Los extranjeros deberán firmar una declaración en la que atestiguarán haber pagado los impuestos correspondientes en su país. Si el banco tiene dudas de la veracidad de esta declaración, deberá pedir más datos o incluso rechazar el depósito
Los extranjeros que quieran depositar dinero en Suiza ya no podrán esconderlo al fisco de sus países. Si prospera un proyecto del gobierno de ese país, los clientes que quieran confiar su dinero a bancos suizos se verán obligados a atestiguar que han declarado dichos depósitos en sus lugares de origen.
Esta es una de varias medidas que el Consejo Ejecutivo (gobierno helvético) pretende imponer en su estrategia para acabar paulatinamente con el “dinero sucio” depositado en las arcas del sector bancario suizo. En la práctica, un ciudadano chino, español o sudanés que quiera depositar una suma “importante” de dinero en un banco helvético tendrá que firmar una declaración en la que atestiguará haber pagado los impuestos correspondientes en su país por dicho monto.
Si el banco tiene dudas de la veracidad de esta declaración, deberá pedir más datos y si sigue sin estar convencido, deberá rechazar el depósito del dinero.
En el caso de que este ciudadano mintiese y las autoridades suizas lo supieran, podrían eventualmente iniciar un proceso legal contra él, aunque este es uno de los aspectos jurídicos que debe aún desarrollarse y concretarse.
Asimismo, aún no se ha determinado cual será el monto a partir del cual se deberá firmar la declaración, qué controles exactos deberán aplicar los bancos, o si la FINMA, el controlador del mercado financiero suizo, jugará un papel o no en esta materia, entre otras cuestiones.
Es por ello que el Gobierno se ha dado hasta septiembre para desarrollar la normativa. Lo que sí está claro es que la nueva legislación no tendrá carácter retroactivo y sólo se aplicará a los depósitos que se efectúen una vez esté en vigor.
La reacción de la Asociación Suiza de Bancos (ASB) no se hizo esperar y si bien la aceptan y la acatarán, han dejado claro que los bancos no tienen que ser los responsables del comportamiento legal o ilegal de sus clientes con respecto a su relación con el fisco de sus países de origen.
Asimismo, la patronal de los bancos ha solicitado que las nuevas disposiciones no sólo se apliquen a los bancos sino a todos los intermediarios financieros, y ha mostrado sus deseo de que otras plazas financieras en el mundo se encaminen en la misma dirección.
Uno de los aspectos que alaban los bancos es el hecho de que la nueva normativa no incluya el intercambio automático de informaciones entre Suiza y un tercer país sobre los titulares de los depósitos.
El Consejo Federal pretende salvaguardar el sacrosanto secreto bancario y mantener el anonimato de los clientes extranjeros con depósitos en Suiza, y estima que el impuesto liberatorio es el mejor método para contentar al fisco de terceros países.
A cambio, Suiza promete mejorar la asistencia administrativa y la cooperación judicial según las normas internacionales. El impuesto liberatorio es retenido por el banco y transmitido directamente a las autoridades fiscales extranjeras sin transmitir la identidad del cliente.
Desde principios de 2011, Suiza negocia un impuesto liberatorio con diferentes países y a cambio pide que se mejore el acceso al mercado a las instituciones financieras suizas y que se encuentre una solución estable para los datos fiscales obtenidos ilegalmente.
EL CRONISTA
viernes, 24 de febrero de 2012
Argentina:Investigan a Boudou por lavado de dinero en el caso Ciccone
El vicepresidente Amado Boudou y un grupo de empresarios que son amigos o conocidos de él ya son investigados por la Justicia por los supuestos delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Carlos Rívolo al pedir informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de 50 millones de dólares, a partir de la impresión de billetes de 100 pesos.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. "Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente", escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones.
Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone.
Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza.
Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales cotejados por LA NACION. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que, cuando LA NACION lo consultó, afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es "el testaferro de Boudou". El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo.
La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo.
Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso.
Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
La Nacion Hernán Cappiello
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Carlos Rívolo al pedir informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de 50 millones de dólares, a partir de la impresión de billetes de 100 pesos.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. "Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente", escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones.
Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone.
Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza.
Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales cotejados por LA NACION. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que, cuando LA NACION lo consultó, afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es "el testaferro de Boudou". El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo.
La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo.
Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso.
Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
La Nacion Hernán Cappiello
lunes, 20 de febrero de 2012
Argentina: GAFI: avance del país en Francia
ras dos años de tensas negociaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se apresta a retirar a la Argentina del grupo de países bajo revisión especial, conocida en la jerga antilavado como la "lista gris", anticiparon a LA NACION fuentes locales y extranjeras con acceso a las deliberaciones del plenario.
La decisión del principal organismo intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado del mundo podría adoptarse durante el próximo plenario, que se celebrará a mediados de junio próximo, en Roma, precisaron los informantes.
La decisión final dependerá de los avances que demuestre el Gobierno argentino para algunas "importantes deficiencias" remanentes en su sistema local durante los próximos meses y verificar "efectiva implementación", tras obtener un reconocimiento a los logros obtenidos desde el cónclave anterior.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó incluso que el foro antilaado "felicitó en forma unánime" al país por sus "notables avances" en su sistema, aasí como por la sanción de nuevas leyes sobre delitos económicos y financieros, como por la ley antiterrorista, que, sin embargo, levantó una fuerte resistencia local.
"Con agrado"
En esa línea, y mediante un comunicado oficial difundido ayer desde París, el GAFI expresó que recibió "con agrado" la promulgación de "una nueva ley que mejora significativamente la tipificación del financiamiento del terrorismo en la Argentina", en tanto que el organismo expresó que "felicita al país por sus esfuerzos".
Alak, que viajó junto al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, también consideró que las objeciones y planteos consignados por el grupo de trabajo (ICRG, por sus siglas en inglés) son comunes a numerosos países e integran la agenda de trabajo para el país. En el caso de la Argentina, el plenario en París representó su cuarto examen seguido desde que recibió un "lapidario" reporte, como lo calificó una alta fuente gubernamental ante la consulta de LA NACION, por la evaluación de la situación local, a principios de 2010.
En esa línea, el ICRG destacó que todavía resta avanzar más con la criminalización del blanqueo de dinero. También, con el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, y con la identificación y congelamiento de bienes relacionados con actividades terroristas.
"Además, la Argentina debe continuar trabajando en el abordaje de una variedad de otras importantes deficiencias pendientes", señaló en su comunicado oficial..
La decisión del principal organismo intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado del mundo podría adoptarse durante el próximo plenario, que se celebrará a mediados de junio próximo, en Roma, precisaron los informantes.
La decisión final dependerá de los avances que demuestre el Gobierno argentino para algunas "importantes deficiencias" remanentes en su sistema local durante los próximos meses y verificar "efectiva implementación", tras obtener un reconocimiento a los logros obtenidos desde el cónclave anterior.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó incluso que el foro antilaado "felicitó en forma unánime" al país por sus "notables avances" en su sistema, aasí como por la sanción de nuevas leyes sobre delitos económicos y financieros, como por la ley antiterrorista, que, sin embargo, levantó una fuerte resistencia local.
"Con agrado"
En esa línea, y mediante un comunicado oficial difundido ayer desde París, el GAFI expresó que recibió "con agrado" la promulgación de "una nueva ley que mejora significativamente la tipificación del financiamiento del terrorismo en la Argentina", en tanto que el organismo expresó que "felicita al país por sus esfuerzos".
Alak, que viajó junto al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, también consideró que las objeciones y planteos consignados por el grupo de trabajo (ICRG, por sus siglas en inglés) son comunes a numerosos países e integran la agenda de trabajo para el país. En el caso de la Argentina, el plenario en París representó su cuarto examen seguido desde que recibió un "lapidario" reporte, como lo calificó una alta fuente gubernamental ante la consulta de LA NACION, por la evaluación de la situación local, a principios de 2010.
En esa línea, el ICRG destacó que todavía resta avanzar más con la criminalización del blanqueo de dinero. También, con el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, y con la identificación y congelamiento de bienes relacionados con actividades terroristas.
"Además, la Argentina debe continuar trabajando en el abordaje de una variedad de otras importantes deficiencias pendientes", señaló en su comunicado oficial..
ARGENTINA:Fraudes en alza y empresas con defensas bajas
El crimen de cuello blanco, como se ha dado en llamar al fraude que se comete dentro de las empresas, lejos de estancarse no se detiene. Y aunque en esta región del mundo el monto del fraude, US$ 800.000 promedio por caso , queda lejos de los que se cometen en Asia donde no bajan de US$ 1,5 millones; la preocupación es mayor en tiempos de vacas flacas. Según la consultora KPMG el típico autor de estas estafas tiene entre 36 y 45 años , trabaja en el área de Finanzas, posee un cargo ejecutivo y está impulsado a cometerlo por encontrarse en una situación de enfrentamiento, ya sea con algún área de la compañía u otro ejecutivo de la firma. KPMG enfatiza que mientras estos delitos crecen, las compañías están con las defensas bajas. Otro dato: los mecanismos son sofisticados y detectar un fraude insume mucho tiempo. Si en 2007 se demoraba casi tres años en 2011, casi cuatro.
La consultora también resalta que las empresas lo ocultan en función de mantener alta su reputación y el valor patrimonial. En cuanto aparece la noticia las acciones pierden terreno en la Bolsa, señalan. Tal vez por eso, muy rara vez los casos terminen en la justicia. En EE.UU. el 54% llega a tribunales. En Argentina, menos del 30%. Y al compás de lo que sucede en el gobierno de Cristina Kirchner con la corrupción pública, los privados también suelen negarse a admitir el delito .
Para KPMG, el grueso de los que cometen fraude han sido empleados ejemplares que de pronto encuentran una insatisfacción laboral. ¿La más común? Objetivos imposibles de cumplir en un individuo codicioso.
Un dato llamativo es el aumento de fraudes cometidos por los propios CEO.
En el sondeo de 2007 era así en el 11% de los casos. En 2011 trepó al 26%. “Son personajes rodeados por un círculo que le dice todo que sí”, señala Graham Murphy, directivo de la consultora. Quienes cometen fraude llevan entre 6 y 10 años de vida laboral en la empresa a la que estafan y sus sueldos no son ridículos sino todo lo contrario. Así las cosas, en KPMG concluyen que nadie está a salvo.
