Argentina.Controlarán los fondos de inversión en la construcción

Con el objetivo de controlar los movimientos económicos-financieros que se realizan a través de los denominados “fondos de inversión” en el sector inmobiliario, un diputado del oficialismo de la Cámara baja presentará en las próximas horas un proyecto de ley para establecer un estricto control sobre los mismos.
El objeto de la medida sería ejercer un registro más profundo de todas las operaciones que realizan los “fondos de inversión”, especialmente los vinculados al sector inmobiliario, ya que existirían sospechas fundadas de que en el sector se ejecutan operaciones -según supo Parlamentario.com- que literalmente rozan la ilegalidad, aunque ya habría varios de estos emprendimientos financieros que estarían bajo la lupa por los negocios "nonc sanctos" realizados y que serían los que dieron origen a la inquietud en la Cámara de Diputados.
El proyecto, al cual tuvo acceso Parlamentario.com, ingresará a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados en los próximos días y tendrá un rápido tratamiento, ya que existiría un compromiso de la Casa Rosada para convertir la iniciativa en ley y poner la norma bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La elaboración del proyecto en ciernes ya tendría el visto bueno de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia cuyo titular es Carlos Zanini y el tratamiento de la misma estaría pautado que se realice en el primer tramo del nuevo período ordinario de sesiones, ya que la medida obedecería a compromisos contraídos por la Argentina con el GAFI.
Cabe recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.
El GAFI está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas y además participan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Interpol y Europol, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que cada inversor deberá brindar su perfil de cliente, su situación económica, financiera y tributaria, entre otros datos.
Un primer avance sobre el tema estaría dado por la disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial.
La propuesta se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobadas en el 2003, las nueve recomendaciones especiales de ese organismo sobre Financiamiento del Terrorismo y a otros antecedentes internacionales sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
La idea, según dijo a Parlamentario.com un legislador del FpV “es identificar puntualmente a los inversores, ya que la proliferación de los mismos en el sector de la construcción es muy llamativo. Ahora con esta nueva ley vamos a ver cuántos quedan”.

Argentina:La UIF también controlará las operaciones de los clubes de fútbol

La AFA y los equipos de Primera División y del Nacional B deberán informar sobre transacciones superiores a los 60.000 pesos. Esta medida se enmarca dentro de las recomendaciones del GAFI sobre el lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una medida que obliga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que participan de los torneos de Primera División y Primera B Nacional a realizar un perfil de los involucrados en operaciones por 60 mil pesos o más.
La resolución 32 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba las iniciativas y procedimientos para que tanto la AFA como los equipos se inserten en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para la redacción de la norma se tuvieron en cuenta las sucesivas reuniones que los clubes, la AFA, y Futbolistas Agremiados mantuvieron con la UIF, según consta en los considerandos.
También se atañe a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advirtió que en las últimas "dos décadas el dinero comenzó a ejercer gradualmente una fuerte influencia sobre el deporte provocando en algunos casos consecuencias negativas".
El GAFI advierte sobre "actividades comerciales, explotación de jugadores jóvenes, doping, corrupción, racismo, juegos ilegales, violencia, lavado de dinero y otras actividades que atentan contra el sector".
También resalta que las "sumas de dinero invertidas en el fútbol crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos y del esponsoreo a nivel empresarial y que -simultáneamente- el mercado laboral para los jugadores profesionales de fútbol experimentó un proceso de globalización inigualable".
"La afluencia internacional de dinero corre el riesgo de caer fuera del control de organizaciones nacionales y futbolísticas ya que los flujos de fondos circulan dentro y fuera de paraísos fiscales y/o comprenden muchos países", agregó.
La industria del fútbol, señala también el GAFI, llevó a que "cada vez más gente se encuentre involucrada en el sector (managers, intermediarios, sponsors y empresas propietarias de jugadores, etc.)" lo que "propicia el ocultamiento de actividades fraudulentas, en particular en la medida en que las operaciones y actividades delictivas se lleven a cabo en el exterior".

ARGENTINA:Vinculan a gobernador de Santa Cruz con propiedades en esta zona

La Coalición Cívica adjudicó al santacruceño Daniel Peralta y familiares la adquisición de una importante finca en Villa La Angostura y cabañas en San Martín de los Andes. Ayer realizaron la denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue denunciado ayer por presunto lavado de dinero ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La acusación fue realizada por la Coalición Cívica que lidera Lilita Carrió. Entre otras cosas, se le adjudica a Peralta y a familiares directos la adquisición de una extensa finca en las afueras de Villa La Angostura, que habría sido comprada en 2009 y que ahora estaría a la venta, probablemente como consecuencia de la crisis por las cenizas del volcán Puyehue.
También una operación con una propiedad de 4.000 metros cuadrados que incluye cabañas turísticas en la entrada de San Martín de los Andes.
La titular del ARI-CC de Santa Cruz, Mariana Zuvic, confirmó ayer que la Justicia ya tiene la denuncia.
Sostuvo la dirigente que alrededor de 56 empresas estarían vinculadas y asociadas al mandatario provincial con los negocios que habría llevado adelante Carolina Pochetti, sobrina del gobernador, junto a Daniel Omar y Stella Maris Blanco, cuñados de Peralta, y el contador Víctor "Polo" Manzanares , síndico del Banco de Santa Cruz y encargado de controlar todo el movimiento patrimonial de la familia presidencial. La denuncia también involucra al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Según la presentación, el cuñado del gobernador, Daniel Omar Blanco (hermano de la esposa de Peralta Blanca Blanco), se desempeñaba como gerente de los emprendimientos. También se le atribuyen playas de estacionamiento y empresa de servicios petroleros.
La sobrina del gobernador señalada en la denuncia es Carolina Pochetti, de 36 años, quien fue empleada de la gobernación santacruceña y tiempo atrás habría recibido una casa Fonavi. Sin embargo, ahora sería socia de las empresas que serán investigadas, según señaló el periódico Perfil.
La sobrina de Peralta está en pareja con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Según la denuncia, su hijo mayor, Franco Muñoz, se se habría asociado con ella en Cayuqueo SA, empresa de estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires.
En esa firma, también aparece Víctor Alejandro Manzanares, contador histórico de los Kirchner, que confecciona sus declaraciones patrimoniales y que lleva los números de la familia presidencial.
En Neuquén
Se aseguró que en los últimos años, edificaron negocios en la Patagonia. Concretamente, en Neuquén habrían registrado Patagon Adventure SRL, dedicada a brindar servicios a la industria petrolera, especialmente, transporte de cargas y que cuenta con una flota automotor.
Otro emprendimiento habría sido Patagon Experience SRL, un complejo de cabañas turísticas ubicado en la entrada a San Martín de los Andes. Tiene cuatro mil metros cuadrados de extensión y cabañas que pueden alojar hasta 25 turistas.
Al conocer las denuncias, el mandatario santacruceño denunció en una radio local una "campaña" en su contra. Y ante el diario Tiempo Sur, Peralta dijo: "Para lavar dinero hay que tenerlo, y la verdad que yo no lo tengo y nunca lo tuve en demasía como para involucrarme en una figura de esa naturaleza". Añadió que Zuvic "va a tener que probar palabra por palabra, letra por letra y coma por coma lo que se dijo y lo que se escribió, porque no solamente me involucró a mí sino a otras personas".
La diputada y titular del ARI-CC, Mariana Zuvic, confirmó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF) ya tiene la denuncia. La investigación, que derivaría en una denuncia por enriquecimiento ilícito, es el resultado de una investigación que llevó a cabo durante siete meses. También fue anticipada por Jorge Lanata en la edición dominical de "Perfil".
Zuvic, en declaraciones a "FM Presencia" de Río Gallegos, dijo que "hay pruebas suficientes, irrefutables y extraordinarias" para efectuar la denuncia por lavado de dinero". Y agregó, sin vueltas: "Peralta tiene testaferros directos".
"Nos sorprendieron las vinculaciones. Manzanares está en casi todas las cosas que uno investiga de funcionarios provinciales y nacionales. Hay nombres recurrentes. Son 56 empresas en donde aparece Manzanares y las vinculaciones", explicó. "Daniel Peralta debe dar explicaciones. Ninguna presentación tuvo tantas pruebas", sostuvo.
Ayer, Zuvic fue entrevistada por María O´Donnell en el programa La Vuelta de Radio Continental y ratificó las sospechas y la presentación de la denuncia ante la UIF. Añadió que el propio gobernador se movilizó en un avión de la gobernación para llegar a Villa La Angostura e interesarse por la propiedad, supuestamente a nombre de su cuñado, con muelle incluido y cerca de El Messidor, la paradisíaca residencia oficial neuquina. También estimó que se habría erogado cerca de 1.800.000 dólares en 2009.
Rio Negro.com.ar(Redacción Central)

