jueves, 22 de abril de 2010

ESPANA: El Congreso aprueba por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El texto incorpora la directiva europea al respecto así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención
Madrid. (EFECOM).- El pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que pretende evitar que los bienes procedentes de actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. La nueva ley incorpora el contenido de la directiva europea sobre blanqueo de capitales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención contra esta actividad. Entre las principales modificaciones incorporadas por el Congreso se encuentra la aplicación de diligencias simplificadas a las operaciones que tengan un umbral mínimo de 1.000 euros, que el Senado había ampliado hasta los 3.000 euros por medio de una enmienda. Según la ponente socialista de la ley en el Congreso, Gloria Gómez Santamaría, la norma contiene "importantes avances en materia de prevención", ya que amplía las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales a la financiación del terrorismo. Añadió que con esta ley se hace cada vez más difícil "obtener beneficios procedentes de actividades ilícitas en forma de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, acciones o inversiones en sociedades". La diputada socialista resaltó que cortar este flujo "es de vital importancia al ser una pieza clave en la lucha antiterrorista". Por su parte, el diputado del PP Baudilio Tomé resaltó la unanimidad mostrada por todos los grupos políticos, a la vez que indicó que la nueva ley permite "aligerar cargas fiscales y refuerza la seguridad jurídica". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que España continúe la lucha contra los paraísos fiscales a nivel internacional, al tiempo que criticó que el Ejecutivo haya aprobado un real decreto que facilita que los inversores residentes en estos países puedan comprar deuda pública española. Por otro lado, Tomé pidió que la ley se complemente con "mecanismos efectivos", y se hizo eco de las quejas de los inspectores de hacienda sobre los nuevos objetivos exigidos por la Agencia Tributaria

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