ARGENTINA:para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución

El Gobierno terminará de publicar en estos días una batería de resoluciones para investigar el lavado de dinero que afectan a los bancos, las empresas que cotizan en Bolsa y distintos organismos públicos, entre otros. Así espera evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado instó al Ejecutivo a adecuar su normativa antilavado en 100 días, hasta el 23 del actual. Pero los cambios de fondo que pide el GAFI chocan con la letra de la Constitución Nacional.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA