El caso Milagro Sala: una mirada desde las normas sobre prevención del lavado de activos

Por Dr. Sergio Goldenberg   ww.prevenciodelavado.com
 El autor analiza la causa de la líder social jujeña, acusada de lavado de dinero y advierte, entre otros puntos, que varios son los sujetos obligados que podrían haber tenido participación en la etapa preventiva. 

La Detención de Milagro Sala en Jujuy, como consecuencia del acampe iniciado en diciembre pasado frente a la Casa de Gobierno de la provincia, bajo imputaciones de "instigación a cometer delito, obstrucción al transporte público y tumulto" desató múltiples expresiones a favor y en contra acerca de la legalidad de este procedimiento. Actualmente acusada de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión. ¿Hecho político o judicial?

No vamos a realizar en este artículo un análisis político ni jurídico de los hechos ocurridos sobre el tema ya que no es el objetivo de esta columna; no obstante, se ha publicado en diversos medios periodísticos alguna información que nos llamó la atención por sus puntos de contacto con los controles que rigen en materia de prevención de lavado de activos.
Por ejemplo, se dio a conocer la adquisición en diciembre del 2012 por parte de Milagro Sala de un auto importado Smart modelo fortwo descapotable, cuya valuación ronda entre USD 25.000 y USD 28.000, hasta aquí, quizás no encontremos situaciones llamativas más allá de apreciaciones subjetivas que uno pueda forjarse sobre la adquisición de un auto importados de lujo por parte de un dirigente social, etc. etc. lo cual no deja de ser materia opinable.
Ahora, lo que sí nos interesa, es intentar una mirada desde la óptica del sistema de control en materia de prevención de lavado de dinero. Les propongo dejar volar la imaginación y que pensemos en la siguiente escena, (aclaramos que se trata de una escena de ficción), un sujeto obligado solicita información a un cliente sobre el origen de los fondos y como respuesta recibe que "es mentira que el cliente haya comprado un auto" o por ejemplo que "haya realizado una inversión en plazo fijo, o en títulos valores, etc.", aquí el oficial de cumplimiento se pregunta cómo que es mentira si el cliente es el titular de la operación, y recibe como explicación que "un grupo de doce personas decidió hacerle un regalo a nuestro cliente" y adelantándose a cualquier pregunta sobre la identidad de las personas tan bondadosas por un gesto así, agrega "¿por qué carajo interesa quienes son las doce personas? ¿Quiénes son las personas que visitan tu casa día por día?", mis queridos lectores si bien la escena planteada es de ficción no lo es la respuesta mencionada, ya que esa es la explicación que diera Pedro Noro, marido de Milagro Sala, en un reportaje a la radio La Red.
Si agregamos que el cliente es una persona expuesta políticamente (PEP) ya que fue diputada provincial en la legislatura jujeña por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy desde diciembre del 2013 y maneja fondos provenientes del Estado, lo que amerita aplicar la debida diligencia reforzada, no dudo que muchos oficiales de cumplimiento se sentirían impulsados a elevar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera, habida cuenta del carácter inusual de la transacción, o sea, una PEP que declara que el origen de los fondos proviene de regalos de personas no identificadas.
Otra información que nos ha llamado la atención es el manejo de fondos en efectivo que ha surgido del informe de la Auditoria General de la Nación.
Antes de avanzar, debemos recordar que existe una normativa emitida por el Banco Central relacionada a los controles preventivos en materia de lavado de dinero para las entidades financieras que dice "No deberán abonarse por ventanilla cheques -comunes o de pago diferido- extendidos al portador o a favor de una persona determinada, por importes superiores a $ 50.000".
Asimismo, la norma agrega que "corresponderá arbitrar los recaudos que se consideren necesarios tendientes a prevenir que mediante reiterados retiros, por importes que no alcancen el nivel determinado o sea los $50.000, resulte soslayada la limitación establecida".
