Hoy llega el titular del organismo para una visita de alto nivel
El Gobierno desarrollará a partir de hoy una estrategia audaz y riesgosa luego del severo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de que no combate el lavado de dinero: intentará convencer al presidente del organismo, Luis Urrutia Corral, de que elaboró un plan de acción para corregir las enormes deficiencias. Pretende usar al GAFI-Sud, un organismo regional, para descolocar al GAFI y dictará un decreto para concentrar atribuciones en la Unidad de Información Financiera (UIF).
En su última reunión plenaria en París, el GAFI emitió un dictamen donde dejó constancia que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas (recomendaciones) que guían la lucha contra el lavado de dinero; señaló 250 deficiencias y colocó al país bajo un "proceso de seguimiento riguroso e intensivo".
Ante la posibilidad de que la Argentina sea sancionada por el GAFI en la reunión plenaria de febrero -cuando venzan los 100 días que el organismo dio para poner las cosas en orden-, el coordinador nacional de políticas antilavado, Alejandro Strega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, en forma urgente, elaborar un plan de acción. Una sanción podría tener consecuencias graves para las transacciones financieras y comerciales con el exterior.
Dada la delicada situación de la Argentina, Luis Urrutia Corral, titular del organismo internacional, iniciará hoy una visita de alto nivel. Cuando comience los contactos con el Gobierno, la UIF, directores del Banco Central, Comisión Nacional de Valores y diputados y senadores, observará que hay una estrategia a tres puntas:
• Leerá un decreto, elaborado contra reloj, para concentrar en la UIF muchas atribuciones. Hasta ahora, la UIF fue un organismo ineficiente y Sbatella pretende mostrar que desde que asumió, en enero, le dio mayor dinamismo, aunque todavía no esté claro con qué resultados (hubo inspecciones y multas a dos bancos que la Justicia podría revocar y, además, inspeccionó varias escribanías, joyerías y dos casinos). "En realidad, se trata de poner en claro atribuciones que el organismo ya tiene", confirmaron altas fuentes del Ministerio de Justicia y de la propia UIF.
• El Gobierno envió al GAFI un plan de acción en el que asegura que algunas de las 250 deficiencias se están corrigiendo ahora, pero que para las más importantes sólo tienen una promesa: las corregirá el Congreso para noviembre de 2011.
• El tercer paso de la estrategia es, quizás, el más riesgoso y controvertido. Desde el mes último, cuando entró en contacto en Brasilia con los representantes del Mercosur, Sbatella siguió negociando contra reloj para que algunos de los doce países que integran GAFI-Sud, organismo regional similar al GAFI, emitan este jueves una declaración sobre la Argentina mucho más favorable de la realizada por el GAFI hace dos meses.
Esta tercera carta tiene pocas chances de triunfar, porque México fue duro con la Argentina en el organismo internacional (Urrutia Corral es mexicano) y Brasil tal vez opte por callarse. Por eso, Sbatella trabaja sobre Chile y Perú. "Pero es muy difícil imaginar que el GAFI-Sud vaya a dejar descolocado al organismo madre, el GAFI. Habría dictámenes contradictorios", dijeron a La Nacion fuentes de ese organismo.
El Gobierno no repara en estas contradicciones. Frente al informe adverso de octubre último, lo que busca ahora es tener elementos para evitar sanciones.
Urrutia Corral tiene previsto reunirse hoy con Sbatella -que también aspira a absorber la coordinación nacional, que ejerce Strega, quien renunciaría en breve-; con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, más debilitado después de los hechos de Villa Soldati, y con el ministro de Justicia, Julio Alak. No tomará ninguna decisión, simplemente escuchará, para ver si realmente el Gobierno tiene voluntad política de cambiar las cosas.
El plan de acción dice que algunas reformas, que pueden introducirse por vía de decretos o resoluciones, estarán listas entre este mes y febrero próximo. Pero el período de un año que propone la Argentina para las reformas más complejas, en rigor, excede en mucho el plazo dado por el GAFI, que vence cuando el organismo vuelva a sesionar en París en febrero próximo.
Entre las deficiencias que la Argentina debe corregir, según el organismo con sede en París, figuran la falta de condenas por lavado; que la legislación no penaliza los delitos de autolavado ni el de conspiración; que algunas de las sanciones previstas para el lavado son leves y que tampoco existe un régimen de confiscación de bienes.
Según el GAFI, hay grandes sectores económicos, por ejemplo, inmobiliarias, compraventa de metales o piedras preciosas, casinos, algunas operaciones de aseguradoras y tarjetas de crédito que directamente están fuera del sistema.
El plan de acción del Gobierno explica que varios proyectos de ley incluyen la corrección de algunas de esas deficiencias para noviembre de 2011, pero, curiosamente, no se dice nada respecto de casinos y otros sectores sensibles.
Por otra parte, la lupa internacional se posó en el Banco Central y en la Comisión Nacional de Valores. El GAFI sostuvo que no ha realizado inspecciones amplias ni eficientes sobre los respectivos sectores en los que operan. Además, se destacó que cuando se reportan operaciones sospechosas, la UIF, el BCRA, la CNV y la AFIP tienen restricciones para compartir información entre sí o a requerimiento del exterior.
Las observaciones
• Advertencia. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) cuestionó en su último informe la falta de compromiso de la Argentina en la lucha contra el lavado.
• Deficiencias. El organismo con sede en París destacó que en la Argentina no hay condenas por lavado y que sólo el 10% de los 738 casos de posible lavado derivó en una denuncia penal.
• Información. Entre las deficiencias, se marcó la existencia de restricciones en el BCRA, la UIF, la CNV y la AFIP para compartir información cuando se reportan operaciones sospechosas.
• Cooperación. El organismo destacó graves deficiencias en la cooperación internacional y que el BCRA y la CNV no han hecho inspecciones eficientes en los sectores que operan
lunes, 13 de diciembre de 2010
jueves, 9 de diciembre de 2010
Un software que encuentra “máquinas” de lavar dinero de los narcotraficantes
Empresas pequeñas y medianas, con sede en San Pablo y Paraná, son las principales “máquinas de lavar” dinero de los jefes del tráfico de drogas de Río de Janeiro. La información apareció después de los primeros cruzamientos de datos obtenidos a través de una nueva tecnología, que está ayudando en las investigaciones policiales de Río y otros Estados.
Se trata del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (Lab-LD), un sistema lanzado en 2007, resultado de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Civil del Estado, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (Enccla).
Río recibió dos unidades de Lab-LD, una para la Policía Civil y otra para el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Es una estructura simple, con un equipo reducido -seis personas en la policía y diez en la Fiscalía-, que ocupan dos o tres salas pequeñas. Patricia Alemany, coordinadora del laboratorio en la policía, definió el sistema como un conjunto de software, técnicas y profesionales especializados (contadores, economistas, estadísticos) que trabajan en el análisis de los datos.
El software lee y conecta las informaciones obtenidas por los investigadores en extractos bancarios, cuentas de teléfono e informes fiscales. El programa genera gráficos y organigramas, que apuntan visualmente las conexiones entre las personas investigadas y el camino del movimiento del dinero entre los implicados en la investigación.
El programa puede también revelar a las personas implicadas en esquemas, que ni siquiera eran sospechosas. “Antes, no se podía probar que dos individuos hablaban a través de terceros, ahora se puede”, dijo Alemany. El Lab-LD está disminuyendo drásticamente el tiempo de investigación. “Antes los datos se analizaban manualmente”, afirmó Reinaldo Lomba, fiscal y director del departamento de combate al lavado de dinero del MPRJ.
Sin embargo, por la imposibilidad de analizarlos muchos datos terminan perdiéndose. Por ejemplo, los bancos cuando reciben pedidos por parte de la Justicia, envían extractos en papel o en sistemas de diferentes modelos, prácticamente inviabilizando la compilación. “Con el laboratorio, un análisis que llevaba de uno a dos años, ahora demora dos meses”, dijo Lomba, recordando que, en casos complejos, que implican análisis muy extensos, el resultado termina atrasando los procesos judiciales y hasta llevando a la prescripción de los crímenes.
El Lab-LD de Río comenzó a dar sus primeros resultados en agosto, cuando la Policía Civil consiguió arrestar a una pandilla de traficantes en la favela de Manguinhos, secuestrando diversos cuadernos que contenían la contabilidad del narcotráfico. Al analizar el material, se descubrió que la banda movía más de R$ 17 millones por año.
Según Alemany, a pesar de que muchas personas físicas (familiares, vecinos, amigos, clientes) ayudan a lavar dinero de los traficantes, los análisis de laboratorio muestran que ellos prefieren mezclar el dinero de las drogas con la contabilidad de personas jurídicas, a través de facturas frías, que dificultan el rastreo por parte de los organismos de control del lavado de dinero. La transacción interesa a los empresarios, socios de esas firmas, que registran mayor movimiento financiero y obtienen más ventajas con los bancos.
El Lab-LD ayudó a comprobar que Viviane Sampaio da Silva, compañera de Polegar, uno de los traficantes más buscados de Río, a pesar de declarar una renta de R$ 3.000 mensuales, vivía con sus hijos en un lujoso departamento en Barra de Tijuca, tenía un Audi A3 a su nombre y gastaba R$ 8.000 por mes. Con la investigación, Sampaio da Silva fue detenida el 28 de noviembre, el primer día de la ofensiva militar en el Complejo del Alemán.
“El objetivo del laboratorio es facilitar el análisis financiero de esas investigaciones permitiendo observar el camino que sigue el dinero”‘, afirmó el fiscal Francisco de Assis Cardoso, uno de los dos representantes del MP en Enccla.
Se trata del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (Lab-LD), un sistema lanzado en 2007, resultado de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Civil del Estado, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (Enccla).
Río recibió dos unidades de Lab-LD, una para la Policía Civil y otra para el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Es una estructura simple, con un equipo reducido -seis personas en la policía y diez en la Fiscalía-, que ocupan dos o tres salas pequeñas. Patricia Alemany, coordinadora del laboratorio en la policía, definió el sistema como un conjunto de software, técnicas y profesionales especializados (contadores, economistas, estadísticos) que trabajan en el análisis de los datos.
El software lee y conecta las informaciones obtenidas por los investigadores en extractos bancarios, cuentas de teléfono e informes fiscales. El programa genera gráficos y organigramas, que apuntan visualmente las conexiones entre las personas investigadas y el camino del movimiento del dinero entre los implicados en la investigación.
El programa puede también revelar a las personas implicadas en esquemas, que ni siquiera eran sospechosas. “Antes, no se podía probar que dos individuos hablaban a través de terceros, ahora se puede”, dijo Alemany. El Lab-LD está disminuyendo drásticamente el tiempo de investigación. “Antes los datos se analizaban manualmente”, afirmó Reinaldo Lomba, fiscal y director del departamento de combate al lavado de dinero del MPRJ.
Sin embargo, por la imposibilidad de analizarlos muchos datos terminan perdiéndose. Por ejemplo, los bancos cuando reciben pedidos por parte de la Justicia, envían extractos en papel o en sistemas de diferentes modelos, prácticamente inviabilizando la compilación. “Con el laboratorio, un análisis que llevaba de uno a dos años, ahora demora dos meses”, dijo Lomba, recordando que, en casos complejos, que implican análisis muy extensos, el resultado termina atrasando los procesos judiciales y hasta llevando a la prescripción de los crímenes.
El Lab-LD de Río comenzó a dar sus primeros resultados en agosto, cuando la Policía Civil consiguió arrestar a una pandilla de traficantes en la favela de Manguinhos, secuestrando diversos cuadernos que contenían la contabilidad del narcotráfico. Al analizar el material, se descubrió que la banda movía más de R$ 17 millones por año.
Según Alemany, a pesar de que muchas personas físicas (familiares, vecinos, amigos, clientes) ayudan a lavar dinero de los traficantes, los análisis de laboratorio muestran que ellos prefieren mezclar el dinero de las drogas con la contabilidad de personas jurídicas, a través de facturas frías, que dificultan el rastreo por parte de los organismos de control del lavado de dinero. La transacción interesa a los empresarios, socios de esas firmas, que registran mayor movimiento financiero y obtienen más ventajas con los bancos.
El Lab-LD ayudó a comprobar que Viviane Sampaio da Silva, compañera de Polegar, uno de los traficantes más buscados de Río, a pesar de declarar una renta de R$ 3.000 mensuales, vivía con sus hijos en un lujoso departamento en Barra de Tijuca, tenía un Audi A3 a su nombre y gastaba R$ 8.000 por mes. Con la investigación, Sampaio da Silva fue detenida el 28 de noviembre, el primer día de la ofensiva militar en el Complejo del Alemán.
“El objetivo del laboratorio es facilitar el análisis financiero de esas investigaciones permitiendo observar el camino que sigue el dinero”‘, afirmó el fiscal Francisco de Assis Cardoso, uno de los dos representantes del MP en Enccla.
sábado, 4 de diciembre de 2010
ARGENTINA: Mafia de los Medicamentos Procesaron por Lavado de Dinero a Ibar Perez Corradi
Se trata de Ibar Pérez Corradi, acusado de “lavado de dinero” y apuntado por la viuda de Sebastián Forza, una de los empresarios hallados asesinados en General Rodríguez. La misma medida fue tomada por el juez Oyarbide sobre 17 empresarios farmacéuticos por “asociación ilícita”
El empresario Ibar Pérez Corradi, a quien se vinculó con el triple crimen de General Rodríguez y quien se encuentra detenido a pedido de los Estados Unidos, quedó procesado por "lavado de dinero" en la megacausa de la llamada "mafia de los medicamentos".
Por otra parte, 17 empresarios fueron procesaron por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, cinco de los procesados ya se encontraban detenidos con prisión preventiva. Entre ellos se encuentra Ricardo Bruno, sindicado como el jefe de la organización. Todos los involucrados tienen algún tipo de vinculación con la Droguería Arcasel, acusada por vender remedios adulterados y por asociación ilícita. También contaban con prisión preventiva Vanina Postigo, Rosendo Torrent, José Sraer y Fabio Ferreyra.
Así lo resolvió el juez federal Norberto Oyarbide, quien acusó a Pérez Corradi de "blanquear" plata proveniente de las "actividades ilícitas" -dijo- del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, ambos presos y procesados en la causa.
El juez estableció que en ese marco Pérez Corradi cambió cheques por algo más de 300 mil pesos. En su resolución Oyarbide reforzó las sospechas que unieron a esa supuesta organización con el aún irresuelto crimen del empresario Sebastián Forza, asesinado junto a Leopoldo Bina y Daniel Ferrón en agosto de 2008.
Cuando los cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez, la viuda de Forza, Solange Bellone, apuntó a Pérez Corradi, porque el joven empresario lo había denunciado por amenazas. Según esa hipótesis, Pérez Corradi estaba involucrado en la venta de efedrina y habría temido que Forza, un ex socio que también se había introducido en el negocio, lo terminara denunciando penalmente para sacarlo de competencia.
Si bien Pérez Corradi nunca fue indagado en la investigación del triple homicidio, el empresario está detenido desde 2008 a pedido de Estados Unidos, sospechado de confabulación y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a enviar estupefacientes. Y el 11 de noviembre pasado fue llamado a declarar como sospechoso en la megacausa de los medicamentos.
Cuando habló ante Oyarbide, Pérez Corradi dijo que no había cometido "actividad ilícita alguna", que se dedicaba simplemente "al cambio de cheques en una mesa de dinero" y que fue así como canjeó cheques de la droguería "San Javier", de Lorenzo, principal proveedor de la Bancaria, según la declaración a la que accedió DyN.
Pero Oyarbide decidió procesarlo por "lavado de dinero agravado", ya que -estableció- "blanqueó" activos recaudados ilegalmente "en distintos negocios vinculados a medicamentos adulterados" para Lorenzo y Zanola.
En su resolución el juez también vincula en este tipo de maniobras a Pérez Corradi con el empresario del rubro Carlos Torres, también procesado en la causa. No obstante, el juez no dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi para no entorpecer el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos para juzgar al empresario en ese país.
De acuerdo al fallo, la larga trayectoria del imputado en el mercado farmacéutico -donde supo ser socio de Forza y manejar una sociedad de Lorenzo- "no puede dejar de generar la convicción de que Pérez Corradi conocía perfectamente cómo se movía el mercado de comercialización de sustancias medicinales".
Y ello, añadió el juez, "no solo en sus aspectos lícitos, sino también en aquellos aspectos delictuales relacionados con la venta de medicamentos adulterados, falsificados, vencidos, extraídos de sus canales habituales de distribución por corresponder a programas gratuitos de distribución cuyo fomento venía dado por el Estado en diversas esferas".
"Tan es así -añadió Oyarbide- que el justiciable (Pérez Corradi) conocía perfectamente las aristas ilícitas del mercado de los medicamentos, que no resta más que reparar que los inicios de la relación que tuvieron el encausado y Sebastián Forza allá por el año 2001 era de compra y venta de medicamentos y se extendió durante varios años".
Forza y su esposa Solange Bellone -procesada en la causa de los medicamentos, actualmente excarcelada- eran titulares de la droguería Seacamp, sospechada de haber emitido medicamentos oncológicos falsos. Pérez Corradi, recuerda el fallo, "tomó intervención directa en la contabilidad y facturación de la firma Bairesmed de Seacamp SA" y por ello "no pudo dejar de conocer las diversas irregularidades que allí se desarrollaban".
En la causa, el empresario Gabriel Brito, también procesado en la causa de los medicamentos, dijo en su indagatoria de mayo pasado que "el gran proveedor de Lorenzo era Forza" y añadió que "no en vano Forza tenía casi 3 millones de cheques de Lorenzo al momento que lo matan y unos meses antes".
Los empresarios farmacéuticos Forza y Ferrón y el publicista Bina fueron secuestrados el 7 de agosto de 2008; una semana después sus cadáveres aparecieron baleados en un descampado en General Rodríguez, en clara clave mafiosa.
El empresario Ibar Pérez Corradi, a quien se vinculó con el triple crimen de General Rodríguez y quien se encuentra detenido a pedido de los Estados Unidos, quedó procesado por "lavado de dinero" en la megacausa de la llamada "mafia de los medicamentos".
Por otra parte, 17 empresarios fueron procesaron por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, cinco de los procesados ya se encontraban detenidos con prisión preventiva. Entre ellos se encuentra Ricardo Bruno, sindicado como el jefe de la organización. Todos los involucrados tienen algún tipo de vinculación con la Droguería Arcasel, acusada por vender remedios adulterados y por asociación ilícita. También contaban con prisión preventiva Vanina Postigo, Rosendo Torrent, José Sraer y Fabio Ferreyra.
Así lo resolvió el juez federal Norberto Oyarbide, quien acusó a Pérez Corradi de "blanquear" plata proveniente de las "actividades ilícitas" -dijo- del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, ambos presos y procesados en la causa.
El juez estableció que en ese marco Pérez Corradi cambió cheques por algo más de 300 mil pesos. En su resolución Oyarbide reforzó las sospechas que unieron a esa supuesta organización con el aún irresuelto crimen del empresario Sebastián Forza, asesinado junto a Leopoldo Bina y Daniel Ferrón en agosto de 2008.
Cuando los cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez, la viuda de Forza, Solange Bellone, apuntó a Pérez Corradi, porque el joven empresario lo había denunciado por amenazas. Según esa hipótesis, Pérez Corradi estaba involucrado en la venta de efedrina y habría temido que Forza, un ex socio que también se había introducido en el negocio, lo terminara denunciando penalmente para sacarlo de competencia.
Si bien Pérez Corradi nunca fue indagado en la investigación del triple homicidio, el empresario está detenido desde 2008 a pedido de Estados Unidos, sospechado de confabulación y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a enviar estupefacientes. Y el 11 de noviembre pasado fue llamado a declarar como sospechoso en la megacausa de los medicamentos.
Cuando habló ante Oyarbide, Pérez Corradi dijo que no había cometido "actividad ilícita alguna", que se dedicaba simplemente "al cambio de cheques en una mesa de dinero" y que fue así como canjeó cheques de la droguería "San Javier", de Lorenzo, principal proveedor de la Bancaria, según la declaración a la que accedió DyN.
Pero Oyarbide decidió procesarlo por "lavado de dinero agravado", ya que -estableció- "blanqueó" activos recaudados ilegalmente "en distintos negocios vinculados a medicamentos adulterados" para Lorenzo y Zanola.
En su resolución el juez también vincula en este tipo de maniobras a Pérez Corradi con el empresario del rubro Carlos Torres, también procesado en la causa. No obstante, el juez no dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi para no entorpecer el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos para juzgar al empresario en ese país.
De acuerdo al fallo, la larga trayectoria del imputado en el mercado farmacéutico -donde supo ser socio de Forza y manejar una sociedad de Lorenzo- "no puede dejar de generar la convicción de que Pérez Corradi conocía perfectamente cómo se movía el mercado de comercialización de sustancias medicinales".
Y ello, añadió el juez, "no solo en sus aspectos lícitos, sino también en aquellos aspectos delictuales relacionados con la venta de medicamentos adulterados, falsificados, vencidos, extraídos de sus canales habituales de distribución por corresponder a programas gratuitos de distribución cuyo fomento venía dado por el Estado en diversas esferas".
"Tan es así -añadió Oyarbide- que el justiciable (Pérez Corradi) conocía perfectamente las aristas ilícitas del mercado de los medicamentos, que no resta más que reparar que los inicios de la relación que tuvieron el encausado y Sebastián Forza allá por el año 2001 era de compra y venta de medicamentos y se extendió durante varios años".
Forza y su esposa Solange Bellone -procesada en la causa de los medicamentos, actualmente excarcelada- eran titulares de la droguería Seacamp, sospechada de haber emitido medicamentos oncológicos falsos. Pérez Corradi, recuerda el fallo, "tomó intervención directa en la contabilidad y facturación de la firma Bairesmed de Seacamp SA" y por ello "no pudo dejar de conocer las diversas irregularidades que allí se desarrollaban".
En la causa, el empresario Gabriel Brito, también procesado en la causa de los medicamentos, dijo en su indagatoria de mayo pasado que "el gran proveedor de Lorenzo era Forza" y añadió que "no en vano Forza tenía casi 3 millones de cheques de Lorenzo al momento que lo matan y unos meses antes".
Los empresarios farmacéuticos Forza y Ferrón y el publicista Bina fueron secuestrados el 7 de agosto de 2008; una semana después sus cadáveres aparecieron baleados en un descampado en General Rodríguez, en clara clave mafiosa.
jueves, 2 de diciembre de 2010
ARGENTINA:Desde la UIF, aseguran que “hay una acción muy fuerte” de Cristina contra el lavado
El titular del organismo, José Sbatella, rechazó las acusaciones de la embajada estadounidense que hablaban de una falta de voluntad del Gobierno para implementar políticas contra el crimen organizado. Además, negó que se retengan reportes sobre operaciones que complicarían a los Kirchner."No buscamos explicaciones hacia atrás" le dijo a la Politica online
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desestimó las acusaciones de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que indicaban que el Gobierno, desde 2003, se mantenía “laxo" en los controles antilavado y remarcó que “la Presidenta mostró una acción muy fuerte” al respecto.
“No queremos buscar explicaciones hacia atrás pero nos pusimos en acción. En realidad estamos en un proceso de jerarquización de la UIF que significó asumir todas las atribuciones que no se usaban con anterioridad. Además, en los cables están las valuaciones que se hicieron en 2009 hasta noviembre cuando hay una serie de elementos que recién los vamos a poder presentar en febrero”, apuntó Sbatella en declaraciones a LPO.
José Sbatella
Hoy surgieron nuevos cables de la Embajada relacionados al escándalo de Wikileaks en el que señala que “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado y puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas”.
“Si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”, indica uno de los cables firmado por la embajadora norteamericana en Buenos Aires. La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
En ese marco, Sbatella deslindó responsabilidades de su gestión al señalar que los términos usados por la embajada estadounidense correspondieron a los meses en los que la UIF estaba dirigida por Rosa Falduto.
“En el cable sale lo que se hizo hasta ese momento. Nosotros no pudimos mostrar las multas a los bancos, las supervisiones que estamos haciendo a las joyerías, a los casinos, a las transportadoras de caudales. Esas inspecciones están previstas pero no se habían iniciado porque no teníamos las atribuciones”, indicó Sbatella, que aseguró que el panorama cambiará con la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará en febrero.
Además, también echó culpas en la Justicia al señalar que “en la estructura institucional, la UIF no era contemplada como un actor” y al recalcar que “los jueces buscan el delito precedente pero luego se olvidan del camino del dinero, y se olvidan de que la ley pude decomisar el dinero”.
Además, también rechazó la acusación de que las autoridades argentinas retuvieran un reporte con operaciones sospechosas que afectaban “al círculo íntimo” de los Kirchner.
“No me consta que haya sucedido eso. De todos modos, tampoco sería irracional que surjan reportes. Lo que sucede es que eso no implica delito, sino movimientos de fondos. Pasó lo mismo con el caso de De Narváez. Ahí –el diputado- tenía que explicar de dónde sacó la plata, y no implicaba ningún delito”, cerró Sbatella.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, desestimó las acusaciones de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que indicaban que el Gobierno, desde 2003, se mantenía “laxo" en los controles antilavado y remarcó que “la Presidenta mostró una acción muy fuerte” al respecto.
“No queremos buscar explicaciones hacia atrás pero nos pusimos en acción. En realidad estamos en un proceso de jerarquización de la UIF que significó asumir todas las atribuciones que no se usaban con anterioridad. Además, en los cables están las valuaciones que se hicieron en 2009 hasta noviembre cuando hay una serie de elementos que recién los vamos a poder presentar en febrero”, apuntó Sbatella en declaraciones a LPO.
José Sbatella
Hoy surgieron nuevos cables de la Embajada relacionados al escándalo de Wikileaks en el que señala que “el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado y puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas”.
“Si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror”, indica uno de los cables firmado por la embajadora norteamericana en Buenos Aires. La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
En ese marco, Sbatella deslindó responsabilidades de su gestión al señalar que los términos usados por la embajada estadounidense correspondieron a los meses en los que la UIF estaba dirigida por Rosa Falduto.
“En el cable sale lo que se hizo hasta ese momento. Nosotros no pudimos mostrar las multas a los bancos, las supervisiones que estamos haciendo a las joyerías, a los casinos, a las transportadoras de caudales. Esas inspecciones están previstas pero no se habían iniciado porque no teníamos las atribuciones”, indicó Sbatella, que aseguró que el panorama cambiará con la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará en febrero.
Además, también echó culpas en la Justicia al señalar que “en la estructura institucional, la UIF no era contemplada como un actor” y al recalcar que “los jueces buscan el delito precedente pero luego se olvidan del camino del dinero, y se olvidan de que la ley pude decomisar el dinero”.
Además, también rechazó la acusación de que las autoridades argentinas retuvieran un reporte con operaciones sospechosas que afectaban “al círculo íntimo” de los Kirchner.
“No me consta que haya sucedido eso. De todos modos, tampoco sería irracional que surjan reportes. Lo que sucede es que eso no implica delito, sino movimientos de fondos. Pasó lo mismo con el caso de De Narváez. Ahí –el diputado- tenía que explicar de dónde sacó la plata, y no implicaba ningún delito”, cerró Sbatella.
WIKILEAKS:Para EE.UU., la Argentina no hace nada por combatir el lavado de dinero
Indican que el grueso del lavado de dinero es por la evasión impositiva. Pero el narcotráfico crece. Confirman la operación oficial para perjudicar a De Narváez
La diplomacia estadounidense es “escéptica” con respecto a las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Advirtió también sobre el crecimiento del narcotráfico en el país y la ineficiencia y corrupción enquistadas en las instituciones argentinas que deben controlar las operaciones ilícitas. Estos conceptos surgen de nuevos cables secretos de la diplomacia estadounidense difundidos ayer por el sitio web WikiLeaks.