Clarin Silvia Naishtat
La consultora también resalta que las empresas lo ocultan en función de mantener alta su reputación y el valor patrimonial. En cuanto aparece la noticia las acciones pierden terreno en la Bolsa, señalan. Tal vez por eso, muy rara vez los casos terminen en la justicia. En EE.UU. el 54% llega a tribunales. En Argentina, menos del 30%. Y al compás de lo que sucede en el gobierno de Cristina Kirchner con la corrupción pública, los privados también suelen negarse a admitir el delito .
Para KPMG, el grueso de los que cometen fraude han sido empleados ejemplares que de pronto encuentran una insatisfacción laboral. ¿La más común? Objetivos imposibles de cumplir en un individuo codicioso.
Un dato llamativo es el aumento de fraudes cometidos por los propios CEO.
En el sondeo de 2007 era así en el 11% de los casos. En 2011 trepó al 26%. “Son personajes rodeados por un círculo que le dice todo que sí”, señala Graham Murphy, directivo de la consultora. Quienes cometen fraude llevan entre 6 y 10 años de vida laboral en la empresa a la que estafan y sus sueldos no son ridículos sino todo lo contrario. Así las cosas, en KPMG concluyen que nadie está a salvo.
Clarin Silvia Naishtat
miércoles, 15 de febrero de 2012
Argentina.Controlarán los fondos de inversión en la construcción
Con el objetivo de controlar los movimientos económicos-financieros que se realizan a través de los denominados “fondos de inversión” en el sector inmobiliario, un diputado del oficialismo de la Cámara baja presentará en las próximas horas un proyecto de ley para establecer un estricto control sobre los mismos.
El objeto de la medida sería ejercer un registro más profundo de todas las operaciones que realizan los “fondos de inversión”, especialmente los vinculados al sector inmobiliario, ya que existirían sospechas fundadas de que en el sector se ejecutan operaciones -según supo Parlamentario.com- que literalmente rozan la ilegalidad, aunque ya habría varios de estos emprendimientos financieros que estarían bajo la lupa por los negocios "nonc sanctos" realizados y que serían los que dieron origen a la inquietud en la Cámara de Diputados.
El proyecto, al cual tuvo acceso Parlamentario.com, ingresará a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados en los próximos días y tendrá un rápido tratamiento, ya que existiría un compromiso de la Casa Rosada para convertir la iniciativa en ley y poner la norma bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La elaboración del proyecto en ciernes ya tendría el visto bueno de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia cuyo titular es Carlos Zanini y el tratamiento de la misma estaría pautado que se realice en el primer tramo del nuevo período ordinario de sesiones, ya que la medida obedecería a compromisos contraídos por la Argentina con el GAFI.
Cabe recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.
El GAFI está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas y además participan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interpol y Europol, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que cada inversor deberá brindar su perfil de cliente, su situación económica, financiera y tributaria, entre otros datos.
Un primer avance sobre el tema estaría dado por la disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial.
La propuesta se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobadas en el 2003, las nueve recomendaciones especiales de ese organismo sobre Financiamiento del Terrorismo y a otros antecedentes internacionales sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
La idea, según dijo a Parlamentario.com un legislador del FpV “es identificar puntualmente a los inversores, ya que la proliferación de los mismos en el sector de la construcción es muy llamativo. Ahora con esta nueva ley vamos a ver cuántos quedan”.
El objeto de la medida sería ejercer un registro más profundo de todas las operaciones que realizan los “fondos de inversión”, especialmente los vinculados al sector inmobiliario, ya que existirían sospechas fundadas de que en el sector se ejecutan operaciones -según supo Parlamentario.com- que literalmente rozan la ilegalidad, aunque ya habría varios de estos emprendimientos financieros que estarían bajo la lupa por los negocios "nonc sanctos" realizados y que serían los que dieron origen a la inquietud en la Cámara de Diputados.
El proyecto, al cual tuvo acceso Parlamentario.com, ingresará a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados en los próximos días y tendrá un rápido tratamiento, ya que existiría un compromiso de la Casa Rosada para convertir la iniciativa en ley y poner la norma bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La elaboración del proyecto en ciernes ya tendría el visto bueno de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia cuyo titular es Carlos Zanini y el tratamiento de la misma estaría pautado que se realice en el primer tramo del nuevo período ordinario de sesiones, ya que la medida obedecería a compromisos contraídos por la Argentina con el GAFI.
Cabe recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.
El GAFI está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas y además participan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interpol y Europol, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que cada inversor deberá brindar su perfil de cliente, su situación económica, financiera y tributaria, entre otros datos.
Un primer avance sobre el tema estaría dado por la disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial.
La propuesta se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobadas en el 2003, las nueve recomendaciones especiales de ese organismo sobre Financiamiento del Terrorismo y a otros antecedentes internacionales sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
La idea, según dijo a Parlamentario.com un legislador del FpV “es identificar puntualmente a los inversores, ya que la proliferación de los mismos en el sector de la construcción es muy llamativo. Ahora con esta nueva ley vamos a ver cuántos quedan”.
Argentina:La UIF también controlará las operaciones de los clubes de fútbol
La AFA y los equipos de Primera División y del Nacional B deberán informar sobre transacciones superiores a los 60.000 pesos. Esta medida se enmarca dentro de las recomendaciones del GAFI sobre el lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una medida que obliga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que participan de los torneos de Primera División y Primera B Nacional a realizar un perfil de los involucrados en operaciones por 60 mil pesos o más.
