El Gobierno no quiere un informe muy duro
La misión evaluadora del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recibió ayer un curioso pedido informal para que suavice el tono del reporte que debe elaborar sobre la cuestionada lucha contra el lavado de dinero en la Argentina.
En una reunión que mantuvieron con el coordinador nacional de lucha contra el lavado, Alejandro Strega, y el jefe de los fiscales, Raúl Plée, los funcionarios extranjeros sólo atinaron a responder que hasta febrero el Gobierno tiene plazo para poder hacer las reformas pendientes.
La otra cuestión que desvela a los evaluadores, que hoy se reunirán con representantes de bancos y que seguirán en el país hasta el próximo viernes, es la imposibilidad de dialogar con altas instancias de decisión oficial que les brinden pistas sobre dos cuestiones delicadas y entrelazadas: los juegos de azar y la corrupción.
Ambas cuestiones se encuentran entre las recomendaciones internacionales que el GAFI debe evaluar, al igual que las normas y su implementación de cada país. Si se encuentra una mayoría de asignaturas incumplidas, el país podría ser declarado "no cooperante", junto con Ecuador, Paraguay y Bolivia.
Según indicaron a LA NACION fuentes calificadas que siguen esta revisión, Strega confesó ante los delegados que si las críticas que se vuelcan en el informe que servirá para evaluar a la Argentina en 2010 son muy duras, "no habrá demasiado margen para que el poder político acepte sugerencias".
Shockeado por el informe publicado ayer en LA NACION con las tajantes conclusiones de una comisión que funciona en el área del Ministerio de Justicia, que señaló las fallas en la lucha contra este delito, Strega atinó a prometer reformas, pero pidió cierta piedad para no causar irritación en un gobierno poco acostumbrado a la crítica externa.
Una de las claves de estos cambios, según admiten en el Gobierno, es facilitar las condenas por lavado (hasta ahora no hay ninguna) con una simplificación de la ley, que implique reducir la cantidad de delitos precedentes a esa figura penal.
Entre ellos, se quitaría la de evasión fiscal, que es la que más denuncias genera ante la Justicia.
Al respecto, ayer, tres jueces en lo penal económico que se reunieron con la misión evaluadora opinaron que, tal como está, la ley es complicada de aplicar porque, además, no penaliza el autolavado.
La otra norma clave es la que permita disponer de bienes incautados en causas sobre lavado antes de que exista sentencia firme. El ministro Julio Alak expresó su apoyo a la iniciativa, elaborada por esta comisión de políticas públicas de prevención y control del tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y la corrupción.
En tanto, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), expresaron su satisfacción por el encuentro que mantuvieron con el GAFI, en el que se habría elogiado la gran cantidad de informes sospechosos elaborados y el control de divisas que realiza el organismo fiscal.
También estaban felices porque hubo pocas preguntas sobre el polémico blanqueo de capitales.
En una reunión que mantuvieron con el coordinador nacional de lucha contra el lavado, Alejandro Strega, y el jefe de los fiscales, Raúl Plée, los funcionarios extranjeros sólo atinaron a responder que hasta febrero el Gobierno tiene plazo para poder hacer las reformas pendientes.
La otra cuestión que desvela a los evaluadores, que hoy se reunirán con representantes de bancos y que seguirán en el país hasta el próximo viernes, es la imposibilidad de dialogar con altas instancias de decisión oficial que les brinden pistas sobre dos cuestiones delicadas y entrelazadas: los juegos de azar y la corrupción.
Ambas cuestiones se encuentran entre las recomendaciones internacionales que el GAFI debe evaluar, al igual que las normas y su implementación de cada país. Si se encuentra una mayoría de asignaturas incumplidas, el país podría ser declarado "no cooperante", junto con Ecuador, Paraguay y Bolivia.
Según indicaron a LA NACION fuentes calificadas que siguen esta revisión, Strega confesó ante los delegados que si las críticas que se vuelcan en el informe que servirá para evaluar a la Argentina en 2010 son muy duras, "no habrá demasiado margen para que el poder político acepte sugerencias".
Shockeado por el informe publicado ayer en LA NACION con las tajantes conclusiones de una comisión que funciona en el área del Ministerio de Justicia, que señaló las fallas en la lucha contra este delito, Strega atinó a prometer reformas, pero pidió cierta piedad para no causar irritación en un gobierno poco acostumbrado a la crítica externa.
Una de las claves de estos cambios, según admiten en el Gobierno, es facilitar las condenas por lavado (hasta ahora no hay ninguna) con una simplificación de la ley, que implique reducir la cantidad de delitos precedentes a esa figura penal.
Entre ellos, se quitaría la de evasión fiscal, que es la que más denuncias genera ante la Justicia.
Al respecto, ayer, tres jueces en lo penal económico que se reunieron con la misión evaluadora opinaron que, tal como está, la ley es complicada de aplicar porque, además, no penaliza el autolavado.
La otra norma clave es la que permita disponer de bienes incautados en causas sobre lavado antes de que exista sentencia firme. El ministro Julio Alak expresó su apoyo a la iniciativa, elaborada por esta comisión de políticas públicas de prevención y control del tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y la corrupción.
En tanto, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), expresaron su satisfacción por el encuentro que mantuvieron con el GAFI, en el que se habría elogiado la gran cantidad de informes sospechosos elaborados y el control de divisas que realiza el organismo fiscal.
También estaban felices porque hubo pocas preguntas sobre el polémico blanqueo de capitales.
Fuente La Nacion Martín Kanenguiser
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario