Un informe elaborado por el doctor Leonardo Costa señala que el 90% de los casos de lavado de dinero en Uruguay se realizan a través del sector inmobiliario por lo cual los operadores deben de tomar una serie de medidas para evitar verse implicados en una situación que es penada severamente por la ley.
El informe al respecto fue publicado en la revista "Ciudades", publicación de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.
Según el informe las transacciones inmobiliarias son atractivas para los lavadores. Las cifras demuestran eso claramente, en el 90% de los casos de lavado detectados en Uruguay existieron transacciones que involucran el sector.
A modo de ejemplo, en la denominada "Operación Campanita", mediante la cual se desbarató una organización colombiana dedicada al narcotráfico, se detectaron maniobras de compraventa de edificios en Montevideo y Punta del Este, transacciones bancarias con hipotecas cruzadas, etc. realizadas con dinero proveniente del narcotráfico.
Otros casos han incluido la compraventa de campos en el interior del país, e inmuebles de alto valor en Montevideo.
Las características del sector, que al día de hoy presenta un nivel de control relativamente bajo, y que permite realizar transacciones por montos elevados, son los principales motivos que atraen a los lavadores.
Costa participó de la redacción de la ley 18.494, conocida como ley antilavado.
En la misma se establece que designó como sujetos obligados a las "inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles" a participar de los controles. Además, se designó también a los escribanos cuando llevan a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles.
La expresión "otros intermediarios" comprende a los promotores de negocios inmobiliarios, sin importar la forma jurídica que estos adopten; así como a los fiduciarios y fundadores y directores de sociedades dedicadas a esa actividad.
La ley que mencionamos obliga a los sujetos designados a informar las transacciones realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada.
También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.
Situación regional
Costa indica en su informe que "si bien actualmente no existe un alto nivel de regulación de la actividad inmobiliaria en lo que respecta a prevención de lavado de activos, la tendencia va en ese sentido´´.
Algunos países han implementado sistemas de registración de agentes (a modo de ejemplo: Brasil y México), a través de los cuales llevan un control de quienes participan en la actividad.
Otros de los aspectos que se han regulado son los relativos a la exigencia de procesos de debida diligencia de clientes, monitoreo y reporte de transacciones.
La mayoría de los países de Latinoamérica han adoptado medias en ese sentido. Las regulaciones además de incluir a quienes realizan transacciones con inmuebles entre los sujetos obligados, imponen a éstos obligaciones específicas para prevenirse a ser utilizados para el lavado de activos.
Un sector atractivo
En sus conclusiones a los empresarios del sector, Leonardo Costa señala que sector inmobiliario se ha constituido en uno de los más vulnerables y atractivos para los lavadores de dinero. Debido a ello se ha comenzado un proceso de regulación del mismo, tendiente a evitar que sea utilizado con fines ilícitos.
"Para prevenir eficazmente el lavado de activos, consideramos necesaria la implementación de sistemas de prevención basados en riesgo. De esa forma sería posible concentrar esfuerzos en áreas críticas, y así mitigar los mayores riesgos que presenta el sector´´ agrega.
Dichos sistemas deben contar a su vez con procesos de debida diligencia de clientes, políticas respecto al personal involucrado en la actividad, monitoreo de transacciones, y reporte de las transacciones que resulten inusuales o sospechosas.
LA REPUBLICA
viernes, 28 de enero de 2011
jueves, 27 de enero de 2011
ARGENTINA:La UIF le apunta al mercado del arte
Las galerías de arte, los marchands, quienes vendan habitualmente piezas de filatelia, numismática, antigüedades o quienes se dediquen a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas deberán presentar informes sobre las actividades de sus clientes habituales u ocasionales para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF), en una nueva resolución que muestra la urgencia del Gobierno por evitar las sanciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), entidad que acusa al país de haber incumplido hasta hace poco la casi totalidad de las normas internacionales en la materia.
La nueva resolución de la UIF, que preside José Sbatella, se suma a otra de esta misma semana que dispuso ampliar los controles hasta límites tan bajos como operaciones de $ 5000 con tarjeta de crédito.
Ahora, la resolución 28/2011, que apareció ayer en el Boletín Oficial, dispone que, ante una operación de $ 50.000 (casi el valor de los autos más baratos que se venden en el país) o más o de varias vinculadas que superen ese monto, que parece muy bajo para muchas de las piezas que quedan involucradas, los "sujetos obligados" deberán recopilar una enorme cantidad de información del comprador.
Los "sujetos obligados" no son otros que las "personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas". Y las obligaciones que se les imponen son enormes, deberán capacitar a su personal en temas de lavado de activos y financiación de terrorismo, actualizarse permanentemente sobre los países declarados como peligrosos en la materia por el GAFI, designar un "oficial de cumplimiento" confeccionar un manual interno de procedimientos contra el lavado, tener "registro escrito del análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas".
Además, se los obliga casi a hacer inteligencia sobre los clientes. Por ejemplo, deberán confeccionar un legajo de identificación de cada cliente, donde conste la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución, así como toda información intercambiada con éste, debiendo reflejar permanentemente el perfil del cliente". Y en algunas operaciones hasta deberán conseguir declaraciones juradas acerca del origen de los fondos.
Por ejemplo, deberán recabar, de manera fehaciente, como mínimo, en el caso de personas físicas que efectúen operaciones por un monto superior a los $ 50.000, ya sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí, la siguiente información:
a) Nombre y apellido completo.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Estado civil.
f) Número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original.
g) CUIL (clave única de identificación laboral), CUIT (clave única de identificación tributaria) o CDI (clave de identificación).
h) Domicilio real (calle, localidad, provincia y código postal).
i) N° de teléfono y dirección de correo electrónico.
j) Profesión, oficio, industria, comercio, etc., que constituya su actividad principal, indicando expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente.
k) Cuando las transacciones superen los $ 200.000 se requerirá declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. Si superan los $ 500.000 adicionalmente se requerirá la correspondiente documentación respaldatoria para establecer el origen de los fondos.
Más celo con empresas
Además, cuando se trate de una persona jurídica, se deberá adicionar a lo anteriormente expuesto:
h) Actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma.
i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados que operen en la entidad en nombre y representación de la persona jurídica.
j) Copia certificada del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo de Ciencias Económicas que corresponda, actualizados anualmente.
Además, deberán mantener actualizado un perfil del cliente y reportar todo aquello que se aparte de él. La información de todo lo hecho por el cliente e incluso los datos de sus consultas deberán ser conservados durante diez años y los marchands, galerías de arte y demás obligados no podrán subcontratar estas tareas; se les prohíbe delegarla en terceros.
Obligados a hacer inteligencia, los galeristas deberán hasta investigar si una empresa no es en realidad de un testaferro y averiguar quién es su verdadero dueño y reportarlo a la UIF. Se les exige "prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones".
lA NACION Jorge Oviedo
Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF), en una nueva resolución que muestra la urgencia del Gobierno por evitar las sanciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), entidad que acusa al país de haber incumplido hasta hace poco la casi totalidad de las normas internacionales en la materia.
La nueva resolución de la UIF, que preside José Sbatella, se suma a otra de esta misma semana que dispuso ampliar los controles hasta límites tan bajos como operaciones de $ 5000 con tarjeta de crédito.
Ahora, la resolución 28/2011, que apareció ayer en el Boletín Oficial, dispone que, ante una operación de $ 50.000 (casi el valor de los autos más baratos que se venden en el país) o más o de varias vinculadas que superen ese monto, que parece muy bajo para muchas de las piezas que quedan involucradas, los "sujetos obligados" deberán recopilar una enorme cantidad de información del comprador.
Los "sujetos obligados" no son otros que las "personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas". Y las obligaciones que se les imponen son enormes, deberán capacitar a su personal en temas de lavado de activos y financiación de terrorismo, actualizarse permanentemente sobre los países declarados como peligrosos en la materia por el GAFI, designar un "oficial de cumplimiento" confeccionar un manual interno de procedimientos contra el lavado, tener "registro escrito del análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas".
Además, se los obliga casi a hacer inteligencia sobre los clientes. Por ejemplo, deberán confeccionar un legajo de identificación de cada cliente, donde conste la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución, así como toda información intercambiada con éste, debiendo reflejar permanentemente el perfil del cliente". Y en algunas operaciones hasta deberán conseguir declaraciones juradas acerca del origen de los fondos.
