Argentina:Duro documento contra el país por el lavado de dinero

Según el GAFI, no hay un trabajo "efectivo" para combatirlo; el Gobierno admitió que hubo errores
Por" Adrián Ventura LA NACION
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elaboró un crítico informe sobre el lavado de dinero en la Argentina, que ya está en manos del Gobierno. De ese extenso documento surge que el país no sólo no cumple con el 40% de las recomendaciones del organismo internacional, sino que la Unidad de Información Financiera (UIF) "no es efectiva" y su personal, que "trabaja en situación de inestabilidad laboral", lo expone a "influencias o interferencias".
El informe tiene 189 páginas y fue elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay, que visitó la Argentina en 2009, para hacer una muy detallada radiografía sobre el grado de compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero. El Gobierno puede formular observaciones a ese informe, que será tratado en la reunión de París, a fines de año.
El jefe de la UIF, José Sbattella, que llegó a su cargo en enero pasado, aceptó las críticas del informe, pero descargó la responsabilidad en su antecesora, Rosa Falduto: "Es la herencia. Cuando asumí, me dijeron que venía este informe y no pude hacer nada al respecto, porque se basa en datos objetivos de 2009. Lo que sí intento hacer para octubre, cuando se reúna el GAFI en París, es demostrar que la UIF progresó, que impusimos multas y que estamos avanzando", dijo a LA NACION. El GAFI es un organismo intergubernamental que fue establecido en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G-7) y que fue integrado por 33 naciones, entre ellas, la Argentina.
En 1990, ese organismo emitió 40 recomendaciones, a las que luego del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, se les agregaron otras nueve, que son conocidas como Recomendaciones 40+9.
Para analizar si cada uno de los países cumple con sus obligaciones, el GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que hace cada país internamente, y también exámenes cruzados, en los cuales titulares de bancos centrales y de unidades de información financiera de diversos países visitan a otro país, para hacer un análisis de la situación.
La última evaluación sobre la Argentina se hizo en 2004 y el país no salió bien parado. En varias ocasiones, la Argentina logró postergar esta nueva visita, pero finalmente se concretó en noviembre de 2009. Según el documento, siguen apareciendo muy serias deficiencias.
Este informe contiene siete capítulos en los que se analiza desde un punto de vista técnico y no político cómo la Argentina se comportó frente a cada una de las 49 recomendaciones: en la amplísima mayoría, la nota es "no cumplida" o "parcialmente cumplida".
Una de las principales críticas es que el organismo argentino no es efectivo porque hasta ahora, entre otras cuestiones, no consiguió ninguna condena penal.
En efecto, Sbattella, para superar la crítica del GAFI, en los últimos meses abrió numerosos sumarios, aunque se sospecha que varias de las denuncias contra empresas y bancos "no tienen verdadero sustento", dicen los expertos que conocen los aludidos casos por dentro.
El corazón del sistema
Entre las páginas 38 y 50 del documento que fue entregado al Gobierno, aparece la evaluación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se puso en marcha en 2002 y que es, quizás, el corazón del sistema. El corazón, se podría decir, está cerca del infarto.
Cada vez que los bancos, escribanos, abogados y otros sujetos obligados por ley detectan un movimiento anormal de activos, deben hacer un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF, que, luego de hacer un análisis propio, remite el expediente a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero, a cargo del fiscal Raúl Plee, quien determina finalmente si hay mérito para enviar el caso a la Justicia.
El período auditado por el GAFI corresponde a la gestión de Falduto. El Gobierno daba por descontado que la evaluación sería altamente crítica. Por eso, en enero pasado designó en reemplazo de Falduto a Sbatella, ex miembro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Néstor Kirchner y ex director general de la Aduana, durante la gestión de Carlos Menem. Sbatella votó en favor de la fusión de Cablevisión y Multicanal, pero luego se volvió muy crítico.
Poco antes de la salida de Falduto, LA NACION había dado cuenta, sobre la base de trascendidos de varias fuentes, que la UIF había recibido un pedido expreso de los Kirchner para denunciar al Grupo Clarín y acusarlo de lavado de dinero, para afectar su imagen pública.
"El Gobierno, para contrarrestar las críticas del informe a la UIF, puede decir que reemplazó a Falduto. Pero Sbatella llegó para dinamizar a la UIF, haciendo muchos expedientes", dijo un funcionario. Sbatella niega que haya asumido el cargo con ánimo persecutorio.
La crítica también alcanza a la legislación
Es confusa frente al delito de lavado, dice
