Nuevas prestaciones en cajeros automáticos y sus riesgos LA/FT

Por Dr. Sergio Goldenberg | Una empresa radicada en Estados Unidos y fundada por un argentino ofrece la posibilidad de invertir en redes de cajeros automáticos prometiendo altas rentabilidades. Acá existe un proyecto para instalar alrededor de 300 cajeros automáticos bidireccionales en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, que puedan entregar y aceptar billetes como también criptomonedas. En ese marco, el autor analiza la probabilidad de este escenario y los riesgos que este tipo de vehículos puedan representar frente al lavado de dinero y especialmente a la financiación del terrorismo. | 

Asistimos en estos tiempos a muchas noticias sobre las llamadas criptomonedas, tales como su versión más popular el Bitcoin y muchas otras un poco menos conocidas como Ethereum y Litecoin.

Ya nos hemos ocupado del tema en esta columna (Opinión y Noticias, Monedas virtuales: más dudas que certezas) describiendo sus características, su utilización y riesgos que presentan tanto para el inversor, como también analizamos su rol en el marco del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.

La prensa argentina se ha hecho eco recientemente de la actividad de una empresa radicada en Estados Unidos y fundada en el 2013 por un argentino, la cual ofrece la posibilidad de invertir en redes de cajeros automáticos en el territorio estadounidense prometiendo rentabilidades del 12% durante el primer año llegando al 35% anual entre el segundo y tercer año con liquidez inmediata, tan solo con una inversión mínima de unos u$s 180.000 y, como frutilla del postre, la posibilidad de aplicar para una visa E2 que permite vivir en Estados Unidos.

Hasta aquí solo estamos refiriéndonos a oportunidades de inversión en Estados Unidos pero no es la única ofrecida por esta empresa sino que además brinda la alternativa de instalación de cajeros automáticos bidireccionales en Argentina, o sea, que puedan entregar y aceptar billetes como también criptomonedas.

La prensa recientemente ha informado que ya existe un proyecto para instalar alrededor de 300 cajeros automáticos bidireccionales en Argentina en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, a partir de los cambios regulatorios establecidos este año por el Banco Central de la Republica Argentina.

Las novedades no sólo serían que el mismo cajero permita operar tanto con billetes físicos como con criptomonedas sino que la tecnología de los mismos permitiría monetizar las monedas virtuales o sea extraer billetes físicos contra saldos en dichas monedas.

No cabe duda la probabilidad de que este escenario forme parte de nuestra realidad y abre una serie de interrogantes sobre los riesgos que este tipo de vehículos y operaciones puedan representar frente al lavado de dinero y especialmente a la financiación del terrorismo.

No existe actualmente marco legal ni reglamentario sobre las criptomonedas en Argentina, la Unidad de Información Financiera allá por el 2014 solamente había establecido un régimen de reporte sistemático para operaciones en monedas virtuales, no obstante, nunca se puso foco en los controles sobre aquellas plataformas de intercambio entre monedas de curso legal con monedas virtuales, donde el riesgo escala a partir de la monetización de las mismas.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), más allá de reconocer ciertas bondades que pueden presentar las monedas virtuales en el marco de la inclusión financiera y disminución de costos en las transacciones, ha advertido en sus publicaciones sobre los riesgos y vulnerabilidades que presentan frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, debido a características tales como mayor anonimato frente a los métodos tradicionales de pago que no involucran efectivo, la inexistencia de un organismo de control central y de un software ALD para monitorear e identificar patrones de transacciones sospechosas.

Entendemos que si bien la información con la que contamos es aún parcial e insuficiente para evaluar el impacto que pueda generar la instalación de estas terminales, es importante que junto a la flexibilización del marco regulatorio que el B.C.R.A. ha establecido no se pierda de vista la focalización y el debido tratamiento de los riesgos que puedan asociarse al uso de las monedas virtuales y su eventual monetización en un escenario carente de respaldo legislativo y reglamentario.

 

Fuente: prevenciondelavado.com

Atributos de la información en el Sistema de Prevención

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor establece pautas para la consideración de la información de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) como eslabón del proceso de prevención de lavado de activos. Fuente: prevenciondelavado.com

Desde esta columna de opinión, en otras oportunidades, me he referido al Reporte de Operación Sospechosa, sus características y requisitos a efectos de su elaboración.

Asimismo, no escapa a nuestro conocimiento la necesidad de que este reporte sea de calidad, en términos de su valor agregado al proceso de prevención de lavado de activos, y el feedback requerido para su mejora continua.

No obstante lo dicho, este es un tema que aún mantiene aspectos a mejorar tanto en el ámbito nacional como también en el internacional, conforme surge de mi experiencia profesional y contacto con colegas de otros países.

Producto de ello, he reflexionado sobre qué características debería tener la información de un Reporte de Operación Sospechosa, más allá de los datos a ser incluidos, focalizando así sus atributos genéricos más que particulares.

En ese camino reflexivo, encontré un paralelo interesante entre los atributos de la información contable considerados por la profesión mediante su descripción en la Resolución Técnica N° 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

A continuación nos referiremos a ellos y su aplicabilidad como guía y pauta para la consideración de la información de los reportes de operaciones sospechosas como eslabón del proceso de prevención.

Pertinencia: La información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios. En general, esto ocurre con la información que:

1. permite a los usuarios confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente (tiene un valor confirmatorio) o bien:
2. ayuda a los usuarios a aumentar la probabilidad de pronosticar correctamente las consecuencias futuras de los hechos pasados o presentes (tiene un valor predictivo).

Vemos en este caso que se resalta el hecho de que la información debe satisfacer la necesidad de los usuarios, por lo tanto, cuando trasladamos este concepto al deber de reportar por parte de los Sujetos Obligados debe primar el sentido de que la información que se suministre debe satisfacer las necesidades de la Unidad de Información Financiera que deberá, a partir de la información recibida y un posterior análisis, establecer si se podrá definir una hipótesis de delito que amerite su elevación a la Justicia.

Asimismo, el contenido de los reportes recibidos por la Unidad de Información Financiera deberá ser de utilidad para confirmar información ya recibida por otras fuentes, como así también la probabilidad de existencia de delito.

Confiabilidad: La información debe ser creíble para sus usuarios, de manera que éstos la acepten para tomar sus decisiones. Para que la información sea confiable, debe reunir los requisitos de aproximación a la realidad y verificabilidad.

En este caso, queda claro que para que la información del Reporte de Operación Sospechosa sea confiable, deberá estar sustentada en la idoneidad del reportante y su cabal cumplimiento a una metodología y procedimiento, conforme lo establezca la ley y resoluciones reglamentarias.

Por ello, la elaboración del reporte deberá considerar que el hecho reportado guarde una correspondencia razonable con el comportamiento inusual que pretenda describir y la información suministrada no se encuentre afectada por errores u omisiones importantes ni por deformaciones que distorsionen su esencia.

Neutralidad: Para que los estados contables sean neutrales, sus preparadores deben actuar con objetividad. Se considera que una medición de un fenómeno es objetiva cuando varios observadores que tienen similar independencia de criterio y que aplican diligentemente las mismas normas contables, arriban a medidas que difieren poco o nada entre sí.

El objetivo de neutralidad en la información no siempre resulta fácil en la práctica, y muchas veces observamos dicha dificultad cuando asistimos a las reuniones de un Comité de Prevención de Sujetos Obligados, donde se pone en juego la diversidad de opiniones y no siempre hay consenso y objetividad respecto al comportamiento de un cliente pasible de ser reportado. Esto pone de manifiesto la importancia que tiene la calidad profesional e independencia de criterio de los integrantes del referido Comité.

Integridad: La información contenida en los estados contables debe ser completa.

Si pensamos aquí en la confección de un Reporte de Operación Sospechosa, es fundamental dotar al mismo de toda aquella información que haya sido puesta en consideración por parte del Sujeto Obligado sin omitir partes de ella que resulten necesarias para entender la procedencia del mismo.

Verificabilidad: Para que la información contable sea confiable, su representatividad debería ser susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente.

Sabemos la importancia de la documentación de todo el proceso de prevención y respecto de la identidad y actividad del cliente, por lo tanto, la verificabilidad de la misma frente a un proceso de prueba en la justicia podrá resultar ineludible.

Claridad: La información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, que evite las ambigüedades, y que sea inteligible y fácil de comprender por los usuarios que estén dispuestos a estudiarla diligentemente y que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de los negocios y de la terminología propia de los estados contables.

Los estados contables no deben excluir información pertinente a las necesidades de sus usuarios tipo por el mero hecho de que su complejidad la haga de difícil comprensión para alguno o algunos de ellos.

Podemos apreciar que este concepto de claridad es sumamente importante tenerlo en cuenta al momento de confeccionar un Reporte de Operación Sospechosa, ya que de su lectura por parte de la Unidad de Información Financiera debería surgir su cabal comprensión, minimizando así la necesidad de recurrir a pedidos de información adicionales al Sujeto Obligado.

Oportunidad: La información debe suministrarse en tiempo conveniente para los usuarios, de modo tal que tenga la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Un retraso indebido en la presentación de la información puede hacerle perder su pertinencia.