Argentina:Sin ayuda de EE.UU., crece el riesgo de sanciones por lavado

Una eventual condena del GAFI por el incumplimiento de normas sobre transparencia afectaría a la economía. Sería un costo de la mala relación del Gobierno con Washington.
Vilma Martinez, la embajadora de Estados Unidos, criticó a la Casa Rosada y rechazó la posibilidad de que Washington colabore para evitar sanciones financieras por los incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero en el sistema financiero local . Esto lo señaló en su embajada, frente a los poderosos titulares del Grupo de las 6 entidades del establishment argentino y después de que Adelmo Gabbi, jefe de la Bolsa de Comercio, se esforzó para explicar los avances que había realizado el Gobierno contra ese delito económico.
Gabbi dijo que “existe preocupación y hubo un esfuerzo concreto”. Jorge Brito avanzó con un análisis más dúctil e insinuó que había un problema político y que por eso los hombres de negocios buscaban un aval político de Estados Unidos a la Argentina en el Gafi. Brito afirmó: “Fuimos remolones, pero hubo avances y habrá más avances.
Necesitamos el apoyo de su país para evitar sanciones que afecten nuestra economía .” Fue ahí cuando Federico Nicholson ponderó el empeño del ministro Julio Alak para normalizar el trabajo atrasado de varios años.
Hasta ahora esa gestión evitó sanciones, pero los empresarios tienen la información de que en octubre, y en vísperas a las elecciones, el GAFI castigaría en forma definitiva a la Argentina.
Una sanción sería un golpe para el sistema financiero y el mercado de capitales de Argentina.
Hugo Biolcati, líder de la Sociedad Rural, explicó que el problema no era del kirchnerismo y que una sanción afectaría a todos los sectores económicos, independientemente de quien gane las elecciones en octubre.
La embajadora escuchó pacientemente los argumentos, pero fue inflexible a la hora definir la posición oficial de EE.UU.
Dijo: “Acá no hay un problema político. Acá hay un problema técnico, y consiste en que Argentina no cumple con las normas internacionales contra el lavado de dinero.
” La diplomática habló de la “falta de transparencia” e hizo una alusión a eventuales problemas de corrupción. Después volvió sobre la falta de transparencia y puso como ejemplo la manipulación del INDEC y reiteró que el problema no era político. Advirtió que existen 49 normas internacionales contra el lavado de dinero que aún no cumple la Argentina. Y concluyó diciendo que “EE.UU. es solo un miembro más del GAFI. No podemos hacer nada.” Los hombres del G-6 confirmaron así la pésima relación de Washington con la Cancillería . Héctor Timerman asumió prometiendo abrir un acuerdo trascendental con Barack Obama, pero sus múltiples desaciertos enfriaron hasta límites impensados la estratégica relación bilateral.
La absoluta inactividad en los últimos años de la Unidad de Información Financiera hace que ahora ese cuerpo sobreactúe las medidas y ponga trabas a los negocios . José Sbatella – hasta ahora – no corrigió la resolución 11, que fija controles sobre los directivos de todas las cámaras y entidades empresarias. En el G-6 insisten que esa medida solo busca tener un arma oficial para amenazar y presionar a entidades empresarias no conformes con la Casa Rosada. Sbatella tuvo que poner paños fríos y aclaró que esa resolución apunta a otra cuestión: controlar y hacer un seguimiento del dinero que manejan los sindicatos.
Pero los hombres de negocios tienen temor por el impacto de esas medidas en medio de la crisis internacional.
En el G-6 evaluaron el tema y sacaron una conclusión: un default de EE.UU. hará que el mundo entre en recesión y Argentina sufra el cimbronazo.
Hoy tratarán esta cuestión en el encuentro de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Luis Betnaza inaugurará, en la UIA, esa reunión con un objetivo: que los líderes empresarios de la región exijan al G-20 una “solución productiva” a la crisis financiera.
Ignacio de Mendiguren no estará en esa cumbre de Buenos Aires, porque anoche viajó con una decena de industriales a Brasilia. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner pondrán en marcha el Foro de Empresarios Argentina-Brasil.
El Foro fue pedido por los hombres de negocios de ambos países, ante la incapacidad de los gobierno de coordinar estrategias conjuntas en este mundo inestable. En la comitiva están dirigentes como Carlos Bulgheroni, Luis Pagani, Sebastián Eskenazi, Hugo Sigman, Jorge Brito y Cristiano Rattazzi.
El presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, firmará el acuerdo con Robson Braga de Andrade, el titular de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. Habrá una decena de los más fuertes empresarios de Brasil. Pero la cuestión central será el almuerzo que ambas delegaciones de industriales tendrán a solas con Dilma y Cristina. La intención es hablar de los desequilibrios bilaterales y de una estrategia común para enfrentar la turbulencia financiera internacional. La movida la trabajó Itamaraty directamente con negociador comercial argentino Luis Kreckler, de fluido diálogo con la Presidenta argentina. Se trata de dar una señal de distensión, pero los empresarios argentinos irían a fondo. El banquero Brito estaría encargado de hablar sobre un tema clave: la estabilidad de la paridad cambiaria brasileña.
Se trata de un tema que preocupa también a los industriales de San Pablo. Esos poderosos hombres de negocios presionan por un ajuste del tipo de cambio en Brasil y eso podría generar mayores tensiones en un comercio bilateral netamente negativo para Argentina.
Pero los hombres de negocios de Brasil también harán preguntas. La gente de Braga de Andrade quieren saber una cuestión: cómo y cuándo la Argentina ajustará su economía.
Por MARCELO BONELLI
Copyright Clarín, 2011.

Argentina: Por segunda vez se dictó una condena por blanqueo de dinero

En medio de las discusiones en organismos internacionales sobre el desempeño argentino en el combate del lavado de dinero, ayer se conoció la segunda sentencia en diez años de vigencia de la anterior ley modificada recientemente.
Se trata de dos jóvenes mexicanos detenidos hace seis años en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentaban ingresar al país, ocultos en su equipaje, 617.400 dólares.
La condena, a tres años de prisión en suspenso, fue dictada por el Tribunal Oral Penal Económico Nro. 2 en un juicio abreviado tras un acuerdo alcanzado por el fiscal Mariano Borinsky con la defensa de los imputados. La Fiscalía también había pedido condena por el delito de contrabando, pero el tribunal, por mayoría, sólo condenó por intento de lavado de activos.
El anterior caso de condena por este delito -como una modalidad dentro de una investigación por narcotráfico- había sido conocido el año pasado en Córdoba, pero fue dictado contra tres “prestanombres casi indigentes que fueron usados para la adquisición de propiedades.
El caso resuelto ayer es distinto porque el hecho investigado refiere claramente a un intento de lavado de dinero. Los dólares -decomisados por la Justicia- estaban escondidos en las mochilas y valijas con las que llegaron al país el 4 de octubre de 2005 la modelo Luz María Acosta Aguilera, de 33 años, y el músico Francisco Javier Guzmán Ramírez, de 26 años, ambos mexicanos. Los turistas no habían declarado el dinero ante la Aduana, lo que debiera haber ocurrido por superar la cifra de 10 mil dólares.
En el acuerdo firmado con el fiscal, los acusados admitieron el “origen delictivo” del dinero y que su fin era el de “hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”, según consta en la resolución judicial, a la que Clarín tuvo acceso. La sentencia fue firmada por los jueces Gustavo Losada, Claudio Gutiérrez de la Cárcova y Osiris Lemos. Los jueces mandaron copia de la sentencia al Congreso, adonde regresó la nueva ley antilavado por un veto parcial presidencial.

Argentina: Acusan a Schoklender de liderar una red de lavado

Unas 50 personas quedaron ayer acusadas de integrar la red supuestamente usada por Sergio Schoklender y su hermano, Pablo, para lavar dinero proveniente de fondos desviados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La lista, que incluye a socios de los Schoklender, parientes, amigos y sus esposas, ex empleados de la fundación, financistas y empresarios de la City, está contenida en el dictamen que presentó ayer el fiscal federal Jorge Di Lello al juez federal Norberto Oyarbide, en el que imputa en la causa a los responsables de una telaraña de empresas directa o indirectamente ligadas con los ex apoderados de las Madres.
El mapa de las sociedades y los bienes registrados a nombre de cada una de ellas y sus propietarios fue efectuado por el fiscal antilavado Raúl Pleé. La hipótesis de la acusación es que el dinero supuestamente defraudado a las Madres -proveniente de fondos públicos- se transformó en casas, departamentos, autos de lujo, yates y aviones, como los que el fiscal Pleé detectó a nombre de las sociedades y sus socios.
Oyarbide deberá decidir si acepta los pedidos del fiscal y ahonda en las finanzas de esas compañías cuando termine de chequear informes financieros y cheques de la fundación que está investigando, encontrados en los allanamientos realizados esta semana.
Hasta ahora está acreditado que existieron cheques por unos 4 millones de pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica, una empresa dirigida por Alejandro Gotkin, director de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender. Esa plata luego era retirada en efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .
También se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar sueldos.
El fiscal Di Lello firmó ayer las 40 páginas de su requerimiento, en el que amplió la acusación original a medio centenar de personas, pero mantuvo los delitos por los que se los debe investigar: defraudación y lavado de dinero. Aunque menciona a los intervinientes no los considera integrantes de una asociación ilícita.
Entre las personas imputadas por el fiscal están los Schoklender, el presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
También está siendo investigado el financista José Fernando Caparrós Gómez, quien controlaba Meldorek antes de que pasara a manos de Schokender y que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero donde se cambiaron cheques de las Madres.
Las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin denunciaron además que Meldorek es una de las empresas que el ex presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que compraron dólares en 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Meldorek SA habría comprado 1.996.150 dólares, dice la denuncia.
Otra empresa financiera investigada es Travel Trade, una casa de cambios que funciona en Hipólito Yrigoyen 1321, propiedad de Ricardo Mario De Falco, que tiene domicilio allí y que es hermano de uno de los principales empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eugenio De Falco, que quedó en lugar del director técnico de Madres, Eduardo González Fernández, cuando Hebe de Bonafini hizo su última purga en la entidad.
La lista de las sociedades investigadas, alimentada por la denuncia de las legisladoras Quiroz y Etchecoin, se completa con las firmas Construyendo el Futuro, que realizó obras en el Colegio Jean Piaget, Setek, Partner Human Resources, Iturnet, entre otras firmadas ligadas a Gotkin. También está incluida la ex esposa de Sergio Schoklender Viviana Sala.
Entre los bienes investigados hay una camioneta Hummer, adquirida por una de las firmas vinculadas a Gotkin, Eagle Security, que fue inmovilizada mientras se investiga el escándalo de los autos importados para ser usados por diplomáticos extranjeros, que eran vendidos aquí sin pagar impuestos.
El fiscal Pleé descubrió a nombre de algunas de las sociedades investigadas los dos aviones supuestamente comprados por Schoklender, dos autos Ferrari, dos yates, casas y departamentos.
Además pidió el fiscal Di Lelo interrogar como testigos a escribanos que intervinieron en la constitución de las sociedades y recabar a través de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre sus contadores y proveedores.
El entramado
•Bienes fastuosos. De la investigación judicial surge que los hermanos Schoklender y un grupo de unas 50 personas poseían autos, casas, aviones y yates cuyo origen es sospechoso.
Financieras. Aparecen varias cuevas en las que se cambiaban por dinero en efectivo cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (cobrados por las obras públicas que hacían).
Las empresas. Entre las firmas investigadas hay constructoras, agencias de seguridad y financieras ligadas a los Schoklender a partir de sus accionistas y directores.
La Nacion