Por ejemplo, deberán recabar, de manera fehaciente, como mínimo, en el caso de personas físicas que efectúen operaciones por un monto superior a los $ 50.000, ya sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí, la siguiente información:
a) Nombre y apellido completo.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Estado civil.
f) Número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original.
g) CUIL (clave única de identificación laboral), CUIT (clave única de identificación tributaria) o CDI (clave de identificación).
h) Domicilio real (calle, localidad, provincia y código postal).
i) N° de teléfono y dirección de correo electrónico.
j) Profesión, oficio, industria, comercio, etc., que constituya su actividad principal, indicando expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente.
k) Cuando las transacciones superen los $ 200.000 se requerirá declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. Si superan los $ 500.000 adicionalmente se requerirá la correspondiente documentación respaldatoria para establecer el origen de los fondos.
Más celo con empresas
Además, cuando se trate de una persona jurídica, se deberá adicionar a lo anteriormente expuesto:
h) Actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma.
i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados que operen en la entidad en nombre y representación de la persona jurídica.
j) Copia certificada del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo de Ciencias Económicas que corresponda, actualizados anualmente.
Además, deberán mantener actualizado un perfil del cliente y reportar todo aquello que se aparte de él. La información de todo lo hecho por el cliente e incluso los datos de sus consultas deberán ser conservados durante diez años y los marchands, galerías de arte y demás obligados no podrán subcontratar estas tareas; se les prohíbe delegarla en terceros.
Obligados a hacer inteligencia, los galeristas deberán hasta investigar si una empresa no es en realidad de un testaferro y averiguar quién es su verdadero dueño y reportarlo a la UIF. Se les exige "prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones".
lA NACION Jorge Oviedo
martes, 25 de enero de 2011
ARGENTINA: Se regulara la emision de tarjetas de credito y cheques de viajero
El Estado nacional regulará desde hoy la emisión de cheques de viajero y tarjetas de crédito. La medida fue dictada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y publicada ayer en el Boletín Oficial. Es la primera vez que en el país este tipo de instrumentos tienen un seguimiento judicial con el objetivo de identificar maniobras fraudulentas orientadas al lavado de dinero y el narcotráfico, señalaron a este diario fuentes de la entidad reguladora. La iniciativa establece a los emisores de los cheques de viajeros y a los operaciones de tarjetas de crédito como “sujetos obligados” a detectar y reportar casos en que registren alguna transacción que consideren sospechosa. Para ello, la resolución definió una serie de circunstancias que deberían encender luces de alerta sobre operaciones con escasa transparencia.
Luego de que fueran alcanzados los principales focos de lavado de dinero en el país, como las remesadoras, los bancos, joyerías y locales de compraventa de antigüedades y empresas de reparto de caudales, la entidad que conduce José Sbattella comenzó a hilar más fino. Ahora apunta a las tarjetas de crédito y los cheques de viajero. Si bien su uso con fines delictivos no está extendido en el país, es uno de los principales canales en el mundo. La posibilidad de emitir tarjetas con valor monetario, de libre circulación y con poder cancelatorio, convierte a este instrumento en un foco a tener en cuenta. Lo mismo sucede con los cheques de viajero o de remesas.
Las tarjetas prepagas no son consideradas instrumentos monetarios, por lo que escapan a la norma de declarar montos superiores a los impuestos por la legislación aduanera para que se transporte en efectivo. Se estima que ese dinero ilegal proviene habitualmente de actividades vinculadas con el narcotráfico y la trata de personas.
La UIF estableció entonces las medidas y procedimientos que las empresas operadoras de tarjetas de crédito o de compra y las emisoras de cheques de viajero deberán observar. La resolución enumera una serie de circunstancias –a título enunciativo– que las entidades deberán tener en cuenta. Estos sujetos deberán reportar montos de las operaciones que no guarden relación con los precedentes, que sean inusualmente elevados o que involucren transacciones con “paraísos fiscales”. También deberán informar en el caso de una alta concentración de compras de un usuario en un establecimiento, clientes que se nieguen a proporcionar datos o documentos por la transacción, cuando se presenten indicios sobre el origen ilegal de los fondos, entre otros.
Además, existen algunas acciones que la UIF reconoce como indicios de un comportamiento sospechoso: solicitudes permanentes de elevar el límite de compra mensual, extracciones en efectivo por caja o cajero que realicen con tarjetas prepagas por un monto superior al 20 por ciento del saldo, pedido de extensiones a personas sin vínculo aparente, apertura de múltiples cuentas, donaciones frecuentes o cambios repentinos en su estilo de vida.
Los sujetos obligados deberán presentar varios reportes de acuerdo con los tiempos establecidos en la resolución. En el caso de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero, tienen hasta 30 días desde la transacción; por Financiación del Terrorismo, hasta 48 días; y los reportes sistémicos se elevarán antes de los 15 días. La norma prevé que las empresas emisoras de los plásticos designen a un oficial de cumplimiento, que será el responsable de “velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por esta resolución”. También obliga a las firmas a confeccionar un Manual de Procedimiento, que deberá contar con las políticas coordinadas de control y prevención para las áreas operativas.
Luego de que fueran alcanzados los principales focos de lavado de dinero en el país, como las remesadoras, los bancos, joyerías y locales de compraventa de antigüedades y empresas de reparto de caudales, la entidad que conduce José Sbattella comenzó a hilar más fino. Ahora apunta a las tarjetas de crédito y los cheques de viajero. Si bien su uso con fines delictivos no está extendido en el país, es uno de los principales canales en el mundo. La posibilidad de emitir tarjetas con valor monetario, de libre circulación y con poder cancelatorio, convierte a este instrumento en un foco a tener en cuenta. Lo mismo sucede con los cheques de viajero o de remesas.
Las tarjetas prepagas no son consideradas instrumentos monetarios, por lo que escapan a la norma de declarar montos superiores a los impuestos por la legislación aduanera para que se transporte en efectivo. Se estima que ese dinero ilegal proviene habitualmente de actividades vinculadas con el narcotráfico y la trata de personas.
La UIF estableció entonces las medidas y procedimientos que las empresas operadoras de tarjetas de crédito o de compra y las emisoras de cheques de viajero deberán observar. La resolución enumera una serie de circunstancias –a título enunciativo– que las entidades deberán tener en cuenta. Estos sujetos deberán reportar montos de las operaciones que no guarden relación con los precedentes, que sean inusualmente elevados o que involucren transacciones con “paraísos fiscales”. También deberán informar en el caso de una alta concentración de compras de un usuario en un establecimiento, clientes que se nieguen a proporcionar datos o documentos por la transacción, cuando se presenten indicios sobre el origen ilegal de los fondos, entre otros.
Además, existen algunas acciones que la UIF reconoce como indicios de un comportamiento sospechoso: solicitudes permanentes de elevar el límite de compra mensual, extracciones en efectivo por caja o cajero que realicen con tarjetas prepagas por un monto superior al 20 por ciento del saldo, pedido de extensiones a personas sin vínculo aparente, apertura de múltiples cuentas, donaciones frecuentes o cambios repentinos en su estilo de vida.
Los sujetos obligados deberán presentar varios reportes de acuerdo con los tiempos establecidos en la resolución. En el caso de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero, tienen hasta 30 días desde la transacción; por Financiación del Terrorismo, hasta 48 días; y los reportes sistémicos se elevarán antes de los 15 días. La norma prevé que las empresas emisoras de los plásticos designen a un oficial de cumplimiento, que será el responsable de “velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por esta resolución”. También obliga a las firmas a confeccionar un Manual de Procedimiento, que deberá contar con las políticas coordinadas de control y prevención para las áreas operativas.
pagina12
sábado, 22 de enero de 2011
ARGENTINA:Contadores se oponen a la obligación de denunciar maniobras de lavado de dinero
Una normativa los conmina a denunciar a la UIF operaciones ilícitas detectadas en las declaraciones juradas de los clientes. “Es de difícil cumplimiento”, sostienen desde la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas
Así lo expresó la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas que, a través de su secretario, Guillermo Fernández, señaló que esta resolución "es de difícil cumplimiento en lo inmediato". Fernández sostuvo que "con esta medida se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que estos profesionales cumplen una función de asesoramiento y las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes".
La Resolución 2511, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. A diferencia de las obligaciones preexistentes para los profesionales de ciencias económicas, en esta ocasión, se incorpora la obligación de denunciar presuntas maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo cuando el sujeto a informar se trate de una persona física.
La Resolución, que lleva la firma del presidente de la UIF, José Sbattella, alcanza a las personas físicas que posean un activo superior a los tres millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables auditados.
