Una comisión independiente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia acaba de emitir un informe que revela graves fallas en el combate del lavado de dinero y los delitos financieros complejos, como la evasión fiscal, los fraudes bancarios y la corrupción.
Demoras e ineficiencia en el órgano estatal encargado de investigar y perseguir el lavado, escaso uso y falta de coordinación de las bases de datos existentes, superposición de competencias y de normas entre los organismos involucrados y escasa operatividad de los tratados de cooperación internacional son las más graves fallas registradas.
El lavado de dinero es una maniobra que consiste en introducir en el circuito económico legal, mediante operaciones de apariencia lícita, bienes o recursos que son producto de delitos.
El informe, según trascendió en altas fuentes de la comisión, incluye un diagnóstico y una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción en la administración pública, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El trabajo fue elaborado por la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción. Es un equipo creado en abril de 2008, por iniciativa del entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Lo integran la fiscal Mónica Cuñarro (coordinadora), los camaristas Horacio Cattani, Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. Su presentación coincide con una nueva visita que realiza al país el GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las críticas del trabajo, que llevó casi un año de elaboración y se elevó a la Jefatura de Gabinete, también apuntan a la existencia de un vacío legal para el recupero de activos, a la falta de información sobre el tipo de crímenes que dan inicio a las maniobras de lavado y a la ausencia de un criterio para registrar los bienes investigados.
"De 1989 a la actualidad, la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficientes, con superposición de competencias, sin utilización de organismos y bases estatales de buena calidad", dice el informe. Y agrega: "[La política criminal también ha sido] poco efectiva en relación con el control de los bienes obtenidos de los delitos de contenido económico, tanto de aquellos provenientes del narcotráfico como de los que se cometen en perjuicio de la administración pública [...]".
Ayer, La Nacion intentó comunicarse con el jefe de Gabinete para tener su opinión sobre el informe pero sus voceros no respondieron.
Largas demoras
Uno de los puntos más destacados del informe es que revela graves demoras en la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano estatal encargado del combate del lavado de dinero, del que se pide su "urgente reformulación". El proceso que va desde el momento en que un sujeto obligado a reportar una operación sospechosa denuncia un caso ante la UIF hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años. "Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento.
Para los integrantes de la comisión, el dato es concluyente. "Si la investigación preliminar se demora tanto tiempo ?dijo a La Nacion Falcone, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata?, lo más probable es que se pierdan los bienes, el dinero y todos los datos que servirían para esclarecer la investigación. El ejercicio de la acción penal se vuelve prácticamente imposible."
De hecho, desde la sanción de la ley antilavado, en 2000, la Justicia no dictó condena alguna por ese delito.
Los especialistas destacaron también que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos. "Para combatir la corrupción en todas sus formas es necesario discutir una ley sobre bienes incautables y una coordinación eficiente de los registros de bienes y bases que tiene el Estado", dijo a La Nacion Cuñarro, la fiscal que investigó el caso de los ñoquis en el ex Concejo Deliberante.
En el informe se critica asimismo el dictado de normas contradictorias entre los organismos involucrados en la persecución de esta clase de delitos, como la UIF, el Banco Central y la AFIP. "Es urgente elaborar un digesto que reúna y organice todas las normas y crear un órgano administrativo que centralice esta cuestión. Si se decidiera que ese órgano debería ser la UIF, habría que dotarla de más recursos", opinó Falcone.
Las deficiencias en el combate de los delitos complejos son tales, según concluyó la comisión, que no se puede cuantificar el alcance de estos crímenes ni clarificar.
Demoras e ineficiencia en el órgano estatal encargado de investigar y perseguir el lavado, escaso uso y falta de coordinación de las bases de datos existentes, superposición de competencias y de normas entre los organismos involucrados y escasa operatividad de los tratados de cooperación internacional son las más graves fallas registradas.
El lavado de dinero es una maniobra que consiste en introducir en el circuito económico legal, mediante operaciones de apariencia lícita, bienes o recursos que son producto de delitos.
El informe, según trascendió en altas fuentes de la comisión, incluye un diagnóstico y una serie de recomendaciones para un mejor cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción en la administración pública, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El trabajo fue elaborado por la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción. Es un equipo creado en abril de 2008, por iniciativa del entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Lo integran la fiscal Mónica Cuñarro (coordinadora), los camaristas Horacio Cattani, Roberto Falcone, Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena, la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicóloga Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. Su presentación coincide con una nueva visita que realiza al país el GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las críticas del trabajo, que llevó casi un año de elaboración y se elevó a la Jefatura de Gabinete, también apuntan a la existencia de un vacío legal para el recupero de activos, a la falta de información sobre el tipo de crímenes que dan inicio a las maniobras de lavado y a la ausencia de un criterio para registrar los bienes investigados.
"De 1989 a la actualidad, la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficientes, con superposición de competencias, sin utilización de organismos y bases estatales de buena calidad", dice el informe. Y agrega: "[La política criminal también ha sido] poco efectiva en relación con el control de los bienes obtenidos de los delitos de contenido económico, tanto de aquellos provenientes del narcotráfico como de los que se cometen en perjuicio de la administración pública [...]".
Ayer, La Nacion intentó comunicarse con el jefe de Gabinete para tener su opinión sobre el informe pero sus voceros no respondieron.
Largas demoras
Uno de los puntos más destacados del informe es que revela graves demoras en la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano estatal encargado del combate del lavado de dinero, del que se pide su "urgente reformulación". El proceso que va desde el momento en que un sujeto obligado a reportar una operación sospechosa denuncia un caso ante la UIF hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años. "Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento.
Para los integrantes de la comisión, el dato es concluyente. "Si la investigación preliminar se demora tanto tiempo ?dijo a La Nacion Falcone, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata?, lo más probable es que se pierdan los bienes, el dinero y todos los datos que servirían para esclarecer la investigación. El ejercicio de la acción penal se vuelve prácticamente imposible."
De hecho, desde la sanción de la ley antilavado, en 2000, la Justicia no dictó condena alguna por ese delito.
Los especialistas destacaron también que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos. "Para combatir la corrupción en todas sus formas es necesario discutir una ley sobre bienes incautables y una coordinación eficiente de los registros de bienes y bases que tiene el Estado", dijo a La Nacion Cuñarro, la fiscal que investigó el caso de los ñoquis en el ex Concejo Deliberante.
En el informe se critica asimismo el dictado de normas contradictorias entre los organismos involucrados en la persecución de esta clase de delitos, como la UIF, el Banco Central y la AFIP. "Es urgente elaborar un digesto que reúna y organice todas las normas y crear un órgano administrativo que centralice esta cuestión. Si se decidiera que ese órgano debería ser la UIF, habría que dotarla de más recursos", opinó Falcone.
Las deficiencias en el combate de los delitos complejos son tales, según concluyó la comisión, que no se puede cuantificar el alcance de estos crímenes ni clarificar.
Fuente La Nacion Gabriel Sued
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