expresó.
El Director Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, Miguel Ángel Gallardo, se refirió por Radio10 a los detalles del procedimiento para adquirir un automóvil de lujo.
Gallardo manifestó que en lo referido a vehículos de monto inferior a $200 mil, "lo único que hay que hacer es una declaración jurada, de que tienen un origen lícito los fondos, poniendo muy brevemente que los fondos viene de su actividad de trabajo o herencia, etcétera".
"A partir de los $200 mil, mediante una serie de medidas que nos ha indicado la UIF y que hemos instrumentado mediante a una disposición, por la cual una personas debe justificar los fondos mediante copia autenticada de la escritura que justifique de dónde vienen los fondos, certificación de escribano público, documentación bancaria que justifique la misma. Algo muy parecido a los inmuebles" refirió Gallardo.
Gallardo entendió que también pueden presentarse recibos de sueldo como documento de respaldo de la operación, "si el último año juntó todo ese dinero o cualquier otra documentación que respalde la operación".
"Es todo informático. Yo tengo todos los registros, que se derivan a una unidad informática de la UIF, en cumplimiento de la Ley 25.246 en cumplimiento de normas internacionales sobre lavado de dinero", expresó.
Cartel de Sinaloa lavo 378 millones de dolares en el Banco Wachovia
El cártel de Sinaloa lavó 378 mil millones de dólares a través de diferentes mecanismos en el banco estadunidense Wachovia, institución que fue sancionado con 110 millones de dólares por blanqueo de capitales y actividades relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por el diario The Guardian.
Wachovia incurrió en un “flagrante desprecio por nuestras leyes y de la banca internacional al dar a los cárteles de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", dijo al diario Jeffrey Sloman, fiscal federal estadunidense.
La multa total, impuesta en 2009, representó menos del 2 por ciento de las ganancias que obtuvo el banco ese año, de 12.3 mil millones de dólares.
La historia empezó a descubrirse luego de que el 10 de abril de 2006, el Ejército mexicano interceptara un avión DC-9 que aterrizó en la ciudad portuaria de ciudad del Carmen con 5.7 toneladas de cocaína. Al iniciar las investigaciones se descubrió que el avión había sido adquirido por el cártel de Sinaloa con apoyo de Wachovia.
Autoridades de EU pusieron bajo investigación al banco de inmediato y durante 22 meses fueron descubriendo que miles de millones de dólares habían sido lavados en transferencias bancarias, cheques de viaje y envíos de dinero a México a través de Wachovia
Fuente La Jornada
Wachovia incurrió en un “flagrante desprecio por nuestras leyes y de la banca internacional al dar a los cárteles de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", dijo al diario Jeffrey Sloman, fiscal federal estadunidense.
La multa total, impuesta en 2009, representó menos del 2 por ciento de las ganancias que obtuvo el banco ese año, de 12.3 mil millones de dólares.
La historia empezó a descubrirse luego de que el 10 de abril de 2006, el Ejército mexicano interceptara un avión DC-9 que aterrizó en la ciudad portuaria de ciudad del Carmen con 5.7 toneladas de cocaína. Al iniciar las investigaciones se descubrió que el avión había sido adquirido por el cártel de Sinaloa con apoyo de Wachovia.
Autoridades de EU pusieron bajo investigación al banco de inmediato y durante 22 meses fueron descubriendo que miles de millones de dólares habían sido lavados en transferencias bancarias, cheques de viaje y envíos de dinero a México a través de Wachovia
Fuente La Jornada
sábado, 2 de abril de 2011
Argentina:Prorrogan aplicación de normas antilavado de dinero
El Gobierno pisó el freno ayer con una medida que busca poner mayor control al lavado de dinero, pero que podría afectar el comercio exterior. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial se prorrogó por un mes una exigencia de la UIF a los exportadores e importadores.
A través de esas resoluciones, la UIF hizo lugar a las presentaciones que habían hecho las cámaras de Exportadores y la de Importadores. Las entidades -tal como había adelantado Clarín - habían realizado recursos administrativos buscando una prórroga a una resolucion del organismo de control de lavado de dinero que obligaba, a partir de ayer , a designar un director responsable de la información ligada al manejo de pagos y cobranzas. “Es toda una normativa incumplible, que arrancaba con esa designación, y que nos exigía que presentáramos una extensísima documentación sobre nuestros clientes y proveedores. Eso incluía desde balances a poderes de esas empresas extranjeras, todos traducidos y certificados: Se iba a frenar totalmente el comercio exterior , y los clientes iban a apelar a otros proveedores que no les exigieran tanto trámite”, dijeron los empresarios.