En esta avanzada contra eventuales maniobras de lavado de dinero se pondrán en marcha medidas de prevención que prevén la elaboración de un manual con mecanismos y procedimientos, a cargo de los consejos profesionales. Además, la política de conocimiento del cliente debe incluir criterios, medidas y procedimientos que contemplen al menos un análisis de las variaciones de las operaciones realizadas en relación con la información obtenida en oportunidad anteriores, la determinación del perfil transaccional y la identificación de operaciones que se apartan del perfil transaccional de cada cliente.
Fernández cuestionó la "incorporación de los profesionales independientes en una tarea que hasta el momento llevaban adelante los auditores y síndicos", a la vez que consideró que "en todo caso, vendría bien que se extendiera a otras profesiones para darle mayor equidad".
Por su parte, el especialista en Impuestos y legales de la consultora BDO, Alberto Mastandrea, explicó que "los profesionales de ciencias económicas ya se encontraban obligados a informar a la UIF, pero dicha exigencia se circunscribía sólo en la medida que actúen en su carácter de auditor externo o de síndicos societario".
"Con la incorporación del nuevo supuesto (preparación de las declaraciones juradas de impuestos a ciertas personas físicas) no sólo se abre el abanico de operaciones a analizar por parte del profesional actuante, sino además la UIF intenta perfeccionar y profundizar la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo", señaló Mastandrea.
INFOBAE
Así lo expresó la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas que, a través de su secretario, Guillermo Fernández, señaló que esta resolución "es de difícil cumplimiento en lo inmediato". Fernández sostuvo que "con esta medida se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que estos profesionales cumplen una función de asesoramiento y las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes".
La Resolución 2511, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. A diferencia de las obligaciones preexistentes para los profesionales de ciencias económicas, en esta ocasión, se incorpora la obligación de denunciar presuntas maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo cuando el sujeto a informar se trate de una persona física.
La Resolución, que lleva la firma del presidente de la UIF, José Sbattella, alcanza a las personas físicas que posean un activo superior a los tres millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables auditados.
En esta avanzada contra eventuales maniobras de lavado de dinero se pondrán en marcha medidas de prevención que prevén la elaboración de un manual con mecanismos y procedimientos, a cargo de los consejos profesionales. Además, la política de conocimiento del cliente debe incluir criterios, medidas y procedimientos que contemplen al menos un análisis de las variaciones de las operaciones realizadas en relación con la información obtenida en oportunidad anteriores, la determinación del perfil transaccional y la identificación de operaciones que se apartan del perfil transaccional de cada cliente.
Fernández cuestionó la "incorporación de los profesionales independientes en una tarea que hasta el momento llevaban adelante los auditores y síndicos", a la vez que consideró que "en todo caso, vendría bien que se extendiera a otras profesiones para darle mayor equidad".
Por su parte, el especialista en Impuestos y legales de la consultora BDO, Alberto Mastandrea, explicó que "los profesionales de ciencias económicas ya se encontraban obligados a informar a la UIF, pero dicha exigencia se circunscribía sólo en la medida que actúen en su carácter de auditor externo o de síndicos societario".
"Con la incorporación del nuevo supuesto (preparación de las declaraciones juradas de impuestos a ciertas personas físicas) no sólo se abre el abanico de operaciones a analizar por parte del profesional actuante, sino además la UIF intenta perfeccionar y profundizar la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo", señaló Mastandrea.
INFOBAE
martes, 18 de enero de 2011
ARGENTINA; La UIF modifico la reglamentacion que debe cumplir el Banco Central por prevencion de lavado de dinero y financiacion del terrorismo
La Unidad de Información Financiera reglamentó las medidas que deberán observar la entidad financiera para detectar y reportar operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
A través de la resolución 12/2011, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de José Sbattella, reglamentó los plazos que tendrá el Central para informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Así, según la normativa, los topes máximos serán los siguientes:
• Para los hechos u operaciones sospechosas provenientes del Lavado de Activos será de 30 días a partir de la detección de la operación.
• Para reportar hechos u operaciones sospechosas provenientes de la Financiación del Terrorismo será de 48 horas a partir de la detección de la operación, habilitándose días y horas inhábiles a tal efecto.
Las nuevas medidas tienen por objeto evitar que las entidades mantengan relaciones comerciales con clientes cuando detecten irregularidades en la aplicación de las políticas de identificación, recabar información sobre operaciones sospechosas y regular las medidas que deberán adoptar las entidades sobre la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otras.
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
A través de la resolución 12/2011, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de José Sbattella, reglamentó los plazos que tendrá el Central para informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Así, según la normativa, los topes máximos serán los siguientes:
• Para los hechos u operaciones sospechosas provenientes del Lavado de Activos será de 30 días a partir de la detección de la operación.
• Para reportar hechos u operaciones sospechosas provenientes de la Financiación del Terrorismo será de 48 horas a partir de la detección de la operación, habilitándose días y horas inhábiles a tal efecto.
Las nuevas medidas tienen por objeto evitar que las entidades mantengan relaciones comerciales con clientes cuando detecten irregularidades en la aplicación de las políticas de identificación, recabar información sobre operaciones sospechosas y regular las medidas que deberán adoptar las entidades sobre la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otras.
viernes, 14 de enero de 2011
Argentina aumenta controles en operaciones financieras de funcionarios
El Gobierno argentino dispuso hoy mayores controles en las operaciones financieras de funcionarios públicos, diplomáticos extranjeros, sindicalistas y dirigentes de cámaras empresariales con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero.
Las entidades financieras, escribanías y casinos deberán cumplir con una serie de "medidas específicas" para la "prevención y detección de operaciones sospechosas" de tales personalidades, según una resolución que entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución fue dictada por la Unidad de Información Financiera, ente oficial contra el lavado de dinero, que estableció las nóminas de las llamadas "Personas Expuestas Políticamente", formadas por funcionarios, sindicalistas, diplomáticos y dirigentes empresariales, entre otros.
La normativa ordena a las entidades financieras a reportar al Estado "transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o la financiación de acciones terroristas".
Las medidas deberán adoptarse "no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función", y "abarcan, además, a familiares de los funcionarios", indica la resolución.
La norma comprende a los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, a las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales y a los diplomáticos extranjeros.
La resolución implica un "notorio avance en el control de transacciones sospechosas de personas consideradas expuestas en términos políticos", evaluó José Sbatella, quien preside la Unidad de Información Financiera.
Un informe publicado el año pasado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero.
En el documento, elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó Argentina en 2009, el Gafi destacó que este país incumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo internacional.
En diciembre pasado, el Gafi destacó la "voluntad política" de Argentina para solucionar sus deficiencias en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero, pero expresó su deseo de que ese compromiso se traduzca en "acciones concretas".
Las entidades financieras, escribanías y casinos deberán cumplir con una serie de "medidas específicas" para la "prevención y detección de operaciones sospechosas" de tales personalidades, según una resolución que entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución fue dictada por la Unidad de Información Financiera, ente oficial contra el lavado de dinero, que estableció las nóminas de las llamadas "Personas Expuestas Políticamente", formadas por funcionarios, sindicalistas, diplomáticos y dirigentes empresariales, entre otros.
La normativa ordena a las entidades financieras a reportar al Estado "transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o la financiación de acciones terroristas".
Las medidas deberán adoptarse "no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función", y "abarcan, además, a familiares de los funcionarios", indica la resolución.
La norma comprende a los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, a las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales y a los diplomáticos extranjeros.
La resolución implica un "notorio avance en el control de transacciones sospechosas de personas consideradas expuestas en términos políticos", evaluó José Sbatella, quien preside la Unidad de Información Financiera.
Un informe publicado el año pasado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero.
En el documento, elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó Argentina en 2009, el Gafi destacó que este país incumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo internacional.
En diciembre pasado, el Gafi destacó la "voluntad política" de Argentina para solucionar sus deficiencias en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero, pero expresó su deseo de que ese compromiso se traduzca en "acciones concretas".
miércoles, 12 de enero de 2011
ARGENTINA:Investigan si un paquistaní financia al terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ayer una denuncia en la justicia federal por supuestas maniobras de terrorismo internacional en la Argentina.
En esta primera semana de feria judicial, un equipo de la UIF llevó ayer un reporte de operación sospechosa emitido por el banco HSBC sobre un ciudadano de origen paquistaní residente en la Argentina.
Hoy se conocerá el juez federal en manos de quien quedará la investigación, porque la presentación se realizó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, pero será remitida a sorteo.
El lunes, la UIF recibió del banco HSBC un reporte que alertaba sobre posibles actividades de terrorismo de uno de los clientes de la entidad.
