Argentina: el Gobierno busca evitar sanciones del GAFI

Hoy llega el titular del organismo para una visita de alto nivel
El Gobierno desarrollará a partir de hoy una estrategia audaz y riesgosa luego del severo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que no combate el lavado de dinero: intentará convencer al presidente del organismo, Luis Urrutia Corral, de que elaboró un plan de acción para corregir las enormes deficiencias. Pretende usar al GAFI-Sud, un organismo regional, para descolocar al GAFI y dictará un decreto para concentrar atribuciones en la Unidad de Información Financiera (UIF).
En su última reunión plenaria en París, el GAFI emitió un dictamen donde dejó constancia que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas (recomendaciones) que guían la lucha contra el lavado de dinero; señaló 250 deficiencias y colocó al país bajo un "proceso de seguimiento riguroso e intensivo".
Ante la posibilidad de que la Argentina sea sancionada por el GAFI en la reunión plenaria de febrero -cuando venzan los 100 días que el organismo dio para poner las cosas en orden-, el coordinador nacional de políticas antilavado, Alejandro Strega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, en forma urgente, elaborar un plan de acción. Una sanción podría tener consecuencias graves para las transacciones financieras y comerciales con el exterior.
Dada la delicada situación de la Argentina, Luis Urrutia Corral, titular del organismo internacional, iniciará hoy una visita de alto nivel. Cuando comience los contactos con el Gobierno, la UIF, directores del Banco Central, Comisión Nacional de Valores y diputados y senadores, observará que hay una estrategia a tres puntas:
• Leerá un decreto, elaborado contra reloj, para concentrar en la UIF muchas atribuciones. Hasta ahora, la UIF fue un organismo ineficiente y Sbatella pretende mostrar que desde que asumió, en enero, le dio mayor dinamismo, aunque todavía no esté claro con qué resultados (hubo inspecciones y multas a dos bancos que la Justicia podría revocar y, además, inspeccionó varias escribanías, joyerías y dos casinos). "En realidad, se trata de poner en claro atribuciones que el organismo ya tiene", confirmaron altas fuentes del Ministerio de Justicia y de la propia UIF.
• El Gobierno envió al GAFI un plan de acción en el que asegura que algunas de las 250 deficiencias se están corrigiendo ahora, pero que para las más importantes sólo tienen una promesa: las corregirá el Congreso para noviembre de 2011.
• El tercer paso de la estrategia es, quizás, el más riesgoso y controvertido. Desde el mes último, cuando entró en contacto en Brasilia con los representantes del Mercosur, Sbatella siguió negociando contra reloj para que algunos de los doce países que integran GAFI-Sud, organismo regional similar al GAFI, emitan este jueves una declaración sobre la Argentina mucho más favorable de la realizada por el GAFI hace dos meses.
Esta tercera carta tiene pocas chances de triunfar, porque México fue duro con la Argentina en el organismo internacional (Urrutia Corral es mexicano) y Brasil tal vez opte por callarse. Por eso, Sbatella trabaja sobre Chile y Perú. "Pero es muy difícil imaginar que el GAFI-Sud vaya a dejar descolocado al organismo madre, el GAFI. Habría dictámenes contradictorios", dijeron a La Nacion fuentes de ese organismo.
El Gobierno no repara en estas contradicciones. Frente al informe adverso de octubre último, lo que busca ahora es tener elementos para evitar sanciones.
Urrutia Corral tiene previsto reunirse hoy con Sbatella -que también aspira a absorber la coordinación nacional, que ejerce Strega, quien renunciaría en breve-; con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, más debilitado después de los hechos de Villa Soldati, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. No tomará ninguna decisión, simplemente escuchará, para ver si realmente el Gobierno tiene voluntad política de cambiar las cosas.
El plan de acción dice que algunas reformas, que pueden introducirse por vía de decretos o resoluciones, estarán listas entre este mes y febrero próximo. Pero el período de un año que propone la Argentina para las reformas más complejas, en rigor, excede en mucho el plazo dado por el GAFI, que vence cuando el organismo vuelva a sesionar en París en febrero próximo.
Entre las deficiencias que la Argentina debe corregir, según el organismo con sede en París, figuran la falta de condenas por lavado; que la legislación no penaliza los delitos de autolavado ni el de conspiración; que algunas de las sanciones previstas para el lavado son leves y que tampoco existe un régimen de confiscación de bienes.
Según el GAFI, hay grandes sectores económicos, por ejemplo, inmobiliarias, compraventa de metales o piedras preciosas, casinos, algunas operaciones de aseguradoras y tarjetas de crédito que directamente están fuera del sistema.
El plan de acción del Gobierno explica que varios proyectos de ley incluyen la corrección de algunas de esas deficiencias para noviembre de 2011, pero, curiosamente, no se dice nada respecto de casinos y otros sectores sensibles.
Por otra parte, la lupa internacional se posó en el Banco Central y en la Comisión Nacional de Valores. El GAFI sostuvo que no ha realizado inspecciones amplias ni eficientes sobre los respectivos sectores en los que operan. Además, se destacó que cuando se reportan operaciones sospechosas, la UIF, el BCRA, la CNV y la AFIP tienen restricciones para compartir información entre sí o a requerimiento del exterior.
Las observaciones
• Advertencia. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) cuestionó en su último informe la falta de compromiso de la Argentina en la lucha contra el lavado.
• Deficiencias. El organismo con sede en París destacó que en la Argentina no hay condenas por lavado y que sólo el 10% de los 738 casos de posible lavado derivó en una denuncia penal.
• Información. Entre las deficiencias, se marcó la existencia de restricciones en el BCRA, la UIF, la CNV y la AFIP para compartir información cuando se reportan operaciones sospechosas.
• Cooperación. El organismo destacó graves deficiencias en la cooperación internacional y que el BCRA y la CNV no han hecho inspecciones eficientes en los sectores que operan