En materia de oportunidad ya hay cierta experiencia por parte del Órgano de Contralor, la cual ha llevado a reglamentar plazos para efectuar un Reporte de Operación Sospechosa, procurando que el tiempo que media entre el hecho reportado y su comunicación al mismo resulte adecuado, de forma tal que el Sujeto Obligado cuente con una ventana temporal suficiente para su detección y análisis y a la vez no afecte su utilidad, en tanto y en cuanto permita al sistema en su conjunto actuar diligentemente tomando las acciones que correspondan en tiempo y forma.

Finalmente, podemos concluir que estos atributos para la información contable son de plena aplicabilidad a la información que debe gestionar y administrar el sistema de prevención de lavado en su conjunto, pudiendo además servir de guía y pauta profesional tanto para la elaboración de normas como para su debido cumplimiento.

Crónica en clave de humor

Por Dr. Sergio Goldenberg | El especialista relata bajo un estilo informal, su experiencia asesorando a una entidad financiera, en el marco del blanqueo y todo lo que hace a la prevención del lavado de activos. ¿Nos dirigimos a un nuevo paradigma en los lineamientos antilavado en Argentina? 

Mediados de semana, suena mi teléfono y al otro lado de la línea estaba mi amigo "José Compliance" y me dice venite que acá necesitamos tu consejo. Me tomo el primer taxi para el Banco y al llegar el guardia de la entrada me pregunta caja común o caja VIP, ninguna de las dos le respondo y me dice aproveche que en las cajas VIP no hay nadie, las pusimos para el blanqueo…, ¿y si no hay nadie porque hay 5 cajas VIP y una sola para el resto de las operaciones? le consulto, me responde Doctor nosotros estamos colaborando con el blanqueo y queremos que se note, ¿me entiende…? Claro, por supuesto, ustedes no quieren poner palos en la rueda…, exactamente, me respondió.

Sigo entonces hasta la oficina del área antilavado y me atiene la secretaria a quien le noto algo distinto en el cabello y le pregunto ¿qué te hiciste? Doctor ahora con el tema del blanqueo ya dejé de ir al coiffeur para hacerme la tintura, el cabello blanco ¿cómo me queda??? Divino le contesté incluso le quita años y se fue feliz por el cumplido.
Mientras esperaba tomando un cafecito, me iba dando cuenta que evidentemente el Banco había realizado un programa de concientización y capacitación antilavado muy efectivo.
En ese momento abre la puerta el Analista SR de PLA y me saluda Hola Doctor ¿cómo está??? Mientras se escuchaba el ruido de una máquina trituradora de papel, le pregunto ¿ahí no estaba la fotocopiadora? Sí me responde, era para cuando pedíamos muchos papeles que no servían para nada, ahora la situación es distinta, la cambiamos por un par de trituradoras y estamos destruyendo todas las declaraciones juradas impositivas presentadas por los clientes, no sea cosa que recibamos alguna visita, Ud. me entiende… y nos digan que estamos pidiendo documentación a los clientes que no debemos.
Yo pensaba para mí, evidentemente cuando la capacitación es efectiva se ven los resultados ¿verdad?, en ese momento viene mi amigo "José Compliance" gritando… el Papa tenía razón, el Papa tenía razón!!!  Cartón lleno pensé, ahora hasta el Papa está con el tema del lavado y me dice te acordás cuando el Papa decía "…que acá va a haber lío, va a haber lío…" bueno no se equivocó, vení y entremos a la sala del Comité.
La reunión de consorcio de mi edificio parecía la misa del domingo en comparación, estaban todos presentes, directores, comerciales, asesores legales, auditores,  y hasta el responsable de sistemas, discutiendo.
Los comerciales estaban brindando, decían que ahora podrían vender más y pedir menos documentación sin molestar a los clientes, el responsable de sistemas estaba como loco ya que le venían reclamos de clientes de que querían adherirse al blanqueo por whatsapp y hacer la transferencia por facebook, el asesor tributario alerta tener cuidado con las DDJJ impositivas por el secreto fiscal y menciona las declaraciones del jefe de la AFIP, sí sí agrega un director, el responsable de la UIF dice que no hay que pedir las DDJJ de impuestos, el responsable antilavado dice ok, pero no se olviden que la evasión tributaria sigue siendo delito precedente para el lavado de activos para el resto de la operatoria, un gerente de sucursal comenta que los clientes no quieren presentar ninguna documentación porque en los diarios leyeron que no es necesario, recuerda otro director siempre dijimos que nosotros no éramos la AFIP, ¡se hizo justicia! el auditor con su mejor simpatía dice ok, todo muy lindo pero las normas vigentes siguen siendo las mismas, interrumpe la asistente ¿café o té??? Y en lugar de preguntar… azúcar o edulcorante, dice… ¿ibupirac o rivotril???
La reunión estaba picante, al mejor estilo de Los Campanelli (para los muy jóvenes, programa de TV con típico almuerzo familiar dominguero y discusiones entre familia) y el Presidente del Comité dice, bueno basta de discutir, me mira a los ojos y dice, Doctor no quiero que se lleve una mala impresión, sucede que hay un nuevo paradigma en los lineamientos antilavado en Argentina. Ahora nos concentramos en el Enfoque de Riesgos, debemos gestionar los riesgos, lo de los papelitos es el pasado. Qué bueno le respondo, eso está en línea con los últimos estándares internacionales, ¿y cómo lo están aplicando? Bueno… bueno Doctor entre nosotros le cuento que todavía no lo tenemos muy claro, pero no importa, siempre nos dijeron que el banco era quien mejor conocía a sus clientes y eso mismo es lo que vamos a poner en práctica.
Nuestros principios ahora son los siguientes:

• Nosotros conocemos nuestros riesgos
• Nosotros conocemos nuestros clientes
• Nuestros clientes son gente de bien y de negocios lícitos (con alguna que otra desprolijidad tributaria, pero nunca lavadores)

Aplauso cerrado de los presentes, y aún suavemente le pregunté cómo iban a trabajar  para monitorear y detectar operaciones sospechosas con menos información que antes y con una claridad sorprendente me respondió: nosotros no tenemos duda sobre quienes son nuestros clientes y que actividad realizan, ahora nos concentraremos en el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.

¿Y si aparece un narcotraficante? Rápidamente toma la palabra el asesor legal y dice: en este país la Constitución dice que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿Ud. vio mucha gente condenada por lavado de activos proveniente del narcotráfico??? Bueno le respondí no tantas pero hay algunas causas en proceso según se conoce en los medios..., Doctor, esas son operaciones mediáticas.
Mientras tanto el responsable de sistemas estaba trabajando en modificar el sistema de reporte de operaciones inusuales (ROS) por el (ROM) o sea reporte de operaciones mediáticas y el Responsable de Organización y Métodos redactando el nuevo manual antilavado de una carilla y media donde se explayaba ampliamente en el concepto del lavado de dinero y sus tres etapas.
En fin, todo muy confuso para mi gusto, me despido de todos y me llega al correo el pedido para realizar mi habitual columna de opinión, respiré profundo y me dije cómo explico todo esto si no es con humor ¿verdad? Y como decía un número uno, Tato Bores "¡Vermouth con papas fritas y good show!"
Fuente: www.prevenciondelavado.com

Los bancos en la mira del blanqueo de capitales

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor analiza el avance del proceso de blanqueo desde su implementación a la actualidad y pone el foco en el rol de las entidades financieras en este proceso, especialmente, tras unas declaraciones del secretario de Finanzas que pusieron a los bancos en el centro de la escena. | 27/09/2016

El reloj de arena comenzó a funcionar y los funcionarios observan con ansiedad la evolución del nivel de adhesión y operaciones que se generan en el marco del programa de blanqueo de capitales.

