ARGENTINA:Críticas al proyecto oficial contra el lavado de dinero

Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, la Unidad de Información Financiera (UIF), originalmente diseñada para perseguir el crimen organizado, podrá investigar a los ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP, y actuará como querellante en causas penales.
La iniciativa, que propone reformar el Código Penal y la ley contra lavado de dinero, ingresó la semana última en la Cámara de Diputados. Y si bien tiene algunos aspectos positivos, también parece abrir algunas puertas para que la UIF persiga fines políticos. "José Sbatella [el titular de la UIF] quiere meterse en todo", alertó un camarista penal.
En mayo último, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó a la Argentina porque no cumple con la mayoría de las 49 recomendaciones (R 40 + 9) que hizo ese organismo para perseguir el lavado de activos que provienen del narcotráfico y del financiamiento del terrorismo.
Sbatella, nombrado hace ocho meses en la UIF en medio de la fuerte sospecha de que llegaba para perseguir a algunas empresas -en una conferencia en la Escuela de Abogados del Estado se autodefinió como un cuadro político-técnico, según lo admitió a LA NACION-, intentó levantar el perfil del organismo. Y, en junio, se reunió en París con los expertos del GAFI para convencerlos de cambiar la calificación. Pero el informe final igualmente terminaría siendo desfavorable.
"Es una cuestión de Estado cumplir con el GAFI. En el proyecto hay algunas cosas que los legisladores querrán suprimir, pero es esencial aprobar la inclusión del autolavado como delito. No sólo se podrá castigar el lavado de dinero ilícito de terceros, sino también el lavado del propio dinero", dice Sbatella. El ministro de Justicia, Julio Alak, cree que "la oposición apoyará el proyecto".
Los puntos centrales son:
· Castiga tanto a quien lava dinero ajeno como propio. Francisco D´Albora, penalista experto en esta materia, dice que "incriminar el autolavado es un grave error conceptual, porque permite la doble persecución penal. Además, la ley no mejora la descripción del delito, seguirá siendo imposible obtener una condena".
· Se investigarán sólo operaciones superiores a $ 200.000 (actualmente, el monto es de $ 50.000).
· La UIF podrá investigar delitos tributarios de la ley 25.769, como la evasión simple y la fraudulenta.
Sbatella afirma que "la UIF sólo se focalizará en las operaciones que no se puedan justificar". Pero en algunas empresas creen que usará esa atribución para "perseguir a los empresarios que no son amigos del Gobierno". Por otra parte, parece redundante reconocer a la UIF una tarea que también ejercen la AFIP y la Justicia.
· El proyecto amplía el listado de los sujetos obligados a reportar a la UIF las operaciones sospechosas de encubrir un lavado de dinero: incluye a las inmobiliarias, a los vendedores de automóviles y de embarcaciones y, también, al Tribunal de Defensa de la Competencia -este organismo supervisa a telefónicas, medios de comunicación y otras grandes empresas, y cualquier reforma se vuelve sensible-.
· La UIF actuará como parte querellante en causas penales, una facultad que puede ser usada con fines políticos. Actualmente, las leyes autorizan a actuar como querellante a la AFIP, Aduana y el BCRA, y la UIF, cuando pretende hacerlo, invoca el decreto 2226/08.
El tema es delicado. El Gobierno le apunta al Grupo Clarín en dos causas judiciales, a partir de una declaración de Hernán Arbizu, ex gerente del JP Morgan, quien es investigado en la justicia de los Estados Unidos. Para evitar ser extraditado, Arbizu denunció que directores de ese grupo -y de otras muchas empresas- evadieron al fisco y, también, que manipularon el precio de las acciones.
Clarín rechazó esas acusaciones y explicó la operación, pero Sbatella insiste: en el caso donde se investiga la primera acusación, pidió ser tenido por querellante (algo que la Justicia le rechazó y ahora pretende lograr mediante la ley) y, en el segundo, lo denunció en la Justicia sin siquiera enviar una investigación previa al fiscal especial Raúl Plee.
"La función de la UIF es hacer una investigación y reportarla al fiscal, no ser querellante", dice un fiscal experto en estas causas. Y Félix Marteau, ex cordinador argentino ante el GAFI, afirma que "el proyecto no establece reglas para la actuación de la UIF y deja un amplio margen para la arbitrariedad".
Sbatella, en cambio, explica que "los jueces sólo persiguen el delito precedente, por ejemplo, un contrabando, pero no persiguen el lavado de esas ganancias. Nosotros queremos ser querellantes para lograr una condena".
LOS EJES
· En Diputados : el Poder Ejecutivo envió un proyecto para mostrarle al GAFI que tiene interés en mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Propone aumentar las penas, castigar también el autolavado e incluye nuevas técnicas de investigación, como las figuras del arrepentido, el agente encubierto y la entrega vigilada.
· Otras atribuciones : sin embargo, el proyecto incluye otras propuestas que generan mayor controversia. Juristas expertos, jueces y fiscales dicen que la atribución que establecerá la nueva ley para que la Unidad de Información Financiera actúe como querellante puede encubrir la intención de perseguir a algunas empresas y personas.
· Sbatella y Alak : el titular de la UIF y el ministro de Justicia niegan intencionalidad política al proyecto.
· Debate legislativo : el proyecto ingresó en la Comisión de Legislación Penal, en Diputados, y el Gobierno apuesta a aprobarlo antes de octubre.
Fuente: Adrián Ventura La Nacion

Argentina:"Son muy vagas las leyes sobre lavado" segun el especialita italiano Andrea Castaldo

"La Argentina debe cambiar de estrategia", advierte el profesor Andrea Castaldo, uno de los grandes expertos europeos en la lucha contra el lavado de activos. Las autoridades, señala, "deberían concentrarse sólo en el macro-fenómeno", lejos de la obsesión actual por las pesquisas burocráticas y más orientada "a la enorme recaudación del narcotráfico y del crimen organizado en general".
Castaldo sabe de lo que habla. Al frente del Observatorio Jurídico de Crímenes Económicos de la Universidad de Salerno, durante años investigó las estrategias normativas que aplican los países para contrarrestar el lavado y llegó a una conclusión sobre cómo se inserta en el Código Penal argentino. "La normativa es demasiado vaga", critica, aunque también sorprende: se opone al proyecto de penalizar el llamado "autolavado", como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Días antes de arribar a Buenos Aires, el italiano que se formó con el legendario jurista alemán Claus Roxin dialogó con LA NACION.
-En 2008, publicó un artículo muy crítico de la figura penal de lavado del Código Penal argentino. ¿Mantiene esa crítica?
-Mis críticas no sólo tienen vigencia, sino que quizá se han vuelto más evidentes. La normativa es demasiado vaga y no deja claro por qué el lavado de dinero es punible. ¿Es un delito que atenta contra la transparencia de los mercados? ¿Lesiona el patrimonio? ¿O atenta contra la administración de justicia, al impedir que se descubra el origen ilícito del dinero? Es imprescindible una mayor claridad.
-¿Cree que incorporar el "autolavado" al Código Penal, como reclama el GAFI, permitiría mejorar las investigaciones y obtener condenas penales?
-No estoy de acuerdo con la penalización del "autolavado", sobre todo porque esta solución no conduciría automáticamente a la investigación de más casos ni a un mayor número de condenas.
-¿Qué medidas sugiere para mejorar la lucha antilavado en el país?
-La Argentina debe cambiar de estrategia, y concentrarse exclusivamente en el macrofenómeno, con una línea de investigación orientada a la enorme recaudación del narcotráfico y del crimen organizado en general. Además, debería crear organismos de control del flujo ilícito del dinero que no tiene radicación territorial y no está centralizado a nivel nacional.
-Desde hace años, al abordar la "criminalidad organizada", usted destaca su naturaleza económica. ¿Cuál es el beneficio de encarar la criminalidad así?
-El crimen económico organizado es una realidad criminológica a nivel mundial. Cobró un aspecto completamente distinto del que tenía y comprendió hasta qué punto es esencial, desde el punto de vista estratégico, insertarse en el circuito económico-financiero, ya sea para "limpiar dinero sucio" o para obtener poder y consenso, y así generar dinero lícito. El crimen organizado saca provecho de su propio know how delictivo, acrecienta cada vez más su poder, corrompe la economía sana y trastorna el mercado basado en la competencia leal.
Fuente: La Nacion Alconada Mon