Argentina:Duro documento contra el país por el lavado de dinero

Según el GAFI, no hay un trabajo "efectivo" para combatirlo; el Gobierno admitió que hubo errores
Por" Adrián Ventura LA NACION
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró un crítico informe sobre el lavado de dinero en la Argentina, que ya está en manos del Gobierno. De ese extenso documento surge que el país no sólo no cumple con el 40% de las recomendaciones del organismo internacional, sino que la Unidad de Información Financiera (UIF) "no es efectiva" y su personal, que "trabaja en situación de inestabilidad laboral", lo expone a "influencias o interferencias".
El informe tiene 189 páginas y fue elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay, que visitó la Argentina en 2009, para hacer una muy detallada radiografía sobre el grado de compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero. El Gobierno puede formular observaciones a ese informe, que será tratado en la reunión de París, a fines de año.
El jefe de la UIF, José Sbattella, que llegó a su cargo en enero pasado, aceptó las críticas del informe, pero descargó la responsabilidad en su antecesora, Rosa Falduto: "Es la herencia. Cuando asumí, me dijeron que venía este informe y no pude hacer nada al respecto, porque se basa en datos objetivos de 2009. Lo que sí intento hacer para octubre, cuando se reúna el GAFI en París, es demostrar que la UIF progresó, que impusimos multas y que estamos avanzando", dijo a LA NACION. El GAFI es un organismo intergubernamental que fue establecido en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G-7) y que fue integrado por 33 naciones, entre ellas, la Argentina.
En 1990, ese organismo emitió 40 recomendaciones, a las que luego del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, se les agregaron otras nueve, que son conocidas como Recomendaciones 40+9.
Para analizar si cada uno de los países cumple con sus obligaciones, el GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que hace cada país internamente, y también exámenes cruzados, en los cuales titulares de bancos centrales y de unidades de información financiera de diversos países visitan a otro país, para hacer un análisis de la situación.
La última evaluación sobre la Argentina se hizo en 2004 y el país no salió bien parado. En varias ocasiones, la Argentina logró postergar esta nueva visita, pero finalmente se concretó en noviembre de 2009. Según el documento, siguen apareciendo muy serias deficiencias.
Este informe contiene siete capítulos en los que se analiza desde un punto de vista técnico y no político cómo la Argentina se comportó frente a cada una de las 49 recomendaciones: en la amplísima mayoría, la nota es "no cumplida" o "parcialmente cumplida".
Una de las principales críticas es que el organismo argentino no es efectivo porque hasta ahora, entre otras cuestiones, no consiguió ninguna condena penal.
En efecto, Sbattella, para superar la crítica del GAFI, en los últimos meses abrió numerosos sumarios, aunque se sospecha que varias de las denuncias contra empresas y bancos "no tienen verdadero sustento", dicen los expertos que conocen los aludidos casos por dentro.
El corazón del sistema
Entre las páginas 38 y 50 del documento que fue entregado al Gobierno, aparece la evaluación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se puso en marcha en 2002 y que es, quizás, el corazón del sistema. El corazón, se podría decir, está cerca del infarto.
Cada vez que los bancos, escribanos, abogados y otros sujetos obligados por ley detectan un movimiento anormal de activos, deben hacer un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF, que, luego de hacer un análisis propio, remite el expediente a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero, a cargo del fiscal Raúl Plee, quien determina finalmente si hay mérito para enviar el caso a la Justicia.
El período auditado por el GAFI corresponde a la gestión de Falduto. El Gobierno daba por descontado que la evaluación sería altamente crítica. Por eso, en enero pasado designó en reemplazo de Falduto a Sbatella, ex miembro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Néstor Kirchner y ex director general de la Aduana, durante la gestión de Carlos Menem. Sbatella votó en favor de la fusión de Cablevisión y Multicanal, pero luego se volvió muy crítico.
Poco antes de la salida de Falduto, LA NACION había dado cuenta, sobre la base de trascendidos de varias fuentes, que la UIF había recibido un pedido expreso de los Kirchner para denunciar al Grupo Clarín y acusarlo de lavado de dinero, para afectar su imagen pública.
"El Gobierno, para contrarrestar las críticas del informe a la UIF, puede decir que reemplazó a Falduto. Pero Sbatella llegó para dinamizar a la UIF, haciendo muchos expedientes", dijo un funcionario. Sbatella niega que haya asumido el cargo con ánimo persecutorio.
La crítica también alcanza a la legislación
Es confusa frente al delito de lavado, dice
A lo largo de doce páginas, donde se tratan las observaciones a la recomendación número 26, que se refiere específicamente a la UIF, se hacen las siguientes críticas:
· "La UIF no es efectiva. Su principal función es producir casos para el fiscal, pero no se obtuvo ninguna condena penal", dice la primera de las conclusiones.
