El Gobierno puso este martes en la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende regular la actividad de casinos y casas de apuestas en el país.
Se trata del plan que el Ministerio de Hacienda anunció en julio pasado como uno de los remedios para enfrentar el déficit en las finanzas públicas.
Se trata del plan que el Ministerio de Hacienda anunció en julio pasado como uno de los remedios para enfrentar el déficit en las finanzas públicas.
De hecho, una de las propuestas más importantes de la iniciativa es la creación de un impuesto del 2% sobre los ingresos brutos mensuales (tras el pago a ganadores) de los establecimientos.
Este tributo representará $100 millones de ingresos anuales para el Estado, según estimaciones de Hacienda.
También incluye el cobro de un canon de funcionamiento hasta por un máximo del 0,5% de los ingresos brutos por año.
Para controlar la actividad, la iniciativa propone crear la Comisión Nacional Reguladora de Apuestas y Juegos de Azar, que otorgará licencias de operación a los establecimientos e impondrá sanciones administrativas.
A su vez, este órgano nombraráa un Superintendente responsable de vigilar el cumplimiento de la ley por medio de un cuerpo de inspectores.
Prioridades. Al menos seis iniciativa similares ingresaron al Congreso en las últimas dos décadas. Ninguno alcanzó la probación, de ahí, que los casinos estén regulados sólo por reglamentos y votos de la Sala Constitucional.
Pese a los antecedentes, Roberto Thompson, viceministro de la Presidencia, augura mayor éxito para este plan porque, según él, atiende dos “prioridades”.
“No solo regula casinos físicos sino virtuales y Hacienda tiene reportes de que aquí operan cientos. La otra razón es tributaria”, adujo.
Thompson es responsable de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
JoséRosales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), califica como desinterés el hecho de que el Gobierno presente el plan ahora, iniciada la campaña electoral.
“A cualquier comisión que lo mandan pasa a hacer fila y aquí no se mueve nada hasta el 7 de febrero (elecciones)”, dijo el legislador.
Para Rosales era más viable aprovechar dos proyectos del PAC, uno sobre casinos y otro sobre apuestas, que estaban a punto de ser dictaminados en la Comisión legislativa de Hacendarios.
Única crítica. Para la Asociación de Casinos el único pero que, por ahora, le tienen al proyecto es el 2% de impuesto mensual.
Así lo manifestó el vicepresidente de esa organización, Jorge Hidalgo, quien aseguró que no tienen temor por el control.
Hidalgo opinó que los dos cobros que crea esa ley, sumados los actuales impuestos municipales y sobre la renta, son un exceso.
“Son cuatro impuestos diferentes generados sobre la misma industria, hay que sacar esos números a ver si sumando, soporta”, manifestó.
Hidalgo calculó que en el país hay entre 30 y 35 casinos físicos, la mayoría “pequeños”.
Este tributo representará $100 millones de ingresos anuales para el Estado, según estimaciones de Hacienda.
También incluye el cobro de un canon de funcionamiento hasta por un máximo del 0,5% de los ingresos brutos por año.
Para controlar la actividad, la iniciativa propone crear la Comisión Nacional Reguladora de Apuestas y Juegos de Azar, que otorgará licencias de operación a los establecimientos e impondrá sanciones administrativas.
A su vez, este órgano nombraráa un Superintendente responsable de vigilar el cumplimiento de la ley por medio de un cuerpo de inspectores.
Prioridades. Al menos seis iniciativa similares ingresaron al Congreso en las últimas dos décadas. Ninguno alcanzó la probación, de ahí, que los casinos estén regulados sólo por reglamentos y votos de la Sala Constitucional.
Pese a los antecedentes, Roberto Thompson, viceministro de la Presidencia, augura mayor éxito para este plan porque, según él, atiende dos “prioridades”.
“No solo regula casinos físicos sino virtuales y Hacienda tiene reportes de que aquí operan cientos. La otra razón es tributaria”, adujo.
Thompson es responsable de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
JoséRosales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), califica como desinterés el hecho de que el Gobierno presente el plan ahora, iniciada la campaña electoral.
