Argentina presentó el programa de blanqueo de capitales ante el GAFI

El titular de la UIF, José Sbatella, expuso el plan del Gobierno para la exteriorización de moneda extranjera en el encuentro de la entidad que monitorea el lavado de dinero. Estuvo presente la reina Máxima de Holanda

José Sbattella, titular de la UIF; Sigbjørn Johnsen, ministro de Finanzas de Noruega, y la reina Máxima de Holanda

La delegación de Argentina, encabezada por el titular de la UIF, José Sbattella, participó en el plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con el objetivo de informar los avances realizados desde febrero de 2013 y de presentar un informe preliminar de su programa de exteriorización de moneda extranjera.

Todos los países que deciden implementar este tipo de medidas deben poner en conocimiento del plenario la legislación y explicar sus fundamentos y características.
Los países deben mantener el compromiso de cumplir con la legislación de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En esta sesión hicieron sus respectivos reportes Argentina y Turquía.
Lo decidido por el organismo se expresa en el comunicado del presidente del GAFI que dice:
"El GAFI escuchó informes sobre programas VTC (Voluntary Tax Compliance) de Argentina y Turquía. Sobre Argentina, el GAFI recibió del país información preliminar sobre el programa planeado que tendría lugar en julio. El GAFI espera que aplique todas las medidas ALA/CFT (Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) al programa.
"El GAFI va a estudiar más el programa una vez que toda la información relevante esté disponible. El GAFI continúa monitoreando la implementación de estos programas e insta a los países a que apliquen todas las medidas ALA/CFT a sus programas VTC.
"Los dos países se comprometieron a asegurar que sus programas VTC sean consistentes con las recomendaciones GAFI y principios sobre VTC. El GAFI va a estudiar otros programas que tengan efectos después de esta reunión". Por esta razón en el plenario de octubre próximo se realizará el monitoreo de lo actuado".
Fuente Infobae

Argentina:Sin ayuda de EE.UU., crece el riesgo de sanciones por lavado

Una eventual condena del GAFI por el incumplimiento de normas sobre transparencia afectaría a la economía. Sería un costo de la mala relación del Gobierno con Washington.
Vilma Martinez, la embajadora de Estados Unidos, criticó a la Casa Rosada y rechazó la posibilidad de que Washington colabore para evitar sanciones financieras por los incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero en el sistema financiero local . Esto lo señaló en su embajada, frente a los poderosos titulares del Grupo de las 6 entidades del establishment argentino y después de que Adelmo Gabbi, jefe de la Bolsa de Comercio, se esforzó para explicar los avances que había realizado el Gobierno contra ese delito económico.
Gabbi dijo que “existe preocupación y hubo un esfuerzo concreto”. Jorge Brito avanzó con un análisis más dúctil e insinuó que había un problema político y que por eso los hombres de negocios buscaban un aval político de Estados Unidos a la Argentina en el Gafi. Brito afirmó: “Fuimos remolones, pero hubo avances y habrá más avances.
Necesitamos el apoyo de su país para evitar sanciones que afecten nuestra economía .” Fue ahí cuando Federico Nicholson ponderó el empeño del ministro Julio Alak para normalizar el trabajo atrasado de varios años.
Hasta ahora esa gestión evitó sanciones, pero los empresarios tienen la información de que en octubre, y en vísperas a las elecciones, el GAFI castigaría en forma definitiva a la Argentina.
Una sanción sería un golpe para el sistema financiero y el mercado de capitales de Argentina.
Hugo Biolcati, líder de la Sociedad Rural, explicó que el problema no era del kirchnerismo y que una sanción afectaría a todos los sectores económicos, independientemente de quien gane las elecciones en octubre.
La embajadora escuchó pacientemente los argumentos, pero fue inflexible a la hora definir la posición oficial de EE.UU.
Dijo: “Acá no hay un problema político. Acá hay un problema técnico, y consiste en que Argentina no cumple con las normas internacionales contra el lavado de dinero.
” La diplomática habló de la “falta de transparencia” e hizo una alusión a eventuales problemas de corrupción. Después volvió sobre la falta de transparencia y puso como ejemplo la manipulación del INDEC y reiteró que el problema no era político. Advirtió que existen 49 normas internacionales contra el lavado de dinero que aún no cumple la Argentina. Y concluyó diciendo que “EE.UU. es solo un miembro más del GAFI. No podemos hacer nada.” Los hombres del G-6 confirmaron así la pésima relación de Washington con la Cancillería . Héctor Timerman asumió prometiendo abrir un acuerdo trascendental con Barack Obama, pero sus múltiples desaciertos enfriaron hasta límites impensados la estratégica relación bilateral.
La absoluta inactividad en los últimos años de la Unidad de Información Financiera hace que ahora ese cuerpo sobreactúe las medidas y ponga trabas a los negocios . José Sbatella – hasta ahora – no corrigió la resolución 11, que fija controles sobre los directivos de todas las cámaras y entidades empresarias. En el G-6 insisten que esa medida solo busca tener un arma oficial para amenazar y presionar a entidades empresarias no conformes con la Casa Rosada. Sbatella tuvo que poner paños fríos y aclaró que esa resolución apunta a otra cuestión: controlar y hacer un seguimiento del dinero que manejan los sindicatos.
Pero los hombres de negocios tienen temor por el impacto de esas medidas en medio de la crisis internacional.
En el G-6 evaluaron el tema y sacaron una conclusión: un default de EE.UU. hará que el mundo entre en recesión y Argentina sufra el cimbronazo.
Hoy tratarán esta cuestión en el encuentro de la Asociación de Industriales de Latinoamérica. Luis Betnaza inaugurará, en la UIA, esa reunión con un objetivo: que los líderes empresarios de la región exijan al G-20 una “solución productiva” a la crisis financiera.
Ignacio de Mendiguren no estará en esa cumbre de Buenos Aires, porque anoche viajó con una decena de industriales a Brasilia. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner pondrán en marcha el Foro de Empresarios Argentina-Brasil.
El Foro fue pedido por los hombres de negocios de ambos países, ante la incapacidad de los gobierno de coordinar estrategias conjuntas en este mundo inestable. En la comitiva están dirigentes como Carlos Bulgheroni, Luis Pagani, Sebastián Eskenazi, Hugo Sigman, Jorge Brito y Cristiano Rattazzi.
El presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren, firmará el acuerdo con Robson Braga de Andrade, el titular de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. Habrá una decena de los más fuertes empresarios de Brasil. Pero la cuestión central será el almuerzo que ambas delegaciones de industriales tendrán a solas con Dilma y Cristina. La intención es hablar de los desequilibrios bilaterales y de una estrategia común para enfrentar la turbulencia financiera internacional. La movida la trabajó Itamaraty directamente con negociador comercial argentino Luis Kreckler, de fluido diálogo con la Presidenta argentina. Se trata de dar una señal de distensión, pero los empresarios argentinos irían a fondo. El banquero Brito estaría encargado de hablar sobre un tema clave: la estabilidad de la paridad cambiaria brasileña.
Se trata de un tema que preocupa también a los industriales de San Pablo. Esos poderosos hombres de negocios presionan por un ajuste del tipo de cambio en Brasil y eso podría generar mayores tensiones en un comercio bilateral netamente negativo para Argentina.
Pero los hombres de negocios de Brasil también harán preguntas. La gente de Braga de Andrade quieren saber una cuestión: cómo y cuándo la Argentina ajustará su economía.
Por MARCELO BONELLI
Copyright Clarín, 2011.

Argentina: Presión por lavado no termina: GAFI pide reforma a terrorismo

La sanción de la ley contra el lavado de dinero el miércoles en Diputados que el Senado ratificará en dos semanas le dará un tiempo de tranquilidad al Gobierno frente a las exigencias del GAFI, pero menos de lo que esperaba. El organismo ya había anunciado en la última visita a Buenos Aires que a lo sumo en noviembre insistirá con la necesidad de modificar también el Código Penal para combatir el financiamiento al terrorismo. Ese punto está incluido dentro de las exigencias del GAFI al país, junto con las reformas exigidas a la ley contra el lavado de dinero, pero Cristina de Kirchner logró esquivar por ahora ese punto. El problema es más que simple: el GAFI quiere que se modifique el tipo penal para instaurar el delito de lavado autónomo, como se hizo esta semana, pero también que se incluya en el Código Penal la sanción a quienes aportan, desde el país o el exterior, a organizaciones locales que puedan estar comprendidas en actividades terroristas, que provoquen desorden voluntariamente o trabajen para instaurar el terror.
Ese debate ya lo enfrentó el Gobierno en 2007, cuando el 13 de junio se aplicó una reforma al Código Penal en la que se sancionó el encubrimiento de la financiación a organismos terroristas, pero el tipo penal quedó lejos de la definición que pretendía el GAFI.
Fue una solución de conveniencia: presionado por piqueteros y organizaciones sociales, Néstor Kirchner no quiso avanzar más en el debate central de esa reforma: definir qué se entiende por asociación terrorista, por lo menos de acuerdo con los cánones que pide el GAFI.
La ley se votó por entonces y no fue suficiente, y ahora el organismo internacional, si bien aceptaría suspender la aplicación de sanciones al país en la ronda de consultas que comienzan en junio en la reunión plenaria de México y luego en París, no dejará pasar de noviembre la presión para que se reforme el Código Penal también para el caso del financiamiento a actividades terroristas.
«Esto sale como un tiro porque el Gobierno está preocupado. Pero ahora viene la tipificación del financiamiento al terrorismo. Lo que se votó en 2007 fue de compromiso; eso no es lo que quiere el GAFI. Acá hay que definir claramente qué es desorden, qué es caos, qué es terrorismo en el Código Penal», explicaban ayer integrantes de la comisión que analizó el proyecto en Diputados. «El GAFI pide que se tipifiquen cosas como aportes del exterior a organizaciones locales. ¿De qué tenemos que hablar? Por ejemplo, de quienes reciben aquí financiamiento de Irán. ¿Eso es o no es un delito?», fue la pregunta en esa comisión que ahora deberá volver a analizar una nueva reforma.
Esa presión la sintieron diputados del oficialismo y la oposición durante la visita de la delegación del Gafisud que estuvo en el país hace un mes. Uno de esos encuentros fue en el despacho de José Sbatella, en la UIF. Hasta allí fueron Federico Pinedo, Diana Conti, María Teresa García y asesores del macrismo como Mónica Almada.
Tema complicado
Cuando los representantes del Gafisud insistieron con la necesidad de avanzar tanto en la reforma en el tipo penal contra el lavado de dinero como en el financiamiento al terrorismo, los kichneristas presentes argumentaron: «Ustedes saben que por nuestra historia interna, éste es un tema complicado».
Les respondió el superintendente de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensión de Perú, Felipe Tam Fox, uno de los integrantes de la delegación que visitó el país: «Miren, acá somos todos de la región y todos tuvimos problemas. Yo vengo de Perú y allí todavía tenemos a 100 de Sendero Luminoso, es decir tenemos el problema a flor de piel y, sin embargo, todos tenemos una ley».
Ayer Sbatella festejó la votación de Diputados: «Con este proyecto se deja afuera la figura de encubrimiento, que obligaba a tener probado un delito anterior a la utilización de sumas sospechadas de orígenes ilícitos», dijo. Pero fuera de esa euforia, el Gobierno sabe que la Argentina aún está lejos de las exigencias con las que el GAFI lo incomoda cada año.

