sábado, 26 de septiembre de 2020

MONITOREANDO EL PRESENTE

 Sergio Goldenberg | En los últimos artículos nos planteamos acerca de las expectativas que se podían generar sobre la nueva gestión de la Unidad de Información Financiera, formulándonos la pregunta ¿continuidad o cambio? y concluíamos que la respuesta era continuidad y cambio a la vez. Hoy, unos nueve meses después, podemos confirmar que no nos equivocamos. | 24/09/2020


En los últimos artículos que publiqué en esta columna nos planteamos acerca de las expectativas que se podían generar sobre la nueva gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF), formulándonos la pregunta ¿continuidad o cambio? y concluíamos que la respuesta era continuidad y cambio a la vez, ya que adelantábamos la probabilidad de cambios en los rumbos de acción y toma de distancia sobre mucho de lo hecho por la última Gestión, dando continuidad a los objetivos y ejes impulsados en la UIF en el período 2011-2015.

Hoy habiendo pasado ya unos nueve meses podemos confirmar que no nos equivocamos, gestión con foco en la evasión fiscal, posición en las querellas, despidos masivos de personal; si nos ubicamos en el actual escenario económico, el mismo reversiona el de finales del 2014 y si leemos los diarios de aquella época y los actuales, encontraremos puntos de contacto como lo es el mercado cambiario, con su problemática de oferta y demanda, el dólar blue y la consecuente batería de acciones y regulaciones para su control.

En el 2014 veíamos como la acción conjunta de la UIF, BCRA y CNV llevaba a cabo inspecciones a los Sujetos Obligados y las denominadas cuevas, descargando su artillería para controlar la operatoria en el mercado paralelo, reducir la brecha entre la cotización del dólar oficial y el blue y sancionar a compradores y vendedores.

Hoy nuevamente asistimos a la misma problemática donde los mismos organismos están preocupados por los mismos problemas mientras que la UIF comunica a los Sujetos Obligados que extremen sus recaudos tendientes a valorar adecuadamente los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo debido a que han observado el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas y señala la necesidad de que los Sujetos Obligados efectúen, en tiempo y forma, los reportes sistemáticos previstos en el artículo 42 incisos a) y b) de la Res UIF 30/2017 y en el artículo 38 inciso a) de la Res UIF 21/2018.

En el mismo sentido, el BCRA realiza algunas aclaraciones para evitar operaciones cambiarias no genuinas, y conmina a las entidades financieras y cambiarias a ajustar los controles y realizar monitoreos permanentes sobre todo en la identificación de los clientes y con relación al carácter genuino de las operaciones de cambio a cursar.

Establece que cuando el cliente ya posea una cuenta abierta en el sistema financiero -sea en pesos o en moneda extranjera, deberán aplicar medidas de Debida Diligencia en función del nivel de riesgo asignado al cliente y de tratarse de clientes con nivel de riesgo medio, deberán obtener respaldo documental de la actividad económica, del origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del cliente, tal como lo señala la UIF.

Resalta a su vez que la solicitud, participación o ejecución de una operación con sospecha de Lavado de activos/Financiamiento del Terrorismo, obliga a aplicar de forma inmediata reglas de Debida Diligencia Reforzada, debiendo reportar la operación como sospechosa, sin perjuicio de la resolución de la relación comercial que, en su caso, pudieran adoptar.

En consecuencia, prevemos que los Sujetos Obligados deberán ajustar sus matrices de riesgo y diseño de alertas para adecuar sus sistemas de monitoreo a esta nueva y recurrente realidad, desempolvando algunas alertas utilizadas en aquellas épocas.

Si salimos de esta vieja película, ahora en nueva versión remasterizada, con viejos actores conocidos, algunos nuevos integrantes, y final predecible, no encontraremos mayores novedades en la materia hasta el momento, excepto algunos ejes temáticos e inquietudes para su desarrollo futuro por parte de la UIF y el BCRA que pasan por reformar la Ley 25246 a fin de tipificar el delito de proliferación de armas de destrucción masiva, y su financiamiento, ampliar la nómina de Sujetos Obligados, actualizar y fortalecer el marco legal de las sanciones, extender la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para aquellos Sujetos Obligados cuya regulación no fue actualizada, trabajar en el registro de bienes inmuebles y personas humanas o Beneficiarios Finales, Criptoactivos, Fintech, así como Proveedores de servicios de pago.

