"La Argentina debe cambiar de estrategia", advierte el profesor Andrea Castaldo, uno de los grandes expertos europeos en la lucha contra el lavado de activos. Las autoridades, señala, "deberían concentrarse sólo en el macro-fenómeno", lejos de la obsesión actual por las pesquisas burocráticas y más orientada "a la enorme recaudación del narcotráfico y del crimen organizado en general".
Castaldo sabe de lo que habla. Al frente del Observatorio Jurídico de Crímenes Económicos de la Universidad de Salerno, durante años investigó las estrategias normativas que aplican los países para contrarrestar el lavado y llegó a una conclusión sobre cómo se inserta en el Código Penal argentino. "La normativa es demasiado vaga", critica, aunque también sorprende: se opone al proyecto de penalizar el llamado "autolavado", como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Días antes de arribar a Buenos Aires, el italiano que se formó con el legendario jurista alemán Claus Roxin dialogó con LA NACION.
-En 2008, publicó un artículo muy crítico de la figura penal de lavado del Código Penal argentino. ¿Mantiene esa crítica?
-Mis críticas no sólo tienen vigencia, sino que quizá se han vuelto más evidentes. La normativa es demasiado vaga y no deja claro por qué el lavado de dinero es punible. ¿Es un delito que atenta contra la transparencia de los mercados? ¿Lesiona el patrimonio? ¿O atenta contra la administración de justicia, al impedir que se descubra el origen ilícito del dinero? Es imprescindible una mayor claridad.
-¿Cree que incorporar el "autolavado" al Código Penal, como reclama el GAFI, permitiría mejorar las investigaciones y obtener condenas penales?
-No estoy de acuerdo con la penalización del "autolavado", sobre todo porque esta solución no conduciría automáticamente a la investigación de más casos ni a un mayor número de condenas.
-¿Qué medidas sugiere para mejorar la lucha antilavado en el país?
-La Argentina debe cambiar de estrategia, y concentrarse exclusivamente en el macrofenómeno, con una línea de investigación orientada a la enorme recaudación del narcotráfico y del crimen organizado en general. Además, debería crear organismos de control del flujo ilícito del dinero que no tiene radicación territorial y no está centralizado a nivel nacional.
-Desde hace años, al abordar la "criminalidad organizada", usted destaca su naturaleza económica. ¿Cuál es el beneficio de encarar la criminalidad así?
-El crimen económico organizado es una realidad criminológica a nivel mundial. Cobró un aspecto completamente distinto del que tenía y comprendió hasta qué punto es esencial, desde el punto de vista estratégico, insertarse en el circuito económico-financiero, ya sea para "limpiar dinero sucio" o para obtener poder y consenso, y así generar dinero lícito. El crimen organizado saca provecho de su propio know how delictivo, acrecienta cada vez más su poder, corrompe la economía sana y trastorna el mercado basado en la competencia leal.
Fuente: La Nacion Alconada Mon
miércoles, 28 de abril de 2010
jueves, 22 de abril de 2010
ESPANA: El Congreso aprueba por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El texto incorpora la directiva europea al respecto así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención
Madrid. (EFECOM).- El pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que pretende evitar que los bienes procedentes de actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. La nueva ley incorpora el contenido de la directiva europea sobre blanqueo de capitales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención contra esta actividad. Entre las principales modificaciones incorporadas por el Congreso se encuentra la aplicación de diligencias simplificadas a las operaciones que tengan un umbral mínimo de 1.000 euros, que el Senado había ampliado hasta los 3.000 euros por medio de una enmienda. Según la ponente socialista de la ley en el Congreso, Gloria Gómez Santamaría, la norma contiene "importantes avances en materia de prevención", ya que amplía las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales a la financiación del terrorismo. Añadió que con esta ley se hace cada vez más difícil "obtener beneficios procedentes de actividades ilícitas en forma de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, acciones o inversiones en sociedades". La diputada socialista resaltó que cortar este flujo "es de vital importancia al ser una pieza clave en la lucha antiterrorista". Por su parte, el diputado del PP Baudilio Tomé resaltó la unanimidad mostrada por todos los grupos políticos, a la vez que indicó que la nueva ley permite "aligerar cargas fiscales y refuerza la seguridad jurídica". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que España continúe la lucha contra los paraísos fiscales a nivel internacional, al tiempo que criticó que el Ejecutivo haya aprobado un real decreto que facilita que los inversores residentes en estos países puedan comprar deuda pública española. Por otro lado, Tomé pidió que la ley se complemente con "mecanismos efectivos", y se hizo eco de las quejas de los inspectores de hacienda sobre los nuevos objetivos exigidos por la Agencia Tributaria