ARGENTINA: proyecto de ley para que las obras sociales reporten a la UIF

El diputado Gerardo Milman (GEN) presentó un proyecto para que las asociaciones sindicales, obras sociales y mutuales sindicales deban informar sus operaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa contra del lavado de dinero.
El diputado nacional Gerardo Milman (GEN) presentó un proyecto que propone incorporar a las asociaciones sindicales, obras sociales y mutuales sindicales como sujetos obligados a informar sus operaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa contra del lavado de dinero.
Milman, quien es vicepresidente de la comisión de Seguridad Interior, argumentó que "las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro han servido como pantalla para lavar dinero, construir edificios a sobrecosto y enriquecer a operadores, directivos, responsables financieros, intermediarios y contratistas". También aseguró que millones de dólares se mueven en las denominadas "mesas de dinero" con "absoluta liviandad y sin control".
Milman consideró que los sindicatos "manejan ingentes sumas de dinero cuya administración, en determinados casos, es poco clara". Y llamó la atención respecto a que hay "determinados líderes sindicales" que muestran "un modo de vida que, evidentemente, no se condice ni con sus ingresos reales ni con su condición de simples trabajadores".

Argentina: Presión por lavado no termina: GAFI pide reforma a terrorismo

La sanción de la ley contra el lavado de dinero el miércoles en Diputados que el Senado ratificará en dos semanas le dará un tiempo de tranquilidad al Gobierno frente a las exigencias del GAFI, pero menos de lo que esperaba. El organismo ya había anunciado en la última visita a Buenos Aires que a lo sumo en noviembre insistirá con la necesidad de modificar también el Código Penal para combatir el financiamiento al terrorismo. Ese punto está incluido dentro de las exigencias del GAFI al país, junto con las reformas exigidas a la ley contra el lavado de dinero, pero Cristina de Kirchner logró esquivar por ahora ese punto. El problema es más que simple: el GAFI quiere que se modifique el tipo penal para instaurar el delito de lavado autónomo, como se hizo esta semana, pero también que se incluya en el Código Penal la sanción a quienes aportan, desde el país o el exterior, a organizaciones locales que puedan estar comprendidas en actividades terroristas, que provoquen desorden voluntariamente o trabajen para instaurar el terror.
Ese debate ya lo enfrentó el Gobierno en 2007, cuando el 13 de junio se aplicó una reforma al Código Penal en la que se sancionó el encubrimiento de la financiación a organismos terroristas, pero el tipo penal quedó lejos de la definición que pretendía el GAFI.
Fue una solución de conveniencia: presionado por piqueteros y organizaciones sociales, Néstor Kirchner no quiso avanzar más en el debate central de esa reforma: definir qué se entiende por asociación terrorista, por lo menos de acuerdo con los cánones que pide el GAFI.
La ley se votó por entonces y no fue suficiente, y ahora el organismo internacional, si bien aceptaría suspender la aplicación de sanciones al país en la ronda de consultas que comienzan en junio en la reunión plenaria de México y luego en París, no dejará pasar de noviembre la presión para que se reforme el Código Penal también para el caso del financiamiento a actividades terroristas.
«Esto sale como un tiro porque el Gobierno está preocupado. Pero ahora viene la tipificación del financiamiento al terrorismo. Lo que se votó en 2007 fue de compromiso; eso no es lo que quiere el GAFI. Acá hay que definir claramente qué es desorden, qué es caos, qué es terrorismo en el Código Penal», explicaban ayer integrantes de la comisión que analizó el proyecto en Diputados. «El GAFI pide que se tipifiquen cosas como aportes del exterior a organizaciones locales. ¿De qué tenemos que hablar? Por ejemplo, de quienes reciben aquí financiamiento de Irán. ¿Eso es o no es un delito?», fue la pregunta en esa comisión que ahora deberá volver a analizar una nueva reforma.
Esa presión la sintieron diputados del oficialismo y la oposición durante la visita de la delegación del Gafisud que estuvo en el país hace un mes. Uno de esos encuentros fue en el despacho de José Sbatella, en la UIF. Hasta allí fueron Federico Pinedo, Diana Conti, María Teresa García y asesores del macrismo como Mónica Almada.
Tema complicado
Cuando los representantes del Gafisud insistieron con la necesidad de avanzar tanto en la reforma en el tipo penal contra el lavado de dinero como en el financiamiento al terrorismo, los kichneristas presentes argumentaron: «Ustedes saben que por nuestra historia interna, éste es un tema complicado».
Les respondió el superintendente de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensión de Perú, Felipe Tam Fox, uno de los integrantes de la delegación que visitó el país: «Miren, acá somos todos de la región y todos tuvimos problemas. Yo vengo de Perú y allí todavía tenemos a 100 de Sendero Luminoso, es decir tenemos el problema a flor de piel y, sin embargo, todos tenemos una ley».
Ayer Sbatella festejó la votación de Diputados: «Con este proyecto se deja afuera la figura de encubrimiento, que obligaba a tener probado un delito anterior a la utilización de sumas sospechadas de orígenes ilícitos», dijo. Pero fuera de esa euforia, el Gobierno sabe que la Argentina aún está lejos de las exigencias con las que el GAFI lo incomoda cada año.

Argentina: La Cámara baja dio media sanción al proyecto de ley de antilavado de dinero