La UIF busca acelerar normas antilavado ante la presión del organismo multilateral que entiende en el tema, el GAFI. Pero su avance habría provocado incluso malestar dentro de la propia administración: algunas fuentes aseguran que en la AFIP hay enojo por lo que interpretan es inmiscuirse en su área.
Los empresarios quedaron con la UIF en trabajar la semana próxima en una nueva redacción de las normas , que se ajustes a los requerimientos internacionales, pero también a los tiempos del comercio exterior local.
A través de esas resoluciones, la UIF hizo lugar a las presentaciones que habían hecho las cámaras de Exportadores y la de Importadores. Las entidades -tal como había adelantado Clarín - habían realizado recursos administrativos buscando una prórroga a una resolucion del organismo de control de lavado de dinero que obligaba, a partir de ayer , a designar un director responsable de la información ligada al manejo de pagos y cobranzas. “Es toda una normativa incumplible, que arrancaba con esa designación, y que nos exigía que presentáramos una extensísima documentación sobre nuestros clientes y proveedores. Eso incluía desde balances a poderes de esas empresas extranjeras, todos traducidos y certificados: Se iba a frenar totalmente el comercio exterior , y los clientes iban a apelar a otros proveedores que no les exigieran tanto trámite”, dijeron los empresarios.
La UIF busca acelerar normas antilavado ante la presión del organismo multilateral que entiende en el tema, el GAFI. Pero su avance habría provocado incluso malestar dentro de la propia administración: algunas fuentes aseguran que en la AFIP hay enojo por lo que interpretan es inmiscuirse en su área.
Los empresarios quedaron con la UIF en trabajar la semana próxima en una nueva redacción de las normas , que se ajustes a los requerimientos internacionales, pero también a los tiempos del comercio exterior local.
viernes, 1 de abril de 2011
Argentina: La Unidad de Informacion Financiera implemento el reporte de operaciones on line
Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) / Información General Sistema de Reporte de Operaciones intenta hacer más eficiente el proceso de informe de operaciones por parte de los Sujetos Obligados. Abarca tanto la carga del Reporte Sistemático Mensual (RSM), como la carga de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y del Reporte de actividad sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT). REPORTE de OPERACION SOSPECHOSA (ROS) y REPORTE de actividad sospechosa de FINANCIACION del TERRORISMO (RFT) Todos los sujetos obligados deberán efectuar los ROS y los RFT con este sistema a partir del 1 de abril de 2011. Para ello y como paso previo todos deberán registrarse vía Internet. Para el caso de los Escribanos, Juegos de Azar y Remisores de Fondos deberán registrarse nuevamente. REPORTE SISTEMATICO MENSUAL Hasta la fecha los únicos que deben reportar sistemáticamente son los siguientes sujetos obligados y a partir de la fecha que en cada caso se indica: Desde el 1 de abril de 2011 Escribanos Juegos de Azar Remisores de Fondos Desde el 2 de mayo de 2011 Personas Jurídicas que reciben Donaciones Profesionales en Ciencias Económicas Obras de Arte, Antigüedades, Bienes suntuarios, Inversión Filatélica, Numismática, Joyas, etc. Desde el 1 de junio de 2011 Transportadora de Caudales Sociedades que realizan Operaciones de Capitalización y Ahorro Sector Seguros Desde el 1 de julio de 2011 Registros Públicos de Comercio y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas Registro de la Propiedad Inmueble Desde el 1 de octubre de 2011 Registros Automotor y Registros Prendarios Desde el 3 de octubre de 2011 Sector Financiero, Entidades Financieras y Cambiarias Mercado de Capitales Tarjetas de Crédito y Cheques viajero
Argentina: Los operadores de comercio exterior presentaron recurso de amparo para la norma de la Unidad de Informacion Financiera
Los operadores del comercio exterior presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma que comienza a regir mañana
Exportadores e importadores presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma de control de lavado de dinero que empieza a regir este viernes. Se trata de una nueva norma que obliga a los operadores del comercio exterior a pedir amplia información a sus clientes y proveedores del exterior.