Paraguay sigue en la lista gris del GAFI

Nuestro país no logró salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lista en la que se encuentran los países que tienen deficiencias en los controles de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La evaluación del organismo internacional se realizó del 17 al 22 de febrero último en París.
La delegación paraguaya, encabezada por Benigno López, miembro del directorio del Banco Central y actual titular de Gafisud (base regional), solicitó en la plenaria la consideración de quitar de la lista gris al Paraguay, teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos años.
Recordemos que nuestro país tendrá la presidencia pro témpore del Gafisud por todo 2011.
Más resultado
Sin embargo, los inspectores del GAFI esperan mayores resultados que surjan a partir de la aplicación de nuevas normativas, entre ellas la modificación de la legislación sobre el control transfronterizo de divisas y valores, la ley que reprime las acciones terroristas y la regulación para las entidades remesadoras de fondos (que no sean entidades financieras), todas estas aprobadas en el último año.
El informe del grupo internacional sostiene que las autoridades paraguayas han desarrollado diferentes procedimientos en las aduanas para detectar, detener o frenar, y aprovechar el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador que está en plena ejecución a través del sistema Sofía. Pero que debido al reciente desarrollo de estos procedimientos, aún no hay estadísticas para probar su eficacia, por lo que exigirán más informes sobre la operatividad de las normativas.
Según señaló el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, es probable que en los próximos meses se tenga la presencia de altos funcionarios de la organización, a fin de verificar la adecuada ejecución de las normativas, antes de la siguiente evaluación, que será en junio.
“Paraguay debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar los bienes de los terroristas (proyecto de ley, está en el Congreso) y controlar efectivamente la aplicación de cruce transfronterizo de las transacciones en efectivo”, sostiene el informe final del GAFI.

ARGENTINA:Molestó a EE.UU. el uso de datos confidenciales

En sigilo y fuera de la controversia pública, el gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos. Así lo confirmaron a LA NACION cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El quite de colaboración fue decidido por la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó desde Buenos Aires la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el candidato opositor Francisco de Narváez salieron a la luz en julio de 2009 en medios de comunicación muy cercanos al Gobierno. Hasta hoy hubo intentos por parte de la Argentina de revertir esta interrupción de datos, que continúa vigente.
Estados Unidos suspendió ese flujo de información de inteligencia que contiene reportes de oProyectos de la oposición para cambiar el sistemaperaciones sospechosas cuando desactivó el llamado "memorando de entendimiento" existente entre la Fincen y la UIF, por entonces bajo el mando de la contadora de la Policía Federal, Rosa Falduto. La decisión norteamericana ocurrió cuando verificó que los datos, que requerían su autorización para ser transferidos de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron del peor modo, lo que vulneró el principio de confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción de información entre los diferentes países (de lo que se informa por separado).
La difusión de los datos reservados de inteligencia enviados por la Fincen a pedido de la UIF -que por las normas Egmont puede requerir esos datos sin una orden judicial previa- ocurrió por medio del diario Página 12 . Esto ocurrió el 5 de julio de 2009 en una nota titulada "Los negocios del patán" y el artículo sostenía que el Departamento del Tesoro "también investigaba" a De Narváez, tras recibir reportes de supuestas operaciones sospechosas que habrían sido reportadas por el Citibank y el JP Morgan Chase.
Es decir que esto se publicó una semana después de que De Narváez derrotó al ex presidente Néstor Kirchner en las urnas en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. Los Estados Unidos tomaron nota de esto y actuaron en consecuencia, según reconstruyó LA NACION.
"Desde Fincen reclamaron cómo se «escapó» la información y por qué no se le avisó que se enviaba la información a la Justicia", detalló una fuente argentina al tanto de lo que calificó como "cortocircuito". "La filtración ocurrió cuando la información ya estaba en sede judicial. Pudo ser algún funcionario de Tribunales o la SIDE", abundó, en alusión a la Secretaría de Inteligencia. "Pero como la UIF era su interlocutor directo, la UIF recibió el reclamo y la secuela", añadió.
La salida de Falduto y el arribo a la UIF de José Sbattella, entre enero y febrero de este año, no revirtió la situación, aunque a fines de septiembre último la Fincen envió a un grupo de expertos a Buenos Aires. Evaluaron reactivar el flujo, lo que se plasmó en un borrador de un nuevo acuerdo bilateral, más estricto, pero que no se firmó aún por decisión de Washington.
Sin reciprocidad
La ruptura de ese canal de comunicación vedó a la Argentina de obtener información privilegiada para avanzar en investigaciones propias sobre lavado o terrorismo. Por ejemplo, sobre operaciones sospechosas en la Triple Frontera. Uruguay, por el contrario, utilizó datos aportados por Washington en una pesquisa que terminó con el arresto y procesamiento de un conocido contador local, Raúl Weissman, acusado de lavado de dinero del narcotráfico.
La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes de operaciones sospechosas (ROS) a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide "con cuentagotas", según graficó un funcionario argentino. "Lo de De Narváez fue un error que nos excomulgó", reconoció la fuente consultada.
El traspié argentino cuenta con antecedentes. En 2004, Fincen suspendió el intercambio de información con México también por una filtración política de datos sensibles. Pero el flujo se renegoció al cabo de una semana, mientras que en el caso argentino el freno de esa información comenzó en 2009 y podría extenderse hasta 2011. No parece existir voluntad de una rápida resolución del tema como lo fue el caso mexicano.
Formalmente, las autoridades norteamericanas justificaron la demora ante sus interlocutores argentinos en que esperaban que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) completara su evaluación sobre la Argentina -que se definió el 22 de octubre último-, para luego sí definir qué rumbo tomar con la UIF.
Por los carriles informales, sin embargo, desde Washington se dejó trascender que su parsimonia ante el envío de información sensible responde a la "desconfianza" que despierta la UIF -como la caracterizó un informante ante la consulta de LA NACION-, en su versión más proactiva y polémica en manos de Sbattella.
Hugo Alconada Mon LA NACION
Las explicaciones incómodas que reflejaron pujas de poder
La pregunta del funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense fue contundente: "¿Quién manda en el sistema antilavado argentino? ¿Usted?". El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, debió explicar cómo se coordinan los esfuerzos del Estado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, según reconstruyó LA NACION.
El diálogo ocurrió en Buenos Aires y apuntó a la controversia que rodea a la UIF por su presunta utilización política. También, sobre sus pujas de poder con la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Central, organismos con los que compite por la información financiera y fiscal. Sbattella mantuvo por lo menos otra reunión con funcionarios del Departamento del Tesoro. Fue el 3 de mayo último en Washington, en la que también participó el entonces embajador y actual canciller, Héctor Timerman, según dos fuentes oficiales argentinas y una estadounidense. El objetivo de la administración Obama fue verificar hasta qué punto podía confiar en Sbattella y determinar si cabía reactivar el flujo de información confidencial entre la UIF y la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), que depende del Tesoro.
Sbattella estimó que se había reencarrilado la relación y que se retomaría el flujo de información, lo que comunicó a sus superiores. Pero seis meses después sigue interrumpido. El intercambio de datos se basa en la confianza mutua y en los llamados "principios del Grupo Egmont", según remarcó un ex alto funcionario de la UIF a LA NACION.
"Para entregar la información solicitada, el ente que la envía debe tener la garantía de que esa información no será desclasificada por la autoridad extranjera que la pide, ni siquiera a un juez, sin su autorización previa", detalló. El fundamento de esa "garantía" radica en que la "inteligencia financiera" circula por canales más informales que los establecidos en los procedimientos de asistencia judicial recíproca. De ese modo, la UIF puede obtener datos específicos para ahondar en la investigación de una operación, persona o empresa sospechosa.
Sin embargo, para utilizar esos mismos datos en un juzgado, el camino formal es a través de un exhorto diplomático, que debe recorrer el espinel burocrático de las cancillerías y del Ministerio de Justicia del gobierno requerido. Así, el flujo que entre la Fincen y la UIF demanda horas o días, como máximo; por los canales formales puede, con facilidad, demorar meses.

