La Argentina muestra un "fuerte compromiso" político para reformar su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos. Pero no se pone de acuerdo sobre cómo hacerlo con "acciones concretas". Peor aún, algunos funcionarios -del Ejecutivo o del Legislativo- tienen "poco conocimiento de las fuentes de lavado y financiación del terrorismo".
Quien así lo sostiene es el presidente del principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el mexicano Luis Urrutia, según consta en el "reporte de la misión de alto nivel" que viajó a la Argentina a mediados de diciembre, y cuya copia obtuvo LA NACION.
El reporte se distribuyó en París entre las delegaciones que desde anteayer participan en el plenario del GAFI, que hoy debatirá la situación argentina, tras la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, y del titular de la unidad antilavado local, José Sbattella.
El plenario del GAFI podría reforzar el proceso de "seguimiento especial" sobre el país hasta la próxima reunión del Grupo, prevista para junio o, más improbable, emitir una "declaración pública" que serviría de alerta internacional contra la Argentina, según anticiparon a La Nacion fuentes que participan de la cumbre en París.
Durante la sesión, Alak y Sbattella deberán convencer a los miembros del GAFI de que la Argentina -no sólo el Gobierno- sí comprende los desafíos por delante. En particular, cuando Urrutia también señaló en su reporte que "algunos" interlocutores que se reunieron con la misión en Buenos Aires "negaron categóricamente que se pudiera lavar dinero en la Argentina".
La visión local sobre la situación doméstica y sobre la calidad del sistema antilavado vigente ofrece un marcado contraste con la posición del GAFI, que en octubre aprobó un informe lapidario sobre el país. Sobre 49 ejes en revisión, la Argentina desaprobó 47.
"Acciones concretas"
La misión que encabezó el propio Urrutia también señaló a sus interlocutores argentinos la "debilidad general" que detectaron en el llamado "plan de acción" que trazó el Gobierno para reformar el sistema local, algo que de todos modos subrayaron que "reconocieron los funcionarios".
Además de con Alak y Sbattella, la misión del GAFI se reunió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el procurador Esteban Righi; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; varios banqueros, y los diputados Eric Calcagno y Carlos Heller, entre otros.
Al concluir la misión, Urrutia indicó que "la Argentina confirmó su compromiso político con el GAFI y notó que ese compromiso tiene que traducirse en acciones concretas para cumplir con los estándares internacionales". Si comenzó a concretarlo o no, se debatirá hoy en París
Hugo Alconada Mon /La Nacion
miércoles, 23 de febrero de 2011
lunes, 21 de febrero de 2011
El GAFI define la situación de la Argentina
El gobierno argentino deberá extremar sus esfuerzos para evitar que el principal foro intergubernamental contra el lavado de activos continúe con su escalada y apruebe una declaración pública sobre las deficiencias del país cuando se reúna en París a partir de hoy, anticiparon tres fuentes de distintos países a La Nacion.
La secretaría general del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó la propuesta de emitir esa "declaración pública" en el temario que debatirán las delegaciones, aunque optó luego por retirarla como gesto para la comitiva argentina, que contará con una nueva oportunidad de defenderse.
De ese modo, la Argentina fluctuará entre dos posibles resultados: padecer esa declaración en su contra -con el consiguiente impacto en los costos transaccionales, el cierre de corresponsalías y el aumento de controles y requisitos financieros alrededor del mundo- o, como mínimo, continuar bajo una supervisión especial hasta junio próximo, cuando el pleno del GAFI vuelva a reunirse en México.
"La clave será la presentación de la delegación argentina", anticipó uno de los informantes extranjeros, visión que convalidó un funcionario argentino. "El martes [por mañana] tendremos una reunión preliminar con los miembros de la comitiva que viajó a Buenos Aires en diciembre", precisó el segundo.
Ese encuentro incluirá, por el lado del GAFI, a su presidente, el mexicano Luis Urrutia Corral, y a su antecesor, el brasileño Antonio Rodrigues, entre otros, y por el Gobierno, al titular de la unidad antilavado, José Sbattella; al ministro de Justicia, Julio Alak, y al embajador ante Austria y los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, un experto jurídico en la lucha contra la corrupción y lavado de activos.
La discusión plenaria sobre el "caso argentino", sin embargo, será pasado mañana, cuando la comitiva deberá afrontar las críticas de las delegaciones más duras, entre las que descuellan las de España y México, al igual que la propia secretaría ejecutiva del GAFI.
