martes, 19 de enero de 2016

UIF: CUARTA GENERACION


Por Sergio Goldenberg | El autor pone el foco en el rol de la UIF dentro del combate contra el narcotráfico y los delitos financieros, y enfatiza la importancia de incorporar personal idóneo para llevar adelante esta tarea, revisando antecedentes, experiencia y formación. Balance de la gestión Sbattella y desafíos de la nueva gestión. | 
Pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos son los objetivos fijados por el presidente argentino Ing. Mauricio Macri para su gestión de gobierno. Una rápida lectura de los mismos nos hace reflexionar en los vasos comunicantes que existen entre el narcotráfico y la pobreza y la imperiosa necesidad de que los argentinos, más allá de las banderas políticas, nos pongamos a trabajar juntos sobre los males que aquejan a nuestra sociedad.
El narcotráfico no sólo se corresponde con una actividad ilícita susceptible de ser combatida y penalizada, sino que al mismo tiempo lo tenemos que dimensionar como un fenomenal negocio de escala internacional cuyo poder económico afecta negativamente las economías e instituciones en diversos países.
La clave de que el narcotráfico pueda convertirse en unos de los mayores negocios tiene su explicación en su altísima rentabilidad y la posibilidad de que sus ganancias ilícitas puedan ser usufructuadas por las organizaciones criminales sin mayores dificultades, a pesar de los esfuerzos realizados en su combate por la comunidad internacional.
Argentina en el año 2000 crea un organismo denominado Unidad de Información Financiera (U.I.F.) cuya tarea fundamental consiste en el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, siendo uno de los delitos precedentes para la configuración del dicho delito el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).
Dada la especificidad de las funciones de dicho organismo, la ley dispone que para ser integrante de la U.I.F., más allá de poseer título universitario de grado en disciplinas como el derecho, ciencias económicas o ciencias informáticas, se debe contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Dicho esto, en esta nueva gestión gubernamental consideramos que este organismo deberá constituirse en una de las piezas fundamentales junto con otras instituciones de la República Argentina para encarar en forma profesional y coordinada el combate al narcotráfico y el lavado de activos.
Es de público conocimiento lo actuado por la U.I.F. y los resultados obtenidos a la fecha. En ese marco, recientemente se ha publicado el informe de gestión 2015 a dos semanas de finalizar el período informado y, a modo de resumen, ilustra no sólo la gestión del año 2015 sino que hace un recorrido desde el año 2010, oportunidad en que José Sbattella fuera designado presidente del organismo.
De una rápida lectura del mismo, se infiere cierta premura en su publicación, donde las estadísticas se informan al 10/12/2015 (día previo a la renuncia de su presidente) y no al 31/12/2015, se visualizan algunos errores de transcripción en algunos párrafos como en el caso donde se hace referencia al año informado, todo ello parece una señal de anticipación al cambio de autoridades que hoy está en proceso; pero no es el objetivo de este artículo hacer una evaluación de todo lo actuado por dicha gestión lo cual llevaría varios capítulos.
El aspecto que nos interesa resaltar en esta oportunidad es el relacionado a los recursos humanos, que de la lectura del informe de gestión surge que ha experimentado un crecimiento de 63 personas en el año 2010 a 229 personas en el año 2015, proyectándose para el año 2016 a 250 personas. Es decir que, el crecimiento fue de un 263% en cinco años.
El presupuesto asignado a la U.I.F. era de $ 13 millones en el año 2010 y $ 107 millones en el año 2015, lo que representa un 723% de incremento en el mismo período.
El Ministro de Justicia Germán Garavano, recientemente se ha expresado sobre el objetivo de profesionalización y despolitización fijado para la Unidad de Información Financiera, y con relación al tema, recordamos que mucho se ha publicado en medios periodísticos en estos años sobre el ingreso de personas cuyos antecedentes, más allá del nivel de confianza necesario a toda gestión, consistían en cierto grado de parentesco, militancia partidaria o amistad, por lo tanto advertimos un desafío importante para las nuevas autoridades designadas, en pos de evaluar la cantidad y calidad de personal que sea la adecuada para un eficaz funcionamiento, en sintonía con los nuevos objetivos.
Simplemente y como dato ilustrativo de lo comentado, basta revisar muchos de los decretos con las designaciones de personal donde las mismas son designaciones con autorización excepcional por no contar con los requisitos requeridos por el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del sistema nacional de empleo público (SINEP) para la posición a cubrir, renovándose la designación cada 180 días, sin resolver así la necesidad del puesto con personas que cuenten con los requisitos establecidos para el cargo.
Dicho esto, advertimos los riesgos que se puedan plantear durante la nueva gestión frente a una eventual reedición de situaciones análogas a las comentadas ya que la ausencia de concursos abiertos por antecedentes para el ingreso de personal a la Unidad pondrá de relieve el nivel de transparencia con la cual se manejen las nuevas autoridades en esta materia.
Consideramos oportuno evaluar, tanto para el personal ya incorporado como para aquel que ingrese en el futuro, la experiencia y antecedentes específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con acreditación previa a su incorporación al organismo y su relación con la posición a cubrir, ya que, complementariamente a los procesos de capacitación interna y experiencia que se pueda adquirir dentro de la Unidad, es importante que esos antecedentes constituyan una condición necesaria para el proceso de selección e incorporación.
Resumiendo, consideramos que el sistema debe funcionar con los profesionales más idóneos y con mayor expertise en la materia, aportando su capital profesional a la gestión del Estado y no  valiéndose del Estado para incrementar su curriculum personal.
En el actual contexto de conflictos por el redimensionamiento de personal que se está dando en otras dependencias del Estado, también aquí deberá actuarse con mucha precaución y responsabilidad en revisar los antecedentes, experiencia y formación del mismo, considerando que hay algunos profesionales que cuentan con mérito suficiente, conocimientos y experiencia en la materia con anterioridad a haberse desempeñado en la U.I.F. y en ciertos casos acrecentándose por muchos años dentro de dicha Unidad, por lo que a nuestro entender se deberían promover y potenciar en el marco de un organismo alineado y actualizado al nivel de los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país.
Saludamos el inicio de un nuevo camino en el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo y esperamos una vez más que el aprendizaje que dejan los posibles errores cometidos en el pasado abonen un campo fértil para alcanzar el éxito que todos deseamos.
Fuente; Prevenciondelavado.com

