Los controles de la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo que fiscaliza operaciones de lavado de dinero, llegaron también a los aeropuertos cuando este fin de semana los inspectores se apersonaron para verificar las tenencias de divisas de los pasajeros. De esta forma el Gobierno intensifica el cerco no sólo sobre las transacciones dudosas sino también sobre las «puertas de salida» formales del país; en momentos en que la fuga de capitales sigue a buen ritmo.
Días atrás se extendieron los controles sobre el mercado cambiario y financiero y esto derivó en una suba de las cotizaciones de los dólares utilizados para evitar los circuitos institucionales, como el «contado con liquidación» (triangulación entre bonos y divisas) y el dólar blue o informal que han llegado a niveles de $ 4,24cuando el tipo de cambio se opera a $ 4,04 a nivel minorista.
Según fuentes oficiales de la UIF, que conduce José Sbattella, a cargo de la coordinación nacional del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizó un operativo de «control de transporte físico de dinero y títulos de valor», en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El objetivo fue recolectar toda la información relacionada con las modalidades de transporte y los mecanismos de ocultamiento de dinero, a los efectos de desarrollar un trabajo sobre tipologías en la materia. El operativo se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Aeropuerto el Plumerillo de la ciudad de Mendoza y el Aeropuerto Ingeniero Taravella de la ciudad de Córdoba. Las fuentes señalaron que «los documentos que se controlaron fueron dinero y títulos valor o valores al portador (acciones, bonos, vales vista, otros)». Cabe señalar que el operativo forma parte de un programa de tareas similares que comenzarán a realizarse en forma sistemática entre la UIF y las Fuerzas de Seguridad del país.
En el Aeropuerto de Ezeiza, con motivo del control sobre los pasajeros próximos a embarcar se detectó transporte de divisas en presunta infracción a la normativa vigente por un monto de más de 53.000 euros y 76.000 dólares.
En virtud de los acontecimientos detectados por supervisores de la Unidad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se dio intervención al juez Ezequiel Verón de Astrada, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos quedaron caratulados como «averiguación de contrabando de divisas» y los causantes fueron imputados, pero no quedaron detenidos y se los citó a comparecer en sede judicial en audiencia indagatoria. Las actuaciones sumarias fueron remitidas junto con documentación y el secuestro de divisas.
Fuente: Ambito Financiero
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lunes, 21 de marzo de 2011
martes, 15 de febrero de 2011
Argentina: oficializan mayores controles en inmuebles y comercio exterior
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso los procedimientos para evitar el lavado de dinero en las importaciones y exportaciones, y sobre las operaciones de compra y venta de inmuebles.
Los registros de propiedad inmuebles deberán implementar políticas activas de prevención de uso de dinero de origen ilícito, capacitar al personal y designar un oficial que mantendrá el contacto directo con la UIF.
Entre los ítems a tener en cuenta para catalogar una operación de compra-venta de inmuebles como sospechosa la UIF menciona “las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos años cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30%”.
También “la multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica, dentro del plazo de un año” es otro indicador previsto por la UIF en la resolución 41 publicada hoy en el Boletín Oficial.
También, “la multiplicidad de nombres, Documento Nacional de Identidad, Clave Unica de Identificación Tributaria o Laboral, Cédula de Identidad o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de la misma persona”, así como la “coincidencia” de nombres o de números de los documentos de identificación antedichos.
En cuanto a las operaciones de importación y exportación, la UIF determinó los procedimientos de prevención que deben implementar los despachantes de aduanas, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, según la resolución 39.
Al igual que como la UIF definió para otros sectores de la actividad económica, los operadores de comercio exterior deberán “reforzar el procedimiento de identificación del cliente” cuando se sospeche que sean empresas pantalla, fideicomisos y en transacciones a distancia.
Esto es especialmente en operaciones y relaciones comerciales realizadas “con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI).
El Cronista
Los registros de propiedad inmuebles deberán implementar políticas activas de prevención de uso de dinero de origen ilícito, capacitar al personal y designar un oficial que mantendrá el contacto directo con la UIF.
Entre los ítems a tener en cuenta para catalogar una operación de compra-venta de inmuebles como sospechosa la UIF menciona “las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos años cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30%”.
También “la multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica, dentro del plazo de un año” es otro indicador previsto por la UIF en la resolución 41 publicada hoy en el Boletín Oficial.
También, “la multiplicidad de nombres, Documento Nacional de Identidad, Clave Unica de Identificación Tributaria o Laboral, Cédula de Identidad o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de la misma persona”, así como la “coincidencia” de nombres o de números de los documentos de identificación antedichos.
En cuanto a las operaciones de importación y exportación, la UIF determinó los procedimientos de prevención que deben implementar los despachantes de aduanas, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, según la resolución 39.