Por el contrario, otras representaciones consideran que resulta injusto exigirle un replanteo profundo a la Argentina de su sistema antilavado -con reformas legislativas incluidas- en pleno receso estival del Congreso y en la antesala de sus elecciones presidenciales.
"Se adelantaron mucho los plazos sobre la Argentina, es cierto, pero aprobar una «declaración pública» sobre un país sólo es posible si sus autoridades no evidencian ninguna reacción ni impulsan ninguna medida", graficó un informante internacional a La Nacion. "Pero éste no es el caso, sin entrar al discutible contenido de lo hecho por las autoridades argentinas", completó.
La "declaración pública" para alertar al resto del mundo sobre los problemas de un país para combatir el lavado es el tercer paso en la escala que fijan las normas del GAFI.
Tras la aprobación de un informe crítico sobre su sistema antilavado -lo que afrontó la Argentina en octubre último-, el primer paso es el envío de una carta a sus autoridades y el segundo es la visita de una delegación de alto nivel, lo que ocurrió en diciembre pasado. El cuarto paso es la suspensión de su membresía en el GAFI, y el último, su expulsión.
Gesto político
Pasado mañana, más allá de lo que defina el GAFI, Alak retornaría al país. Su único objetivo en Francia será explicitar con su presencia el compromiso político de la Casa Rosada con la lucha antilavado y la reforma del sistema local, tal como también lo intentó Aníbal Fernández dos años atrás, en otra visita a París. Alak viajará, no obstante, sin demasiado "optimismo", según comentaron a La Nacion colaboradores del ministro. En particular, no oculta sus dudas sobre cuál podría ser la posición de Estados Unidos si la discusión sobre la Argentina levantara temperatura.
En octubre pasado, durante la anterior reunión plenaria del GAFI, los representantes de España, México y otros países bregaron por someter a la Argentina al proceso que podría culminar con su ingreso en la llamada "lista gris". Sin embargo, y a pesar del respaldo de los argentinos a sus pares venezolanos -también en la picota por las deficiencias de su sistema antilavado-, la comitiva estadounidense intercedió, junto a la austríaca, en favor de la Casa Rosada.
Cuatro meses después, sin embargo, resulta una incógnita qué posición podría adoptar Washington en similares circunstancias, dado el último incidente diplomático en torno al material incautado en un avión militar norteamericano en Ezeiza.
SEMANA DECISIVA
•Reunión en París. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reúne a partir de hoy en la capital de Francia. El encuentro será clave para la Argentina, ya que su sistema legal antilavado ya fue cuestionado en dos oportunidades por el foro.
•"Declaración pública". La principal preocupación para el país es la posibilidad de que el GAFI emita una alerta para cuestionar la ley argentina para combatir el lavado de dinero, norma modificada por el kirchnerismo.
•Una exposición clave. Los especialistas aseguran que la clave para que la Argentina evite ese pronunciamiento pasará por la exposición de la delegación argentina, que encabeza el ministro de Justicia, Julio Alak.
Hugo Alconada Mon /La Nacion
La secretaría general del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó la propuesta de emitir esa "declaración pública" en el temario que debatirán las delegaciones, aunque optó luego por retirarla como gesto para la comitiva argentina, que contará con una nueva oportunidad de defenderse.
De ese modo, la Argentina fluctuará entre dos posibles resultados: padecer esa declaración en su contra -con el consiguiente impacto en los costos transaccionales, el cierre de corresponsalías y el aumento de controles y requisitos financieros alrededor del mundo- o, como mínimo, continuar bajo una supervisión especial hasta junio próximo, cuando el pleno del GAFI vuelva a reunirse en México.
"La clave será la presentación de la delegación argentina", anticipó uno de los informantes extranjeros, visión que convalidó un funcionario argentino. "El martes [por mañana] tendremos una reunión preliminar con los miembros de la comitiva que viajó a Buenos Aires en diciembre", precisó el segundo.
Ese encuentro incluirá, por el lado del GAFI, a su presidente, el mexicano Luis Urrutia Corral, y a su antecesor, el brasileño Antonio Rodrigues, entre otros, y por el Gobierno, al titular de la unidad antilavado, José Sbattella; al ministro de Justicia, Julio Alak, y al embajador ante Austria y los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, un experto jurídico en la lucha contra la corrupción y lavado de activos.
La discusión plenaria sobre el "caso argentino", sin embargo, será pasado mañana, cuando la comitiva deberá afrontar las críticas de las delegaciones más duras, entre las que descuellan las de España y México, al igual que la propia secretaría ejecutiva del GAFI.