Se trata de Akbar Javed, un ciudadano de Pakistán que llegó a Buenos Aires en 1994 en condición de refugiado. Cinco años más tarde gestionó y consiguió la nacionalidad argentina.
Sin embargo, en los antecedentes que aportó la UIF a la denuncia, consta que Akbar Javed t uvo cuatro procesos penales por estafa y falsificación de documento.
Esas causas derivaron en la anulación de su residencia.
Esta condición no impidió que Javed pudiera seguir operando con cuentas bancarias en el país y figurando en el directorio de South Asian Service S.A., una sociedad creada en 2009 y que Javed preside desde mayo de 2010.
El reporte emitido por el HSBC tiene su origen en una denuncia anónima que llegó al banco y que vincula a Javed con el terrorismo internacional.
La entidad reportó esta información en menos de 48 horas, que es el tiempo que dispone el decreto recién firmado por la presidenta Cristina Kirchner para darle más poderes a la UIF, que preside José Sbatella.
Esto es así porque Argentina recibió una durísimo cuestionamiento del GAFI, el órgano internacional que califica la calidad de las políticas de lucha contra el lavado de activos y el terrorismo internacional de los países.
El GAFI dio dos meses a la Argentina para demostrar mayor compromiso. La de ayer fue la primera denuncia realizada con celeridad
Clarin: Luciana Geuna
En esta primera semana de feria judicial, un equipo de la UIF llevó ayer un reporte de operación sospechosa emitido por el banco HSBC sobre un ciudadano de origen paquistaní residente en la Argentina.
Hoy se conocerá el juez federal en manos de quien quedará la investigación, porque la presentación se realizó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, pero será remitida a sorteo.
El lunes, la UIF recibió del banco HSBC un reporte que alertaba sobre posibles actividades de terrorismo de uno de los clientes de la entidad.
Se trata de Akbar Javed, un ciudadano de Pakistán que llegó a Buenos Aires en 1994 en condición de refugiado. Cinco años más tarde gestionó y consiguió la nacionalidad argentina.
Sin embargo, en los antecedentes que aportó la UIF a la denuncia, consta que Akbar Javed t uvo cuatro procesos penales por estafa y falsificación de documento.
Esas causas derivaron en la anulación de su residencia.
Esta condición no impidió que Javed pudiera seguir operando con cuentas bancarias en el país y figurando en el directorio de South Asian Service S.A., una sociedad creada en 2009 y que Javed preside desde mayo de 2010.
El reporte emitido por el HSBC tiene su origen en una denuncia anónima que llegó al banco y que vincula a Javed con el terrorismo internacional.
La entidad reportó esta información en menos de 48 horas, que es el tiempo que dispone el decreto recién firmado por la presidenta Cristina Kirchner para darle más poderes a la UIF, que preside José Sbatella.
Esto es así porque Argentina recibió una durísimo cuestionamiento del GAFI, el órgano internacional que califica la calidad de las políticas de lucha contra el lavado de activos y el terrorismo internacional de los países.
El GAFI dio dos meses a la Argentina para demostrar mayor compromiso. La de ayer fue la primera denuncia realizada con celeridad
Clarin: Luciana Geuna
sábado, 8 de enero de 2011
Argentina: La UIF analiza si el contrabando de droga derivo en lavado de dinero
La Argentina comenzó a investigar si la operación de contrabando de 900 kg de cocaína que fueron transportados a España por dos hijos del fallecido brigadier José Julia y por un hijo del brigadier mayor José Miret dio paso a una operación de lavado de dinero.
La decisión fue tomada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, quien ayer abrió un sumario para recolectar datos tanto locales como en España.
La UIF en la Argentina se ha convertido en el corazón del sistema contra el lavado de dinero. Si bien éste todavía es deficiente y fue observado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gobierno está procurando imprimir más dinamismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige a nivel mundial que los países luchen contra el lavado de dinero que proviene de cualquier delito, pero dos crímenes a los que se le prestan especial atención son el narcotráfico y el terrorismo.
Si bien la introducción de la droga, a través del aeropuerto de Barcelona, constituye un delito cometido dentro del territorio español, que será juzgado por jueces de ese país, el Gobierno quiere saber si existe registro de operaciones anteriores.
Averiguación de antecedentes
El objetivo de la Unidad de Información Financiera es averiguar qué antecedentes hay de las empresas Medical Jet y Federal Aviation, si tienen antecedentes de haber operado en Europa, si hubo vuelos anteriores y, sobre todo, si el dinero producido por la venta de cocaína que transportaba esta banda pudo haberse incorporado en el mercado mediante operaciones de lavado de dinero.
El primer paso de la UIF es el de pedir informes a un organismo español y a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que tiene en Madrid una competencia similar a la UIF de Buenos Aires.
Pese al estricto secreto que rodean estas investigaciones, La Nacion pudo saber que la UIF pedirá cooperación a España a través del Grupo Egmont, una red de altísima seguridad para intercambiar información.
El Grupo Egmont, creado en 1985 en Bruselas, vincula a 180 unidades de información financiera del mundo, lo que permite que cualquiera de esos organismos, cuando lo necesita, pueda requerir elementos y datos a sus socios mundiales a través de una red segura, donde la información viaja en forma encriptada.
En definitiva, se trata de información de inteligencia, que viaja por canales más rápidos que los exhortos internacionales y trámites diplomáticos que habitualmente se usan para buscar informaciones.
Una vez que la UIF obtenga esos datos podría cruzarlos con los que se obtengan en la Aduana argentina o, incluso, servir para que la Justicia pueda usarlos en sus propias informaciones.
La Nacion Adrian Ventura
La decisión fue tomada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, quien ayer abrió un sumario para recolectar datos tanto locales como en España.
La UIF en la Argentina se ha convertido en el corazón del sistema contra el lavado de dinero. Si bien éste todavía es deficiente y fue observado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gobierno está procurando imprimir más dinamismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige a nivel mundial que los países luchen contra el lavado de dinero que proviene de cualquier delito, pero dos crímenes a los que se le prestan especial atención son el narcotráfico y el terrorismo.
Si bien la introducción de la droga, a través del aeropuerto de Barcelona, constituye un delito cometido dentro del territorio español, que será juzgado por jueces de ese país, el Gobierno quiere saber si existe registro de operaciones anteriores.
Averiguación de antecedentes
El objetivo de la Unidad de Información Financiera es averiguar qué antecedentes hay de las empresas Medical Jet y Federal Aviation, si tienen antecedentes de haber operado en Europa, si hubo vuelos anteriores y, sobre todo, si el dinero producido por la venta de cocaína que transportaba esta banda pudo haberse incorporado en el mercado mediante operaciones de lavado de dinero.
El primer paso de la UIF es el de pedir informes a un organismo español y a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que tiene en Madrid una competencia similar a la UIF de Buenos Aires.
Pese al estricto secreto que rodean estas investigaciones, La Nacion pudo saber que la UIF pedirá cooperación a España a través del Grupo Egmont, una red de altísima seguridad para intercambiar información.
El Grupo Egmont, creado en 1985 en Bruselas, vincula a 180 unidades de información financiera del mundo, lo que permite que cualquiera de esos organismos, cuando lo necesita, pueda requerir elementos y datos a sus socios mundiales a través de una red segura, donde la información viaja en forma encriptada.
En definitiva, se trata de información de inteligencia, que viaja por canales más rápidos que los exhortos internacionales y trámites diplomáticos que habitualmente se usan para buscar informaciones.
Una vez que la UIF obtenga esos datos podría cruzarlos con los que se obtengan en la Aduana argentina o, incluso, servir para que la Justicia pueda usarlos en sus propias informaciones.
La Nacion Adrian Ventura
Detienen a tres argentinos en España con 900 kilos de droga. Investigan el nexo de los pilotos presos con narcos mexicanos
El escándalo por el secuestro de 940 kilos de cocaína que arribaron al aeropuerto El Prat, de Barcelona, en un jet privado tripulado por tres argentinos, hijos de ex altos mandos de la Fuerza Aérea, tiene un nuevo escenario: se investiga si los sospechosos apresados en España tienen vinculación con la banda de narcotraficantes mexicanos de la que también formaba parte la modelo colombiana Angie Sanclemente Valencia, detenida en la Argentina desde mayo último.
Así lo informaron a La Nacion fuentes judiciales y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según esas fuentes, la empresa de jets privados de Gustavo Juliá, detenido en Barcelona junto con su hermano Eduardo y con el piloto Gastón Miret, habría llevado hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a la mujer de un proveedor de cocaína de la banda integrada por Sanclemente Valencia.