Al igual que como la UIF definió para otros sectores de la actividad económica, los operadores de comercio exterior deberán “reforzar el procedimiento de identificación del cliente” cuando se sospeche que sean empresas pantalla, fideicomisos y en transacciones a distancia.
Esto es especialmente en operaciones y relaciones comerciales realizadas “con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI).
El Cronista
viernes, 11 de febrero de 2011
ARGENTINA:para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución
El Gobierno terminará de publicar en estos días una batería de resoluciones para investigar el lavado de dinero que afectan a los bancos, las empresas que cotizan en Bolsa y distintos organismos públicos, entre otros. Así espera evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado instó al Ejecutivo a adecuar su normativa antilavado en 100 días, hasta el 23 del actual. Pero los cambios de fondo que pide el GAFI chocan con la letra de la Constitución Nacional.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA
martes, 8 de febrero de 2011
ARGENTINA: Lavado de dinero, controlarán los operaciones de capitalización y ahorro
En otra de las medidas implementadas en los últimos días, la Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones iguales o superiores a los 40.000 pesos
La resolución 34 publicada hoy en el Boletín Oficial enumera la variedad de políticas de control que deberán implementar las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente.
Las sociedades deberán exigir a sus clientes la documentación que respalde el origen de los fondos cuando se realicen cesiones de un contrato de ahorro o título de "capitalización vigente" o "renunciado rescindido" y cancelaciones anticipadas de un contrato de ahorro, que involucren 40.000 pesos o más.
También cuando se realice un "cambio de modelo del bien suscripto por un modelo cuyo valor sea mayor a un 50% del valor del bien suscripto al momento del cambio", y una licitación con dinero en efectivo de un contrato de ahorro, que involucren cifras de 40.000 pesos o superiores.
iprofesional
La resolución 34 publicada hoy en el Boletín Oficial enumera la variedad de políticas de control que deberán implementar las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente.
Las sociedades deberán exigir a sus clientes la documentación que respalde el origen de los fondos cuando se realicen cesiones de un contrato de ahorro o título de "capitalización vigente" o "renunciado rescindido" y cancelaciones anticipadas de un contrato de ahorro, que involucren 40.000 pesos o más.
También cuando se realice un "cambio de modelo del bien suscripto por un modelo cuyo valor sea mayor a un 50% del valor del bien suscripto al momento del cambio", y una licitación con dinero en efectivo de un contrato de ahorro, que involucren cifras de 40.000 pesos o superiores.
iprofesional
martes, 1 de febrero de 2011
ARGENTINA: La UIF reglamento los requisitos a cumplir por aquellas Personas Juridicas que reciban donaciones
EXIGEN RESPALDO DOCUMENTAL SOBRE LICITUD DE FONDOS FRENTE A DONACIONES QUE EXCEDAN LOS 200.000 PESOS
La Resolución 30/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada hoy en el
Boletín Oficial de la República Argentina, establece las medidas y procedimientos que deben cumplir las personas jurídicas al recibir donaciones o aportes de terceros por montos que excedan los 50.000 pesos, a los fines de prevenir la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT).
De acuerdo con el artículo 20 de la ley 25.246, las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los 50.000 pesos, ya sea en efectivo o en bienes, en un único acto o de manera fragmentada, dentro de un plazo de 30 días, deben observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado, a través de la UIF, transacciones sospechosas. La medida alcanza también a las sociedades en formación.
Si los montos involucrados superan los 100.000 pesos, se deberá presentar una
declaración jurada que de cuenta de la licitud de los fondos, y cuando excedan los 200.000 pesos, a ese documento deberá anexarse la documentación respaldatoria que corresponda.
Mediante la Resolución 30/ 2011, la UIF derogó la Resolución 228/2009, sobre los
procedimientos antilavado atinentes a las donaciones; ambas normas son similares pero la nueva disposición fue elaborada con los estándares que guían las más de veinte resoluciones con las que el organismo que preside José Sbattella actualizó la normativa que deberán cumplir, desde el 1 de abril próximo, todos los sectores a los que concierne la prevención del LA y el FT.
Cuando existan indicios sobre una donación sospechosa, deberá presentarse el reporte
(ROS) a la UIF en el término perentorio de 30 días, y ese plazo se reducirá a sólo 48 horas si se presume la comisión de maniobras vinculadas con actos de terrorismo.
La Resolución 30/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada hoy en el
Boletín Oficial de la República Argentina, establece las medidas y procedimientos que deben cumplir las personas jurídicas al recibir donaciones o aportes de terceros por montos que excedan los 50.000 pesos, a los fines de prevenir la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT).
De acuerdo con el artículo 20 de la ley 25.246, las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los 50.000 pesos, ya sea en efectivo o en bienes, en un único acto o de manera fragmentada, dentro de un plazo de 30 días, deben observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado, a través de la UIF, transacciones sospechosas. La medida alcanza también a las sociedades en formación.
Si los montos involucrados superan los 100.000 pesos, se deberá presentar una
declaración jurada que de cuenta de la licitud de los fondos, y cuando excedan los 200.000 pesos, a ese documento deberá anexarse la documentación respaldatoria que corresponda.
Mediante la Resolución 30/ 2011, la UIF derogó la Resolución 228/2009, sobre los
procedimientos antilavado atinentes a las donaciones; ambas normas son similares pero la nueva disposición fue elaborada con los estándares que guían las más de veinte resoluciones con las que el organismo que preside José Sbattella actualizó la normativa que deberán cumplir, desde el 1 de abril próximo, todos los sectores a los que concierne la prevención del LA y el FT.
Cuando existan indicios sobre una donación sospechosa, deberá presentarse el reporte
(ROS) a la UIF en el término perentorio de 30 días, y ese plazo se reducirá a sólo 48 horas si se presume la comisión de maniobras vinculadas con actos de terrorismo.
sábado, 12 de junio de 2010
Argentina: El GAFI cuestionó la falta de autonomía del Banco Central
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó la falta de autonomía del Banco Central como un síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero. El comentario forma parte de la evaluación de este grupo internacional, diseñado por los países industrializados para declarar una guerra abierta al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo producto del narcotráfico y el secuestro, entre otras actividades ilícitas. El GAFI, del que la Argentina forma parte, monitorea la conducta de los países.
Por la cantidad de premisas que incumple, el gobierno argentino está cerca de caer en la "lista gris" del GAFI, junto con Bolivia y Paraguay, entre otros países, que encarecerá el crédito y la operatoria general del sistema financiero local. El siguiente paso, si no hay mejoras, es ubicarse en la "lista negra", en la que figuran Ecuador e Irán.
El informe resulta categórico respecto de las críticas por la falta de mecanismos institucionales y fuertes sospechas de corrupción oficial, según pudo saber LA NACION. Y aunque antes el Banco Central se sentía cómodo por su tarea para mitigar el lavado, el GAFI subrayó que el despido de Martín Redrado, a raíz de la decisión del Gobierno de usar reservas para pagar deuda, es un elemento de preocupación. La cuestión está mencionada dentro de las fallas de los organismos dependientes del Ejecutivo.
Además del Banco Central, se coloca en ese capítulo a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su falta de recursos, su inacción y la inconsistencia en las pruebas aportadas a la Justicia.
Los evaluadores creen que el ingreso de José Sbatella resucitó a este organismo, pero se mostraron preocupados por el énfasis colocado en las investigaciones sobre algunas empresas enfrentadas con el Gobierno, como son el caso del grupo Clarín y los accionistas italianos de Telecom. Hasta ahora, parecía que el Banco Central podía salir indemne de esta categórica evaluación que se discutirá a fin de mes en París, cara a cara con funcionarios argentinos. LA NACION consultó al Banco Central, pero no recibió respuestas sobre el tema.
Habrá representantes de varias dependencias oficiales, aunque no se sabe qué pasará con el Ministerio de Economía, ya que el encargado del tema, Juan Guiñazú (jefe de asesores del ministro Amado Boudou), fue desplazado a la Anses.
Esa cumbre será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo se defienda antes del plenario del GAFI de octubre, en el que se podría colocar a la Argentina en la lista gris.
Expertos indicaron que "es altamente probable" que se dé este castigo y advirtieron que, si luego el Gobierno no manifiesta explícitamente su compromiso para mejorar la situación, caerá a la "lista negra" a la que Ecuador ingresó este año. "Técnicamente es casi imposible que eluda una reprobación del GAFI porque el Gobierno incumple con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre un total de 49", precisaron. La mayoría de las recomendaciones incumplidas se relacionan con cuestiones de implementación más que normativas, aunque también hay críticas a la falta de tipificación de algunos delitos.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo un significado político relevante -sobre todo porque la Argentina sería el primer país del Grupo de los 20 ubicado en la lista gris-, sino también económico, porque dificultará la operatoria de los bancos locales en los Estados Unidos.
La única esperanza que albergan los funcionarios argentinos es que el gobierno de Estados Unidos aplaque las críticas contra la Argentina para seguir recibiendo, a cambio, cooperación en la lucha contra el terrorismo, sobre todo mientras Brasil se aleja de las posiciones de Washington.
La Argentina mantuvo una estrategia alineada con Estados Unidos en materia de lucha contra el lavado y, aunque los sucesivos gobiernos norteamericanos han reclamado medidas más duras, buscan preservar la buena relación bilateral, frente a la hostilidad que enfrentan en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y, en menor medida, desde Brasil.
El año pasado, el entonces ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, fue al plenario del GAFI en París antes de que comenzara la evaluación. Su intervención permitió aplacar los cuestionamientos hasta que se desarrollara este examen, que, con un año de demora, se concretó en 2009.