Los asesores tributarios en estas semanas reciben consultas diariamente y las inquietudes por parte de los contribuyentes no dejan de multiplicarse. Sus mentes se debaten entre la presión que se deriva del escenario internacional a partir de los acuerdos de intercambio de información  suscriptos en el marco de la OCDE, las normas anti lavado que dificultan más aún el manejo de fondos y activos financieros sin justificación sobre la licitud de su origen y, por otro lado, la sensibilidad, a flor de piel, de los contribuyentes acostumbrados a cambios en las políticas económicas que borran la seguridad jurídica como la marea y el mar diluyen bellos castillos de arena.
A todo esto hay que agregar un sinfín de situaciones cuya resolución, en el marco de la reglamentación e instrumentación de la ley, pasan a un escenario de matices no siempre claros y que ha generado que la propia AFIP deba salir a aclarar con frecuencia, como así también la escasa adhesión a la ley de blanqueo hasta ahora por parte de las provincias.
A modo de un simple ejemplo, aquel contribuyente que quiere blanquear una propiedad deberá pagar la alícuota del 5% sobre el valor de mercado de la propiedad, sin considerar si la persona cuenta con ingresos líquidos que le permita afrontar de contado dicho pago y sin posibilidad de financiarlo, por eso es importante diferenciar la exteriorización de un bien inmueble que puede tener hoy un valor de mercado relevante y que no se condice con los ingresos líquidos que hoy pueda tener su titular, desde ya, la situación económica que pudo sustentar en su oportunidad la adquisición del inmueble no siempre coincide con la situación económica actual y máxime considerando los vaivenes de la economía argentina. A su vez, pagada la alícuota para encuadrarse dentro de las normas impositivas, ese contribuyente quedará de ahora en adelante en peores condiciones frente al impuesto a los bienes personales ya que su base imponible para liquidar el impuesto a los bienes personales será el valor de mercado del inmueble y no el valor de compra o fiscal como en el resto de los casos sujetos a ese tributo.
A la pregunta de ¿Cómo va el Blanqueo? hay cierto consenso en que el tema avanza lento, si bien hay consultas, las mismas no se traducen en operaciones en la misma magnitud, no obstante, que es entendible que las decisiones de esta característica puedan diferirse temporalmente y concentrarse en los últimos tramos establecidos para el blanqueo. Hasta ahora los bancos internacionales y de mayor envergadura son los que cuentan con operaciones concretas siendo otra la realidad de los bancos pequeños.
Dicho esto, no se puede dejar de lado que estamos a menos de una semana de producirse el primer vencimiento de la ley de blanqueo, el cual está referido a aquellos contribuyentes que suscriban el bono a tres años sin renta y posibilidad de negociación y, por lo trascendido hasta el momento, no ha resultado de mucho interés por parte de los contribuyentes, señales que no deberían ser desestimadas para evaluar los resultados del programa de cumplimiento fiscal voluntario, como así también, considerar cierta flexibilización en los plazos operativos, a pesar de opiniones divergentes entre distintos funcionarios tales como el presidente de la UIF que recientemente expresó que no es posible prolongar el blanqueo, mientras que el vicejefe de gabinete Gustavo Lopetegui manifestó que podría ser.
En este escenario si algo faltaba para encender la polémica, apareció el Secretario de Finanzas Luis Caputo refiriéndose al blanqueo y si bien reconoció que hubo demoras por parte de los organismos públicos en la emisión de las resoluciones para instrumentar el blanqueo, apuntó a los bancos como los malos de la película, al mencionar que según el feedback que recibe de la gente le indica que hay falta de colaboración del sistema financiero y que la gente va a los bancos y por poco no los expulsan. Lo que parece raro es que algunos bancos, por lo menos, no se la estén haciendo fácil. Pero es tan obvio que es el momento de blanquear que, al final, seguramente la gente irá a otros bancos, como el Nación.
Analizando estos comentarios, creo necesario poner en contexto cuál es la responsabilidad de los bancos en este proceso y para ello es indispensable reflexionar sobre cómo son las normas y regulaciones que los bancos deben cumplir en la materia.
La Ley 27260 de Sinceramiento Fiscal, dispone en su artículo 81 que Ninguna de las disposiciones del libro II de la presente ley liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley 25246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en consecuencia, y respetando lo establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para los programas de cumplimiento fiscal voluntario con relación a la aplicación efectiva de medidas ALA/CFT y la prohibición de eximir total o parcialmente las medidas de prevención en la materia, queda claro que los bancos deberán aplicar toda las normas antilavado vigentes sobre las operaciones que se canalicen en el marco del sinceramiento fiscal.
Dicho en otras palabras, los bancos deberán llevar adelante medidas de debida diligencia respecto de la identificación y conocimiento del cliente como así también definir un perfil para las operaciones de blanqueo …que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el mismo y que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado… (Res UIF 92/2016).
Al mismo tiempo rige la obligatoriedad de efectuar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) cuando se identifiquen operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, exhiben dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de lavado de activos; o aun cuando tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la financiación del terrorismo, debiéndose gestionar los riesgos de la operación evaluando la relación de la misma con la actividad del cliente. (Resolución UIF 92/2016)
De todo lo expuesto, surge con total claridad que los bancos están sujetos a recabar información y documentación tanto para definir el perfil del cliente como también para analizar la relación de la operación con la actividad del cliente ya sea presente o pasada.
El cumplimiento por parte de las entidades de estos requisitos está sujeto a auditorías internas como externas, las cuales deben desarrollarse bajo el cumplimiento de estrictas normas del BCRA, y cuyos informes son tenidos en cuenta por el propio organismo a la hora de llevar adelante las inspecciones en las entidades financieras.
Es decir que los bancos no actúan discrecionalmente en la implementación de los procedimientos de la operatoria del blanqueo sino todo lo contrario, deben ajustarse a dar cabal cumplimiento a toda la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyo incumplimiento está penalizado por un régimen sancionatorio.
Como hemos visto, todo ese marco regulatorio que conlleva responsabilidades para los directores como funcionarios de los bancos, surge claramente a partir de la plena vigencia de las ley 25.246 y modificatorias y las normas antilavado.
El presidente de la UIF ha manifestado en medios de prensa que lo que se busca es: que aquellas personas que no hayan cometido delitos graves y que solamente estén expuestos en una situación irregular ante la AFIP puedan sentirse cómodas de poder aprovechar los beneficios del blanqueo sin tener consecuencias adversas.
Como reflexión final, creo que el mensaje para todos los actores del mercado debería dejar en claro que, así como los clientes que no hayan cometido otros delitos que no se correspondan con situaciones irregulares en materia tributaria no deberían tener consecuencias adversas, los bancos tendrán que continuar aplicando las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que el propio Estado les ha impuesto y que su cumplimiento por parte de las entidades financieras no debería interpretarse como piedras en el camino. La decisión es del contribuyente.
Fuente: www.prevenciondelavado.com

 

El caso Milagro Sala pone a prueba el sistema antilavado

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor detalla los elementos que ponen en evidencia el deficiente accionar de la UIF en el caso y señala las nuevas líneas de trabajo que se ha impuesto la flamante dirigencia del organismo, resaltando la necesidad de mejora de un sistema cuya directriz refuerce los atributos de racionalidad, inteligencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo gobierno. | 29/03/2016 Fuente: Prevenciondelavado.com

En esta columna de opinión, el mes pasado habíamos desarrollado una visión desde la óptica de las normas antilavado sobre los hechos conocidos a partir de la investigación de la justicia de Jujuy en el manejo de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por la agrupación Tupac Amaru liderada por Milagro Sala.

Entre algunos de los procedimientos expuestos en esa oportunidad (Opinión y Noticias, El caso Milagro Sala: una mirada desde las normas sobre prevención del lavado de activos), y a la luz de lo informado por la Auditoria General de la Nación, planteábamos que la normativa del BCRA no habría sido cumplida con eficacia, y la modalidad operativa implementada sería al menos considerable como indicio para elevar algún reporte a la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte de los Sujetos Obligados.

También nos preguntábamos qué rol pudo haber cumplido el sistema de prevención en su conjunto y si su funcionamiento pudo resultar eficaz frente a casos como el que hoy nos ocupa y en particular el nivel de participación que le tocó a la gestión anterior de la UIF, como el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos. Con relación a estos interrogantes comenzamos estos días a tomar conocimiento sobre algunas noticias que bien podrían alimentar el camino hacia las respuestas que buscamos.

De la información solicitada por la fiscal de instrucción de Jujuy Liliana Fernandez de Montiel a la UIF, surgen Reportes de Operaciones Sospechosas realizados por la adquisición de vehículos que realizó Milagro Sala. Asimismo, esos reportes fueron originados desde entidades financieras, aseguradoras y la misma AFIP. Estos hechos, en parte, muestran que el sistema generó alertas necesarias para la tarea de análisis que luego debe llevar a cabo la UIF.

No obstante y en contraposición a lo mencionado, recientemente se ha dado a conocer en medios periodísticos (La Nación) que una delegación de inspectores de la AFIP, del BCRA y de la UIF, luego de que en algunos programas televisivos se mostraran imágenes donde colaboradores de Milagro Sala cobraban por ventanilla $ 14 millones en efectivo y salían de las sucursales con ese dinero en bolsos que eran trasladados en camionetas, auditaron durante cinco días las sucursales del Banco Nación en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la localidad jujeña de San Pedro, y comprobaron que incumplían normas para combatir el lavado de activos; en particular, no se habrían elevado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre la operatoria investigada y se incumpliría con la obligación de tener los legajos de clientes con la información sobre el giro comercial de éstos, en línea con la política de conocimiento del cliente.

Es importante destacar la relevancia que tiene para nuestro sistema financiero el grado de cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos por parte de los Bancos, y en especial cuando se trata de una entidad de la envergadura del Banco Nación, donde su presencia en localidades del interior del país concentra la actividad financiera de sus actores económicos, mientras es mínima la participación del sector financiero privado.

Una anécdota que me ha tocado vivenciar como oficial de cumplimiento en Bancos y que compartimos con varios colegas en su momento viene a ilustrar como esta situación es importante en términos de trasparencia del mercado. Durante muchos años, en localidades del interior del país cuando desde los bancos privados se solicitaba a los clientes información y documentación para cumplimentar las normas de la UIF, se recibía como respuesta que el Banco Nación no la solicitaba, respuesta que lógicamente corría por cuenta del cliente y resultaba de difícil comprobación por parte de la entidad financiera. Más allá de la veracidad o no de la respuesta del cliente, esta situación le aportaba opacidad al sistema y alteraba el equilibrio entre el cumplimiento de las normas antilavado y los objetivos comerciales de la banca al percibirse distintos umbrales de cumplimiento entre los Bancos.