"Los hermanos Juliá tienen una aceitada relación con los proveedores de droga de la organizacion que trabajaba en la Argentina para un cartel mexicano", afirmó a La Nacion un detective que investigó a los Juliá por pedido de la justicia en lo Penal Económico.
Los hermanos Juliá, hijos del fallecido brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia de Carlos Menem, y Gastón Miret, hijo del brigadier mayor José Miret, secretario de Planeamiento de la Presidencia durante la última dictadura militar, están presos desde el domingo pasado en una dependencia de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Video: Primeras imágenes de la cocaína incautada (rtv.es)
Hoy se vence el plazo de 72 horas que tiene el titular del juzgado de Instrucción de El Prat de Llobregat para decidir si libera o mantiene detenidos a los sospechosos.
Sanclemente Valencia, conocida por los alias de "Diamante" y de "Pepo"; su novio, el modelo argentino Nicolás Gualco; el tío de Gualco, Daniel Monroy; el ciudadano venezolano Gustavo Adolfo Páez Arnesen, Micaela Sansalone y María N. y Ariel L., que declararon en la causa como arrepentidos, están a la espera de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 inicie el juicio por contrabando agravado de droga.
A principios del mes pasado, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la investigación, elevó la causa a juicio, pero no cerró el expediente porque faltaban cuestiones por resolver como, por ejemplos, quiénes eran los proveedores de los 55 kg de cocaína secuestrados a la organización detenida.
Entonces, para profundizar la investigación en ese sentido, Aguinsky ordenó una serie de medidas de prueba a la PSA, fuerza de seguridad que el 13 de diciembre de 2009 descubrió el embarque de los 55 kg de cocaína en dos valijas que despacharon en un vuelo hacia México, explicaron fuentes judiciales.
"La PSA hizo las tareas correspondientes y certificó que la pareja del presunto proveedor de la droga voló a Santa Cruz de la Sierra con los hermanos Juliá", informó a La Nacion un vocero con acceso a la investigación.
Video: el camino de los 900 kilos de cocaína
Según la investigación de Aguinsky y los testimonios que constan en la causa, la droga que la banda iba a traficar a México la iba a conseguir Monroy. La intención de la organización era volar cada 24 horas a México con un cargamento de cocaína, explicaron fuentes judiciales.
Progresión aérea
Primero viajó Gustavo Juliá. Partió desde Buenos Aires hacia España el 8 de diciembre pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y volvió al país tres días después, en un avión de la misma empresa.
El 13 del mismo mes, Gustavo Juliá y su hermano Eduardo volaron a Madrid por Iberia y retornaron a la Argentina el 17 por esa misma aerolínea. En los dos viajes relámpago habrían cerrado las negociaciones por el contrabando de 940 kg de cocaína, frustrado por la Guardia Civil el domingo pasado.
Así lo informaron a La Nacion fuentes oficiales. "Está claro que antes de llevar la droga, los hermanos Juliá viajaron a España para terminar la negociación con los compradores de la cocaína. Es la única explicación de dos viajes tan seguidos con tan poco tiempo de diferencia", explicó a La Nacion un experimentado investigador de causas por narcotráfico.
Los Juliá y Miret despegaron del aeropuerto internacional de Ezeiza el 1° de este mes en un jet ejecutivo Bombardier Challenger 60, propiedad de Medical Jet, una empresa que ofrece vuelos sanitarios y que es presidida por Gustavo Juliá.
Antes de llegar al aeropuerto de El Prat, de Barcelona, la aeronave hizo una escala en Cabo Verde, en Africa. Ese es el lugar donde habían cargado los 940 kg de cocaína en el avión.
"El avión de Medical Jet salió limpio de la Argentina. Está confirmada que la droga estaba en Cabo Verde. Ahora será cuestión de investigar cómo y cuándo llegó la cocaína a Africa desde América del Sur", dijo un investigador argentino.
Según informaron a La Nacion fuentes oficiales, el plan de vuelo del avión tripulado por los hermanos Juliá y por Miret tenía como destino final: Amsterdam, en Holanda.
Pero los Juliá no sólo tienen viajes relámpagos a España durante diciembre pasado. Según informaron a La Nacion fuentes oficiales, Gustavo Juliá voló en aviones de línea y en jets privados a Brasil, Estados Unidos, Malasia y Bolivia. Su hermano, según los mismos voceros, viajó a Uruguay, Estados Unidos y Panamá, entro otros destinos.
"Los Juliá salían del país en vuelos de línea y en aviones privados. Miret viajó a Chile, Brasil, Perú, Países Bajos y los Estados Unidos en la mayoría de las ocasiones en vuelos especiales", sostuvo el investigador consultado.
Experimentados analistas argentinos sostuvieron a La Nacion que están convencidos de que el secuestrado en Barcelona no fue el primer vuelo con cocaína en un avión de la empresa de los Juliá.
La Nacion Gabriel Di Nicola
Así lo informaron a La Nacion fuentes judiciales y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según esas fuentes, la empresa de jets privados de Gustavo Juliá, detenido en Barcelona junto con su hermano Eduardo y con el piloto Gastón Miret, habría llevado hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a la mujer de un proveedor de cocaína de la banda integrada por Sanclemente Valencia.
"Los hermanos Juliá tienen una aceitada relación con los proveedores de droga de la organizacion que trabajaba en la Argentina para un cartel mexicano", afirmó a La Nacion un detective que investigó a los Juliá por pedido de la justicia en lo Penal Económico.
Los hermanos Juliá, hijos del fallecido brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia de Carlos Menem, y Gastón Miret, hijo del brigadier mayor José Miret, secretario de Planeamiento de la Presidencia durante la última dictadura militar, están presos desde el domingo pasado en una dependencia de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Video: Primeras imágenes de la cocaína incautada (rtv.es)
Hoy se vence el plazo de 72 horas que tiene el titular del juzgado de Instrucción de El Prat de Llobregat para decidir si libera o mantiene detenidos a los sospechosos.
Sanclemente Valencia, conocida por los alias de "Diamante" y de "Pepo"; su novio, el modelo argentino Nicolás Gualco; el tío de Gualco, Daniel Monroy; el ciudadano venezolano Gustavo Adolfo Páez Arnesen, Micaela Sansalone y María N. y Ariel L., que declararon en la causa como arrepentidos, están a la espera de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 inicie el juicio por contrabando agravado de droga.
A principios del mes pasado, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la investigación, elevó la causa a juicio, pero no cerró el expediente porque faltaban cuestiones por resolver como, por ejemplos, quiénes eran los proveedores de los 55 kg de cocaína secuestrados a la organización detenida.
Entonces, para profundizar la investigación en ese sentido, Aguinsky ordenó una serie de medidas de prueba a la PSA, fuerza de seguridad que el 13 de diciembre de 2009 descubrió el embarque de los 55 kg de cocaína en dos valijas que despacharon en un vuelo hacia México, explicaron fuentes judiciales.
"La PSA hizo las tareas correspondientes y certificó que la pareja del presunto proveedor de la droga voló a Santa Cruz de la Sierra con los hermanos Juliá", informó a La Nacion un vocero con acceso a la investigación.
Video: el camino de los 900 kilos de cocaína
Según la investigación de Aguinsky y los testimonios que constan en la causa, la droga que la banda iba a traficar a México la iba a conseguir Monroy. La intención de la organización era volar cada 24 horas a México con un cargamento de cocaína, explicaron fuentes judiciales.
Progresión aérea
Primero viajó Gustavo Juliá. Partió desde Buenos Aires hacia España el 8 de diciembre pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y volvió al país tres días después, en un avión de la misma empresa.
El 13 del mismo mes, Gustavo Juliá y su hermano Eduardo volaron a Madrid por Iberia y retornaron a la Argentina el 17 por esa misma aerolínea. En los dos viajes relámpago habrían cerrado las negociaciones por el contrabando de 940 kg de cocaína, frustrado por la Guardia Civil el domingo pasado.
Así lo informaron a La Nacion fuentes oficiales. "Está claro que antes de llevar la droga, los hermanos Juliá viajaron a España para terminar la negociación con los compradores de la cocaína. Es la única explicación de dos viajes tan seguidos con tan poco tiempo de diferencia", explicó a La Nacion un experimentado investigador de causas por narcotráfico.
Los Juliá y Miret despegaron del aeropuerto internacional de Ezeiza el 1° de este mes en un jet ejecutivo Bombardier Challenger 60, propiedad de Medical Jet, una empresa que ofrece vuelos sanitarios y que es presidida por Gustavo Juliá.