martes, 12 de enero de 2016

‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’: Edgardo Buscaglia

El especialista publica ‘Lavado de dinero y corrupción política’, un análisis donde establece que si en verdad se quiere combatir al crimen organizado se necesita atacar sus finanzas. Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política (Debate), el especialista examina los delitos que preceden el blanqueo de divisas en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.
En entrevista Buscaglia, plantea la urgencia de que México replanteé su marco jurídico e incorpore medidas más drásticas en este sentido de lo contrario, advierte, el costo social será aún más alto.
En su libro más reciente enfatiza la forma en que el lavado de dinero se ha ligado a la corrupción política.
Durante los últimos 20 años se ha convertido en un cáncer espantoso que ha succionado vidas humanas de una manera descontrolada.  Una de las áreas para prevenir que la delincuencia organizada siga succionando al país es el área patrimonial. Desde luego hay otras como la judicial y la prevención social, pero el lavado de dinero es el aparato circulatorio de estas redes criminales. Gran proporción de las desapariciones forzadas tienen motivación económica. Miles de niñas han sido secuestradas no por razones políticas ni sociales, sino simplemente para explotarlas económicamente, como señala Lydia Cacho. Es urgente implementar las medidas para contener las motivaciones económicas que hay detrás de las 47,000 desapariciones forzadas.
De no contenerse el tsunami del dinero que surge de estos delitos, muchos de ellos de lesa humanidad, vamos a tener muchos “Ayotzinapas” por delante.
Usted ha planteado que México es un país de tránsito en términos de lavado de dinero.
Así es. No es el destino final de ese capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los últimos puertos de esos recursos. Hay que entender el circuito: antes de llegar a Estados Unidos y la UE, ese dinero surge de la explotación sexual de niñas y jóvenes, pasa por empresas pantallas nacidas en sitios como Islas Caimán. Después se compran bonos de la deuda búlgara o un edificio en España. Se necesitan dos para bailar tango: México comete sus grandes fallas, pero luego el Cártel de Sinaloa procesa el dinero a través del banco HSBC y pasa por la jurisdicción americana o europea. Una vez que se descubre el proceso, los abogados negocian multas. No podemos seguir así.  Hay que comenzar a aplicar sanciones penales por negligencia criminal.
Este tipo de procesos no se entienden sin la colaboración del poder político.
En algunos países la colaboración de los políticos es más sucia que en otros. En Estados Unidos gran parte del financiamiento de campaña electoral viene de bancos, entonces los políticos en el fondo de su cerebro tienen un conflicto de interés latente. Además los dineros que aportan los bancos norteamericanos en su país no están regulados. Uno sólo puede objetar sus aportaciones éticamente, es lo que llamo corrupción legalizada. En México tenemos un problema grave porque el financiamiento de campañas si bien está regulado, en cuanto al dinero entra a los partidos se genera un agujero negro pues no se audita. Los partidos gastan lo que quieren.  A diferencia de Estados Unidos o Europa, México necesita cubrir los controles patrimoniales más básicos. Si lo hace será un poco más costoso para la delincuencia organizada, meter dinero a la política.  En ningún lado se puede evitar al 100% el lavado de dinero, pero sí puede dificultar. La cuestión es que en México los controles patrimoniales y auditorías de Estado brillan por su ausencia.
Usted propone la creación de una fiscalía Supranacional. ¿Por qué?