“El equipo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es escéptico sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, reza uno de los cables divulgados. “Mientras la mayor parte de las operaciones de lavado de dinero en la Argentina tienen que ver con la evasión impositiva y la corrupción, los fondos derivados del narcotráfico está creciendo problemáticamente. La burocracia y la falta de recursos” en el Estado deteriora el panorama, indica el informe.
Sin vueltas, el documento oficial de Estados Unidos asegura: “La casi completa ausencia de regulaciones junto a una cultura de impunidad y corrupción hacen de la Argentina un campo para ser explotado por narcotraficantes y células terroristas”. Acto seguido, desliza un elogio para Julio Alak. “Por ahora, la mayor esperanza para comprometer al Gobierno (en la lucha contra el lavado) parece ser el nuevo Ministro de Justicia, con quien hemos desarrollado una positiva relación de trabajo”.
En otro pasaje del cable se critica con dureza el accionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) que actualmente conduce el kirchnerista José Sbatella. Cabe recordar que recientemente el GAFI emitió un informe internacional en el cual calificó a la Argentina entre los países con las notas más bajas de la región, por sus pobres avances en la lucha contra el lavado de dinero.
De todas formas, al momento de redactarse el cable (el 1 de diciembre de 2009) la titular de la UIF era Rosa Falduto, quien –según afirma el documento diplomático– “ganó el puesto gracias al padrinazgo de la jueza que supervisa el proceso electoral, María Romilda Servini de Cubría”. “Numerosos contactos de la Embajada y reportes de prensa han calificado a la UIF como el principal agente de las fallas” en la regulación de fondos en la Argentina, se afirma. Además, el cable asegura que “Falduto personalmente filtró información que la UIF había pedido a la FINCEN (el órgano de EE.UU. encargado de combatir el lavado) sobre Francisco de Narváez, rival de Néstor Kirchner. Y agrega: “Falduto hizo esto para premeditadamente dañar la reputación de esta importante figura de la oposición”.
La diplomacia estadounidense es “escéptica” con respecto a las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Advirtió también sobre el crecimiento del narcotráfico en el país y la ineficiencia y corrupción enquistadas en las instituciones argentinas que deben controlar las operaciones ilícitas. Estos conceptos surgen de nuevos cables secretos de la diplomacia estadounidense difundidos ayer por el sitio web WikiLeaks.
“El equipo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es escéptico sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, reza uno de los cables divulgados. “Mientras la mayor parte de las operaciones de lavado de dinero en la Argentina tienen que ver con la evasión impositiva y la corrupción, los fondos derivados del narcotráfico está creciendo problemáticamente. La burocracia y la falta de recursos” en el Estado deteriora el panorama, indica el informe.
Sin vueltas, el documento oficial de Estados Unidos asegura: “La casi completa ausencia de regulaciones junto a una cultura de impunidad y corrupción hacen de la Argentina un campo para ser explotado por narcotraficantes y células terroristas”. Acto seguido, desliza un elogio para Julio Alak. “Por ahora, la mayor esperanza para comprometer al Gobierno (en la lucha contra el lavado) parece ser el nuevo Ministro de Justicia, con quien hemos desarrollado una positiva relación de trabajo”.
En otro pasaje del cable se critica con dureza el accionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) que actualmente conduce el kirchnerista José Sbatella. Cabe recordar que recientemente el GAFI emitió un informe internacional en el cual calificó a la Argentina entre los países con las notas más bajas de la región, por sus pobres avances en la lucha contra el lavado de dinero.
De todas formas, al momento de redactarse el cable (el 1 de diciembre de 2009) la titular de la UIF era Rosa Falduto, quien –según afirma el documento diplomático– “ganó el puesto gracias al padrinazgo de la jueza que supervisa el proceso electoral, María Romilda Servini de Cubría”. “Numerosos contactos de la Embajada y reportes de prensa han calificado a la UIF como el principal agente de las fallas” en la regulación de fondos en la Argentina, se afirma. Además, el cable asegura que “Falduto personalmente filtró información que la UIF había pedido a la FINCEN (el órgano de EE.UU. encargado de combatir el lavado) sobre Francisco de Narváez, rival de Néstor Kirchner. Y agrega: “Falduto hizo esto para premeditadamente dañar la reputación de esta importante figura de la oposición”.
WIKILEAKS:EE.UU. expuso sospechas sobre manejos financieros de los Kirchner
En un informe secreto, la embajadora Vilma Martínez reportó el año pasado que el Gobierno se habría negado a responder consultas de Suiza y otros dos países sobre operaciones dudosas con su dinero. Y alertó sobre la "falta de voluntad política" para combatir el lavado
En uno de los cables del Departamento de Estado difundidos por el sitio de Internet WikiLeaks, la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez, acusó con durísimos términos al gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y reportó a Washington sospechas sobre operaciones financieras del matrimonio Kirchner.
En un cable secreto de diciembre del año pasado, Martínez afirmó que las autoridades argentinas retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban al "círculo íntimo" de los Kirchner y rechazaron contestar reportes similares sobre el propio matrimonio presidencial enviados por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
La embajadora basó esas afirmaciones en un dato que, según dejó por escrito, le había proporcionado el representante legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.
El envío desde la misión diplomática norteamericana en Buenos Aires lleva la firma de Martínez y está dirigido al Departamento de Estado, con copia al Departamento de Justicia, al de Seguridad Interior, al FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro.
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos" los controles antilavado, escribió Martínez. Y advirtió que si "el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror".
El fuerte tono de ese mensaje se destaca entre la docena de cables emitidos desde la Argentina, que ya publicaron WikiLeaks, cuatro diarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España, y una revista de Alemania, como parte de la megafiltración de documentos del Departamento de Estado norteamericano que sacude al mundo.
En otros documentos enviados desde Buenos Aires hay referencias críticas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (a quien recomiendan "tratar con cautela"), y se hace mención a la inquietud que tuvo el año pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre una posible escalada bélica en las Malvinas.
Pero el cable sobre lavado de dinero y manejos financieros resulta hasta ahora el más comprometedor para el kirchnerismo. Ese texto destroza las políticas antilavado del Gobierno y plantea desconfianza ante los anuncios realizados en el área, aunque apuestan a que la designación de Julio Alak, como ministro de Justicia, podía revertir esta idea. En diciembre de 2009 Alak había hecho declaraciones en las que se comprometía a impulsar medidas antilavado y eso había caído bien en la embajada de Estados Unidos.
Esta idea, de todos modos, se pondrá a prueba en febrero próximo, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional para la lucha contra el lavado de dinero, vuelva a evaluar al país.
El cable diplomático reseña que los técnicos antilavado son escépticos sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el blanqueo de dinero y creen que, por el contrario, el lavado de capitales de la evasión fiscal, la corrupción, son un problema. Y añade que las operaciones financieras del narcotráfico son una preocupación creciente.
El cable señala que la Argentina fue examinada por lo realizado durante 2008 y que en ese lapso se aprobó la ley que permitió el blanqueo de capitales del exterior, sin pagar impuestos.
El informe del grupo internacional se basa en lo expresado por el jefe del equipo, Fabio Contini, consejero económico de la embajada de Italia en el país, que estuvo aquí más de un año y está casado con una argentina. Expresó Contini -según escribió Martínez- que las medidas antilavado están pensadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y "no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero".
