El órgano del Gobierno especializado en la lucha contra el lavado de dinero apenas resolvió el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas presentadas entre 2003 y 2008, los primeros cinco años del kirchnerismo.
Esto se desprende de un informe privado, basado en datos oficiales, sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). La noticia se conoce días antes de la llegada al país de una nueva misión del GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Esto se desprende de un informe privado, basado en datos oficiales, sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). La noticia se conoce días antes de la llegada al país de una nueva misión del GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Entre 2003 y 2008, la UIF resolvió 929 de los 4664 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e Informaciones de Otras Fuentes (IOF), acumulados en el organismo, según el estudio elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), elaborado sobre la base de datos oficiales. Los números actualizados hasta el mes pasado indican que la situación se mantiene sin cambios.
Entre los casos resueltos por la UIF, se incluyen los 325 que se archivaron y los 604 que se denunciaron ante la Justicia (13 por ciento del total). Esto quiere decir que más del 80 por ciento de los casos abiertos desde 2003 -originados en situaciones sospechosas denunciadas por sujetos obligados, como bancos, escribanías y casinos- aún no tuvo ningún tipo de resolución.
En los tribunales, la respuesta tampoco fue la esperada: más de nueve años y medio después de la sanción de la ley antilavado, todavía no se dictó ninguna condena por ese delito.
La cantidad de casos resueltos aumentó de 274 a 929 desde 2007, luego de que el Gobierno reformó la UIF y designó en la dirección del organismo a Rosa Falduto. Pero el problema se mantiene. De hecho, durante 2008, sólo se resolvieron 406 de 1182 reportes, lo que equivale al 34 por ciento.
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluye el informe del Cipce, dirigido por Pedro Biscay. "Existen elementos objetivos -concluye el estudio- que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado."
En diálogo con LA NACION, Falduto rechazó las conclusiones del informe, pero reconoció que la acumulación de casos es un problema. Sostuvo que, para resolverlo, hacía falta una mejora tecnológica que agilizara el tratamiento de las denuncias, y una modificación legal, que le permitiera a la UIF aplicar un criterio de selección de los casos por resolver. "El cambio en la ley nos permitiría decidir en qué casos profundizar el análisis y en cuáles disponer un archivo más rápido", explicó.
Para ello, la UIF trabaja en la elaboración de una "matriz de riesgo" que derivará en un criterio de selección y, a mediano plazo, en una propuesta de reforma legal, informó Falduto. La funcionaria afirmó, además, que la acumulación de casos también respondía al aumento de la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas, que, a su vez, era producto, del mayor tratamiento de casos registrados desde 2007.
Pero el informe del Cipce revela también graves deficiencias en los reportes que recibe la UIF.
De 2185 casos analizados hasta diciembre de 2006, sólo 483 (22 por ciento) llegaron al organismo con una demora de menos de 30 días desde el momento de la operación, mientras que otros 719 (33 por ciento) registraron una tardanza de entre uno y seis meses. De los restantes, 338 (15 por ciento) tardaron entre seis meses y un año, y 645 (30 por ciento), más de un año.
"En todas las resoluciones que sacamos desde que empezó nuestra gestión, fijamos un plazo de seis meses, mientras que antes no había ningún plazo", respondió la jefa de la UIF.
El estudio de Cipce detalló, además, que sólo el 22 por ciento de los ROS analizados contenía toda la información necesaria para iniciar una investigación y que sólo el 9 por ciento incluía información de calidad.
Esa situación se torna más llamativa si se tiene en cuenta que desde su creación, en 2002, hasta agosto de 2008, la UIF no había impuesto sanciones, "pese a que la ley le otorga esa facultad como una herramienta prudencial y adecuada para exigir a los sujetos obligados a cumplir los deberes de información que tienen asignados por ley", dice el informe del Cipce.
La ausencia de sanciones se mantiene en la actualidad, confirmó Falduto. Pero por primera vez, informó la funcionaria, se creó un grupo de abogados sumariantes y, este año, se abrieron cuatro sumarios que podrían derivar en castigos a sujetos obligados. "Una vez que terminemos esos casos, vamos a tener una estrategia legal resuelta para encarar el resto", dijo Falduto.
Otro punto señalado en el informe del Cipce es la escasa cantidad de tratados de cooperación firmados entre la UIF y sus equivalentes en otros países: 17 desde 2003.
De hecho, en los últimos dos años sólo se suscribieron convenios con Ecuador y con Polonia. "No se puede medir la cooperación internacional por la firma de tratados", respondió Falduto. La funcionaria detalló que desde su asunción, en 2007, las solicitudes de información recibidas y enviadas habían superado las registradas en los cuatro años anteriores.