Madrid. (EFECOM).- El pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que pretende evitar que los bienes procedentes de actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. La nueva ley incorpora el contenido de la directiva europea sobre blanqueo de capitales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención contra esta actividad. Entre las principales modificaciones incorporadas por el Congreso se encuentra la aplicación de diligencias simplificadas a las operaciones que tengan un umbral mínimo de 1.000 euros, que el Senado había ampliado hasta los 3.000 euros por medio de una enmienda. Según la ponente socialista de la ley en el Congreso, Gloria Gómez Santamaría, la norma contiene "importantes avances en materia de prevención", ya que amplía las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales a la financiación del terrorismo. Añadió que con esta ley se hace cada vez más difícil "obtener beneficios procedentes de actividades ilícitas en forma de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, acciones o inversiones en sociedades". La diputada socialista resaltó que cortar este flujo "es de vital importancia al ser una pieza clave en la lucha antiterrorista". Por su parte, el diputado del PP Baudilio Tomé resaltó la unanimidad mostrada por todos los grupos políticos, a la vez que indicó que la nueva ley permite "aligerar cargas fiscales y refuerza la seguridad jurídica". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que España continúe la lucha contra los paraísos fiscales a nivel internacional, al tiempo que criticó que el Ejecutivo haya aprobado un real decreto que facilita que los inversores residentes en estos países puedan comprar deuda pública española. Por otro lado, Tomé pidió que la ley se complemente con "mecanismos efectivos", y se hizo eco de las quejas de los inspectores de hacienda sobre los nuevos objetivos exigidos por la Agencia Tributaria
miércoles, 21 de abril de 2010
Narcos mexicanos intimidan con un video que ya está en la web
Todo el país está conmocionado tras conocerse un video que muestra un interrogatorio previo y el asesinato posterior de un sicario que trabaja para el cártel de los ZetaMéxico no logra librarse del crimen organizado y por si fuera poco, las sangrientas imágenes ya puden verse también a través de una página de internet.Aunque nada se sabe de quién garaba los videos, o cómo llegan los interrogatorios y ejecuciones hasta el blog, dicen ser "un grupo de jóvenes aficionados" sorprendidos de ver "cómo los narcotraficantes se ganan la vida (matando, secuestrando, mutilando y demás), y se la quitan a otras".La página se llama Narcoblog y suele tener como protagonistas a los Zetas, a los del cártel del Golfo y a los de Sinaloa, quienes aparecen en tiroteos y diversas ejecuciones.Lo último que causó espanto en el portal es el video de un hombre que fue asesinado el fin de semana y hallado con la misma venda alrededor de los ojos sobre un charco de sangre.El video subido a la web muestra un interrogatorio previo y el asesinato posterior de Z 43, quien es obligado a hablar de los enfrentamientos en Tampico, sobre el Club Mirage, la Feria de Tampico y el ataque al cuartel Militar. Luego de la grabación, lo ejecutan y lo tiran frente instalaciones de Televisa en Tampico. La víctima también confesa que mató a unos muchachos extranjeros que tiraron "granadas en la feria", a un policía de tránsito y a un taxista. El blog ofrece también un completo listado de números de teléfono oficiales a los que poder llamar para denunciar movimientos sospechosos de los narcos, por lo que se supone que la intenciones de este sitio son buenas.Incluso hay un chat y un foro en el que algunos advierten del peligro en sus ciudades o cuentan lo que han oído.
Fuente infobae
martes, 20 de abril de 2010
Paraguay: Advierten sobre nuestras falencias en lavado
El órgano que controla y regula el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo en los Estados Unidos advirtió en un comunicado a las instituciones financieras de ese país, sobre las deficiencias de Paraguay en el combate de estos delitos.Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) publicó recientemente un boletín informando a los bancos y otras instituciones financieras que operan en Estados Unidos sobre los riesgos asociados con las jurisdicciones señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo multilateral de lucha contra el lavado de dinero en la última evaluación realizada el pasado 18 de febrero. en Abu Dabi (Emitatos Arabes). Esos riesgos están contemplados en las reglamentaciones aplicadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Bienes (Seprelad), según su titular, Oscar Boidanich. Entre los 21 países considerados riesgosos por dicho organismo figuran además de Paraguay, Bolivia, Grecia, Indonesia, Kenya, Marruecos, Sudán, Nepal, Nigeria, entre otros.Materia pendiente Paraguay tenía un ultimátum del GAFI debido a que desde el 2001 viene retrasando la adecuación de sus leyes a las normativas internacionales en la materia, fundamentalmente la falta de aprobación de una ley que combata el financiamiento al terrorismo.Incluso, en diciembre último, el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso un proyecto de ley que posteriormente fue retirado y vuelto a presentar, pero que no fue estudiado aún por el plenario de ninguna de las cámaras del Congreso. La aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito fue catalogada como una recomendación de carácter urgente por el GAFI, la Seprelad espera que el plan sea priorizado antes de la siguiente evaluación que se realizará en junio próximo. AvancesBoidanich comentó sobre los avances en materia de reglamentación con el fin de mejorar la transparencia financiera para sectores no regulados por el BCP, como las casas de empeño, inmobiliarias, cooperativas, etc., además del trabajo conjunto que realizan con Aduanas para mejorar los controles en el transporte de billetes en efectivo y valores en la frontera.Otra recomendación atendida es la de aumentar y ampliar las medidas de debida diligencia a los sujetos obligados, para lo cual redactaron reglamentos en los distintos sectores supervisados como bancos, financieras, casas de cambios, cooperativas y compañías de seguro.Una de esas reglas, la 60/09, fue reclamada por las casas de cambio como inconstitucional por exigir datos a clientes.
