Alberto Lozano, ex jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia (2003-2006), explicó cómo opera la poderosa Unidad y listó algunas de las modalidades de lavado de activos más sorprendentes detectadas en su país, mientras sorbía un té amargo en el lobby del Hotel Westin.
–En el mundo hay tres tipos de unidades de inteligencia financiera (UIF): la de tipo policiaco, dentro de la policía, la de tipo judicial, que está en las fiscalías o procuradurías, y la de tipo administrativo, como la peruana, o como la colombiana, que en nuestro caso depende del Ministerio de Hacienda, independiente, técnica y autónoma. La UIAF de Colombia recibe información de todas las transacciones en efectivo de más de 10 millones de pesos, más o menos 5 mil dólares, de todas las operaciones de cambios internacionales de más de 200 dólares, y recibe la información de las operaciones que para un banco, notario, una fiducia o una compañía de seguros tienen un interés particular porque pueden estar relacionadas con el lavado de activos.
–¿Tiene acceso la UIAF de Colombia a la reserva tributaria y el secreto bancario?
–La ley le permite levantar todas las reservas existentes y acceder a la información, excepto a la que está en poder de la Fiscalía General de la Nación en procesos que están en curso: es decir, la reserva sumarial. Del resto, tiene acceso a la información, con límites y garantías bien claros. En primer lugar, la información tiene que ser solicitada por el supervisor del sector, por ejemplo, la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Sociedades. En segundo lugar, la información solo puede ser requerida para fines de la lucha contra el lavado de activos; no puede tener ninguna otra finalidad, tal como la evasión tributaria o la persecución política. Y tiene que haber además un test de pertinencia: tiene que ser útil para esos fines. Cualquier información que se traslade a la Unidad tiene que seguir siendo custodiada y reservada. Por cierto, los bancos también tienen la información de todos los ciudadanos, y están igualmente obligados a custodiarla. Esa misma reserva se le aplica a un funcionario público que tiene más controles, más débitos penales, a quien lo vigilan muchos órganos de control. Y ese ciudadano, que es un funcionario público, entrega la información solo a un fiscal para efectos de una investigación de lavado de activos. Entonces, no es realmente un levantamiento de la reserva, sino un traslado.
¿Cómo se procesa esa masa de información?
–Hay un centro de cómputo bien estructurado que recibe información en línea, pero si se le compara, no es ni el 10% de lo que procesa un banco o un procesador de tarjetas de crédito mediano.
–¿Cuál es la principal fuente ilícita de lavado en Colombia?
–Hay una variable que los expertos internacionales aún no han podido determinar: el valor agregado de los colombianos en el negocio del narcotráfico. Si los colombianos se quedaron vendiendo el negocio por toneladas, y los que están vendiendo por gramos son los americanos y los mexicanos, el lavado de activos en Colombia no es tan importante como se cree. Pero si los colombianos son los que tienen la última milla, el narcotráfico es la principal fuente de lavado.
–¿Cómo lavan su dinero los mafiosos colombianos?
–El narco y el guerrillero colombiano, por cultura, son muy apegados a la tierra. Cada vez que se han descubierto las computadoras de los jefes guerrilleros, se ha encontrado datos de fincas, de ganado. El narco Jorge Cifuentes Villa, recientemente capturado y relacionado con la mafia mexicana, poseía locales en los mejores centros comerciales, edificios de lujo e inversiones de largo plazo en grandes plantaciones.
A los Rodríguez, por su parte, les gustaba el negocio de las droguerías: no solamente las drogas, sino las farmacias. A ellos también les gustaba los equipos de fútbol. Los Ochoa tenían el negocio de los caballos que se llamaba La Margarita del Ocho, con un ocho y una A: Ochoa.
–¿Puede enumerar algunos casos emblemáticos de lavado de activos?