Antes de llegar al aeropuerto de El Prat, de Barcelona, la aeronave hizo una escala en Cabo Verde, en Africa. Ese es el lugar donde habían cargado los 940 kg de cocaína en el avión.
"El avión de Medical Jet salió limpio de la Argentina. Está confirmada que la droga estaba en Cabo Verde. Ahora será cuestión de investigar cómo y cuándo llegó la cocaína a Africa desde América del Sur", dijo un investigador argentino.
Según informaron a La Nacion fuentes oficiales, el plan de vuelo del avión tripulado por los hermanos Juliá y por Miret tenía como destino final: Amsterdam, en Holanda.
Pero los Juliá no sólo tienen viajes relámpagos a España durante diciembre pasado. Según informaron a La Nacion fuentes oficiales, Gustavo Juliá voló en aviones de línea y en jets privados a Brasil, Estados Unidos, Malasia y Bolivia. Su hermano, según los mismos voceros, viajó a Uruguay, Estados Unidos y Panamá, entro otros destinos.
"Los Juliá salían del país en vuelos de línea y en aviones privados. Miret viajó a Chile, Brasil, Perú, Países Bajos y los Estados Unidos en la mayoría de las ocasiones en vuelos especiales", sostuvo el investigador consultado.
Experimentados analistas argentinos sostuvieron a La Nacion que están convencidos de que el secuestrado en Barcelona no fue el primer vuelo con cocaína en un avión de la empresa de los Juliá.
La Nacion Gabriel Di Nicola
Argentina: Unidad de Informacion Financiera Concentra más atribuciones
El sistema argentino para combatir el lavado de dinero, gravemente criticado por organismos internacionales, comenzará a sufrir transformaciones: la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de este mes, concentrará muchas atribuciones que hoy están dispersas entre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos y sectores.
La UIF, que dirige José Sbattella, terminó de redactar las 22 resoluciones que dictará para corregir algunas de las muchas observaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en los próximos días, las publicará en el Boletín Oficial. Además, en las últimas horas comenzó a enviar al GAFI los documentos complementarios del plan de acción que había presentado nuestro país y que había sido considerado insuficiente por aquella organización. La movida que lleva adelante el Gobierno produce fuertes recelos en el BCRA y en otras dependencias oficiales que ven menguar su poder de control del sistema financiero. Pero -tal como lo afirman otros operadores- lo cierto es que, hasta ahora, el régimen argentino para luchar contra ese flagelo mostró demasiadas flaquezas y el GAFI exigió a nuestro país que lo corrija.
Además, como el presidente del organismo, el mexicano Luis Urrutia Corral, cuando visitó la Argentina dejó trascender su "decepción" por la falta de estrategia de nuestro país, el Gobierno busca mostrar voluntad política para evitar que el Grupo de Cooperación Internacional coloque a la Argentina en la lista gris de países no cooperantes.
El GAFI se reúne en febrero próximo y una decisión en ese sentido puede aislar a nuestro país.
En octubre último, el plenario del GAFI, cuando se reunió en París, emitió un dictamen lapidario sobre la Argentina: señaló que no cumple con 47 de las 49 normas para luchar contra ese flagelo y colocó al país bajo un proceso de seguimiento "riguroso e intensivo". E, inmediatamente, con una inusual celeridad, dispuso realizar una visita de alto nivel que llevó a cabo Urrutia Corral.
Una respuesta urgente
Ante la inminencia de las sanciones que podrían recaer sobre el país, el Gobierno desarrolló una triple estrategia:
• Preparó un plan de acción para corregir las deficiencias en el plazo de los próximos doce meses. Como ese programa fue considerado insuficiente, el GAFI invitó a la Argentina a formularle correcciones, que están siendo enviadas en estos días.
• En segundo lugar, el Gobierno intentó una jugada arriesgada, que no tuvo éxito: procuró que el GAFI-SUD, un organismo regional, emitiera un dictamen más favorable que el dictado por el GAFI. Pero la maniobra causó pésima impresión.
• Tercero, la presidenta Cristina Kirchner dictó el decreto 1936, que convirtió a la UIF en una suerte de superorganismo, con atribuciones de control, incluso sobre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, los bancos, las aseguradoras, los escribanos y, en general, todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Las nuevas resoluciones, que alcanzan al Banco Central y a todos los otros operadores, describirán las atribuciones de la UIF para inspeccionar a los sujetos obligados del sistema y aplicarles sanciones.
La UIF, que dirige José Sbattella, terminó de redactar las 22 resoluciones que dictará para corregir algunas de las muchas observaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en los próximos días, las publicará en el Boletín Oficial. Además, en las últimas horas comenzó a enviar al GAFI los documentos complementarios del plan de acción que había presentado nuestro país y que había sido considerado insuficiente por aquella organización. La movida que lleva adelante el Gobierno produce fuertes recelos en el BCRA y en otras dependencias oficiales que ven menguar su poder de control del sistema financiero. Pero -tal como lo afirman otros operadores- lo cierto es que, hasta ahora, el régimen argentino para luchar contra ese flagelo mostró demasiadas flaquezas y el GAFI exigió a nuestro país que lo corrija.
Además, como el presidente del organismo, el mexicano Luis Urrutia Corral, cuando visitó la Argentina dejó trascender su "decepción" por la falta de estrategia de nuestro país, el Gobierno busca mostrar voluntad política para evitar que el Grupo de Cooperación Internacional coloque a la Argentina en la lista gris de países no cooperantes.
El GAFI se reúne en febrero próximo y una decisión en ese sentido puede aislar a nuestro país.
En octubre último, el plenario del GAFI, cuando se reunió en París, emitió un dictamen lapidario sobre la Argentina: señaló que no cumple con 47 de las 49 normas para luchar contra ese flagelo y colocó al país bajo un proceso de seguimiento "riguroso e intensivo". E, inmediatamente, con una inusual celeridad, dispuso realizar una visita de alto nivel que llevó a cabo Urrutia Corral.
Una respuesta urgente
Ante la inminencia de las sanciones que podrían recaer sobre el país, el Gobierno desarrolló una triple estrategia:
• Preparó un plan de acción para corregir las deficiencias en el plazo de los próximos doce meses. Como ese programa fue considerado insuficiente, el GAFI invitó a la Argentina a formularle correcciones, que están siendo enviadas en estos días.
• En segundo lugar, el Gobierno intentó una jugada arriesgada, que no tuvo éxito: procuró que el GAFI-SUD, un organismo regional, emitiera un dictamen más favorable que el dictado por el GAFI. Pero la maniobra causó pésima impresión.
• Tercero, la presidenta Cristina Kirchner dictó el decreto 1936, que convirtió a la UIF en una suerte de superorganismo, con atribuciones de control, incluso sobre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, los bancos, las aseguradoras, los escribanos y, en general, todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Las nuevas resoluciones, que alcanzan al Banco Central y a todos los otros operadores, describirán las atribuciones de la UIF para inspeccionar a los sujetos obligados del sistema y aplicarles sanciones.