Por el momento, en lo inmediato parecería ser que la principal preocupación es controlar el acceso a dólares por parte de las personas y empresas y desalentar por cualquier medio la tradicional dolarización del ahorro de los argentinos, y el ataque al dólar blue ya que según lo expresara el presidente del BCRA "detrás del dólar blue hay narcotraficantes y traficantes de armas".

Dicho esto y en medio de un escenario complejo como lo es la pandemia del Covid-19 y a un año de la próxima evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera, el BCRA nos sorprende con la creación de la gerencia de "Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral " y la aprobación de la Guía del Banco Central de la República Argentina para una comunicación inclusiva, reconociendo el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades como recurso válido en las comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de la institución.

"Con la nueva resolución, el Directorio pretende promover una comunicación que evite sesgos de género y expresiones sexistas, que no reproduzca estereotipos o situaciones de discriminación y que visibilice todas las identidades de género. El objetivo es paulatinamente migrar de la masculinización del lenguaje a la interpelación de todos los géneros".

El documento expone ejemplos concretos, sugerencias y opciones para nombrar colectivos y grupos, para denominar cargos, ejemplos sobre el uso de artículos y pronombres, formas impersonales, y recomendaciones sobre el uso de imágenes.

No debería extrañarnos que en el ámbito institucional de la prevención del lavado de activos se adopten iniciativas similares donde, por ejemplo, debamos repensar a partir de un nuevo glosario como denominar a los "Sujetos Obligados" dado que, entre ellos se incluyen a profesionales de sexo femenino como escribanas, contadoras, etc., y en tono humorístico, podríamos imaginar situaciones donde ellas puedan reclamar y alegar que no se sienten incluidas en la norma como Sujetos Obligados ya que el sujeto es masculino y no las incluye y en consecuencia no deberían cumplir con la normativa antilavado, en fin podríamos continuar imaginando ejemplos pero no nos extenderemos en ello.

Entonces, con la idea de promover una sociedad más igualitaria mediante la adopción del idioma inclusivo, quizás se derive en la necesidad de crear nuevos puestos y cargos en los distintos organismos para capacitar, revisar y adecuar la redacción de las normas, regulaciones y demás documentos con la política de comunicación inclusiva, lo cual demandaría mayor presupuesto en un contexto de grave crisis económica donde el sentido común y buen manejo de prioridades es fundamental.

De esta forma, probablemente se agregue en poco tiempo más, una nueva preocupación para los Sujetos Obligados y sus áreas de Cumplimiento, ya que, a la hora de redactar un manual de procedimientos, una norma interna, un mail, o una nota a una Institución del Estado, no solo deberán focalizarse en su contenido especifico profesional y encuadre legal sino que también deberán concentrarse en aplicar adecuadamente el lenguaje inclusivo.

Si reflexionamos sobre las dos situaciones expuestas precedentemente, podríamos conectarlas en algún punto que, a nuestro entender, se tratan de decisiones e instrumentos que no resuelven los problemas que pretenden subsanar.

La criminalización del mercado blue no resuelve las causas de su existencia ya que simplemente es consecuencia de regulaciones restrictivas en el acceso a la moneda extranjera y la desconfianza que tienen los agentes económicos (personas y empresas) en la moneda doméstica y no debemos olvidar que la preservación de su valor es responsabilidad del mismo BCRA.

La dolarización de los activos no responde necesariamente a comportamientos delictuales o perversos, sino más bien es consecuencia frente a la necesidad que las personas tienen de resguardar el valor del producto de su trabajo y esfuerzo ante la falta de alternativas que así lo permitan.

La historia argentina demuestra en las últimas décadas, que su moneda no cumplió con el requisito de reserva de valor que debe tener una moneda y es ahí donde se debería trabajar a efectos de revertir esa condición, ya que sería inútil pretender cambiar la forma de pensar de los argentinos a la hora de elegir como ahorrar si desde el Estado no se logran cambiar las condiciones objetivas para que esto suceda natural y racionalmente.

En el mismo sentido, el alto índice de informalidad de la economía entre otras causas es la contracara de un sistema jurídico y económico que desalienta y castiga la inversión, donde el que está afuera no quiere entrar y el que está adentro y no puede salir, encuentra en los mercados informales una forma de subsistencia. Es por ello que actuar sobre las consecuencias no erradicarán las causas de los problemas que se pretenden solucionar.

Con relación al tema del lenguaje, consideramos que el mismo no discrimina ni excluye a nadie per se, más bien son las personas con su comportamiento y conducta las que pueden generar inclusión o exclusión.

En mi opinión, no será la adopción del denominado "lenguaje inclusivo" lo que haga una mejor sociedad sino la educación que esta tenga.

 

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