Un dato no menor es que la capacitación de los Sujetos Obligados en esta temática es de suma importancia en la lucha contra el lavado de activos y, de hecho, la propia norma la establece como actividad obligatoria. En ese sentido, el Banco Nación, habiendo definido la necesidad de actualización y perfeccionamiento en la materia, en el año 2015 firmó un Convenio Marco con la UIF, la Sindicatura General de la Nación y su Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, el Banco Central de la República Argentina y la Universidad Nacional de San Martin. Este Programa de Capacitación y Fortalecimiento Institucional en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo fue diseñado especialmente para los agentes del Banco Nación y entre sus instructores participaron los funcionarios de la UIF.

Vemos entonces que si bien el sistema antilavado generó respuestas dentro del marco regulatorio por parte de los Sujetos Obligados, al menos esa reacción fue parcial e insuficiente, cuando vemos que el principal Banco Público pudo haber incumplido con esas normas, que mediante el programa de inspecciones del órgano de contralor no se haya logrado superar algunas deficiencias históricas en la gestión de cumplimiento de los Sujetos Obligados y que la UIF no haya profundizado su análisis en línea con el objetivo para el cual fue creada.

Esta semana el fiscal Guillermo Marijuán denunció penalmente al ex titular de la UIF, José Sbattella, por haber omitido dar curso a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidos a movimientos de Milagro Sala y pone foco en la demora de la UIF en dar curso a alertas que habrían sido enviadas por la AFIP en relación a dichos movimientos.

El actual presidente de la UIF, Mariano Federici, en su mirada sobre la gestión anterior dijo:  

"Creo que se trabajó sin una planificación adecuada y que la herramienta ha sido utilizada para fines políticos que no correspondían…"

En esta etapa se pondrá el énfasis:

•  en la importancia de la relación colaborativa entre la UIF y los Sujetos Obligados, que son las principales fuentes de información
•  en la necesidad de recalibrar el sistema, aplicando un enfoque basado en riesgos, que contemple las particularidades propias en función de las amenazas a las que cada sistema se encuentra expuesto
•  en la efectividad, modificando la metodología de evaluación y separando lo que es el cumplimiento técnico de las formalidades, de la evaluación de los resultados.

Advertimos así, como la toma de conocimiento de los hechos investigados en este caso y en otros, pone a prueba el funcionamiento del sistema de prevención en lavado de activos, la efectividad de sus resultados y las asignaturas pendientes, todo lo cual nos lleva a reflexionar en la necesidad de mejora de un sistema cuya directriz refuerce los atributos de racionalidad, inteligencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo gobierno.

UIF: CUARTA GENERACION

Por Sergio Goldenberg | El autor pone el foco en el rol de la UIF dentro del combate contra el narcotráfico y los delitos financieros, y enfatiza la importancia de incorporar personal idóneo para llevar adelante esta tarea, revisando antecedentes, experiencia y formación. Balance de la gestión Sbattella y desafíos de la nueva gestión. | 
Pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos son los objetivos fijados por el presidente argentino Ing. Mauricio Macri para su gestión de gobierno. Una rápida lectura de los mismos nos hace reflexionar en los vasos comunicantes que existen entre el narcotráfico y la pobreza y la imperiosa necesidad de que los argentinos, más allá de las banderas políticas, nos pongamos a trabajar juntos sobre los males que aquejan a nuestra sociedad.

El narcotráfico no sólo se corresponde con una actividad ilícita susceptible de ser combatida y penalizada, sino que al mismo tiempo lo tenemos que dimensionar como un fenomenal negocio de escala internacional cuyo poder económico afecta negativamente las economías e instituciones en diversos países.
La clave de que el narcotráfico pueda convertirse en unos de los mayores negocios tiene su explicación en su altísima rentabilidad y la posibilidad de que sus ganancias ilícitas puedan ser usufructuadas por las organizaciones criminales sin mayores dificultades, a pesar de los esfuerzos realizados en su combate por la comunidad internacional.
Argentina en el año 2000 crea un organismo denominado Unidad de Información Financiera (U.I.F.) cuya tarea fundamental consiste en el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, siendo uno de los delitos precedentes para la configuración del dicho delito el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).
Dada la especificidad de las funciones de dicho organismo, la ley dispone que para ser integrante de la U.I.F., más allá de poseer título universitario de grado en disciplinas como el derecho, ciencias económicas o ciencias informáticas, se debe contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Dicho esto, en esta nueva gestión gubernamental consideramos que este organismo deberá constituirse en una de las piezas fundamentales junto con otras instituciones de la República Argentina para encarar en forma profesional y coordinada el combate al narcotráfico y el lavado de activos.
Es de público conocimiento lo actuado por la U.I.F. y los resultados obtenidos a la fecha. En ese marco, recientemente se ha publicado el informe de gestión 2015 a dos semanas de finalizar el período informado y, a modo de resumen, ilustra no sólo la gestión del año 2015 sino que hace un recorrido desde el año 2010, oportunidad en que José Sbattella fuera designado presidente del organismo.
De una rápida lectura del mismo, se infiere cierta premura en su publicación, donde las estadísticas se informan al 10/12/2015 (día previo a la renuncia de su presidente) y no al 31/12/2015, se visualizan algunos errores de transcripción en algunos párrafos como en el caso donde se hace referencia al año informado, todo ello parece una señal de anticipación al cambio de autoridades que hoy está en proceso; pero no es el objetivo de este artículo hacer una evaluación de todo lo actuado por dicha gestión lo cual llevaría varios capítulos.
El aspecto que nos interesa resaltar en esta oportunidad es el relacionado a los recursos humanos, que de la lectura del informe de gestión surge que ha experimentado un crecimiento de 63 personas en el año 2010 a 229 personas en el año 2015, proyectándose para el año 2016 a 250 personas. Es decir que, el crecimiento fue de un 263% en cinco años.
El presupuesto asignado a la U.I.F. era de $ 13 millones en el año 2010 y $ 107 millones en el año 2015, lo que representa un 723% de incremento en el mismo período.
El Ministro de Justicia Germán Garavano, recientemente se ha expresado sobre el objetivo de profesionalización y despolitización fijado para la Unidad de Información Financiera, y con relación al tema, recordamos que mucho se ha publicado en medios periodísticos en estos años sobre el ingreso de personas cuyos antecedentes, más allá del nivel de confianza necesario a toda gestión, consistían en cierto grado de parentesco, militancia partidaria o amistad, por lo tanto advertimos un desafío importante para las nuevas autoridades designadas, en pos de evaluar la cantidad y calidad de personal que sea la adecuada para un eficaz funcionamiento, en sintonía con los nuevos objetivos.
Simplemente y como dato ilustrativo de lo comentado, basta revisar muchos de los decretos con las designaciones de personal donde las mismas son designaciones con autorización excepcional por no contar con los requisitos requeridos por el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del sistema nacional de empleo público (SINEP) para la posición a cubrir, renovándose la designación cada 180 días, sin resolver así la necesidad del puesto con personas que cuenten con los requisitos establecidos para el cargo.
Dicho esto, advertimos los riesgos que se puedan plantear durante la nueva gestión frente a una eventual reedición de situaciones análogas a las comentadas ya que la ausencia de concursos abiertos por antecedentes para el ingreso de personal a la Unidad pondrá de relieve el nivel de transparencia con la cual se manejen las nuevas autoridades en esta materia.
Consideramos oportuno evaluar, tanto para el personal ya incorporado como para aquel que ingrese en el futuro, la experiencia y antecedentes específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con acreditación previa a su incorporación al organismo y su relación con la posición a cubrir, ya que, complementariamente a los procesos de capacitación interna y experiencia que se pueda adquirir dentro de la Unidad, es importante que esos antecedentes constituyan una condición necesaria para el proceso de selección e incorporación.
Resumiendo, consideramos que el sistema debe funcionar con los profesionales más idóneos y con mayor expertise en la materia, aportando su capital profesional a la gestión del Estado y no  valiéndose del Estado para incrementar su curriculum personal.
En el actual contexto de conflictos por el redimensionamiento de personal que se está dando en otras dependencias del Estado, también aquí deberá actuarse con mucha precaución y responsabilidad en revisar los antecedentes, experiencia y formación del mismo, considerando que hay algunos profesionales que cuentan con mérito suficiente, conocimientos y experiencia en la materia con anterioridad a haberse desempeñado en la U.I.F. y en ciertos casos acrecentándose por muchos años dentro de dicha Unidad, por lo que a nuestro entender se deberían promover y potenciar en el marco de un organismo alineado y actualizado al nivel de los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país.
Saludamos el inicio de un nuevo camino en el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo y esperamos una vez más que el aprendizaje que dejan los posibles errores cometidos en el pasado abonen un campo fértil para alcanzar el éxito que todos deseamos.
Fuente; Prevenciondelavado.com

Argentina presentó el programa de blanqueo de capitales ante el GAFI

El titular de la UIF, José Sbatella, expuso el plan del Gobierno para la exteriorización de moneda extranjera en el encuentro de la entidad que monitorea el lavado de dinero. Estuvo presente la reina Máxima de Holanda

José Sbattella, titular de la UIF; Sigbjørn Johnsen, ministro de Finanzas de Noruega, y la reina Máxima de Holanda

La delegación de Argentina, encabezada por el titular de la UIF, José Sbattella, participó en el plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con el objetivo de informar los avances realizados desde febrero de 2013 y de presentar un informe preliminar de su programa de exteriorización de moneda extranjera.