"Esto traba el comercio exterior y ningún país del mundo lo reclama", se quejaron los operadores al matutino Clarín.
El tema llegó incluso al debate dentro , el martes pasado. Pero es en las cámaras de Importadores y Exportadores donde tomó mayor volumen.
"Son medidas inaplicables", coincidieron desde el Consejo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y desde las cámaras de Importadores y Exportadores.
De acuerdo a la resolución 39 de la Unidad de Información Financiera (UIF) los operadores deberían pedir a cada cliente o proveedor balances, actas de directorio, números de inscripción impositiva, listado de accionistas que superen el 20% de la propiedad, y otros datos.
"Si yo pido todo eso, le compran a otro proveedor, aún de países que cumplen con el GAFI, como los Estados Unidos o México, que no tienen esos requisitos", señalo al matutino Enrique Matilla, de la Cámara de Exportadores.
"Trasladaron a los empresarios controles que debería hacer el Estado , que es quien tiene el poder de policía y la información", agregó a Clarín Diego Pérez Santiesteban, de la Cámara de Importadores.
Exportadores e importadores presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma de control de lavado de dinero que empieza a regir este viernes. Se trata de una nueva norma que obliga a los operadores del comercio exterior a pedir amplia información a sus clientes y proveedores del exterior.
"Esto traba el comercio exterior y ningún país del mundo lo reclama", se quejaron los operadores al matutino Clarín.
El tema llegó incluso al debate dentro , el martes pasado. Pero es en las cámaras de Importadores y Exportadores donde tomó mayor volumen.
"Son medidas inaplicables", coincidieron desde el Consejo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y desde las cámaras de Importadores y Exportadores.
De acuerdo a la resolución 39 de la Unidad de Información Financiera (UIF) los operadores deberían pedir a cada cliente o proveedor balances, actas de directorio, números de inscripción impositiva, listado de accionistas que superen el 20% de la propiedad, y otros datos.
"Si yo pido todo eso, le compran a otro proveedor, aún de países que cumplen con el GAFI, como los Estados Unidos o México, que no tienen esos requisitos", señalo al matutino Enrique Matilla, de la Cámara de Exportadores.
"Trasladaron a los empresarios controles que debería hacer el Estado , que es quien tiene el poder de policía y la información", agregó a Clarín Diego Pérez Santiesteban, de la Cámara de Importadores.
La justicia federal argentina investiga a Moyano por la causa suiza
Como consecuencia del exhorto que llegó de Suiza a principios de marzo, la justicia argentina abrió esta semana su propia investigación para determinar si el líder de la CGT, Hugo Moyano, la empresa Covelia o personas vinculadas a ellos cometieron el delito de lavado de dinero.
El expediente está radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo, que ya ordenó las primeras medidas de prueba. Fuentes judiciales dijeron a La Nación que pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris. La UIF, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, recibe informes de bancos y otras entidades sobre movimientos que podrían esconder maniobras de lavado de dinero.
Lijo pidió también los datos en poder de la Dirección de Personas Jurídicas sobre la constitución de Covelia y solicitó que se revisara el resto de las causas del fuero federal para averiguar si hay alguna vinculada a esta nueva investigación. Lo dispuso ayer sobre la base de una presentación del martes pasado del fiscal federal Gerardo Pollicita, que solicitó esas diligencias como "medidas previas" a un posible requerimiento de instrucción. El fiscal definitivo de la causa será Carlos Rívolo, que está de licencia hasta el lunes que viene. Pollicita pidió también una copia del expediente que abrió el juez Norberto Oyarbide para responder la solicitud de colaboración de Suiza. Allí está agregado el exhorto que enfureció a Moyano y lo llevó a amenazar con un paro nacional.
Ese documento, que llegó de Ginebra, informa que se bloqueó una cuenta de US$ 1.874.806,30 a nombre de Covelia porque se sospecha que recibió fondos de origen ilícito, provenientes de supuestos negocios espurios en los que podrían estar implicados Hugo Moyano y su familia. Para determinar si eso es cierto, los suizos pidieron ayuda a la Argentina.