· De los 5272 reportes de operaciones sospechosas que recibió, aún tiene la pesada demora de analizar 2003 informes. En en total están pendientes 4485 y sólo resolvieron 1082. "Hay una larga demora en los análisis", dice el documento.
· "Pocos casos, sólo 10 por ciento de los 738 aportados por la UIF a la Justicia, se convirtieron en denuncias criminales".
· La UIF sólo tiene autoridad para recibir, analizar y remitir a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero, que funciona en la Justicia, información vinculada con 7 delitos, de los veinte delitos posibles que sirven para dar paso al lavado de dinero.
Según la interpretación que hace el GAFI de la ley argentina, no está claro que la UIF pueda investigar lavado de dinero cuando ese blanqueo proviene de tráfico de personas, contrabando de bienes, fraudes, cambio de monedas, piratería de productos, crímenes ambientales, homicidios, secuestros y robos. "Esta es una importante deficiencia que limita la capacidad de la UIF)", dice el informe. "Quizás el Congreso debería aclarar el artículo 6° de la ley 26.268.
· La UIF no tiene acceso a información necesaria para cumplir sus funciones, como por ejemplo la información de la AFIP, que está amparada bajo el secreto fiscal y a la cual sólo se puede acceder con orden judicial (hasta ahora, la UIF pidió levantar el secreto en 138 casos).
· "El número de empleados del que dispone para analizar operaciones sospechosas es bajo y le falta entrenamiento adecuado. Pero, en la página 47 del informe, se señala algo mucho más grave aún: "De los 74 empleados de la UIF, sólo 2 son de planta permanente, mientras que la amplia mayoría son de planta transitoria, lo que no es adecuado para liberarlos de "influencias o interferencias indebidas".
Un Estado que obstaculiza
Por: Hugo Alconada Mon LA NACION
Es más sencillo condenar a alguien que fuma un porro en una plaza que investigar transferencias bancarias que abarcan paraísos fiscales de millonarios sospechosos que vienen escudados, para complicarlo todo, por algunos de los mejores abogados del país. Y eso, que resulta obvio, lo saben todos. En particular, los funcionarios que se apoyan en las estadísticas, necesitan mostrar "resultados" y actúan en consecuencia.
El desafío se acrecienta, además, si desde el propio Estado se entorpecen las investigaciones de alta complejidad. Sea porque se designa a funcionarios ineptos en puestos que requieren conocimientos específicos y mucha experiencia. O, también, porque los expertos no cuentan siquiera con computadoras con lectores de CD. O porque nadie asume el riesgo de separar a los peces grandes del cardumen de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y concentrar sus energías en ellos.
Todo eso, y mucho más, ocurrió en la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los últimos años. Un lugar donde la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) accedieron a información sensible con objetivos propios. Pero los problemas no se centran sólo en la UIF. También la Justicia padece una sobrecarga con poca infraestructura, y muchos funcionarios más preocupados por complacer a sus superiores y ascender que en investigar.
Ayer, sin ir más lejos, LA NACION observó una investigación judicial sobre un delito de "cuello blanco". Incluía pilas de expedientes, del piso al techo, y docenas de cajas con listados de giros de fondos desde y hacia el exterior. Si esa pesquisa llega a algún lado, será por el esfuerzo de algún fiscal, secretario o empleado. Pero muchos dentro del Gobierno, así como opositores y empresarios, prefieren que "eso" no ocurra.
La excepción como regla
El desafío, como recuerda el profesor José María Simonetti, es cuando la corrupción, en vez de ser la excepción, se convierte en la regla. Cuando "el orden" es, en realidad, "el problema". ¿Qué plantea? Que en ciertos países se registra la "pertinaz utilización del Estado en función del beneficio de grupos económicos, [y] el financiamiento de la política por los empresarios".
"Los núcleos y las redes criminales se entrelazan, combinan sus aparatos, operadores, capitales, tráficos, protecciones", enseña Simonetti, con "procesos [que] influyen y penetran el Estado. Controlan, corrompen y neutralizan sus órganos." Eso, sin más, es lo que expuso la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional que verificó cómo (no) se investiga el lavado en la Argentina.
En un país donde impera el "capitalismo de amigos", empresarios prebendarios y políticos deseosos de volar en aviones propios y acumular información para "carpetazos", el sistema resultante explica por qué escasean las condenas por actos de corrupción. También, por qué sólo después de 10 años desde su fundación, la UIF aplicó su primera multa. Y, también, por qué brilla por su ausencia el castigo penal al lavado.