Fuente : abc.com.py
Fuente : abc.com.py
viernes, 16 de abril de 2010
Argentina:Investigan si se lavó dinero en la campaña electoral
Cheques librados al kirchnerismo aparecen en reportes de operaciones sospechosas
Cinco cheques librados a nombre del Frente para la Victoria por un total de 635.000 pesos donados para la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, en 2007, aparecen mencionados en la investigación del lavado de dinero que habría realizado la organización acusada de comercializar medicamentos apócrifos y cobrar reintegros del Estado por remedios nunca entregados, liderada por el sindicalista bancario Juan José Zanola.
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que depende del Ministerio de Justicia encargado de investigar el blanqueo de activos, tenía conocimiento de estos pagos desde 2008, cuando le fueron reportados por los bancos intervinientes, que los consideraron "operaciones sospechosas".
El recaudador de fondos de esa campaña electoral era el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, cuya indagatoria ordenó anteayer la Cámara Federal. La Justicia quiere saber si hubo participación de algún funcionario, si permitió que se gestaran las maniobras investigadas y qué beneficios obtuvo a cambio. O si las empresas que aportaron fondos electorales obtuvieron alguna ventaja por su condición de donantes.
De todos modos, Oyarbide no avanzará en lo inmediato sobre Capaccioli. Primero debe ordenar la voluminosa causa, como le advirtió la Cámara Federal, y reacomodar las cajas de documentación para que puedan entrar los declarantes en el juzgado. Consiguió un subsuelo en un edificio del Organismo Nacional de la Administración de Bienes del Estado (Onabe) en Córdoba y Cerrito.
El primero de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibió la UIF fue del Banco Privado de Inversiones. Le advertía que Ibar Esteban Pérez Corradi recibía depósitos en su caja de ahorro de cheques por un total de 426.677 pesos librados por el laboratorio Multipharma, en favor de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, preso por la mafia de los medicamentos. Estaban endosados a nombre de Pérez Corradi.
Pérez Corradi está actualmente preso y a la espera de su extradición a los Estados Unidos por contrabando de oxitodona, un analgésico opiáceo, con efectos similares a la morfina y la heroína. Su nombre apareció en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, pues hay testigos que afirmaron que había amenazado a Sebastián Forza por sus negocios con la efedrina y un grupo de narcos mexicanos.
Mucho efectivo
El otro reporte de operaciones sospechosas es del banco Santander Río y menciona que Multipharma, de Horacio Torres, socio de Lorenzo, había recibido un depósito en efectivo de 2.829.050 pesos y libraba cheques a favor de San Javier, salvo uno por 310.000 pesos a nombre del Frente para la Victoria. Hay un informe similar del Banco Provincia.
Torres y Lorenzo están presos por la mafia de los medicamentos. A Lorenzo se lo considera jefe de la asociación ilícita, al igual que a Zanola, y a Torres, organizador.
Un cuarto reporte de operaciones sospechosas fue efectuado por el banco Santander Río a la UIF el 6 abril de 2009 en el que advertía que Torres, presidente de Multipharma, junto con su esposa, Georgelina Méndez Diz, usaban una cuenta Infinity en la que depositaban una gran cantidad de dinero en efectivo y luego libraban cheques a Droguería San Javier. Esos valores eran luego endosados a nombre de cooperativas de crédito, donde eran cambiados. Excepto cuatro cheques que fueron librados a favor del Frente para la Victoria, por 325.000 pesos.
La Cámara Federal exhortó al juez Oyarbide a que investigara ahora toda la maniobra del blanqueo del dinero obtenido a través de los negocios con medicamentos adulterados, apócrifos, con la venta de cheques y en especial con la cooperativa Vernet, de Lorenzo.
Sobre todo considerando que esa financiera aparece tomando una hipoteca de San Javier, por 820.000 dólares, cuando según su balance no podía hacerlo.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah le pidieron a Oyarbide que ahondara en estas maniobras e identificara a los responsables que "participaron en la conversión de su producido económico a efectos de dotarlo de aparente legitimidad".
