ARGENTINA: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CUESTIONADA PARTE I

El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner

La Unidad de Información Financiera recibió un pedido oficial para denunciar a Clarín
La orden llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. Directo desde la cúspide del poder: "Avancen contra el Grupo Clarín". Sea con una denuncia, un reporte de operación sospechosa (ROS) o mediante un informe de otras fuentes (IOF). Pero el objetivo era inequívoco: acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones, confirmaron a LA NACION tres fuentes que conocen las discusiones dentro del organismo.
La titular de la UIF, Rosa Falduto, calló cuando LA NACION le consultó el lunes pasado si era cierto que existía ese pedido oficial. Pero a su lado, uno de sus máximos colaboradores, Abelardo Martín Giménez Bonet, integrante del Consejo de Asesores de la UIF por el Banco Central (BCRA), dejó abierta esa posibilidad mientras lamentaba no poder responder de forma asertiva, "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
Un día después del encuentro con Falduto, el ex presidente Néstor Kirchner reclamó "que la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a Magnetto [por Héctor, CEO del Grupo Clarín] y a otros para saber si lavaron o no dinero".
El lunes, Giménez Bonet había respondido a LA NACION, sin negar las sospechas. "Me alcanzaba con que me dijera que no recibieron una orden contra Clarín ", replicó LA NACION.
-Ni sí, ni no. No te lo voy a confirmar, ni a desmentir, insistió.
A su lado, Falduto respondió otras preguntas que le hizo LA NACION tras acumular datos de más de una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante los últimos dos meses, así como de otras fuentes locales e internacionales que conocen vericuetos del organismo. En particular, sobre la lucha intestina de poder que afecta su labor cotidiana, que causó la salida de decenas de funcionarios y empleados, y alimentó las sospechas sobre la supuesta utilización política de sus registros confidenciales.
Falduto desmintió, tajante, que existiera una "mesa paralela" de expedientes dentro de la UIF, tal como describieron a LA NACION varios informantes que aportaron los nombres de las encargadas de la mesa "normal" y de dos empleadas que se encargarían de los ROS "sensibles", que pasarían antes por el despacho de la titular de la Unidad. Una de esas empleadas para casos "sensibles" se habría encargado de ingresar el ROS contra el diputado Francisco De Narváez, a raíz de un reporte sobre supuestas operaciones de lavado que trascendió antes de las elecciones de junio, violando el secreto.
"No hay mesa paralela, ni reviso los expedientes antes de darle registro", negó Falduto a LA NACION. "Todo lo que llega tiene registro, salvo las notas personales o los memos internos, que cuentan con una firma y una constancia de recibido." Falduto, sí, reconoció que la UIF perdió dos ROS -cuyas órdenes de reconstrucción obtuvo LA NACION y cuya veracidad confirmó el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Carlos Bustillo-. Sin embargo, aclaró que los reconstruyeron y se completó una investigación interna por la que se concluyó que no era necesario hacer una denuncia. "Lo más seguro es que algún empleado imbécil los traspapeló dentro de otro expediente y los encontraremos dentro de un año o dos", replicó.

Rotación de personal
También confirmó la elevada rotación del personal, pero negó nombrar amigos de sus hijos: "Ahora hay mucha más exigencia a los empleados y hay que gente que no se acostumbró. Por eso, renunció".
En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato (o se marcharon) a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacarían amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes, o familiares directos, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Falduto negó que trabajen ex agentes de la SIDE, y tanto ella como Bustillo dicen que mejoraron las condiciones laborales. "Jamás se cortó un contrato, como máximo no se les renovó", destacó Bustillo.
Proveniente de la Policía Federal y con el madrinazgo de la jueza federal María Servini de Cubría y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, Falduto perdió el apoyo de la jueza, pero conserva el de la ex diputada. Ocaña cree que Falduto padece una "operación de Aníbal [por Fernández, jefe de Gabinete] para manejar la UIF". "No le perdonan su independencia política. Están haciendo un golpe de Estado contra Rosita", graficó.
Falduto afirma, no obstante, que conserva "relaciones normales" con Fernández y acotó a "una cuestión interna" el conflicto que mantiene con el vicepresidente de la UIF, Alberto Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional (de lo que se informa por separado).
Según reconstruyó LA NACION, Falduto aisló a Rabinstein de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles". Hasta modificó los días de reunión del Consejo de Asesores -segundos y cuartos jueves de cada mes- para que él no acceda a asuntos relevantes si ella debe viajar al exterior.
Sin embargo, Rabinstein decidió quedarse a pesar del destrato, que también incluye la orden de presentarse como director de un curso de postgrado en lavado de dinero, sin aludir a su cargo formal en la Unidad cuando participa en conferencias. A cambio de esas y otras humillaciones, según reconstruyó LA NACION, mantiene su cargo y, por tanto, su salario superior a los 15.000 pesos
Fuente La nacion Hugo Alconada Mon