Todos los países que deciden implementar este tipo de medidas deben poner en conocimiento del plenario la legislación y explicar sus fundamentos y características.
Los países deben mantener el compromiso de cumplir con la legislación de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En esta sesión hicieron sus respectivos reportes Argentina y Turquía.
Lo decidido por el organismo se expresa en el comunicado del presidente del GAFI que dice:
"El GAFI escuchó informes sobre programas VTC (Voluntary Tax Compliance) de Argentina y Turquía. Sobre Argentina, el GAFI recibió del país información preliminar sobre el programa planeado que tendría lugar en julio. El GAFI espera que aplique todas las medidas ALA/CFT (Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) al programa.
"El GAFI va a estudiar más el programa una vez que toda la información relevante esté disponible. El GAFI continúa monitoreando la implementación de estos programas e insta a los países a que apliquen todas las medidas ALA/CFT a sus programas VTC.
"Los dos países se comprometieron a asegurar que sus programas VTC sean consistentes con las recomendaciones GAFI y principios sobre VTC. El GAFI va a estudiar otros programas que tengan efectos después de esta reunión". Por esta razón en el plenario de octubre próximo se realizará el monitoreo de lo actuado".
Fuente Infobae

Sospechas sobre la Argentina por lavado

En plena puja por el dólar entre la Casa Rosada y ahorristas, empresas y cuevas, la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) ubicó a la Argentina como el segundo país del mundo con más reportes de operaciones sospechosas en el mercado norteamericano. Más aún, también remitió una alerta para todo su sistema financiero sobre el país y otras naciones basada en las últimas evaluaciones internacionales.
La Argentina, según consta en un documento oficial de la FinCEN cuya copia obtuvo LA NACION, se ubica sólo por debajo de Venezuela en el ranking de países que más sospechas acumulan por cuestiones cambiarias o transferencias de dinero. En particular, a través de los llamados "sistemas informales de transferencia de valores" (IVTS, en inglés), más conocidos como "cuevas" en nuestro país y hawalas en el mundo árabe.
"Cerca de un diez por ciento de los reportes de operaciones sospechosas [reportadas por el sistema estadounidense] fueron por transacciones cambiarias relacionadas con la Argentina, involucrando el uso de casas de cambio que instruyeron a sus clientes que transfirieran fondos a través de terceras entidades desconocidas en Uruguay y Panamá para recibir moneda local", detalló la FinCEN en su documento "Revisión de la actividad de los reportes de operaciones sospechosas".
Emitido a mediados de octubre, el informe expuso las "tendencias, consejos y cuestiones" por resolver en el mercado bancario y financiero norteamericano. Para eso, la FinCEN se basó en los datos aportados por 15.000 bancos, 45.000 negocios de servicios monetarios, 7000 mutuales, 1000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado .
Esos mismos informantes detallaron que la mayoría de las transferencias a través de esos sistemas informales o IVTS evidenciaron "actividades cambiarias sospechosas" destinadas a evitar "restricciones o controles". Ya fuera esconder al verdadero beneficiario a través de cuentas en otros países -como Uruguay y Panamá, en el caso de la Argentina -, o por medio de cuentas de sociedades, familiares o amigos.
La mayor presión de la FinCEN sobre las prácticas cambiarias y las transferencias originarias de la Argentina lleva ya un par de años. Al punto que sus mayores exigencias derivaron en el cierre de numerosas corresponsalías de casas de cambio locales en Estados Unidos, que concentraron sus operaciones, por ejemplo, en la sucursal del Banco Nación en Nueva York, confirmaron desde el sector a LA NACION.
En su informe, la FinCEN recordó además que dado el creciente abuso observado en los IVTS decidió emitir una alerta en septiembre de 2010, en la que pidió a todos los sujetos obligados que identificaran y categorizaran mejor las operaciones vinculadas a cuevas, hawalas y similares.
El resultado fue elocuente. En los diez meses previos a su alerta, la unidad antilavado había recibido sólo 80 reportes vinculados a los IVTS, pero en los diez meses posteriores recibió 527. Antes y después, la Argentina quedó segunda por cantidad de reportes, aunque los vinculados al Medio Oriente crecieron de manera exponencial.
Así, la Argentina fue el centro de 24 reportes por operaciones sospechosas que pasaron de un modo u otro por entidades norteamericanas antes de esa alerta de septiembre de 2010 y otros 36 tras esa fecha. Ante la disparada de reportes, su porción en la torta bajó del 30 al 7 por ciento del total, o un 10% del acumulado.
Según la FinCEN -que cortó relaciones con su contraparte local, la UIF, por fuga y utilización política de información confidencial, como reveló LA NACION, y admitió luego el Gobierno-, "expatriados e inmigrantes" suelen recurrir a estos sistemas informales para girar dinero desde y hacia sus países de origen. A menudo, son sólo remesas vitales para ayudar a sus familias. Aunque también destacó que dada "su versatilidad y anonimato, los IVTS son vulnerables al mal uso". Por ejemplo, para financiar eventuales atentados terroristas.
Esa no sería la motivación central para los argentinos, más concentrados en fugar divisas del sistema local, evadir impuestos y ocultar fondos corruptos, aunque la FinCEN ya había aludido a la Argentina en un informe similar de mayo de 2007. Aquella vez consignó dos operaciones detectadas en la Triple Frontera compartida con Paraguay y Brasil. Una por US$ 7 millones, la otra por 200.000 dólares.
Alerta por deficiencias
El martes 15 de este mes, además, la FinCEN emitió un "advisory" al sistema financiero norteamericano en la que refrendó las observaciones sobre la Argentina y otros 30 países ubicados en las listas conocidas por los expertos como "gris" y "negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo para la prevención y lucha contra el lavado de activos.
Traducible como "alerta" o "recomendación", la FinCEN clarificó su posición ante la consulta de LA NACION. "Es una alerta, es decir, algo que las instituciones financieras [estadounidenses] deberían tener en cuenta cuando desarrollan sus análisis de riesgo", indicó un vocero desde Washington. "Trata sobre un riesgo para la institución financiera."
De ese modo, la FinCEN avanzó por la senda por la que antes transitaron la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bafin, por sus siglas en alemán) y su contraparte británica, la Autoridad de Servicios Financieros (RSA, en inglés).
Dirigido a bancos e instituciones financieras de su sistema, la FinCEN informó también sobre los avances observados en la Argentina según el GAFI, pero lo enmarcó entre las naciones con "riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados" por tener "deficiencias en sus regímenes" antilavado.
EL RANKING
El siguiente es el ranking elaborado por la FinCEN, unidad antilavado de Estados Unidos, entre noviembre de 2009 y junio de 2011.
• Venezuela : encabeza el listado con 397 reportes, el 39% del total.
• Argentina : ocupa el segundo lugar, con 85 informes sospechosos.
• México : con 74 reportes, es el tercer país reportado.
• Emiratos Arabes Unidos : primer país no americano que figura en el listado.
• Brasil : acumula 51 informes negativos, el 5% del total.
• Panamá : 49 reportes.
• Uruguay : 36 informes negativos.
• Hong Kong : con 30 informes, ocupa el octavo lugar.
• Afganistán : acumula el 3% de los reportes, con 28.
• Islas Vírgenes : décimo lugar del ranking, con 25 informes.
Fuente Hugo Alconada Mon LA NACION