Proyectos de la oposición para cambiar el sistema
Señalada desde la oposición como un "brazo político" más del gobierno de Cristina Fernández y del ex presidente Néstor Kirchner en contra de De Narváez, el Grupo Clarín y otros "rivales", la Unidad de Información Financiera (UIF) es el eje de tres proyectos de ley para reformarla.
El primer proyecto es del propio Gobierno, que quiere darle más facultades. Pero la oposición también tiene sus propias iniciativas.
Una es del diputado y máximo asesor de Francisco de Narváez del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, centrado en darle más autarquía con respecto a la Casa Rosada.
Otro proyecto fue presentado por los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Horacio Piemonte, que propone incluso sacar a la UIF de la órbita del Poder Ejecutivo y colocarla bajo el control del Congreso.
Sin embargo, lejos de tratarse de un debate sólo doméstico, la UIF también concentró durísimas críticas del principal ente antilavado mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esa entidad cuestionó sus facultades para inspeccionar bancos y otros sujetos obligados, su magra efectividad e incluso sus estadísticas.
Ya con esa evaluación internacional en sus manos, funcionarios de distintas áreas del gobierno de los Estados Unidos, en comunicación con su embajada en Buenos Aires, decidieron postergar, una vez más, la posibilidad de retomar el canal de comunicación con la UIF.
Sólo evaluarán los pasos por seguir a partir de las conclusiones que reporte una "misión" que viajará el mes próximo de Washington a Buenos Aires.
La visita incluirá a funcionarios de la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), el Tesoro y la Reserva Federal (Fed), quienes vendrán para participar del plenario que celebrará la regional para América del Sur del GAFI (Gafisud).
Esa "misión" norteamericana coincidirá en Buenos Aires, durante la segunda semana de diciembre, con la visita del presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, a su vez un reconocido crítico del sistema antilavado que se realiza en la Argentina.
Hasta entonces, por lo menos, el puente de inteligencia financiera confidencial entre Washington y Buenos Aires continuará cortado.