Tres años de duras críticas y denuncias
Dos informes, uno oficial y el otro del Cipce, cuestionaron la gestión de Falduto en la Unidad
Durante sus casi tres años como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión, aunque también algunos elogios, menos conocidos.
El primer cimbronazo lo aportó su hasta entonces máximo asesor en la UIF y socio comercial, Juan Carlos Servini, hermano de María Romilda, jueza federal y hasta ese momento una de sus más férreas defensoras. Hoy no se hablan.
"No comparto el criterio miope y mezquino en el desarrollo de la gestión de la presidenta [por Falduto], quien da importancia a cosas nimias y deja de lado aquello que sí interesa a la eficacia de los objetivos de la UIF", alertó su desde ese momento ex asesor en una carta que publicó LA NACION en septiembre de 2007, apenas ocho meses después de asumir juntos.
Servini alertó sobre varios ejes que, dos años después, reafirmó y expandió la docena de fuentes que dialogó con LA NACION durante los últimos dos meses: desde el atraso en la evaluación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) hasta las "contrataciones de personal allegado a su familia".
Ya con la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina, se conocieron dos informes muy críticos. El primero, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce); el segundo, de una comisión independiente que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y que coordinó la fiscal Mónica Cuñarro, que responde a Aníbal Fernández.
El reporte del Cipce determinó que la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias que recibió entre 2003 y 2008, aunque el porcentaje se divide entre los casos que se enviaron a la Justicia (que fueron el 13%) y al archivo (el 7%restante), con una tendencia preocupante.

Cada vez más atraso
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluyó el Cipce, dirigido por Pedro Biscay.
"Existen elementos objetivos que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado", advirtió el informe del centro de investigación.
Tres semanas después trascendió el segundo reporte. La comisión coordinada por Cuñarro reveló graves demoras en la UIF, que necesita una "urgente reformulación". Sostuvo, además, que las denuncias que eleva a la Justicia "llegan tarde y sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas". Eso, afirmó la comisión, termina "transformándolas en meras estadísticas o en simple información burocrática".
Falduto rechazó ambos informes. Pero mientras acusó al Cipce de difundir "información falsa, diez días antes de que arribara la misión del GAFI", optó por callar sus observaciones frente al reporte de la comisión que trabajó dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.
"El de Cuñarro es otra cosa", planteó. "Sacá tus conclusiones -se lamentó-. Es muy difícil hacer las cosas bien. Pero no trasciende, por ejemplo, que el GAFI nos elogió por las nuevas medidas de seguridad y control que establecimos dentro de la UIF. Lástima que eso no importa, ¿no?"
Fuente La Nacion

"Triplicamos los reportes"
Cuestionada dentro y fuera del país, la Unidad de Información Financiera (UIF) se defiende con un argumento cuantitativo. Afirma que la cooperación con la Justicia y el Gobierno contra el lavado de dinero registró avances importantes, lo que se evidencia con un dato concreto. "Desde 2007 se triplicaron los reportes de operaciones sospechosas (ROS)", dice su titular, Rosa Falduto.
Incómoda con la idea de contar en público los problemas que encontró al asumir al frente de la UIF, en enero de 2007, según dijo a LA NACION, Falduto recuerda que encontraron más de 3000 investigaciones atrasadas, expedientes arrumbados en los baños y ROS sin registros de ingreso. "Le pido que compare las estadísticas desde y hasta 2007, y saque sus conclusiones. Es el día y la noche", dijo. Según las estadísticas oficiales de la UIF, en 2006 se resolvieron 34 ROS con elevación a la Justicia o envío al archivo. En 2007, 203; en 2008, 33, y de enero a septiembre de 2009, otros 268.
En la Justicia muestran otro panorama y critican la calidad de los reportes. Se basan en las cifras de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Lavado de Dinero, que gestiona el fiscal Raúl Plee, que muestran que de 495 recibidos, sólo uno generó una denuncia que está cerca del juicio (ver infografía). "Acá no se inflan las estadísticas, eso te lo aseguro -replicó Falduto-. Acá se dio impulso a otra forma de trabajo, pero hay distintos criterios en la UIF y la Justicia."
Fuente La Naion