A lo largo de doce páginas, donde se tratan las observaciones a la recomendación número 26, que se refiere específicamente a la UIF, se hacen las siguientes críticas:
· "La UIF no es efectiva. Su principal función es producir casos para el fiscal, pero no se obtuvo ninguna condena penal", dice la primera de las conclusiones.
· De los 5272 reportes de operaciones sospechosas que recibió, aún tiene la pesada demora de analizar 2003 informes. En en total están pendientes 4485 y sólo resolvieron 1082. "Hay una larga demora en los análisis", dice el documento.
· "Pocos casos, sólo 10 por ciento de los 738 aportados por la UIF a la Justicia, se convirtieron en denuncias criminales".
· La UIF sólo tiene autoridad para recibir, analizar y remitir a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero, que funciona en la Justicia, información vinculada con 7 delitos, de los veinte delitos posibles que sirven para dar paso al lavado de dinero.
Según la interpretación que hace el GAFI de la ley argentina, no está claro que la UIF pueda investigar lavado de dinero cuando ese blanqueo proviene de tráfico de personas, contrabando de bienes, fraudes, cambio de monedas, piratería de productos, crímenes ambientales, homicidios, secuestros y robos. "Esta es una importante deficiencia que limita la capacidad de la UIF)", dice el informe. "Quizás el Congreso debería aclarar el artículo 6° de la ley 26.268.
· La UIF no tiene acceso a información necesaria para cumplir sus funciones, como por ejemplo la información de la AFIP, que está amparada bajo el secreto fiscal y a la cual sólo se puede acceder con orden judicial (hasta ahora, la UIF pidió levantar el secreto en 138 casos).
· "El número de empleados del que dispone para analizar operaciones sospechosas es bajo y le falta entrenamiento adecuado. Pero, en la página 47 del informe, se señala algo mucho más grave aún: "De los 74 empleados de la UIF, sólo 2 son de planta permanente, mientras que la amplia mayoría son de planta transitoria, lo que no es adecuado para liberarlos de "influencias o interferencias indebidas".
Un Estado que obstaculiza
Por: Hugo Alconada Mon LA NACION
Es más sencillo condenar a alguien que fuma un porro en una plaza que investigar transferencias bancarias que abarcan paraísos fiscales de millonarios sospechosos que vienen escudados, para complicarlo todo, por algunos de los mejores abogados del país. Y eso, que resulta obvio, lo saben todos. En particular, los funcionarios que se apoyan en las estadísticas, necesitan mostrar "resultados" y actúan en consecuencia.
El desafío se acrecienta, además, si desde el propio Estado se entorpecen las investigaciones de alta complejidad. Sea porque se designa a funcionarios ineptos en puestos que requieren conocimientos específicos y mucha experiencia. O, también, porque los expertos no cuentan siquiera con computadoras con lectores de CD. O porque nadie asume el riesgo de separar a los peces grandes del cardumen de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y concentrar sus energías en ellos.
Todo eso, y mucho más, ocurrió en la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los últimos años. Un lugar donde la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) accedieron a información sensible con objetivos propios. Pero los problemas no se centran sólo en la UIF. También la Justicia padece una sobrecarga con poca infraestructura, y muchos funcionarios más preocupados por complacer a sus superiores y ascender que en investigar.
Ayer, sin ir más lejos, LA NACION observó una investigación judicial sobre un delito de "cuello blanco". Incluía pilas de expedientes, del piso al techo, y docenas de cajas con listados de giros de fondos desde y hacia el exterior. Si esa pesquisa llega a algún lado, será por el esfuerzo de algún fiscal, secretario o empleado. Pero muchos dentro del Gobierno, así como opositores y empresarios, prefieren que "eso" no ocurra.
La excepción como regla
El desafío, como recuerda el profesor José María Simonetti, es cuando la corrupción, en vez de ser la excepción, se convierte en la regla. Cuando "el orden" es, en realidad, "el problema". ¿Qué plantea? Que en ciertos países se registra la "pertinaz utilización del Estado en función del beneficio de grupos económicos, [y] el financiamiento de la política por los empresarios".
"Los núcleos y las redes criminales se entrelazan, combinan sus aparatos, operadores, capitales, tráficos, protecciones", enseña Simonetti, con "procesos [que] influyen y penetran el Estado. Controlan, corrompen y neutralizan sus órganos." Eso, sin más, es lo que expuso la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional que verificó cómo (no) se investiga el lavado en la Argentina.
En un país donde impera el "capitalismo de amigos", empresarios prebendarios y políticos deseosos de volar en aviones propios y acumular información para "carpetazos", el sistema resultante explica por qué escasean las condenas por actos de corrupción. También, por qué sólo después de 10 años desde su fundación, la UIF aplicó su primera multa. Y, también, por qué brilla por su ausencia el castigo penal al lavado.