Los diputados aprobaron esta noche y giraron al Senado el proyecto de ley que tipifica el delito de lavado de dinero, en coincidencia con el pedido del Gobierno nacional para avanzar con esa norma
Tras más de dos horas de discusión, la votación arrojó 181 votos afirmativos, ninguno negativo y 7 abstenciones.
El proyecto que ahora giró al Senado fue consensuado durante esta jornada por el Frente para la Victoria y los distintos bloques opositores, ya que el texto inicial del oficialismo no tenía el consenso suficiente para ser aprobado.
"Es mucho lo que se ha hecho en nuestro país por el lavado de dinero, pero también es cierto que es mucho lo que falta hacer, por eso creemos que esta ley es un avance en este sentido", afirmó el diputado del Frente parala Victoria, Oscar Albrieu, al iniciar el debate.
Antes de que se incorporaran las modificaciones, el diputado dela Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, aseguró que en el proyectola Unidadde Información Financiera (UIF) debía tener "mayor libertad, para que el Gobierno no le diga lo que tiene que hacer".
En tanto, luego de que se acordaran los cambios, el jefe del bloque de diputado del PRO, Federico Pinedo, celebró el entendimiento y felicitó a sus pares.
"Este conjunto de normas es una herramienta útil y mucho mejor que las anteriores", subrayó Pinedo.
En el mismo sentido se expresó el jefe del bloque de diputados del Frente parala Victoria, Agustín Rossi, que destacó la "predisposición de todos los bloques de encontrar una sesión de consenso".
La norma que ahora deberá pasar por el Senado tipifica el delito de lavado de dinero, que antes estaba incluido en el encubrimiento.
"Se incorpora el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse `Delitos contra el orden económico y financiero´", afirma el texto aprobado en Diputados.
Una de las modificaciones que exigió la oposición fue poner mayor "transparencia" a la designación de los integrantes dela UIF.
En ese punto, el texto establece que los miembros dela UIFserán designados del Poder Ejecutivo, pero luego de "un proceso de selección público, abierto y transparente".
"También se publicarán los datos de los candidatos en dos diarios de circulación nacional y en el Boletín Oficial", agrega en ese artículo.
El Poder Ejecutivo busca una ley que tipifique el delito de lavado de dinero para poder ir a la próxima reunión del GAFI (el 20 de junio próximo en México) con la norma en la mano, a fin de evitar eventuales sanciones de parte de ese grupo al país.
infobae

Argentina: controlarán a mutuales y a cooperativas por lavado de dinero

Además, la UIF fiscalizará las operaciones del fútbol y de los fideicomis
Las mutuales y cooperativas, que tienen una fuerte participación en el mercado de financiamiento especialmente con las pymes, se transformarán en sujetos obligados a informar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Así lo dispone el texto de ley que se encuentra en plena discusión en el Congreso y que sería tratado en pocas semanas.
Pero no son los únicos que en poco tiempo también quedarían alcanzados por la nueva normativa. En la lista aparece un sector que figura entre los más sospechosos no sólo en la Argentina, sino a nivel mundial: el fútbol. Según lo que establece el último borrador del proyecto, tanto los clubes de fútbol profesionales como la AFA deberán brindar toda la información relacionada con un tema tan delicado como es el de los pases de los jugadores, quiénes son los dueños de esos pases y de dónde sale la plata para las millonarias compras y ventas.
«En este caso, los clubes vendrían a ser los bancos, que deben dar cuenta de cada transacción, mientras que la AFA actuaría como el Banco Central, ya que es responsable de recabar toda la información y luego divulgarla», explicaron desde la Unidad de Información Financiera.
Otro de los sujetos que se incluyen en la ley con obligación de informar son los fideicomisos. En este caso, lo más delicado pasa por aquellos que se arman para operaciones inmobiliarias. Serán ellos, además de los escribanos, los que deberán informar y justificar a la UIF de dónde provienen los fondos que pusieron los inversores para llevar adelante el emprendimiento.
Las discusiones alrededor del nuevo proyecto que eleva las sanciones para las actividades relacionadas con lavado de activos tienen dos costados: uno de ellos pasa estrictamente por las discusiones políticas entre Gobierno y oposición, que planteó una larga lista de reparos al texto oficial. Pero además también hay una larga lista de cambios en relación con la legislación actual, que tardarán tiempo en ser asimilados no sólo por los actores de mercado, sino también por la Justicia.
La UIF emitió a lo largo de los dos primeros meses del año una extensa lista con nuevos requisitos para todas aquellas compañías que actúan como sujetos de información. Así, se amplió sustancialmente el listado de operaciones sospechosas que deben ser alertadas por los bancos, compañías de seguros, escribanos, inmobiliarias y hasta concesionarias de autos.
Sin embargo, no se incluyó a otros porque sencillamente no figuran en la ley vigente. Por lo tanto, lo que hace el nuevo proyecto es incluir una serie de instituciones que pasarán a estar alcanzadas. El caso de las mutuales y cooperativas resulta de especial interés, ya que inexplicablemente se encuentran con condiciones más ventajosas para operar que los bancos y otras entidades financieras que operan bajo la regulación del Central. El objetivo del Gobierno es en este caso combatir el alto porcentaje de informalidad en la que se mueve la economía argentina. Buena parte de las empresas que trabajan en negro termina consiguiendo financiamiento a través de este tipo de instituciones, que no sólo están fuera de la órbita del Central, sino que además tampoco debían reportar las operaciones sospechosas a la UIF, a cargo de José Sbatella.
Esta obligación generará, por otra parte, un fuerte aumento de costos de estructura, ya que los datos que solicita mensualmente la UIF requieren prácticamente tener un costoso departamento de contabilidad y auditoría. No contar con éste sería por demás riesgoso, ya que las multas por no informar operaciones sospechosas pueden ser millonarias, y la cooperativa o mutual podría quedar envuelta en el delito de «encubrimiento».
Por último, también figuran como sujetos obligados a informar los abogados. Pero en este caso no deberán hacerlo por cualquier operación de sus clientes, ya que violaría el derecho profesional. Sólo tendrán que rendir cuentas a la UIF cuando actúen como un tercero en la compraventa de inmuebles o cualquier otro tipo de activo.
Ambito:Pablo Wende

Argentina:Prorrogan aplicación de normas antilavado de dinero

El Gobierno pisó el freno ayer con una medida que busca poner mayor control al lavado de dinero, pero que podría afectar el comercio exterior. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial se prorrogó por un mes una exigencia de la UIF a los exportadores e importadores.
A través de esas resoluciones, la UIF hizo lugar a las presentaciones que habían hecho las cámaras de Exportadores y la de Importadores. Las entidades -tal como había adelantado Clarín - habían realizado recursos administrativos buscando una prórroga a una resolucion del organismo de control de lavado de dinero que obligaba, a partir de ayer , a designar un director responsable de la información ligada al manejo de pagos y cobranzas. “Es toda una normativa incumplible, que arrancaba con esa designación, y que nos exigía que presentáramos una extensísima documentación sobre nuestros clientes y proveedores. Eso incluía desde balances a poderes de esas empresas extranjeras, todos traducidos y certificados: Se iba a frenar totalmente el comercio exterior , y los clientes iban a apelar a otros proveedores que no les exigieran tanto trámite”, dijeron los empresarios.
La UIF busca acelerar normas antilavado ante la presión del organismo multilateral que entiende en el tema, el GAFI. Pero su avance habría provocado incluso malestar dentro de la propia administración: algunas fuentes aseguran que en la AFIP hay enojo por lo que interpretan es inmiscuirse en su área.
Los empresarios quedaron con la UIF en trabajar la semana próxima en una nueva redacción de las normas , que se ajustes a los requerimientos internacionales, pero también a los tiempos del comercio exterior local.