El expediente en poder de Lijo se inició por una denuncia del 22 de marzo pasado del abogado Ricardo Monner Sans, que fue citado por el juez, ese mismo día, a ratificarla. El abogado afirmó que Suiza investiga los delitos de blanqueo de dinero, actos de corrupción de funcionario público y participación o apoyo a una organización criminal, y entendió que la justicia argentina, sabiendo esto, debía abrir su propia causa.
Los abogados de Covelia están al tanto de la nueva investigación: esta semana se presentaron en el expediente, según informó un funcionario que trabaja en el caso.
En paralelo, Oyarbide espera una respuesta de Suiza antes de empezar a trabajar en el pedido de colaboración. El juez solicitó a Ginebra la transcripción de la norma legal que fundamenta el exhorto y copia de los artículos periodísticos a los que hace referencia.
El pedido diplomático dice, por ejemplo, que Covelia se creó en 1999, pero que "su crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano", y que "según artículos de prensa, la atribución de contratos públicos a Covelia sería el resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción". Con fundamento en referencias como ésta, Moyano sostuvo que el exhorto era una "persecución mediática".
Pero la justicia helvética advirtió, además, que había realizado un primer análisis de la cuenta y había descubierto "varios importes de origen sospechoso". Mencionó, en concreto, dos operaciones: un depósito de 88.076 dólares y otro de 49.800, y sostuvo que podrían tener un vínculo con personas políticamente expuestas en la Argentina.
El segundo -dice el exhorto- podría proceder de Luis María Corsiglia, ex director del Banco Central a quien los suizos se refieren, por error, como su titular. Cuando hablan de él (que negó a La Nacion cualquier vínculo con Covelia), mencionan una vez más a Moyano. "Este [Corsiglia] habría sido nombrado a la cabeza del Banco Central por Kirchner, ex presidente argentino y aliado próximo de Hugo Moyano", afirma el exhorto.
El documento dice también que la cuenta bloqueada podría haber recibido dinero de "una organización criminal activa en el ámbito del tráfico de medicamentos falsificados".
El líder de la CGT es investigado hoy por tres jueces: Oyarbide, Lijo y Claudio Bonadio.
Oyarbide y Bonadio lo investigan en causas ligadas a la mafia de los medicamentos. Moyano controla, desde hace más de 20 años, la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Un peritaje ordenado por la Justicia detectó centenares de troqueles apócrifos que habían sido presentados por esta entidad ante la Administración de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud, para obtener el reintegro del precio de remedios que no se sabe si existieron.
Además, Bonadio investiga una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que acusó a Moyano del delito de administración infiel. Ocaña presentó a la Justicia un detallado informe sobre varias empresas que figuran a nombre de familiares de Moyano, y pidió que se investigaran sus contratos con el gremio de camioneros, la mutual y la obra social.
LAS CAUSAS
• Medicamentos : Oyarbide y su colega Bonadio investigan a Hugo Moyano por el supuesto cobro de reintegros indebidos por parte del Estado, por la compra de costosos medicamentos oncológicos. En el caso se detectaron unos 300 troqueles de un remedio apócrifo.
• La pista suiza : Oyarbide recibió un pedido de ayuda de la justicia de Suiza para que les informe las causas que tienen Moyano y sus familiares aquí. Los suizos investigan si hubo lavado de dinero.
• Administración infiel : Bonadio tramita una denuncia de Graciela Ocaña, que acusa a Moyano de haber cometido ese delito al contratar empresas de su familia.
La nacion Paz Rodríguez Niell
El expediente está radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo, que ya ordenó las primeras medidas de prueba. Fuentes judiciales dijeron a La Nación que pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris. La UIF, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, recibe informes de bancos y otras entidades sobre movimientos que podrían esconder maniobras de lavado de dinero.
Lijo pidió también los datos en poder de la Dirección de Personas Jurídicas sobre la constitución de Covelia y solicitó que se revisara el resto de las causas del fuero federal para averiguar si hay alguna vinculada a esta nueva investigación. Lo dispuso ayer sobre la base de una presentación del martes pasado del fiscal federal Gerardo Pollicita, que solicitó esas diligencias como "medidas previas" a un posible requerimiento de instrucción. El fiscal definitivo de la causa será Carlos Rívolo, que está de licencia hasta el lunes que viene. Pollicita pidió también una copia del expediente que abrió el juez Norberto Oyarbide para responder la solicitud de colaboración de Suiza. Allí está agregado el exhorto que enfureció a Moyano y lo llevó a amenazar con un paro nacional.