Argentina: La Prevención del lavado de dinero cumple 10 años de gestión (primera parte)

Por: Dr.LA Sergio Goldenberg

Un 5 de mayo del año 2000 se promulgaba la Ley 25246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen ilícito y se creaba la Unidad de Información Financiera.
En estos días en el marco del 10mo. Aniversario de su creación tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires un seminario organizado por dicho organismo con la presencia de funcionarios públicos, representantes de entidades financieras, profesionales en ciencias económicas y profesionales del ámbito judicial
El evento sirve al mismo tiempo para presentar a su nuevo presidente el Lic. José Sbatella recientemente designado, después de la renuncia de los funcionarios que le precedieron.
Si hay un tema que estuvo presente en varias de las exposiciones de los panelistas fue que llego la hora y la necesidad de buscar como resultado de gestión la efectividad en la aplicación de la ley vigente, objetivo que se mantendría como asignatura pendiente a la luz de la ultima evaluación llevada a cabo por el GAFI durante el 2009
El propio Jose Sbatella subrayo esta prioridad, tras reflexionar que la ley 25246 no ha sido aplicada eficazmente hasta el momento, no obstante ello existe un proyecto de ley con miras a penalizar el autolavado, ampliar competencias de la UIF y la lista de sujetos obligados.
También destaco que se esta cambiando el paradigma de buscar y penalizar a la persona versus el proceso de decomiso de los bienes producto de actividades ilícitas, para lo cual es importante acortar tiempos y lograr eficiencia en esta tarea.
Es destacable la mención del incremento de personal del organismo en un 50% como así también una fuerte inversión en informática del orden de $ 1.500.000.-
Compartiendo la visión del presidente de la UIF, Arturo O’Connell Director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) agrego la necesidad de flexibilizar el secreto fiscal, ya que actualmente no es oponible solamente, en aquellos casos donde el reporte de operaciones a la UIF sea originado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Un párrafo aparte mereció la necesidad de actualización de las listas de PEPS personas políticamente expuestas, ya que la normativa exige su identificación, pero no siempre la información que se accede es completa o actualizada, incrementando así los riesgos en su cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Por su parte el Dr. Alejandro Strega Coordinador representante nacional ante el GAFI y GAFISUD remarco la necesidad de trabajar en fijar posiciones en los foros internacionales ya que no siempre se entienden las realidades propias de cada país
El Dr. Gustavo Rodrigues Presidente de la COAF de Brasil recogió la experiencia que dejo la crisis financiera internacional reflejada en las reuniones y recomendaciones del Grupo de países G20 como también del GAFI en materia de paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperadoras, subrayando que el umbral de tolerancia a la corrupción internacional cada vez es menor y que el proceso de cambio cultural que se requiere para llevar a cabo con éxito la lucha contra el lavado de dinero lleva mucho tiempo y nuestros países apenas llevan poco mas de una década en este camino.
El Dr. Mariano Federici Representante legal del Fondo Monetario Internacional para América Latina destaco que durante 3 año trabajaron desde ese organismo en asistencia técnica al BCRA, considerando que actualmente Argentina cuenta con un grupo de supervisión e inspección de los mejores preparados y capacitados en la región.
No dejo de estar presente en su exposición las experiencias sobre el enfoque basado en riesgo aplicado a los sistemas de prevención a nivel de los países, mencionando que si bien se registran avances en su utilización aun se esta trabajando en una fase experimental, siendo la primera experiencia en la región el caso de Uruguay y se esta trabajando para continuar con Perú y posiblemente Argentina mas adelante
Por ultimo se destaco que una de las directrices sobre las cuales el GAFI ha trabajado recientemente y que marco la diferencia entre aquellos países incluidos en listas, por presentar algunas falencias o incumplimientos respecto de las 49 recomendaciones, como fuera el caso de Ecuador, responde a la importancia asignada por ese Organismo en identificar voluntad política en el mas alto nivel para cumplir con las mejores practicas internacionales en esta materia

Argentina:"Son muy vagas las leyes sobre lavado" segun el especialita italiano Andrea Castaldo