SIN LUGAR PARA QUE DECLAREN LOS TESTIGOS
En el Juzgado Federal N° 5 de Norberto Oyarbide no hay lugar para un expediente más. Hay cajas del piso al techo en todos los despachos de los secretarios y empleados. Son todos documentos relacionados con la mafia de los medicamentos. Hasta hay heladeritas de telgopor. Por eso el juez pidió y le consiguieron una oficina adicional. Se trata de un subsuelo en Cerrito y Córdoba, en un edificio del Estado. Allí serán convocados a testificar el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y su ex colega bonaerense Claudio Zin, apenas puedan mudar las cajas. También allí será indagado Héctor Capaccioli.
Fuente: Hernán Cappiello LA NACION
Cinco cheques librados a nombre del Frente para la Victoria por un total de 635.000 pesos donados para la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, en 2007, aparecen mencionados en la investigación del lavado de dinero que habría realizado la organización acusada de comercializar medicamentos apócrifos y cobrar reintegros del Estado por remedios nunca entregados, liderada por el sindicalista bancario Juan José Zanola.
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que depende del Ministerio de Justicia encargado de investigar el blanqueo de activos, tenía conocimiento de estos pagos desde 2008, cuando le fueron reportados por los bancos intervinientes, que los consideraron "operaciones sospechosas".
El recaudador de fondos de esa campaña electoral era el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, cuya indagatoria ordenó anteayer la Cámara Federal. La Justicia quiere saber si hubo participación de algún funcionario, si permitió que se gestaran las maniobras investigadas y qué beneficios obtuvo a cambio. O si las empresas que aportaron fondos electorales obtuvieron alguna ventaja por su condición de donantes.
De todos modos, Oyarbide no avanzará en lo inmediato sobre Capaccioli. Primero debe ordenar la voluminosa causa, como le advirtió la Cámara Federal, y reacomodar las cajas de documentación para que puedan entrar los declarantes en el juzgado. Consiguió un subsuelo en un edificio del Organismo Nacional de la Administración de Bienes del Estado (Onabe) en Córdoba y Cerrito.
El primero de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que recibió la UIF fue del Banco Privado de Inversiones. Le advertía que Ibar Esteban Pérez Corradi recibía depósitos en su caja de ahorro de cheques por un total de 426.677 pesos librados por el laboratorio Multipharma, en favor de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, preso por la mafia de los medicamentos. Estaban endosados a nombre de Pérez Corradi.
Pérez Corradi está actualmente preso y a la espera de su extradición a los Estados Unidos por contrabando de oxitodona, un analgésico opiáceo, con efectos similares a la morfina y la heroína. Su nombre apareció en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, pues hay testigos que afirmaron que había amenazado a Sebastián Forza por sus negocios con la efedrina y un grupo de narcos mexicanos.
Mucho efectivo
El otro reporte de operaciones sospechosas es del banco Santander Río y menciona que Multipharma, de Horacio Torres, socio de Lorenzo, había recibido un depósito en efectivo de 2.829.050 pesos y libraba cheques a favor de San Javier, salvo uno por 310.000 pesos a nombre del Frente para la Victoria. Hay un informe similar del Banco Provincia.
Torres y Lorenzo están presos por la mafia de los medicamentos. A Lorenzo se lo considera jefe de la asociación ilícita, al igual que a Zanola, y a Torres, organizador.
Un cuarto reporte de operaciones sospechosas fue efectuado por el banco Santander Río a la UIF el 6 abril de 2009 en el que advertía que Torres, presidente de Multipharma, junto con su esposa, Georgelina Méndez Diz, usaban una cuenta Infinity en la que depositaban una gran cantidad de dinero en efectivo y luego libraban cheques a Droguería San Javier. Esos valores eran luego endosados a nombre de cooperativas de crédito, donde eran cambiados. Excepto cuatro cheques que fueron librados a favor del Frente para la Victoria, por 325.000 pesos.
La Cámara Federal exhortó al juez Oyarbide a que investigara ahora toda la maniobra del blanqueo del dinero obtenido a través de los negocios con medicamentos adulterados, apócrifos, con la venta de cheques y en especial con la cooperativa Vernet, de Lorenzo.
Sobre todo considerando que esa financiera aparece tomando una hipoteca de San Javier, por 820.000 dólares, cuando según su balance no podía hacerlo.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah le pidieron a Oyarbide que ahondara en estas maniobras e identificara a los responsables que "participaron en la conversión de su producido económico a efectos de dotarlo de aparente legitimidad".
SIN LUGAR PARA QUE DECLAREN LOS TESTIGOS
En el Juzgado Federal N° 5 de Norberto Oyarbide no hay lugar para un expediente más. Hay cajas del piso al techo en todos los despachos de los secretarios y empleados. Son todos documentos relacionados con la mafia de los medicamentos. Hasta hay heladeritas de telgopor. Por eso el juez pidió y le consiguieron una oficina adicional. Se trata de un subsuelo en Cerrito y Córdoba, en un edificio del Estado. Allí serán convocados a testificar el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y su ex colega bonaerense Claudio Zin, apenas puedan mudar las cajas. También allí será indagado Héctor Capaccioli.