La resolución 32 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba las iniciativas y procedimientos para que tanto la AFA como los equipos se inserten en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para la redacción de la norma se tuvieron en cuenta las sucesivas reuniones que los clubes, la AFA, y Futbolistas Agremiados mantuvieron con la UIF, según consta en los considerandos.
También se atañe a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advirtió que en las últimas "dos décadas el dinero comenzó a ejercer gradualmente una fuerte influencia sobre el deporte provocando en algunos casos consecuencias negativas".
El GAFI advierte sobre "actividades comerciales, explotación de jugadores jóvenes, doping, corrupción, racismo, juegos ilegales, violencia, lavado de dinero y otras actividades que atentan contra el sector".
También resalta que las "sumas de dinero invertidas en el fútbol crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos y del esponsoreo a nivel empresarial y que -simultáneamente- el mercado laboral para los jugadores profesionales de fútbol experimentó un proceso de globalización inigualable".
"La afluencia internacional de dinero corre el riesgo de caer fuera del control de organizaciones nacionales y futbolísticas ya que los flujos de fondos circulan dentro y fuera de paraísos fiscales y/o comprenden muchos países", agregó.
La industria del fútbol, señala también el GAFI, llevó a que "cada vez más gente se encuentre involucrada en el sector (managers, intermediarios, sponsors y empresas propietarias de jugadores, etc.)" lo que "propicia el ocultamiento de actividades fraudulentas, en particular en la medida en que las operaciones y actividades delictivas se lleven a cabo en el exterior".
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una medida que obliga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que participan de los torneos de Primera División y Primera B Nacional a realizar un perfil de los involucrados en operaciones por 60 mil pesos o más.
La resolución 32 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba las iniciativas y procedimientos para que tanto la AFA como los equipos se inserten en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para la redacción de la norma se tuvieron en cuenta las sucesivas reuniones que los clubes, la AFA, y Futbolistas Agremiados mantuvieron con la UIF, según consta en los considerandos.
También se atañe a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advirtió que en las últimas "dos décadas el dinero comenzó a ejercer gradualmente una fuerte influencia sobre el deporte provocando en algunos casos consecuencias negativas".
El GAFI advierte sobre "actividades comerciales, explotación de jugadores jóvenes, doping, corrupción, racismo, juegos ilegales, violencia, lavado de dinero y otras actividades que atentan contra el sector".
También resalta que las "sumas de dinero invertidas en el fútbol crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos y del esponsoreo a nivel empresarial y que -simultáneamente- el mercado laboral para los jugadores profesionales de fútbol experimentó un proceso de globalización inigualable".
"La afluencia internacional de dinero corre el riesgo de caer fuera del control de organizaciones nacionales y futbolísticas ya que los flujos de fondos circulan dentro y fuera de paraísos fiscales y/o comprenden muchos países", agregó.
La industria del fútbol, señala también el GAFI, llevó a que "cada vez más gente se encuentre involucrada en el sector (managers, intermediarios, sponsors y empresas propietarias de jugadores, etc.)" lo que "propicia el ocultamiento de actividades fraudulentas, en particular en la medida en que las operaciones y actividades delictivas se lleven a cabo en el exterior".
martes, 14 de febrero de 2012
Argentina: El GAFI no cuestionó la norma antiterrorista y reconocerá los avances en la política antilavado
El caso argentino será retomado el próximo jueves, en el marco del plenario general, oportunidad en la cual el ministro de Justicia, Julio Alak, defenderá la nueva ley que ataca la manipulación del mercado financiero y las resoluciones que incorporaron nuevos sujetos obligados
En el inicio de las reuniones de grupos de trabajo técnico que comenzaron el lunes en la sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, el organismo no cuestionó ningún punto del plan nacional de acción antilavado y de lucha al financiamiento al terrorismo.
Fuentes gubernamentales indicaron al matutino BAE que “el encuentro fue muy bueno, tranquilo y no hubo críticas por parte de los técnicos del GAFI”.
En el cónclave, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y técnicos del organismo explicaron los alcances de la ley votada, a fines de año, que pena de cinco a quince años de prisión a los financiadores de actividades terroristas y establece una tipificación sobre estos tipos de delito.
El caso argentino será retomado el próximo jueves, en el marco del plenario general del GAFI, oportunidad en la cual el ministro de Justicia, Julio Alak, defenderá la ley antiterrorismo, la norma que ataca la manipulación del mercado financiero y las resoluciones que incorporaron nuevos sujetos obligados.
De cara a la sesión del plenario donde estarán presentes las autoridades del GAFI, desde el Ejecutivo manifestaron al matutino que “no se esperan contratiempos. Lo de hoy (por ayer) fue una buena señal”.
Como rige el principio de la confidencialidad durante el desarrollo de las cumbres del órgano internacional, en la delegación argentina cuidan las formas. Aunque señalan que “el apoyo se siente y hay fundamentos claros, ya que la ley antiterrorista estuvo sancionada mucho antes de lo que nos pedían” (el plazo para la presentación de la ley es recién en junio de este año).
