ARGENTINA:Críticas al proyecto oficial contra el lavado de dinero

Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, la Unidad de Información Financiera (UIF), originalmente diseñada para perseguir el crimen organizado, podrá investigar a los ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP, y actuará como querellante en causas penales.
La iniciativa, que propone reformar el Código Penal y la ley contra lavado de dinero, ingresó la semana última en la Cámara de Diputados. Y si bien tiene algunos aspectos positivos, también parece abrir algunas puertas para que la UIF persiga fines políticos. "José Sbatella [el titular de la UIF] quiere meterse en todo", alertó un camarista penal.
En mayo último, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó a la Argentina porque no cumple con la mayoría de las 49 recomendaciones (R 40 + 9) que hizo ese organismo para perseguir el lavado de activos que provienen del narcotráfico y del financiamiento del terrorismo.
Sbatella, nombrado hace ocho meses en la UIF en medio de la fuerte sospecha de que llegaba para perseguir a algunas empresas -en una conferencia en la Escuela de Abogados del Estado se autodefinió como un cuadro político-técnico, según lo admitió a LA NACION-, intentó levantar el perfil del organismo. Y, en junio, se reunió en París con los expertos del GAFI para convencerlos de cambiar la calificación. Pero el informe final igualmente terminaría siendo desfavorable.
"Es una cuestión de Estado cumplir con el GAFI. En el proyecto hay algunas cosas que los legisladores querrán suprimir, pero es esencial aprobar la inclusión del autolavado como delito. No sólo se podrá castigar el lavado de dinero ilícito de terceros, sino también el lavado del propio dinero", dice Sbatella. El ministro de Justicia, Julio Alak, cree que "la oposición apoyará el proyecto".
Los puntos centrales son:
· Castiga tanto a quien lava dinero ajeno como propio. Francisco D´Albora, penalista experto en esta materia, dice que "incriminar el autolavado es un grave error conceptual, porque permite la doble persecución penal. Además, la ley no mejora la descripción del delito, seguirá siendo imposible obtener una condena".
· Se investigarán sólo operaciones superiores a $ 200.000 (actualmente, el monto es de $ 50.000).
· La UIF podrá investigar delitos tributarios de la ley 25.769, como la evasión simple y la fraudulenta.
Sbatella afirma que "la UIF sólo se focalizará en las operaciones que no se puedan justificar". Pero en algunas empresas creen que usará esa atribución para "perseguir a los empresarios que no son amigos del Gobierno". Por otra parte, parece redundante reconocer a la UIF una tarea que también ejercen la AFIP y la Justicia.
· El proyecto amplía el listado de los sujetos obligados a reportar a la UIF las operaciones sospechosas de encubrir un lavado de dinero: incluye a las inmobiliarias, a los vendedores de automóviles y de embarcaciones y, también, al Tribunal de Defensa de la Competencia -este organismo supervisa a telefónicas, medios de comunicación y otras grandes empresas, y cualquier reforma se vuelve sensible-.
· La UIF actuará como parte querellante en causas penales, una facultad que puede ser usada con fines políticos. Actualmente, las leyes autorizan a actuar como querellante a la AFIP, Aduana y el BCRA, y la UIF, cuando pretende hacerlo, invoca el decreto 2226/08.
El tema es delicado. El Gobierno le apunta al Grupo Clarín en dos causas judiciales, a partir de una declaración de Hernán Arbizu, ex gerente del JP Morgan, quien es investigado en la justicia de los Estados Unidos. Para evitar ser extraditado, Arbizu denunció que directores de ese grupo -y de otras muchas empresas- evadieron al fisco y, también, que manipularon el precio de las acciones.
Clarín rechazó esas acusaciones y explicó la operación, pero Sbatella insiste: en el caso donde se investiga la primera acusación, pidió ser tenido por querellante (algo que la Justicia le rechazó y ahora pretende lograr mediante la ley) y, en el segundo, lo denunció en la Justicia sin siquiera enviar una investigación previa al fiscal especial Raúl Plee.
"La función de la UIF es hacer una investigación y reportarla al fiscal, no ser querellante", dice un fiscal experto en estas causas. Y Félix Marteau, ex cordinador argentino ante el GAFI, afirma que "el proyecto no establece reglas para la actuación de la UIF y deja un amplio margen para la arbitrariedad".
Sbatella, en cambio, explica que "los jueces sólo persiguen el delito precedente, por ejemplo, un contrabando, pero no persiguen el lavado de esas ganancias. Nosotros queremos ser querellantes para lograr una condena".
LOS EJES
· En Diputados : el Poder Ejecutivo envió un proyecto para mostrarle al GAFI que tiene interés en mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Propone aumentar las penas, castigar también el autolavado e incluye nuevas técnicas de investigación, como las figuras del arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada.
· Otras atribuciones : sin embargo, el proyecto incluye otras propuestas que generan mayor controversia. Juristas expertos, jueces y fiscales dicen que la atribución que establecerá la nueva ley para que la Unidad de Información Financiera actúe como querellante puede encubrir la intención de perseguir a algunas empresas y personas.
· Sbatella y Alak : el titular de la UIF y el ministro de Justicia niegan intencionalidad política al proyecto.
· Debate legislativo : el proyecto ingresó en la Comisión de Legislación Penal, en Diputados, y el Gobierno apuesta a aprobarlo antes de octubre.
Fuente: Adrián Ventura La Nacion