El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, defendió ayer la actuación de su organismo en la investigación sobre Sergio Schoklender, a pesar de la denuncia penal de que "cajoneó" la pesquisa dentro del organismo hasta que estalló el escándalo.
"Estamos con la conciencia tranquila", afirmó Sbatella. "Los tiempos de investigación fueron los normales para un caso en el que había indicios de un delito. Y todavía hoy no está claro si hubo una estafa al Estado, una estafa a la Fundación [Madres de Plaza de Mayo] o algún dinero extra de otras cosas que no sabíamos que [Schoklender] hacía", planteó.
Sbattella reconoció que la UIF había recibido reportes con "indicios de operaciones inexplicadas y que había fuga de dinero del sistema y que todo eso era una alerta de que algo raro estaba pasando", pero aclaró que con la ley de lavado vigente los tiempos para completar una investigación eran de entre "un año y medio y tres años".
Uso político
"Cuando se pierde la confidencialidad [de la UIF], como fue en el caso Schocklender, ahí nomás hubo que pasárselo al juez", explicó, antes de estimar que con la reforma legislativa el proceso de investigación dentro de la UIF "será más rápido".
A su lado, el presidente del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya, afirmó que con la nueva ley se abre "una nueva etapa" para combatir el lavado, "debilitar el accionar del narcotráfico y de las organizaciones criminales complejas", aunque "un desafío adicional es articular esfuerzos con todos los organismos".
Sbattella respondió, además, a las críticas sobre la UIF al remarcar la importancia de preservar el secreto de sus actuaciones. "Todo lo que se está discutiendo ahora, por ejemplo, sobre el uso político de un organismo de denuncia se evita con la confidencialidad", argumentó, antes de criticar a LA NACION por anticipar que la Argentina sería incluida en la "lista gris" del GAFI y pedir su renuncia en un editorial. "El resto de los medios se dio cuenta de que había una situación de Estado y no atacó", afirmó.
La Nacion
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miércoles, 20 de julio de 2011
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Argentina: La Unidad de Informacion Financiera asumió las tareas del coordinador internacional, Alejandro Strega
El complicado panorama del sistema antilavado local se cobró una nueva víctima entre los funcionarios públicos abocados a la lucha contra el lavado. Esta vez fue el turno del coordinador y representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Alejandro Strega, cuyas tareas absorbió la Unidad de Información Financiera (UIF).
Strega siguió así el camino de salida que en enero de este año transitaron la presidenta y el vicepresidente de la UIF, Rosa Falduto y Alberto Rabinstein, y que un mes después transitaron los siete integrantes del Consejo de Asesores de la Unidad, en un intento del Gobierno por mostrar cambios frente al GAFI, el principal foro intergubernamental antilavado del mundo.
La salida de Strega también respondió a los deseos del actual titular de la UIF, José Sbattella, por concentrar la supervisión del sistema y la representación ante los organismos internacionales, competencias que obtuvo con el decreto 1936/10, el 14 de este mes.
El interés de Sbattella respondía a una de las críticas centrales del GAFI, que al igual que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la descoordinación entre las autoridades nacionales y provinciales en el país para prevenir y combatir el lavado. "Los gringos me preguntan quién es el jefe", les reportó el titular de la UIF al ministro de Justicia, Julio Alak, y a otros funcionarios, según reconstruyó La Nacion.
A partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la salida de Strega era casi un hecho, pero se demoró ante la organización esa misma semana en Buenos Aires del plenario regional del GAFI para América latina, Gafisud, en la que, de todos modos, Sbattella tomó las riendas de la representación local.
El propio Strega había dejado saber a distintos funcionarios locales e internacionales que evaluaba presentar su renuncia si el Gobierno no reaccionaba ante la pésima evaluación que aprobó el GAFI sobre la Argentina en su plenario de París, en octubre, y reafirmó el Gafisud en Buenos Aires.
Cinco pasos
La Argentina cuenta ahora con un par de semanas más para preparar un programa general de reformas sistémicas, que el GAFI revisará en su próximo plenario de febrero. Allí podría aprobar la emisión de una "declaración pública", el tercer paso de cinco posibles, que luego incluyen la suspensión y expulsión del país como integrante del Grupo.
Desde octubre, la Argentina ya afrontó los primeros dos pasos, el envío de una carta firmada por el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, en la que se expresó la "seria decepción" del Grupo ante las calificaciones del sistema local, y, luego, la visita de "alto nivel" que lideró el propio Urrutia junto con otros funcionarios, a mediados de este mes.
Hijo de un abogado de estrechos vínculos con el gremialismo y con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Strega llegó a ese cargo en enero de 2008 y ya en febrero pasado estuvo muy cerca de marcharse, cuando en otra reunión del GAFI sobrellevó un cortocircuito con la delegación de Ecuador, un país aliado del Gobierno en la región.