"La Argentina debe cambiar de estrategia", advierte el profesor Andrea Castaldo, uno de los grandes expertos europeos en la lucha contra el lavado de activos. Las autoridades, señala, "deberían concentrarse sólo en el macro-fenómeno", lejos de la obsesión actual por las pesquisas burocráticas y más orientada "a la enorme recaudación del narcotráfico y del crimen organizado en general".
Castaldo sabe de lo que habla. Al frente del Observatorio Jurídico de Crímenes Económicos de la Universidad de Salerno, durante años investigó las estrategias normativas que aplican los países para contrarrestar el lavado y llegó a una conclusión sobre cómo se inserta en el Código Penal argentino. "La normativa es demasiado vaga", critica, aunque también sorprende: se opone al proyecto de penalizar el llamado "autolavado", como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Días antes de arribar a Buenos Aires, el italiano que se formó con el legendario jurista alemán Claus Roxin dialogó con LA NACION.
-En 2008, publicó un artículo muy crítico de la figura penal de lavado del Código Penal argentino. ¿Mantiene esa crítica?
-Mis críticas no sólo tienen vigencia, sino que quizá se han vuelto más evidentes. La normativa es demasiado vaga y no deja claro por qué el lavado de dinero es punible. ¿Es un delito que atenta contra la transparencia de los mercados? ¿Lesiona el patrimonio? ¿O atenta contra la administración de justicia, al impedir que se descubra el origen ilícito del dinero? Es imprescindible una mayor claridad.
-¿Cree que incorporar el "autolavado" al Código Penal, como reclama el GAFI, permitiría mejorar las investigaciones y obtener condenas penales?
-No estoy de acuerdo con la penalización del "autolavado", sobre todo porque esta solución no conduciría automáticamente a la investigación de más casos ni a un mayor número de condenas.
-¿Qué medidas sugiere para mejorar la lucha antilavado en el país?
-La Argentina debe cambiar de estrategia, y concentrarse exclusivamente en el macrofenómeno, con una línea de investigación orientada a la enorme recaudación del narcotráfico y del crimen organizado en general. Además, debería crear organismos de control del flujo ilícito del dinero que no tiene radicación territorial y no está centralizado a nivel nacional.
-Desde hace años, al abordar la "criminalidad organizada", usted destaca su naturaleza económica. ¿Cuál es el beneficio de encarar la criminalidad así?
-El crimen económico organizado es una realidad criminológica a nivel mundial. Cobró un aspecto completamente distinto del que tenía y comprendió hasta qué punto es esencial, desde el punto de vista estratégico, insertarse en el circuito económico-financiero, ya sea para "limpiar dinero sucio" o para obtener poder y consenso, y así generar dinero lícito. El crimen organizado saca provecho de su propio know how delictivo, acrecienta cada vez más su poder, corrompe la economía sana y trastorna el mercado basado en la competencia leal.
Fuente: La Nacion Alconada Mon

ESPANA: El Congreso aprueba por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El texto incorpora la directiva europea al respecto así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención
Madrid. (EFECOM).- El pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que pretende evitar que los bienes procedentes de actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. La nueva ley incorpora el contenido de la directiva europea sobre blanqueo de capitales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención contra esta actividad. Entre las principales modificaciones incorporadas por el Congreso se encuentra la aplicación de diligencias simplificadas a las operaciones que tengan un umbral mínimo de 1.000 euros, que el Senado había ampliado hasta los 3.000 euros por medio de una enmienda. Según la ponente socialista de la ley en el Congreso, Gloria Gómez Santamaría, la norma contiene "importantes avances en materia de prevención", ya que amplía las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales a la financiación del terrorismo. Añadió que con esta ley se hace cada vez más difícil "obtener beneficios procedentes de actividades ilícitas en forma de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, acciones o inversiones en sociedades". La diputada socialista resaltó que cortar este flujo "es de vital importancia al ser una pieza clave en la lucha antiterrorista". Por su parte, el diputado del PP Baudilio Tomé resaltó la unanimidad mostrada por todos los grupos políticos, a la vez que indicó que la nueva ley permite "aligerar cargas fiscales y refuerza la seguridad jurídica". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que España continúe la lucha contra los paraísos fiscales a nivel internacional, al tiempo que criticó que el Ejecutivo haya aprobado un real decreto que facilita que los inversores residentes en estos países puedan comprar deuda pública española. Por otro lado, Tomé pidió que la ley se complemente con "mecanismos efectivos", y se hizo eco de las quejas de los inspectores de hacienda sobre los nuevos objetivos exigidos por la Agencia Tributaria