Fuente: Hernán Cappiello LA NACION
lunes, 12 de abril de 2010
Argentina Lavado de dinero: Se prevee durísimo informe contra el Gobierno
El Gobierno sabe lo que se viene. El próximo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, un organismo intergubernamental) sobre la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina será "durísimo" e, incluso, "lapidario", según admitieron a La Nacion altas fuentes oficiales que se mantienen en contacto con los redactores del temido trabajo.
Trascendió que el informe critica especialmente a la Unidad de Información Financiera (UIF, dependiente del Ministerio de Justicia), por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. También habla de descoordinación y de los recelos con otros entes oficiales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para intercambiar información confidencial.
La misión del GAFI que estuvo recientemente en el país ?integrada por expertos de siete países? analiza dar un paso más en su documento: incluiría la corrupción como una de las causas que explican por qué la Argentina se encuentra en su situación actual, según pudo reconstruir La Nacion tras consultar a una decena de actuales y ex funcionarios, expertos internacionales e interlocutores del sector privado.
"El informe no puede ser «liviano». Será duro, aunque cuán lejos llegará en sus críticas todavía está por verse", señaló una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboración, pidió mantener su nombre en reserva. El Gobierno confía, sin embargo, en que el GAFI les dará "una oportunidad", a la luz de los cambios observados desde enero. Desde la salida de la presidenta, el vicepresidente y todo el Consejo Asesor de la UIF, y su reemplazo por José Sbattella y su equipo, así como por la aplicación de la primera sanción a un banco por la omisión de denunciar operaciones sospechosas.
"Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora sí las cumpliremos", indicó un alto funcionario a LA NACION.
El objetivo último del Gobierno es evitar que el GAFI decida en su reunión plenaria de junio -o, a más tardar, entre octubre y noviembre- difundir el reporte junto a una "declaración pública" sobre la Argentina.
Eso forzaría la aplicación automática de la "recomendación 21", que sugiere a la comunidad internacional "prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente".
Línea roja
La Argentina ya flirteó dos veces con esa línea roja durante los últimos años. La primera ocurrió en los meses previos a la reunión plenaria que se celebró en Estrasburgo, en febrero de 2007, por las demoras del Congreso en tipificar el delito de financiación del terrorismo. El Gobierno pidió tiempo y en junio de aquel año aprobó esa ley.
La relación con el GAFI ya venía cargada. En febrero y junio de 2005, el Grupo le envió dos cartas al Gobierno para expresar su malestar por distintos incumplimientos.
En marzo de 2008, el titular del GAFI viajó a la Argentina para pedir personalmente que aumentaran los controles locales. Y a principios de 2009, tras una tercera carta -esta vez por el polémico proyecto, luego ley, de blanqueo de capitales-, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, viajó a París para defender la posición oficial y evitó, por segunda vez, la difusión de una "declaración pública".
Ahora, la misión del GAFI que se reunió con funcionarios y líderes del sector privado a mediados de noviembre pasado, evalúa cuánto avanzó o retrocedió el país desde el anterior "informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo", aprobado en junio de 2004.
En aquel informe se señaló:
· La Argentina no registraba ninguna condena judicial por lavado de dinero, lo que generaba "una seria preocupación". Casi seis años después, sigue igual.
· El Congreso no había tipificado la figura penal del "autolavado". Continúa igual, aunque Sbattella promete elevar un proyecto de ley en el corto plazo.
· Algunos organismos del Estado, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, no compartían sus archivos confidenciales con la UIF, lo que el GAFI definió como una cooperación "deficiente". Sigue igual. "La Argentina tiene 24 registros de la propiedad inmueble que no están conectados entre sí. ¿Cómo es posible?", ejemplificó un experto.
· El personal de la UIF era, en su mayoría, de planta temporaria, lo que aumenta los riesgos de filtración de secretos y pérdida recurrente de la experiencia acumulada. Sigue igual.
· La UIF mostraba retrasos notables y escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), por falta de recursos técnicos y de técnicos capacitados. Sigue igual.
· La UIF carecía de "facultades de inspección" sobre bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados bajo sospecha. Sigue igual.
El Gobierno, sin embargo, podrá mostrar avances en dos áreas. Por un lado, la UIF no aplicaba multas a las entidades obligadas de reportar operaciones sospechosas; pero Sbattella aplicó la primera el mes pasado. Por el otro, la misión del GAFI sugirió en 2004 "crear unidades especializadas en materia de lavados de activos" dentro del Ministerio Público Fiscal". Así lo hizo el procurador Esteban Righi. Además, el procurador instruyó a los fiscales que identifiquen los bienes o el dinero vinculados que puedan ser decomisados al investigar algún delito para evitar su lavado
Fuente: La Nacion Hugo Alconada Mon
La primera revisión sembró dudas
Se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios; dicen que la respuesta fue "incomprensible"
La revisión de la Argentina en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo empezó mal. Ocurrió cuando, según marca el procedimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y antes del viaje de los expertos, se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios: desde el marco jurídico e institucional y su aplicación real hasta los criterios de control para el sector bancario, de seguros y de valores, o la cooperación internacional.