Argentina: Ultimátum del GAFI para la Argentina

Con alusiones explícitas a la impunidad de la corrupción local y al asilo de un terrorista chileno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió ayer reclamar a la Argentina que demuestre "con urgencia" su compromiso con la lucha antilavado en un plazo perentorio de poco más de 100 días.
De no hacerlo, ingresará en un proceso que podría llevarla a la lista "gris" de países bajo la lupa, con graves consecuencias financieras y bancarias.
La decisión del plenario del GAFI, confirmada por tres fuentes, terminó de darle forma al documento más crítico sobre un Estado miembro del grupo desde su creación, en 1989, ya que otros países que figuran dentro de su peor lista, la "negra" (es el caso de Irán), no lo integran.
El ministro de Justicia, Julio Alak, admitió en un comunicado que la Argentina "ha ingresado en un procedimiento de revisión y ha recibido recomendaciones para fortalecer el sistema de control y sanción de lavado".
El informe resultó mucho más duro de lo previsto por los funcionarios argentinos, que habían viajado a París -donde el plenario debatirá hasta hoy- con la esperanza de morigerar algunos de sus contenidos más negativos. Pero lejos de mejorar algunas calificaciones, el GAFI ratificó todas las notas de la misión de expertos internacionales que vino al país entre 2009 y principios de 2010, y que LA NACION anticipó en abril pasado. Incluso empeoró una de las evaluaciones.
Como adelantó LA NACION el domingo, el reclamo "involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado", según reconoció Alak.
Durante el debate en París del "caso argentino", la discusión abordó incluso ejes inesperados para la Casa Rosada. Entre otros, se aludió al reciente asilo político otorgado al guerrillero Galvarino Apablaza como prueba de la discutible cooperación de la Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional, otro eje bajo la órbita del GAFI.
"Los argentinos se hundieron solos", graficó una fuente. "La decisión del asilo fue muy criticada porque resultó poco inteligente. Al menos podrían haber esperado dos o tres semanas más y comunicarla después del plenario del GAFI", argumentó.
En el informe final sobre la Argentina, que podría difundirse hoy, se alude a otro frente abierto de la clase política y empresaria local: la corrupción. Apoyado en informes de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación remarca la impunidad existente en este tipo de delitos.
Tras la aprobación del reporte, el debate en París pasó a centrarse sobre qué medidas adoptar con la Argentina, con dos vertientes. La primera, someter sin más demoras al país al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional ("ICRG", en inglés) que podía desembocar en breve en su ingreso en la "lista gris".
La segunda opción -la que terminó por aprobarse-, consistió en darle plazo hasta febrero próximo para que el Estado argentino demuestre su voluntad de cambio y, si no, someterlo entonces a ese proceso más intenso y duro de revisión del ICRG.
"Con urgencia"
A cambio de adoptar el camino más largo, sin embargo, el coordinador nacional de la Argentina ante el GAFI, Alejandro Strega, aceptó que se envíe una carta a Buenos Aires -en rigor, un emplazamiento formal para ese proceso de revisión-, para que el Gobierno ajuste "con urgencia" el sistema local a las 49 recomendaciones del Grupo.
Ese acoplamiento de la Argentina a las exigencias del GAFI, sin embargo, representará un desafío mayúsculo para el país. Entre otros motivos, porque deberían negociarse y aprobarse en el Congreso varios proyectos de ley, por ejemplo, de reorganización de la polémica Unidad de Información Financiera (UIF).
Tanto Strega como el actual titular de la UIF, José Sbattella, sólo obtuvieron un pequeño logro: al analizar el cumplimiento de la "recomendación 29", la misión estimó que la UIF carece de facultades legales para llevar adelante inspecciones. Ante el planteo de que eso podría sustentar las impugnaciones de bancos u otros sujetos bajo revisión, el plenario aceptó cambiarla por una expresión más ambigua, sin concluir si la Unidad cuenta con esa facultad.
El saldo final, sin embargo, resultó peor, para la delegación argentina. Al llegar a París, el borrador sobre el país registraba dos recomendaciones como "cumplidas", dos "mayormente cumplidas", 22 "parcialmente cumplidas" y las 20 restantes "no cumplidas", según consta en el informe que obtuvo LA NACION. Pero tras el debate, el plenario bajó la calificación en la "recomendación N° 10", que aborda la "guarda de documentación". Pasó de "mayormente cumplida" a sólo "parcialmente cumplida".
"La Argentina quedó ahora como el país con peores calificaciones entre todos los miembros del GAFI", destacó el ex coordinador nacional, Juan Félix Marteau. "Esta es otra oportunidad perdida porque durante la gestión de Néstor Kirchner se había fijado una «agenda nacional» que ahora le reclaman al país. Se tiraron por la borda dos años", lamentó.
CONSECUENCIAS
Revisión . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio un ultimátum a la Argentina para que en 100 días demuestre su voluntad en la lucha contra el lavado de dinero.
Proceso . El Gobierno tendrá hasta febrero para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. En caso de no cumplir, podría ser considerado un país de riesgo.
Hugo Alconada Mon LA NACION

