ARGENTINA:Molestó a EE.UU. el uso de datos confidenciales

En sigilo y fuera de la controversia pública, el gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos. Así lo confirmaron a LA NACION cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El quite de colaboración fue decidido por la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó desde Buenos Aires la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el candidato opositor Francisco de Narváez salieron a la luz en julio de 2009 en medios de comunicación muy cercanos al Gobierno. Hasta hoy hubo intentos por parte de la Argentina de revertir esta interrupción de datos, que continúa vigente.
Estados Unidos suspendió ese flujo de información de inteligencia que contiene reportes de oProyectos de la oposición para cambiar el sistemaperaciones sospechosas cuando desactivó el llamado "memorando de entendimiento" existente entre la Fincen y la UIF, por entonces bajo el mando de la contadora de la Policía Federal, Rosa Falduto. La decisión norteamericana ocurrió cuando verificó que los datos, que requerían su autorización para ser transferidos de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron del peor modo, lo que vulneró el principio de confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción de información entre los diferentes países (de lo que se informa por separado).
La difusión de los datos reservados de inteligencia enviados por la Fincen a pedido de la UIF -que por las normas Egmont puede requerir esos datos sin una orden judicial previa- ocurrió por medio del diario Página 12 . Esto ocurrió el 5 de julio de 2009 en una nota titulada "Los negocios del patán" y el artículo sostenía que el Departamento del Tesoro "también investigaba" a De Narváez, tras recibir reportes de supuestas operaciones sospechosas que habrían sido reportadas por el Citibank y el JP Morgan Chase.
Es decir que esto se publicó una semana después de que De Narváez derrotó al ex presidente Néstor Kirchner en las urnas en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. Los Estados Unidos tomaron nota de esto y actuaron en consecuencia, según reconstruyó LA NACION.
"Desde Fincen reclamaron cómo se «escapó» la información y por qué no se le avisó que se enviaba la información a la Justicia", detalló una fuente argentina al tanto de lo que calificó como "cortocircuito". "La filtración ocurrió cuando la información ya estaba en sede judicial. Pudo ser algún funcionario de Tribunales o la SIDE", abundó, en alusión a la Secretaría de Inteligencia. "Pero como la UIF era su interlocutor directo, la UIF recibió el reclamo y la secuela", añadió.
La salida de Falduto y el arribo a la UIF de José Sbattella, entre enero y febrero de este año, no revirtió la situación, aunque a fines de septiembre último la Fincen envió a un grupo de expertos a Buenos Aires. Evaluaron reactivar el flujo, lo que se plasmó en un borrador de un nuevo acuerdo bilateral, más estricto, pero que no se firmó aún por decisión de Washington.
Sin reciprocidad
La ruptura de ese canal de comunicación vedó a la Argentina de obtener información privilegiada para avanzar en investigaciones propias sobre lavado o terrorismo. Por ejemplo, sobre operaciones sospechosas en la Triple Frontera. Uruguay, por el contrario, utilizó datos aportados por Washington en una pesquisa que terminó con el arresto y procesamiento de un conocido contador local, Raúl Weissman, acusado de lavado de dinero del narcotráfico.
La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes de operaciones sospechosas (ROS) a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide "con cuentagotas", según graficó un funcionario argentino. "Lo de De Narváez fue un error que nos excomulgó", reconoció la fuente consultada.
El traspié argentino cuenta con antecedentes. En 2004, Fincen suspendió el intercambio de información con México también por una filtración política de datos sensibles. Pero el flujo se renegoció al cabo de una semana, mientras que en el caso argentino el freno de esa información comenzó en 2009 y podría extenderse hasta 2011. No parece existir voluntad de una rápida resolución del tema como lo fue el caso mexicano.
Formalmente, las autoridades norteamericanas justificaron la demora ante sus interlocutores argentinos en que esperaban que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) completara su evaluación sobre la Argentina -que se definió el 22 de octubre último-, para luego sí definir qué rumbo tomar con la UIF.
Por los carriles informales, sin embargo, desde Washington se dejó trascender que su parsimonia ante el envío de información sensible responde a la "desconfianza" que despierta la UIF -como la caracterizó un informante ante la consulta de LA NACION-, en su versión más proactiva y polémica en manos de Sbattella.