Ahora será el turno de saber si los deberes se hicieron bien o no.
BAJO ANALISIS
· Críticas: el GAFI cuestionó la falta de autonomía como síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero.
· Lista gris: el Gobierno está cerca de caer en uno de los grupos de naciones criticadas, junto con Bolivia y Paraguay, lo que encarecerá el crédito y la operatoria del sistema financiero local.
· Lista negra : la inclusión en ese sector es el paso que seguiría si no hay un compromiso para mejorar la situación. En esta lista, están Ecuador e Irán.
· Cumbre en París : habrá una reunión a fin de mes; será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo pueda defenderse antes del plenario del GAFI de octubre.
Por la cantidad de premisas que incumple, el gobierno argentino está cerca de caer en la "lista gris" del GAFI, junto con Bolivia y Paraguay, entre otros países, que encarecerá el crédito y la operatoria general del sistema financiero local. El siguiente paso, si no hay mejoras, es ubicarse en la "lista negra", en la que figuran Ecuador e Irán.
El informe resulta categórico respecto de las críticas por la falta de mecanismos institucionales y fuertes sospechas de corrupción oficial, según pudo saber LA NACION. Y aunque antes el Banco Central se sentía cómodo por su tarea para mitigar el lavado, el GAFI subrayó que el despido de Martín Redrado, a raíz de la decisión del Gobierno de usar reservas para pagar deuda, es un elemento de preocupación. La cuestión está mencionada dentro de las fallas de los organismos dependientes del Ejecutivo.
Además del Banco Central, se coloca en ese capítulo a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su falta de recursos, su inacción y la inconsistencia en las pruebas aportadas a la Justicia.
Los evaluadores creen que el ingreso de José Sbatella resucitó a este organismo, pero se mostraron preocupados por el énfasis colocado en las investigaciones sobre algunas empresas enfrentadas con el Gobierno, como son el caso del grupo Clarín y los accionistas italianos de Telecom. Hasta ahora, parecía que el Banco Central podía salir indemne de esta categórica evaluación que se discutirá a fin de mes en París, cara a cara con funcionarios argentinos. LA NACION consultó al Banco Central, pero no recibió respuestas sobre el tema.
Habrá representantes de varias dependencias oficiales, aunque no se sabe qué pasará con el Ministerio de Economía, ya que el encargado del tema, Juan Guiñazú (jefe de asesores del ministro Amado Boudou), fue desplazado a la Anses.
Esa cumbre será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo se defienda antes del plenario del GAFI de octubre, en el que se podría colocar a la Argentina en la lista gris.
Expertos indicaron que "es altamente probable" que se dé este castigo y advirtieron que, si luego el Gobierno no manifiesta explícitamente su compromiso para mejorar la situación, caerá a la "lista negra" a la que Ecuador ingresó este año. "Técnicamente es casi imposible que eluda una reprobación del GAFI porque el Gobierno incumple con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre un total de 49", precisaron. La mayoría de las recomendaciones incumplidas se relacionan con cuestiones de implementación más que normativas, aunque también hay críticas a la falta de tipificación de algunos delitos.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo un significado político relevante -sobre todo porque la Argentina sería el primer país del Grupo de los 20 ubicado en la lista gris-, sino también económico, porque dificultará la operatoria de los bancos locales en los Estados Unidos.
La única esperanza que albergan los funcionarios argentinos es que el gobierno de Estados Unidos aplaque las críticas contra la Argentina para seguir recibiendo, a cambio, cooperación en la lucha contra el terrorismo, sobre todo mientras Brasil se aleja de las posiciones de Washington.
La Argentina mantuvo una estrategia alineada con Estados Unidos en materia de lucha contra el lavado y, aunque los sucesivos gobiernos norteamericanos han reclamado medidas más duras, buscan preservar la buena relación bilateral, frente a la hostilidad que enfrentan en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y, en menor medida, desde Brasil.
El año pasado, el entonces ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, fue al plenario del GAFI en París antes de que comenzara la evaluación. Su intervención permitió aplacar los cuestionamientos hasta que se desarrollara este examen, que, con un año de demora, se concretó en 2009.
Ahora será el turno de saber si los deberes se hicieron bien o no.
BAJO ANALISIS
· Críticas: el GAFI cuestionó la falta de autonomía como síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero.
· Lista gris: el Gobierno está cerca de caer en uno de los grupos de naciones criticadas, junto con Bolivia y Paraguay, lo que encarecerá el crédito y la operatoria del sistema financiero local.
· Lista negra : la inclusión en ese sector es el paso que seguiría si no hay un compromiso para mejorar la situación. En esta lista, están Ecuador e Irán.
· Cumbre en París : habrá una reunión a fin de mes; será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo pueda defenderse antes del plenario del GAFI de octubre.
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