ARGENTINA:Críticas al proyecto oficial contra el lavado de dinero

Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, la Unidad de Información Financiera (UIF), originalmente diseñada para perseguir el crimen organizado, podrá investigar a los ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP, y actuará como querellante en causas penales.
La iniciativa, que propone reformar el Código Penal y la ley contra lavado de dinero, ingresó la semana última en la Cámara de Diputados. Y si bien tiene algunos aspectos positivos, también parece abrir algunas puertas para que la UIF persiga fines políticos. "José Sbatella [el titular de la UIF] quiere meterse en todo", alertó un camarista penal.
En mayo último, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó a la Argentina porque no cumple con la mayoría de las 49 recomendaciones (R 40 + 9) que hizo ese organismo para perseguir el lavado de activos que provienen del narcotráfico y del financiamiento del terrorismo.
Sbatella, nombrado hace ocho meses en la UIF en medio de la fuerte sospecha de que llegaba para perseguir a algunas empresas -en una conferencia en la Escuela de Abogados del Estado se autodefinió como un cuadro político-técnico, según lo admitió a LA NACION-, intentó levantar el perfil del organismo. Y, en junio, se reunió en París con los expertos del GAFI para convencerlos de cambiar la calificación. Pero el informe final igualmente terminaría siendo desfavorable.
"Es una cuestión de Estado cumplir con el GAFI. En el proyecto hay algunas cosas que los legisladores querrán suprimir, pero es esencial aprobar la inclusión del autolavado como delito. No sólo se podrá castigar el lavado de dinero ilícito de terceros, sino también el lavado del propio dinero", dice Sbatella. El ministro de Justicia, Julio Alak, cree que "la oposición apoyará el proyecto".
Los puntos centrales son:
· Castiga tanto a quien lava dinero ajeno como propio. Francisco D´Albora, penalista experto en esta materia, dice que "incriminar el autolavado es un grave error conceptual, porque permite la doble persecución penal. Además, la ley no mejora la descripción del delito, seguirá siendo imposible obtener una condena".
· Se investigarán sólo operaciones superiores a $ 200.000 (actualmente, el monto es de $ 50.000).
· La UIF podrá investigar delitos tributarios de la ley 25.769, como la evasión simple y la fraudulenta.
Sbatella afirma que "la UIF sólo se focalizará en las operaciones que no se puedan justificar". Pero en algunas empresas creen que usará esa atribución para "perseguir a los empresarios que no son amigos del Gobierno". Por otra parte, parece redundante reconocer a la UIF una tarea que también ejercen la AFIP y la Justicia.
· El proyecto amplía el listado de los sujetos obligados a reportar a la UIF las operaciones sospechosas de encubrir un lavado de dinero: incluye a las inmobiliarias, a los vendedores de automóviles y de embarcaciones y, también, al Tribunal de Defensa de la Competencia -este organismo supervisa a telefónicas, medios de comunicación y otras grandes empresas, y cualquier reforma se vuelve sensible-.
· La UIF actuará como parte querellante en causas penales, una facultad que puede ser usada con fines políticos. Actualmente, las leyes autorizan a actuar como querellante a la AFIP, Aduana y el BCRA, y la UIF, cuando pretende hacerlo, invoca el decreto 2226/08.
El tema es delicado. El Gobierno le apunta al Grupo Clarín en dos causas judiciales, a partir de una declaración de Hernán Arbizu, ex gerente del JP Morgan, quien es investigado en la justicia de los Estados Unidos. Para evitar ser extraditado, Arbizu denunció que directores de ese grupo -y de otras muchas empresas- evadieron al fisco y, también, que manipularon el precio de las acciones.
Clarín rechazó esas acusaciones y explicó la operación, pero Sbatella insiste: en el caso donde se investiga la primera acusación, pidió ser tenido por querellante (algo que la Justicia le rechazó y ahora pretende lograr mediante la ley) y, en el segundo, lo denunció en la Justicia sin siquiera enviar una investigación previa al fiscal especial Raúl Plee.
"La función de la UIF es hacer una investigación y reportarla al fiscal, no ser querellante", dice un fiscal experto en estas causas. Y Félix Marteau, ex cordinador argentino ante el GAFI, afirma que "el proyecto no establece reglas para la actuación de la UIF y deja un amplio margen para la arbitrariedad".
Sbatella, en cambio, explica que "los jueces sólo persiguen el delito precedente, por ejemplo, un contrabando, pero no persiguen el lavado de esas ganancias. Nosotros queremos ser querellantes para lograr una condena".
LOS EJES
· En Diputados : el Poder Ejecutivo envió un proyecto para mostrarle al GAFI que tiene interés en mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Propone aumentar las penas, castigar también el autolavado e incluye nuevas técnicas de investigación, como las figuras del arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada.
· Otras atribuciones : sin embargo, el proyecto incluye otras propuestas que generan mayor controversia. Juristas expertos, jueces y fiscales dicen que la atribución que establecerá la nueva ley para que la Unidad de Información Financiera actúe como querellante puede encubrir la intención de perseguir a algunas empresas y personas.
· Sbatella y Alak : el titular de la UIF y el ministro de Justicia niegan intencionalidad política al proyecto.
· Debate legislativo : el proyecto ingresó en la Comisión de Legislación Penal, en Diputados, y el Gobierno apuesta a aprobarlo antes de octubre.
Fuente: Adrián Ventura La Nacion

Argentina: La Prevención del lavado de dinero cumple 10 años de gestión (primera parte)

Por: Dr.LA Sergio Goldenberg

Un 5 de mayo del año 2000 se promulgaba la Ley 25246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen ilícito y se creaba la Unidad de Información Financiera.
En estos días en el marco del 10mo. Aniversario de su creación tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires un seminario organizado por dicho organismo con la presencia de funcionarios públicos, representantes de entidades financieras, profesionales en ciencias económicas y profesionales del ámbito judicial
El evento sirve al mismo tiempo para presentar a su nuevo presidente el Lic. José Sbatella recientemente designado, después de la renuncia de los funcionarios que le precedieron.
Si hay un tema que estuvo presente en varias de las exposiciones de los panelistas fue que llego la hora y la necesidad de buscar como resultado de gestión la efectividad en la aplicación de la ley vigente, objetivo que se mantendría como asignatura pendiente a la luz de la ultima evaluación llevada a cabo por el GAFI durante el 2009
El propio Jose Sbatella subrayo esta prioridad, tras reflexionar que la ley 25246 no ha sido aplicada eficazmente hasta el momento, no obstante ello existe un proyecto de ley con miras a penalizar el autolavado, ampliar competencias de la UIF y la lista de sujetos obligados.
También destaco que se esta cambiando el paradigma de buscar y penalizar a la persona versus el proceso de decomiso de los bienes producto de actividades ilícitas, para lo cual es importante acortar tiempos y lograr eficiencia en esta tarea.
Es destacable la mención del incremento de personal del organismo en un 50% como así también una fuerte inversión en informática del orden de $ 1.500.000.-
Compartiendo la visión del presidente de la UIF, Arturo O’Connell Director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) agrego la necesidad de flexibilizar el secreto fiscal, ya que actualmente no es oponible solamente, en aquellos casos donde el reporte de operaciones a la UIF sea originado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Un párrafo aparte mereció la necesidad de actualización de las listas de PEPS personas políticamente expuestas, ya que la normativa exige su identificación, pero no siempre la información que se accede es completa o actualizada, incrementando así los riesgos en su cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Por su parte el Dr. Alejandro Strega Coordinador representante nacional ante el GAFI y GAFISUD remarco la necesidad de trabajar en fijar posiciones en los foros internacionales ya que no siempre se entienden las realidades propias de cada país
El Dr. Gustavo Rodrigues Presidente de la COAF de Brasil recogió la experiencia que dejo la crisis financiera internacional reflejada en las reuniones y recomendaciones del Grupo de países G20 como también del GAFI en materia de paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperadoras, subrayando que el umbral de tolerancia a la corrupción internacional cada vez es menor y que el proceso de cambio cultural que se requiere para llevar a cabo con éxito la lucha contra el lavado de dinero lleva mucho tiempo y nuestros países apenas llevan poco mas de una década en este camino.
El Dr. Mariano Federici Representante legal del Fondo Monetario Internacional para América Latina destaco que durante 3 año trabajaron desde ese organismo en asistencia técnica al BCRA, considerando que actualmente Argentina cuenta con un grupo de supervisión e inspección de los mejores preparados y capacitados en la región.
No dejo de estar presente en su exposición las experiencias sobre el enfoque basado en riesgo aplicado a los sistemas de prevención a nivel de los países, mencionando que si bien se registran avances en su utilización aun se esta trabajando en una fase experimental, siendo la primera experiencia en la región el caso de Uruguay y se esta trabajando para continuar con Perú y posiblemente Argentina mas adelante
Por ultimo se destaco que una de las directrices sobre las cuales el GAFI ha trabajado recientemente y que marco la diferencia entre aquellos países incluidos en listas, por presentar algunas falencias o incumplimientos respecto de las 49 recomendaciones, como fuera el caso de Ecuador, responde a la importancia asignada por ese Organismo en identificar voluntad política en el mas alto nivel para cumplir con las mejores practicas internacionales en esta materia