Argentina: 29 reportes bancarios en la mira judicial

El fiscal federal Jorge Di Lello analiza 29 reportes de operaciones financieras sospechosas realizadas por bancos, aseguradoras, contadores y escribanos que involucran a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y mencionan a dos financistas acusados en la investigación.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo del Poder Ejecutivo que investiga asuntos de lavado de dinero, envió al juzgado de Norberto Oyarbide 52 cuerpos con los reportes.
Se llaman reportes de operaciones sospechosas (ROS) los informes secretos que envían los sujetos obligados por la ley a avisar de transacciones que consideren que podrían ocultar un posible lavado de activos. Sin embargo, el ROS no implica una acusación, sino que el que reporta no logró justificar el origen de esos fondos con la información en su poder. Los obligados a reportar son contadores, escribanos, bancos, casas de cambio, aseguradoras o la Inspección General de Justicia, entre otros.
En este caso, los aportes de los contadores fueron fundamentales, dijo una fuente judicial. En esta causa se investiga por supuesto lavado de dinero a empresarios y a dos financistas: Ferrando Caparrós Gómez, ligado a Monetización, que pertenece a Daniel Laurenti y Ricardo Falco, propietario de Trade Travel y hermano de Eugenio De Falco, que era uno de los principales empleados de la fundación.
En esas financieras se realizaban cambios de cheques oficiales, que habían sido pagados a las Madres por el Ministerio de Planificación Federal. Laurenti reconoció ante Oyarbide, en un escrito, que cambió cheques de las Madres, pero justamente como su origen era un organismo público, nunca sospechó que podían estar originados en un delito.
Los contadores intervinieron en operaciones en las que debían justificar el movimiento de fondos por más de 200.000 pesos y fueron ellos los que reportaron casos que les despertaron sospechas. Una de las financieras investigadas es Crédito Sur, una cooperativa de crédito reportada por el HSBC, vinculada con otra empresa que cambia cheques. Esa firma está mencionada en la causa de la mafia de los medicamentos como uno de los lugares donde se cambiaban cheques. Uno de los titulares era Daniel Fidalgo, quien fue socio hasta hace más de 10 años de Caparrós Gómez en valores negociables, otra de las empresas que están en la mira de la Justicia. "Mi cliente no tiene nada que ver con Crédito Sur y está desligado de Fidalgo desde hace años", dijo a La Nacion la abogada del financista, María Eugenia Tallarico.
De Falco tenía relación con la operación financiera de las Madres y con la economía personal de Schoklender, a tal punto que en sus oficinas se pagaban en efectivo compras que realizó el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, dijo a La Nacion uno de los que cobraron allí.
Oyarbide allanó una veintena de locales y oficinas de financistas y empresarios investigados por supuesto lavado de dinero. El delito, según la redacción de la ley en el momento del hecho investigado, impide acusar al que comete fraude de blanqueo de su propio dinero sucio. Por eso la Justicia analiza si ampliar la imputación al delito de asociación ilícita, quiénes deben ser acusados de lavado y quién de fraude.
El fiscal Di Lello analiza los nuevos ROS para determinar si las acusaciones contra alguna de las personas involucradas deben agravarse aún más. En la fiscalía están trabajando en un pedido para que estas personas sean indagadas. Para eso se puntualizaron los hechos que se imputan a cada uno y los bienes que eventualmente hubieran comprado con dinero negro.

Argentina: El titular de la UIF aseguró que hay "muchos sectores poderosos que tienen algo que esconder"

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, aseguró que con la entrada en vigencia de la nueva ley contra el lavado de dinero se cambiará "de manera muy radical" el panorama en la Argentina. "Todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito", advirtió
Sbatella remarcó que la ley antilavado que entra en vigencia este viernes "cambia de manera muy radical la forma de investigar y la posibilidad de demostrar el delito del lavado, no se necesita ya el delito precedente, eso genera que un gran espectro de actitudes que no estaban contempladas como delito entren, y muchos de los sectores más poderosos de la Argentina tienen en ese sentido algo que esconder, creo que por ese lado viene el ataque".
Dijo que Argentina inició en febrero de 2010 "un proceso de cambio que nos permite llegar ahora sin sanción y sin pérdida de membresía" en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este contexto, detalló que "un gran porcentaje de empresas tienen su subdidiaria offshore, durante mucho tiempo en los '90 el capital ganado en Argentina se deposita afuera y en ese momento la ley antilavado no se tomaba en cuenta porque había que tener un delito precedente, y después ese dinero vuelve a entrar como préstamo, o auto préstamo".
"Si se analizan las composiciones accionarias de la mayoría de las empresas, siempre aparece algo offshore que está afuera y en general es propiedad de los mismos dueños que están con un porcentaje accionario", agregó.
Sbatella ponderó que la nueva ley resolverá las situaciones delictivas de manera "rapidísima", y afirmó que "todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito, corresponden tres años de prisión y se les decomisa el dinero".
"Esa situación genera no sólo la cuestión política sino que hay un miedo objetivo a los hechos, les puede pasar a quienes no tienen de dónde explicar el origen de ese capital", concluyó.
Infobae

Argentina: La UIF modifico las normas antilavado para profesionales en ciencias economicas

Como corolario de las conversaciones llevadas a cabo en el Senado de la Nación y en la Unidad de Información Financiera (UIF) por la legislación y reglamentación, respectivamente, de la Ley de Lavado de Dinero, este último organismo acaba de emitir la Resolución Nº 65/2011, que de hecho reemplaza a la anterior Resolución UIF Nº 25/2011 (la cual queda ahora derogada), referida a las obligaciones de los profesionales cuyas actividades están reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Como aspecto sustancial a destacar de la Resolución Nº 65, cabe mencionar que la UIF consideró necesario limitar la definición de sujeto obligado a informar, a aquellos profesionales que se desempeñen como Síndicos Societarios y como Auditores Externos de estados contables, en los casos en que las actividades se brinden a las siguientes entidades:
a) a las enunciadas en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias (sujetos obligados), o;
b) las que no estando enunciadas en dicho artículo (sujetos no obligados), según los estados contables auditados:
1. posean un activo superior a $ 6 millones o;
2. hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de 1 año
Se han atendido, de ese modo –y vale la pena resaltar la receptividad de la autoridad de aplicación- los planteos realizados por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Capital Federal, que desplegó sus esfuerzos para evitar que la reglamentación introduzca obligaciones desmedidas a nuestros profesionales, ya sea por la naturaleza y características de los servicios que prestan o porque el volumen de su actividad no justifica que queden incorporados como sujetos obligados. Respecto de Res. 25/2011, la nueva reglamentación excluyó como sujetos obligados a los profesionales independientes que preparen DDJJ de impuestos de personas físicas, y elevó de $ 3 a $ 6 millones el monto del activo mínimo a partir del cual los profesionales deberán aplicar procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en sujetos no obligados. Adicionalmente, al fijarse como fecha de vigencia de la nueva Resolución los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011, esto permitirá que los profesionales alcanzados puedan llevar a cabo el análisis e implementación de los cambios a sus políticas y procedimientos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como las correspondientes actividades de capacitación, dentro de plazos razonables.

Argentina:Sbatella denunció presiones de sectores económicos para evitar la sanción de la Ley de Antilavado

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que hay sectores económicos que, si bien no lo pueden hacer explícito, se oponen a la Ley de Antilavado de dinero porque se verían “obligados a dar explicaciones más claras” respecto de sus cuentas. En ese sentido ubicó una nota publicada ayer por el diario La Nación que afirma que “la UIF se convirtió en una creciente herramienta política, con un peso notable de jóvenes militantes” para "hacer mierda a tal empresario" o promover que "con tal otro no jodamos".
Explicó que esta versión “tiene que ver con la ley que está por salir” debido a que “estos sectores que estarían obligados a dar explicaciones más claras están muy complicados para decir que no quieren que salga la ley”, por lo que “una de las formas es utilizar notas que tergiversen o filtren opiniones contrarias a un organismo que la Ley va a jerarquizar”.
En declaraciones a FM Provincia, Sbatella resaltó que la información vertida por La Nación “me pareció una especie de regresión al fundamentalismo de los ’70 cuando la juventud que tenía compromiso era considerada algo maligno y así terminó toda esa época”. En tanto, enfatizó que desde la UIF “movemos las causas en función de la dinámica de los jueces”, por cuanto aunque “podemos elevar datos, es muy difícil que pudiéramos motorizar algo que no tuviera una cuestión judicial probable”.
El titular de la UIF sostuvo que el proyecto de Ley de Antilavado que cuenta con media sanción de Diputados fue debatida días atrás en la Comisión de Justicia del Senado, donde “quedaron algunos temas pendientes respecto de la implementación y la posibilidad de hacer alguna corrección en cuestiones formales”. De todos modos, confía en que el primero de junio se sancionará la norma.
El funcionario recordó que la sanción de la ley fue uno de los reclamos que se prometió ante el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) que se reúne próximamente en México, como consecuencia de que “la legislación vigente que tiene al lavado como encubrimiento no ha permitido sanción y no ha sido efectiva después de 10 años de aplicación porque es muy difícil encontrar al encubridor y seguir el camino del dinero”.
Existe una falacia impresionante porque la nota se genera de reportes que manda el sistema de lavado. Los reportes de personas sospechosas no los genera la UIF.

Cartel de Sinaloa lavo 378 millones de dolares en el Banco Wachovia

El cártel de Sinaloa lavó 378 mil millones de dólares a través de diferentes mecanismos en el banco estadunidense Wachovia, institución que fue sancionado con 110 millones de dólares por blanqueo de capitales y actividades relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con información publicada por el diario The Guardian.
Wachovia incurrió en un “flagrante desprecio por nuestras leyes y de la banca internacional al dar a los cárteles de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", dijo al diario Jeffrey Sloman, fiscal federal estadunidense.
La multa total, impuesta en 2009, representó menos del 2 por ciento de las ganancias que obtuvo el banco ese año, de 12.3 mil millones de dólares.
La historia empezó a descubrirse luego de que el 10 de abril de 2006, el Ejército mexicano interceptara un avión DC-9 que aterrizó en la ciudad portuaria de ciudad del Carmen con 5.7 toneladas de cocaína. Al iniciar las investigaciones se descubrió que el avión había sido adquirido por el cártel de Sinaloa con apoyo de Wachovia.
Autoridades de EU pusieron bajo investigación al banco de inmediato y durante 22 meses fueron descubriendo que miles de millones de dólares habían sido lavados en transferencias bancarias, cheques de viaje y envíos de dinero a México a través de Wachovia
Fuente La Jornada

Argentina: Los operadores de comercio exterior presentaron recurso de amparo para la norma de la Unidad de Informacion Financiera

Los operadores del comercio exterior presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma que comienza a regir mañana
Exportadores e importadores presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma de control de lavado de dinero que empieza a regir este viernes. Se trata de una nueva norma que obliga a los operadores del comercio exterior a pedir amplia información a sus clientes y proveedores del exterior.
"Esto traba el comercio exterior y ningún país del mundo lo reclama", se quejaron los operadores al matutino Clarín.
El tema llegó incluso al debate dentro , el martes pasado. Pero es en las cámaras de Importadores y Exportadores donde tomó mayor volumen.
"Son medidas inaplicables", coincidieron desde el Consejo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y desde las cámaras de Importadores y Exportadores.
De acuerdo a la resolución 39 de la Unidad de Información Financiera (UIF) los operadores deberían pedir a cada cliente o proveedor balances, actas de directorio, números de inscripción impositiva, listado de accionistas que superen el 20% de la propiedad, y otros datos.
"Si yo pido todo eso, le compran a otro proveedor, aún de países que cumplen con el GAFI, como los Estados Unidos o México, que no tienen esos requisitos", señalo al matutino Enrique Matilla, de la Cámara de Exportadores.
"Trasladaron a los empresarios controles que debería hacer el Estado , que es quien tiene el poder de policía y la información", agregó a Clarín Diego Pérez Santiesteban, de la Cámara de Importadores.