Narcos mexicanos intimidan con un video que ya está en la web

Todo el país está conmocionado tras conocerse un video que muestra un interrogatorio previo y el asesinato posterior de un sicario que trabaja para el cártel de los ZetaMéxico no logra librarse del crimen organizado y por si fuera poco, las sangrientas imágenes ya puden verse también a través de una página de internet.Aunque nada se sabe de quién garaba los videos, o cómo llegan los interrogatorios y ejecuciones hasta el blog, dicen ser "un grupo de jóvenes aficionados" sorprendidos de ver "cómo los narcotraficantes se ganan la vida (matando, secuestrando, mutilando y demás), y se la quitan a otras".La página se llama Narcoblog y suele tener como protagonistas a los Zetas, a los del cártel del Golfo y a los de Sinaloa, quienes aparecen en tiroteos y diversas ejecuciones.Lo último que causó espanto en el portal es el video de un hombre que fue asesinado el fin de semana y hallado con la misma venda alrededor de los ojos sobre un charco de sangre.El video subido a la web muestra un interrogatorio previo y el asesinato posterior de Z 43, quien es obligado a hablar de los enfrentamientos en Tampico, sobre el Club Mirage, la Feria de Tampico y el ataque al cuartel Militar. Luego de la grabación, lo ejecutan y lo tiran frente instalaciones de Televisa en Tampico. La víctima también confesa que mató a unos muchachos extranjeros que tiraron "granadas en la feria", a un policía de tránsito y a un taxista. El blog ofrece también un completo listado de números de teléfono oficiales a los que poder llamar para denunciar movimientos sospechosos de los narcos, por lo que se supone que la intenciones de este sitio son buenas.Incluso hay un chat y un foro en el que algunos advierten del peligro en sus ciudades o cuentan lo que han oído.
Fuente infobae

Paraguay: Advierten sobre nuestras falencias en lavado

El órgano que controla y regula el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo en los Estados Unidos advirtió en un comunicado a las instituciones financieras de ese país, sobre las deficiencias de Paraguay en el combate de estos delitos.Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) publicó recientemente un boletín informando a los bancos y otras instituciones financieras que operan en Estados Unidos sobre los riesgos asociados con las jurisdicciones señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo multilateral de lucha contra el lavado de dinero en la última evaluación realizada el pasado 18 de febrero. en Abu Dabi (Emitatos Arabes). Esos riesgos están contemplados en las reglamentaciones aplicadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Bienes (Seprelad), según su titular, Oscar Boidanich. Entre los 21 países considerados riesgosos por dicho organismo figuran además de Paraguay, Bolivia, Grecia, Indonesia, Kenya, Marruecos, Sudán, Nepal, Nigeria, entre otros.Materia pendiente Paraguay tenía un ultimátum del GAFI debido a que desde el 2001 viene retrasando la adecuación de sus leyes a las normativas internacionales en la materia, fundamentalmente la falta de aprobación de una ley que combata el financiamiento al terrorismo.Incluso, en diciembre último, el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso un proyecto de ley que posteriormente fue retirado y vuelto a presentar, pero que no fue estudiado aún por el plenario de ninguna de las cámaras del Congreso. La aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito fue catalogada como una recomendación de carácter urgente por el GAFI, la Seprelad espera que el plan sea priorizado antes de la siguiente evaluación que se realizará en junio próximo. AvancesBoidanich comentó sobre los avances en materia de reglamentación con el fin de mejorar la transparencia financiera para sectores no regulados por el BCP, como las casas de empeño, inmobiliarias, cooperativas, etc., además del trabajo conjunto que realizan con Aduanas para mejorar los controles en el transporte de billetes en efectivo y valores en la frontera.Otra recomendación atendida es la de aumentar y ampliar las medidas de debida diligencia a los sujetos obligados, para lo cual redactaron reglamentos en los distintos sectores supervisados como bancos, financieras, casas de cambios, cooperativas y compañías de seguro.Una de esas reglas, la 60/09, fue reclamada por las casas de cambio como inconstitucional por exigir datos a clientes.
Fuente : abc.com.py