"La respuesta del Gobierno fue incomprensible", indicó una de las fuentes consultadas por LA NACION al tanto de la evaluación en marcha sobre la Argentina, lo que acrecentó los reparos de algunos miembros de la delegación de expertos.
Presidida por Kevin Vandergrift (EE.UU.) y Stéphanie Talbot (Francia), por el GAFI, junto a Alejandro Montesdeoca (Uruguay) y Tomás Koch (Chile), por el Gafisud, la misión también incluyó a Fabio Contini (Italia), Mauricio Fernández (Chile), Javier Martínez Sanchiz (ONU), María Rosa Longone (Uruguay), Mar Arias Lorenzo (España) y Juliette van Doorn (Holanda).
La revisión incluyó reuniones con la Unidad de Información Financiera (UIF), Lotería Nacional, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, entre otros, y las asociaciones y cámaras de bancos, compañías de seguros y casas de cambio, además de escribanos, contadores, joyeros y líderes del sector inmobiliario.
Suavizar el reporte :
Consciente de la potencial tormenta, el representante argentino ante el GAFI, Alejandro Strega, le pidió a la misión que suavizara el reporte en ciernes, según reveló LA NACION en noviembre pasado.
Si no, según les planteó, no habría demasiado margen para que el poder político aceptara sugerencias.
Poco antes, el titular saliente del GAFI, Antonio Rodrigues, había trazado el panorama real ante la consulta de LA NACION.
"[La Argentina] -adelantó- durante la visita deberá probar la seriedad de sus intervenciones [en la lucha antilavado] y su sinceridad sobre la aplicación de la ley."
El objetivo, completó el funcionario, es "ver cómo funcionan las cosas en la realidad. De esa manera, se puede tener una idea precisa de la efectividad del sistema".
Para el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla), José María Salinas, la respuesta es obvia. "Ponemos un gran énfasis en la tarea preventiva en sede administrativa, con la UIF, pero ¿qué pasa con el resto?", se preguntó.
"Estamos rengos en el área investigativa y debe haber una decisión política de armar una lucha antilavado como equipo: con la UIF, la AFIP, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad", completó.
Pero si Strega le pidió a la misión del GAFI que suavizara su reporte y Salinas subraya las falencias del sistema actual, el ex coordinador argentino ante el GAFI y titular de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, no descarta una "sobreactuación desmedida" del Gobierno. Esto, entiende Marteau, se haría porque la administración nacional "ahora está urgida en mostrar resultados".
De acuerdo con la visión de Marteau, esto potencia "el riesgo implícito de la desnaturalización del sistema antilavado y la utilización política de las herramientas de investigación con objetivos muy distintos de los que fijan las leyes".
Trascendió que el informe critica especialmente a la Unidad de Información Financiera (UIF, dependiente del Ministerio de Justicia), por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. También habla de descoordinación y de los recelos con otros entes oficiales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para intercambiar información confidencial.
La misión del GAFI que estuvo recientemente en el país ?integrada por expertos de siete países? analiza dar un paso más en su documento: incluiría la corrupción como una de las causas que explican por qué la Argentina se encuentra en su situación actual, según pudo reconstruir La Nacion tras consultar a una decena de actuales y ex funcionarios, expertos internacionales e interlocutores del sector privado.
"El informe no puede ser «liviano». Será duro, aunque cuán lejos llegará en sus críticas todavía está por verse", señaló una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboración, pidió mantener su nombre en reserva. El Gobierno confía, sin embargo, en que el GAFI les dará "una oportunidad", a la luz de los cambios observados desde enero. Desde la salida de la presidenta, el vicepresidente y todo el Consejo Asesor de la UIF, y su reemplazo por José Sbattella y su equipo, así como por la aplicación de la primera sanción a un banco por la omisión de denunciar operaciones sospechosas.
"Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora sí las cumpliremos", indicó un alto funcionario a LA NACION.
El objetivo último del Gobierno es evitar que el GAFI decida en su reunión plenaria de junio -o, a más tardar, entre octubre y noviembre- difundir el reporte junto a una "declaración pública" sobre la Argentina.
Eso forzaría la aplicación automática de la "recomendación 21", que sugiere a la comunidad internacional "prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente".
Línea roja
La Argentina ya flirteó dos veces con esa línea roja durante los últimos años. La primera ocurrió en los meses previos a la reunión plenaria que se celebró en Estrasburgo, en febrero de 2007, por las demoras del Congreso en tipificar el delito de financiación del terrorismo. El Gobierno pidió tiempo y en junio de aquel año aprobó esa ley.
La relación con el GAFI ya venía cargada. En febrero y junio de 2005, el Grupo le envió dos cartas al Gobierno para expresar su malestar por distintos incumplimientos.