La presión internacional siempre genera más cuidado. Una fiscalía supranacional implica modernizar el Estado; presiona a las fiscalías nacionales porque las sujeta controles parlamentarios y mundiales, tal como sucede en Europa.  No estoy diciendo que esto sea la panacea, pero por ahora es lo que se tiene. A la delincuencia transnacional hay que combatirla con instituciones internacionales. Hay que crear una nueva arquitectura de coordinación mundial. Por eso planteo que puede ser útil la experiencia europea con las policías supraestatales, Europol y las fiscalías que agilizan la coordinación entre los estados.
Suele suceder que se tienen instancias o leyes que en el papel presumen eficacia, pero en la práctica no cumplen su cometido.
Ese es un problema mundial, pero en algunos lados la brecha es enorme, como en México, donde existe un marco jurídico tributario que debería bastar para realizar auditorías federales, sociales y tributarias. El problema es que ninguna de las tres se aplica a partidos, candidatos o municipios. Las leyes están redactadas para que la clase política se proteja con el mismo texto. Ojalá México tuviera juicios políticos como sucede en Brasil.
¿Qué tipo de costos tiene aplicar los mecanismos en términos de violencia?
Cuando pegas a los mecanismos empresariales y al corazón de la delincuencia organizada, inmediatamente comienzan a saltar los demonios. Se asesina a los políticos adversarios, caen jueces, etc. Sin duda surge tema grave de violencia pero el Estado debería estar prevenido con células de inteligencia. Se necesitan crear mecanismos judiciales de antemano. Siempre les digo a los funcionarios del Estado que no se puede asumir que por tener oralidad procesada y reformas judiciales en México, el sistema va a funcionar mejor. Hay que reforzar al sistema judicial de lo contrario veremos más violencia no necesariamente contra la población, sino contra las élites que quieran combatir al crimen organizado ya sea por presión internacional o civil.
¿En México no se quiere pagar este costo?
Claro. Recuerde cómo reaccionaban los grupos criminales en Colombia por mecanismos como la extradición: mataban a candidatos. Se pagó un precio alto y no hay lugar del mundo donde las élites quieran asumir el costo. México tendrá que pagar un precio. Los arquitectos de la impunidad actual pagarán caro por el monstruo de corrupción mafiosa que crearon en este país.
Su libro cierra con los casos de corrupción el FIFA. Otro escándalo notable de lavado de dinero.
La corrupción en la FIFA muestra la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es una organización internacional fundada en el 89 en París, congrega a todos los países que acordaron 40 recomendaciones para prevenir y combatir lavado de dinero. La FIFA firmó todos y cada uno de esos pactos, sin embargo violó todas las recomendaciones. No es un problema de ángeles y demonios, se tienen demonios en todos lados pero yo me dedico a medir objetivamente, con datos duros, cuál es la reacción de los Estados ante la corrupción.
¿Le sorprende que las denuncias por corrupción no hayan alcanzado aún a funcionarios mexicanos?
La delincuencia organizada más organizada en México es la política. El pacto de silencio es mucho más efectivo en la política mexicana que en el Cártel de Sinaloa.  Por eso es tan difícil que surjan denuncias desde México hacia afuera. Caen paraguayos, argentinos, pero el tema de la omertá mexicana es muy evolucionado.
Fuente Aristegui noticias

Carteles de la droga mexicanos "se propagan en EE.UU."

PRESENTACION Correspondiente al Curso El Rol del Profesional en la Prevencion del Lavado de Activos

EE.UU. crea "policía" financiera

Golpe a la Familia Michoacana en EE.UU.

FUGA DE CAPITALES POR CARLOS MELCONIAN 03/09/09