Es decir que las entidades financieras deben controlar que los clientes no procedan a incumplir la normativa instrumentando las extracciones en múltiples transacciones por debajo de los $50.000.
El auditor Alejandro Nieva de la Auditoria General de la Nación analizó cómo ejecutaba la organización de Milagro Sala los fondos recibidos para la construcción de viviendas recibidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat del Ministerio de Obras Públicas para cooperativas de desocupados.
Entre varias observaciones, rescatamos la relacionada al manejo en efectivo y que se relaciona en  cómo se sacaba el dinero para evitar la bancarización. Alejandro Nieva manifestó los siguiente: "Se adjudicaban las obras a muchas cooperativas, gran cantidad, con los nombres más diversos, siempre con el logo de la Tupac Amaru. Luego esas cooperativas entregaban un poder, en algunos casos ni siquiera eso, para que una sola persona cobre por todas esas cooperativas. Se subdividían en muchos cheques de 50.000 pesos para llegar a la cifra que se retiraba del mostrador de los bancos", "Con la auditoría de corte detectamos que el 9 de diciembre se sacaron 29 millones de pesos con este mecanismo".
A la luz de lo informado por la Auditoria General de la Nación, surgiría que la normativa del B.C.R.A. no habría sido cumplida con eficacia y la modalidad operativa implementada sería al menos considerable como indicio para elevar algún reporte a la Unidad de Información Financiera por parte de los sujetos obligados.
Otro dato llamativo es que la mayoría de las cooperativas tenía domicilio en la calle Alvear 1142, sede de la organización barrial Tupac Amaru que lidera Milagro Sala. No podemos soslayar que dentro del marco normativo en materia de prevención de lavado de activos, focalizado a la confección de reportes de operaciones sospechosas, una de las situaciones que deberá ser especialmente valorada es cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas personas físicas revistan el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal para ello.
Claro está que consideramos que todo esto debería ser materia de investigación en la justicia y lejos estamos de emitir juicio de valor sobre la información comentada. No obstante, podremos preguntarnos qué rol pudo haber cumplido el sistema de prevención en su conjunto y si su funcionamiento pudo resultar eficaz frente a casos como el que hoy nos ocupa, donde probablemente puedan surgir más elementos que deban ser investigados.
También podemos observar que varios son los sujetos obligados que podrían haber tenido participación en la etapa preventiva en casos como los descriptos, como por ejemplo: bancos, personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, registro  automotor, y si se incluye el tema de las propiedades ampliamos la lista con: registro de la propiedad inmueble, escribanos, AFIP y como hemos visto en los ejemplos desarrollados, existen controles y procedimientos que deberían haberse puesto en funcionamiento.
Finalmente, si asumimos que el primer nivel de control funcionó conforme a la normativa vigente, por ejemplo, mediante el reporte de operaciones sospechosas, quedaría por evaluarse el nivel de participación que le toco a la gestión anterior de la Unidad de Información Financiera como el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos.
Recientemente trascendió en medios periodísticos que en los próximos días, "llegará a la Unidad de Información Financiera (UIF) un pedido de informes remitido desde organismos oficiales de Jujuy para que se indague sobre presuntos reportes de operaciones sospechosas realizadas por cooperativas que dependían directamente de Milagro Sala".
Creemos que si bien la Justicia será la que nos brinde una respuesta sobre los hechos a investigarse, podríamos también, como quien participa en un juego de rol, pensar como hubiéramos actuado en el sillón de un oficial de cumplimiento frente a casos como el comentado.