En marzo de 2008, el titular del GAFI viajó a la Argentina para pedir personalmente que aumentaran los controles locales. Y a principios de 2009, tras una tercera carta -esta vez por el polémico proyecto, luego ley, de blanqueo de capitales-, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, viajó a París para defender la posición oficial y evitó, por segunda vez, la difusión de una "declaración pública".
Ahora, la misión del GAFI que se reunió con funcionarios y líderes del sector privado a mediados de noviembre pasado, evalúa cuánto avanzó o retrocedió el país desde el anterior "informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo", aprobado en junio de 2004.
En aquel informe se señaló:
· La Argentina no registraba ninguna condena judicial por lavado de dinero, lo que generaba "una seria preocupación". Casi seis años después, sigue igual.
· El Congreso no había tipificado la figura penal del "autolavado". Continúa igual, aunque Sbattella promete elevar un proyecto de ley en el corto plazo.
· Algunos organismos del Estado, como la Administración Federal de Ingresos Públicos, no compartían sus archivos confidenciales con la UIF, lo que el GAFI definió como una cooperación "deficiente". Sigue igual. "La Argentina tiene 24 registros de la propiedad inmueble que no están conectados entre sí. ¿Cómo es posible?", ejemplificó un experto.
· El personal de la UIF era, en su mayoría, de planta temporaria, lo que aumenta los riesgos de filtración de secretos y pérdida recurrente de la experiencia acumulada. Sigue igual.
· La UIF mostraba retrasos notables y escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS), por falta de recursos técnicos y de técnicos capacitados. Sigue igual.
· La UIF carecía de "facultades de inspección" sobre bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados bajo sospecha. Sigue igual.
El Gobierno, sin embargo, podrá mostrar avances en dos áreas. Por un lado, la UIF no aplicaba multas a las entidades obligadas de reportar operaciones sospechosas; pero Sbattella aplicó la primera el mes pasado. Por el otro, la misión del GAFI sugirió en 2004 "crear unidades especializadas en materia de lavados de activos" dentro del Ministerio Público Fiscal". Así lo hizo el procurador Esteban Righi. Además, el procurador instruyó a los fiscales que identifiquen los bienes o el dinero vinculados que puedan ser decomisados al investigar algún delito para evitar su lavado
Fuente: La Nacion Hugo Alconada Mon
La primera revisión sembró dudas
Se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios; dicen que la respuesta fue "incomprensible"
La revisión de la Argentina en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo empezó mal. Ocurrió cuando, según marca el procedimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y antes del viaje de los expertos, se envió al Gobierno un cuestionario con 120 criterios: desde el marco jurídico e institucional y su aplicación real hasta los criterios de control para el sector bancario, de seguros y de valores, o la cooperación internacional.
"La respuesta del Gobierno fue incomprensible", indicó una de las fuentes consultadas por LA NACION al tanto de la evaluación en marcha sobre la Argentina, lo que acrecentó los reparos de algunos miembros de la delegación de expertos.
Presidida por Kevin Vandergrift (EE.UU.) y Stéphanie Talbot (Francia), por el GAFI, junto a Alejandro Montesdeoca (Uruguay) y Tomás Koch (Chile), por el Gafisud, la misión también incluyó a Fabio Contini (Italia), Mauricio Fernández (Chile), Javier Martínez Sanchiz (ONU), María Rosa Longone (Uruguay), Mar Arias Lorenzo (España) y Juliette van Doorn (Holanda).
La revisión incluyó reuniones con la Unidad de Información Financiera (UIF), Lotería Nacional, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, entre otros, y las asociaciones y cámaras de bancos, compañías de seguros y casas de cambio, además de escribanos, contadores, joyeros y líderes del sector inmobiliario.
Suavizar el reporte :
Consciente de la potencial tormenta, el representante argentino ante el GAFI, Alejandro Strega, le pidió a la misión que suavizara el reporte en ciernes, según reveló LA NACION en noviembre pasado.
Si no, según les planteó, no habría demasiado margen para que el poder político aceptara sugerencias.
Poco antes, el titular saliente del GAFI, Antonio Rodrigues, había trazado el panorama real ante la consulta de LA NACION.
"[La Argentina] -adelantó- durante la visita deberá probar la seriedad de sus intervenciones [en la lucha antilavado] y su sinceridad sobre la aplicación de la ley."
El objetivo, completó el funcionario, es "ver cómo funcionan las cosas en la realidad. De esa manera, se puede tener una idea precisa de la efectividad del sistema".
Para el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla), José María Salinas, la respuesta es obvia. "Ponemos un gran énfasis en la tarea preventiva en sede administrativa, con la UIF, pero ¿qué pasa con el resto?", se preguntó.
"Estamos rengos en el área investigativa y debe haber una decisión política de armar una lucha antilavado como equipo: con la UIF, la AFIP, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad", completó.
