Malestar del gobierno uruguayo con inmobiliarias por no reportar operaciones

En 2013 las inmobiliarias, como en años anteriores, no reportaron al Banco Central de ese país operaciones sospechosas de lavado. "Cuando eligen no cumplir la ley, atentan contra todos", afirmó el director de la secretaría antilavado, Carlos Díaz
Durante el pasado año la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) uruguaya, dependiente del Banco Central de ese país, no recibió reportes del sector inmobiliario sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero.
 La misma situación se dio en años anteriores, pese a que la ley las obliga desde 2005 y han existido múltiples actividades dedicadas a informar y capacitar sobre el tema a los operadores.
La situación provoca un profundo malestar en el gobierno, donde se asegura que no hay forma de excusar la "omisión" en un sector que experimenta un amplio desarrollo con la construcción de edificios y hoteles por decenas de millones de dólares y ventas de inmuebles por cifras millonarias, indicó el diario El País.
A nivel oficial se pensó que sería una alerta para el sector la mediática investigación judicial que el año pasado en Uruguay se centró en la compraventa de un inmueble (estancia El Entrevero) vinculado a una causa en Argentina por sospecha de lavado que involucró al entorno del expresidente Néstor Kirchner. No obstante, dicha situación que comprometió a un escribano y a una inmobiliaria, tampoco generó ese efecto de sensibilización en el sector.
La ley obliga al sector financiero y no financiero a reportar cuando un cliente no puede justificar el origen de los fondos o el fin del negocio genera sospechas.
El sector inmobiliario uruguayo realiza transacciones por cientos de millones de dólares al año pero no hace reportes. El control de las inmobiliarias depende de la Auditoría Interna de la Nación. Su responsable, Hugo Pose, dijo al citado matutino que el control del sector no financiero no es una tarea "sustantiva" para la Auditoría y que solo cuenta con seis funcionarios dedicados a la tarea.
El sector inmobiliario es el "más sensible" al lavado de activos, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos fechado el 5 de marzo de 2013.
La ausencia de reportes del sector no financiero y, fundamentalmente, el inmobiliario genera malestar y preocupación en el gobierno.
El director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, dijo a El País que "la responsabilidad de que Uruguay tenga una imagen internacional de que no es proclive a la penetración económica del crimen organizado es de todos los actores. A esta altura, sectores que para concretar sus negocios necesitan de un desarrollo intelectual mediano y alto no tienen derecho a comprometer la situación futura de todo un país, optando por incumplir la ley. Desde el año 2005 las inmobiliarias están obligadas a ejercer la debida diligencia. Cuando eligen no cumplir con la ley no atentan contra el Estado, atentan contra todos los que pueden ser perjudicados por la inclusión del país en alguna lista de incumplimiento. Y los perjudicados por culpa de los que miran para otro lado para obtener beneficios sin importarles de dónde vienen, terminan siendo los que viven de su trabajo. Esto no se arregla con disculpas sin sentido, todos precisamos juego limpio y no una sociedad contaminada. Así no vale", afirmó. Díaz dijo que tampoco hay reportes de zonas francas. "Es una irresponsabilidad", aseguró. El jerarca dijo que el sector financiero funciona "razonablemente bien" para los recursos de los que dispone, y que sus cuestionamientos son "exclusivamente" hacia los operadores no financieros que están obligados por ley.
Fuente Iprofesional