lunes, 3 de enero de 2011
Argentina: Entrevista al titular de la UIF (La idea es decomisar los $ 400 o 500 millones con que Clarín estafó a las AFJP)
Aseguró que, más allá de las sanciones penales, sería “saludable” para el país recuperar los fondos provenientes de actividades delictivas. Y subrayó que el Estado argentino tiene “voluntad política” para combatir el lavado de dinero. José Sbatella preside la Unidad de Información Financiera (UIF), máxima autoridad argentina en la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como el narcotráfico o el fraude. En diálogo con Tiempo Argentino, el funcionario afirmó que los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que visitaron el país en diciembre se llevaron la total seguridad acerca del compromiso del país para combatir el lavado, en especial a partir del decreto presidencial que le otorga mayores atribuciones al organismo. Dijo que hasta 2009, la justicia no aprovechaba las herramientas que tenía la UIF para seguir la ruta del lavado de dinero y el tráfico. Además, Sbatella aseguró que, más allá de las sanciones penales, sería saludable que se decomisara el dinero cuando se prueben los ilícitos, entre los que se encuentra la “estafa” del grupo Clarín a las AFJP. –El GAFI, principal autoridad mundial en materia de lavado, tuvo posiciones muy críticas con el accionar argentino en la materia, especialmente a partir de la falta de coordinación y de resultados efectivos en las políticas contra el lavado. ¿Cuál es el balance de la visita que hizo a mediados de diciembre una delegación de este organismo al país? –Pudimos demostrar al GAFI la voluntad que tienen el gobierno argentino y los organismos que forman parte del sistema antilavado. Ellos vinieron a verificar la actitud y compromiso de las máximas autoridades políticas argentinas. Para mí, eso les quedó claro. Además, mostramos las acciones realizadas que culminaron con este decreto que, de alguna manera, pone blanco sobre negro en las atribuciones de la UIF y las posibilidades de hacer inspecciones y sanciones, lo que más nos habían criticado. Ellos tenían la idea de que teníamos capacidad para normar pero no para sancionar, cosa que a nosotros nos parecía ridícula. Ahora se llevaron la idea de que estamos trabajando en ello y que hay voluntad del gobierno en lanzar una norma que lo deje aún más en claro. –¿Hubo riesgo de sanciones al país? –Antes de esta visita, los españoles jugaron fuerte para que se sancionara a la Argentina. Existe una cuestión objetiva: España no está en el G-20, y la Argentina sí. Fue muy brutal la postura de los españoles porque prácticamente pedían que nos sancionaran ya. Ahora bien, si no hiciéramos nada en febrero o junio próximo, nos pondrían en un listado extraño. Eso implicaría que no reconocen las acciones que estamos desarrollando como parte de una política de Estado. –El decreto presidencial sitúa a la UIF en el organigrama por encima de otros organismos nacionales… –Desde el punto de vista de los instrumentos, la Argentina cuenta con la ley antilavado aprobada en 2000, la ley antiterrorista sancionada en 2006, y además tiene a la UIF funcionando efectivamente desde 2002. Sin embargo, hasta 2009, este sistema no contaba con condenas penales efectivas ni sanciones administrativas en el área de la prevención. Tampoco hacía inspecciones. Lo que le faltaba era efectividad a la hora de conducir al sistema. Los instrumentos existían, pero los jueces no aplicaban la legislación. El reciente decreto presidencial nos da la capacidad de mostrar al mundo al sistema antilavado argentino, que, en realidad, está en sintonía con las 49 recomendaciones que plantea el GAFI. Pone a la UIF en cabeza del sistema, liderando el esquema y tratando de hacer el control de las obligaciones que se toman en los acuerdos internacionales. Esto puso de manifiesto la voluntad política del Estado argentino de tomar decisiones que se cumplan y se hagan efectivas. –Muchos argentinos tienen activos financieros en el sistema bancario uruguayo... –Ellos aprobaron hace un par de semanas una ley que flexibiliza el secreto bancario, pero en realidad lo que necesitamos es un convenio de intercambio de información. Es un proceso muy lento. Hay que tener en cuenta que, internamente, costó muchísimo que sancionaran la ley. El secreto de ellos es terrible en lo concerniente a quiénes son los dueños y propietarios. –Días atrás hubo un fallo de la Cámara Federal porteña para levantar el secreto fiscal sobre Lucio Pagliaro, accionista mayoritario de Clarín. ¿Qué implicancia tiene la decisión? –La decisión de la Cámara es un reconocimiento a las potestades de la UIF. Se trata de investigaciones de rutina que surgen a partir de reportes del Banco Central por incrementos patrimoniales excesivos. Los accionistas de Clarín presentaron ante el juez la explicación de una consultora privada para justificar dicho incremento, olvidando la participación de la UIF. Entonces, la decisión de la Cámara implica que la justicia determinó que los organismos encargados de la investigación deben ser quienes decidan sobre la importancia de continuar con la pesquisa, y no el juez. Según nuestro juicio, el incremento patrimonial se explica a partir de la estafa a las AFJP, que representó una ganancia concreta de capital para los accionistas y directivos de Clarín. Las acciones que las AFJP les compraron aumentaron de $ 8 o 9 a $ 30, y después volvieron a bajar. –¿Cuál podría ser el desenlace de esa investigación? –La hipótesis de máxima es que se pruebe la estafa, que ese fraude implicó entre $ 400 a 500 millones en un período corto, y que ese monto sea decomisado. Es decir, además de la sanción por el delito precedente que sería la estafa al sistema de las AFJP y la violación de la ley que protegía los valores de los jubilados, estaría el pedido de decomiso de ese dinero. La lógica de la ley es ir por el decomiso del dinero que nació a partir del delito. Sería saludable para nosotros que se consiga el monto del dinero que se lavó proveniente de ese ilícito. También en los casos de Sforza, en los medicamentos truchos, y la causa de Segovia (efedrina), estamos pidiendo embargos. La idea de todo este sistema de prevención es que se termine en el decomiso del dinero de la organización delictiva, esa sería la filosofía de la sanción.
Ignacio Chausis
sábado, 1 de enero de 2011
MEXICO: Designa nuevo titular de Unidad de Inteligencia Financiera
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — La secretaría de Hacienda designó a José Alberto Balbuena como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encarga de de la prevención y detección referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, explicó la dependencia en un comunicado.
Balbuena se desempeñaba como representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en Washington como enlace entre el Gobierno y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que encabeza Timothy Geithner, y otras agencias gubernamentales.
"En México trabajó durante cuatro años para la Procuraduría Fiscal de la Federación como Director General de Asuntos Financieros, Director General Técnico de Proyectos Normativos y Director General de Legislación y Consulta", destacó el comunicado de Hacienda.
Balbuena, quien también laboró en Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entra en sustitución de Luis Urrutia Corral.
Entre 19,000 y 29,000 millones de dólares son introducidos ilegalmente cada año de Estados Unidos a México para financiar a los cárteles de las drogas, de los cuales menos de la mitad es lavado a través del sistema financiero y el resto es almacenado o gastado en efectivo, según un reporte binacional presentado el pasado 2 de junio por funcionarios estadounidenses.
El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos México-Estados Unidos arrojó que la gran mayoría del dinero (entre 75% y 90%) que se trafica hacia territorio mexicano se hace en efectivo y mediante distintos métodos como el cruce "hormiga", por el que una persona transporta pequeñas cantidades.
Balbuena se desempeñaba como representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) en Washington como enlace entre el Gobierno y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que encabeza Timothy Geithner, y otras agencias gubernamentales.
"En México trabajó durante cuatro años para la Procuraduría Fiscal de la Federación como Director General de Asuntos Financieros, Director General Técnico de Proyectos Normativos y Director General de Legislación y Consulta", destacó el comunicado de Hacienda.
Balbuena, quien también laboró en Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entra en sustitución de Luis Urrutia Corral.
Entre 19,000 y 29,000 millones de dólares son introducidos ilegalmente cada año de Estados Unidos a México para financiar a los cárteles de las drogas, de los cuales menos de la mitad es lavado a través del sistema financiero y el resto es almacenado o gastado en efectivo, según un reporte binacional presentado el pasado 2 de junio por funcionarios estadounidenses.
El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos México-Estados Unidos arrojó que la gran mayoría del dinero (entre 75% y 90%) que se trafica hacia territorio mexicano se hace en efectivo y mediante distintos métodos como el cruce "hormiga", por el que una persona transporta pequeñas cantidades.
Papa crea una Autoridad especial para combatir lavado de dinero
El papa Benedicto XVI creó este jueves la Autoridad para la Información Financiera, un organismo especial para combatir el lavado de dinero sucio y vigilar las operaciones financieras de la Santa Sede, anunció el Vaticano.
La creación de la autoridad de control fue promulgada a través de un decreto o "motu proprio" de Benedicto XVI.
"La Santa Sede aprueba el compromiso de la comunidad internacional" y "quiere hacer suyas las reglas de las que se ha dotado para prevenir y combatir" esos terribles fenómenos, escribió el Papa.
El decreto tiene como objetivo "prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales y para la financiación de terrorismo", indica la norma.
La promulgación de las nuevas leyes "reviste un significado moral y pastoral de largo alcance", afirmó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, quien resumió la medida con tres palabras: "transparencia, honestidad y responsabilidad".
La autoridad de control vigilará las operaciones financieras de todas las entidades del Vaticano así como la aplicación de las recientes normas europeas antifraude.
Con esa decisión, el Vaticano cumple un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas durante décadass.
Las nuevas leyes prevén penas que van de cuatro a doce años de cárcel y multas de hasta 15.000 euros para quienes laven dinero.
La autoridad del Vaticano mantendrá contactos con autoridades de otros países y goza de "total independencia", explicó Lombardi.
"Se trata de una realidad nueva" recalcó el vocero del Papa, a través de la cual los organismos del Vaticano "serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero", dijo.
"Se evitarán en futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles", agregó al recordar uno de los mayores casos político-financieros de la posguerra tras la quiebra en 1982 del otrora mayor banco de Italia, el Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era un accionista importante.
La investigación judicial demostró que el banco vaticano lavaba dinero de la mafia siciliana y mantenía conexiones con la logia masónica Propaganda 2 y agentes secretos de la CIA estadounidense.