–Lo más complejo es cuando el crimen organizado llega a estar en poder de una entidad financiera, a través de la compra de acciones o de miembros en la junta directiva. Ese fue el caso del Banco de los Trabajadores, a finales de 1980, del grupo Rodríguez o de Pablo Escobar, cuando estaba en la cárcel de La Catedral, quien se apoderó de la oficina de una entidad financiera, infiltrando personas. A la gente que lo iba a visitar, él después le decía: “Pásate por la agencia del banco para que te den un regalito”. Yo diría que esa es la peor pesadilla, porque no hay control que valga.
–¿Qué otras modalidades hay?
–Entre los casos más complejos que se han encontrado está la suplantación de multinacionales. En Colombia lo hicieron con la Exxon y Mobil. Llevaron un tiempo una cuenta gigante, el comercial muy contento, hasta que se descubrió el engaño. En el sector hidrocarburos, donde hay fuertes inversiones y mucho movimiento, hay considerables riesgos. Ante un contrato con una petrolera, el banco le abre una cuenta y le “bota el tapete verde”, una manera estratégica de lavado de activos. Un narco conocido alquilaba taladros que eran muy difíciles de conseguir a todas las petroleras; cuando se daña un taladro, los petroleros están dispuestos a pagar lo que sea. Y el narco tenía la plata y la disponibilidad de invertir, mover y sacar.
Otra modalidad son los negocios de tarjetas prepago, mediante la que logran trabajar con las franquicias internacionales. Se descubrió que la mafia japonesa hacía pagos a la mafia colombiana con tarjetas de crédito. El código de las tarjetas se enviaba por correo electrónico, y en Colombia se imprimían. Los bancos colombianos empezaron a ver movimientos muy curiosos en ciertos cajeros electrónicos, donde una sola persona se apoderaba del cajero, y pasaba tarjetas y tarjetas, hasta que el cajero quedaba sin dinero.
–¿Qué vinculación de lavado de activos hay con el Perú?
–Hay casos conocidos, como el caso Fujimori-Montesinos de tráfico de armas a la FARC. El Perú también aparece en ciertas operaciones de triangulación entre Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Ecuador.
–¿Cuán articuladas están las UIF en Latinoamérica?
–Todas son muy disímiles en desarrollo, tecnología, número de personas. En Sudamérica la mejor es Brasil, diría que Colombia está en un buen segundo lugar, Ecuador muy empezando, Venezuela no sé qué hace, y al Perú le falta información y tiene muchos sujetos obligados.
–¿Qué sectores son los que más reportan operaciones sospechosas en Colombia?
–Número uno: los bancos. Número dos: la Bolsa de Valores y los sectores de cambio de divisas.
–¿Está aclarado en Colombia el delito precedente?
–En el Perú se están confundiendo un poquitico con el tema.
–¿Dónde está la confusión?
–El lavado de activos parte de asumir que el Estado falló, porque si no, hubiera juzgado el delito precedente. El Estado no puede ir a la selva peruana donde un mexicano y un colombiano están haciendo una transacción de droga. Es un delito que parte de una falla del sistema. Pero sí puede seguir el dinero: ese es el lavado de activos. Eso no quiere decir que un juez pueda inventarse que el dinero es ilícito y juzgar a alguien por lavado de activos. Tiene el deber de probar el origen ilícito, pero no tiene que juzgar y condenar ese delito. No es que toque juzgar y sancionar al narcotraficante, pero dentro del proceso sí toca demostrar el delito. Y eso es lo que dice la ley peruana, y a mí me parece muy clara.
–¿Y qué sucede cuando las empresas fruto del blanqueo de dinero operan lícita y exitosamente, al margen del narcotráfico?
–Es lo mismo: hay que probar que el capital semilla fue ilícito, y con eso ya hay lavado de activos. Uno no tiene que buscar el dinero de hoy, uno tiene que buscar el dinero con que lo hicieron, el primer millón.
Entrevista de Marco Zileri en la revista Caretas
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