ARGENTINA: Mafia de los Medicamentos Procesaron por Lavado de Dinero a Ibar Perez Corradi

Se trata de Ibar Pérez Corradi, acusado de “lavado de dinero” y apuntado por la viuda de Sebastián Forza, una de los empresarios hallados asesinados en General Rodríguez. La misma medida fue tomada por el juez Oyarbide sobre 17 empresarios farmacéuticos por “asociación ilícita”
El empresario Ibar Pérez Corradi, a quien se vinculó con el triple crimen de General Rodríguez y quien se encuentra detenido a pedido de los Estados Unidos, quedó procesado por "lavado de dinero" en la megacausa de la llamada "mafia de los medicamentos".
Por otra parte, 17 empresarios fueron procesaron por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, cinco de los procesados ya se encontraban detenidos con prisión preventiva. Entre ellos se encuentra Ricardo Bruno, sindicado como el jefe de la organización. Todos los involucrados tienen algún tipo de vinculación con la Droguería Arcasel, acusada por vender remedios adulterados y por asociación ilícita. También contaban con prisión preventiva Vanina Postigo, Rosendo Torrent, José Sraer y Fabio Ferreyra.
Así lo resolvió el juez federal Norberto Oyarbide, quien acusó a Pérez Corradi de "blanquear" plata proveniente de las "actividades ilícitas" -dijo- del secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, ambos presos y procesados en la causa.
El juez estableció que en ese marco Pérez Corradi cambió cheques por algo más de 300 mil pesos. En su resolución Oyarbide reforzó las sospechas que unieron a esa supuesta organización con el aún irresuelto crimen del empresario Sebastián Forza, asesinado junto a Leopoldo Bina y Daniel Ferrón en agosto de 2008.
Cuando los cadáveres aparecieron en un descampado de General Rodríguez, la viuda de Forza, Solange Bellone, apuntó a Pérez Corradi, porque el joven empresario lo había denunciado por amenazas. Según esa hipótesis, Pérez Corradi estaba involucrado en la venta de efedrina y habría temido que Forza, un ex socio que también se había introducido en el negocio, lo terminara denunciando penalmente para sacarlo de competencia.
Si bien Pérez Corradi nunca fue indagado en la investigación del triple homicidio, el empresario está detenido desde 2008 a pedido de Estados Unidos, sospechado de confabulación y de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a enviar estupefacientes. Y el 11 de noviembre pasado fue llamado a declarar como sospechoso en la megacausa de los medicamentos.
Cuando habló ante Oyarbide, Pérez Corradi dijo que no había cometido "actividad ilícita alguna", que se dedicaba simplemente "al cambio de cheques en una mesa de dinero" y que fue así como canjeó cheques de la droguería "San Javier", de Lorenzo, principal proveedor de la Bancaria, según la declaración a la que accedió DyN.
Pero Oyarbide decidió procesarlo por "lavado de dinero agravado", ya que -estableció- "blanqueó" activos recaudados ilegalmente "en distintos negocios vinculados a medicamentos adulterados" para Lorenzo y Zanola.
En su resolución el juez también vincula en este tipo de maniobras a Pérez Corradi con el empresario del rubro Carlos Torres, también procesado en la causa. No obstante, el juez no dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi para no entorpecer el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos para juzgar al empresario en ese país.
De acuerdo al fallo, la larga trayectoria del imputado en el mercado farmacéutico -donde supo ser socio de Forza y manejar una sociedad de Lorenzo- "no puede dejar de generar la convicción de que Pérez Corradi conocía perfectamente cómo se movía el mercado de comercialización de sustancias medicinales".
Y ello, añadió el juez, "no solo en sus aspectos lícitos, sino también en aquellos aspectos delictuales relacionados con la venta de medicamentos adulterados, falsificados, vencidos, extraídos de sus canales habituales de distribución por corresponder a programas gratuitos de distribución cuyo fomento venía dado por el Estado en diversas esferas".
"Tan es así -añadió Oyarbide- que el justiciable (Pérez Corradi) conocía perfectamente las aristas ilícitas del mercado de los medicamentos, que no resta más que reparar que los inicios de la relación que tuvieron el encausado y Sebastián Forza allá por el año 2001 era de compra y venta de medicamentos y se extendió durante varios años".
Forza y su esposa Solange Bellone -procesada en la causa de los medicamentos, actualmente excarcelada- eran titulares de la droguería Seacamp, sospechada de haber emitido medicamentos oncológicos falsos. Pérez Corradi, recuerda el fallo, "tomó intervención directa en la contabilidad y facturación de la firma Bairesmed de Seacamp SA" y por ello "no pudo dejar de conocer las diversas irregularidades que allí se desarrollaban".
En la causa, el empresario Gabriel Brito, también procesado en la causa de los medicamentos, dijo en su indagatoria de mayo pasado que "el gran proveedor de Lorenzo era Forza" y añadió que "no en vano Forza tenía casi 3 millones de cheques de Lorenzo al momento que lo matan y unos meses antes".
Los empresarios farmacéuticos Forza y Ferrón y el publicista Bina fueron secuestrados el 7 de agosto de 2008; una semana después sus cadáveres aparecieron baleados en un descampado en General Rodríguez, en clara clave mafiosa.