Si bien la Argentina seguirá bajo el proceso de seguimiento permanente, no está en discusión la membresía plena del país y desde el Gobierno perciben que los avances son reconocidos.
Al mismo tiempo, se abordó la ley de regulación del mercado en la que el delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros está penada con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años; el abuso de información privilegiada, de 2 a 4años de prisión, y la manipulación de valores, también con esta última pena.
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En el inicio de las reuniones de grupos de trabajo técnico que comenzaron el lunes en la sede del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, el organismo no cuestionó ningún punto del plan nacional de acción antilavado y de lucha al financiamiento al terrorismo.
Fuentes gubernamentales indicaron al matutino BAE que “el encuentro fue muy bueno, tranquilo y no hubo críticas por parte de los técnicos del GAFI”.
En el cónclave, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y técnicos del organismo explicaron los alcances de la ley votada, a fines de año, que pena de cinco a quince años de prisión a los financiadores de actividades terroristas y establece una tipificación sobre estos tipos de delito.
El caso argentino será retomado el próximo jueves, en el marco del plenario general del GAFI, oportunidad en la cual el ministro de Justicia, Julio Alak, defenderá la ley antiterrorismo, la norma que ataca la manipulación del mercado financiero y las resoluciones que incorporaron nuevos sujetos obligados.
De cara a la sesión del plenario donde estarán presentes las autoridades del GAFI, desde el Ejecutivo manifestaron al matutino que “no se esperan contratiempos. Lo de hoy (por ayer) fue una buena señal”.
Como rige el principio de la confidencialidad durante el desarrollo de las cumbres del órgano internacional, en la delegación argentina cuidan las formas. Aunque señalan que “el apoyo se siente y hay fundamentos claros, ya que la ley antiterrorista estuvo sancionada mucho antes de lo que nos pedían” (el plazo para la presentación de la ley es recién en junio de este año).
Si bien la Argentina seguirá bajo el proceso de seguimiento permanente, no está en discusión la membresía plena del país y desde el Gobierno perciben que los avances son reconocidos.
Al mismo tiempo, se abordó la ley de regulación del mercado en la que el delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros está penada con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años; el abuso de información privilegiada, de 2 a 4años de prisión, y la manipulación de valores, también con esta última pena.
iprofesional
ARGENTINA: se analizará compra-venta de autos por más de $ 300 mil
Las concesionarias y empresas dedicadas a la compra-venta de vehículos deberán poner foco en los clientes que realicen operaciones por más de 300 mil pesos anuales, entre las nuevas exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el lavado de dinero.
La resolución 31 de la UIF se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/ GAFI) aprobadas en el 2003, las 9 recomendaciones especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, y a otros antecedentes internacionales en materia de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
También fueron consideradas para el dictado de la norma publicada hoy las presentaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores, de la Cámara del Comercio Automotor y de la Federación de Asociaciones y Cámaras del comercio automotor. La norma aprueba el procedimiento que deberán llevar adelante las “personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial”.
Conozca a su cliente” es un lema que las empresas deberán tener en cuenta, según consta en el artículo 11 del capítulo tres sobre política de identificación y conocimientos del cliente.
“La política de ‘Conozca a su Cliente’ será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo”, cita el artículo 11.
Precisa que las operadoras de compra y venta deben observar que su cliente “no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas”, y para quienes realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere los 300.000 pesos, tienen que establecer un perfil de cliente, con información relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, entre otros datos.
AGENCIAS Buenos Aires
La resolución 31 de la UIF se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/ GAFI) aprobadas en el 2003, las 9 recomendaciones especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, y a otros antecedentes internacionales en materia de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
También fueron consideradas para el dictado de la norma publicada hoy las presentaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores, de la Cámara del Comercio Automotor y de la Federación de Asociaciones y Cámaras del comercio automotor. La norma aprueba el procedimiento que deberán llevar adelante las “personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial”.
Conozca a su cliente” es un lema que las empresas deberán tener en cuenta, según consta en el artículo 11 del capítulo tres sobre política de identificación y conocimientos del cliente.
“La política de ‘Conozca a su Cliente’ será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo”, cita el artículo 11.
Precisa que las operadoras de compra y venta deben observar que su cliente “no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas”, y para quienes realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere los 300.000 pesos, tienen que establecer un perfil de cliente, con información relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, entre otros datos.
AGENCIAS Buenos Aires
lunes, 13 de febrero de 2012
ARGENTINA: esta semana el Gobierno defiende los cambios ante el GAFI
Durante esta semana, habrá un extenso examen ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, en el que el Gobierno defenderá principalmente la nueva ley antilavado, y donde el organismo anunciará que la evaluación final será en junio próximo.
Los enviados del Gobierno detallarán todo el plan de acción para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Quien disertará ante el plenario del GAFI (luego de las primeras reuniones técnicas) serán del ministro de Justicia, Julio Alak, y además viajarán el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y representantes del Ministerio de Economía, la AFIP, el BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros, entre otras dependencias.
El eje principal será el análisis de la gran exigencia del GAFI para este año: la ley anterrorismo, que si bien fue aprobada por el Gobierno el año pasado, debe pasar por la revisión internacional.
Otro de los capítulos de la exposición argentina será la ley que castiga los delitos de orden económico, ya elogiada de manera informal por el GAFI.
