Argentina:Investigan si se lavó dinero en la campaña electoral

Cheques librados al kirchnerismo aparecen en reportes de operaciones sospechosas
Cinco cheques librados a nombre del Frente para la Victoria por un total de 635.000 pesos donados para la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, en 2007, aparecen mencionados en la investigación del lavado de dinero que habría realizado la organización acusada de comercializar medicamentos apócrifos y cobrar reintegros del Estado por remedios nunca entregados, liderada por el sindicalista bancario Juan José Zanola.
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que depende del Ministerio de Justicia encargado de investigar el blanqueo de activos, tenía conocimiento de estos pagos desde 2008, cuando le fueron reportados por los bancos intervinientes, que los consideraron "operaciones sospechosas".
El recaudador de fondos de esa campaña electoral era el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, cuya indagatoria ordenó anteayer la Cámara Federal. La Justicia quiere saber si hubo participación de algún funcionario, si permitió que se gestaran las maniobras investigadas y qué beneficios obtuvo a cambio. O si las empresas que aportaron fondos electorales obtuvieron alguna ventaja por su condición de donantes.
De todos modos, Oyarbide no avanzará en lo inmediato sobre Capaccioli. Primero debe ordenar la voluminosa causa, como le advirtió la Cámara Federal, y reacomodar las cajas de documentación para que puedan entrar los declarantes en el juzgado. Consiguió un subsuelo en un edificio del Organismo Nacional de la Administración de Bienes del Estado (Onabe) en Córdoba y Cerrito.
El primero de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibió la UIF fue del Banco Privado de Inversiones. Le advertía que Ibar Esteban Pérez Corradi recibía depósitos en su caja de ahorro de cheques por un total de 426.677 pesos librados por el laboratorio Multipharma, en favor de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, preso por la mafia de los medicamentos. Estaban endosados a nombre de Pérez Corradi.
Pérez Corradi está actualmente preso y a la espera de su extradición a los Estados Unidos por contrabando de oxitodona, un analgésico opiáceo, con efectos similares a la morfina y la heroína. Su nombre apareció en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, pues hay testigos que afirmaron que había amenazado a Sebastián Forza por sus negocios con la efedrina y un grupo de narcos mexicanos.
Mucho efectivo
El otro reporte de operaciones sospechosas es del banco Santander Río y menciona que Multipharma, de Horacio Torres, socio de Lorenzo, había recibido un depósito en efectivo de 2.829.050 pesos y libraba cheques a favor de San Javier, salvo uno por 310.000 pesos a nombre del Frente para la Victoria. Hay un informe similar del Banco Provincia.
Torres y Lorenzo están presos por la mafia de los medicamentos. A Lorenzo se lo considera jefe de la asociación ilícita, al igual que a Zanola, y a Torres, organizador.
Un cuarto reporte de operaciones sospechosas fue efectuado por el banco Santander Río a la UIF el 6 abril de 2009 en el que advertía que Torres, presidente de Multipharma, junto con su esposa, Georgelina Méndez Diz, usaban una cuenta Infinity en la que depositaban una gran cantidad de dinero en efectivo y luego libraban cheques a Droguería San Javier. Esos valores eran luego endosados a nombre de cooperativas de crédito, donde eran cambiados. Excepto cuatro cheques que fueron librados a favor del Frente para la Victoria, por 325.000 pesos.
La Cámara Federal exhortó al juez Oyarbide a que investigara ahora toda la maniobra del blanqueo del dinero obtenido a través de los negocios con medicamentos adulterados, apócrifos, con la venta de cheques y en especial con la cooperativa Vernet, de Lorenzo.
Sobre todo considerando que esa financiera aparece tomando una hipoteca de San Javier, por 820.000 dólares, cuando según su balance no podía hacerlo.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah le pidieron a Oyarbide que ahondara en estas maniobras e identificara a los responsables que "participaron en la conversión de su producido económico a efectos de dotarlo de aparente legitimidad".
SIN LUGAR PARA QUE DECLAREN LOS TESTIGOS
En el Juzgado Federal N° 5 de Norberto Oyarbide no hay lugar para un expediente más. Hay cajas del piso al techo en todos los despachos de los secretarios y empleados. Son todos documentos relacionados con la mafia de los medicamentos. Hasta hay heladeritas de telgopor. Por eso el juez pidió y le consiguieron una oficina adicional. Se trata de un subsuelo en Cerrito y Córdoba, en un edificio del Estado. Allí serán convocados a testificar el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y su ex colega bonaerense Claudio Zin, apenas puedan mudar las cajas. También allí será indagado Héctor Capaccioli.
Fuente: Hernán Cappiello LA NACION