Por el contrario, otras representaciones consideran que resulta injusto exigirle un replanteo profundo a la Argentina de su sistema antilavado -con reformas legislativas incluidas- en pleno receso estival del Congreso y en la antesala de sus elecciones presidenciales.
"Se adelantaron mucho los plazos sobre la Argentina, es cierto, pero aprobar una «declaración pública» sobre un país sólo es posible si sus autoridades no evidencian ninguna reacción ni impulsan ninguna medida", graficó un informante internacional a La Nacion. "Pero éste no es el caso, sin entrar al discutible contenido de lo hecho por las autoridades argentinas", completó.
La "declaración pública" para alertar al resto del mundo sobre los problemas de un país para combatir el lavado es el tercer paso en la escala que fijan las normas del GAFI.
Tras la aprobación de un informe crítico sobre su sistema antilavado -lo que afrontó la Argentina en octubre último-, el primer paso es el envío de una carta a sus autoridades y el segundo es la visita de una delegación de alto nivel, lo que ocurrió en diciembre pasado. El cuarto paso es la suspensión de su membresía en el GAFI, y el último, su expulsión.
Gesto político
Pasado mañana, más allá de lo que defina el GAFI, Alak retornaría al país. Su único objetivo en Francia será explicitar con su presencia el compromiso político de la Casa Rosada con la lucha antilavado y la reforma del sistema local, tal como también lo intentó Aníbal Fernández dos años atrás, en otra visita a París. Alak viajará, no obstante, sin demasiado "optimismo", según comentaron a La Nacion colaboradores del ministro. En particular, no oculta sus dudas sobre cuál podría ser la posición de Estados Unidos si la discusión sobre la Argentina levantara temperatura.
En octubre pasado, durante la anterior reunión plenaria del GAFI, los representantes de España, México y otros países bregaron por someter a la Argentina al proceso que podría culminar con su ingreso en la llamada "lista gris". Sin embargo, y a pesar del respaldo de los argentinos a sus pares venezolanos -también en la picota por las deficiencias de su sistema antilavado-, la comitiva estadounidense intercedió, junto a la austríaca, en favor de la Casa Rosada.
Cuatro meses después, sin embargo, resulta una incógnita qué posición podría adoptar Washington en similares circunstancias, dado el último incidente diplomático en torno al material incautado en un avión militar norteamericano en Ezeiza.
SEMANA DECISIVA
•Reunión en París. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reúne a partir de hoy en la capital de Francia. El encuentro será clave para la Argentina, ya que su sistema legal antilavado ya fue cuestionado en dos oportunidades por el foro.
•"Declaración pública". La principal preocupación para el país es la posibilidad de que el GAFI emita una alerta para cuestionar la ley argentina para combatir el lavado de dinero, norma modificada por el kirchnerismo.
•Una exposición clave. Los especialistas aseguran que la clave para que la Argentina evite ese pronunciamiento pasará por la exposición de la delegación argentina, que encabeza el ministro de Justicia, Julio Alak.
Hugo Alconada Mon /La Nacion
viernes, 18 de febrero de 2011
MAFIA RUSA: Rusia acuerda la entrega a España del capo Tariel Oniani
La fiscalía rusa ha acordado la entrega temporal a España del capo de la mafia rusa Tariel Oniani. El presunto mafioso, al que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputa los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental, delito contra la Hacienda pública e inmigración ilegal, cumple condena en Rusia, donde fue detenido tras lograr escapar del cerco de la Operación Avispa gracias, supuestamente, al soplo de un agente.
Oniani, considerado el líder del clan mafioso Solntsevkaya, fue detenido en julio de 2008 en el río Moscova, en Moscú, mientras celebraba, a bordo de un yate, una reunión con otros líderes de la criminalidad organizada de la extinta URSS.
Tres años antes, en junio de 2005, mientras volvía a su mansión de Barcelona tras una noche de juerga, huyó apresuradamente antes de llegar a su casa. Fuentes de la investigación creen que algún agente o funcionario corrupto lo avisó en ese momento de que la policía lo esperaba.
Sus actividades de blanqueo se realizaban a través de varias empresas gibraltareñas que compraban inmuebles en España y varios restaurantes de Barcelona regentados por miembros de su organización. A través de un conglomerado de empresas contrataba para supuestas labores de limpieza a georgianos a los que el exsubdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells (también implicado en la trama) concedía fraudulentamente permisos de residencia.