Rescata la fortaleza de la legislación, pero, en cambio, dice que la aplicación de la ley es laxa, con inspecciones deficientes. Y critica a jueces y fiscales porque parecen indiferentes a la hora de impulsar investigaciones sobre este delito. También cuestiona con fuerza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dijo que frustra los avances en cuestiones de política antilavado.
El cable relata que el ex jefe de la oficina local del grupo de Acción Financiera, Juan Félix Marteau, bien visto por la diplomacia norteamericana, fue reemplazado por influencia de Fernández. Asumió en su lugar Alejandro Strega, hijo de un abogado laboralista cercano al jefe de Gabinete, desde sus tiempos de intendente de Quilmes. Las fuentes citadas por Martínez le sugirieron que el alejamiento de Marteau se debió a su insistencia en investigar los casinos donde tenían intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
La embajadora menciona que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo argentino antilavado, estaba a cargo de Rosa Falduto, una funcionaria, dice el cable, sostenida entonces por la jueza María Servini de Cubría y por Aníbal Fernández. "La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
Según ese informante, la embajadora señala que Falduto se mantenía en esa posición porque le resultaba útil a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner.
Y en el párrafo más sensible, escribe que el funcionario del FMI le relató que "Falduto está reteniendo personalmente reportes de transacciones sospechosas sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los reportes de operaciones sospechosas sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Falduto no está más a cargo de la UIF (la reemplazó José Sbattella).
El cable secreto de Vilma Martínez
"Falduto se negó a responder requerimiento sobre operaciones sospechosas de los Kirchner en Suiza"
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar con la continuidad de los controles laxos [del lavado de dinero]"
"El Gobierno (...) puede hallar pronto su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y el terrorismo"
Lavado de dinero
"La UIF [Unidad de Información Financiera] es una institución inepta y políticamente comprometida, según [Mariano] Federici. Está encabezada por Rosa Falduto, quien consiguió su cargo por el patrocinio de la jueza Servini de Cubría. Desde entonces se dice que se ha peleado con Servini. Se dice que su otro benefactor es Aníbal Fernández (...). Falduto está reteniendo información financiera sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los pedidos de información patrimonial sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo " VILMA MARTINEZ (embajadora de EE.UU.)
En uno de los cables del Departamento de Estado difundidos por el sitio de Internet WikiLeaks, la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez, acusó con durísimos términos al gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y reportó a Washington sospechas sobre operaciones financieras del matrimonio Kirchner.
En un cable secreto de diciembre del año pasado, Martínez afirmó que las autoridades argentinas retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban al "círculo íntimo" de los Kirchner y rechazaron contestar reportes similares sobre el propio matrimonio presidencial enviados por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
La embajadora basó esas afirmaciones en un dato que, según dejó por escrito, le había proporcionado el representante legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.
El envío desde la misión diplomática norteamericana en Buenos Aires lleva la firma de Martínez y está dirigido al Departamento de Estado, con copia al Departamento de Justicia, al de Seguridad Interior, al FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro.
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos" los controles antilavado, escribió Martínez. Y advirtió que si "el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror".
El fuerte tono de ese mensaje se destaca entre la docena de cables emitidos desde la Argentina, que ya publicaron WikiLeaks, cuatro diarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España, y una revista de Alemania, como parte de la megafiltración de documentos del Departamento de Estado norteamericano que sacude al mundo.
En otros documentos enviados desde Buenos Aires hay referencias críticas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (a quien recomiendan "tratar con cautela"), y se hace mención a la inquietud que tuvo el año pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre una posible escalada bélica en las Malvinas.
Pero el cable sobre lavado de dinero y manejos financieros resulta hasta ahora el más comprometedor para el kirchnerismo. Ese texto destroza las políticas antilavado del Gobierno y plantea desconfianza ante los anuncios realizados en el área, aunque apuestan a que la designación de Julio Alak, como ministro de Justicia, podía revertir esta idea. En diciembre de 2009 Alak había hecho declaraciones en las que se comprometía a impulsar medidas antilavado y eso había caído bien en la embajada de Estados Unidos.
Esta idea, de todos modos, se pondrá a prueba en febrero próximo, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional para la lucha contra el lavado de dinero, vuelva a evaluar al país.
El cable diplomático reseña que los técnicos antilavado son escépticos sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el blanqueo de dinero y creen que, por el contrario, el lavado de capitales de la evasión fiscal, la corrupción, son un problema. Y añade que las operaciones financieras del narcotráfico son una preocupación creciente.
El cable señala que la Argentina fue examinada por lo realizado durante 2008 y que en ese lapso se aprobó la ley que permitió el blanqueo de capitales del exterior, sin pagar impuestos.
El informe del grupo internacional se basa en lo expresado por el jefe del equipo, Fabio Contini, consejero económico de la embajada de Italia en el país, que estuvo aquí más de un año y está casado con una argentina. Expresó Contini -según escribió Martínez- que las medidas antilavado están pensadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y "no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero".
Rescata la fortaleza de la legislación, pero, en cambio, dice que la aplicación de la ley es laxa, con inspecciones deficientes. Y critica a jueces y fiscales porque parecen indiferentes a la hora de impulsar investigaciones sobre este delito. También cuestiona con fuerza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dijo que frustra los avances en cuestiones de política antilavado.
El cable relata que el ex jefe de la oficina local del grupo de Acción Financiera, Juan Félix Marteau, bien visto por la diplomacia norteamericana, fue reemplazado por influencia de Fernández. Asumió en su lugar Alejandro Strega, hijo de un abogado laboralista cercano al jefe de Gabinete, desde sus tiempos de intendente de Quilmes. Las fuentes citadas por Martínez le sugirieron que el alejamiento de Marteau se debió a su insistencia en investigar los casinos donde tenían intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
La embajadora menciona que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo argentino antilavado, estaba a cargo de Rosa Falduto, una funcionaria, dice el cable, sostenida entonces por la jueza María Servini de Cubría y por Aníbal Fernández. "La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
Según ese informante, la embajadora señala que Falduto se mantenía en esa posición porque le resultaba útil a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner.
Y en el párrafo más sensible, escribe que el funcionario del FMI le relató que "Falduto está reteniendo personalmente reportes de transacciones sospechosas sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los reportes de operaciones sospechosas sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
Falduto no está más a cargo de la UIF (la reemplazó José Sbattella).
El cable secreto de Vilma Martínez
"Falduto se negó a responder requerimiento sobre operaciones sospechosas de los Kirchner en Suiza"
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar con la continuidad de los controles laxos [del lavado de dinero]"
"El Gobierno (...) puede hallar pronto su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y el terrorismo"
Lavado de dinero
"La UIF [Unidad de Información Financiera] es una institución inepta y políticamente comprometida, según [Mariano] Federici. Está encabezada por Rosa Falduto, quien consiguió su cargo por el patrocinio de la jueza Servini de Cubría. Desde entonces se dice que se ha peleado con Servini. Se dice que su otro benefactor es Aníbal Fernández (...). Falduto está reteniendo información financiera sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los pedidos de información patrimonial sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo " VILMA MARTINEZ (embajadora de EE.UU.)
jueves, 18 de noviembre de 2010
LAVADO DE DINERO:Alerta a bancos alemanes por la Argentina
Primero, un crítico informe internacional. Después, la emisión de alertas. Y por último, las sanciones. La secuencia sobre el lavado de dinero y activos en la Argentina se encuentra en pleno desarrollo y ayer fue el gobierno de Alemania el que alertó a todo su sistema financiero sobre los "riesgos" de interactuar con la red local, por lo que urgió a elevar los controles.