Argentina Lavado de dinero: Se prevee durísimo informe contra el Gobierno

El Gobierno sabe lo que se viene. El próximo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, un organismo intergubernamental) sobre la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina será "durísimo" e, incluso, "lapidario", según admitieron a La Nacion altas fuentes oficiales que se mantienen en contacto con los redactores del temido trabajo.
Trascendió que el informe critica especialmente a la Unidad de Información Financiera (UIF, dependiente del Ministerio de Justicia), por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. También habla de descoordinación y de los recelos con otros entes oficiales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para intercambiar información confidencial.
La misión del GAFI que estuvo recientemente en el país ?integrada por expertos de siete países? analiza dar un paso más en su documento: incluiría la corrupción como una de las causas que explican por qué la Argentina se encuentra en su situación actual, según pudo reconstruir La Nacion tras consultar a una decena de actuales y ex funcionarios, expertos internacionales e interlocutores del sector privado.
"El informe no puede ser «liviano». Será duro, aunque cuán lejos llegará en sus críticas todavía está por verse", señaló una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboración, pidió mantener su nombre en reserva. El Gobierno confía, sin embargo, en que el GAFI les dará "una oportunidad", a la luz de los cambios observados desde enero. Desde la salida de la presidenta, el vicepresidente y todo el Consejo Asesor de la UIF, y su reemplazo por José Sbattella y su equipo, así como por la aplicación de la primera sanción a un banco por la omisión de denunciar operaciones sospechosas.
"Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora sí las cumpliremos", indicó un alto funcionario a LA NACION.
El objetivo último del Gobierno es evitar que el GAFI decida en su reunión plenaria de junio -o, a más tardar, entre octubre y noviembre- difundir el reporte junto a una "declaración pública" sobre la Argentina.
Eso forzaría la aplicación automática de la "recomendación 21", que sugiere a la comunidad internacional "prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente".
Línea roja
La Argentina ya flirteó dos veces con esa línea roja durante los últimos años. La primera ocurrió en los meses previos a la reunión plenaria que se celebró en Estrasburgo, en febrero de 2007, por las demoras del Congreso en tipificar el delito de financiación del terrorismo. El Gobierno pidió tiempo y en junio de aquel año aprobó esa ley.
La relación con el GAFI ya venía cargada. En febrero y junio de 2005, el Grupo le envió dos cartas al Gobierno para expresar su malestar por distintos incumplimientos.
En marzo de 2008, el titular del GAFI viajó a la Argentina para pedir personalmente que aumentaran los controles locales. Y a principios de 2009, tras una tercera carta -esta vez por el polémico proyecto, luego ley, de blanqueo de capitales-, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, viajó a París para defender la posición oficial y evitó, por segunda vez, la difusión de una "declaración pública".
Ahora, la misión del GAFI que se reunió con funcionarios y líderes del sector privado a mediados de noviembre pasado, evalúa cuánto avanzó o retrocedió el país desde el anterior "informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo", aprobado en junio de 2004.
En aquel informe se señaló:
· La Argentina no registraba ninguna condena judicial por lavado de dinero, lo que generaba "una seria preocupación". Casi seis años después, sigue igual.
· El Congreso no había tipificado la figura penal del "autolavado". Continúa igual, aunque Sbattella promete elevar un proyecto de ley en el corto plazo.
· Algunos organismos del Estado, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, no compartían sus archivos confidenciales con la UIF, lo que el GAFI definió como una cooperación "deficiente". Sigue igual. "La Argentina tiene 24 registros de la propiedad inmueble que no están conectados entre sí. ¿Cómo es posible?", ejemplificó un experto.
· El personal de la UIF era, en su mayoría, de planta temporaria, lo que aumenta los riesgos de filtración de secretos y pérdida recurrente de la experiencia acumulada. Sigue igual.
· La UIF mostraba retrasos notables y escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), por falta de recursos técnicos y de técnicos capacitados. Sigue igual.
· La UIF carecía de "facultades de inspección" sobre bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados bajo sospecha. Sigue igual.
El Gobierno, sin embargo, podrá mostrar avances en dos áreas. Por un lado, la UIF no aplicaba multas a las entidades obligadas de reportar operaciones sospechosas; pero Sbattella aplicó la primera el mes pasado. Por el otro, la misión del GAFI sugirió en 2004 "crear unidades especializadas en materia de lavados de activos" dentro del Ministerio Público Fiscal". Así lo hizo el procurador Esteban Righi. Además, el procurador instruyó a los fiscales que identifiquen los bienes o el dinero vinculados que puedan ser decomisados al investigar algún delito para evitar su lavado
Fuente: La Nacion Hugo Alconada Mon