De acuerdo con el texto de la ley, impulsada por la CNV, el nuevo delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros está penado con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años de prisión; el abuso de información privilegiada, un castigo de 2 a 4 años de prisión, y la manipulación de valores, también con esta última pena.
En forma conjunta, la UIF mostrará otra carta cuando informe que en 2011 se cuadruplicaron los reportes de lavado de dinero y llegaron a más de 12.000 informes, contra los 3.000 del 2010. Más del 60% de los expedientes provino del sistema financiero, acompañado por maniobras sospechosas de los registros nacionales de automotores, escribanos, juegos de azar, coleccionistas de arte, las joyerías, entre varios segmentos.
En las carpetas que recibió la UIF, se informaron operaciones realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica, que no guardan relación con el perfil económico-financiero del cliente. También se detectó la falta de manuales de procedimiento y de auditorías internas.
iprofesional
Los enviados del Gobierno detallarán todo el plan de acción para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Quien disertará ante el plenario del GAFI (luego de las primeras reuniones técnicas) serán del ministro de Justicia, Julio Alak, y además viajarán el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y representantes del Ministerio de Economía, la AFIP, el BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros, entre otras dependencias.
El eje principal será el análisis de la gran exigencia del GAFI para este año: la ley anterrorismo, que si bien fue aprobada por el Gobierno el año pasado, debe pasar por la revisión internacional.
Otro de los capítulos de la exposición argentina será la ley que castiga los delitos de orden económico, ya elogiada de manera informal por el GAFI.
De acuerdo con el texto de la ley, impulsada por la CNV, el nuevo delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros está penado con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años de prisión; el abuso de información privilegiada, un castigo de 2 a 4 años de prisión, y la manipulación de valores, también con esta última pena.
En forma conjunta, la UIF mostrará otra carta cuando informe que en 2011 se cuadruplicaron los reportes de lavado de dinero y llegaron a más de 12.000 informes, contra los 3.000 del 2010. Más del 60% de los expedientes provino del sistema financiero, acompañado por maniobras sospechosas de los registros nacionales de automotores, escribanos, juegos de azar, coleccionistas de arte, las joyerías, entre varios segmentos.
En las carpetas que recibió la UIF, se informaron operaciones realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica, que no guardan relación con el perfil económico-financiero del cliente. También se detectó la falta de manuales de procedimiento y de auditorías internas.
iprofesional
martes, 7 de febrero de 2012
Argentina: el Gobierno se presenta en el GAFI en medio de disputas internas
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, participará la semana próxima de la misión argentina que defenderá la política antilavado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una nueva evaluación del organismo multilateral. El funcionario será de la partida luego de haber creado a la Dirección de Investigaciones Financieras (DIF), en noviembre último, en lo que quienes caminan pasillos oficiales entendieron como una disputa de poder al titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbattella.
Echegaray no suele formar parte de las misiones argentinas ante el GAFI, que comanda el ministro de Justicia, Julio Alak, e integran Sbattella, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular de la Superintendencia de Seguros, Juan Bontempo. La participación del jefe de la AFIP en las reuniones que se desarrollarán durante toda la semana próxima fue confirmada por fuentes oficiales a El Cronista.
De hecho, la AFIP fue el organismo más reticente a compartir información con la UIF y el último en sumarse a las directivas de la oficina antilavado. Como anticipó este medio el 24 de noviembre pasado, el dos de ese mes Echegaray creó la DIF mediante la resolución 388 y nombró a su frente a un hombre de su confianza, Guillermo Michel. Por la estructura de la AFIP y el acceso a esa información preciosa, la DIF podría convertirse fácilmente en una UIF paralela, según entendidos en la materia.
Luego de meses de idas y vueltas, Sbattella y Echegaray lograron un principio de entendimiento y agilizaron la relación, indicaron fuentes oficiales. Michel fue designado Oficial de Cumplimiento de la AFIP ante la UIF. Todas las dependencias públicas y privadas alcanzadas por la normativa de la UIF deben nombrar un Oficial de Cumplimiento responsable ante la UIF en las tareas de control de lavado de activos.
Según indicaron en despachos oficiales, Echegaray viaja a París por orden de la presidenta Cristina Fernández, para demostrar que no hay un “doble comando” en la persecución de las actividades de lavado y financiamiento al terrorismo. “Va a garantizar que no hay superposición”, indicó un funcionario que participa de las reuniones con el GAFI.
El GAFI había dejado trascender su inquietud por esa probable superposición de tareas. Recordaron que las disputas entre dos organismos le costó a República Dominicana un apercibimiento, por ejemplo.
Esto hubiera costado caro a la Argentina, en medio del monitoreo intensivo al que está sometido el país desde junio, cuando fue incluido en la lista de países cooperantes con deficiencias en el control del lavado de activos.
Desde entonces, el Gobierno intentó mostrar celeridad y compromiso, incluso con desprolijidades. Sancionó reformas en el código penal para castigar el lavado como delito autónomo a mediados de año y, en sesiones extraordinarias, votó una controvertida ley antiterrorismo, que valió reproches incluso dentro del kirchnerismo, desde los sectores más apegados a la política de derechos humanos.
La UIF destacó que, con esas leyes, el Gobierno cumplió con los compromisos que había asumido con el GAFI con seis meses de adelanto, ya que había prometido tener las leyes para junio próximo. Ahora deberá defender eventuales objeciones técnicas a la nueva normativa.
