Argentina aumenta controles en operaciones financieras de funcionarios

El Gobierno argentino dispuso hoy mayores controles en las operaciones financieras de funcionarios públicos, diplomáticos extranjeros, sindicalistas y dirigentes de cámaras empresariales con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero.
Las entidades financieras, escribanías y casinos deberán cumplir con una serie de "medidas específicas" para la "prevención y detección de operaciones sospechosas" de tales personalidades, según una resolución que entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución fue dictada por la Unidad de Información Financiera, ente oficial contra el lavado de dinero, que estableció las nóminas de las llamadas "Personas Expuestas Políticamente", formadas por funcionarios, sindicalistas, diplomáticos y dirigentes empresariales, entre otros.
La normativa ordena a las entidades financieras a reportar al Estado "transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o la financiación de acciones terroristas".
Las medidas deberán adoptarse "no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función", y "abarcan, además, a familiares de los funcionarios", indica la resolución.
La norma comprende a los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, a las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales y a los diplomáticos extranjeros.
La resolución implica un "notorio avance en el control de transacciones sospechosas de personas consideradas expuestas en términos políticos", evaluó José Sbatella, quien preside la Unidad de Información Financiera.
Un informe publicado el año pasado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero.
En el documento, elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó Argentina en 2009, el Gafi destacó que este país incumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo internacional.
En diciembre pasado, el Gafi destacó la "voluntad política" de Argentina para solucionar sus deficiencias en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero, pero expresó su deseo de que ese compromiso se traduzca en "acciones concretas".