Pero si Strega le pidió a la misión del GAFI que suavizara su reporte y Salinas subraya las falencias del sistema actual, el ex coordinador argentino ante el GAFI y titular de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, no descarta una "sobreactuación desmedida" del Gobierno. Esto, entiende Marteau, se haría porque la administración nacional "ahora está urgida en mostrar resultados".
De acuerdo con la visión de Marteau, esto potencia "el riesgo implícito de la desnaturalización del sistema antilavado y la utilización política de las herramientas de investigación con objetivos muy distintos de los que fijan las leyes".
sábado, 10 de abril de 2010
SWIFT:UE y EEUU confían reactivar el programa de datos bancarios contra terrorismo
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos reafirmaron hoy su voluntad de reactivar "tan pronto como sea posible" el llamado programa SWIFT sobre el uso de datos financieros en la lucha antiterrorista.
Los titulares de Justicia e Interior estadounidenses y de la UE expresaron hoy esta voluntad al término de una reunión ministerial celebrada en Madrid.
El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confió en que se logre un acuerdo sobre el citado programa, aunque admitió que "hay problemas de fondo" sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.
Pese a que Rubalcaba no fijó ningún plazo para cerrar el acuerdo, la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Viviana Reding, dejó entrever que ese objetivo se podría conseguir a partir del otoño próximo.
Por su parte, el secretario de Justicia y Fiscal general de EEUU, Eric Holder, expresó su confianza en que las discrepancias entre ambos bloques se disuelvan en un "periodo de tiempo relativamente corto".
El programa SWIFT "es esencial para la seguridad de la Unión Europea y Estados Unidos", señaló Holter, al tiempo que subrayó que esta iniciativa contiene "salvaguardas" de la privacidad de los ciudadanos.
El Parlamento Europeo bloqueó el pasado febrero el acuerdo de transferencia de datos bancarios alcanzado por la UE con EEUU, y forzó a los Veintisiete a renegociar el polémico sistema garantizando una mayor privacidad y protección de la información.
Los eurodiputados desafiaron con su "no" a los Estados miembros y a Washington, que presionaban para permitir la entrada en vigor de este mecanismo, enmarcado en la cooperación transatlántica en la lucha antiterrorista.
El acuerdo habría permitido a EEUU seguir accediendo a la información financiera de los ciudadanos europeos a través de los servidores del consorcio bancario Swift, como hacía desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra ese país (11-S).
En 2006 se conoció que el Departamento del Tesoro de EEUU logró de Swift el acceso a los datos sobre transferencias financieras internacionales en sus investigaciones sobre el terrorismo.
Tras la queja de la UE, EEUU aceptó usar sólo los datos que necesitara exclusivamente para investigaciones antiterroristas, conservar los datos durante un tiempo y proceder periódicamente a borrar la información no necesaria en la lucha contra el terrorismo.
Fuente:www.adn.es
Los titulares de Justicia e Interior estadounidenses y de la UE expresaron hoy esta voluntad al término de una reunión ministerial celebrada en Madrid.
El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confió en que se logre un acuerdo sobre el citado programa, aunque admitió que "hay problemas de fondo" sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.
Pese a que Rubalcaba no fijó ningún plazo para cerrar el acuerdo, la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Viviana Reding, dejó entrever que ese objetivo se podría conseguir a partir del otoño próximo.
Por su parte, el secretario de Justicia y Fiscal general de EEUU, Eric Holder, expresó su confianza en que las discrepancias entre ambos bloques se disuelvan en un "periodo de tiempo relativamente corto".
El programa SWIFT "es esencial para la seguridad de la Unión Europea y Estados Unidos", señaló Holter, al tiempo que subrayó que esta iniciativa contiene "salvaguardas" de la privacidad de los ciudadanos.
El Parlamento Europeo bloqueó el pasado febrero el acuerdo de transferencia de datos bancarios alcanzado por la UE con EEUU, y forzó a los Veintisiete a renegociar el polémico sistema garantizando una mayor privacidad y protección de la información.
Los eurodiputados desafiaron con su "no" a los Estados miembros y a Washington, que presionaban para permitir la entrada en vigor de este mecanismo, enmarcado en la cooperación transatlántica en la lucha antiterrorista.
El acuerdo habría permitido a EEUU seguir accediendo a la información financiera de los ciudadanos europeos a través de los servidores del consorcio bancario Swift, como hacía desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra ese país (11-S).
En 2006 se conoció que el Departamento del Tesoro de EEUU logró de Swift el acceso a los datos sobre transferencias financieras internacionales en sus investigaciones sobre el terrorismo.
Tras la queja de la UE, EEUU aceptó usar sólo los datos que necesitara exclusivamente para investigaciones antiterroristas, conservar los datos durante un tiempo y proceder periódicamente a borrar la información no necesaria en la lucha contra el terrorismo.
Fuente:www.adn.es
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