Con su voto, el GAFI colocó entonces a Ecuador en su lista de naciones de alto riesgo junto con Etiopía, Corea del Norte y Angola, lo que el gobierno de Rafael Correa le reclamó al entonces canciller Jorge Taiana, que anticipó su salida. Sobrevivió aquella vez, ahora no.
La Nacion:Hugo Alconada Mon
Strega siguió así el camino de salida que en enero de este año transitaron la presidenta y el vicepresidente de la UIF, Rosa Falduto y Alberto Rabinstein, y que un mes después transitaron los siete integrantes del Consejo de Asesores de la Unidad, en un intento del Gobierno por mostrar cambios frente al GAFI, el principal foro intergubernamental antilavado del mundo.
La salida de Strega también respondió a los deseos del actual titular de la UIF, José Sbattella, por concentrar la supervisión del sistema y la representación ante los organismos internacionales, competencias que obtuvo con el decreto 1936/10, el 14 de este mes.
El interés de Sbattella respondía a una de las críticas centrales del GAFI, que al igual que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la descoordinación entre las autoridades nacionales y provinciales en el país para prevenir y combatir el lavado. "Los gringos me preguntan quién es el jefe", les reportó el titular de la UIF al ministro de Justicia, Julio Alak, y a otros funcionarios, según reconstruyó La Nacion.
A partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la salida de Strega era casi un hecho, pero se demoró ante la organización esa misma semana en Buenos Aires del plenario regional del GAFI para América latina, Gafisud, en la que, de todos modos, Sbattella tomó las riendas de la representación local.
El propio Strega había dejado saber a distintos funcionarios locales e internacionales que evaluaba presentar su renuncia si el Gobierno no reaccionaba ante la pésima evaluación que aprobó el GAFI sobre la Argentina en su plenario de París, en octubre, y reafirmó el Gafisud en Buenos Aires.
Cinco pasos
La Argentina cuenta ahora con un par de semanas más para preparar un programa general de reformas sistémicas, que el GAFI revisará en su próximo plenario de febrero. Allí podría aprobar la emisión de una "declaración pública", el tercer paso de cinco posibles, que luego incluyen la suspensión y expulsión del país como integrante del Grupo.
Desde octubre, la Argentina ya afrontó los primeros dos pasos, el envío de una carta firmada por el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, en la que se expresó la "seria decepción" del Grupo ante las calificaciones del sistema local, y, luego, la visita de "alto nivel" que lideró el propio Urrutia junto con otros funcionarios, a mediados de este mes.
Hijo de un abogado de estrechos vínculos con el gremialismo y con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Strega llegó a ese cargo en enero de 2008 y ya en febrero pasado estuvo muy cerca de marcharse, cuando en otra reunión del GAFI sobrellevó un cortocircuito con la delegación de Ecuador, un país aliado del Gobierno en la región.
Con su voto, el GAFI colocó entonces a Ecuador en su lista de naciones de alto riesgo junto con Etiopía, Corea del Norte y Angola, lo que el gobierno de Rafael Correa le reclamó al entonces canciller Jorge Taiana, que anticipó su salida. Sobrevivió aquella vez, ahora no.
La Nacion:Hugo Alconada Mon
martes, 21 de diciembre de 2010
ARGENTINA: Lavado de Dinero, se posterga un acuerdo con EE.UU.
Durante por lo menos dos meses, todo seguirá como en el último año y medio: es decir, sin avances para el gobierno argentino. Ese es el saldo del silencioso paso por Buenos Aires de una misión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La delegación informó a las autoridades locales de la lucha contra el lavado de dinero que el restablecimiento del flujo de información financiera confidencial entre ambos países quedará para febrero próximo, como mínimo. Así lo expresaron a La Nacion fuentes argentinas y norteamericanas.
La decisión de Estados Unidos frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar el nuevo "memorando de entendimiento" la semana pasada, en simultáneo con del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mexicano Luis Urrutia Corral.
La abortada firma del nuevo acuerdo de cooperación con la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) le hubiera permitido a Sbattella presentarle a Urrutia Corral una señal del "compromiso político" del gobierno nacional con la lucha contra el lavado. Pero no llegó a plasmarse.
Liderada por una funcionaria del Tesoro, la delegación que viajó desde Washington invocó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".
Febrero resultará clave para el sistema antilavado local. El GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado, mientras que la Fincen definirá si rubrica el memorando o lo posterga una vez más.
"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió a La Nacion un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha. Aunque en Buenos Aires confían en que el decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el nuevo memorando.
Seminario a medida
La firma se concretará, según un segundo funcionario argentino, antes del plenario del GAFI en París entre el 21 y 25 de febrero próximo, aunque sólo luego de que se cumplan algunos pasos previos. Entre otros, un "seminario sobre confidencialidad" que funcionarios norteamericanos ofrecerían en Buenos Aires.
El énfasis de la Fincen en el manejo confidencial de la información es deliberado, dado que la interrupción del flujo bilateral de inteligencia en julio de 2009 respondió a la filtración y utilización política de datos que había enviado a Buenos Aires a pedido de las autoridades locales.