Argentina:controles de la UIF llegaron a los aeropuertos

Los controles de la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo que fiscaliza operaciones de lavado de dinero, llegaron también a los aeropuertos cuando este fin de semana los inspectores se apersonaron para verificar las tenencias de divisas de los pasajeros. De esta forma el Gobierno intensifica el cerco no sólo sobre las transacciones dudosas sino también sobre las «puertas de salida» formales del país; en momentos en que la fuga de capitales sigue a buen ritmo.
Días atrás se extendieron los controles sobre el mercado cambiario y financiero y esto derivó en una suba de las cotizaciones de los dólares utilizados para evitar los circuitos institucionales, como el «contado con liquidación» (triangulación entre bonos y divisas) y el dólar blue o informal que han llegado a niveles de $ 4,24cuando el tipo de cambio se opera a $ 4,04 a nivel minorista.
Según fuentes oficiales de la UIF, que conduce José Sbattella, a cargo de la coordinación nacional del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizó un operativo de «control de transporte físico de dinero y títulos de valor», en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El objetivo fue recolectar toda la información relacionada con las modalidades de transporte y los mecanismos de ocultamiento de dinero, a los efectos de desarrollar un trabajo sobre tipologías en la materia. El operativo se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Aeropuerto el Plumerillo de la ciudad de Mendoza y el Aeropuerto Ingeniero Taravella de la ciudad de Córdoba. Las fuentes señalaron que «los documentos que se controlaron fueron dinero y títulos valor o valores al portador (acciones, bonos, vales vista, otros)». Cabe señalar que el operativo forma parte de un programa de tareas similares que comenzarán a realizarse en forma sistemática entre la UIF y las Fuerzas de Seguridad del país.
En el Aeropuerto de Ezeiza, con motivo del control sobre los pasajeros próximos a embarcar se detectó transporte de divisas en presunta infracción a la normativa vigente por un monto de más de 53.000 euros y 76.000 dólares.
En virtud de los acontecimientos detectados por supervisores de la Unidad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se dio intervención al juez Ezequiel Verón de Astrada, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos quedaron caratulados como «averiguación de contrabando de divisas» y los causantes fueron imputados, pero no quedaron detenidos y se los citó a comparecer en sede judicial en audiencia indagatoria. Las actuaciones sumarias fueron remitidas junto con documentación y el secuestro de divisas.
Fuente: Ambito Financiero

Argentina: Investigan en Suiza al lider sindical Hugo Moyano por lavado de dinero

Una fiscal pidió informes sobre las causas judiciales que involucran al camionero; congelaron US$ 1.870.000 de una cuenta
La justicia de Suiza investiga por supuesto lavado de dinero al líder de la CGT, Hugo Moyano, y a sus familiares más cercanos, por lo que pidió a la Argentina toda la información sobre las causas judiciales que involucran al líder camionero. La respuesta no se hizo esperar: el sindicalista dispuso una huelga general de camioneros a partir del lunes. En la práctica implica que no habrá recolección de residuos ni distribución de dinero en cajeros automáticos ni de mercaderías en supermercados ni transporte de larga distancia ni combustibles.
El paro fue una medida para presionar al Gobierno, pues los dirigentes sindicales deslizaron sus sospechas de que la Casa Rosada motoriza esta investigación judicial, originada al otro lado del Atlántico.
En el Gobierno hubo silencio ante la medida de fuerza, anunciada en "repudio a las mentiras que publican los medios", según el dirigente Eduardo Altamirano, que además convocó a los afiliados a realizar manifestaciones frente a los diarios.
El pedido de información a la justicia argentina se relaciona con el bloqueo de 1.870.000 dólares que realizó la justicia suiza sobre fondos de una cuenta perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa Covelia SA.
La firma maneja la recolección de residuos en 12 municipios bonaerenses y en el Mercado Central. Funcionarios bonaerenses e intendentes vinculan a Covelia con Moyano, al punto de que cuando tienen un problema relacionado con la recolección de residuos lo tratan con el líder camionero. Walter Martello, legislador bonaerense de la Coalición Cívica, aseguró en un informe que Moyano hace lobby ante los municipios para que le adjudiquen los contratos a Covelia. Moyano responde que defiende a los 3000 trabajadores de la firma, que son sus afiliados.
Covelia negó oficialmente tener vínculos con Moyano. Depresbiteris, que aparece como su dueño, es un ex chofer convertido en empresario millonario con departamento en Puerto Madero, Mercedes-Benz, Porsche, un yate en Punta del Este y dueño de la mitad de un avión privado. "Después de mi viejo, [Moyano] es el mejor hombre, que quiere a los trabajadores", dijo sobre el gremialista.
La justicia suiza se hizo eco de las informaciones periodísticas, por lo que pidió datos sobre el líder sindical y sus familiares más cercanos. El pedido de colaboración llegó a la Cancillería hace una semana, donde fue traducido y elevado a la Cámara Federal en un trámite firmado por el coordinador del área de Cooperación Internacional Diego Salermó, según documentos a los que accedió LA NACION.
El exhorto del Ministerio Público Fiscal de Suiza, que está firmado por la procuradora federal Maria Antonella Bino, fue sorteado entre los juzgados federales y su tramitación recayó en el juez Norberto Oyarbide, que ya investigaba a Moyano.
Lo primero que hizo Oyarbide fue enviárselo a la Fiscalía N° 1, a cargo de Jorge Di Lello, para que opinara si corresponde o no darle trámite. Di Lello está de licencia, por lo que será su colega Gerardo Pollicita quien decidirá sobre el asunto. Puede rechazarlo, allanarse al pedido o interpretar que hace falta documentación ampliatoria para entregar la información que pide Suiza.
Lo que está solicitando la fiscal son datos de las causas judiciales donde Moyano está siendo investigado. La funcionaria tomó conocimiento, por ejemplo, del caso de los remedios. Incluso el exhorto menciona que tiene entendido que "Pablo Moyano [hijo de Hugo] está siendo investigado por blanqueo de activos" en la Argentina, cuestión que nadie pudo confirmar en los tribunales locales.
También el entorno
El pedido de informes sobre causas en trámite abarca al "entorno familiar próximo a Hugo y Pablo Moyano", de acuerdo con el pedido internacional. También el exhorto hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos onerosos y tratamientos de alto costo de sus afiliados.
Moyano está siendo investigado por dos jueces: Oyarbide y Claudio Bonadio, que analizan si la obra social de camioneros estafó al Estado presentando troqueles de medicamentos adulterados. Además, Bonadio, a partir de una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, investiga a Moyano por supuesta administración fraudulenta porque la obra social de camioneros contrata con empresas familiares.
El juez federal Ariel Lijo, por otra parte, analiza si existió lavado de dinero a través de cheques de la obra social de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas a la causa de los medicamentos.
LA EMPRESA
COVELIA S.A.
•Cuentas. La compañía factura $ 720 millones por año. Cuenta con 3000 empleados, todos afiliados al gremio de Moyano, y unos 800 camiones recolectores.
•Servicios. Se ocupa de la recolección de residuos en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires y en el Mercado Central.
•Dueños. Ricardo Depresbiteris, un chofer hoy millonario, aparece como dueño de Covelia. Varios intendentes ligan a la empresa con Moyano.
La Nacion