Por otro lado, la UIF se comprometerá ante el GAFI a agilizar la conformación de una comisión de seguimiento a la aplicación de las leyes, con la idea de “mostrar resultados” como condenas, multas y otro tipo de sanciones. Así, Sbattella quiere pasarle la pelota a la Justicia
ESTEBAN RAFELE Buenos Aires El Cronista
Echegaray no suele formar parte de las misiones argentinas ante el GAFI, que comanda el ministro de Justicia, Julio Alak, e integran Sbattella, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular de la Superintendencia de Seguros, Juan Bontempo. La participación del jefe de la AFIP en las reuniones que se desarrollarán durante toda la semana próxima fue confirmada por fuentes oficiales a El Cronista.
De hecho, la AFIP fue el organismo más reticente a compartir información con la UIF y el último en sumarse a las directivas de la oficina antilavado. Como anticipó este medio el 24 de noviembre pasado, el dos de ese mes Echegaray creó la DIF mediante la resolución 388 y nombró a su frente a un hombre de su confianza, Guillermo Michel. Por la estructura de la AFIP y el acceso a esa información preciosa, la DIF podría convertirse fácilmente en una UIF paralela, según entendidos en la materia.
Luego de meses de idas y vueltas, Sbattella y Echegaray lograron un principio de entendimiento y agilizaron la relación, indicaron fuentes oficiales. Michel fue designado Oficial de Cumplimiento de la AFIP ante la UIF. Todas las dependencias públicas y privadas alcanzadas por la normativa de la UIF deben nombrar un Oficial de Cumplimiento responsable ante la UIF en las tareas de control de lavado de activos.
Según indicaron en despachos oficiales, Echegaray viaja a París por orden de la presidenta Cristina Fernández, para demostrar que no hay un “doble comando” en la persecución de las actividades de lavado y financiamiento al terrorismo. “Va a garantizar que no hay superposición”, indicó un funcionario que participa de las reuniones con el GAFI.
El GAFI había dejado trascender su inquietud por esa probable superposición de tareas. Recordaron que las disputas entre dos organismos le costó a República Dominicana un apercibimiento, por ejemplo.
Esto hubiera costado caro a la Argentina, en medio del monitoreo intensivo al que está sometido el país desde junio, cuando fue incluido en la lista de países cooperantes con deficiencias en el control del lavado de activos.
Desde entonces, el Gobierno intentó mostrar celeridad y compromiso, incluso con desprolijidades. Sancionó reformas en el código penal para castigar el lavado como delito autónomo a mediados de año y, en sesiones extraordinarias, votó una controvertida ley antiterrorismo, que valió reproches incluso dentro del kirchnerismo, desde los sectores más apegados a la política de derechos humanos.
La UIF destacó que, con esas leyes, el Gobierno cumplió con los compromisos que había asumido con el GAFI con seis meses de adelanto, ya que había prometido tener las leyes para junio próximo. Ahora deberá defender eventuales objeciones técnicas a la nueva normativa.
Por otro lado, la UIF se comprometerá ante el GAFI a agilizar la conformación de una comisión de seguimiento a la aplicación de las leyes, con la idea de “mostrar resultados” como condenas, multas y otro tipo de sanciones. Así, Sbattella quiere pasarle la pelota a la Justicia
ESTEBAN RAFELE Buenos Aires El Cronista
jueves, 2 de febrero de 2012
VENEZUELA:Controversia por una ley antiterrorista
ARACAS.- La oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación ayer tras la aprobación de una polémica reforma de la ley contra el crimen organizado y el terrorismo, que según sus críticos podría derivar en la intimidación y persecución de disidentes, al impulsar la figura del delator y permitir la interceptación de comunicaciones privadas.
De acuerdo con el texto votado anteanoche por los legisladores afines al presidente Hugo Chávez, la nueva normativa tiene por objeto "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo".
El debate sobre el proyecto de ley, que reforma una anterior normativa contra la delincuencia organizada, fue boicoteado por la mayoría de los diputados opositores, que abandonaron la Asamblea Nacional (Parlamento) en señal de protesta.
La ley define como acto terrorista aquel "cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país''.
Los críticos resaltan que Chávez tilda repetidamente a sus adversarios políticos de "terroristas'' y los acusó en numerosas ocasiones de tratar de desestabilizar al gobierno mediante la organización de protestas callejeras o huelgas.
Esta legislación "viola cerca de 20 artículos de la Constitución", entre ellos los que contemplan el derecho "a la participación, la asociación, la protesta y el debido proceso", sostuvo el diputado opositor José España.
"Aquí se presume que todos somos sospechosos [...] Esta es la ley del delator", agregó España
El legislador hizo alusión a una de las puntos que más preocupación generan, la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscripta al Ministerio del Interior, que recibirá denuncias de los ciudadanos contra los sospechosos de planear actos terroristas.
"Este proyecto no tiene el propósito de sancionar, sino de intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", cuestionó el también opositor Eduardo Gómez Sigala.
A su juicio, existe "un atropello a la legalidad", ya que en la ley se prevén "medidas especiales" para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias en determinados casos, y se deja por fuera al "tutor de la actividad penal", como es el Ministerio Público.