Argentina:Denuncian que Alicia Kirchner no controla las cooperativas de crédito

La presentación la hizo el abogado de un empresario farmacéutico, detenido en la causa por la “mafia de los medicamentos”, y sindicado aportante de la campaña kirchnerista de 2007. La denuncia recayó ante el juez Oyarbide, y se requirió la intervención de un organismo del Ministerio de Desarrollo que tiene a su cargo el control de las cooperativas de crédito.
09/06/2010 : 16:34 : La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue denunciada hoy ante la Justicia por la falta de control por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo bajo su dependencia, de las cooperativas de crédito que en la actualidad “sólo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio”.La denuncia la hizo el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, defensor del empresario farmacéutico, Gabriel Brito, detenido en la causa por la “mafia de los medicamentos”, investigación a cargo del juez Norberto Oyarbide.En la presentación, la cual recayó ante el juzgado federal Nº 7 que subroga Oyarbide, el letrado pidió investigar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento agravado a la ministra Kirchner; al titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray; y a Patricio Griffin, del INAES, entre otros.“De acuerdo a lo que ha salido a la luz a partir de la causa denominada como ´Mafia de los Medicamentos´, se ha puesto la lupa en las Cooperativas de Crédito que en realidad operan como ´cuevas de enjuague´ de dinero proveniente de corrupción, facilitando el lavado de dinero y el narcotráfico, y como consecuencia de ello, otros sucesos delictivos aberrantes”, sostuvo el abogado.Sánchez Kalbermatten calificó de “ineptitud evidente” la falta de control, y pidió “la inmediata intervención judicial” del INAES.El abogado recordó que las cooperativas “integran un sector de la economía solidaria que cubre las necesidades crediticias de sectores medios y bajos”, pero “como sucede hoy día, el lavado de dinero liso y llano ocurre en la gran mayoría” de ellas, algo que “quedara de manifiesto en la causa rotulada como “la Mafia de los Medicamentos”.“El I.N.A.E.S nada controla, el Ministerio de Desarrollo Social del cual depende el Instituto ninguna resolución toma y la hipotética y anunciada superintendencia de entidades de la economía solidaria esta “en formación”, siendo que el B.C.R.A no puede actuar por la medida cautelar mencionada. De allí la proliferación creciente de Cooperativas que solo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio”, concluyó.En la denuncia a la que tuvo acceso Online-911, el letrado se pregunta: “¿quién controla el lavado de dinero en la actualidad?”, y se responde a sí mismo que “nadie”.El abogado recordó que en la investigación que tiene a su cargo Oyarbide, por la comercialización de medicamentos adulterados o vencidos, “se constató el financiamiento de actividades ilícitas por parte de distintas cooperativas tales como Vernet, Credito Sur, Amigal, Talcahuano, Madecor LTD”, entre muchas otras.