Argentina: El Gobierno da más poder a la UIF y la oposición teme una caza de brujas

Un día antes del inicio del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tendrá lugar desde hoy hasta el viernes en México, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial la promulgación de la ley que tipifica en el Código Penal el lavado de dinero. Lo hizo en medio de versiones de que fuertes grupos en países como Estados Unidos presionan para que el país sea ubicado en la lista de los que incumplen con preceptos básicos del Grupo. La misma sanción de la ley en el Congreso, el primero de junio pasado fue fruto de un pedido de urgencia del gobierno a la oposición parlamentaria, buscando evitar así sanciones del GAFI, que viene cuestionando al país desde hace tiempo por incumplimiento de varias de sus 49 recomendaciones.
La promulgación de la ley 26.683 no careció de críticas. Desde la oposición se objetó la decisión a último momento de Cristina Kirchner de habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ejecutivo y que en el último tiempo ha sido acusada de manejarse de manera arbitraria; para actuar como querellante en causas de lavado de dinero.
Concretamente, lo que hizo la Presidenta fue, al tiempo en que promulgó la ley, observó su artículo 25, lo que es algo así como vetarlo. Hasta ayer, el texto de la ley sancionada por el Congreso indicaba que la UIF no podía constituirse como parte querellante en procesos penales. El último cuestionamiento contra la actuación de la UIF --por cierto muy criticada por funcionarios de EE.UU. según las filtraciones de WikiLeaks-- es el escándalo en torno a Sergio Schoklender, ya que el presidente de la UIF, José Sbatella demoró un año en denunciar al ahora ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.
En otros casos la UIF fue acusada de atacar a opositores políticos o sectores no oficialistas .
Ayer, el diputado nacional Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) emitió un comunicado contra el veto del artículo 25. Consideró que ahora quedaba “confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del poder”.
En diálogo con Clarín , Ferrari también cuestionó el hecho de que Cristina sorprendiera a los legisladores con una modificación del artículo 25 por decreto, sin hacerlo pasar por el Congreso. Y recordó que los mismos antecedentes en los nombramientos de las autoridades de la UIF --empezando por Sbatella, que no entró por concurso-- mostraban una fuerte tendencia a politizar este instrumento financiero .
Ayer, analistas consultados dijeron que la facultad de querellar de la UIF no era “ni buena ni mala”, y que ni siquiera era necesaria, considerando que el ministerio público cuenta con fiscales. Y que el punto es habérsela dado en momentos de grandes cuestionamientos hacia la misma.
La ley 26.683
La ley 26.683 criminaliza el lavado de activos como una ofensa autónoma y facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita.
Aumenta el monto mínimo para la configuración del delito de lavado de activos hasta los $300.000.
Impone la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y sanciones a empresas que reciclen fondos o financien el terrorismo.
Incorpora nuevos sujetos obligados y nuevos mecanismos procedimentales para investigar el lavado de activos, entre otras cuestiones.