La recomendación fue comunicada de manera formal por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bafin, por sus siglas en alemán) luego de analizar la durísima evaluación sobre la Argentina que aprobó el principal ente antilavado del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su reunión plenaria del 22 de octubre pasado.
La alerta emitida por la Bafin aumentará el costo de las transacciones que medien entre Alemania y la Argentina, dificultará la operación de las corresponsalías bancarias y complicará el comercio bilateral, coincidieron los expertos consultados por La Nacion, que calificaron la medida como la primera "represalia" contra el país por su "deficiente" sistema antilavado, como lo caracterizó el GAFI.
La decisión del gobierno de la canciller Angela Merkel se combina con un recorte en la apertura y mantenimiento de cuentas en EE. UU. La última movida la adoptó la sucursal en Nueva York del Banco Nación, que comunicó de manera reservada el cierre de 12 de sus 20 cuentas de entidades locales a partir del 30 de este mes, según pudo confirmar La Nacion de dos fuentes del sector financiero local al tanto de esas tratativas.
Las operaciones en Estados Unidos, sin embargo, ya se encontraban en revisión desde hace años, tras la adopción de la llamada "ley patriota". En el caso de Alemania, fue en reacción directa a la evaluación del GAFI.
Así lo expuso el propio BaFin en un comunicado oficial y en una carta que difundió entre los bancos dentro de su órbita, al destacar que el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, planteó su "profunda preocupación" ante los "déficits sustanciales" verificados en la Argentina durante su evaluación (de lo que se informa por separado).
"Debido a la situación de riesgo sustancialmente incrementada -señaló el BaFin-, deberían ya adoptarse [por los bancos] estándares más elevados de supervisión en relación con los socios de negocios residentes en la Argentina, como así también en las transacciones desde y hacia ese país."
La recomendación del BaFin, de manera notable, se definió aun cuando el GAFI todavía evalúa los pasos por seguir con la Argentina. Para eso, Urrutia Corral vendrá a Buenos Aires a mediados de diciembre.
El funcionario participará en la reunión plenaria del capítulo regional del ente, Gafisud, y se reunirá con funcionarios del Gobierno y expertos, entre otros, para verificar la seriedad del compromiso político local con las reformas reclamadas.
Tras cotejar por sí mismo el cuadro local, Urrutia Corral comunicará luego sus impresiones a los miembros del GAFI, que volverán a reunirse en sesión plenaria en febrero próximo, en París. Allí determinarán si someten a la Argentina a un proceso de revisión especial que podría concluir con su ingreso en la llamada "lista gris".
Impacto en los negocios
Alemania, sin embargo, decidió acortar los tiempos. Por eso, el BaFin recomendó a los bancos elevar sus controles cuando lidien con transacciones de la Argentina.
"Es grave que el país más poderoso de Europa continental ya tenga prevista una metodología de este tipo para el tráfico entre bancos con la Argentina", estimó el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla), José María Salinas.
Alicia López, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, dijo que esta "represalia", como la caracterizó, causará "más trámites y problemas para quienes quieran hacer negocios entre la Argentina y Alemania".
"Esto condiciona las operaciones, por ejemplo, de comercio exterior entre ambos países, dada la debida diligencia reforzada que ahora deberán adoptar los bancos cuando se trate de la Argentina", indicó López, en contraste con los controles menores que ese mismo inversor alemán afrontaría al comerciar con Brasil o Uruguay. "De acá en más se viene un panorama más complicado para la Argentina por el tema lavado", estimó la ex titular de la UIF.
Un ejecutivo clave de una cámara local del sector financiero, que pidió a La Nacion mantener su nombre en reserva, coincidió con el diagnóstico de Salinas y López. "La comunicación del BaFin puede traducirse en mayores recaudos de los bancos europeos, controles más agudos y la negativa a abrir o mantener corresponsalías de entidades bancarias y cambiarias argentinas", comentó.
Salinas fue más abarcativo, dada la aparente falta de reacción del oficialismo y de la oposición a los reclamos del GAFI por medidas y reformas urgentes en la antesala de la reunión plenaria de febrero próximo. "En la medida en que sigamos en estos temas como hasta ahora -alertó-, nuestra relación con el mundo entrará en un espacio en que no hemos vivido hasta ahora."
Hugo Alconada Mon LA NACION
El GAFI evaluará otra vez a la Argentina
Por separado y en cuestión de pocas horas, dos expertos internacionales coincidieron ayer en su diagnóstico sobre el panorama que afrontará la Argentina durante las próximas semanas, a raíz de las falencias observadas durante años en su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos.
"Se van a golpear contra una pared", indicó la primera fuente a La Nacion, en alusión a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evaluará en febrero la situación local. "Es posible que esta medida se multiplique entre más países del GAFI, generando más dificultades para el sistema argentino", estimó el segundo informante, al referirse a la decisión de Alemania de urgir a los bancos dentro de su órbita que eleven sus controles para las transacciones desde y hacia la Argentina.
Ambos expertos, que requirieron mantener sus nombres en reserva ya que no se encuentran autorizados a comentar en público las tareas antilavado en las que trabajan, expusieron también por separado su sorpresa por la falta de reacción de la clase política local. En especial, porque las falencias del sistema antilavado argentino son conocidas desde hace años. Incluso, La Nacion reveló en abril último que el informe de la misión enviada por el GAFI al país emitiría un reporte "lapidario".
Seis meses después, y a pesar de la desmentida pública del Gobierno, el GAFI aprobó la evaluación sobre la Argentina, que se convirtió en el reporte más crítico en las dos décadas de existencia del foro sobre uno de sus países miembros.
"La Argentina quedó dentro del llamado proceso de seguimiento intensificado , que incluye cinco medidas", reconoció un funcionario argentino a La Nacion. Esas fases abarcan el envío de una carta formal desde el GAFI al país evaluado para notificarle sus falencias, la visita de sus representantes, una declaración pública para alertar al resto del mundo sobre sus problemas, la suspensión de la membresía y su expulsión del Grupo.
"Compromiso político"
En el caso de la Argentina, el GAFI ya emitió una carta en la que expresó su "decepción" y comunicó que la segunda medida, la visita, se concretará a mediados del mes próximo, cuando viajará a Buenos Aires el presidente del Grupo, el mexicano Luis Urrutia Corral.
La tercera medida -la declaración pública- podría darse en febrero próximo, reconocen por lo bajo los funcionarios argentinos involucrados, cuando el GAFI volverá a reunirse en París para analizar si la Argentina aplicó los "parches" más urgentes.
La decisión de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania se encuadra en la misma línea que esta tercera medida, aunque optó por adelantarse y actuar de manera unilateral.