Más críticas
Activistas de derechos humanos instaron ayer a los legisladores a modificar la norma antes de que entre en vigor, pues están preocupados porque los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados.
Según sus críticos, la redacción de la ley parece ambigua en lo referido a castigar a quienes organicen protestas a las puertas de instituciones públicas o embajadas."La ley podría abrir el camino para castigar a la disidencia", insistió Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las principales ONG venezolanas.
La mayoría oficialista rechazó las críticas. "Esta ley era necesaria para el país" y "para el que no va a hacer nada malo es como si no existiera", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El diputado chavista Andrés Eloy Méndez defendió la nueva ley al decir que aborda temas "delicadísimos" como el tráfico de personas, de órganos y de armas.
"Esta ley ya existía. Lo que estamos incorporando son 25 artículos nuevos y estamos reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada", precisó el legislador.
"Ahora tenemos un instrumento legal para poner tras las rejas a estos grupos de delincuentes" con penas de 25 a 30 años de cárcel, insistió el también oficialista Elvis Amoroso sobre la disposición contra el financiamiento del terrorismo.
Chávez y sus aliados elaboraron una serie de proyectos de ley en 2008 que plantearon preocupaciones similares entre los adversarios del gobierno y activistas.
Según una de esas leyes propuestas en 2008, los venezolanos que se negasen a trabajar como informantes para las agencias de inteligencia serían castigados hasta con cuatro años de prisión.
Manifestantes denunciaron entonces esa ley como un intento de imponer un Estado policial, en el que se animaba a las personas a espiar a sus vecinos. Esas críticas forzaron a Chávez a desechar ese proyecto de ley.
La sanción de la nueva ley de seguridad coincide con el 13er aniversario de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, que se cumple hoy, y cuando el mandatario está concentrando en asegurarse el triunfo en los comicios de octubre, en los que buscará otra reelección.
Agencias AFP, AP, EFE y DPA
De acuerdo con el texto votado anteanoche por los legisladores afines al presidente Hugo Chávez, la nueva normativa tiene por objeto "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo".
El debate sobre el proyecto de ley, que reforma una anterior normativa contra la delincuencia organizada, fue boicoteado por la mayoría de los diputados opositores, que abandonaron la Asamblea Nacional (Parlamento) en señal de protesta.
La ley define como acto terrorista aquel "cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país''.
Los críticos resaltan que Chávez tilda repetidamente a sus adversarios políticos de "terroristas'' y los acusó en numerosas ocasiones de tratar de desestabilizar al gobierno mediante la organización de protestas callejeras o huelgas.
Esta legislación "viola cerca de 20 artículos de la Constitución", entre ellos los que contemplan el derecho "a la participación, la asociación, la protesta y el debido proceso", sostuvo el diputado opositor José España.
"Aquí se presume que todos somos sospechosos [...] Esta es la ley del delator", agregó España
El legislador hizo alusión a una de las puntos que más preocupación generan, la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscripta al Ministerio del Interior, que recibirá denuncias de los ciudadanos contra los sospechosos de planear actos terroristas.
"Este proyecto no tiene el propósito de sancionar, sino de intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", cuestionó el también opositor Eduardo Gómez Sigala.
A su juicio, existe "un atropello a la legalidad", ya que en la ley se prevén "medidas especiales" para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias en determinados casos, y se deja por fuera al "tutor de la actividad penal", como es el Ministerio Público.
Más críticas
Activistas de derechos humanos instaron ayer a los legisladores a modificar la norma antes de que entre en vigor, pues están preocupados porque los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados.
Según sus críticos, la redacción de la ley parece ambigua en lo referido a castigar a quienes organicen protestas a las puertas de instituciones públicas o embajadas."La ley podría abrir el camino para castigar a la disidencia", insistió Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las principales ONG venezolanas.
La mayoría oficialista rechazó las críticas. "Esta ley era necesaria para el país" y "para el que no va a hacer nada malo es como si no existiera", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El diputado chavista Andrés Eloy Méndez defendió la nueva ley al decir que aborda temas "delicadísimos" como el tráfico de personas, de órganos y de armas.
"Esta ley ya existía. Lo que estamos incorporando son 25 artículos nuevos y estamos reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada", precisó el legislador.
"Ahora tenemos un instrumento legal para poner tras las rejas a estos grupos de delincuentes" con penas de 25 a 30 años de cárcel, insistió el también oficialista Elvis Amoroso sobre la disposición contra el financiamiento del terrorismo.
Chávez y sus aliados elaboraron una serie de proyectos de ley en 2008 que plantearon preocupaciones similares entre los adversarios del gobierno y activistas.
Según una de esas leyes propuestas en 2008, los venezolanos que se negasen a trabajar como informantes para las agencias de inteligencia serían castigados hasta con cuatro años de prisión.
Manifestantes denunciaron entonces esa ley como un intento de imponer un Estado policial, en el que se animaba a las personas a espiar a sus vecinos. Esas críticas forzaron a Chávez a desechar ese proyecto de ley.
La sanción de la nueva ley de seguridad coincide con el 13er aniversario de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, que se cumple hoy, y cuando el mandatario está concentrando en asegurarse el triunfo en los comicios de octubre, en los que buscará otra reelección.
Agencias AFP, AP, EFE y DPA
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