Hugo Alconada Mon LA NACION
Las explicaciones incómodas que reflejaron pujas de poder
La pregunta del funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense fue contundente: "¿Quién manda en el sistema antilavado argentino? ¿Usted?". El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, debió explicar cómo se coordinan los esfuerzos del Estado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, según reconstruyó LA NACION.
El diálogo ocurrió en Buenos Aires y apuntó a la controversia que rodea a la UIF por su presunta utilización política. También, sobre sus pujas de poder con la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Central, organismos con los que compite por la información financiera y fiscal. Sbattella mantuvo por lo menos otra reunión con funcionarios del Departamento del Tesoro. Fue el 3 de mayo último en Washington, en la que también participó el entonces embajador y actual canciller, Héctor Timerman, según dos fuentes oficiales argentinas y una estadounidense. El objetivo de la administración Obama fue verificar hasta qué punto podía confiar en Sbattella y determinar si cabía reactivar el flujo de información confidencial entre la UIF y la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), que depende del Tesoro.
Sbattella estimó que se había reencarrilado la relación y que se retomaría el flujo de información, lo que comunicó a sus superiores. Pero seis meses después sigue interrumpido. El intercambio de datos se basa en la confianza mutua y en los llamados "principios del Grupo Egmont", según remarcó un ex alto funcionario de la UIF a LA NACION.
"Para entregar la información solicitada, el ente que la envía debe tener la garantía de que esa información no será desclasificada por la autoridad extranjera que la pide, ni siquiera a un juez, sin su autorización previa", detalló. El fundamento de esa "garantía" radica en que la "inteligencia financiera" circula por canales más informales que los establecidos en los procedimientos de asistencia judicial recíproca. De ese modo, la UIF puede obtener datos específicos para ahondar en la investigación de una operación, persona o empresa sospechosa.
Sin embargo, para utilizar esos mismos datos en un juzgado, el camino formal es a través de un exhorto diplomático, que debe recorrer el espinel burocrático de las cancillerías y del Ministerio de Justicia del gobierno requerido. Así, el flujo que entre la Fincen y la UIF demanda horas o días, como máximo; por los canales formales puede, con facilidad, demorar meses.

Proyectos de la oposición para cambiar el sistema
Señalada desde la oposición como un "brazo político" más del gobierno de Cristina Fernández y del ex presidente Néstor Kirchner en contra de De Narváez, el Grupo Clarín y otros "rivales", la Unidad de Información Financiera (UIF) es el eje de tres proyectos de ley para reformarla.
El primer proyecto es del propio Gobierno, que quiere darle más facultades. Pero la oposición también tiene sus propias iniciativas.
Una es del diputado y máximo asesor de Francisco de Narváez del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, centrado en darle más autarquía con respecto a la Casa Rosada.
Otro proyecto fue presentado por los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Horacio Piemonte, que propone incluso sacar a la UIF de la órbita del Poder Ejecutivo y colocarla bajo el control del Congreso.
Sin embargo, lejos de tratarse de un debate sólo doméstico, la UIF también concentró durísimas críticas del principal ente antilavado mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esa entidad cuestionó sus facultades para inspeccionar bancos y otros sujetos obligados, su magra efectividad e incluso sus estadísticas.
Ya con esa evaluación internacional en sus manos, funcionarios de distintas áreas del gobierno de los Estados Unidos, en comunicación con su embajada en Buenos Aires, decidieron postergar, una vez más, la posibilidad de retomar el canal de comunicación con la UIF.
Sólo evaluarán los pasos por seguir a partir de las conclusiones que reporte una "misión" que viajará el mes próximo de Washington a Buenos Aires.
La visita incluirá a funcionarios de la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), el Tesoro y la Reserva Federal (Fed), quienes vendrán para participar del plenario que celebrará la regional para América del Sur del GAFI (Gafisud).
Esa "misión" norteamericana coincidirá en Buenos Aires, durante la segunda semana de diciembre, con la visita del presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, a su vez un reconocido crítico del sistema antilavado que se realiza en la Argentina.
Hasta entonces, por lo menos, el puente de inteligencia financiera confidencial entre Washington y Buenos Aires continuará cortado.