Fuente: WWW.PREVENCIONDELAVADO.COM

ARGENTINA; La UIF modifico la reglamentacion que debe cumplir el Banco Central por prevencion de lavado de dinero y financiacion del terrorismo

La Unidad de Información Financiera reglamentó las medidas que deberán observar la entidad financiera para detectar y reportar operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
A través de la resolución 12/2011, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de José Sbattella, reglamentó los plazos que tendrá el Central para informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Así, según la normativa, los topes máximos serán los siguientes:
• Para los hechos u operaciones sospechosas provenientes del Lavado de Activos será de 30 días a partir de la detección de la operación.
• Para reportar hechos u operaciones sospechosas provenientes de la Financiación del Terrorismo será de 48 horas a partir de la detección de la operación, habilitándose días y horas inhábiles a tal efecto.
Las nuevas medidas tienen por objeto evitar que las entidades mantengan relaciones comerciales con clientes cuando detecten irregularidades en la aplicación de las políticas de identificación, recabar información sobre operaciones sospechosas y regular las medidas que deberán adoptar las entidades sobre la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otras.

Argentina: El GAFI cuestionó la falta de autonomía del Banco Central

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó la falta de autonomía del Banco Central como un síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero. El comentario forma parte de la evaluación de este grupo internacional, diseñado por los países industrializados para declarar una guerra abierta al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo producto del narcotráfico y el secuestro, entre otras actividades ilícitas. El GAFI, del que la Argentina forma parte, monitorea la conducta de los países.
Por la cantidad de premisas que incumple, el gobierno argentino está cerca de caer en la "lista gris" del GAFI, junto con Bolivia y Paraguay, entre otros países, que encarecerá el crédito y la operatoria general del sistema financiero local. El siguiente paso, si no hay mejoras, es ubicarse en la "lista negra", en la que figuran Ecuador e Irán.
El informe resulta categórico respecto de las críticas por la falta de mecanismos institucionales y fuertes sospechas de corrupción oficial, según pudo saber LA NACION. Y aunque antes el Banco Central se sentía cómodo por su tarea para mitigar el lavado, el GAFI subrayó que el despido de Martín Redrado, a raíz de la decisión del Gobierno de usar reservas para pagar deuda, es un elemento de preocupación. La cuestión está mencionada dentro de las fallas de los organismos dependientes del Ejecutivo.
Además del Banco Central, se coloca en ese capítulo a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su falta de recursos, su inacción y la inconsistencia en las pruebas aportadas a la Justicia.
Los evaluadores creen que el ingreso de José Sbatella resucitó a este organismo, pero se mostraron preocupados por el énfasis colocado en las investigaciones sobre algunas empresas enfrentadas con el Gobierno, como son el caso del grupo Clarín y los accionistas italianos de Telecom. Hasta ahora, parecía que el Banco Central podía salir indemne de esta categórica evaluación que se discutirá a fin de mes en París, cara a cara con funcionarios argentinos. LA NACION consultó al Banco Central, pero no recibió respuestas sobre el tema.
Habrá representantes de varias dependencias oficiales, aunque no se sabe qué pasará con el Ministerio de Economía, ya que el encargado del tema, Juan Guiñazú (jefe de asesores del ministro Amado Boudou), fue desplazado a la Anses.
Esa cumbre será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo se defienda antes del plenario del GAFI de octubre, en el que se podría colocar a la Argentina en la lista gris.
Expertos indicaron que "es altamente probable" que se dé este castigo y advirtieron que, si luego el Gobierno no manifiesta explícitamente su compromiso para mejorar la situación, caerá a la "lista negra" a la que Ecuador ingresó este año. "Técnicamente es casi imposible que eluda una reprobación del GAFI porque el Gobierno incumple con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre un total de 49", precisaron. La mayoría de las recomendaciones incumplidas se relacionan con cuestiones de implementación más que normativas, aunque también hay críticas a la falta de tipificación de algunos delitos.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo un significado político relevante -sobre todo porque la Argentina sería el primer país del Grupo de los 20 ubicado en la lista gris-, sino también económico, porque dificultará la operatoria de los bancos locales en los Estados Unidos.
La única esperanza que albergan los funcionarios argentinos es que el gobierno de Estados Unidos aplaque las críticas contra la Argentina para seguir recibiendo, a cambio, cooperación en la lucha contra el terrorismo, sobre todo mientras Brasil se aleja de las posiciones de Washington.
La Argentina mantuvo una estrategia alineada con Estados Unidos en materia de lucha contra el lavado y, aunque los sucesivos gobiernos norteamericanos han reclamado medidas más duras, buscan preservar la buena relación bilateral, frente a la hostilidad que enfrentan en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y, en menor medida, desde Brasil.
El año pasado, el entonces ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, fue al plenario del GAFI en París antes de que comenzara la evaluación. Su intervención permitió aplacar los cuestionamientos hasta que se desarrollara este examen, que, con un año de demora, se concretó en 2009.
Ahora será el turno de saber si los deberes se hicieron bien o no.
BAJO ANALISIS
· Críticas: el GAFI cuestionó la falta de autonomía como síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero.
· Lista gris: el Gobierno está cerca de caer en uno de los grupos de naciones criticadas, junto con Bolivia y Paraguay, lo que encarecerá el crédito y la operatoria del sistema financiero local.
· Lista negra : la inclusión en ese sector es el paso que seguiría si no hay un compromiso para mejorar la situación. En esta lista, están Ecuador e Irán.
· Cumbre en París : habrá una reunión a fin de mes; será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo pueda defenderse antes del plenario del GAFI de octubre.