“A cualquier comisión que lo mandan pasa a hacer fila y aquí no se mueve nada hasta el 7 de febrero (elecciones)”, dijo el legislador.
Para Rosales era más viable aprovechar dos proyectos del PAC, uno sobre casinos y otro sobre apuestas, que estaban a punto de ser dictaminados en la Comisión legislativa de Hacendarios.
Única crítica. Para la Asociación de Casinos el único pero que, por ahora, le tienen al proyecto es el 2% de impuesto mensual.
Así lo manifestó el vicepresidente de esa organización, Jorge Hidalgo, quien aseguró que no tienen temor por el control.
Hidalgo opinó que los dos cobros que crea esa ley, sumados los actuales impuestos municipales y sobre la renta, son un exceso.
“Son cuatro impuestos diferentes generados sobre la misma industria, hay que sacar esos números a ver si sumando, soporta”, manifestó.
Hidalgo calculó que en el país hay entre 30 y 35 casinos físicos, la mayoría “pequeños”.
Los mecanismos de control y cobros de impuestos que propone el proyecto de ley aplicarán para todo tipo de apuestas y casinos. Es decir no importa si estos funcionan en un edificio o se realizan a través de Internet.
De hecho, el texto expresamente considera como apuestas realizadas en el país aquellas hechas a través de concesionarios “independientemente del lugar donde esté el apostador”.
De hecho, el texto expresamente considera como apuestas realizadas en el país aquellas hechas a través de concesionarios “independientemente del lugar donde esté el apostador”.
Con esa aclaración, el Ministerio de Hacienda se frota las manos pues maneja información de que entre la isla de Antigua (en el Caribe) y Costa Rica se mueve el 50% del negocio mundial de las apuestas electrónicas y casinos virtuales, que genera ingresos a nivel mundial por $14.000 millones anuales.
Sobre el tema, el proyecto incorpora en su exposición de motivos parte del Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe de mayo de 2007.
“Existe en Costa Rica una gran cantidad de apuestas deportivas o casinos por Internet, las cuales se encuentran registradas como empresas que prestan servicios de procesamiento de datos, y no existe control alguno sobre estos establecimientos”, dice el informe.
El documento no excluye que, actualmente, la ausencia de control permita la transferencia de dinero de “origen ilegal”.
Frente a esas posibilidades, el proyecto plantea todo un esquema de control para detectar “transacciones sospechosas”.
Además, obliga a los operadores tanto de casinos físicos como virtuales a llevar registros contables “legibles y permanentes” que deberá proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Si se descubre que un operador o empleado destruye información o facilita comisión de delitos de narcotráfico o lavado de dinero, entre otros, se expone a penas de prisión de hasta ocho años.
Ayer se intentó consultar a Eduardo Agami, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Apuestas Electrónicas, pero no respondió a mensajes dejados en su celular.
Sobre el tema, el proyecto incorpora en su exposición de motivos parte del Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe de mayo de 2007.
“Existe en Costa Rica una gran cantidad de apuestas deportivas o casinos por Internet, las cuales se encuentran registradas como empresas que prestan servicios de procesamiento de datos, y no existe control alguno sobre estos establecimientos”, dice el informe.
El documento no excluye que, actualmente, la ausencia de control permita la transferencia de dinero de “origen ilegal”.
Frente a esas posibilidades, el proyecto plantea todo un esquema de control para detectar “transacciones sospechosas”.
Además, obliga a los operadores tanto de casinos físicos como virtuales a llevar registros contables “legibles y permanentes” que deberá proporcionar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Si se descubre que un operador o empleado destruye información o facilita comisión de delitos de narcotráfico o lavado de dinero, entre otros, se expone a penas de prisión de hasta ocho años.
Ayer se intentó consultar a Eduardo Agami, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Apuestas Electrónicas, pero no respondió a mensajes dejados en su celular.
Fuente nacion.com .Costa Rica Irene Vizcaíno Publicado: 2009/10/15
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