Argentina: oficializan mayores controles en inmuebles y comercio exterior

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso los procedimientos para evitar el lavado de dinero en las importaciones y exportaciones, y sobre las operaciones de compra y venta de inmuebles.
Los registros de propiedad inmuebles deberán implementar políticas activas de prevención de uso de dinero de origen ilícito, capacitar al personal y designar un oficial que mantendrá el contacto directo con la UIF.
Entre los ítems a tener en cuenta para catalogar una operación de compra-venta de inmuebles como sospechosa la UIF menciona “las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos años cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30%”.
También “la multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica, dentro del plazo de un año” es otro indicador previsto por la UIF en la resolución 41 publicada hoy en el Boletín Oficial.
También, “la multiplicidad de nombres, Documento Nacional de Identidad, Clave Unica de Identificación Tributaria o Laboral, Cédula de Identidad o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de la misma persona”, así como la “coincidencia” de nombres o de números de los documentos de identificación antedichos.
En cuanto a las operaciones de importación y exportación, la UIF determinó los procedimientos de prevención que deben implementar los despachantes de aduanas, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, según la resolución 39.
Al igual que como la UIF definió para otros sectores de la actividad económica, los operadores de comercio exterior deberán “reforzar el procedimiento de identificación del cliente” cuando se sospeche que sean empresas pantalla, fideicomisos y en transacciones a distancia.
Esto es especialmente en operaciones y relaciones comerciales realizadas “con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI).
El Cronista

Argentinas: Nueva reglamentacion para Entidades Financieras y casas de cambio

Las entidades financieras y casas de cambio deben exigir a sus clientes una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos cuando realicen movimientos por $ 500.000 o más al año, para evitar operaciones de lavado de dinero. Esta decisión, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación y con la que el Gobierno extrema los controles antilavado, se suma a una batería de medidas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) en los últimos meses. La Resolución 37 establece pautas para la detección de activos de origen delictivo en las actividades cambiarias que deberán implementar los bancos, financieras, y toda persona física o jurídica autorizada por el Banco Central.
Los bancos y casas de cambio deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes para prevenir operaciones de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo.
La Resolución 37 fijó en 30 días hábiles el plazo para reportar operaciones sospechosas, y redujo a sólo 48 horas "de reloj" el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrorismo.
Los tiempos corren desde el momento en que la operación fue realizada o tentada, aunque las entidades dispondrán hasta el 1 de septiembre para adecuar sus sistemas para responder a las exigencias.
Las personas que operen por menos de $ 40.000 mensuales no tendrán que aportar más datos que la información brindada por los empleadores y por los organismos del Estado cuando se acrediten ingresos por remuneraciones. En los casos de clientes que registren movimientos por un monto anual de operaciones inferior a los $ 500.000, deberá confeccionarse un legajo siguiendo las pautas operativas que fije la autoridad monetaria nacional.
Más detalles
Los clientes que operen por $ 500.000 o más deberán presentar un legajo con los datos personales, una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos y la documentación de respaldo si hiciera falta establecer la situación patrimonial y financiera. Constará, además, la información intercambiada con el Oficial de Cuenta a través de medios electrónicos o epistolares, precisó la UIF en la resolución.
Si se trata de una persona jurídica, deberán acompañarse los últimos Estados Contables, certificados, los cuales se actualizarán anualmente.
Con esta batería de medidas, la Unidad de Información Financiera busca cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que orienta las normas internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este grupo tiene previsto reunirse en París entre el 21 y el 25 de este mes. Entonces, la Argentina debe presentar resultados. (NA-DyN)

ARGENTINA:para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución

El Gobierno terminará de publicar en estos días una batería de resoluciones para investigar el lavado de dinero que afectan a los bancos, las empresas que cotizan en Bolsa y distintos organismos públicos, entre otros. Así espera evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado instó al Ejecutivo a adecuar su normativa antilavado en 100 días, hasta el 23 del actual. Pero los cambios de fondo que pide el GAFI chocan con la letra de la Constitución Nacional.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA

ARGENTINA:Lavado de dinero: investigarán a clientes bancarios que muevan $ 500.000 al año

LA MEDIDA, QUE EMPEZARÁ A REGIR ESTOS DÍAS, PERMITE A LA UIF USAR DATOS DEL BCRA
La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito
Convertidos ya el año pasado en las grandes víctimas de la lucha contra el lavado de dinero, los bancos volverán a sentir en estos días una nueva estocada legal. Por una resolución que la UIF publicará en el Boletín Oficial, las entidades financieras verán recortado de tres meses a sólo uno el plazo para detectar e informar las operaciones sospechosas entre sus clientes; y empezarán a estar obligadas, además, a exigir llenar un legajo y presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos a aquellos clientes bancarios que realicen operaciones por un monto mayor a los $ 500.000 al año.
La resolución cuenta ya con la firma del titular del organismo, José Sbatella, y está lista para su publicación. El texto estuvo sometido durante estos días a una serie de reuniones entre los técnicos de la UIF y los principales banqueros locales. El punto más áspero y discutido fue, según pudo consignar El Cronista, el acortamiento del plazo para presentar el reporte de operación sospechosa (ROS). Esta nueva medida derogará la resolución 228/07, que estipulaba un plazo de hasta 180 días para presentarlo, y fijará ese límite en apenas 30 días. A lo largo de esta semana, algunos banqueros ya habían transmitido su temor por este artículo que, descontaban, incluiría la resolución. No hay posibilidad de que un banco pueda determinar una operación sospechosa en ese tiempo. La cantidad de operaciones que tiene un banco no es la misma que la de un escribano”, protestó un banquero. Atentos a eso, y tras una serie de reuniones con especialistas, en la UIF acordaron un tiempo de seis meses “para que las entidades adecúen sus sistemas informáticos” antes de tener que cumplir con la ley.
Así las cosas, la norma impondrá sobre las entidades un costo administrativo que hasta hace poco días ni siquiera tenían previsto. Deberán capacitar al
personal y actualizar todos sus sistemas antes de septiembre, precisaron en la UIF.
Según se desprende de la resolución, los clientes bancarios (tanto habituales como ocasionales) que registren un promedio mensual de operaciones que supere los $ 41.666 ($ 500.000 anual) deberán brindar los datos necesarios para confeccionar un legajo en la entidad, presentar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos y, en tanto resulte necesario para definir el perfil del cliente, la correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer su situación patrimonial y financiera.
En la resolución anterior, este monto estaba establecido en los u$s 30.000 por operación, y recaía sólo sobre los clientes ocasionales (no los habituales). Si bien esta ley debía cumplirse, la UIF sólo tenía atribución para sancionar y multar en el caso de que detectara la operación in situ. No estaba clara la complementación entre la UIF y el Central, que quedó establecida en el decreto presidencial de diciembre pasado, contó una fuente del organismo.
El Banco Central ya realiza actualmente una supervisión sobre los clientes bancarios, amparado en la ley de entidades financieras y en la ley penal cambiaria. Pero, hasta hoy, si bien podía informar a la UIF los incumplimientos que detectara, el organismo abocado a la lucha contra el lavado de dinero no tenía facultades para imponer una sanción.
Por la nueva resolución, y el decreto firmado en diciembre, esto cambió: los que violan la debida diligencia formarán parte de un expediente que terminará en la UIF, agregaron. La debida diligencia es el mecanismo que de ahora en más deberán cumplir las entidades, y que está descripto en los artículos de la ley que saldrá en estos días.
Los banqueros cuentan que las multas que aplica la UIF suelen constituir un daño grande en los balances de las compañías. El año pasado, las entidades sancionadas fueron el Banco Galicia (con $ 4,4 millones), el BBVA Francés ($ 39 millones), y el salteño MásVentas ($ 6 millones).
IGNACIO OLIVERA DOLL EL CRONISTA