El cortocircuito tuvo como protagonista involuntario al entonces candidato a diputado opositor por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez, mientras que al frente de la UIF se encontraba Rosa Falduto, una contadora que continúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La Fincen cortó de manera unilateral su colaboración cuando verificó que los datos, que requerían su autorización previa para enviarse de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron a través del diario Página 12 , lo que vulneró la confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción.
El traspié argentino cuenta con pocos antecedentes. En 2004, la Fincen también suspendió el flujo bilateral de información con México por una filtración política. Pero el intercambio se renegoció en una semana, mientras que en el incidente local la interrupción lleva ya 18 meses.
La filtración política de datos confidenciales también incluyó como presuntos protagonistas a laderos del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. En especial, a uno de sus más antiguos colaboradores, Fernando Villaverde, según declaró un ex subdirector general de la propia AFIP ante la Justicia y confirmaron tres funcionarios y empleados del organismo a La Nacion.
La salida de Falduto de la UIF y el arribo de Sbattella en febrero último no revirtieron la situación, aunque a fines de septiembre la Fincen envió a Buenos Aires a dos funcionarios, uno nacido en la Argentina y otro en América Central, para analizar la situación. Luego se redactó el borrador de un nuevo y más estricto entendimiento, pero no se firmó por decisión de Washington, que quiere evaluar la gestión de Sbattella y esperar las decisiones del GAFI.
En esa línea, la Fincen dio otro paso. Al igual que las autoridades de supervisión financiera de Alemania y del Reino Unido, recomendó a todos los bancos y demás entidades bajo su jurisdicción que tomen nota de la "seria preocupación" del GAFI sobre el país, lo que comenzó a aumentar el costo de ciertas transacciones.
La Nacion: Hugo Alconada Mon
La decisión de Estados Unidos frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar el nuevo "memorando de entendimiento" la semana pasada, en simultáneo con del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mexicano Luis Urrutia Corral.
La abortada firma del nuevo acuerdo de cooperación con la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) le hubiera permitido a Sbattella presentarle a Urrutia Corral una señal del "compromiso político" del gobierno nacional con la lucha contra el lavado. Pero no llegó a plasmarse.
Liderada por una funcionaria del Tesoro, la delegación que viajó desde Washington invocó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".
Febrero resultará clave para el sistema antilavado local. El GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado, mientras que la Fincen definirá si rubrica el memorando o lo posterga una vez más.
"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió a La Nacion un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha. Aunque en Buenos Aires confían en que el decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el nuevo memorando.
Seminario a medida
La firma se concretará, según un segundo funcionario argentino, antes del plenario del GAFI en París entre el 21 y 25 de febrero próximo, aunque sólo luego de que se cumplan algunos pasos previos. Entre otros, un "seminario sobre confidencialidad" que funcionarios norteamericanos ofrecerían en Buenos Aires.
El énfasis de la Fincen en el manejo confidencial de la información es deliberado, dado que la interrupción del flujo bilateral de inteligencia en julio de 2009 respondió a la filtración y utilización política de datos que había enviado a Buenos Aires a pedido de las autoridades locales.
El cortocircuito tuvo como protagonista involuntario al entonces candidato a diputado opositor por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez, mientras que al frente de la UIF se encontraba Rosa Falduto, una contadora que continúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La Fincen cortó de manera unilateral su colaboración cuando verificó que los datos, que requerían su autorización previa para enviarse de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron a través del diario Página 12 , lo que vulneró la confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción.
El traspié argentino cuenta con pocos antecedentes. En 2004, la Fincen también suspendió el flujo bilateral de información con México por una filtración política. Pero el intercambio se renegoció en una semana, mientras que en el incidente local la interrupción lleva ya 18 meses.
La filtración política de datos confidenciales también incluyó como presuntos protagonistas a laderos del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. En especial, a uno de sus más antiguos colaboradores, Fernando Villaverde, según declaró un ex subdirector general de la propia AFIP ante la Justicia y confirmaron tres funcionarios y empleados del organismo a La Nacion.
La salida de Falduto de la UIF y el arribo de Sbattella en febrero último no revirtieron la situación, aunque a fines de septiembre la Fincen envió a Buenos Aires a dos funcionarios, uno nacido en la Argentina y otro en América Central, para analizar la situación. Luego se redactó el borrador de un nuevo y más estricto entendimiento, pero no se firmó por decisión de Washington, que quiere evaluar la gestión de Sbattella y esperar las decisiones del GAFI.
En esa línea, la Fincen dio otro paso. Al igual que las autoridades de supervisión financiera de Alemania y del Reino Unido, recomendó a todos los bancos y demás entidades bajo su jurisdicción que tomen nota de la "seria preocupación" del GAFI sobre el país, lo que comenzó a aumentar el costo de ciertas transacciones.
La Nacion: Hugo Alconada Mon
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