La primera revisión sembró dudas
Se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios; dicen que la respuesta fue "incomprensible"
La revisión de la Argentina en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo empezó mal. Ocurrió cuando, según marca el procedimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y antes del viaje de los expertos, se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios: desde el marco jurídico e institucional y su aplicación real hasta los criterios de control para el sector bancario, de seguros y de valores, o la cooperación internacional.
"La respuesta del Gobierno fue incomprensible", indicó una de las fuentes consultadas por LA NACION al tanto de la evaluación en marcha sobre la Argentina, lo que acrecentó los reparos de algunos miembros de la delegación de expertos.
Presidida por Kevin Vandergrift (EE.UU.) y Stéphanie Talbot (Francia), por el GAFI, junto a Alejandro Montesdeoca (Uruguay) y Tomás Koch (Chile), por el Gafisud, la misión también incluyó a Fabio Contini (Italia), Mauricio Fernández (Chile), Javier Martínez Sanchiz (ONU), María Rosa Longone (Uruguay), Mar Arias Lorenzo (España) y Juliette van Doorn (Holanda).
La revisión incluyó reuniones con la Unidad de Información Financiera (UIF), Lotería Nacional, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, entre otros, y las asociaciones y cámaras de bancos, compañías de seguros y casas de cambio, además de escribanos, contadores, joyeros y líderes del sector inmobiliario.
Suavizar el reporte :
Consciente de la potencial tormenta, el representante argentino ante el GAFI, Alejandro Strega, le pidió a la misión que suavizara el reporte en ciernes, según reveló LA NACION en noviembre pasado.
Si no, según les planteó, no habría demasiado margen para que el poder político aceptara sugerencias.
Poco antes, el titular saliente del GAFI, Antonio Rodrigues, había trazado el panorama real ante la consulta de LA NACION.
"[La Argentina] -adelantó- durante la visita deberá probar la seriedad de sus intervenciones [en la lucha antilavado] y su sinceridad sobre la aplicación de la ley."
El objetivo, completó el funcionario, es "ver cómo funcionan las cosas en la realidad. De esa manera, se puede tener una idea precisa de la efectividad del sistema".
Para el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla), José María Salinas, la respuesta es obvia. "Ponemos un gran énfasis en la tarea preventiva en sede administrativa, con la UIF, pero ¿qué pasa con el resto?", se preguntó.
"Estamos rengos en el área investigativa y debe haber una decisión política de armar una lucha antilavado como equipo: con la UIF, la AFIP, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad", completó.
Pero si Strega le pidió a la misión del GAFI que suavizara su reporte y Salinas subraya las falencias del sistema actual, el ex coordinador argentino ante el GAFI y titular de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, no descarta una "sobreactuación desmedida" del Gobierno. Esto, entiende Marteau, se haría porque la administración nacional "ahora está urgida en mostrar resultados".
De acuerdo con la visión de Marteau, esto potencia "el riesgo implícito de la desnaturalización del sistema antilavado y la utilización política de las herramientas de investigación con objetivos muy distintos de los que fijan las leyes".

GAFI: incluye a Irán y Ecuador en lista negra lavado de dinero

ABU DABI (Reuters) - El organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo colocó el jueves a Irán, Angola, Corea del Norte, Ecuador y a Etiopía en una lista negra, al decir que representaban riesgos para el sistema financiero internacional.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por su sigla en inglés), que comprende a las organizaciones regionales y Gobiernos, mencionó a los países tras una reunión en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Arabes Unidos.

La publicación de la lista negra sigue las promesas de un grupo de 20 grandes economías para combatir estos delitos y que instaban a la FATF a identificar a "jurisdicciones no cooperadoras".

Irán ha sido mencionado como una jurisdicción con un riesgo creciente debido al sustancial lavado de dinero y el financiamiento a terroristas, según dijo la FATF en una declaración, que instó a los países miembros a aplicar medidas contra ese país para proteger al sistema financiero internacional.

"La FATF sigue estando particularmente preocupada por el fracaso de Irán en tratar el riesgo del financiamiento al terrorismo y la grave amenaza que representa a la integridad del sistema financiero internacional", dijo el organismo en la declaración.

Angola, Corea del Norte, Ecuador y Etiopía también han sido mencionados como jurisdicciones que no se han comprometido con el plan de acción de la FATF y con los estándares internacional contra el financiamiento terrorista para contrarrestar el lavado de dinero .

Pakistán, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe son jurisdicciones que siguen teniendo deficiencias contra el financiamiento al terrorismo y contra el lavado de dinero, que siguen teniendo que ser tratadas, dijo el organismo.

Global Witness, una organización no gubernamental internacional, dio la bienvenida a la medida de la FATF de presentar esa lista, pero dijo que la mayoría de los países de la lista eran países pobres y no miembros de la OCDE.

"Además hay problemas en los centros financieros claves del mundo donde esos sistemas permiten a los políticos, terroristas, proliferadores de armas nucleares y criminales organizados tener acceso a los fondos que necesitan", dijo Anthea Lawson, activista de Global Witness, en una entrevista telefónica con Reuters.

La lista está basada en las evaluaciones de la FATF sobre si un país tiene leyes contra estos delitos.

"Lo que no está medido es si estas leyes se cumplen y, si eso se midiera, mucho más países estarían en la lista negra", dijo Lawson citando el ejemplo de Estados Unidos, que no muestra señales de lo que debería hacer.

(Reporte de Stanley Carvalho; Editado en español por Juan José Lagorio