Entre los casos resueltos por la UIF, se incluyen los 325 que se archivaron y los 604 que se denunciaron ante la Justicia (13 por ciento del total). Esto quiere decir que más del 80 por ciento de los casos abiertos desde 2003 -originados en situaciones sospechosas denunciadas por sujetos obligados, como bancos, escribanías y casinos- aún no tuvo ningún tipo de resolución.
En los tribunales, la respuesta tampoco fue la esperada: más de nueve años y medio después de la sanción de la ley antilavado, todavía no se dictó ninguna condena por ese delito.
La cantidad de casos resueltos aumentó de 274 a 929 desde 2007, luego de que el Gobierno reformó la UIF y designó en la dirección del organismo a Rosa Falduto. Pero el problema se mantiene. De hecho, durante 2008, sólo se resolvieron 406 de 1182 reportes, lo que equivale al 34 por ciento.
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluye el informe del Cipce, dirigido por Pedro Biscay. "Existen elementos objetivos -concluye el estudio- que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado."
En diálogo con LA NACION, Falduto rechazó las conclusiones del informe, pero reconoció que la acumulación de casos es un problema. Sostuvo que, para resolverlo, hacía falta una mejora tecnológica que agilizara el tratamiento de las denuncias, y una modificación legal, que le permitiera a la UIF aplicar un criterio de selección de los casos por resolver. "El cambio en la ley nos permitiría decidir en qué casos profundizar el análisis y en cuáles disponer un archivo más rápido", explicó.
Para ello, la UIF trabaja en la elaboración de una "matriz de riesgo" que derivará en un criterio de selección y, a mediano plazo, en una propuesta de reforma legal, informó Falduto. La funcionaria afirmó, además, que la acumulación de casos también respondía al aumento de la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas, que, a su vez, era producto, del mayor tratamiento de casos registrados desde 2007.
Pero el informe del Cipce revela también graves deficiencias en los reportes que recibe la UIF.
De 2185 casos analizados hasta diciembre de 2006, sólo 483 (22 por ciento) llegaron al organismo con una demora de menos de 30 días desde el momento de la operación, mientras que otros 719 (33 por ciento) registraron una tardanza de entre uno y seis meses. De los restantes, 338 (15 por ciento) tardaron entre seis meses y un año, y 645 (30 por ciento), más de un año.
"En todas las resoluciones que sacamos desde que empezó nuestra gestión, fijamos un plazo de seis meses, mientras que antes no había ningún plazo", respondió la jefa de la UIF.
El estudio de Cipce detalló, además, que sólo el 22 por ciento de los ROS analizados contenía toda la información necesaria para iniciar una investigación y que sólo el 9 por ciento incluía información de calidad.
Esa situación se torna más llamativa si se tiene en cuenta que desde su creación, en 2002, hasta agosto de 2008, la UIF no había impuesto sanciones, "pese a que la ley le otorga esa facultad como una herramienta prudencial y adecuada para exigir a los sujetos obligados a cumplir los deberes de información que tienen asignados por ley", dice el informe del Cipce.
La ausencia de sanciones se mantiene en la actualidad, confirmó Falduto. Pero por primera vez, informó la funcionaria, se creó un grupo de abogados sumariantes y, este año, se abrieron cuatro sumarios que podrían derivar en castigos a sujetos obligados. "Una vez que terminemos esos casos, vamos a tener una estrategia legal resuelta para encarar el resto", dijo Falduto.
Otro punto señalado en el informe del Cipce es la escasa cantidad de tratados de cooperación firmados entre la UIF y sus equivalentes en otros países: 17 desde 2003.
De hecho, en los últimos dos años sólo se suscribieron convenios con Ecuador y con Polonia. "No se puede medir la cooperación internacional por la firma de tratados", respondió Falduto. La funcionaria detalló que desde su asunción, en 2007, las solicitudes de información recibidas y enviadas habían superado las registradas en los cuatro años anteriores.
Algunos casos emblemáticos
-La valija de Antonini. El venezolano que entró en Aeroparque una valija con 800.000 dólares en un avión pagado por el Gobierno enfrenta en la Argentina un proceso por lavado. No prosperaron los intentos judiciales para extraditarlo.
-El caso Rohm. Carlos Rohm, gerente del Banco General de Negocios, fue detenido en una investigación por lavado en 2002. Fue liberado dos años después.
-La viuda de Escobar. Victoria Henao, viuda del narco colombiano, estuvo presa en la Argentina por presunto lavado. Fue excarcelada. La enjuician en Colombia.
Fuente La Nacion por Gabriel Sued
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