ARGENTINA: Lavado de dinero, controlarán los operaciones de capitalización y ahorro

En otra de las medidas implementadas en los últimos días, la Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones iguales o superiores a los 40.000 pesos
La resolución 34 publicada hoy en el Boletín Oficial enumera la variedad de políticas de control que deberán implementar las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente.
Las sociedades deberán exigir a sus clientes la documentación que respalde el origen de los fondos cuando se realicen cesiones de un contrato de ahorro o título de "capitalización vigente" o "renunciado rescindido" y cancelaciones anticipadas de un contrato de ahorro, que involucren 40.000 pesos o más.
También cuando se realice un "cambio de modelo del bien suscripto por un modelo cuyo valor sea mayor a un 50% del valor del bien suscripto al momento del cambio", y una licitación con dinero en efectivo de un contrato de ahorro, que involucren cifras de 40.000 pesos o superiores.
iprofesional

ARGENTINA: Nuevos controles a operaciones bursatiles y polizas de seguros

El Gobierno oficializó hoy dos medidas para controlar las operaciones bursátiles superiores a 40.000 pesos y las primas de pólizas de seguros mayores a 40 mil o 50 mil según su tipo, con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero y de financiación del terrorismo
Así surge en las dos resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicadas hoy en el Boletín Oficial, que alcanzarán a quienes compren o vendan títulos en el mercado de capitales iguales o mayores los $ 40 mil.
Tal como adelantó El Cronista en su edición de hoy, en esos casos se deberá presentar una declaración jurada de bienes y, si la operación es mayor a los $ 200 mil, justificar el origen de los fondos, según el artículo 15 de la resolución 33/11 firmada por José Sbatella, titular de la UIF.
Los obligados a informar las operaciones serán los agentes y las sociedades de Bolsa, los operadores del mercado abierto electrónico y las casas de cambio, que tendrán 30 días para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y 48 horas en el caso de financiación del terrorismo.
En el caso del mercado asegurador, según la resolución 32/11, las compañías deberán pedir una declaración jurada si las primas de las pólizas son mayores a $ 40 mil, si se trata de seguros de vida, y de $ 50 mil cuando están vinculadas al patrimonio.
Al igual que en el caso del mercado de capitales, las compañías están obligadas a reportar las operaciones en 30 días o en 48 horas, según se trate de hechos vinculados a presunto lavado de activos o de financiación de terrorismo.
A fines de enero, la UIF dictó una norma similar mediante la cual puso la lupa en el mercado de compraventa de obras de arte, antigüedades y joyas, con igual objeto.
En ese caso, las operaciones a reportar son las mayores a los $ 500.000, obligación que sumó a otra para los bancos cuando observen operaciones de cinco mil pesos con tarjeta de crédito
La sucesión de resoluciones de la UIF se da a pocos días de una nueva reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que ha objetado al país por las fallas en las medidas antilavado.
En su sitio en Internet, el GAFI publicó un informe que, en su presentación, señala que el país no hizo los progresos adecuados en el cumplimento de un número de deficiencias detectadas en junio de 2004

ARGENTINA:Estudian cambios a la ley de Oferta Pública

El Ministerio de Economía evalúa un proyecto de ley elaborado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no sólo propone el intercambio pleno de información entre organismos reguladores del Estado, sino que además eliminaría el secreto bursátil y le daría poder de policía a la CNV, con lo que podría sancionar a infractores.
El proyecto elaborado por el organismo dirigido por Alejandro Vanoli busca responder a los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y mantiene la línea que tenía la propuesta que en su momento elaboró el actual gobernador chaqueño Jorge Capitanich, pero con algunos agregados y modificaciones.
Según el diario El Cronista Comercial, el proyecto de reforma de la Ley 17.811 sería enviado al Congreso cuando termine el receso de verano.
En cuanto al intercambio de información entre organismos reguladores del Estado, como la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y la CNV, el proyecto prevé que se podría realizar sin trabas, "siempre y cuando se tuviera una fuerte sospecha por operaciones susceptibles de ser consideradas de lavado de dinero".
Pero a pedido de la AFIP, la CNV podría cruzar sus bases de datos de oficio, algo que hasta ahora impide el secreto bursátil.
En caso de que el Congreso apruebe el proyecto, el organismo que dirige Alejandro Vanoli pasaría a tener poder de policía y podrá aplicar sanciones.
Y con la eliminación del secreto bursátil, la CNV podrá obtener al mismo tiempo datos de cualquier otro regulador.
Para el titular del organismo, "esto permitirá coordinar la supervisión del sistema financiero en su conjunto y prevenir delitos de incumplimientos en cuestiones de 'insider trading', manipulación de mercado, cambiaria, impositiva y otras cuestiones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Con ese proyecto, el Gobierno busca dar respuesta a las críticas que a fines de 2010 realizó el GAFI por la falta de control en Argentina sobre maniobras que podrían estar vinculadas al lavado de dinero.
En ese sentido, una comitiva de la UIF viajará a París el 20 de febrero para participar de la reunión de ese organismo, y aprovecharía para mostrar la elaboración de ese proyecto como un avance.
Con este paso, la Casa Rosada busca que Argentina forme parte del Anexo A del Memorandum Multilateral de Entendimiento, que nuclea a los países que cumplen con los estándares internacionales fijados por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
Nosis