Ese documento, que llegó de Ginebra, informa que se bloqueó una cuenta de US$ 1.874.806,30 a nombre de Covelia porque se sospecha que recibió fondos de origen ilícito, provenientes de supuestos negocios espurios en los que podrían estar implicados Hugo Moyano y su familia. Para determinar si eso es cierto, los suizos pidieron ayuda a la Argentina.
El expediente en poder de Lijo se inició por una denuncia del 22 de marzo pasado del abogado Ricardo Monner Sans, que fue citado por el juez, ese mismo día, a ratificarla. El abogado afirmó que Suiza investiga los delitos de blanqueo de dinero, actos de corrupción de funcionario público y participación o apoyo a una organización criminal, y entendió que la justicia argentina, sabiendo esto, debía abrir su propia causa.
Los abogados de Covelia están al tanto de la nueva investigación: esta semana se presentaron en el expediente, según informó un funcionario que trabaja en el caso.
En paralelo, Oyarbide espera una respuesta de Suiza antes de empezar a trabajar en el pedido de colaboración. El juez solicitó a Ginebra la transcripción de la norma legal que fundamenta el exhorto y copia de los artículos periodísticos a los que hace referencia.
El pedido diplomático dice, por ejemplo, que Covelia se creó en 1999, pero que "su crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano", y que "según artículos de prensa, la atribución de contratos públicos a Covelia sería el resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción". Con fundamento en referencias como ésta, Moyano sostuvo que el exhorto era una "persecución mediática".
Pero la justicia helvética advirtió, además, que había realizado un primer análisis de la cuenta y había descubierto "varios importes de origen sospechoso". Mencionó, en concreto, dos operaciones: un depósito de 88.076 dólares y otro de 49.800, y sostuvo que podrían tener un vínculo con personas políticamente expuestas en la Argentina.
El segundo -dice el exhorto- podría proceder de Luis María Corsiglia, ex director del Banco Central a quien los suizos se refieren, por error, como su titular. Cuando hablan de él (que negó a La Nacion cualquier vínculo con Covelia), mencionan una vez más a Moyano. "Este [Corsiglia] habría sido nombrado a la cabeza del Banco Central por Kirchner, ex presidente argentino y aliado próximo de Hugo Moyano", afirma el exhorto.
El documento dice también que la cuenta bloqueada podría haber recibido dinero de "una organización criminal activa en el ámbito del tráfico de medicamentos falsificados".
El líder de la CGT es investigado hoy por tres jueces: Oyarbide, Lijo y Claudio Bonadio.
Oyarbide y Bonadio lo investigan en causas ligadas a la mafia de los medicamentos. Moyano controla, desde hace más de 20 años, la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Un peritaje ordenado por la Justicia detectó centenares de troqueles apócrifos que habían sido presentados por esta entidad ante la Administración de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud, para obtener el reintegro del precio de remedios que no se sabe si existieron.
Además, Bonadio investiga una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que acusó a Moyano del delito de administración infiel. Ocaña presentó a la Justicia un detallado informe sobre varias empresas que figuran a nombre de familiares de Moyano, y pidió que se investigaran sus contratos con el gremio de camioneros, la mutual y la obra social.
LAS CAUSAS
• Medicamentos : Oyarbide y su colega Bonadio investigan a Hugo Moyano por el supuesto cobro de reintegros indebidos por parte del Estado, por la compra de costosos medicamentos oncológicos. En el caso se detectaron unos 300 troqueles de un remedio apócrifo.
• La pista suiza : Oyarbide recibió un pedido de ayuda de la justicia de Suiza para que les informe las causas que tienen Moyano y sus familiares aquí. Los suizos investigan si hubo lavado de dinero.
• Administración infiel : Bonadio tramita una denuncia de Graciela Ocaña, que acusa a Moyano de haber cometido ese delito al contratar empresas de su familia.
La nacion Paz Rodríguez Niell
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