Argentina: 29 reportes bancarios en la mira judicial

El fiscal federal Jorge Di Lello analiza 29 reportes de operaciones financieras sospechosas realizadas por bancos, aseguradoras, contadores y escribanos que involucran a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y mencionan a dos financistas acusados en la investigación.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo del Poder Ejecutivo que investiga asuntos de lavado de dinero, envió al juzgado de Norberto Oyarbide 52 cuerpos con los reportes.
Se llaman reportes de operaciones sospechosas (ROS) los informes secretos que envían los sujetos obligados por la ley a avisar de transacciones que consideren que podrían ocultar un posible lavado de activos. Sin embargo, el ROS no implica una acusación, sino que el que reporta no logró justificar el origen de esos fondos con la información en su poder. Los obligados a reportar son contadores, escribanos, bancos, casas de cambio, aseguradoras o la Inspección General de Justicia, entre otros.
En este caso, los aportes de los contadores fueron fundamentales, dijo una fuente judicial. En esta causa se investiga por supuesto lavado de dinero a empresarios y a dos financistas: Ferrando Caparrós Gómez, ligado a Monetización, que pertenece a Daniel Laurenti y Ricardo Falco, propietario de Trade Travel y hermano de Eugenio De Falco, que era uno de los principales empleados de la fundación.
En esas financieras se realizaban cambios de cheques oficiales, que habían sido pagados a las Madres por el Ministerio de Planificación Federal. Laurenti reconoció ante Oyarbide, en un escrito, que cambió cheques de las Madres, pero justamente como su origen era un organismo público, nunca sospechó que podían estar originados en un delito.
Los contadores intervinieron en operaciones en las que debían justificar el movimiento de fondos por más de 200.000 pesos y fueron ellos los que reportaron casos que les despertaron sospechas. Una de las financieras investigadas es Crédito Sur, una cooperativa de crédito reportada por el HSBC, vinculada con otra empresa que cambia cheques. Esa firma está mencionada en la causa de la mafia de los medicamentos como uno de los lugares donde se cambiaban cheques. Uno de los titulares era Daniel Fidalgo, quien fue socio hasta hace más de 10 años de Caparrós Gómez en valores negociables, otra de las empresas que están en la mira de la Justicia. "Mi cliente no tiene nada que ver con Crédito Sur y está desligado de Fidalgo desde hace años", dijo a La Nacion la abogada del financista, María Eugenia Tallarico.
De Falco tenía relación con la operación financiera de las Madres y con la economía personal de Schoklender, a tal punto que en sus oficinas se pagaban en efectivo compras que realizó el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, dijo a La Nacion uno de los que cobraron allí.
Oyarbide allanó una veintena de locales y oficinas de financistas y empresarios investigados por supuesto lavado de dinero. El delito, según la redacción de la ley en el momento del hecho investigado, impide acusar al que comete fraude de blanqueo de su propio dinero sucio. Por eso la Justicia analiza si ampliar la imputación al delito de asociación ilícita, quiénes deben ser acusados de lavado y quién de fraude.
El fiscal Di Lello analiza los nuevos ROS para determinar si las acusaciones contra alguna de las personas involucradas deben agravarse aún más. En la fiscalía están trabajando en un pedido para que estas personas sean indagadas. Para eso se puntualizaron los hechos que se imputan a cada uno y los bienes que eventualmente hubieran comprado con dinero negro.