Argentina Lavado de dinero: Se prevee durísimo informe contra el Gobierno

El Gobierno sabe lo que se viene. El próximo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, un organismo intergubernamental) sobre la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina será "durísimo" e, incluso, "lapidario", según admitieron a La Nacion altas fuentes oficiales que se mantienen en contacto con los redactores del temido trabajo.
Trascendió que el informe critica especialmente a la Unidad de Información Financiera (UIF, dependiente del Ministerio de Justicia), por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. También habla de descoordinación y de los recelos con otros entes oficiales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para intercambiar información confidencial.
La misión del GAFI que estuvo recientemente en el país ?integrada por expertos de siete países? analiza dar un paso más en su documento: incluiría la corrupción como una de las causas que explican por qué la Argentina se encuentra en su situación actual, según pudo reconstruir La Nacion tras consultar a una decena de actuales y ex funcionarios, expertos internacionales e interlocutores del sector privado.
"El informe no puede ser «liviano». Será duro, aunque cuán lejos llegará en sus críticas todavía está por verse", señaló una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboración, pidió mantener su nombre en reserva. El Gobierno confía, sin embargo, en que el GAFI les dará "una oportunidad", a la luz de los cambios observados desde enero. Desde la salida de la presidenta, el vicepresidente y todo el Consejo Asesor de la UIF, y su reemplazo por José Sbattella y su equipo, así como por la aplicación de la primera sanción a un banco por la omisión de denunciar operaciones sospechosas.
"Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora sí las cumpliremos", indicó un alto funcionario a LA NACION.
El objetivo último del Gobierno es evitar que el GAFI decida en su reunión plenaria de junio -o, a más tardar, entre octubre y noviembre- difundir el reporte junto a una "declaración pública" sobre la Argentina.
Eso forzaría la aplicación automática de la "recomendación 21", que sugiere a la comunidad internacional "prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente".
Línea roja
La Argentina ya flirteó dos veces con esa línea roja durante los últimos años. La primera ocurrió en los meses previos a la reunión plenaria que se celebró en Estrasburgo, en febrero de 2007, por las demoras del Congreso en tipificar el delito de financiación del terrorismo. El Gobierno pidió tiempo y en junio de aquel año aprobó esa ley.
La relación con el GAFI ya venía cargada. En febrero y junio de 2005, el Grupo le envió dos cartas al Gobierno para expresar su malestar por distintos incumplimientos.
En marzo de 2008, el titular del GAFI viajó a la Argentina para pedir personalmente que aumentaran los controles locales. Y a principios de 2009, tras una tercera carta -esta vez por el polémico proyecto, luego ley, de blanqueo de capitales-, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, viajó a París para defender la posición oficial y evitó, por segunda vez, la difusión de una "declaración pública".
Ahora, la misión del GAFI que se reunió con funcionarios y líderes del sector privado a mediados de noviembre pasado, evalúa cuánto avanzó o retrocedió el país desde el anterior "informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo", aprobado en junio de 2004.
En aquel informe se señaló:
· La Argentina no registraba ninguna condena judicial por lavado de dinero, lo que generaba "una seria preocupación". Casi seis años después, sigue igual.
· El Congreso no había tipificado la figura penal del "autolavado". Continúa igual, aunque Sbattella promete elevar un proyecto de ley en el corto plazo.
· Algunos organismos del Estado, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, no compartían sus archivos confidenciales con la UIF, lo que el GAFI definió como una cooperación "deficiente". Sigue igual. "La Argentina tiene 24 registros de la propiedad inmueble que no están conectados entre sí. ¿Cómo es posible?", ejemplificó un experto.
· El personal de la UIF era, en su mayoría, de planta temporaria, lo que aumenta los riesgos de filtración de secretos y pérdida recurrente de la experiencia acumulada. Sigue igual.
· La UIF mostraba retrasos notables y escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), por falta de recursos técnicos y de técnicos capacitados. Sigue igual.
· La UIF carecía de "facultades de inspección" sobre bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados bajo sospecha. Sigue igual.
El Gobierno, sin embargo, podrá mostrar avances en dos áreas. Por un lado, la UIF no aplicaba multas a las entidades obligadas de reportar operaciones sospechosas; pero Sbattella aplicó la primera el mes pasado. Por el otro, la misión del GAFI sugirió en 2004 "crear unidades especializadas en materia de lavados de activos" dentro del Ministerio Público Fiscal". Así lo hizo el procurador Esteban Righi. Además, el procurador instruyó a los fiscales que identifiquen los bienes o el dinero vinculados que puedan ser decomisados al investigar algún delito para evitar su lavado
Fuente: La Nacion Hugo Alconada Mon

La primera revisión sembró dudas
Se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios; dicen que la respuesta fue "incomprensible"
La revisión de la Argentina en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo empezó mal. Ocurrió cuando, según marca el procedimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y antes del viaje de los expertos, se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios: desde el marco jurídico e institucional y su aplicación real hasta los criterios de control para el sector bancario, de seguros y de valores, o la cooperación internacional.
"La respuesta del Gobierno fue incomprensible", indicó una de las fuentes consultadas por LA NACION al tanto de la evaluación en marcha sobre la Argentina, lo que acrecentó los reparos de algunos miembros de la delegación de expertos.
Presidida por Kevin Vandergrift (EE.UU.) y Stéphanie Talbot (Francia), por el GAFI, junto a Alejandro Montesdeoca (Uruguay) y Tomás Koch (Chile), por el Gafisud, la misión también incluyó a Fabio Contini (Italia), Mauricio Fernández (Chile), Javier Martínez Sanchiz (ONU), María Rosa Longone (Uruguay), Mar Arias Lorenzo (España) y Juliette van Doorn (Holanda).
La revisión incluyó reuniones con la Unidad de Información Financiera (UIF), Lotería Nacional, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, entre otros, y las asociaciones y cámaras de bancos, compañías de seguros y casas de cambio, además de escribanos, contadores, joyeros y líderes del sector inmobiliario.
Suavizar el reporte :
Consciente de la potencial tormenta, el representante argentino ante el GAFI, Alejandro Strega, le pidió a la misión que suavizara el reporte en ciernes, según reveló LA NACION en noviembre pasado.
Si no, según les planteó, no habría demasiado margen para que el poder político aceptara sugerencias.
Poco antes, el titular saliente del GAFI, Antonio Rodrigues, había trazado el panorama real ante la consulta de LA NACION.
"[La Argentina] -adelantó- durante la visita deberá probar la seriedad de sus intervenciones [en la lucha antilavado] y su sinceridad sobre la aplicación de la ley."
El objetivo, completó el funcionario, es "ver cómo funcionan las cosas en la realidad. De esa manera, se puede tener una idea precisa de la efectividad del sistema".
Para el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla), José María Salinas, la respuesta es obvia. "Ponemos un gran énfasis en la tarea preventiva en sede administrativa, con la UIF, pero ¿qué pasa con el resto?", se preguntó.
"Estamos rengos en el área investigativa y debe haber una decisión política de armar una lucha antilavado como equipo: con la UIF, la AFIP, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad", completó.
Pero si Strega le pidió a la misión del GAFI que suavizara su reporte y Salinas subraya las falencias del sistema actual, el ex coordinador argentino ante el GAFI y titular de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, no descarta una "sobreactuación desmedida" del Gobierno. Esto, entiende Marteau, se haría porque la administración nacional "ahora está urgida en mostrar resultados".
De acuerdo con la visión de Marteau, esto potencia "el riesgo implícito de la desnaturalización del sistema antilavado y la utilización política de las herramientas de investigación con objetivos muy distintos de los que fijan las leyes".