Argentina:Investigan si se lavó dinero en la campaña electoral

Cheques librados al kirchnerismo aparecen en reportes de operaciones sospechosas
Cinco cheques librados a nombre del Frente para la Victoria por un total de 635.000 pesos donados para la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, en 2007, aparecen mencionados en la investigación del lavado de dinero que habría realizado la organización acusada de comercializar medicamentos apócrifos y cobrar reintegros del Estado por remedios nunca entregados, liderada por el sindicalista bancario Juan José Zanola.
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que depende del Ministerio de Justicia encargado de investigar el blanqueo de activos, tenía conocimiento de estos pagos desde 2008, cuando le fueron reportados por los bancos intervinientes, que los consideraron "operaciones sospechosas".
El recaudador de fondos de esa campaña electoral era el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, cuya indagatoria ordenó anteayer la Cámara Federal. La Justicia quiere saber si hubo participación de algún funcionario, si permitió que se gestaran las maniobras investigadas y qué beneficios obtuvo a cambio. O si las empresas que aportaron fondos electorales obtuvieron alguna ventaja por su condición de donantes.
De todos modos, Oyarbide no avanzará en lo inmediato sobre Capaccioli. Primero debe ordenar la voluminosa causa, como le advirtió la Cámara Federal, y reacomodar las cajas de documentación para que puedan entrar los declarantes en el juzgado. Consiguió un subsuelo en un edificio del Organismo Nacional de la Administración de Bienes del Estado (Onabe) en Córdoba y Cerrito.
El primero de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibió la UIF fue del Banco Privado de Inversiones. Le advertía que Ibar Esteban Pérez Corradi recibía depósitos en su caja de ahorro de cheques por un total de 426.677 pesos librados por el laboratorio Multipharma, en favor de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, preso por la mafia de los medicamentos. Estaban endosados a nombre de Pérez Corradi.
Pérez Corradi está actualmente preso y a la espera de su extradición a los Estados Unidos por contrabando de oxitodona, un analgésico opiáceo, con efectos similares a la morfina y la heroína. Su nombre apareció en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, pues hay testigos que afirmaron que había amenazado a Sebastián Forza por sus negocios con la efedrina y un grupo de narcos mexicanos.
Mucho efectivo
El otro reporte de operaciones sospechosas es del banco Santander Río y menciona que Multipharma, de Horacio Torres, socio de Lorenzo, había recibido un depósito en efectivo de 2.829.050 pesos y libraba cheques a favor de San Javier, salvo uno por 310.000 pesos a nombre del Frente para la Victoria. Hay un informe similar del Banco Provincia.
Torres y Lorenzo están presos por la mafia de los medicamentos. A Lorenzo se lo considera jefe de la asociación ilícita, al igual que a Zanola, y a Torres, organizador.
Un cuarto reporte de operaciones sospechosas fue efectuado por el banco Santander Río a la UIF el 6 abril de 2009 en el que advertía que Torres, presidente de Multipharma, junto con su esposa, Georgelina Méndez Diz, usaban una cuenta Infinity en la que depositaban una gran cantidad de dinero en efectivo y luego libraban cheques a Droguería San Javier. Esos valores eran luego endosados a nombre de cooperativas de crédito, donde eran cambiados. Excepto cuatro cheques que fueron librados a favor del Frente para la Victoria, por 325.000 pesos.
La Cámara Federal exhortó al juez Oyarbide a que investigara ahora toda la maniobra del blanqueo del dinero obtenido a través de los negocios con medicamentos adulterados, apócrifos, con la venta de cheques y en especial con la cooperativa Vernet, de Lorenzo.
Sobre todo considerando que esa financiera aparece tomando una hipoteca de San Javier, por 820.000 dólares, cuando según su balance no podía hacerlo.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah le pidieron a Oyarbide que ahondara en estas maniobras e identificara a los responsables que "participaron en la conversión de su producido económico a efectos de dotarlo de aparente legitimidad".
SIN LUGAR PARA QUE DECLAREN LOS TESTIGOS
En el Juzgado Federal N° 5 de Norberto Oyarbide no hay lugar para un expediente más. Hay cajas del piso al techo en todos los despachos de los secretarios y empleados. Son todos documentos relacionados con la mafia de los medicamentos. Hasta hay heladeritas de telgopor. Por eso el juez pidió y le consiguieron una oficina adicional. Se trata de un subsuelo en Cerrito y Córdoba, en un edificio del Estado. Allí serán convocados a testificar el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y su ex colega bonaerense Claudio Zin, apenas puedan mudar las cajas. También allí será indagado Héctor Capaccioli.
Fuente: Hernán Cappiello LA NACION