Las nuevas medidas contra el lavado de dinero además han sido adoptadas tres meses después del inicio de una investigación judicial en Italia contra dos dirigentes del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano.
Los jueces italianos dispusieron también la incautación de 23 millones de euros (30 millones de dólares) depositados en una cuenta del banco Crédito Artigiano, por omisión por parte del llamado banco del Vaticano de las normas contra el lavado de dinero.
Italia acusaba al banco del Vaticano de administrar a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.
Las nuevas normas contra el reciclaje entrarán en vigor a partir de abril del 2011 y cobijan todas las actividades económicas de la Santa Sede en el mundo, incluso los Museos Vaticanos y la entidad que administra su enorme patrimonio inmobiliario de Roma.
El llamado banco del Vaticano administra las cuentas de varias órdenes religiosas así como de asociaciones católicas en el mundo.
La medida permitirá al Vaticano entrar en la lista blanca de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
"Creo que estamos al inicio del camino, serán consideradas una norma adecuada" para cumplir ese requisito, subrayó Lombardi.
Con las disposiciones, el Vaticano podrá acuñar un mayor número de monedas en euros con la cara del Papa, hasta ahora destinados a los coleccionistas, los cuales a partir del 2011 podrán ser intercambiados en las tiendas europeas.
La creación de la autoridad de control fue promulgada a través de un decreto o "motu proprio" de Benedicto XVI.
"La Santa Sede aprueba el compromiso de la comunidad internacional" y "quiere hacer suyas las reglas de las que se ha dotado para prevenir y combatir" esos terribles fenómenos, escribió el Papa.
El decreto tiene como objetivo "prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales y para la financiación de terrorismo", indica la norma.
La promulgación de las nuevas leyes "reviste un significado moral y pastoral de largo alcance", afirmó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, quien resumió la medida con tres palabras: "transparencia, honestidad y responsabilidad".
La autoridad de control vigilará las operaciones financieras de todas las entidades del Vaticano así como la aplicación de las recientes normas europeas antifraude.
Con esa decisión, el Vaticano cumple un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas durante décadass.
Las nuevas leyes prevén penas que van de cuatro a doce años de cárcel y multas de hasta 15.000 euros para quienes laven dinero.
La autoridad del Vaticano mantendrá contactos con autoridades de otros países y goza de "total independencia", explicó Lombardi.
"Se trata de una realidad nueva" recalcó el vocero del Papa, a través de la cual los organismos del Vaticano "serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero", dijo.
"Se evitarán en futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles", agregó al recordar uno de los mayores casos político-financieros de la posguerra tras la quiebra en 1982 del otrora mayor banco de Italia, el Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era un accionista importante.
La investigación judicial demostró que el banco vaticano lavaba dinero de la mafia siciliana y mantenía conexiones con la logia masónica Propaganda 2 y agentes secretos de la CIA estadounidense.
Las nuevas medidas contra el lavado de dinero además han sido adoptadas tres meses después del inicio de una investigación judicial en Italia contra dos dirigentes del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano.
Los jueces italianos dispusieron también la incautación de 23 millones de euros (30 millones de dólares) depositados en una cuenta del banco Crédito Artigiano, por omisión por parte del llamado banco del Vaticano de las normas contra el lavado de dinero.
Italia acusaba al banco del Vaticano de administrar a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.
Las nuevas normas contra el reciclaje entrarán en vigor a partir de abril del 2011 y cobijan todas las actividades económicas de la Santa Sede en el mundo, incluso los Museos Vaticanos y la entidad que administra su enorme patrimonio inmobiliario de Roma.
El llamado banco del Vaticano administra las cuentas de varias órdenes religiosas así como de asociaciones católicas en el mundo.
La medida permitirá al Vaticano entrar en la lista blanca de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
"Creo que estamos al inicio del camino, serán consideradas una norma adecuada" para cumplir ese requisito, subrayó Lombardi.
Con las disposiciones, el Vaticano podrá acuñar un mayor número de monedas en euros con la cara del Papa, hasta ahora destinados a los coleccionistas, los cuales a partir del 2011 podrán ser intercambiados en las tiendas europeas.
Rusia: condenan a Jodorkovsky a 14 años de cárcel
Un juez en Rusia condenó al exmagnate petrolero ruso Mijaíl Jodorkovsky a 14 años de prisión por robo de petróleo y lavado de dinero.
Como Jodorkovsky está llegando al final de su primera condena por cargos de fraude fiscal significa que permanecerá en la cárcel por siete años más.
Sus partidarios afirman que este segundo juicio en su contra tiene motivaciones políticas y sostienen que es un castigo por desafiar el poder del Kremlin.
Ha habido fuertes críticas en los países occidentales en torno a la acción judicial contra el ex magnate del petróleo, que es un rival de larga data del primer ministro ruso, Vladimir Putin.
Rusia rechazó las críticas y las calificó como una injerencia.
Como Jodorkovsky está llegando al final de su primera condena por cargos de fraude fiscal significa que permanecerá en la cárcel por siete años más.
Sus partidarios afirman que este segundo juicio en su contra tiene motivaciones políticas y sostienen que es un castigo por desafiar el poder del Kremlin.
Ha habido fuertes críticas en los países occidentales en torno a la acción judicial contra el ex magnate del petróleo, que es un rival de larga data del primer ministro ruso, Vladimir Putin.
Rusia rechazó las críticas y las calificó como una injerencia.
FRAUDE EMPRESARIAL
El fraude empresarial toma variadas formas, pero independiente de su tipo, siempre genera importantes pérdidas. La existencia de entidades internacionales dedicadas a analizar casos alrededor del mundo, nos permite tener información suficiente para realizar análisis y determinar tendencias que, finalmente, ayudan a la prevención, detección e investigación de fraudes. Por ejemplo, con esa información, la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados ha llegado a determinar una clasificación general de fraudes en tres grandes grupos: Apropiación indebida de activos, Corrupción y Fraude en estados financieros. Este último grupo concentra el 5% de los casos detectados a nivel internacional y, en promedio, las pérdidas por este tipo de fraudes alcanzan a US$135.000 millones. De acuerdo a esos mismos antecedentes, el tiempo que transcurrió desde que se iniciaron las actividades fraudulentas, hasta que fueron descubiertas, fue superior a 27 meses para aquellos fraudes sobre estados financieros.
Las nuevas prácticas contables establecidas por IFRS generan nuevas posibilidades de fraudes sobre los estados financieros. La falta de conocimiento de las nuevas definiciones contables, las definiciones ambiguas que puedan aparecer en las normativas contables o la posibilidad que se le entrega a las empresas sobre los métodos de valoración de sus activos, entre otras, abren nuevas oportunidades para que actos fraudulentos sean ocultados a través de registros contables. Al mismo tiempo, los factores antes mencionados también permiten manejar los registros contables con el fin de mostrar mejores cifras, sin que sean oportunamente detectadas por personas que utilizan esos estados financieros para tomar sus decisiones.
Por todo lo anteriormente expuesto, los responsables del control interno y de la prevención de delitos económicos, ya sean internos o externos, tales como auditores, contralores o especialistas en investigación de fraudes, deben dominar la nueva normativa contable, las alternativas de valorización de activos y especialmente las técnicas de prevención, detección e investigación de esquemas de fraudes que afectan a los estados financieros.
Miguel Angel Díaz B., académico Depto. Control de Gestión y Sistemas de Informacion
Las nuevas prácticas contables establecidas por IFRS generan nuevas posibilidades de fraudes sobre los estados financieros. La falta de conocimiento de las nuevas definiciones contables, las definiciones ambiguas que puedan aparecer en las normativas contables o la posibilidad que se le entrega a las empresas sobre los métodos de valoración de sus activos, entre otras, abren nuevas oportunidades para que actos fraudulentos sean ocultados a través de registros contables. Al mismo tiempo, los factores antes mencionados también permiten manejar los registros contables con el fin de mostrar mejores cifras, sin que sean oportunamente detectadas por personas que utilizan esos estados financieros para tomar sus decisiones.
Por todo lo anteriormente expuesto, los responsables del control interno y de la prevención de delitos económicos, ya sean internos o externos, tales como auditores, contralores o especialistas en investigación de fraudes, deben dominar la nueva normativa contable, las alternativas de valorización de activos y especialmente las técnicas de prevención, detección e investigación de esquemas de fraudes que afectan a los estados financieros.
Miguel Angel Díaz B., académico Depto. Control de Gestión y Sistemas de Informacion
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