M. ALTOZANO
Oniani, considerado el líder del clan mafioso Solntsevkaya, fue detenido en julio de 2008 en el río Moscova, en Moscú, mientras celebraba, a bordo de un yate, una reunión con otros líderes de la criminalidad organizada de la extinta URSS.
Tres años antes, en junio de 2005, mientras volvía a su mansión de Barcelona tras una noche de juerga, huyó apresuradamente antes de llegar a su casa. Fuentes de la investigación creen que algún agente o funcionario corrupto lo avisó en ese momento de que la policía lo esperaba.
Sus actividades de blanqueo se realizaban a través de varias empresas gibraltareñas que compraban inmuebles en España y varios restaurantes de Barcelona regentados por miembros de su organización. A través de un conglomerado de empresas contrataba para supuestas labores de limpieza a georgianos a los que el exsubdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells (también implicado en la trama) concedía fraudulentamente permisos de residencia.
M. ALTOZANO
jueves, 17 de febrero de 2011
Argentina: Allanan joyerías por pedido de la UIF
La Justicia Federal reconoció ayer las facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y ordenó allanar las joyerías Richiardi, Paul Baker y El Lingote, así como una vivienda particular, por la posible comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo.
Los operativos apuntan también a verificar el cumplimiento de la ley 25.246, que es la norma principal del sistema antilavado de Argentina.
La UIF recordó que el artículo 21 de la referida ley establece que las joyerías, por ser sujetos obligados a aplicar procedimientos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo y a reportar al Estado operaciones sospechosas, deben recabar de sus clientes documentos que prueben su identidad y comunicar las transacciones que presenten indicios de delitos como fuente del dinero o los bienes que involucran.
El Cronista
Los operativos apuntan también a verificar el cumplimiento de la ley 25.246, que es la norma principal del sistema antilavado de Argentina.
La UIF recordó que el artículo 21 de la referida ley establece que las joyerías, por ser sujetos obligados a aplicar procedimientos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo y a reportar al Estado operaciones sospechosas, deben recabar de sus clientes documentos que prueben su identidad y comunicar las transacciones que presenten indicios de delitos como fuente del dinero o los bienes que involucran.
El Cronista
martes, 15 de febrero de 2011
Argentina: oficializan mayores controles en inmuebles y comercio exterior
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso los procedimientos para evitar el lavado de dinero en las importaciones y exportaciones, y sobre las operaciones de compra y venta de inmuebles.
Los registros de propiedad inmuebles deberán implementar políticas activas de prevención de uso de dinero de origen ilícito, capacitar al personal y designar un oficial que mantendrá el contacto directo con la UIF.
Entre los ítems a tener en cuenta para catalogar una operación de compra-venta de inmuebles como sospechosa la UIF menciona “las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos años cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30%”.
También “la multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica, dentro del plazo de un año” es otro indicador previsto por la UIF en la resolución 41 publicada hoy en el Boletín Oficial.
También, “la multiplicidad de nombres, Documento Nacional de Identidad, Clave Unica de Identificación Tributaria o Laboral, Cédula de Identidad o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de la misma persona”, así como la “coincidencia” de nombres o de números de los documentos de identificación antedichos.
En cuanto a las operaciones de importación y exportación, la UIF determinó los procedimientos de prevención que deben implementar los despachantes de aduanas, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, según la resolución 39.
Al igual que como la UIF definió para otros sectores de la actividad económica, los operadores de comercio exterior deberán “reforzar el procedimiento de identificación del cliente” cuando se sospeche que sean empresas pantalla, fideicomisos y en transacciones a distancia.
Esto es especialmente en operaciones y relaciones comerciales realizadas “con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI).
El Cronista
Los registros de propiedad inmuebles deberán implementar políticas activas de prevención de uso de dinero de origen ilícito, capacitar al personal y designar un oficial que mantendrá el contacto directo con la UIF.
Entre los ítems a tener en cuenta para catalogar una operación de compra-venta de inmuebles como sospechosa la UIF menciona “las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos años cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30%”.
También “la multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica, dentro del plazo de un año” es otro indicador previsto por la UIF en la resolución 41 publicada hoy en el Boletín Oficial.
También, “la multiplicidad de nombres, Documento Nacional de Identidad, Clave Unica de Identificación Tributaria o Laboral, Cédula de Identidad o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de la misma persona”, así como la “coincidencia” de nombres o de números de los documentos de identificación antedichos.
En cuanto a las operaciones de importación y exportación, la UIF determinó los procedimientos de prevención que deben implementar los despachantes de aduanas, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, según la resolución 39.