ARGENTINA:EL BANCO CENTRAL ENDURECIO LAS NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO BANCARIO

Los bancos, a rienda corta

Para evitar crisis sistémicas del sistema bancario, como la que ocurrió en Estados Unidos luego del estallido de las subprime, el Banco Central fijó parámetros más estrictos para el funcionamiento de las entidades financieras.

Para evitar futuros contagios de la crisis sistémica que evidenciaron los bancos en Estados Unidos y algunos países de Europa, el Banco Central endureció la normativa para la gestión del riesgo operacional de las entidades locales. El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para que los bancos que operan en el país presenten al Central un informe con la composición de sus carteras y el nuevo modelo de administración de riesgo que utilizan. Los bancos tuvieron tiempo hasta el año pasado para implementar algunos de los modelos considerados de “buenas prácticas internacionales”, según detalla la normativa publicada por la autoridad monetaria. Deberán además acreditar una correcta disciplina integral en la materia, separada de las restantes actividades de riesgo. Los controles serán más estrictos cuanto mayores sean las dimensiones de las entidades y de la complejidad de sus operatorias.

Los coletazos de la crisis financiera internacional obligaron al Central a fijar una serie de normas para blindar al sistema financiero local. Es así que, junto con el modelo de supervisión bancaria, la autoridad monetaria dispuso el diseño de estándares mínimos para una “sana gestión”, denominado Sistema de Gestión de Riesgos Operacionales (SGRO). Las entidades deberán evaluar su vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos adversos, para así comprender mejor su perfil de riesgo operacional y, en su caso, adoptar las medidas correctivas de las políticas que sean pertinentes. Así lo definía la comunicación publicada en abril de 2008.

De acuerdo con esa normativa, el 1º de enero de este año las entidades financieras del mercado local debían tener en pleno funcionamiento sus modelos de gestión del riesgo operacional. En 2008 los bancos establecieron una política de cómo iban a gestionar los riesgos, cuál sería el procedimiento que aplicarían, y definieron una estructura, un modelo y las herramientas a utilizar. El 31 de agosto de 2009 esa metodología fue aplicada en todos los procesos críticos de las entidades. El 31 de diciembre alcanzó a las actividades restantes. Fuentes de las asociaciones que agrupan a los bancos locales aseguraron a Cash que se está cumpliendo con los plazos establecidos.

Finalmente, a partir del mes pasado deben informar en forma trimestral las pérdidas, clasificadas por tipo de riesgo y líneas de negocios. De esta manera, el 31 de marzo próximo la autoridad monetaria estará en condiciones de constatar si las entidades están teniendo pérdidas por riesgo operacional y el motivo de esos rojos.

La medida busca evitar que el exceso de liquidez que actualmente tienen los bancos sea dilapidado en colocaciones especulativas, mientras que es muy poco lo que hoy vuelcan al sector productivo. “El sistema se encuentra en una situación claramente favorable en términos de solvencia y liquidez, y se observa una importante expansión del crédito al sector privado, fondeado fundamentalmente con depósitos privados”, según detalla un informe sobre bancos del organismo monetario. La iniciativa pretende, según asegura, que se mantenga “la tendencia sostenida en el crecimiento de los niveles de intermediación”.

Los lineamientos del SGRO definen en primer lugar que debe identificarse si el riesgo de pérdidas es resultante de la falta de adecuación o a fallas en los procesos internos, la actuación del personal o de sistemas, o bien que sean producto de shocks externos. Luego se realiza una evaluación, un seguimiento, un control y una mitigación de esos riesgos. Por último, se establece un conjunto de políticas, de procedimientos y de estructuras para evitar nuevos eventos. El Central estableció siete tipos de situaciones que generan pérdidas operacionales, de acuerdo con el criterio internacional usual: fraude interno y externo, relaciones laborales, prácticas desleales con los clientes, daños a activos, errores en los procesos y fallas en la administración de datos.

El Central consideró además necesario que exista una “Unidad de Riesgo Operacional” según el tamaño de cada banco, la naturaleza y la complejidad de sus productos y procesos, y la magnitud de sus operaciones. Esta idea permitirá reducir el costo operacional de los bancos, por lo que cabría esperar que ese mayor margen de ganancia permita redireccionar la liquidez a la actividad productiva.

Fuente: Pagina 12 Por Cristian Carrillo