MEXICO Puntos más relevantes de la estrategia contra el lavado de dinero

El Gobierno Federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, con el propósito de fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia. El programa se basa en cuatro ejes rectores que se describen a continuación:
I.- Información y Organización.
Este primer eje rector tiene por objetivo detectar eficaz y eficientemente operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y para lograrlo contempla como líneas de acción:
· Generar, manejar y usar la mayor cantidad de información financiera y criminal de forma sistematizada y dinámica, a través de acuerdos nacionales e internacionales, herramientas especializadas y protocolos de intercambio de información;
· Crear grupos especializados para que, respetando los secretos bancario, fiduciario y fiscal, todas las dependencia del Gobierno Federal puedan compartir la información relevante para la detección de casos; y
· Fortalecer las estructuras y capital humano de las dependencias dedicadas a combatir esos ilícitos.
II.- Marco Normativo.
Su objetivo es fortalecer los instrumentos legales para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y para ello se contempla:
· Reconocer nuevos tipos penales relacionados con los ilícitos en cuestión;
· Incorporar al régimen preventivo a determinadas profesiones y actividades no financieras que por sus características pudieran ser vulnerables a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita;
· Colmar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros y figuras similares que permiten a la delincuencia ocultar operaciones ilícitas;
· Modificar las disposiciones financieras para facilitar la obtención de información y fortalecer los métodos de intercambio de información entre autoridades, sin menoscabo de la adecuada protección jurídica a los usuarios de servicios financieros; y
· Reformas a la Ley de Extinción de Dominio.
III.- Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces.
Su objetivo es tomar acciones eficientes con base en inteligencia y programación adecuada. Las líneas de acción son:
· Supervisión especializada para el comercio exterior y la detección de dinero en efectivo;
· Agilizar el procedimiento de aseguramiento de activos y definir procedimientos claros para que las instancias del Gobierno Federal apliquen, en forma integral y coordinada, las medidas a su cargo para sustraer la propiedad o titularidad de los bienes derivados o relacionados con actividades ilícitas; y
· Reforzar las acciones de las dependencias supervisoras para que las acciones sean expeditas y efectivas.
IV.- Transparencia y Rendición de Cuentas.
El objetivo del cuarto y último eje rector de esta Estrategia Nacional es medir y publicar objetivamente la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las acciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las acciones propuestas son:
· Publicar los indicadores para los tres órdenes de gobierno;
· Comunicar a la sociedad de forma oportuna y transparente los resultados de las acciones de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; y
· Establecer mecanismos de participación ciudadana como la denuncia y la retroalimentación de los sujetos obligados a reportar operaciones a las instituciones financieras.
La consecución de los objetivos planteados en cada Eje Rector permitirá alcanzar los siguientes resultados:
· Impactar en el volumen de transacciones nacionales e internacionales con recursos provenientes de actividades ilícitas, obstaculizando la operación de las organizaciones criminales e incrementando los riesgos reales para quienes colaboran en la realización de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;
· Recuperar, en forma efectiva, los activos vinculados con actividades ilícitas; Debilitar la capacidad de los grupos criminales para controlar espacios territoriales, así como para enfrentar y corromper a las instituciones; y Proteger a la economía formal y fomentar su desarrollo.