Argentina:Investigan a Boudou por lavado de dinero en el caso Ciccone

El vicepresidente Amado Boudou y un grupo de empresarios que son amigos o conocidos de él ya son investigados por la Justicia por los supuestos delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Carlos Rívolo al pedir informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de 50 millones de dólares, a partir de la impresión de billetes de 100 pesos.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. "Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente", escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones.
Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone.
Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza.
Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales cotejados por LA NACION. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que, cuando LA NACION lo consultó, afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es "el testaferro de Boudou". El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo.
La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo.
Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso.
Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
La Nacion Hernán Cappiello