ECUADOR:Imponen severa multa a banco ecuatoriano

Por graves violaciones de las disposiciones contra el lavado de dinero, dos organismos de Estados Unidos impusieron una multa de $7 millones al banco del gobierno ecuatoriano Pacific National Bank (PNB), con sede en Miami.
La investigación planteó que el banco falló ostensiblemente en el proceso de reportar a las autoridades un total de $577 millones en actividades sospechosas de lavado de dinero entre el 2007 y el 2010.
Entre las deficiencias anotadas, los organismos señalaron la inadecuada revisión de transacciones por más de $45 millones al mes a través de dos cuentas de un banco corresponsal del PNB no identificado.
De acuerdo con la resolución de sanción, el programa del banco contra el lavado de dinero incumplió reiteradamente con una larga lista de obligaciones previstas por la Ley del Secreto Bancario para detectar actividades sospechosas.
Esto ocurrió, agrega el documento, a pesar de las repetidas advertencias de la Red de Cumplimiento contra Delitos Financieros de Estados Unidos (FINCEN) y la Superintendencia de Bancos (OCC), organismos que impusieron la sanción.
``El banco falló repetidamente en implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero concebido para identificar y reportar transacciones con indicios de lavado de dinero u otras actividades sospechosas'', indica la resolución.
``El sistema interno de controles para el cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario adolecía de deficiencias sistemáticas desde hace mucho tiempo'', agregó la sanción firmada por el director del FINCEN, James H. Freis, Jr.
Como es habitual en este tipo de procedimiento, el banco aceptó la multa pero no se comprometió a admitir ni a negar los hechos que la motivaron.
``Reconocemos que ha habido deficiencias de vieja data en el programa contra el lavado de dinero y con esta acción estamos poniendo el pasado detrás nuestro y enfocándonos en el futuro'', dijo Carlos Fernández Guzmán, presidente del PNB.
PNB, con sede principal en Miami, es subsidiario del Banco del Pacífico S.A., propiedad del Banco Central de Venezuela.
OCC inició acciones contra el banco a través de una orden de consentimiento en el 2005 y un año después el FINCEN advirtió sobre las deficiencias en la vigilancia de actividades sospechosas de lavado. Pero el banco no tomó medidas, según la resolución.
Entre las anomalías, los organismos reguladores encontraron las siguientes:
• Desde el 2007 al 2010, el PNB radicó 421 reportes de actividades sospechosas por $577 millones. ``Muchos de esos reportes fueron radicados tarde, con largas demoras entre el momento en que ocurría la actividad hasta el punto en el que el banco presentaba el reporte de la actividad''.
• 48 reportes de actividades sospechosas se presentaron ocho y hasta 12 meses después de que ocurrieron y otros 43 reportes fueron notificados 12 meses tarde.
• PNB no hacía evaluaciones de los riesgos de lavado de dinero a los que se exponía
• PNB no contaba con una información confiable y actualizada de sus clientes incluyendo más de la mitad de ellos en Ecuador.
• Rutinariamente el PNB atendía clientes de los que no tenía antecedentes.
• En el caso de las cuentas del banco corresponsal que movían $45 millones al mes, el PNB decidió que no revisaría transacciones por menos de $50,000. Ese límite fue criticado por los reguladores como ``arbitrariamente muy alto''.
• El proceso de identificación de actividades sospechosas era lento lo mismo que la aplicación de los correctivos.
Fernández Guzmán, quien ingresó al PNB en mayo del 2010, dijo que se habían tomado numerosas medidas correctivas para resolver las fallas que suscitaron la penalidad y las inquietudes señaladas por la orden de consentimiento que se firmó en diciembre.
``Hemos reformado significativamente nuestro programa de auditoría interno, reestructurado completamente las áreas de la Ley de Secreto Bancario, Antilavado y Cumplimiento del Cliente, modificado nuestro modelo operativo y mejorado nuestra estructura de control interno'', aseguró Fernández.
Los primeros indicios de las fallas del sistema del control del lavado de activos del PNB, los reveló en 2009 el ex presidente del banco, Carl Wolf, al denunciar en una corte federal de Miami que fue despedido como represalia, entre otras razones, por cerrar 4,600 de las 11,000 cuentas del banco debido a que no cumplían con las regulaciones contra el lavado de dinero.
En su demanda por violación de las normas estatales que protegen a los denunciantes de actividades de corrupción, Wolf sostuvo que recibió presiones de un miembro de la junta directiva del Banco Central del Ecuador y pariente del presidente Rafael Correa, para poner en marcha un plan que incluía la reapertura de las cuentas.
También aseguró que entregó información a FINCEN sobre lasirregularidades.
La demanda de Wolf fue desestimada el pasado 24 de febrero por el juez Federico Moreno, quien, basándose en un extenso informe de un magistrado, consideró que el PNB no había violado las normas que protegen a los informantes. Wolf apeló la decisión.
ELNUEVOHERALD.COM

Observan un gran flujo de dinero del narcotráfico en el sur de Florida

Miami (EE.UU.), 25 feb (EFE).- El fiscal federal del distrito sur de Florida, Wifredo Ferrer, dijo hoy que han observado un gran flujo de dinero del narcotráfico en esta zona de Estados Unidos procedente de diversas partes del mundo.
"Estamos viendo que hay mucho dinero de los traficantes que viene no sólo de México, sino que es lavado y viene a través de muchos países de todo el mundo al sur de Florida", declaró Ferrer a periodistas.
El funcionario fue el orador principal de la XI Conferencia Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (FIBA), que concluye hoy en Miami.
Los banqueros que asistieron al evento manifestaron preocupación porque las ganancias ilícitas de los cárteles mexicanos al parecer se están blanqueando en otras naciones y se desconoce qué rutas utilizan.
El fiscal federal dijo que están trabajando con los bancos para "ver si podemos detectar este dinero ilícito que está ingresando al sur de Florida de muchos países".
En cuanto a las emergentes Bandas Criminales de Colombia (Bacrims), Ferrer dijo que tienen información de que gran parte de la droga de esas organizaciones se envía a México y de allí es trasladada a Estados Unidos.
"Estamos centrados en las organizaciones que están más involucradas en el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos a través de México", precisó.
La ruta que usan para el contrabando de la cocaína a Estados Unidos es por vía marítima hacia Centroamérica, México y el Caribe, agregó.
La Fiscalía Federal del distrito sur creó a inicios de este mes una unidad para desmantelar las Bacrims, es la primera en Estados Unidos diseñada específicamente para ese objetivo.
Las Bacrims, según las autoridades estadounidenses, son organizaciones de narcotráfico que buscan "llenar el poder vacío dejado por el caído cartel del Norte del Valle y por la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
La unidad forma parte de las medidas que implementa la Fiscalía Federal para erradicar a los narcotraficantes de Florida, que ocupa la primera posición en EE.UU. en juzgar casos de tráfico de estupefacientes.

