Argentina GAFI reconoce avance contra lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estiró la periodicidad de las sesiones de monitoreo a las que somete a la Argentina desde junio de 2011 de tres a ocho meses, con lo que el país volverá a rendir cuentas ante ese organismo por sus políticas antilavado y de prevención del financiamiento al terrorismo a mitad de 2013. Tras la reunión celebrad en París, el GAFI valoró los "progresos" de la Argentina en la persecución del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo e instó al país a "continuar trabajando para implementar su plan de acción y solucionar las deficiencias" que, entiende el organismo, subsisten. Por ello, la Argentina continúa en la lista de países cooperantes con "serias deficiencias" en materia antilavado del GAFI, conocida como "lista gris", en la que está desde junio de 2011. Además de la ley antilavado y la inclusión en el Código Penal del tipo penal de terrorismo, el Gobierno llevó al encuentro la aplicación efectiva del decreto 18/2012, que faculta a la Unidad de Información Financiera (UIF) a congelar de forma preventiva activos de personas sospechadas de realizar actos terroristas. "Desde junio de 2012, la Argentina ha realizado pasos sustanciales para mejorar su régimen antilavado y de control del financiamiento al terrorismo, incluyendo la puesta en práctica del decreto presidencial 918/2012 para congelar activos vinculados al terrorismo", valoró el GAFI en su comunicado. La Argentina también se llevó un reconocimiento del presidente del GAFI, el noruego Bjørn Skogstad Aamo, pero el organismo instó al país a continuar realizando mejoras. "GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo permanecen (y) Argentina debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción" presentado en junio de 2011. El organismo mencionó seis "deficiencias" (en junio, eran siete) entre las que se destacan la mejora en la "transparencia financiera" y una mejor supervisión a todos los sectores financieros. La delegación argentina que participó del plenario del GAFI entiende que el país ahora depende de los tiempos judiciales para salir de la "lista gris", ya que el organismo exige aplicabilidad de las leyes. En ese sentido, el Gobierno espera que la justicia agilice las multas a las entidades financieras que aplicó el GAFI, que totalizan unos 120 millones de pesos. La Argentina pidió al GAFI que especifique si el país necesita realizar alguna otra modificación legal, luego de la catarata de resoluciones de la UIF que involucró en el control antilavado a numerosos sectores de la economía, las leyes y los decretos. Fuente Nosis