La emisión del comunicado del GAFI, en cambio, dependerá de múltiples variables. Entre otras, si los países que integran el Grupo perciben un "compromiso político", explicitado por funcionarios de alto nivel o incluso de la Presidenta, durante la visita de Urrutia Corral
La recomendación fue comunicada de manera formal por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bafin, por sus siglas en alemán) luego de analizar la durísima evaluación sobre la Argentina que aprobó el principal ente antilavado del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su reunión plenaria del 22 de octubre pasado.
La alerta emitida por la Bafin aumentará el costo de las transacciones que medien entre Alemania y la Argentina, dificultará la operación de las corresponsalías bancarias y complicará el comercio bilateral, coincidieron los expertos consultados por La Nacion, que calificaron la medida como la primera "represalia" contra el país por su "deficiente" sistema antilavado, como lo caracterizó el GAFI.
La decisión del gobierno de la canciller Angela Merkel se combina con un recorte en la apertura y mantenimiento de cuentas en EE. UU. La última movida la adoptó la sucursal en Nueva York del Banco Nación, que comunicó de manera reservada el cierre de 12 de sus 20 cuentas de entidades locales a partir del 30 de este mes, según pudo confirmar La Nacion de dos fuentes del sector financiero local al tanto de esas tratativas.
Las operaciones en Estados Unidos, sin embargo, ya se encontraban en revisión desde hace años, tras la adopción de la llamada "ley patriota". En el caso de Alemania, fue en reacción directa a la evaluación del GAFI.
Así lo expuso el propio BaFin en un comunicado oficial y en una carta que difundió entre los bancos dentro de su órbita, al destacar que el presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, planteó su "profunda preocupación" ante los "déficits sustanciales" verificados en la Argentina durante su evaluación (de lo que se informa por separado).
"Debido a la situación de riesgo sustancialmente incrementada -señaló el BaFin-, deberían ya adoptarse [por los bancos] estándares más elevados de supervisión en relación con los socios de negocios residentes en la Argentina, como así también en las transacciones desde y hacia ese país."
La recomendación del BaFin, de manera notable, se definió aun cuando el GAFI todavía evalúa los pasos por seguir con la Argentina. Para eso, Urrutia Corral vendrá a Buenos Aires a mediados de diciembre.
El funcionario participará en la reunión plenaria del capítulo regional del ente, Gafisud, y se reunirá con funcionarios del Gobierno y expertos, entre otros, para verificar la seriedad del compromiso político local con las reformas reclamadas.
Tras cotejar por sí mismo el cuadro local, Urrutia Corral comunicará luego sus impresiones a los miembros del GAFI, que volverán a reunirse en sesión plenaria en febrero próximo, en París. Allí determinarán si someten a la Argentina a un proceso de revisión especial que podría concluir con su ingreso en la llamada "lista gris".
Impacto en los negocios
Alemania, sin embargo, decidió acortar los tiempos. Por eso, el BaFin recomendó a los bancos elevar sus controles cuando lidien con transacciones de la Argentina.
"Es grave que el país más poderoso de Europa continental ya tenga prevista una metodología de este tipo para el tráfico entre bancos con la Argentina", estimó el presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla), José María Salinas.
Alicia López, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, dijo que esta "represalia", como la caracterizó, causará "más trámites y problemas para quienes quieran hacer negocios entre la Argentina y Alemania".
"Esto condiciona las operaciones, por ejemplo, de comercio exterior entre ambos países, dada la debida diligencia reforzada que ahora deberán adoptar los bancos cuando se trate de la Argentina", indicó López, en contraste con los controles menores que ese mismo inversor alemán afrontaría al comerciar con Brasil o Uruguay. "De acá en más se viene un panorama más complicado para la Argentina por el tema lavado", estimó la ex titular de la UIF.
Un ejecutivo clave de una cámara local del sector financiero, que pidió a La Nacion mantener su nombre en reserva, coincidió con el diagnóstico de Salinas y López. "La comunicación del BaFin puede traducirse en mayores recaudos de los bancos europeos, controles más agudos y la negativa a abrir o mantener corresponsalías de entidades bancarias y cambiarias argentinas", comentó.
Salinas fue más abarcativo, dada la aparente falta de reacción del oficialismo y de la oposición a los reclamos del GAFI por medidas y reformas urgentes en la antesala de la reunión plenaria de febrero próximo. "En la medida en que sigamos en estos temas como hasta ahora -alertó-, nuestra relación con el mundo entrará en un espacio en que no hemos vivido hasta ahora."
Hugo Alconada Mon LA NACION
El GAFI evaluará otra vez a la Argentina
Por separado y en cuestión de pocas horas, dos expertos internacionales coincidieron ayer en su diagnóstico sobre el panorama que afrontará la Argentina durante las próximas semanas, a raíz de las falencias observadas durante años en su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos.
"Se van a golpear contra una pared", indicó la primera fuente a La Nacion, en alusión a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evaluará en febrero la situación local. "Es posible que esta medida se multiplique entre más países del GAFI, generando más dificultades para el sistema argentino", estimó el segundo informante, al referirse a la decisión de Alemania de urgir a los bancos dentro de su órbita que eleven sus controles para las transacciones desde y hacia la Argentina.
Ambos expertos, que requirieron mantener sus nombres en reserva ya que no se encuentran autorizados a comentar en público las tareas antilavado en las que trabajan, expusieron también por separado su sorpresa por la falta de reacción de la clase política local. En especial, porque las falencias del sistema antilavado argentino son conocidas desde hace años. Incluso, La Nacion reveló en abril último que el informe de la misión enviada por el GAFI al país emitiría un reporte "lapidario".
Seis meses después, y a pesar de la desmentida pública del Gobierno, el GAFI aprobó la evaluación sobre la Argentina, que se convirtió en el reporte más crítico en las dos décadas de existencia del foro sobre uno de sus países miembros.
"La Argentina quedó dentro del llamado proceso de seguimiento intensificado , que incluye cinco medidas", reconoció un funcionario argentino a La Nacion. Esas fases abarcan el envío de una carta formal desde el GAFI al país evaluado para notificarle sus falencias, la visita de sus representantes, una declaración pública para alertar al resto del mundo sobre sus problemas, la suspensión de la membresía y su expulsión del Grupo.
"Compromiso político"
En el caso de la Argentina, el GAFI ya emitió una carta en la que expresó su "decepción" y comunicó que la segunda medida, la visita, se concretará a mediados del mes próximo, cuando viajará a Buenos Aires el presidente del Grupo, el mexicano Luis Urrutia Corral.
La tercera medida -la declaración pública- podría darse en febrero próximo, reconocen por lo bajo los funcionarios argentinos involucrados, cuando el GAFI volverá a reunirse en París para analizar si la Argentina aplicó los "parches" más urgentes.
La decisión de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania se encuadra en la misma línea que esta tercera medida, aunque optó por adelantarse y actuar de manera unilateral.
La emisión del comunicado del GAFI, en cambio, dependerá de múltiples variables. Entre otras, si los países que integran el Grupo perciben un "compromiso político", explicitado por funcionarios de alto nivel o incluso de la Presidenta, durante la visita de Urrutia Corral
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