Argentina: Allanan joyerías por pedido de la UIF

La Justicia Federal reconoció ayer las facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y ordenó allanar las joyerías Richiardi, Paul Baker y El Lingote, así como una vivienda particular, por la posible comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo.
Los operativos apuntan también a verificar el cumplimiento de la ley 25.246, que es la norma principal del sistema antilavado de Argentina.
La UIF recordó que el artículo 21 de la referida ley establece que las joyerías, por ser sujetos obligados a aplicar procedimientos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo y a reportar al Estado operaciones sospechosas, deben recabar de sus clientes documentos que prueben su identidad y comunicar las transacciones que presenten indicios de delitos como fuente del dinero o los bienes que involucran.
El Cronista

URUGUAY:Sector inmobiliario concentra el 90% del lavado de dinero

Un informe elaborado por el doctor Leonardo Costa señala que el 90% de los casos de lavado de dinero en Uruguay se realizan a través del sector inmobiliario por lo cual los operadores deben de tomar una serie de medidas para evitar verse implicados en una situación que es penada severamente por la ley.
El informe al respecto fue publicado en la revista "Ciudades", publicación de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.
Según el informe las transacciones inmobiliarias son atractivas para los lavadores. Las cifras demuestran eso claramente, en el 90% de los casos de lavado detectados en Uruguay existieron transacciones que involucran el sector.
A modo de ejemplo, en la denominada "Operación Campanita", mediante la cual se desbarató una organización colombiana dedicada al narcotráfico, se detectaron maniobras de compraventa de edificios en Montevideo y Punta del Este, transacciones bancarias con hipotecas cruzadas, etc. realizadas con dinero proveniente del narcotráfico.
Otros casos han incluido la compraventa de campos en el interior del país, e inmuebles de alto valor en Montevideo.
Las características del sector, que al día de hoy presenta un nivel de control relativamente bajo, y que permite realizar transacciones por montos elevados, son los principales motivos que atraen a los lavadores.
Costa participó de la redacción de la ley 18.494, conocida como ley antilavado.
En la misma se establece que designó como sujetos obligados a las "inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles" a participar de los controles. Además, se designó también a los escribanos cuando llevan a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles.
La expresión "otros intermediarios" comprende a los promotores de negocios inmobiliarios, sin importar la forma jurídica que estos adopten; así como a los fiduciarios y fundadores y directores de sociedades dedicadas a esa actividad.
La ley que mencionamos obliga a los sujetos designados a informar las transacciones realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada.
También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.

Situación regional
Costa indica en su informe que "si bien actualmente no existe un alto nivel de regulación de la actividad inmobiliaria en lo que respecta a prevención de lavado de activos, la tendencia va en ese sentido´´.
Algunos países han implementado sistemas de registración de agentes (a modo de ejemplo: Brasil y México), a través de los cuales llevan un control de quienes participan en la actividad.
Otros de los aspectos que se han regulado son los relativos a la exigencia de procesos de debida diligencia de clientes, monitoreo y reporte de transacciones.
La mayoría de los países de Latinoamérica han adoptado medias en ese sentido. Las regulaciones además de incluir a quienes realizan transacciones con inmuebles entre los sujetos obligados, imponen a éstos obligaciones específicas para prevenirse a ser utilizados para el lavado de activos.
Un sector atractivo
En sus conclusiones a los empresarios del sector, Leonardo Costa señala que sector inmobiliario se ha constituido en uno de los más vulnerables y atractivos para los lavadores de dinero. Debido a ello se ha comenzado un proceso de regulación del mismo, tendiente a evitar que sea utilizado con fines ilícitos.
"Para prevenir eficazmente el lavado de activos, consideramos necesaria la implementación de sistemas de prevención basados en riesgo. De esa forma sería posible concentrar esfuerzos en áreas críticas, y así mitigar los mayores riesgos que presenta el sector´´ agrega.
Dichos sistemas deben contar a su vez con procesos de debida diligencia de clientes, políticas respecto al personal involucrado en la actividad, monitoreo de transacciones, y reporte de las transacciones que resulten inusuales o sospechosas.
LA REPUBLICA

Papa crea una Autoridad especial para combatir lavado de dinero

El papa Benedicto XVI creó este jueves la Autoridad para la Información Financiera, un organismo especial para combatir el lavado de dinero sucio y vigilar las operaciones financieras de la Santa Sede, anunció el Vaticano.
La creación de la autoridad de control fue promulgada a través de un decreto o "motu proprio" de Benedicto XVI.
"La Santa Sede aprueba el compromiso de la comunidad internacional" y "quiere hacer suyas las reglas de las que se ha dotado para prevenir y combatir" esos terribles fenómenos, escribió el Papa.
El decreto tiene como objetivo "prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales y para la financiación de terrorismo", indica la norma.
La promulgación de las nuevas leyes "reviste un significado moral y pastoral de largo alcance", afirmó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, quien resumió la medida con tres palabras: "transparencia, honestidad y responsabilidad".
La autoridad de control vigilará las operaciones financieras de todas las entidades del Vaticano así como la aplicación de las recientes normas europeas antifraude.
Con esa decisión, el Vaticano cumple un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas durante décadass.
Las nuevas leyes prevén penas que van de cuatro a doce años de cárcel y multas de hasta 15.000 euros para quienes laven dinero.
La autoridad del Vaticano mantendrá contactos con autoridades de otros países y goza de "total independencia", explicó Lombardi.
"Se trata de una realidad nueva" recalcó el vocero del Papa, a través de la cual los organismos del Vaticano "serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero", dijo.
"Se evitarán en futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles", agregó al recordar uno de los mayores casos político-financieros de la posguerra tras la quiebra en 1982 del otrora mayor banco de Italia, el Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era un accionista importante.
La investigación judicial demostró que el banco vaticano lavaba dinero de la mafia siciliana y mantenía conexiones con la logia masónica Propaganda 2 y agentes secretos de la CIA estadounidense.
Las nuevas medidas contra el lavado de dinero además han sido adoptadas tres meses después del inicio de una investigación judicial en Italia contra dos dirigentes del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano.
Los jueces italianos dispusieron también la incautación de 23 millones de euros (30 millones de dólares) depositados en una cuenta del banco Crédito Artigiano, por omisión por parte del llamado banco del Vaticano de las normas contra el lavado de dinero.
Italia acusaba al banco del Vaticano de administrar a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.
Las nuevas normas contra el reciclaje entrarán en vigor a partir de abril del 2011 y cobijan todas las actividades económicas de la Santa Sede en el mundo, incluso los Museos Vaticanos y la entidad que administra su enorme patrimonio inmobiliario de Roma.
El llamado banco del Vaticano administra las cuentas de varias órdenes religiosas así como de asociaciones católicas en el mundo.
La medida permitirá al Vaticano entrar en la lista blanca de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
"Creo que estamos al inicio del camino, serán consideradas una norma adecuada" para cumplir ese requisito, subrayó Lombardi.
Con las disposiciones, el Vaticano podrá acuñar un mayor número de monedas en euros con la cara del Papa, hasta ahora destinados a los coleccionistas, los cuales a partir del 2011 podrán ser intercambiados en las tiendas europeas.

Argentina: La Unidad de Informacion Financiera asumió las tareas del coordinador internacional, Alejandro Strega

El complicado panorama del sistema antilavado local se cobró una nueva víctima entre los funcionarios públicos abocados a la lucha contra el lavado. Esta vez fue el turno del coordinador y representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Alejandro Strega, cuyas tareas absorbió la Unidad de Información Financiera (UIF).
Strega siguió así el camino de salida que en enero de este año transitaron la presidenta y el vicepresidente de la UIF, Rosa Falduto y Alberto Rabinstein, y que un mes después transitaron los siete integrantes del Consejo de Asesores de la Unidad, en un intento del Gobierno por mostrar cambios frente al GAFI, el principal foro intergubernamental antilavado del mundo.
La salida de Strega también respondió a los deseos del actual titular de la UIF, José Sbattella, por concentrar la supervisión del sistema y la representación ante los organismos internacionales, competencias que obtuvo con el decreto 1936/10, el 14 de este mes.
El interés de Sbattella respondía a una de las críticas centrales del GAFI, que al igual que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la descoordinación entre las autoridades nacionales y provinciales en el país para prevenir y combatir el lavado. "Los gringos me preguntan quién es el jefe", les reportó el titular de la UIF al ministro de Justicia, Julio Alak, y a otros funcionarios, según reconstruyó La Nacion.
A partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la salida de Strega era casi un hecho, pero se demoró ante la organización esa misma semana en Buenos Aires del plenario regional del GAFI para América latina, Gafisud, en la que, de todos modos, Sbattella tomó las riendas de la representación local.
El propio Strega había dejado saber a distintos funcionarios locales e internacionales que evaluaba presentar su renuncia si el Gobierno no reaccionaba ante la pésima evaluación que aprobó el GAFI sobre la Argentina en su plenario de París, en octubre, y reafirmó el Gafisud en Buenos Aires.
Cinco pasos
La Argentina cuenta ahora con un par de semanas más para preparar un programa general de reformas sistémicas, que el GAFI revisará en su próximo plenario de febrero. Allí podría aprobar la emisión de una "declaración pública", el tercer paso de cinco posibles, que luego incluyen la suspensión y expulsión del país como integrante del Grupo.
Desde octubre, la Argentina ya afrontó los primeros dos pasos, el envío de una carta firmada por el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, en la que se expresó la "seria decepción" del Grupo ante las calificaciones del sistema local, y, luego, la visita de "alto nivel" que lideró el propio Urrutia junto con otros funcionarios, a mediados de este mes.
Hijo de un abogado de estrechos vínculos con el gremialismo y con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Strega llegó a ese cargo en enero de 2008 y ya en febrero pasado estuvo muy cerca de marcharse, cuando en otra reunión del GAFI sobrellevó un cortocircuito con la delegación de Ecuador, un país aliado del Gobierno en la región.
Con su voto, el GAFI colocó entonces a Ecuador en su lista de naciones de alto riesgo junto con Etiopía, Corea del Norte y Angola, lo que el gobierno de Rafael Correa le reclamó al entonces canciller Jorge Taiana, que anticipó su salida. Sobrevivió aquella vez, ahora no.
La Nacion:Hugo Alconada Mon