Ademas de mejorar el control y la represion del lavado de dinero, el Gobierno dice que quiere incautar bienes de corruptos
Lo dijo el ministro de Justicia al apoyar una propuesta de una comisión de expertos.
El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró "necesario" que la Justicia pueda disponer de bienes incautados en investigaciones judiciales sobre lavado de dinero antes de que exista sentencia firme como una forma de golpear los bolsillos de los narcotraficantes.Además, brindó un fuerte respaldo al anteproyecto de ley que, en ese sentido, elaboró la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.
Alak sostuvo que el Gobierno impulsa reformas normativas y reglamentarias que "aumentarán nuestra eficacia en la lucha contra el lavado del dinero que proviene del narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia económica y la corrupción".Agregó que "hay un vacío legal y compromisos internacionales que la Argentina asumió; por tanto, el Estado debe seguir mejorando su rendimiento en forma inteligente y con medidas concretas".También destacó que impulsa "un registro nacional de estos bienes, a fin de que los jueces puedan concentrar sus recursos y sus esfuerzos en la investigación de las causas complejas y no a administrar o consignar esos bienes".Consideró que "éste es un problema socioeconómico y sus soluciones son políticas; por eso necesitamos contar con la colaboración de todos los sectores, incluso el privado"."La Comisión ha podido realizar su trabajo libremente porque el Estado la ha provisto de todos los datos que ha requerido", sostuvo Alak, que se reunirá en los próximos días con el grupo de expertos que lidera la fiscal Mónica Cuñarro.El ministro señaló que los organismos financieros internacionales estiman entre 100 y 150 mil millones de dólares la ganancia en negro obtenida anualmente por el narcotráfico a nivel mundial. El proyecto señala que "la Fiscalización y el Control del Financiamiento de los denominados Delitos Complejos constituyen un compromiso internacional que la Argentina ha asumido desde la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".También existen compromisos por "por la Ley 24.072, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante Convención de Palermo de 2000) aprobada mediante la Ley N° 25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 26.097 y la Convención Interamericana contra la Corrupción", entre otras.La comisión sostuvo que "del análisis de las legislaciones penal y administrativa para la prevención y represión del lavado de activos, como de los informes recibidos, se desprende en primer lugar la imperiosa necesidad de fijar, coordinar, modificar y reforzar una política criminal, ajustada a la ley y a las necesidades del Estado".
Lo dijo el ministro de Justicia al apoyar una propuesta de una comisión de expertos.
El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró "necesario" que la Justicia pueda disponer de bienes incautados en investigaciones judiciales sobre lavado de dinero antes de que exista sentencia firme como una forma de golpear los bolsillos de los narcotraficantes.Además, brindó un fuerte respaldo al anteproyecto de ley que, en ese sentido, elaboró la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.
Alak sostuvo que el Gobierno impulsa reformas normativas y reglamentarias que "aumentarán nuestra eficacia en la lucha contra el lavado del dinero que proviene del narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia económica y la corrupción".Agregó que "hay un vacío legal y compromisos internacionales que la Argentina asumió; por tanto, el Estado debe seguir mejorando su rendimiento en forma inteligente y con medidas concretas".También destacó que impulsa "un registro nacional de estos bienes, a fin de que los jueces puedan concentrar sus recursos y sus esfuerzos en la investigación de las causas complejas y no a administrar o consignar esos bienes".Consideró que "éste es un problema socioeconómico y sus soluciones son políticas; por eso necesitamos contar con la colaboración de todos los sectores, incluso el privado"."La Comisión ha podido realizar su trabajo libremente porque el Estado la ha provisto de todos los datos que ha requerido", sostuvo Alak, que se reunirá en los próximos días con el grupo de expertos que lidera la fiscal Mónica Cuñarro.El ministro señaló que los organismos financieros internacionales estiman entre 100 y 150 mil millones de dólares la ganancia en negro obtenida anualmente por el narcotráfico a nivel mundial. El proyecto señala que "la Fiscalización y el Control del Financiamiento de los denominados Delitos Complejos constituyen un compromiso internacional que la Argentina ha asumido desde la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".También existen compromisos por "por la Ley 24.072, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante Convención de Palermo de 2000) aprobada mediante la Ley N° 25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 26.097 y la Convención Interamericana contra la Corrupción", entre otras.La comisión sostuvo que "del análisis de las legislaciones penal y administrativa para la prevención y represión del lavado de activos, como de los informes recibidos, se desprende en primer lugar la imperiosa necesidad de fijar, coordinar, modificar y reforzar una política criminal, ajustada a la ley y a las necesidades del Estado".
Fuente Clarin
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