Argentina:Gobierno y empresas juntos ante el GAFI

El Grupo de los Seis (G-6) y el ministro de Justicia Julio Alak convinieron en armar una «agenda común» para tratar de evitar que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el órgano antilavado, aplique sanciones a la Argentina.
La posibilidad está pendiente desde junio, cuando el organismo puso al país -junto con un conjunto de naciones sospechadas de ser «laxas» en sus controles de dinero de dudoso origen o sospechoso de financiar el terrorismo- en el grupo «de seguimiento intensivo», que demanda inspecciones trimestrales y no anuales como al resto de los miembros.
Al encuentro fueron José Ignacio de Mendiguren y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial), Norberto Peruzzotti (ADEBA; el titular Jorge Brito, que fue el que organizó la reunión, faltó por enfermedad), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Carlos Wagner (Construcción) y Adelmo Gabbi (Bolsa porteña). El único ausente de los integrantes del G-6 fue Hugo Luis Biolcati, titular de la Sociedad Rural, quien -se sabe- limita sus contactos con el Gobierno a lo mínimo indispensable.
Al ministro lo acompañaron Miguel Pesce (Banco Central), Alejandro Vanoli (Comisión Nacional de Valores) y José Sbatella (presidente de la UIF, el órgano antilavado local).
El ministro abrió el encuentro con una afirmación al menos polémica: «Esto es un invento de varios grandes estudios de abogados que quieren sacudir el fantasma del GAFI para vender sus servicios con abonos mensuales a las empresas».
Los empresarios, al unísono, le respondieron que -independientemente de las razones- «sería lamentable para el país que el GAFI nos sancionara»; el ministro les respondió que la evaluación definitiva será en el plenario del organismo que se hará el 24 de octubre en Roma; agregó que habían ya dado cumplimiento a diez de las dieciséis recomendaciones extendidas por el GAFI, y les confió estar convencido de que «no quieren sacarnos del seguimiento intensivo ya para que hagamos todos los deberes». Sin dudas la fecha elegida para este cónclave del GAFI no deja de ser llamativa: se hará un día después de las elecciones presidenciales en la Argentina.
Los miembros del G-6 se comprometieron a conformar una comisión de expertos para que en la próxima reunión con el ministro -que se haría en un par de semanas- estén en condiciones de llevar propuestas para conformar la citada «agenda común».
La mayor sorpresa para el Gobierno fue que los empresarios se interesaran en el trámite ante el GAFI; la mayor sorpresa para los empresarios fue que el Gobierno se sorprendiera de ese interés. En diálogo con este diario, varios de los empresarios presentes ayer en el despacho de Alak remarcaron que «no somos lobbystas del Gobierno; simplemente estamos decididos a evitar que nos sancionen como país porque eso sería desastroso: no va a entrar una inversión más, no se va a poder hacer un giro de fondos...».
De hecho, uno de los invitados contó que «muchas inversiones se fueron a Brasil porque ahí las normas de control son más laxas que acá». El silencio pareció corroborar sus palabras. Para ilustrar la astringencia de algunas medidas contenidas en la ley antilavado, Gabbi repitió un gesto que había usado un par de semanas atrás cuando el G-6 se vio con la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez: blandiendo su celular dijo que «desde este teléfono puedo comprar y vender cuantas acciones quiera en la Bolsa de Nueva York, pero en nuestro mercado bursátil sólo se me permite comprar hasta u$s 200.000 vía telefónica». Alguno bromeó con que la de ayer no era precisamente la mejor de las jornadas para esa clase de transacciones bursátiles.
Finalmente, Alak anunció que está gestionando la realización el mes próximo de un seminario en Buenos Aires sobre legislación antilavado, del que participarían autoridades del GAFI. Los empresarios dijeron que aprovecharían esa oportunidad para tratar de entrevistarse con ellos para explicarles que la Argentina no es un país «lavador».
Ambito financiero Sergio Dattilo