Argentina: Alak fue al Senado y pidió que se apure la ley contra el lavado

El Gobierno apura al máximo la modificación a la ley contra el lavado de dinero, que para evitar sanciones contra Argentina debería estar aprobada antes del 22 de junio . Así lo reconoció ayer en el Senado el ministro de Justicia, Julio Alak, quien se llevó la promesa y el consenso opositor –pese a algunas objeciones– para que se trate dentro de tres semanas.
Alak pidió que el proyecto se convierta en ley para “eximir al país de una sanción que perjudicaría al sistema financiero y a la banca pública argentina” de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne en México en esa fecha “límite”. Aunque no se firmó dictamen, ya habría consenso para aprobar la ley el 1° de junio.
El proyecto fue votado en Diputados el miércoles pasado y la Cámara Alta debería sancionarlo sin tocarle ni una coma para que no vuelva en segunda revisión. Alak se llevó la sensación de que las divergencias quedarán para una “ley correctiva” que mejore el texto.
La iniciativa, que es una reforma a la ley vigente, declara delito autónomo al lavado de dinero. Hasta ahora, ese delito estaba subsumido en encubrimiento de otras actividades ilícitas según la ley 25.246 que rige desde el año 2000. La media sanción modifica el Código Penal en la parte de “delitos contra la administración pública”, agregándole el capítulo de “encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”. Y permitirá castigar el “autolavado” . Será punible el lavado de dinero desde los 300.000 pesos (Diputados elevó la cifra, que en el proyecto original del Ejecutivo era de 200.000).
Alak puntualizó también que la iniciativa contiene una modificación de tipo procesal para que los magistrados puedan ordenar “el decomiso en forma preventiva” y anunció que luego se va a impulsar una ley complementaria “para crear un registro nacional” de bienes incautados. Además, la Unidad de Acción Financiera (UIF) tendrá mayor autonomía y autarquía finacieras, y mayor poder para controlar operaciones. Se aumenta la lista de sujetos obligados a informar sobre transacciones “sospechosas”, incluyendo concesionarias de autos, contadores y compañías de seguros.
El ministro se presentó ayer en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside la salteña Sonia Escudero (PJ Federal). A la concurrida reunión –el salón Arturo Illia estaba repleto– también acudieron los titulares de la UIF, José Sbatella; y el número dos del Banco Central –a cargo del área de control del lavado de dinero–, Miguel Pesce.
El proyecto fue respaldado –con observaciones– por la Asociación de Bancos (ABA), compañías de seguros (“no tenemos posibilidad de conocer a fondo a nuestros clientes”), agencias de automóviles, colegio público de escribanos, profesionales de ciencias económicas (pidieron que solo se obligue a informar a quienes hacen auditorías) y las fábricas de autos.
El radical Ernesto Sanz, por ejemplo, cuestionó que la UIF se financie con multas que ella misma aplica . “Tampoco estoy de acuerdo con que los policías de mi pueblo se financien con las multas que ellos aplican y cobran”, dijo. Sin embargo, opositores y oficialistas aceptaron sugerencias que podrían ser atendidas por la reglamentación.