Al igual que como la UIF definió para otros sectores de la actividad económica, los operadores de comercio exterior deberán “reforzar el procedimiento de identificación del cliente” cuando se sospeche que sean empresas pantalla, fideicomisos y en transacciones a distancia.
Esto es especialmente en operaciones y relaciones comerciales realizadas “con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI).
El Cronista
sábado, 12 de febrero de 2011
Argentinas: Nueva reglamentacion para Entidades Financieras y casas de cambio
Las entidades financieras y casas de cambio deben exigir a sus clientes una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos cuando realicen movimientos por $ 500.000 o más al año, para evitar operaciones de lavado de dinero. Esta decisión, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación y con la que el Gobierno extrema los controles antilavado, se suma a una batería de medidas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) en los últimos meses. La Resolución 37 establece pautas para la detección de activos de origen delictivo en las actividades cambiarias que deberán implementar los bancos, financieras, y toda persona física o jurídica autorizada por el Banco Central.
Los bancos y casas de cambio deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes para prevenir operaciones de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo.
La Resolución 37 fijó en 30 días hábiles el plazo para reportar operaciones sospechosas, y redujo a sólo 48 horas "de reloj" el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrorismo.
Los tiempos corren desde el momento en que la operación fue realizada o tentada, aunque las entidades dispondrán hasta el 1 de septiembre para adecuar sus sistemas para responder a las exigencias.
Las personas que operen por menos de $ 40.000 mensuales no tendrán que aportar más datos que la información brindada por los empleadores y por los organismos del Estado cuando se acrediten ingresos por remuneraciones. En los casos de clientes que registren movimientos por un monto anual de operaciones inferior a los $ 500.000, deberá confeccionarse un legajo siguiendo las pautas operativas que fije la autoridad monetaria nacional.
Más detalles
Los clientes que operen por $ 500.000 o más deberán presentar un legajo con los datos personales, una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos y la documentación de respaldo si hiciera falta establecer la situación patrimonial y financiera. Constará, además, la información intercambiada con el Oficial de Cuenta a través de medios electrónicos o epistolares, precisó la UIF en la resolución.
Si se trata de una persona jurídica, deberán acompañarse los últimos Estados Contables, certificados, los cuales se actualizarán anualmente.
Con esta batería de medidas, la Unidad de Información Financiera busca cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que orienta las normas internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este grupo tiene previsto reunirse en París entre el 21 y el 25 de este mes. Entonces, la Argentina debe presentar resultados. (NA-DyN)
Los bancos y casas de cambio deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes para prevenir operaciones de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo.
La Resolución 37 fijó en 30 días hábiles el plazo para reportar operaciones sospechosas, y redujo a sólo 48 horas "de reloj" el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrorismo.
Los tiempos corren desde el momento en que la operación fue realizada o tentada, aunque las entidades dispondrán hasta el 1 de septiembre para adecuar sus sistemas para responder a las exigencias.
Las personas que operen por menos de $ 40.000 mensuales no tendrán que aportar más datos que la información brindada por los empleadores y por los organismos del Estado cuando se acrediten ingresos por remuneraciones. En los casos de clientes que registren movimientos por un monto anual de operaciones inferior a los $ 500.000, deberá confeccionarse un legajo siguiendo las pautas operativas que fije la autoridad monetaria nacional.
Más detalles
Los clientes que operen por $ 500.000 o más deberán presentar un legajo con los datos personales, una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos y la documentación de respaldo si hiciera falta establecer la situación patrimonial y financiera. Constará, además, la información intercambiada con el Oficial de Cuenta a través de medios electrónicos o epistolares, precisó la UIF en la resolución.
Si se trata de una persona jurídica, deberán acompañarse los últimos Estados Contables, certificados, los cuales se actualizarán anualmente.
Con esta batería de medidas, la Unidad de Información Financiera busca cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que orienta las normas internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este grupo tiene previsto reunirse en París entre el 21 y el 25 de este mes. Entonces, la Argentina debe presentar resultados. (NA-DyN)
viernes, 11 de febrero de 2011
ARGENTINA:para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución
El Gobierno terminará de publicar en estos días una batería de resoluciones para investigar el lavado de dinero que afectan a los bancos, las empresas que cotizan en Bolsa y distintos organismos públicos, entre otros. Así espera evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado instó al Ejecutivo a adecuar su normativa antilavado en 100 días, hasta el 23 del actual. Pero los cambios de fondo que pide el GAFI chocan con la letra de la Constitución Nacional.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA
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